Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 68763174-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar al recurso de apelación interpuesto por Correo Oficial de la República Argentina SA y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación por el que asumió la competencia que le reconoce el artículo 1132, inciso a, del Código Aduanero para entender en este asunto.
2Distribuir las costas de esta instancia por su orden dada la naturaleza de la cuestión (art. 68, segundo párr., CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 20395/2024 CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA SA (TF 68763174-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, febrero de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 68763174-A (v. DEO 16572058, del 4/12/24), a fin de considerar “el recurso de apelación interpuesto por la actora el 5/8/2024 (v. IF-2024-82322153-APN-DTD#JGM), concedido el 12/08/2024 (v. PV-2024-84909182-APNVOCXVI#TFN) contra la sentencia de previo y especial pronunciamiento dictada el 31/07/2024, en cuanto declara la competencia de este Tribunal [Fiscal de la Nación] para entender en el recurso deducido contra la Resolución 161/2023 (AD BARR), sin costas (v. IF-2024-80558803-APN-VOCXVI#TFN)” (p. 377, expte. electrónico); y
1. Que, en el caso, el Correo Oficial de la República Argentina SA apeló ante el Tribunal Fiscal de la Nación la resolución 161/23, dictada por el Administrador de la División de Aduana Barranqueras, en cuanto le impuso una multa de $106.669,24 por haber incurrido en la infracción prevista en el artículo 985 del Código Aduanero.
Previo a todo, argumentó que se trataba de un conflicto interadministrativo y que consideraba incompetente al tribunal fiscal, pero justificó la presentación de su recurso para evitar que la resolución aduanera quedase consentida y así resguardar los derechos de la empresa; sin perjuicio de que luego se remitiesen las actuaciones a la Procuración del Tesoro de la Nación o del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de la ley 19.983.
2. Que, el 31/7/27, el Tribunal Fiscal de la Nación asumió su competencia para entender en el asunto.
Para así decidir, remitió a dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que se sostuvo que la aplicación del régimen de conflictos interadministrativos no es óbice para que el Poder Judicial revise la legitimidad de multas administrativas impuestas a una persona estatal, toda vez que estas no encuadran dentro de los reclamos pecuniarios de cualquier naturaleza o causa que pueden ser dirimidos en los términos de la ley 19.893.
3. Que, en su apelación, la actora insistió en que la controversia involucraba dos entes del Estado Nacional, de modo que el Tribunal Fiscal de la Nación resultaba incompetente.
4. Que, el 20/12/24, el Fiscal General dictaminó que correspondía confirmar la decisión apelada.
5. Que la cuestión a dirimir consiste en determinar si en el sub lite se configura un “caso”, “causa” o “controversia” cuya resolución compete en última instancia al Poder Judicial o si, en atención a la materia y a los sujetos entre los cuales se suscita el conflicto, este último debe resolverse por aplicación del régimen que prevé la ley 19.983 y su decreto reglamentario.
A tales fines, es preciso señalar que desde antaño la Corte federal ha sostenido que los diferendos entre entidades dependientes de un superior jerárquico común están excluidos, en principio, de la decisión judicial y que, si bien tal doctrina es de especial pertinencia para las distintas reparticiones de un mismo departamento gubernamental, en razón de la común gestión de los asuntos propios de su competencia institucional, es también factible en caso de una jefatura única de las entidades afectadas (Fallos: 325:2888; 330:4024; 335:258, entre otros).
Precisamente, porque no se admite la existencia de un proceso contencioso con una sola parte, ni, por lo tanto, que el Estado se enfrente a sí mismo en un litigio, en el orden nacional, la ley 19.983 y su decreto reglamentario 2481/93 establecieron un procedimiento especial destinado a tramitar y solucionar los conflictos económicos producidos dentro de la Administración Pública; tanto los derivados de las relaciones interadministrativas (o sea, entre dos personas públicas estatales con personalidad jurídica propia) como de las interorgánicas (o sea, entre dos órganos de una misma persona jurídica) (PTN Dictámenes: 281:254). La especialidad de este procedimiento está dada por: a) la existencia de un reclamo pecuniario, cualquiera sea su naturaleza o causa; y b) el carácter estatal de las personas involucradas —las que, en virtud del principio de unidad de acción estatal, no pueden acudir a la justicia en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 20395/2024 CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SA (TF 68763174-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO procura de una solución a la contienda— (PTN Dictámenes: 276:121; Fallos: 330:4024 y 345:1044).
6. Que —como adecuadamente lo señaló el Fiscal General— la ley 19.983 no contempla supuestos de excepción, pero la jurisprudencia ha considerado inaplicables sus disposiciones con fundamento en las particulares características de los sujetos involucrados o en el contenido sustancial del reclamo, como así también en el supuesto de controversias vinculadas a la imposición de multas.
En tal sentido, son aplicables aquellos precedentes —que también tomó en cuenta el Tribunal Fiscal de la Nación— en los que la Corte sostuvo que, una adecuada inteligencia del art. 1° de la denominada ley de conflictos interadministrativos —ley 19.983—, permite afirmar que la facultad punitiva de imponer multas no puede ser asimilada a los reclamos pecuniarios a que se refiere el citado precepto, y que dicha norma no constituye óbice para que el Poder Judicial revise la legitimidad de una multa administrativa impuesta a una persona estatal (Fallos: 312:459; 316:529; 326:3254, entre otros).
Sobre la base de esa inveterada doctrina, el representante del Ministerio Público Fiscal concluyó —en términos que este Tribunal comparte— que el régimen de la citada ley es inaplicable pues “aun cuando el objeto de estas actuaciones tiene contenido económico, no existe negativa al pago de una suma de dinero previamente determinada, sino que se está cuestionando, precisamente, la existencia y alcance de una sanción impuesta a la entidad accionante” (punto 6).
Resta aclarar que, de modo concordante, esta Sala ha interpretado que los supuestos en que se discute la aplicación de sanciones de carácter penal o administrativo imponen la revisión judicial en resguardo al debido proceso legal (cfr. a contrario sensu, causa 55093/17 “Administración General de Puertos SE c/ AFIP s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 12/4/18, consid. 8° y sus citas: Fallos: 275:279; 302:273; 306:1195; 312:459; 316:529 y 326:3254; esta Cámara, en pleno, en autos “Empresa Líneas Marítimas Argentinas SA”, sent. del 09/02/11; y Dictámenes: 237:462; 301:369; 301:373, entre otros).
Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General, SE RESUELVE:
1. Desestimar al recurso de apelación interpuesto por Correo Oficial de la República Argentina SA y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación por el que asumió la competencia que le reconoce el artículo 1132, inciso a, del Código Aduanero para entender en este asunto.
2. Distribuir las costas de esta instancia por su orden dada la naturaleza de la cuestión (art. 68, segundo párr., CPCCN).
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese —a las partes y Fiscal General— y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia