Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2024-140776899-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la excepción de incompetencia incoada por la parte actora, sin costas.
Vuelvan los autos a la Vocalía de la 15° Nominación a los efectos de su tramitación.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-32640678-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 28 de Marzo de 2025 "CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SA"
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación, con la presidencia del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos EX-2024-140776899-APN-SGASAD#TFN caratulados “CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA”;
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que la actora mediante RE-2024-140776027-APN-SGASAD#TFN interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 853/2023 (AD CLOR) dictada por el Administrador de la División de Aduana Clorinda de la ARCA con fecha 20/9/23 en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 17765-469-2018 y notificada el 4/12/24, por la que se condena a la recurrente al pago de una multa por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 95/100 ($ 429.974,95), equivalente a CINCO (5) veces el valor en plaza de la mercadería involucrada debido a la existencia de antecedentes infraccionales, y al comiso de esta última, ello en virtud de la presunta infracción al art 985 del Código Aduanero. En la presentación de marras, la recurrente plantea la excepción de incompetencia, considerando que el Tribunal Fiscal de la Nación no es competente para resolver la discrepancia, por tratarse de un conflicto interadministrativo dada la naturaleza jurídica de las personas involucradas y el carácter pecuniario del reclamo. Asimismo, aclara que la interposición del recurso responde a la intención de no dejar consentida la resolución apelada, por razones de prudencia y diligencia procesal.
En consecuencia, solicita la remisión de las actuaciones a la Procuración del Tesoro de la Nación por aplicación de lo establecido en la Ley Nro. 19.983, normativa que regula lo atinente al régimen de resolución de los conflictos interadministrativos. Por otro parte sostiene que la resolución es ilegítima alegando la falta de consideración adecuada, por parte del organismo aduanero, de los fundamentos jurídicos, fácticos y técnicos esgrimidos. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que con fecha 25/3/25 mediante PV-2025-30856441-APN-VOCXV#TFN se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala E.
III. Que corresponde entonces abordar la excepción antes referida y evaluar si este Tribunal resulta competente para resolver la causa.
IV. Es necesario remarcar que lo que se discute en esta instancia es si el Tribunal Fiscal de la Nación tiene competencia o no, para entender en la apelación de una sanción por la comisión de una infracción aduanera prevista en el art. 985 del Código Aduanero o si por el contrario la misma debe ser tramitada y resuelta por la Procuración del Tesoro de la Nación, en virtud de lo establecido por la Ley 19.983 y su decreto reglamentario 2481/93.
A efectos de analizar los presupuestos de procedencia que dichos ordenamientos jurídicos regulan, considero que para ello deben confluir dos requisitos esenciales, a saber: por un lado, la existencia de un reclamo de carácter pecuniario y, por otro lado, que este se suscite entre personas jurídicas públicas estatales.
Es dable consignar que la doctrina definió la relación jurídica interadministrativa como aquella “ …que vincula a dos o más personas jurídicas públicas estatales, ya se trate del Estado en sentido lato (Nación o provincia), o de cualquiera de las personas jurídicas públicas estatales que constituyen entidades descentralizadas, con personalidad jurídica propia” (Cassagne, Juan Carlos, “Derecho Administrativo” Bs. As., 1980, to. II, pág. 76 Tb: “las relaciones interadministrativas” ED., 36:927).
La Ley N° 19.983 regula el “Régimen de resolución de los conflictos interadministrativos” que establece en su art. 1º: "No habrá lugar a reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el monto de la reclamación no sea mayor de dos mil pesos ($2000). Cuando exceda de esta cantidad hasta la suma de cien mil pesos ($100.000) y no haya acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión se someterá a la decisión definitiva e irrecurrible del Procurador del Tesoro de la Nación; la decisión será tomada por el Poder Ejecutivo cuando supere el monto antes indicado…".
Por su parte, el Decreto Reglamentario N° 2481/93 (y sus modificatorias) de la citada ley dispuso también en su art. 1° que “La tramitación de las reclamaciones interadministrativas previstas en la Ley Nº 19,983 se efectuará, cualquiera fuere su monto, ante la Procuración del Tesoro de la Nación”, a su vez el art. 11 establece que "De conformidad con lo establecido por el artículo 1º de la Ley N° 19.983, fijase en PESOS CINCO MIL ($ 5000) el monto mínimo para la procedencia de las reclamaciones pecuniarias interadministrativas y en PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) el importe máximo de los reclamos cuya resolución será de competencia del Procurador del Tesoro de la Nación. Superado ese monto la decisión será competencia del PODER EJECUTIVO NACIONAL".
La solución prevista en la citada norma, reconoce la imposibilidad de un “pleito” entre dos entes públicos nacionales, pues esto último, en definitiva, equivaldría a que el Estado Nacional litigue consigo mismo. (Conf. Fallos 272:299, 276:321; 295:651).
Que en relación al CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A., éste fue creado por el Decreto N° 721/2004, con la finalidad de instrumentar la prestación del Servicio Oficial de Correo, comprendiendo todos los servicios postales, monetarios, y de telegrafía prestados oportunamente por ENCOTESA y los restantes servicios que la ex concesionaria CORREO ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA estuviere habilitada a realizar, incluyendo el Servicio Postal Básico Universal” (Art. 1) cuenta con un patrimonio netamente estatal (sus acciones pertenecen en un 100% al Estado Nacional – cfr. Art. 2° ) actualmente bajo la órbita de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente dela Jefatura de Gabinete de Ministros del PEN, Decreto 318/2024, dictado con fecha 16/04/2024.
Respecto de la Dirección General de Aduanas es una Dirección General que actúa bajo la órbita de la ARCA - Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ente autárquico creado por Decreto N° 953/2024- en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación.
Que, en consecuencia, no está en discusión, el carácter de los sujetos involucrados, siendo ambas partes -el Correo Oficial de la República Argentina S.A. y la Dirección General de Aduanas - personas jurídicas públicas estatales.
V. Sin embargo, lo que se debe dirimir es el carácter pecuniario de la cuestión debatida, es decir si una sanción de multa es asimilable a un reclamo de índole pecuniario, ante lo cual se daría el caso de un conflicto interadministrativo, o si por el contrario las infracciones no encuadran dentro de un reclamo de contenido económico. Esto último, sin perjuicio de que los reclamos pecuniarios remiten a deudas líquidas y exigibles, no a los procedimientos de determinación tributaria a cuyas resultas recién podría decirse que existe una deuda líquida y exigible entre organismos estatales.
Cabe destacar que la Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo en varios Dictámenes que la especialidad de este procedimiento de resolución de conflictos está dada, por un lado, en lo referente al carácter estatal de las personas involucradas, temática sobre la cual no hemos ocupado en los párrafos precedentes y, por otra parte, acerca de lo relacionado a la naturaleza pecuniaria del reclamo sobre el que versa la cuestión en análisis. A partir de esta última premisa se desprende que cualquier litigio que se plantee en el ámbito de la Administración y que tuviese otra naturaleza -en el caso infraccional- debería tramitar por fuera de dicho procedimiento especial. En caso de encontrarnos ante una cuestión de interpretación de normas y principios jurídicos en orden a la procedencia de la aplicación de multas por parte de un organismo estatal autárquico a otro -si fuera el caso- de naturaleza societaria, aunque tenga trascendencia económica, no se verifica el conflicto interadministrativo previsto en la Ley 19.983. (Dictámenes 232:287, 263:157, 283:377).
En un fallo reciente la Sala II de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL en autos 8535/2024 “Correo Oficial de la República Argentina SA (TF 68718481-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” de fecha 27/9/24 destacó: “… que en el entendimiento del Alto Tribunal, una adecuada inteligencia del artículo 1° de la ley 19.983 permitía afirmar que la facultad punitiva de imponer multas no podía ser asimilada a los reclamos pecuniarios a que se refiere el citado precepto, y que dicha norma no constituía óbice para que el Poder Judicial revisara la legitimidad de una multa administrativa impuesta a una persona estatal (conf. CSJN, Fallos, 312:459; 316:529; 326:3254, entre otros) ...”.
En el mismo sentido ya se había expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo “Banco de la Nación Argentina c/ Banco Central de la República Argentina s/ amparo - Ley N° 16.986", del 08/9/2003 (Fallos: 326:3524), indicando la supra señalada, que “…de una adecuada inteligencia del art. 1° de la denominada ley de conflictos interadministrativos -ley 19.983- la facultad punitiva de imponer multas no puede ser asimilada a los reclamos pecuniarios a que se refiere el citado precepto (cfr. Fallos 302:273;306:1195;316:529), y que dicha norma no constituye óbice para que el Poder Judicial revise la legitimidad de una multa de cualquier naturaleza impuesta a una persona estatal, o si fue abonada en su totalidad o solo en forma parcial”.
Dicho criterio fue también seguido por la Procuración del Tesoro de la Nación en varios dictámenes, al sostener que los importes dinerarios adeudados por entes u órganos estatales que deriven de la facultad de imponer multas (penales o administrativas), atribuida a otro ente u órgano administrativo, no integran el concepto de reclamos pecuniarios de cualquier naturaleza o causa, suscitados entre entes u organismos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, que deben ser dirimidos en los términos de la Ley N° 19.983.
Conforme a ello, el artículo 1° de la Ley N° 19.983 no es óbice para que el Poder Judicial revise la legitimidad de una multa de cualquier naturaleza impuesta a una persona estatal, puesto que la facultad punitiva de imponer multas no puede ser asimilada a los reclamos pecuniarios a que se refiere el citado precepto. Las multas adeudadas por entes u órganos estatales, a otro ente u órgano administrativo, no encuadran dentro del término reclamos pecuniarios de cualquier naturaleza o causa que puedan ser dirimidos en los términos de la Ley Nº 19.893(Dictámenes 254:365, 306:181).
Esta misma pauta fue reiterada por la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación (cfr. “Correo Oficial de la República Argentina SA”, 13/12/2023; “Correo Oficial de la República Argentina SA”, 21/11/2023; “Correo Oficial de la República Argentina SA”, 31/07/2024; y por distintas Salas de la Alzada (Sala I “Correo Oficial de la República Argentina SA”, 17/09/2024; Sala II “Correo Oficial de la República Argentina SA”, 27/09/2024). Conforme todo lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de incompetencia planteada por la parte actora y declarar la competencia de este Tribunal a los efectos de analizar la cuestión debatida en autos, sin costas por cuanto la presente resolución fue dictada de oficio por este Tribunal Fiscal de la Nación.
Por ello, VOTO POR:
Rechazar la excepción de incompetencia incoada por la parte actora, sin costas.
Vuelvan los autos a la Vocalía de la 15° Nominación a los efectos de su tramitación.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiere al voto precedente.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
Rechazar la excepción de incompetencia incoada por la parte actora, sin costas.
Vuelvan los autos a la Vocalía de la 15° Nominación a los efectos de su tramitación.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación (conf. art. 1162 del C.A. y art. 52 del Reglamento de Procedimientos ante el Tribunal Fiscal de la Nación).
Date: 2025.03.28 15:32:26 -03:00 Date: 2025.03.28 16:44:18 -03:00 Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.28 16:44:19 -03:00
Fin de la sentencia