Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2026-28222294-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de incompetencia incoada por la actora, con costas conforme lo sostenido en el punto V.
2Declarar la competencia de este Tribunal Fiscal en razón de la materia para conocer en el presente recurso de apelación.
3Firme que quede la presente, se proveerá el ofrecimiento de la prueba realizado por las partes.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-63883874-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 29 de Junio de 2026 REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA c/DGA s/recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Juan M. Soria y Miguel N. Licht, para dictar sentencia en los autos caratulados “CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA c/DGA s/recurso de apelación”, Expte. N° EX-2026-28222294- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, mediante RE-2026-28221158-APN-SGASAD#TFN, se presenta, por apoderada, la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2026-28-E-ARCA-ADBARR#SDGOAI, dictada por la Administradora (i) de la Aduana de Barranqueras, el 9 de febrero de 2026, en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 19464-262-2020, por la cual se la condenó al pago de una multa de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 585.376,30), por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 985 del Código Aduanero, y al comiso de la mercadería secuestrada. Expresa que este Tribunal no es competente para resolver la discrepancia al tratarse de un conflicto interadministrativo, dada la naturaleza jurídica de las personas involucradas y del carácter pecuniario del reclamo. En tal sentido, aclara que la interposición del recurso fue de manera preventiva, ello para no dejar consentida la resolución apelada. En consecuencia, solicita la remisión de las actuaciones a la Procuración del Tesoro de la Nación, por aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.983. Refiere al art. 1 de la citada norma, al Decreto N° 2481/1993 –modificado por el Decreto N° 1848/2002-, entre otros. Reitera que ambas entidades –CORASA y ARCA- pertenecen a la categoría de entes estatales descentralizados del Estado Nacional y que el carácter económico de la contienda está dado por las sumas que pretende cobrar el Organismo aduanero en concepto de la multa ilegítimamente impuesta mediante la resolución impugnada. Asimismo, sostiene que la resolución atacada resulta ilegítima, alegando la atipicidad y falta de configuración de la infracción aduanera. En este orden de ideas, esgrime fundamentos jurídicos y fácticos. Manifiesta violación al principio constitucional de inocencia, y seguidamente señala la falta de razonabilidad y fundamentación de la sanción y la ilegitimidad del comiso. Cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal, solicita la suspensión de los efectos de la resolución y solicita la remisión de las actuaciones a la Procuración del Tesoro de la Nación.
II. Que, mediante IF-2026-56160333-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas SIGEA N° 19464-262-2020. Efectúa una negativa genérica, y seguidamente realiza un relato de los hechos que dieron origen a la causa. Rechaza el planteo de incompetencia introducido por la actora y sostiene la inaplicabilidad de la Ley N° 19.983, manifestando la plena competencia de este Tribunal en los presentes actuados. Se expide sobre el fondo de la causa. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace la pretensión de la actora y se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, mediante PV-2026-22022830-APN-VOCXVII#TFN se dispone tratar la excepción de incompetencia interpuesta por la actora como de previo y especial pronunciamiento y se elevan los autos a la Sala “F”.
IV. Que, conforme surge de las constancias de autos, la actora apela la Resolución RESOL-2026-28-E- ARCA-ADBARR#SDGOAI, mediante la cual se la condenó al pago de una multa por la presunta infracción al art. 985 del Código Aduanero. Corresponde entonces abordar la excepción antes referida y evaluar si este Tribunal resulta competente para resolver la causa.
Preliminarmente, cabe señalar que la Ley N° 19.983 –que regula los conflictos interadministrativos de carácter pecuniario-, establece en su art. 1 que “No habrá lugar a reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el monto de la reclamación no sea mayor de dos mil pesos ($2000). Cuando exceda de esta cantidad hasta la suma de cien mil pesos ($100.000), y no haya acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión se someterá a la decisión definitiva e irrecurrible del Procurador del Tesoro de la Nación; la decisión será tomada por el Poder Ejecutivo cuando supere el monto antes indicado (…)”.
Por su parte, el Decreto Reglamentario N° 2481/93 (y sus modificatorias) de la citada ley dispuso en su art. 11 que “De conformidad con lo establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 19.983, fíjase en PESOS CINCO MIL ($ 5.000) el monto mínimo para la procedencia de las reclamaciones pecuniarias interadministrativas y en PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) el importe máximo de los reclamos cuya resolución será de competencia del Procurador del Tesoro de la Nación. Superado ese monto la decisión será competencia del PODER EJECUTIVO NACIONAL”.
En este caso, a efectos de analizar los presupuestos de procedencia que dicha norma regula, deben confluir dos requisitos: a) la existencia de una reclamación de carácter pecuniario; y b) que dicha reclamación se sucinte entre personas jurídicas públicas estatales.
En cuanto al punto b) señalado ut supra, la doctrina ha definido la relación jurídica interadministrativa como aquella “(...) que vincula a dos o más personas jurídicas públicas estatales, ya se trate del Estado en sentido lato (Nación o provincia), o de cualquiera de las personas jurídicas públicas estatales que constituyen entidades descentralizadas, con personalidad jurídica propia (…)” (Cassagne, Juan Carlos, “Derecho Administrativo”, Bs. As., 1980, to. I1, pág.76. Tb.: “Las relaciones interadministrativas” ED., 36:927).
En relación al Correo Oficial de la República Argentina S.A., el mismo fue creado por el Decreto N° 721/04, con la finalidad de instrumentar la “ (…) prestación del Servicio Oficial de Correo, comprendiendo todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía prestados oportunamente por ENCOTESA y los restantes servicios que la ex concesionaria CORREO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA estuviere habilitada a realizar, incluyendo el Servicio Postal Básico Universal (…)” (art. 1). A su vez, cuenta con un patrimonio netamente estatal –sus acciones pertenecen en un 100 % al Estado Nacional (art. 2)-, y sus Estatutos son aprobados por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (art. 3), entidad que asimismo supervisará su desenvolvimiento (art. 11). En consecuencia, se cumple el presupuesto b), es decir, que el reclamo se sucinte entre personas jurídicas públicas estatales.
Ahora bien, el requisito referido a la reclamación de índole pecuniaria precisa mayor detenimiento. En efecto, la Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala IV, ha entendido en el precedente “Banco de la Nación Argentina c/D.G.A. s/recurso directo”, fallo 2657/2016 del 22/09/2016 (con cita de diversos Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación), que “(…) La especialidad de este procedimiento está dada, por un lado, por la existencia de un reclamo pecuniario, cualquiera sea su naturaleza o causa y, por otro, por el carácter estatal de las personas involucradas –las que, en virtud del principio de unidad de acción estatal, no pueden acudir a la justicia en procura de una solución a la contienda- (Dictámenes:276:121)(…)”. Seguidamente, consideró que “(…) el requerimiento vinculado con los sujetos que deben intervenir para calificar el conflicto como interadministrativo se encuentra cumplido. En efecto, no existen dudas en cuanto a que la AFIP-DGA se encuentra comprendida en el régimen de la ley antes citada, atento su carácter de entidad autárquica del Estado Nacional (art. 1º, dto. 618/97) (…)”. Asimismo, con respecto al restante requisito “(…) la única exigencia normativa es que se trate de un reclamo de una deuda de dinero, sin importar su origen (Dictámenes: 251:504) (…)”.
Tal como se señaló anteriormente, en el caso en estudio, el servicio aduanero reclama al Correo Oficial de la República Argentina S.A. una multa, cuyo origen es la comisión de una infracción –circunstancia que acarrea la aplicación de una sanción-. En tal sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación, mediante el Dictamen 306:181 del 3 de agosto de 2018, expte. N.° S04:0061616/16, sostuvo que la facultad punitiva de imponer multas no puede ser asimilada a los reclamos pecuniarios a que se refiere el artículo 1 de la Ley Nº 19.983, y que la aplicación del régimen de conflictos interadministrativos no es óbice para que el Poder Judicial revise la legitimidad de una multa de cualquier naturaleza impuesta a una persona estatal (v. Fallos 312:459). En este orden, señala que “(…) Las multas adeudadas por entes u órganos estatales, a otro ente u órgano administrativo, no encuadran dentro del término reclamos pecuniarios de cualquier naturaleza o causa que puedan ser dirimidos en los términos de la Ley Nº 19.893 (…)”.
Este criterio se encuentra en sintonía con lo sostenido previamente por la Procuración en el Dictamen 232:287 del 5 de diciembre de 2013, expte. N.° S04:0022115/13, donde se señaló que: “(…) De los términos del reclamo formulado por NASA surge que su promoción, aun cuando pudiera entenderse en un principio como limitada a obtener la restitución de una suma de dinero, tiene como único fundamento la improcedencia de la aplicación de multas en el ámbito de las relaciones interjurisdiccionales. Teniendo en cuenta ello, es válido sostener que la petición deducida por NASA en las presentes actuaciones, no constituye en esencia un reclamo de naturaleza pecuniaria, más allá de que su resultado tendría una incidencia de esa índole y, expedirse al respecto importaría necesariamente abrir juicio acerca de la procedencia de aplicación de multas entre organismos del Estado (…)”.
Asimismo, el criterio fue reiterado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 302:273, 306:1195 y 316:529, al sostener que la facultad punitiva de imponer multas no puede ser asimilada a los reclamos pecuniarios a que se refiere el citado precepto (con referencia al art. 1 de la Ley N.° 19.983) (Dictámenes 254:365). En este cauce argumental, en “Banco de la Nación Argentina c/ Banco Central de la República Argentina s/ amparo – Ley Nº 16.986” del 08/09/2003, Fallos: 326:3254, el Máximo Tribunal ratifica que “una adecuada inteligencia del art. 1° de la denominada ley de conflictos interadministrativos -ley 19.983- permite afirmar que la facultad punitiva de imponer multas no puede ser asimilada a los reclamos pecuniarios a que se refiere el citado precepto, y dicha norma no constituye óbice para que el Poder Judicial revise la legitimidad de una multa administrativa impuesta a una persona estatal o si fue abonada en su totalidad o sólo en forma parcial. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-”.
A mayor abundamiento, cabe mencionar el fallo N° 8535/2024 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala II, caratulado “Correo Oficial de la República Argentina SA (TF 68718481-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, en el cual se establece que “(…) en lo que respecta al segundo recaudo, esto es, al carácter pecuniario del conflicto, cuadra estar al criterio sentado por el Alto Tribunal según el cual la facultad punitiva de imponer multas no puede ser asimilada a los reclamos pecuniarios a los que refiere el artículo 1° de la ley 19.983 (Fallos, 302:273; 306:1195; 316:529; 326:3254; y en autos CSJ910/2013 “Aerolíneas Argentinas SA c/EN - DNM - Disp. 1752/09 y otro s/recurso directo DNM”, sent. del 15/10/2015; entre otros); el que, por cierto, fuera seguido por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación al fin de fundar su decisión (…)”.
Por último, y como culminación de este cauce argumentativo, es preciso señalar que el art. 1132 del Código Aduanero señala que este Tribunal es competente al expresar que “1. Contra las resoluciones definitivas del administrador dictadas en los procedimientos de repetición y para las infracciones como así también en los supuestos de retardo por no dictarse resolución en estos dos procedimientos dentro de los plazos señalados al efecto se podrá interponer en forma optativa y excluyente: a) recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal; o b) demanda contenciosa ante el juez competente. 2. Contra las resoluciones definitivas del administrador dictadas en el procedimiento de impugnación en los casos previstos en el artículo 1053, incisos a), b), c), d) y e), como así también en los supuestos de retardo por no dictarse resolución en el procedimiento de impugnación dentro del plazo señalado al efecto, sólo procederá el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal”.
Conforme todo lo expuesto, es indiscutible que corresponde rechazar la excepción de incompetencia planteada por la contraria y declarar la competencia de esta instancia jurisdiccional a los efectos de analizar la cuestión debatida, máxime cuando se encuentra pendiente de resolución la legitimidad de la pretensión aduanera.
V. En cuanto a las costas del proceso, considerando que hubo trabajos profesionales de la contraria, corresponde fijar en 3 UMAS los honorarios correspondientes al Fisco.
Por otro lado, atento al dispendio jurisdiccional que ocasionó la pretensión de la accionante, corresponde imponer costas, las cuales se limitan al monto de la tasa de actuación reducido en un tercio –en rigor del estado procesal de la causa-.
Aún con lo dispuesto en los párrafos que anteceden, las costas quedaran sujetas a la resolución del beneficio de litigar sin gastos peticionado por la recurrente.
Por ello, VOTO por:
1. Rechazar la excepción de incompetencia incoada por la actora, con costas conforme lo sostenido en el punto V.
2. Declarar la competencia de este Tribunal Fiscal en razón de la materia para conocer en el presente recurso de apelación.
3. Firme que quede la presente, se proveerá el ofrecimiento de la prueba realizado por las partes. El Dr. Soria dijo:
Adhiero al voto del Vocal preopinante. ASÍ LO VOTO.-
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de incompetencia incoada por la actora, con costas conforme lo sostenido en el punto V.
2. Declarar la competencia de este Tribunal Fiscal en razón de la materia para conocer en el presente recurso de apelación.
3. Firme que quede la presente, se proveerá el ofrecimiento de la prueba realizado por las partes. Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Titular de la Vocalía de la 17° Nominación) y Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía 18° Nominación, ello en los términos del art. 52 del R.P.T.F.N.
Date: 2026.06.29 12:05:05 ART Date: 2026.06.29 15:51:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.29 15:52:44 -03:00
Fin de la sentencia