Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 1 de La Plata
Lo que resolvió el tribunal
I. Condenar a HECTOR DANIEL RODRIGUEZ -de las demás circunstancias personales obrantes en autos- a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO POR EL VINCULO Y POR RESULTAR UN GRAVE DAÑO EN LA SALUD MENTAL DE LA VICTIMA, EN CONCURSO IDEAL CON CORRUPCION DE MENORES AGRAVADA POR SER EL AUTOR PERSONA CONVIVIENTE (delito continuado), acaecidos desde el año 2002 hasta el año 2014, en el domicilio de calle 71 N° 511 entre 126 y 127 de la ciudad de Berisso, en perjuicio de la integridad sexual de Sandra Yésica Rodríguez.
II. Encontrándose vigente la ley 26.879 de creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, e incluso paralelamente la Ley 13.869 de la Provincia de Buenos Aires, firme que sea este pronunciamiento, corresponde la obtención de las muestras genéticas pertinentes a los fines de su registro.
7210 - RODRIGUEZ HECTOR DANIEL S/ CORRUPCION DE MENORES CALIFICADA, ABUSO SEXUAL CALIFICADO
En la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a los ocho (8) días del mes de noviembre del 2024, en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial La Plata, los Sres. Jueces, Dres. HERNÁN JAVIER DECASTELLI, RAMIRO FERNÁNDEZ LORENZO y, CECILIA INÉS SANUCCI se constituyen en su público despacho a fin de dictar veredicto conforme lo disponen las normas de los arts. 22, 371 y 375 del Código Procesal Penal, en causa Nº 3729/7210 (IPP N° 06-00-026836-20/00) seguida a HÉCTOR DANIEL RODRÍGUEZ por los delitos de ABUSO SEXUAL AGRAVADO Y OTROS. Practicado el correspondiente sorteo resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: DECASTELLI - FERNANDEZ LORENZO - SANUCCI, y el Tribunal resuelve plantear y votar las siguientes:
Cuestión Primera: ¿Está probada la existencia de los hechos en su exteriorización material, y -en su caso- la participación del imputado en los mismos?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez, Dr. Hernán Javier Decastelli, dijo:
i. Preliminarmente debo decir que, en el camino de análisis a recorrer, y al encontrar nítidamente relacionados y entrelazados tanto los elementos de convicción de los sucesos reseñados como los de la autoría penalmente responsable del aquí imputado, pasaré a analizar ambos ítems, en esta cuestión, de modo conjunto.
ii. Yendo al análisis puntual de los hechos, el señor Agente Fiscal al esbozar su teoría del caso ha imputado -en similitud al requerimiento de su par de la instancia- a Héctor Rodríguez los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por resultar un grave daño en la salud física o mental de la víctima en concurso real con corrupción de menores doblemente calificada por ser la víctima menor de trece años y por ser conviviente -varios hechos-. Posteriormente al momento de realizar sus alegatos finales perfeccionó la acusación con menor gravedad al entender que no existió una concurrencia de varios hechos en la secuencia fáctica del caso, sino que se reducía a un delito continuado.
Así, tuvo por acreditado “Desde el año 2002 hasta el año 2014, en el domicilio de calle 71 entre 126 y 127 N° 511 de Berisso, una persona de sexo masculino, accedió carnalmente de su hija, Sandra Yésica Rodríguez, en reiteradas oportunidades, por vía vaginal, mediante amenazas y tocamientos inverecundos en su cuerpo con el pene erecto. Producto de tales abusos, dio a luz un niño, R.V.D en el año 2014, lo que causó un grave daño en su salud física y mental, y facilitando con tales abusos, su corrupción en virtud del inició sexual prematuro de la misma", solicitando la pena de quince (15) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, valorando como atenuante la carencia de antecedentes y como agravantes, la edad de la víctima, el vínculo, el embarazo producto de los abusos, y las patologías que presenta el niño, producto de la relación incestuosa.
Por su parte, la señora Defensora Oficial, al momento de realizar sus lineamientos iniciales esbozó que iba a reservar su posición a resultas de lo que surja de debate para luego en sus alegatos de cierre allanarse a la pretensión fiscal y conformarse tanto con la prueba de la materialidad y autoría, pautas de mensuración y a la pena de 15 años.
iii. Ahora bien, sin perjuicio de no haber discusión entre ambas partes procesales en virtud de allanarse la defensa a todos los extremos de la acusación fiscal, lo que me eximiría de mayor análisis de la prueba rendida por no existir contradictorio alguno a dilucidar, pasaré a realizar un somero análisis de la prueba adquirida, producida y debatida en la audiencia oral.
Aquella me llevará claramente a determinar que desde aproximadamente el año 2002 hasta el año 2014, en el domicilio de calle 71 entre 126 y 127 N° 511 de Berisso, el aquí imputado, accedió carnalmente de su hija, Sandra Yésica Rodríguez, en reiteradas oportunidades, por vía vaginal, mediante amenazas y tocamientos inverecundos en su cuerpo con el pene erecto. Producto de tales abusos, dio a luz un niño, R.V.D en el año 2014, lo que causó un grave daño en su salud física y mental, y facilitando, con tales abusos, su corrupción, en virtud del inició sexual prematuro de la misma.
Tal como lo he anticipado estos accionares ilícitos fueron realizados por el aquí incuso, Héctor Daniel Rodríguez, en carácter de autor (art. 45 del C.P.).
iv. Con el objeto de una mayor comprensión del desarrollo de la pesquisa y de la evidencia obtenida, el testimonio prestado del debate, lo evaluaré en comunión con las distintas piezas procesales que se incorporaron por lectura al proceso con el expreso consentimiento de ambas partes procesales (arts. 366, 338 y ccdtes. del rito).
He de aclarar que dichas pruebas serán analizadas bajo las particularidades concernientes a este tipo de delitos, que ocurren como la jurisprudencia indica "en las sombras", con las características de la -a veces nula- presencia de terceros que puedan percibir estos actos de modo directo por sus sentidos, lo que importa para el juzgador la necesidad de tener un mayor detenimiento y rigor con el que se debe analizar el plexo probatorio. Asimismo, destaco, que la transcripción que he de realizar sobre los dichos brindados en la oralidad por la testigo, no será de manera literal, sino que configurará lo que el suscripto apreció y oyó de ella.
v. Sentado lo dicho, y ahondando en la prueba acreditante de la plataforma fáctica de los hechos relatados, como también de la autoría responsable del imputado en los mismos, he de valorar:
En primer término, la directa y contundente imputación que le dirige al imputado de autos la víctima del hecho e hija del acusado, Sandra Yésica Rodríguez, quien declaró en debate, momento en el cual sostuvo: "... La relación con mi padre, Héctor Daniel Rodríguez, hasta los doce años fue normal, común y corriente, después de que yo me desarrollé como señorita y me empezó a ver con otros ojos. Después empezó a manosearme (...) a apoyarme en mis partes íntimas, en la vagina, con su pene erecto, varias veces, hasta que logró su cometido, que fue desvirgarme (...) Más el acoso de siempre, me controlaba los boletos, me revisaba el diario íntimo (...) hostigamiento desde muy chica. Siempre me espiaba. Me accedió carnalmente varias veces (...) en Berisso, en 71 y 116 (...) Los actos comenzaron a partir de los trece años que yo me desarrollé, me hice señorita (...) en el año 2000. Estos hechos pasaban en la noche, cuando no estaba mi madre. Yo tenía mi pieza aparte (...) él chiflaba y me llamaba, o se pasaba. Soy hija única".
Agregó: "Este tipo de hechos ocurrieron hasta que yo quedé embarazada, hasta los 25 años. Siempre hubo problemas en casa. Siempre tuve a mi novio escondido también. Y nada, siempre vivía con las amenazas de él, que me amenazaba con que tenía filmaciones mías, decía. Nunca se lo conté a nadie. A los cinco años de mi nene agarré mis cosas y me fui a escondidas de él, y ahí empezó a volverme a hostigar. Me decía un montón de barbaridades. Que yo iba a aparecer en un zanjón, que me iba a matar, que yo era puta de mierda, que no tenía casa, que yo estaba con un macho, todo tipo de cosas. Que yo lo usé, en el sentido de que vivía en la casa. Que iba a ser mi sombra y que yo no podía tapar el sol con el dedo. Él se dedicaba a seguridad privada. Siempre fue muy machista, tanto con mi mamá como conmigo. Somos dos mujeres en casa. A mi vieja también la golpeaba. Trabajaba de seguridad privada, se desaparecía tres días, volvía borracho, hacía quilombo en la casa".
Y continuó su relato: "La denuncia la hice cuando me mudé, cuando mi nene tenía cinco años, porque ya a lo último, el tipo no me dejaba salir con mi hijo a una plaza, porque decía que yo me iba a ver con un tipo, todo el tiempo así (...) me controlaba en el trabajo (...) Me ha pegado, le apunté con el arma y me dijo, dale, tirame, tirame, y yo no me animé. Ahí fue cuando yo pido trabajo voluntario, estuve ocho meses sin actividad en policía (...) me ha pegado (...) pero nadie se metía porque él siempre fue agresivo. Nunca lo hablé con mi mamá. Con mi prima, sí, después de hacer la denuncia. Mi prima se llama Gisela Noemí Álvarez”.
Expuso también que: “Quedé embarazada de Daniel Héctor Rodríguez. Yo me entero a los tres años de mi hijo. Siempre negándolo, porque él siempre decía, para mi hijo, yo soy el abuelo (...) Mi nene no sabe nada, ya tiene doce años y para él es el abuelo. Pude certificar quién era el padre. Yo me hice un ADN (...) Toda la familia de él me dio la espalda porque lo defienden a él, y es más, una de mis tías no se presentó hoy (...) Mi hijo tiene problemas, tiene diabetes, TGD (...) Después no pude tener otros hijos con mi pareja. No voy a tener más hijos. Durante esos doce años fueron hechos de violación, acceso carnal, abusos, manipulación. Eran cuando él quería, casa tres días más o menos. Siempre así. Si yo no quería, si no accedía, él me decía que yo tenía otro tipo, me preguntaba con quién estaba cogiendo”.
Finalmente, concluyó que: "El ADN que me hice me dio negativo con mis otras parejas que tenía a escondidas, porque siempre tenía que tener algo escondido, normal. También cuando yo tenía que salir con mis amigas, siempre había problemas, discutía con mi vieja (...) Yo anduve con un compañero de la secundaria de él, porque terminó la secundaria de grande, y cuando me descubrió, se metió a la casa, lo sacó con un machete, le pegó al pibe (...) debe saber quién es. Y después de esa vez, ahí ya me empezó a dejar encerrada. A mí y a mi vieja nos encerraba con llave y nos ponía un tarro para que meemos ahí adentro (...) Yo no me daba cuenta de eso, seguía viviendo ahí. Entonces, como no quería que yo me escape para verme con el pibe, me encerraba a mí y a mi vieja en la habitación con llave y nos dejaba un tarro para que meemos cuando él se iba a trabajar a la noche los fines de semana. Mirá qué mentalidad loca que tiene. Estuve yendo un tiempo a la psiquiatra. Habré ido tres o cuatro meses. Trabajé en Policía y me fui de baja voluntaria por los problemas que había en mi casa con él. Y ahí me fui como si fuera una delincuente, agarré la moto, agarré el nene, agarré una bolsa de ropa y me fui. Yo le denuncié y él se calmó. Y ahí hice la denuncia. Yo lo conté cuando yo me mudé de esa casa, después de irme de esa casa. La primera vez que lo cuento es con la denuncia, a los cinco años de mi hijo. Se lo conté a mi pareja actual (...) Mi mamá muchas veces me preguntó y yo le dije que no, porque él simplemente me decía "yo tengo videos" (...) Supuestamente él dice que me filmó teniendo relaciones sexuales. Entonces él siempre me amenazaba con eso, que nadie me iba a creer. Siempre psicopateándome desde los trece años. Cuando me fui de mi casa, recién ahí pude tener una vida normal. Podía irme con mis amigas, con mi hijo".
Estas frondosas y firmes expresiones me infunden certeza. La misma ha sido contundente respecto a los abusos acontecidos, expresando claramente todos los aberrantes padecimientos que sufrió en manos de su padre. La edad en la cual sucedieron esas conductas la posicionan en una mejor situación para poder relatar con detalles esos tormentos. En definitiva, no encuentro razones que me permitan dudar de ellas, ni elementos que me inclinen en principio a determinar una fabulación o mendacidad por parte de la victima.
No obstante, tal declaración se ve corroborada y robustecida por la declaración testimonial de su madre, Sandra Beatriz Maletti de fs. 17/vta., -incorporada por su lectura al debate por acuerdo de partes-, quien en su oportunidad refirió que unos días antes de que su hija radicara la denuncia se enteró de lo que ella vivía, que se lo contó el marido de su hija, Daniel Silvero, que la misma había sido abusada por su padre cuando era chica, que nunca se lo había dicho a la dicente. Que luego habló con su hija, pero que nunca le contó nada del hecho. Que en el año 2012 se separó de Héctor, el papá de su hija, y se fue de la casa, quedando su hija viviendo allí, que para ese entonces tenía 23 años. Que cada vez que se mudaba le ofrecía a Sandra que se vaya con ella, pero que de una u otra forma lo hacía volver, que creé que la tenía amenazada.
Adujo que su hija tuvo un hijo y tuvo que realizar un ADN con dos personas con las que había estado, dando resultado negativo, y que con posterioridad a la denuncia se enteró que se iba a realizar un nuevo ADN con el ex marido de la dicente, por lo que entiende que Sandra fue abusada hasta los treinta años. Que dos años antes de su declaración compró un terreno a medias con su hija, y allí pusieron dos casillas hasta que pudieran edificar, y desde entonces Sandra no tiene más relación con su padre y no lo puede ni ver. Que sabe porque lo leyó en la denuncia, que los abusos comenzaron a sus catorce años, y que los mismo ocurrían cuando ella se ausentaba por cuestiones laborales. Que Héctor la celaba mucho, pero no se imaginó que era porque la abusaba. Que siempre la vio actuar normal. En igual sentido, pondero lo declarado por Daniel Alberto Silvero, pareja de la víctima de autos (de fs. 27/28), quien oportunamente refirió que la conoce a su pareja desde el 2015 aproximadamente, que la conoció en su lugar de trabajo ya que ambos son personal policial. Que solo se veían en su lugar de trabajo ya que el dicente residía en San Fernando. Que desde que la relación fue creciendo comenzó a sospechar de ciertas actitudes que tenía Yésica, por ejemplo, cada vez que llamaba el padre se iba a hablar a otro lado o compartía poco tiempo con el dicente. Que en una oportunidad le dijo que no le mande mensajes cuando estaba en su casa porque el padre era muy celoso y posesivo con ella.
Sostuvo que empezó a sospechar que algo raro había por las actitudes que tenía. Que en una oportunidad la mamá de Yésica le contó que un día cuando ella se encontraba en su casa y se estaba por ir, al preguntarle por qué se iba tan rápido, su pareja le contestó que se tenía que ir rápido y que "...me tengo que ir porque yo soy la amante...", y ahí fue cuando la madre comenzó a sospechar.
Refirió también que cuando empezaron a salir, ella le contaba que el padre le hablaba mal del dicente y que no entendía por qué, ya que no lo conocía. Que Yésica le dijo que los abusos empezaron cuando tenía 14 años, y que ocurrían cuando la madre trabajaba, haciendo guardias de 24 horas, y ahí Héctor empezó a acostarse con ella y tocarla por encima de la ropa, y le tenía miedo al padre y no se defendía. Que le contó que los hechos ocurrieron hasta que se compró un terreno con su madre y que Héctor se enteró que Yésica estaba en pareja y la dejó de joder. Agregó que le contó que siempre la amenazaba, que la iba a matar y la tiraría en una zanja y nadie iba a saber qué le pasó.
También relató que ella tiene un rechazo constante para con su hijo, y que calcula que ello se debe a toda la situación de abuso sexual que ella padeció por parte de su padre. Agregó que el hijo de Yésica está enfermo (sufre de diabetes y TGD), por lo que necesita constante atención y medicamentos, y que si bien ella le da la medicación, lo hace solo por obligación. Finalmente contó que su pareja le mencionó varias veces la sospecha de que su hijo sea producto de los abusos que sufrió por parte de su padre, por lo que entiende el rechazo que ella tiene hacia él. Por su parte, tengo en cuenta lo declarado por Gisela Noemí Alvez a fs. 29/30, quien en la instrucción refirió ser prima hermana de Sandra Yésica Rodríguez. Que siempre tuvo la sospecha de los abusos por las cosas que veía, hasta que un día Yésica se lo confesó. Que cuando iba a la casa de su prima, y tendrían 13 o 14 años, su tío Héctor tenía actitudes raras para con Yésica, era muy celoso y posesivo, que ella se alejaba de todo el mundo, que la tenía encerrada en su casa y que su prima no hacía vida normal de una chica de su edad. Que no la dejaba salir a fiestas y que mirándola, ya la manejaba, que siempre fue un tipo enfermo, posesivo y machista. Que su prima entró a la escuela de policía y el padre se enojó mucho y le decía que se iba a ir con los machos, y que sus tías (sus propias hermanas) eran unas putas. Que Yésica se tenía que escapar para poder salir.
Alegó que cuando la dicente estaba sola con ella, Héctor le mandaba mensajes para ver qué estaba haciendo o donde estaba, le hacía videollamadas, las encerraba tanto a ella como a su madre con candado para que no salgan. Por todo esto su tía se terminó separando de él. Que cuando empezó a trabajar en policía la hostigaba diciéndole que era una puta que se acostaba con sus jefes, hasta que ella terminó dando de baja a su carrera que tanto le costó.
Por último expresó que fueron muchas veces, desde los 11 años que empezó todo como un juego, hasta hace tres años a la fecha. Que la relación con su madre siempre fue buena pero distante, que su madre no entiende por qué no se fue con ella nunca. Que ella no sabe cómo manejarse ni ella ni a su hijo ante toda esta situación, y que ella sospecha que su hijo es producto de las violaciones por parte de su padre. Hasta aquí, las manifestaciones de la víctima, su madre, padrastro y prima hermana, resultan relevantes como prueba piramidal, siendo coincidentes en lo esencial en cuanto a los abusos sufridos por Sandra en manos de su padre, la época en que sucedieron aquellos como las amenazas y celos constantes que se encontraba sometida.
Robustece el cuadro probatorio, en cuanto a la acreditación de la materialidad infraccionaria como la autoría en los mismos, los informes periciales, también incorporados por lectura por acuerdo de partes, a saber: informe de prueba de ADN de fs. 10/13, informe pericial de análisis comparativo de ADN de fs. 86/88vta., y la evaluación psicológica de fs. 89/90vta.
Así, del informe de fs. 10/13, surge que Lautaro Lihuel Presutti y otro sujeto de nombre Edgardo -quienes habían sido parejas de la víctima de autos, Sandra Yésica Rodríguez-, quedan excluídos como padres biológicos del menor Valentino Daniel Rodríguez.
Por su parte, en el informe de análisis comparativo de ADN realizado por el Dr. Juan Pablo Pilili, obrante a fs. 87/88, se analizaron las muestras genéticas del grupo humano compuesto por Valentino Daniel Rodríguez (hijo), Sandra Yésica Rodríguez (madre) y Héctor Daniel Rodríguez (padre alegado), y allí se concluyó: "En todas las comparaciones realizadas se observó la existencia de compatibilidad genética entre el material de RODRÍGUEZ VALENTINO DANIEL y RODRÍGUEZ HÉCTOR DANIEL, de acuerdo a lo que se espera para un vínculo padre/hijo. Por lo tanto, NO PUEDE EXCLUIRSE a RODRÍGUEZ HÉCTOR DANIEL como posible padre de RODRÍGUEZ VALENTINO DANIEL. Los cálculos realizados sobre la base de los resultados obtenidos indican una PROBABILIDAD DE PATERNIDAD (W) estimada de 99,9999996 % y un ÍNDICE DE PATERNIDAD (IP) estimado del orden de 300 x 10.6 (trescientos millones). Esto significa que los resultados observados sin 300 x 10.6 (trescientos millones) veces más probables si RODRÍGUEZ HÉCTOR DANIEL es el padre biológico de RODRÍGUEZ VALENTINO DANIEL, tomando como hipótesis alternativa que el padre sea otro individuo no relacionado al imputado, tomada al azar de la población de referencia". Dichas conclusiones fortalecen las manifestaciones de la víctima brindadas en el debate sobre la materialidad infraccionaria en los hechos, como la autoría en los mismos, atento acreditarse científicamente la paternidad de su propio padre respecto de su hijo, lo que indefectiblemente determina el acaecimiento de los múltiples abusos que ha sufrido Sandra Yésica Rodríguez en manos del aquí imputado.
Por último, valoro también la pericia psicológica de fs. 89/90 practicada por la Lic. Ayelén Eugenia Rodríguez -perito psicóloga de la Asesoría Pericial Departamental-, sobre Sandra Yésica Rodríguez, de la cual surge que: "Se detectaron factores de riesgo evidentes de un patrón de vivencias cíclicas, combinadas y extendidas en el tiempo, compatibles con violencias basadas en el género psicológica, física, económica, simbólica y sexual: violencia de género en la historia familiar; incremento del espíritu de violencias con limitación en la toma de decisiones y sentimientos de devaluación y atrapamiento; precarización de recursos laborales, sociales, económicos y de apoyo familiar, intentos de romper el silencio o denuncia con recrudecimiento del conflicto por parte del agresor ... Se evidencian indicadores clínicos de malestar y deterioro en la calidad de vida, en sus relaciones afectivas, en su rendimiento laboral, en la percepción de si misma y su desempeño: malestar psicológico general; aislamiento en el patrón de vínculos afectivos, familiares y sociales,; excesivo apego en los vínculos íntimos, desinterés en las actividades diarias, irritabilidad, trastornos del sueño; dependencia con el agresor (co-dependencia emocional) con naturalización de las violencias como una forma de vida; respuestas de estrés cuando es atacada. Estos indicadores permiten determinar aún un riesgo alto de exposición a la violencia. Se trata de un estrés crónico que configura un grave daño psíquico".
Lo hasta aquí analizado -reitero, más allá de no haber contradictorio sobre el punto- me otorga prueba directa -testimonio de Sandra Yésica Rodríguez- e indirecta -testimonios de su madre, padrastro y prima-, prueba pericial -cotejo de ADN y pericia psicológica sobre la víctima-, más indicios unívocos y contundentes que brotan de cada uno de los elementos ponderados, para tener por acreditada con la certeza que esta etapa requiere la plataforma fáctica de los hechos del modo recreados como la responsabilidad en cabeza del aquí imputado Héctor Daniel Rodríguez, fuera de toda duda razonable.
En definitiva, la evidencia reseñada impide conjeturar una supuesta fabulación por parte de la víctima en cada uno de los hechos, reforzando su relato en cuanto a espontaneidad y seguridad sobre la manera de narrar lo sucedido respecto a los abusos sexuales sufridos en manos de su padre. Todo ello, en línea con los frondosos elementos de cargo que he analizado y que han sido valorados anteriormente.
Vale recordar que estos hechos son cometidos mayoritariamente en el ámbito privado (sólo repásese las características de los hechos presentes), por ende, entre otros indicios, corresponde dar fiabilidad a los dichos de las víctimas, sumando en el caso los diversos testimonios indirectos arrimados al debate que dan vivencia de un ataque sexual hacia su persona (en igual sintonía, C.S.J.N. sent. del 15/7/17 “Vera”, entre otras). Finalmente, el dolo directo en el accionar realizado por el aquí imputado deviene incuestionable y surge de la prueba analizada ut supra, de la cual se desprende el conocimiento por parte del imputado –como cualquier ciudadano sobre la ilegalidad de este tipo de ataques sexuales- de las conductas prohibidas que llevaba adelante Por ello considero que la respuesta a esta Primera Cuestión debe ser afirmativa por ser mi sincera y razonada convicción (arts. 45 del C.P.; 106, 209, 210, 371 inc. 1° y 2°, y 373 del C.P.P.).
A la misma cuestión planteada el Sr. Juez, Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
Con la salvedad que luego se hará en la sentencia y en resguardo al principio de congruencia, en atención al contenido de la declaración oral realizada por la víctima, el resultado del ADN, la restante prueba periférica que acompaña la versión de cargo y el allanamiento realizado por la defensa, adhiero en lo sustancial al voto que antecede y me expido por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, la Sra. Jueza, Dra. Cecilia Inés Sanucci, dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto de mi colega que abre el acuerdo, compartiendo las consideraciones del voto preopinante al mío tanto en la salvedad que se hará en resguardo al principio de congruencia como en el modo de valorar la prueba producida e incorporada al debate en el caso, por ser mi razonada convicción, votando en consecuencia por la afirmativa. Cuestión Segunda: ¿Proceden en el caso de autos eximentes de responsabilidad?
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez, Dr. Hernán Javier Decastelli, dijo:
No habiéndose comprobado ni alegado eximentes de ningún tipo, considero que la respuesta a esta segunda cuestión debe ser negativa, por ser mi sincera y razonada convicción (arts. 210, 371 inc. 3° y 373 del C.P.P.).
A la misma Segunda cuestión planteada el señor Juez, Dr. Ramiro Fernández Lorenzo, dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por mi colega preopinante y a esta cuestión, voto por la negativa, por ser mi sincera y razonada convicción.
A la misma cuestión planteada la Sra. Jueza, Dra. Cecilia Inés Sanucci, dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por mi colega que abre el acuerdo y a esta cuestión, voto por la negativa.
Cuestión Tercera: ¿Se han verificado atenuantes?
A la tercera cuestión planteada el Sr. Juez, Dr. Hernán Javier Decastelli, dijo:
El representante del Ministerio Público Fiscal ha peticionado que se valore como factor minorante la carencia de antecedentes penales del imputado. Por su lado, la defensa, nada ha adicionado.
En ese sentido, he de receptar la carencia de antecedentes condenatorios como factor disminuyente de la pena.
En tal sentido, tengo dicho que el art. 41 del texto sustantivo expresamente instaura que al momento de mensurar la sanción a imponer deberá tenerse en cuenta, entre otros factores, a “la conducta precedente del sujeto”.
Así, la ausencia de antecedentes penales y la condición de primario del encartado configuran esa conducta precedente establecida en la ley que, en el caso, vislumbra la ejemplaridad de la conducta de Héctor Daniel Rodríguez.
De allí, estos componentes, son los que me inclinan a concluir que la circunstancia solicitada sea ponderada en los términos del art. 41 del C.P. como elemento diminuente.
En lo demás, mayor sustento otorga a esta decisión el hecho de que nuestra ley permite computar como agravante en contra del procesado a las condenas anteriores que posea, las que también podrían resultar computables a los fines de la reincidencia (arts. 41 y 50 del C.P.). En esa línea, si se puede valorar en contra del imputado sus múltiples antecedentes penales no existe motivo para que no se puedan valorar a su favor la carencia de tales.
Por ello considero, que la respuesta a esta Tercera Cuestión debe ser afirmativa, por ser mi sincera y razonada convicción (arts. 40 y 41 del C.P.; 106, 210, 371 inc. 4° y 373 del C.P.P.).
A la misma cuestión planteada el Sr. Juez, Dr. Ramiro Fernández Lorenzo, dijo:
La jurisprudencia de los Tribunales Superiores acepta -por lo general- el tipo de atenuante requerida, por esa razón y más allá del peso específico que luego sera momento de sopesar, voto por la afirmativa. A la misma cuestión planteada la Sra. Jueza, Dra. Cecilia Inés Sanucci, dijo:
Adhiero a la ponderación de la atenuante de la inexistencia de antecedentes penales condenatorios por el fundamento -ya esgrimido en anteriores casos- sobre que dicha circunstancia puede ser valorada dentro de la pauta que suministra la ley de la “conducta precedente del sujeto” (Art. 41 inc. 2 del C.P.y conforme doctrina de este Tribunal vertida en las causas N° 798/5257 seguida a PABLO DANIEL PILLERA e ISIDORO NICOLÁS MODOLO y 3483/5431 seguida a LUCAS GERMÁN FLAMENCO, entre otras). Ello, sin perjuicio de la relativa entidad que a mi juicio debe asignarse a dicha circunstancia a los fines de disminuír la pena lo que será valorado en su oportunidad, y por ende, a esta cuestión voto por la afirmativa con el alcance expuesto.-.
Cuestión Cuarta: ¿Concurren agravantes?
A la cuarta cuestión planteada el Sr. Juez, Dr. Hernán Javier Decastelli, dijo:
El Ministerio Público Fiscal propuso que se valore como circunstancia agravante la edad de la víctima al momento de los hechos, el vínculo que poseía el imputado con la misma, el embarazo causado y las enfermedades que acarrearon en el hijo de la víctima, producto de la relación incestuosa. La Defensa, por su parte, no ha cuestionado ningún factor.
En tren de decidir, acompañaré al acusador público sólo parcialmente.
a) Así, no puedo compartir la ponderación como severizante de la corta edad de la víctima al momento de la comisión o comienzo de ejecución de los presentes sucesos, puesto que más allá de la calificación que ha postulado el señor Fiscal -la cual abordaré en argumentos más abajo- de una simple lectura de la declaración prestada por la víctima en el debate surge claramente que la misma poseía 13 o más años cumplidos (nótese que nació en 1987) al inicio de estas aberrantes conductas, lo que permite concluir que no se ha configurado un mayor reproche o plus en la penalidad tal como sería el caso de un niño/a muy pequeño (5, 6, 7 años) alejado de la pubertad. Reitero en el presente, la circunstancia peticionada sin duda se encuentra en el límite o fuera del tope máximo de edad establecido para reprochar la conducta del art. 119, tercer párrafo, del Código Penal. b) Tampoco procede el factor basado en el vínculo familiar que poseía el imputado con la víctima, atento que el mismo ya se encuentra subsumido dentro del tipo penal a excogitar -el cual será abordado al tratar la cuestión referente a la calificación legal-. Lo contrario, me haría incurrir en una doble valoración de una misma circunstancia en perjuicio del imputado, tanto a los fines calificatorios como a los de construcción de la pena, en franca contradicción con la garantía constitucional del ne bis in idem (art. 18, CN).
c) Sí he de coincidir con el representante del Ministerio Público en la ponderación como severizante del embarazo causado a raíz de los abusos perpetrados. Tal situación ha generado en la victima una extensión del daño por el hecho cometido, que produjo mayores consecuencias y perjuicios, que perduran a la actualidad con su negativa a tener más hijos y el ocultamiento a R.V.D. de su verdadero parentesco y relación con el imputado.
d) Finalmente, debe ser rechazado como agravante los problemas de salud que posee el hijo de la víctima fruto de la relación incestuosa pues, más allá de los dichos de la víctima, no obra en las actuaciones ni ha sido traído al debate prueba alguna que acredite fehacientemente las enfermedades mencionadas del menor.
Por ello consideró que la respuesta a esta Cuarta Cuestión debe ser afirmativa, por ser mi sincera y razonada convicción (arts. 40 y 41 del C.P.; 210, 371 inc. 5° y 373 del C.P.P.).
A la misma cuestión planteada el Sr. Juez, Dr. Ramiro Fernández Lorenzo, dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por mi colega y, en relación a la agravante planteada en el punto "d", agrego que tampoco se ha probado ni alegado sobre la relación de causalidad. Con ese alcance, voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada la Sra. Jueza, Dra. Cecilia Inés Sanucci, dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por mi colega que abre el acuerdo en lo atinente a la decisión de no ponderar como agravantes a la edad de la víctima detentada al momento de la comisión de los primeros hechos y al vínculo entre imputado y víctima.
Adhiero también a los fundamentos del primer voto por los que se pondera como agravante la extensión del daño causado evidenciado en el caso por el embarazo no deseado provocado en la víctima a raíz de los abusos.
Con relación a la agravante ponderada del punto d) adhiero a los fundamentos del primer voto y también al fundamento de mi colega preopinante para valorarla en el mismo sentido, y a esta cuestión, voto por la afirmativa con el alcance expuesto..
V E R E D I CT O
Por ello, atento a lo que resulta de la votación de las cuestiones precedentes, el Tribunal RESUELVE pronunciar VEREDICTO CONDENATORIO respecto de HÉCTOR DANIEL RODRÍGUEZ -de las restantes circunstancias personales obrantes en autos- en orden a los sucesos acaecidos desde el año 2002 hasta el año 2014, en el domicilio de calle 71 nro. 511 entre 126 y 127 de la ciudad de Berisso, en perjuicio de la integridad sexual de Sandra Yesica Rodríguez, acreditados al dar tratamiento a la primera cuestión (art. 371 del C.P.P.).
La Plata, 8 de noviembre de 2024.
Conforme a lo resuelto en el veredicto que se ha dado en autos y lo dispuesto en el artículo 375 del Código Procesal Penal, corresponde plantear y votar las siguientes:
Cuestión Primera: ¿Cómo deben adecuarse los hechos cuya culpabilidad se ha acreditado en el veredicto?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez, Dr. Hernán Javier Decastelli, dijo:
Si bien el señor Agente Fiscal al esbozar su teoría del caso ha imputado a Héctor Daniel Rodríguez los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por resultar un grave daño en la salud física o mental de la víctima en concurso real con corrupción de menores doblemente calificada por ser la víctima menor de trece años y por ser conviviente -varios hechos-, posteriormente, al momento de realizar sus alegatos finales perfeccionó la acusación con menor gravedad al entender que no existió una concurrencia de varios hechos en la secuencia fáctica del caso sino que se reducía a un delito continuado.
Con ese devenir debo realizar ciertas consideraciones en cuanto al encuadre legal a determinar.
i. Sin perjuicio que la pretensión fiscal me otorga un límite y me prohíbe una mayor imputación en perjuicio del inculpado, entiendo que los abusos sexuales con acceso carnal que padeció Sandra Yesica Rodríguez han sido múltiples. Clara fue la víctima al momento de su declaración en juicio respecto a cuándo habían iniciado y cuándo concluido aquellos, pudiendo determinar fehacientemente con exactitud temporal que los abusos con penetración se desarrollaron desde sus 13 años hasta sus 25 años y dos o tres veces por semana, o con más frecuencia según el deseo del imputado.
En esa razón, pudiéndose acreditar en el caso múltiples afecciones a la intimidad, con un comienzo y un fin específico durante todos esos años, entiendo que cada una de esas conductas se encuentran circunscriptas y realizadas temporalmente de manera autónoma. Uno por uno de esos ataques a la integridad sexual configuran conductas independientes que acaecieron sistemáticamente desde su niñez hasta su adultez, lo que indefectiblemente deben concurrir en forma material bajo la modalidad prescripta en el art. 55 del Código Penal, y no como una delito o acción delictiva continuada.
En sintonía, se ha pronunciado reconocida doctrina y jurisprudencia de la S.C.B.A (v. P. 129.377 “V.J.M. s/recurso de inaplicabilidad de ley”, 12/12/2018), al determinar en casos similares que las múltiples afecciones a la intimidad en las cuales se puede determinar con exactitud su inicio y finalización temporal deben ser tomado como delitos autónomos y concurrir de modo real. Es decir, no hay resolución criminal única.
Así, se estableció que: “…variadas las voces que ante ofensas a bienes jurídicos calificados como "eminente o altamente personales" (höchstpersönliche Rechtsgüter) niegan la posibilidad de que la aplicación del delito continuado permita abarcar el desvalor total de la conducta realizada por el autor, en la idea de que el menoscabo seriado del mismo bien jurídico compromete en tales hipótesis intereses de la persona relacionados de forma íntima con la "dignidad humana y su indemnidad".
Por ello es que en tales supuestos, se exige que deban ser valorados, protegidos y sancionados de forma especial e individual por el derecho penal, pues su afectación es irreversible a su estado original tras culminar el ataque antijurídico” (v. Posada Maya Ricardo; Delito continuado y concurso de delitos, Editorial Ibáñez, Bogotá, 2012, págs. 512/513)
Resta adunar, a los fines de evitar contradicciones, que distintas son las situaciones en las cuales los hechos erróneamente llegan a juicio bajo un requerimiento fiscal de imputación por un solo delito, el cual se presenta de modo continuado, y el acusador público a los fines de no poner el riesgo el principio de congruencia no lo agrava -en perjuicio del imputado- al momento de perfeccionar la acusación. Más, este caso es diferente. Llega ya requerido bajo la modalidad de varios hechos y en los alegatos finales se perfecciona de modo menos gravoso.
Por ende, si bien estimo que la cantidad de hechos relatados por la victima debieron concurrir materialmente, la acusación fiscal por un único delito continuado me limita a mutar in pejus contra el imputado.
ii. Continuando con el análisis del encuadre jurídico de los hechos, no caben dudas, y tampoco fue puesto en tela de juicio por la defensa, que los abusos fueron con acceso carnal y agravados por el vínculo (art. 119 cuarto párrafo inc. b en su remisión al tercer párrafo del C.P.). Basta con hacer una lectura de la declaración de la víctima prestada en debate y un análisis del informe pericial comparativo de ADN de fs. 86/88 vta. -incorporado por lectura- para concluir que la penetración fue realizada por el padre de la víctima y que fruto de esa incestuosa relación nació el menor R.V.D., lo que configura un accionar que excede el tipo penal básico y debe encuadrarse bajo los parámetros del tercer párrafo del art. 119 del C.P. Por otro lado, encuentro agravado el abuso en los términos del inc. a del cuarto párrafo del art. 119 del texto sustantivo. En el presente se ha configurado un daño superior en la victima al ya contenido -y tenido en miras por el legislador-, al momento de sancionar la norma bajo estudio. Ese plus grave que exige la agravante surge de los propios dichos de la víctima y de la pericia psicológica de fs. 89/90 -incorporada por lectura- que determina que debido a los padecimientos presenta "... incremento del espíritu de violencias con limitación en la toma de decisiones y sentimientos de devaluación y atrapamiento; precarización de recursos laborales, sociales, económicos y de apoyo familiar, intentos de romper el silencio o denuncia con recrudecimiento del conflicto por parte del agresor ... Se evidencian indicadores clínicos de malestar y deterioro en la calidad de vida, en sus relaciones afectivas, en su rendimiento laboral, en la percepción de si misma y su desempeño: malestar psicológico general; aislamiento en el patrón de vínculos afectivos, familiares y sociales,; excesivo apego en los vínculos íntimos, desinterés en las actividades diarias, irritabilidad, trastornos del sueño; dependencia con el agresor (co-dependencia emocional) con naturalización de las violencias como una forma de vida; respuestas de estrés cuando es atacada ... Se trata de un estrés crónico que configura un grave daño psíquico".
Así, a los innumerables traumas que genera ser víctima de un abuso en manos de un propio padre se le suma el exceso en el daño que exige la norma, pues se configura en el presente una afección psiquiátricamente irreversible, con cierto grado de perdurabilidad en el tiempo y con secuelas que importan una grave alteridad de su normal psiquismo, circunstancia que se ha probado más allá del propio que contiene la norma del art. 119, segundo párrafo del Código Penal.
En consonancia con lo dicho, Edgardo Alberto Donna señala en su libro de “Delitos Contra la Integridad Sexual” (Editorial Rubinzal-Culzoni, 2000, Buenos Aires, pag.82) que debe entenderse como grave daño a la salud mental de la víctima el trauma inmediato que tiene el sujeto pasivo, el cual se traduce en problemas graves de conducta.
iii. En relación a la corrupción de menores peticionada por la acusación, encuentro la misma viable atento que la conducta descripta por la fiscalía -y probada en el veredicto- determinaron actos prematuros hacia la víctima.
En ese sentido, ha expuesto aquella que los actos aberrantes de abuso se iniciaron al cumplir sus 13 años, con su menarca, y se prolongaron constantemente cada dos o tres días hasta sus 25 años, momento en el cual quedó embarazada. Expuso que el imputado la celaba, no la dejaba salir, la encerraba, la trataba como si fuera su pareja. Agregó, que la amenazaba respecto a que si contaba algo de lo sucedido iba a ventilar algunos videos que poseía manteniendo relaciones sexuales con ella. Ese accionar del imputado resultó idóneo para determinar un estado de corrupción por ser actos prematuros que pudieron determinar a la víctima a corromperse, pues comenzaron cuando tenían una corta edad y se extendieron en el tiempo, momento en el cual la menor, al iniciarse, no tenía la experiencia ni la capacidad para vislumbrar el acto sexual en sí. Menos aún, para quedar embarazada y hacerse cargo –bajo ese contexto- de un niño que era hijo de su propio padre. Incomprensible situación en un estado normal de las cosas.
En lo demás, el tipo penal bajo tratamiento comprende aquellas acciones que sean capaces de dejar una impronta en el psiquismo de la víctima, torciendo el sentido natural, biológico y regular de la sexualidad, no siendo necesario que tales prácticas logren de manera efectiva esos fines; es decir, que efectivamente la corrompan o depraven ya que la corrupción es un delito de peligro que no requiere demostrar que se la ha corrompido efectivamente.
Reitero, la niña no detentaba edad para comprender esos actos incestuosos a la hora de sufrir los abusos y menos quedar embarazada de su propio padre, lo cual resultó idóneo para objetivamente corromperla, pues su calidad y durabilidad pudieron determinar por sí mismos actos que a futuro desvíen el normal desarrollo de la sexualidad.
iv. La agravante del art. 125 tercer párrafo del Código Penal procede puesto que de la prueba rendida en la oralidad más la incorporada por su lectura ha quedado por demás acreditada la convivencia del imputado con su hija.
No procede, en cambio, la agravante de la corrupción basada en que la menor poseía menos de 13 años (art. 125 segundo párrafo del C.P.), puesto que la propia víctima relato que los abusos tuvieron inicio a sus trece años.
v. Me distancio con la acusación en cuanto al modo en que se vincula la figura del abuso con la corrupción, pues en mi entender concurren de modo ideal y no real como propone la fiscalía.
En mi consideración la corrupción se promovió y facilitó mientras se sometía sexualmente a la víctima, es decir, de modo concomitante a ello. Cada uno de los ataques sexuales con los actos corrompedores de la sexualidad contra la víctima no configuraron accionares delictivos independientes en tanto que se dieron en las mismas circunstancias de tiempo y lugar de perpetración.
En definitiva, entiendo que debe primar la aplicación de la manda del art. 54 del texto sustantivo.
Por todo ello, y volviendo a reiterar la limitación dada por la acusación fiscal -salvo en aquellos extremos que se mutaron en beneficio del imputado-, la calificación legal en que corresponde subsumir típicamente los hechos es la de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO POR EL VÍNCULO Y POR RESULTAR UN GRAVE DAÑO EN LA SALUD MENTAL DE LA VICTIMA, EN CONCURSO IDEAL CON CORRUPCION DE MENORES AGRAVADA POR SER EL AUTOR PERSONA CONVIVIENTE (delito continuado -dejando a salvo mi criterio-), en los términos de los arts. 54, 119 cuarto párrafo inc. a) y b), en su remisión al tercer párrafo, y 125 tercer párrafo, todos del Código Penal. Así lo voto, por ser mi sincera y razonada convicción (arts. 54, 119 cuarto párrafo inc. a) y b), en su remisión al tercer párrafo, y 125 tercer párrafo, todos del Código Penal; 375 inc. 1 del C.P.P.). A la misma cuestión planteada, el Sr. Juez, Dr. Ramiro Fernández Lorenzo, dijo:
i. Que la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (CSJN, Fallos: 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557, entre muchos otros). Que, en este sentido, cabe apuntar que “la acusación constituye un bloque indisoluble que se perfecciona en dos momentos procesales distintos: el requerimiento de elevación a juicio, que habilita la jurisdicción del tribunal para abrir el debate y el alegato fiscal solicitando condena, que habilita la jurisdicción del tribunal a fallar” (CSJN, in re “Quiroga”, voto del Juez Zaffaroni, considerando 14°).
Que, posteriormente, la Corte Federal ha acentuado la regla que determina que el alegato de cierre ciñe definitivamente la pretensión fiscal (cfr. CSJN in re “Delgado”, rta. el 18/06/2013, considerando 1°). Que, a partir de la doctrina delineada y de una comprensión correcta del derecho de defensa, se desprende que el objeto del juicio y el límite de la jurisdicción queda circunscripto al escrito acusatorio de requerimiento de citación a juicio, el cual no puede alterarse salvo que concurran los presupuestos para habilitar la ampliación durante el debate (art. 359 y 374 párr. 6to., CPPBA). De todas formas, y no obstante la apertura del juicio provocado por el requerimiento acusatorio respectivo, la jurisdicción queda circunscripta a la medida en que la acusación se haya perfeccionado en el alegato de cierre, momento en el cual -reitero con palabras de la Cortequeda ceñida definitivamente la pretensión fiscal (cf. arts. 368 párr. 8vo. y 374 párr. 6to., CPPBA). Vista así la cuestión, la jurisdicción queda limitada a la pretensión final esbozada por el acusador en el alegato de cierre, la cual viene limitada de antemano por el requerimiento acusatorio de elevación a juicio o -en su caso- por la ampliación formulada en debate y habilitada formalmente. Esto significa, vale insistir, que el alcance del alegato de clausura realizado por el acusador tiene la capacidad de afinar la acusación y restringir en mayor medida la jurisdicción que ya viene limitada a la imputación formulada en el requerimiento de elevación a juicio; sin embargo, le está vedado al acusador amplificar su acusación durante su alegato final, si previamente no activó el procedimiento ideado a tal fin, pues en este caso la defensa no tendría una oportunidad eficaz para controvertirla, dado que el período probatorio finaliza antes de los alegatos. Lógicamente, tal límite no impide la consideración de cargos menores incluidos en la acusación, lo que se resuelve con ayuda de las reglas del concurso aparente de tipos del derecho material.
ii. Todo ello, viene a cuento a tenor que, en el presente caso, en el requerimiento de elevación a juicio la Fiscalía imputó varios hechos de abuso sexual con acceso carnal: “…que desde el año 2002 hasta el año 2014, en el domicilio de calle…, una persona de sexo masculino, accedió carnalmente [a] su hija…, en reiteradas oportunidades, por vía vaginal, mediante amenazas y tocamientos inverecundos en su cuerpo con el pene erecto”, tan es así que “[p]roducto de tales abusos, dio a luz un niño, R.V.D. en el año 2014, lo que causó un grave daño en su salud física y mental, y facilitando con tales abusos, su corrupción en virtud del inicio sexual prematuro de la misma” (cf. requerimiento cit., pág. 2 [el subrayado es propio]), sumado a que dicha plataforma tuvo eco en los cargos atribuidos, ya que se atribuyeron los siguientes delitos: “[a]buso sexual calificado por el vínculo y por resultar un grave daño en la salud física o mental de la víctima, en concurso real con [c]orrupción de [m]enores [d]oblemente [c]alificada por ser la víctima menor de trece años y por ser conviviente –[v]arios [h]echos–, en los términos del 119 cuarto párrafo en relación al tercer párrafo, en su remisión al inc. b y f, 125 segundo y tercer párrafo y 55 del Código Penal” (cf. requerimiento cit., pp. 3/4 [el subrayado es propio]); incluso, en la fundamentación, se lee: “En relación a la cantidad de hechos atribuidos, debo dejar aclarado que ello obedece a la multiplicidad de hechos denunciados, sin que la víctima pueda precisar una cantidad exacta, pero s[í] circunscribirlo en años” (Ibid., p. 4). Sin embargo, al momento de formular su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal, introdujo la noción de delito continuado y, en lo que respecta a los hechos de abuso sexual propiamente dichos, limitó la jurisdicción del Tribunal a un único hecho bajo aquella modalidad.
El respeto irrestricto por principios constitucionales que hacen al debido proceso impide que el Tribunal falle ultra petita, no obstante, creo necesario realizar algunas consideraciones que, si bien a modo de obiter dictum, pueden ayudar a una correcta comprensión de la problemática referida a la noción de delito continuado y su aplicación a los delitos sexuales.
Más allá de los cuestionamientos realizados en torno a la construcción conceptual del delito continuado (cfr. ROXIN, PG, t. II, § 33, Nm. 256 ss.; JAKOBS, PG, 32/50), en el derecho alemán, tras el pronunciamiento de la Gran Sala, el BGH resolvió que para un elevado grupo de tipos penales no era posible apreciar la continuidad delictiva, entre los cuales se encontraban “los delitos sexuales” (cfr. ROXIN, PG, t. II, § 33, Nm. 263). En nuestro país, desde hace tiempo, se vienen levantando fuertes críticas contra la concepción que valora como unidad de acción diversos ataques sexuales sufridos por una misma persona (al respecto, SCBA, P. 129.377, rta. el 12/12/2018, voto de la Juez Kogan; DONNA, El individuo pensado como persona o como cosa, JA 2018-I).
Una sociedad que concibe al individuo como persona autónoma y que reconoce el valor de la dignidad como inherente a todo ser humano (arts. 3 y 5.2 in fine, CADH), sancionando toda injerencia arbitraria que constituya una arrogación sobre la libertad de administrar el propio cuerpo en la esfera de lo sexual (arts. 119 y ss., CP), no puede al mismo tiempo construir una noción de continuidad que erija en un único hecho delictivo múltiples abusos con acceso carnal, sufridos por una niña a lo largo de doce (12) años de su vida y que acontecieran -según su declaración- por lo menos tres veces por semana durante todos esos años.
Centrándonos en el tipo penal del abuso con acceso carnal (art. 119 párr. 3ro., CP), sin perjuicio de las dificultades interpretativas que al respecto puede presentar el tipo de abuso gravemente ultrajante -por su duración-, resulta elemental comprender la diferencia que existe entre “pluralidad de acciones” realizadas “en una sola ocasión” de la comisión de hechos independientes contra una misma persona. En efecto, si el abuso más grave que tipifica nuestro ordenamiento se consuma precisamente con el “acceso carnal” cualquiera sea el grado de penetración (cfr. por todos, DONNA, PE, t. I, 2011, p. 590), dado que en un mismo acto sexual pueden existir múltiples maniobras de penetración, es evidente que esa pluralidad de acciones realizadas en una sola ocasión deben ser valoradas como una unidad jurídica, al tratarse de diversos actos individuales que componen normativamente un único hecho disvalioso. Pero, cuando ya no se trata de una misma ocasión, sino que la penetración se reitera en un contexto diferenciado, como puede ser al otro año, al otro mes, a la otra semana, al otro día e incluso horas después, ya no puede hablarse del mismo hecho compuesto por pluralidad de acciones, sino de tantos hechos como accesos hayan existido, siempre que la separación natural entre uno y otro sea tal que permita valorar que el primer hecho ya ha fenecido y que, por tanto, el abuso siguiente es una agresión independiente que reclama aplicar la regla del concurso real (art. 55, CP).
Por ello, debe quedar en claro que el límite entre la concreción de un hecho y la ejecución de otro diferente está supeditado a una actividad valorativa que depende del sentido social de las conductas verificadas. Por supuesto que, en casos límites, siempre existirán dificultades para efectuar una correcta valoración, en cuyo caso la decisión quedará atada al rendimiento de la prueba y a las reglas que gobiernan los estándares de convicción, por un lado, y a un juicio de subsunción con estricta observancia del principio de legalidad, por el otro. Naturalmente, la existencia de ciertos casos problemáticos que pueden presentarse en la praxis no permite adoptar en esta materia, como solución generalizada y de compromiso, una unidad de acción cuando se trata de hechos claramente diferenciables entre sí. La construcción de una regla como tal, además de violar una disposición expresa de la ley sustantiva (art. 55, CP), degradaría a la persona a una condición instrumental, al centrar la mirada en un supuesto único designio del autor -en términos naturalísticos, su deseo de desahogarse sexualmente- y un cuerpo ajeno como objeto de satisfacción de ese deseo que es utilizado tantas veces como sea necesario para lograr la complacencia, soslayando que cada agresión diferente que sufre la víctima constituye una nueva arrogación al derecho de administrar su propio cuerpo. La dignidad es un atributo tan valioso que impide considerar como un único hecho múltiples accesos carnales ejecutados contra la misma persona, pero en diferentes ocasiones, “[s]alvo que se piense que, cada abuso sexual, sea una perla del collar del deseo del autor” (DONNA, El individuo considerado como persona… cit., p. 2).
iii. Está claro que dicha interpretación depende de cuestiones de carácter procesal. En primer término, el fiscal de juicio está atado a la acusación efectuada en el requerimiento acusatorio de elevación a juicio, de modo que, aun cuando pueda verificar un supuesto de concurso real claramente definido, no podría multiplicar los hechos durante el curso del debate, ya que no se configuraría un supuesto susceptible de ampliación; en todo caso, en estos casos, el yerro en la formulación de la acusación lo asume el Estado. En segundo término, obviamente, está limitado por el rendimiento de la prueba, en ocasiones frente a víctimas menores de edad, se hace difícil poder deslindar conductas claramente independientes, a partir de relatos que no expresan la información suficiente a tal fin. Finalmente, se da el caso de relatos que exponen múltiples agresiones sexuales homogéneas, pero que carecen de la precisión para poder ubicar adecuadamente cada una de ellas en tiempo y espacio, generando dificultades para poder formular una imputación clara, precisa y circunstanciada como manda la ley procesal; aquí, en aras de evitar acusaciones y/o sentencias indeterminadas, parece plausible la solución que cierta doctrina calificada ha dado al tema, en el sentido de que sería “lícito verificar el concurso material de hechos punibles, pero nunca condenar por más de dos de ellos o, en su caso, por uno más de los definidos circunstanciadamente” (MAIER, DPP, t. I, 2004, p. 577).
Lógicamente, en lo que respecta al órgano jurisdiccional, el límite ya viene impuesto por la acusación que se perfecciona en el alegato, tal como sucede en el presente caso.
iv. El problema que aquí se verifica, y que no puedo dejar de remarcar, es que el Ministerio Público Fiscal ya contaba con una acusación que le daba una amplitud suficiente para requerir una condena por hechos independientes de abuso sexual con acceso carnal agravados. Tan es así que, incluso, la prueba rendía al efecto, si partimos que únicamente se produjo la declaración de la víctima y que contó que fue accedida carnalmente por su padre durante doce (12) años de su vida, por lo menos tres veces por semana y que, producto de ello, quedó embarazada y dio a luz a un hijo que todavía no sabe quién es su padre. De esta forma, frente a la cantidad de abusos sufridos, hubiese bastado para darle suficiente determinación a la acusación, perfeccionarla imputando doce abusos con acceso carnal independientes -llegando a una escala limitada por el tope legal-, esto es, uno por año, lo que hubiese sido sencillo de circunstanciar si se ahondaba en el examen directo. De hecho, al contar con el ADN que verificaba la paternidad del imputado y siendo que ese abuso se produjo avanzada su mayoría de edad, no se observa de antemano dificultad alguna para delinear otros abusos ocurridos con anterioridad, por ejemplo, el inicial y algunos más sucedidos a lo largo de todo ese tiempo y que la víctima estaba en condiciones de precisar. Esta concesión explica el allanamiento que hizo la defensa.
v. Por ello, sobre la base del respeto irrestricto por la garantía implícita del art. 18 de la Constitución Nacional, no tengo otra salida que limitarme a los términos de la acusación perfeccionada en el alegato de clausura, con la precisión de la agravante que venía indeterminada, de modo que sobre los fundamentos que la sostienen, adhiero en lo sustancial al voto precedente.
A la misma cuestión planteada, la Sra. Jueza, Dra. Cecilia Inés Sanucci, dijo:
Adhiero, en lo esencial, a los medulosos fundamentos de mi colega que expone el primer voto, con las siguientes salvedades.
Me separo en la consideración del carácter incestuoso de la relación para fundar la comisión de los abusos y/o la entidad corruptora de las acciones endilgadas al imputado, porque entiendo que, por más aberrante que nos parezcan este tipo de situaciones, desde siempre y especialmente a la luz del actual bien jurídico protegido por el título del Código Penal que recepta esta clase de delitos ("Delitos contra la integridad sexual" - reforma de la ley 25087), las mismas deben ser justificadas como lo especifica autorizada dogmática en argumentos que dejen de lado la consideración de ideas que apelen a consideraciones morales.(En este sentido Sebastián Soler en su "Derecho Penal Argentino"- Editorial Tea-Tomo III-& 98- página 330 y sig. y era también la opinión de Nuñez en su obra "Derecho Penal Argentino"- Tomo III página 342).
Lo relevante a fin de enmarcar la conducta en los tipos de abuso se relaciona con situaciones en las que se afecta la libertad sexual de la víctima por la falta de consentimiento prestado por el sujeto pasivo o porque ese consentimiento está viciado por los medios o las situaciones previstas en el art. 119 del CPP, lo que en el caso se ha verificado a la luz del relato de la víctima. La misma declaró que fue obligada a mantener relaciones sexuales por su progenitor con el que convivía cuando se verificaran los hechos, que la sometía a través de la modalidad de penetrarla por la vagina, lo que ocurriera desde que tuviera trece años hasta que quedara embarazada siendo mayor de edad, por el tiempo de varios años, habiendo usado el imputado como medio para perpetrar esos abusos la violencia física, hostigamientos, amenazas y constantes ataques a su libertad, entre ellos el encerramiento.
Aclaro que limita mi jurisdicción la imputación fiscal y que en aras de ser respetuosa del debido proceso en este caso no puedo exceder el objeto procesal que me toca decidir, pero dejo a salvo mi opinión sobre que la evidencia que he tenido a la vista en el debate ha dejado en claro que la víctima sufrió acciones por parte del imputado que se han escindido de la privación a la libertad física usada como medio para lograr los abusos y la conducta corruptora imputadas, lo que debería encausarse hacia una nueva investigación en mi opinión por la posible comisión de otros delitos de acción pública, en función especialmente de lo relatado por la damnificada sobre que era dejada encerrada con su madre por el imputado en una habitación con un tarro para hacer sus necesidades fisiológicas, erigiéndose en un nuevo hecho que surgiera nítidamente del debate.
Tampoco se puede apoyar la entidad de las conductas corruptoras en una situación de depravación que es deformadora de la salud sexual por razones que estriban en lo moral, sino que el análisis debe hacerse desde un razonamiento que determine que las acciones del imputado sean idóneas para deformar un sentido sano y regular de la sexualidad en la víctima. En el caso se ha verificado a mi juicio la entidad corruptora de los actos a los que se sometiera a la víctima, en base a la evidencia rendida, no sólo por lo prematuros cuando se iniciaran las agresiones sexuales a las que fuera expuesta de modo precoz, en una edad en la que no tenía madurez ni experiencia para comprender el verdadero alcance de ser sometida a esa práctica ni mucho menos las consecuencias que las mismas podían acarrear; sino también por la modalidad que alcanzaran estos actos cuando era menor de edad y aún cuando fuera mayor, que han sido perversos al ser reiterados del modo en que lo fueran (dos, tres veces por semana, a veces más como dijera la víctima), mortificando a la damnificada casi a diario a lo largo de muchos años para que realizara las prácticas sexuales a las que fuera obligada, manipulándola psicológicamente según sus propios dichos. Todo ello ha sido idóneo para depravar la sexualidad de la víctima, tal como lo apuntara la Fiscalía.
Adhiero también a los fundamentos de mis colegas vertidos para explicar por qué, aunque somos de opinión que se ha verificado un supuesto de un concurso real de abusos en el juicio, no podemos fallar más allá de la pretensión fiscal que readecuara en este caso el objeto procesal a juzgar en la figura de un delito continuado, argumentos a los que remito en honor a la brevedad.
Acuerdo con el voto del Dr. Fernández Lorenzo que la Fiscalía tenía una acusación formal que enmarcaba los hechos en la figura de un concurso real de abusos agravados por haber sido cometidos con acceso carnal que se erigieron en hechos independientes, y que la evidencia rendida en el juicio así lo evidenció. Sobre eso, salvo también mi opinión personal.
Con este alcance y por estos fundamentos, así lo voto.
Cuestión Segunda: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez, Dr. Hernán Javier Decastelli, dijo:
El Ministerio Público Fiscal ha solicitado la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas, para el imputado Héctor Daniel Rodríguez en función de la imputación formulada, mientras que la Defensa se allanó a dicha sanción.
En ese devenir, y en virtud de lo expuesto líneas más arriba, entiendo que la gravedad de los hechos imputados conlleva, y es merecedor, de la imposición de una pena superior. Tal ha sido mi criterio en el Tribunal que integro en hechos de igual o menor magnitud (v. a esos fines sent. TOC 1 causa nro. 177/4358 “Puig”, causa 2835/5382 “Cabrera y Argañaraz”, e/o). De haber concurrido los hechos de modo real, -y no como un suceso continuado- esto hubiera sido posible. Más aún, siguiendo el criterio del fiscal en cuanto a que el hecho era continuo y concurría materialmente con la corrupción, también se podría haber elevado al máximo la pretensión punitiva atento, reitero, encontrarnos ante un caso de máxima gravedad.
No obstante, el pedido del fiscal fue de 15 años de prisión y, de ese modo, me limita.
Por ende, y con ese piso de marcha, teniendo en cuenta las pautas dosificadoras valoradas al tratar las cuestiones tercera y cuarta del veredicto que antecede, conforme los contenidos de los arts. 40 y 41 del digesto sustantivo, estimo justo aplicar al imputado HECTOR DANIEL RODRIGUEZ la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS.
Por último, encontrándose vigente la ley 26879 de creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, e incluso paralelamente la Ley 13.869 de la Provincia de Buenos Aires, firme que sea este pronunciamiento, corresponde la obtención de las muestras genéticas pertinentes a los fines de su registro.
Así lo voto, por ser mi sincera y razonada convicción (arts. 5, 12, 29 inc. 3°, 40, 41 y ccdtes. del C.P.; 210, 373 y 375 inc. 2º del C.P.P.). A la misma cuestión planteada, el Sr. Juez, Dr. Ramiro Fernández Lorenzo, dijo:
La medida de la pena ha de regirse por el grado de perturbación social generada por el hecho (JAKOBS, La pena estatal, p. 44), lo que, en concreto, alude principalmente al peso de la norma vulnerada y la medida de su vulneración, como a la responsabilidad del autor por su motivación para cometer el hecho, es decir, si esta es completamente asunto suyo, o, por el contrario, puede desgravarse parcialmente al respecto.
Sentado lo anterior, debe partirse de la idea que el marco punitivo legal suministra una escala de gravedad continua, dentro del cual habrá de clasificarse el supuesto concreto que nos ocupa. Lógicamente, el marco comprende la universalidad de casos posibles, de modo que, el tercio inferior estará reservado para los de mínima gravedad, el superior para los de máxima gravedad y el tercio restante –ubicado entre los otros y construyendo el enlace– para los casos regulares definidos normativamente. A partir de esta idea, teniendo presente que la única atenuante computada tiene un valor escaso, tratándose del deber de toda persona de comportarse como tal -la norma originaria del derecho abstracto de Hegel-, y dado que, más allá de las agravantes postuladas y acogidas, como el concurso de tipos existente, el Fiscal entendió que la sucesión de agresiones sexuales configuraban un único hecho bajo la modalidad de delito continuado, tampoco se comprende la razón por la cual no ubicó el quantum en el máximo legal, si precisamente esa continuación -ya criticadase extendió a lo largo de doce años, con una frecuencia de -por lo menostres veces semanales; dicho en otros términos: ¿que disvalor adicional falta para llegar al tope de la escala del tipo?
Por ello, rigiendo la prohibición de exceso jurisdiccional, no queda otra alternativa que imponer el monto pedido por el fiscal y no cuestionado por la defensa -con más las consecuencias inherentes, ora sustanciales, ora procedimentales-, con lo cual, en estos términos, coincido con la propuesta del voto que precede.
A la misma cuestión planteada la Sra. Jueza, Dra. Cecilia Inés Sanucci, dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el Dr. Fernández Lorenzo y, consecuentemente, voto en idéntico sentido.
POR ELLO, y de conformidad con los arts. 18 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución provincial; 5, 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 119 cuarto párrafo inc. a) y b), en su remisión al tercer párrafo, y 125 tercer párrafo, todos del Código Penal; 106, 209, 210, 371, 373, 375, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal, EL TRIBUNAL en causa nro. 7210,
I. CONDENAR a HECTOR DANIEL RODRIGUEZ -de las demás circunstancias personales obrantes en autos- a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO POR EL VINCULO Y POR RESULTAR UN GRAVE DAÑO EN LA SALUD MENTAL DE LA VICTIMA, EN CONCURSO IDEAL CON CORRUPCION DE MENORES AGRAVADA POR SER EL AUTOR PERSONA CONVIVIENTE (delito continuado), acaecidos desde el año 2002 hasta el año 2014, en el domicilio de calle 71 N° 511 entre 126 y 127 de la ciudad de Berisso, en perjuicio de la integridad sexual de Sandra Yésica Rodríguez.
II. Encontrándose vigente la ley 26.879 de creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, e incluso paralelamente la Ley 13.869 de la Provincia de Buenos Aires, firme que sea este pronunciamiento, corresponde la obtención de las muestras genéticas pertinentes a los fines de su registro.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE.
FIRME Y CONSENTIDA, CÚMPLASE con las leyes Nacional 22.117 y Provincial 4.474. PRACTÍQUESE cómputo del vencimiento de la pena impuesta y liquidación de las costas del proceso (arts. 500, 530, 531 y concs. CPP). COMUNÍQUESE al Servicio Penitenciario Provincial, adjuntando copia de la presente (art. 501 C.P.P.). PROCÉDASE a la carga en el RUD. FÓRMESE el correspondiente LEGAJO conforme Acuerdo 3688 SCJBA, el que se remitirá al Juzgado de Ejecución Penal Departamental que corresponda a los fines de artículo 25 del ritual, quedando a exclusiva disposición de su titular.
Ante mí:
Fin de la sentencia