Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2022-82094143-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 71/2022 respecto del capital reclamado, con costas.
2Condonar la multa y los intereses resarcitorios intimados en la Resolución N° 71/2022 por aplicación de la ley 27.743 y sus reglam. Costas por su orden.
3Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Corsan Corviam Construcción S.A. - Teximco S.A. - II UTE, en la suma de $ $936.816, equivalente a 13,58 UMA, por la representación procesal y $2.341.350, equivalente a 33,94 UMA, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida del Expediente, teniendo en cuenta el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-56582982-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 27 de Mayo de 2025 CONSTRUCCION S.A. - TEXIMCO S.A. - II UTE s/apelación En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente EX-2022-82094143- -APN-SGAI#TFN caratulado "CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A. - TEXIMCO S.A. - II UTE s/apelación".
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Corsan Corviam Construcción S.A. SA – Teximco S.A. - II UTE (en adelante la “UTE”) interpuso el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 71/2022 dictada el 17 de mayo de 2022 por la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la cual se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado del período fiscal 1/2015, por el que se le intimó a ingresar la suma de $12.018.202,05, más intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683), y del período fiscal 2/2015, por el que se le determinó un nuevo saldo a su favor.
Asimismo, en dicho acto se le aplicó una multa de omisión de $8.412.741,44 por el período fiscal 1/2015, de acuerdo con el art. 45 de la misma ley (t. v.).
II. En su presentación ante este Tribunal, la UTE comienza diciendo que fue constituida el 13 de noviembre de 2014 con el fin de construir el edificio para el Instituto Técnico Judicial “Dra. Cecilia Grierson”. Dicha obra fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –como comitente- a través de la Licitación Pública N° 12/2014. Explica que 9 de diciembre de 2014 se suscribió el contrato de obra pública, conforme el pliego de bases y condiciones que regía para dicha licitación y la respectiva oferta que presentara.
Sostiene que por aplicación de la Cláusula Cuarta de ese contrato, denominada “Anticipo financiero y régimen de acopio de materiales”, percibió una suma por dicho concepto el 5 de febrero de 2015, previa emisión de la factura el 6 de enero de 2015. Es así que el referido anticipo, por un lado, fue facturado el 6 de enero de 2015 en la Factura N°0001-00000001 por la suma total de $71.188.971,95 ($58.833.861,12 mas IVA de $12.355.110,83) y, por el otro, fue percibido el 5 de febrero de 2015 tal como surge del Recibo X 0001- 00000001 emitido al efecto.
El criterio de la UTE fue declarar el débito fiscal de dicha operación en el período fiscal 2/2015 en virtud de lo dispuesto en el art. 5, último párrafo, de la ley del impuesto al valor agregado.
Sostiene para ello que en dicha norma se establece un “único y exclusivo” momento para la atribución del hecho imponible en el caso de señas o anticipos que congelen precio que es de su percepción, por lo que resulta indiferente el período fiscal en que hayan sido facturados. Agrega que dicho párrafo estableció un hecho imponible autónomo e independiente y que ello fue reconocido por el Fisco Nacional en el Dictamen (DAT) 75/1998. Sostiene, entonces, que si se le diera una interpretación distinta a la norma, carecería de sentido la expresión “Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes…”elegida por el legislador para comenzar ese párrafo.
Señala que el Fisco Nacional, por el contrario, estima que aquél debió ser declarado en el período fiscal 1/2015 en el que el anticipo fue facturado. Ello, por aplicación de lo dispuesto en el art. 5°, inc. c) de la ley del gravamen.
Entiende, sin embargo, que dicha norma fue prevista para los pagos percibidos en forma anticipada, sobre trabajos ya realizados sobre inmueble ajeno y para el caso que no congelen el precio.
Realiza una interpretación sistémica del artículo y entiende que si se trata de una seña o un anticipo que, por definición, son anteriores al comienzo de los trabajos sobre inmueble de tercero y que, además, congela precio, prevalece la regla del último párrafo del art. 5°. Dice, asimismo, que no se encuentra controvertido que el anticipo congeló el precio del contrato porque ello surge de su Cláusula Cuarta e insiste en que, incluso, la mera facturación de un anticipo financiero no debería generar hecho imponible alguno sino hasta su percepción —tanto si congela precio como si no lo hace— porque puede darse el supuesto de que el Estado decida no realizar la obra y no pagar ese anticipo. En tal hipótesis, de seguir la postura fiscal, la empresa debería pedir la devolución del impuesto ingresado al momento de facturar sin que se hubiera siquiera generado el hecho imponible del impuesto.
Adjunta como prueba documental copia de las facturas que le extendieran las empresas integrantes de la UTE, Teximco S.A. por $14.000.000 en concepto de “Prestaciones personal” y “Anticipo prestaciones”, e Isolux Ingeniería S.A. por un total de $4.550.000 por “Prestaciones Personal”, $30.000.000 por “Anticipo subcontrato”, en todos los casos mas IVA y con sus registraciones y copia de las declaraciones juradas presentadas en el mismo gravamen en el período fiscal 2/2015.
Por todo ello, solicita que se deje sin efecto la pretensión fiscal y, en subsidio, que se aplique la teoría de las “correcciones simétricas” ya que el débito fiscal que se reclama por el período 1/2015 fue incorporado por la UTE en la declaración jurada del impuesto correspondiente al período fiscal 2/2015.
Como fundamento, manifiesta que no omitió el ingreso del gravamen sino que, en todo caso, difirió erróneamente su ingreso y explica que, conforme la mecánica de su liquidación, debe interpretarse que la teoría de las “correcciones simétricas” aplica siempre y cuando el débito fiscal haya sido oportunamente declarado (es decir incorporado o incluido en la respectiva declaración jurada).
Alega a continuación que carece de relevancia si el saldo técnico resultó a favor del Fisco Nacional o a favor del contribuyente, o que la declaración jurada no arrojara impuesto a ingresar, que es lo que invocó la jueza administrativa para rechazar la aplicación de esta teoría, en tanto basta con que el ajuste deje expuesto un pago en exceso o –como en el caso de la UTE- un componente negativo de la base imponible que neutralice el aspecto omitido.
Sostiene, por lo demás, que lo contrario equivaldría a convalidar un enriquecimiento sin causa en cabeza del Fisco Nacional frente a la existencia de pagos improcedentes o en exceso derivados del crédito fiscal que la UTE abonó a sus proveedores, quienes a su vez, lo incorporaron como débito fiscal en sus respectivas declaraciones juradas del período 1/2015.
Por otro lado, invoca que los intereses resarcitorios derivados de la pretensión fiscal quedaron condonados por aplicación del art. 12 de la ley 27.541 en atención a que el impuesto fue debidamente cancelado antes de que la citada ley entrara en vigencia.
Respecto a la sanción aplicada, plantea la prescripción de las facultades del Fisco Nacional toda vez que no resulta alcanzada por la suspensión general establecida por el art. 17 de la ley 27.562. Ello, con fundamento en el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal en función del cual no es posible aplicar una ley posterior a la fecha de la comisión de la infracción, salvo que esta última ley sea más benigna y dice que no es el caso.
En subsidio, alega la existencia de error excusable porque la UTE declaró la obligación tributaria en su justa medida y obró con toda prudencia respetando las pautas normativas para la liquidación del gravamen conforme el último párrafo del art. 5° de la ley. A la vez, hace notar que la cuestión en debate es eminentemente técnica y que no se discute omisión de materia imponible sino su ingreso con diferencia de tan solo un mes.
Por todo lo expuesto, solicita que se revoque la Resolución, con costas.
III. En ocasión de contestar el traslado del recurso, la representación fiscal explica que la UTE omitió exteriorizar el débito fiscal emergente de la Factura emitida el 6 de enero de 2015 N° 0001-00000001 en la declaración jurada del impuesto al valor agregado presentada por el período fiscal 1/2015 de conformidad con lo dispuesto por el art. 5º, inc. c) de la ley del tributo.
Afirma que, más allá del carácter de anticipo financiero que la UTE le otorgó al adelanto de fondos, no existen dudas que el mismo tiene las características de un pago anticipado a cuenta del precio total convenido por la realización de las obras. Y, es por tal motivo, que sostiene que en el caso el anticipo se encuentra alcanzado por el impuesto el art. 5º, inc. c) de la ley. Hace hincapié en que aun cuando a la fecha de emisión de la factura no se habían iniciado las obras del contrato, ni hecho pago alguno, la sola existencia de la factura por tratarse de trabajos sobre inmueble ajeno en el marco de un contrato de obra pública produjo el nacimiento del hecho imponible, por lo que solicita que se confirme la pretensión fiscal.
Con relación a la aplicación de la teoría de las correcciones simétricas, precisa que se trata de una de las formas de compensación establecida en la ley 11.683 que resulta procedente cuando el propio contribuyente fiscalizado efectúa pagos improcedentes o en exceso o ante un quebranto computable pasible de ser compensado. En el caso, la recurrente generó un saldo a su favor en el período fiscal 2/2015 por lo cual no deviene necesaria la aplicación de la teoría invocada.
Respecto de la condonación de los intereses solicitada en los términos de la ley 27.541 informa que la recurrente no se adhirió a ningún plan de facilidades de pago por el gravamen reclamado por lo que el beneficio no es procedente.
Con relación a la sanción, dice que fue impuesta en vigencia de sus facultades y que se encuentran acreditados los elementos objetivo y subjetivo requeridos por el art. 45 de la ley 11.683 para que su configuración. También, rechaza la existencia de un supuesto error excusable en su conducta en tanto no existe oscuridad de las normas bajo análisis.
IV. Mediante la PV-2024-34523316-APN-VOCXI#TFN se elevó el Expediente a la Sala y por IF-2025-54576602-APN-VOCXI#TFN quedó en estado de dictar sentencia.
V. Corresponde entonces pronunciarse sobre la validez y legitimidad de la Resolución recurrida.
La recurrente es una UTE integrada por dos empresas, la española Corsan Corviam Construcción S.A. y Teximco S.A., que fue constituida especialmente para la ejecución de la obra adjudicada en la Licitación N° 12/2014 convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la construcción de una nueva morgue judicial en Comodoro Py de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el nombre de “Instituto Técnico Judicial Dra. Cecilia Grierson”.
Dicha obra, por un monto total de $711.889.719,49, fue adjudicada bajo el régimen de ajuste alzado, es decir por un precio fijo y global previamente acordado. La oferta presentada por la UTE fue considerada por el comitente como la mejor oferta.
En lo que aquí importa, la Cláusula Cuarta del contrato disponía la posibilidad de percibir un anticipo financiero de hasta el 10% del precio. En efecto, en dicha Cláusula se dispone que, “ANTICIPO FINANCIERO Y REGIMEN DE ACOPIO DE MATERIALES. EL COMITENTE podrá liquidar -con carácter de anticipo financiero- hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato indicado en la cláusula tercera, dentro de los treinta (30) días de solicitado por el CONTRATISTA y una vez que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos; ello, previa constitución de la garantía correspondiente por un valor equivalente al importe reconocido en concepto de anticipo, de acuerdo con lo establecido en el art. 55 de las cláusulas especiales (confr. circular aclaratoria nº 6)”.
A continuación también establece que, “El régimen de acopio de materiales, previsto en el art. 47 de las Cláusulas Especiales, conllevará en su aplicación los mismos efectos que los establecidos para el anticipo financiero en el régimen del Decreto nº 1295/02, роr lo cual ambos mantendrán fijo e inamovible el precio contrato y materiales acopiados, en la proporción que corresponda a cada uno de ellos, sin perjuicio del diez por ciento (10%) establecido en el artículo 4º del mencionado decreto (confr. art. 56 de las cláusulas especiales, circular aclaratoria n° 6)”.
Cabe mencionar que para la aplicación de esta disposición hay una remisión a los arts. 55 y 56 del Pliego de las Cláusulas Especiales, que fueron agregadas a dicho documento por la Circular Aclaratoria N°6 dictada por el comitente.
No se encuentra en discusión que el concepto facturado por la UTE en 1/2015 fue “Anticipo Financiero 10% s/art. 4° Contrato de Obra Dra. C. Grierson)” por un total de $71.188.971,95 ($58.833.861,12 más IVA de $12.355.110,83), ni tampoco que el monto fue percibido el 5 de febrero de 2015 extendiéndose el Recibo N° X 0001 00000001. Obran además en las actuaciones administrativas, los extractos bancarios que acreditan la transferencia efectuada a la cuenta bancaria de la UTE.
Sostiene la UTE que este pago congeló el precio del contrato, en los términos del art. 5°, último párrafo, de la ley del tributo, por lo que incluyó el débito fiscal en la declaración jurada del mes en que fue percibido, que fue en febrero de 2015.
La cuestión a resolver es, entonces, si la suma facturada y percibida por la UTE constituyó un anticipo financiero que congeló el precio del contrato —en los términos del último párrafo del art. 5° de la ley — o bien se trató de un pago a cuenta del precio o un pago anticipado que es lo que invoca el Fisco Nacional en la Resolución para, luego de ello, determinar cuál es el derecho aplicable a fin de resolver la controversia. A tal fin resulta relevante analizar la legislación aplicable, tanto la fiscal como la administrativa que rige el contrato, así como la documentación obrante en las actuaciones administrativas, tratándose de un típico contrato administrativo de obra pública que se rige por un régimen regulatorio que es diferente al del contrato mercantil.
El contrato en cuestión se rige por la ley 13.064, por sus reglamentaciones y por la documentación de la licitación, es decir el Pliego de Bases Generales y Particulares con sus disposiciones aclaratorias; por la oferta y por las disposiciones del propio contrato suscripto. Entre ellas, la Circular Aclaratoria N° 6, del 23 de mayo de 2014, que integra la documentación que rige la licitación, que agregó al Pliego de bases y condiciones particulares el art. 54 que se refiere al régimen de redeterminación del precio del contrato. Se mencionan allí las normas aplicables con dicho propósito.
La Cláusula Tercera del contrato también se refiere al régimen de redeterminación de precios.
Esta norma, del mismo modo que los arts. 55 y 56, que rigen el acopio de materiales y al anticipo financiero, remiten al decreto 1295/2002 y disponen que los montos que se abonen por dichos conceptos “...mantendrán fijo e inamovible el precio del contrato y materiales acopiados –según se trate del anticipo financiero o del acopio-, en la proporción que corresponda a cada uno de ellos, sin perjuicio del diez por ciento establecido en el artículo 4°". Esta última norma dispone que “Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo”.
De dichas disposiciones se desprende que el anticipo percibido por la UTE no tuvo por efecto congelar el precio total del contrato de obra pública en los términos de la norma invocada por la UTE. El anticipo solamente congeló el precio del anticipo, más no el precio de la obra adjudicada que, por otro lado, ya estaba determinada y fijada en el contrato, propio de haberse hecho la licitación bajo el sistema de ajuste alzado; además, por tratarse de un contrato de obra pública, quedó sujeto al régimen de determinación de precios reglado en el decreto 1295/2002 y sus reglamentaciones, salvo respecto del anticipo. En definitiva, este concepto es el único que quedó congelado. No es este el supuesto de diferimiento del débito fiscal previsto en el art. 5°, último párrafo de la ley del gravamen.
Allí se dispone que “Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, cuando se reciban señas o anticipos que congelen precios, el hecho imponible se perfeccionará, respecto del importe recibido, en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos”, pero, como ya se dijo, en el caso el anticipo percibido por la UTE no congeló el precio de la operación, sino solamente en forma proporcional al monto del anticipo percibido.
Al comentar esta disposición, Marchevsky señalaba que el congelamiento del precio allí referido debe ser sobre el valor total, no sobre una parte del mismo, ya que el objetivo de la norma fue dar al precio permanencia en el tiempo a efectos de evitar perjuicios financieros por la demora en el pago. Dice así que “Desde esta perspectiva, que una seña congele un precio significará que lo fija, lo que lo hace cierto e inmodificable” –conf. Marchevsky, Rubén, “Impuesto al Valor Agregado. Análisis integral”, Errepar, 2006, p.246-, recaudos que en el caso y por las razones ya dadas el anticipo no cumple.
Como ya se dijo, en el caso el precio ya estaba determinado en el contrato y, como todo contrato de obra pública, quedó sujeto a un régimen legal de determinación de precios. Más aún, la UTE hizo uso de sus disposiciones, tal como surge de la Resolución N°1844/2018, del 26 de junio de 2018, obrante a fs. 548 y ss. de los ant. adm., en la que el comitente decidió rescindir el contrato y ejecutar la garantía constituida por el anticipo financiero.
Resulta, en cambio, aplicable el art. 5, inc. c) de la ley que establece que “El hecho imponible se perfecciona: … c) En el caso de trabajos sobre inmuebles de terceros, en el momento de la aceptación del certificado de obra, parcial o total, o en el de la percepción total o parcial del precio o en el de la facturación, el que fuera anterior.”
En el caso, el primer hecho imponible fue la factura emitida el 5 de enero 2015 y es ese el momento en que debe tenerse por configurado el mismo a los efectos de su declaración y pago resultante del gravamen.
Además, tratándose de obras sobre inmueble ajeno, el art. 5°, inc. c) resulta la norma específicamente aplicable al perfeccionamiento del hecho imponible.
En efecto, es allí donde se encuentran referencias expresas a la actividad –trabajos sobre inmueble de terceros- y a la forma de su ejercicio, tanto bajo la forma de gestión pública como privada, como la referencia que tiene a los certificados de obra, que es instrumento típico que regula todo lo atinente al pago de las mismas. Es por ello que resulta acertada la pretensión fiscal al determinar que la UTE debió imputar el débito fiscal del anticipo originado en el hecho imponible trabajos sobre inmuebles de terceros en el período en que fue facturado que fue el primer acto de los previstos en dicha norma que se produjo en el tiempo.
De las actuaciones administrativas se desprende que los comprobantes emitidos por las empresas de la UTE generaron un crédito fiscal de $12.444.537 en el período fiscal 2/2015 que fue el período en el que la UTE declaró el débito fiscal por el anticipo por $12.355.110,83, mientras que en el período 1/2015 el crédito fiscal declarado fue de $197.624,80. Así se desprende de las declaraciones juradas obrantes a fs. 417/418.
A mayor abundamiento surge de allí también que el contrato suscripto con la UTE fue rescindido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Resolución N° 1844/2018, por los siguientes motivos: porque una de las empresas integrantes, Corsan Coviam Construcción S.A., fue declarada en concurso en España, así como también por incumplimientos de la UTE en la ejecución de la obra adjudicada. Surge de dicho acto que a la fecha de la rescisión había ejecutado el 2,481% de la obra cuando el nivel que correspondía a esa fecha era del 43,2%. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Resolución N° 3125/2021, del 28 de diciembre de 2021, que resolvió el Recurso de Reconsideración deducido por la UTE contra la Resolución N° 1844/2018 ya mencionada, expresa que “...el anticipo debía aplicarse en forma directa a la obra pública que nos ocupa, al punto tal que debía descontarse mensualmente en forma proporcional de los certificados de obra –únicos documentos reconocidos a tal fin- hasta alcanzar el setenta (70%) por ciento de la ejecución de aquella, lo que no ocurrió por causas imputables a la propia ex contratista”.
En función de lo expresado y toda vez que se encuentra acreditado que la UTE declaró el débito fiscal del anticipo en el período fiscal siguiente al de su facturación, la pretensión fiscal se reduce a un problema de diferimiento entre uno y otro período y, eventualmente, a los intereses resarcitorios por dicha demora (art. 37, ley 11.683). Así también lo dispuso este Tribunal, en antecedentes similares de esta Sala, como “Jofre, Jorge”, del 7 de febrero de 2003 y “Tecnifor S.R.L.”, del 23 de junio de 2003.
Por ello, corresponde confirmar la pretensión fiscal por el capital reclamado, con costas.
Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que no se encuentra controvertido ni el pago de la obligación ni tampoco la fecha en que fue realizado, resultan de aplicación los arts. 7 y 8 de la ley 27.743 y sus reglam., sin que surja de las actuaciones que la UTE tenga juicios en trámite (art. 4), por lo que corresponde la condonación de los intereses resarcitorios y de la multa de omisión aplicada en la Resolución. Las costas se imponen por su orden.
Por la forma en que se resuelve, resulta innecesario referirse al resto de los agravios.
El Dr. Martín dijo:
I. Que comparto el relato de los hechos efectuado en el voto de la Dra. O´Donnell.
II. Que en autos se encuentra apelada la Resolución N° N° 71/2022 de fecha 17 de mayo de 2022 dictada por la Dirección Regional Centro de AFIP- DGI, por la cual se impugnaron los declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales enero y febrero de 2015, y se determinó el monto a ingresar con más intereses resarcitorios por el período fiscal enero de 2015 y un nuevo saldo a favor por el período fiscal febrero de 2015 según el primer y segundo párrafo del 24 de la ley del gravamen. Asimismo, con relación al período fiscal enero de 2015 se aplicó una multa equivalente al setenta (70%) del impuesto dejado de ingresar según el art. 45 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
III. Que Corsan Corviam Construcción S.A. - Teximco S.A. - II UTE (en adelante la UTE) posee como actividad declarada la de prestación de “servicios de construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales”, con cierre de sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año.
Que conforme se desprende de las actuaciones vinculadas a la causa la UTE fue constituida el 13 de noviembre de 2014 y se constató que celebró el 9 de diciembre de 2014 con la Corte Suprema de Justicia de la Nación un contrato de obra pública, en el marco de la Licitación Pública Nro. 12/2014, bajo el Régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, tramitada por el expediente Nº 4690/2013 para la construcción del Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson" (act. adm., IF-2022-103986939-APN-DTD#JGM, fs. 8/17 y fs. 18/19). Que entre las facturas emitidas se observó la correspondiente a la fecha 6 de enero de 2015 (Nº 0001-00000001) cuyo concepto facturado era “Anticipo Financiero 10% s/art. 4 Contrato Obra Insttituto Dra. C. Grierson” por un total de $ 71.188.971,95 junto con el recibo Nº X 0001- 00000001 del 5 de febrero de 2015 (act. adm., IF-2022-103990070-APN-DTD#JGM, Cpo. Antecedentes Nº 1, fs. 39).
Que no resulta controvertido que el débito fiscal correspondiente a dicho comprobante facturado no fue exteriorizado en la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado presentada por la UTE en el período fiscal enero de 2015, sino en el período fiscal siguiente, es decir en febrero de 2015 cuando fue abonada la suma reflejada en la factura mencionada. En tal sentido, para la recurrente es de aplicación lo normado en el último párrafo del art. 5 de la ley de IVA, con relación al nacimiento del hecho imponible, el que dispone que cuando se reciban señas o anticipos que congelen precios, el mismo se perfeccionará, respecto del importe recibido en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos.
Mientras que el ente fiscal consideró que la prestación objeto del contrato se trata de “obras sobre un inmueble ajeno” y por ende comprendida por los arts. 3°, inc. a) y 5° inc. c) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que el nacimiento del hecho imponible se produce “...en el momento de la aceptación del certificado de obra, parcial o total, o en el de la percepción total o parcial del precio o en el de la facturación, el que fuera anterior”, por ello entiende que la suma debe ser declarada a la fecha de facturación, esto es enero de 2015.
IV. Que conforme fueron planteados los hechos por las partes corresponde, por un lado dilucidar si el concepto facturado mediante la factura Nº 0001-00000001 responde, como la recurrente reclama, a anticipos que congelaron precios en los términos del último párrafo del art. 5 de la ley de IVA o si por el contrario resulta acertado el criterio fiscal expuesto en el acto apelado, y luego merituar si a la operatoria comercial desplegada le resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 5 inc. c) o lo establecido en el último párrafo de dicho artículo. Para ambas cuestiones resulta fundamental examinar los términos en los que fueron suscriptos los documentos que dan origen a la factura y el recibo respectivo.
En lo que aquí interesa, la clausula cuarta del contrato referida al anticipo financiero y al régimen de acopio de materiales establecía que “el comitente podrá liquidar -con carácter de anticipo financiero- hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato indicado en la cláusula tercera, dentro de los treinta (30) días de solicitado por el contratista y una vez que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos; ello, previa constitución de la garantía correspondiente por un valor equivalente al importe reconocido en concepto de anticipo, de acuerdo con lo establecido en el art. 55 de las cláusulas especiales (confr. circular aclaratoria nº 6)”.
A continuación se agregaba que “el régimen de acopio de materiales, previsto en el art. 47 de las Cláusulas Especiales, conllevará en su aplicación los mismos efectos que los establecidos para el anticipo financiero en el régimen del Decreto nº 1295/02, роr lo cual ambos mantendrán fijo e inamovible el precio contrato y materiales acopiados, en la proporción que corresponda a cada uno de ellos, sin perjuicio del diez por ciento (10%) establecido en el artículo 4º del mencionado decreto (confr. art. 56 de las cláusulas especiales, circular aclaratoria n° 6)” (act. adm., IF-2022-103987434-APN-DTD#JGM, Cpo. Antecedentes Nº 14, fs. 216/223).
Que ello así también tiene relevancia la Circular Aclaratoria Nº 6 de fecha 23 de mayo de 2014, en la que se detallaban clausulas especiales que formaron parte de la licitación respectiva, a cuyos artículos 55 y 56 remite el contrato objeto de análisis en autos al referirse a los anticipos financieros y al acopio de materiales (act. adm., IF-2022-103988060-APN-DTD#JGM, Cpo. Antecedentes Nº 10, fs. 550/552).
Que el organismo fiscal entendió que atento las condiciones contractuales pactadas se trató de un pago anticipado a cuenta del precio total convenido por la realización de la obra, según los términos del contrato, sin producirse el congelamiento del precio final de la operación, y por ende sin que se verifique el supuesto previsto por la norma para que resulte de aplicación las disposiciones contenidas en el último párrafo del art. 5° de la ley de IVA.
Que una vez definido por el ente fiscal que dicho anticipo no congeló el precio se procedió a determinar el aspecto temporal del hecho imponible, es decir el momento en que se verificó su nacimiento respecto de la proporción del precio de la obra percibida a través de los anticipos, para lo cual se tuvo en cuenta que el inciso c) del primer párrafo del artículo de la ley del Impuesto al Valor Agregado define el momento en que se perfecciona el débito fiscal en el caso de trabajo sobre inmueble ajeno, lo que sucede cuando ocurre el primero de los siguientes actos: la aceptación del certificado de obra, total o parcial, o la facturación, o la percepción total o parcial del precio; mientras que en el último párrafo se dispone que cuando se reciban señas o anticipos que congelen precios, el hecho imponible se verifica, respecto del importe recibido, en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos. Ello así, en el caso, se consideró, teniendo en cuenta las pautas contractuales descriptas, que la facturación constituyó el hecho generador del nacimiento del débito fiscal, en razón de que primero sucedió la facturación y luego la percepción parcial del precio, al no tratarse de anticipos que congelaron precios.
Que en lo que aquí interesa el inciso c) del artículo 5° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997 y modif) es aplicable en forma específica a los trabajos sobre inmuebles de terceros y utiliza tres momentos posibles para dar nacimiento al hecho imponible (certificado de obra, percepción o facturación), donde prevalece a estos efectos, “el que fuere anterior”. Entre ellos, la sola facturación constituye para el legislador el elemento determinante de nacimiento del hecho imponible, inclusive por delante de la percepción del precio y aquí cabe resaltar que la facturación con discriminación del impuesto -débito fiscal- opera en espejo respecto del comprador/prestatario, quien queda habilitado para computar el crédito fiscal respectivo.
Ahora bien el último párrafo del artículo 5° prevé con carácter general que los anticipos que congelan precio darán nacimiento al hecho imponible en el momento que los mismos se hagan efectivos, entendiéndose que si existiera algún supuesto en el que otro elemento hubiere sido elegido dentro de los incisos que componen el citado artículo (v.g. finalización del servicio, entrega de los bienes o devengamiento del pago), el efectivo anticipo o seña como sinónimo de disponibilidad de fondos, hará adelantar el hecho imponible respecto de cualquiera de los supuestos enunciados, ello sin perjuicio de un alcance aún más amplio para supuestos no contemplados. Más allá de la denominación que se le quiera otorgar al supuesto previsto en el último párrafo (autónomo o independiente) lo concreto es que esa porción impacta sobre el inciso que resulte aplicable, pues una calificación literal llevaría al absurdo de la coexistencia de dos hechos imponibles. Esto obliga a comprender la función combinada de los diferentes incisos y el último párrafo del artículo 5° de la Ley de IVA.
Estando consolidado el alcance del inciso c) y siendo la facturación de los “trabajos” un hecho suficiente y relevante para la generación del hecho imponible, resulta impensado y contradictorio sostener que el último párrafo modifica, en el caso, el inciso c) anulando los efectos de la facturación como aspecto determinante del nacimiento del hecho imponible en los trabajos sobre inmueble de tercero.
En el presente caso, el anticipo calificado de financiero pretende ser encuadrado por la actora en el último párrafo sobre la base que la reforma introducida por la Ley 23.871, que incluyera justamente esta decisión, por tratarse de un hecho imponible autónomo.
También considera la actora que el anticipo congelaba precio y que no se produjo aún el hecho imponible alcanzado con el gravamen, sin embargo ello no resulta acertado ya que el anticipo estaba destinado al acopio de materiales de construcción, equipos y otros insumos necesarios para el inicio de las tareas, por lo que solo tienen sentido dentro del contrato de obra celebrado y forman parte del concepto de “percepción”. Con lo cual el servicio y los bienes que se incorporen junto al mismo constituyen una única prestación encuadrada en el inciso c) del artículo 5°, sin que puedan escindirse al formar parte del acuerdo celebrado.
Además se pretende distinguir entre facturación del servicio gravado y facturación del anticipo financiero. En este sentido considero que siendo el anticipo una cancelación parcial del precio final de la obra, su facturación consolida el argumento de que en última instancia la facturación representa al verdadero servicio/obra, más allá de la leyenda que pudiera aparecer en los comprobantes.
V. En el presente caso se suma un detalle casi letal en contra de los intereses de la recurrente: la factura N° 0001-00000001 consigna un importe total de 71.188.971,95 correspondiendo el importe de $ 58.833.861,12 a precio neto y la suma de 12.355.110,83 al IVA (act. adm., IF-2022-103990070-APN-DTD#JGM, Cpo. Antecedentes Nº 1, fs. 39).
Que por lo tanto, se advierte que en la factura se discriminó el Impuesto al Valor Agregado, constituyendo un documento generador de débito fiscal que en principio se difirió, pero al mismo tiempo se convirtió en generador de un crédito fiscal para el comprador/prestatario, a utilizar por el mismo en el período fiscal en que el comprobante fue emitido, es decir en el mes de enero de 2015, por lo que permitir la imputación “tardía” de ese débito fiscal, sin estar presente un régimen promocional que lo sustente, atenta contra la dinámica propia del impuesto en trato, en razón de que de atenderse su argumento se llevaría a dinamitar la economía del gravamen, pues permitiría generar créditos fiscales sin sustento alguno, al no encontrar correspondencia en un débito fiscal por el mismo período fiscal, al demorarse el ingreso de éste último. Que lo expuesto, convalida el criterio seguido por el ente fiscal en la resolución apelada, siendo conforme a la naturaleza propia del Impuesto al Valor Agregado que el débito fiscal resultante de la factura N° 0001-00000001 sea imputada al período fiscal en que fue emitida la misma, ello es enero de 2015, y no en el período fiscal febrero de 2015 como lo hizo la contribuyente en su declaración jurada, al no ser admisible un diferimiento temporal en su imputación.
VI. Sin embargo, la naturaleza de los débitos y créditos fiscales en el IVA y su mecánica de liquidación llevan a observar que la razón del ajuste es un diferimiento del débito fiscal, regularizado espontáneamente en un período fiscal diferente al que correspondía, generándose el saneamiento en la materia imponible y poniendo un punto final para la demora, ya que según el propio organismo sostiene que el débito fiscal fue incluido en el período fiscal febrero de 2015 en lugar de enero, sin cuestionarse el monto involucrado. Lo dicho es sin perjuicio de los intereses que pudieran haberse devengado entre el momento de la imputación que hubiera correspondido y la fecha de la imputación real.
VII. Que corresponde abordar el planteo de prescripción formulado por la UTE con relación a la sanción impuesta por el período fiscal enero de 2015 al entender que las potestades del ente fiscal para aplicarla prescribieron el 01/01/2021 al no resultar aplicable la suspensión general establecida por la ley Nº 27.562 (art. 17) (B.O. 26/08/2020) con fundamento en el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal, en función del cual no es posible aplicar una ley posterior a la fecha de la comisión de la infracción, salvo que esta última ley sea más benigna. Que la suspensión bajo análisis reviste carácter general surgiendo efectos respecto de la universalidad de contribuyentes y responsables, en dicho sentido lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al analizar el alcance de la suspensión referida a la ley 23.495 en la causa "Distribuidora del Plata S.R.L.", del 26 de noviembre de 1991.
Que en lo que hace a los agravios de la actora sobre la modificación con carácter retroactivo del plazo de la prescripción en curso de una sanción que reviste carácter penal, resulta indubitable que la suspensión abarca las multas y si bien podría plantearse en el plano teórico una distinción entre aquellas cuyo plazo de prescripción ya comenzó a operar y otras en que no, lo cierto es que la norma resultaría de imposible aplicación a períodos que aún no iniciaron el término de 5 años (p. ej que se iniciaran el 1° de enero de 2021 o 1° de enero de 2022). Por ende el único universo posible que comprendería la decisión adoptada por el Poder Legislativo sería el de las sanciones en las que ya comenzó el cómputo (v.g. 1° de enero de 2020, 1° de enero de 2019 o anteriores). Una opinión en contrario importaría una decisión del Congreso Nacional sobre un universo vacío o que el segundo supuesto se encuentra afectado por una decisión de inconstitucionalidad, cuestión que no ha ocurrido a la fecha.
Que asimismo, resulta de aplicación el artículo agregado a continuación del 65 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) en razón de que la vista se hizo mediante Resolución 123/2021 de fecha 09/09/2021 y fue notificada en el domicilio fiscal electrónico el 13/09/2021 (act. adm., IF- 2022-103989098-APN-DTD#JGM, Cpo. Antecedentes N° 8, fs. 714/738).
Por lo expuesto, el Fisco Nacional se encontraba habilitado para aplicar la sanción al momento del dictado de la resolución apelada.
VIII. Que en lo que hace a los intereses resarcitorios exigidos y la multa impuesta con sustento en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal cabe tener en cuenta que conforme se desprende de las constancias de la causa dado que la omisión del débito en el mes de enero de 2015 fue subsanado en el mes de febrero de 2015, por aplicación de la ley N° 27.743, y sin que surja de autos que la UTE posea juicios en trámite, corresponde disponer la condonación de la multa y de los intereses resarcitorios, con costas por su orden.
IX. Por lo expuesto, voto por confirmar la pretensión fiscal en lo que hace al capital reclamado, sin perjuicio de que el monto ajustado fue ingresado conforme se expuso en el Considerando VI, con costas y condonar la multa aplicada y los intereses resarcitorios reclamados, con costas por su orden.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que, de forma preliminar, estimo pertinente recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).
Como surge de las constancias de la causa, la recurrente es una UTE integrada por dos empresas, la española Corsan Corviam Construcción S.A. y Teximco S.A., que fue constituida especialmente para la ejecución de la obra adjudicada en la Licitación N° 12/2014 convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la construcción de una nueva morgue judicial en Comodoro Py de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el nombre de “Instituto Técnico Judicial Dra. Cecilia Grierson”. La obra, por un monto total de $711.889.719,49, fue adjudicada bajo el régimen de ajuste alzado, es decir por un precio fijo y global previamente acordado.
Frente a tal contexto, la recurrente sostiene que por aplicación de la Cláusula Cuarta del Contrato de obra Pública -celebrado 9 de diciembre de 2014 de conformidad al pliego de bases y condiciones que regía para dicha licitación y la respectiva oferta presentada- denominada “Anticipo financiero y régimen de acopio de materiales”, percibió una suma por dicho concepto el 5 de febrero de 2015, previa emisión de la factura el 6 de enero de 2015. Es así que el referido anticipo, por un lado, fue facturado el 6 de enero de 2015 en la Factura N°0001-00000001 por la suma total de $71.188.971,95 ($58.833.861,12 más IVA de $12.355.110,83) y, por el otro, fue percibido el 5 de febrero de 2015 tal como surge del Recibo X 0001-00000001 emitido al efecto.
El criterio de la UTE fue declarar el débito fiscal de dicha operación en el período fiscal 2/2015 en virtud de lo dispuesto en el art. 5, último párrafo, de la ley del impuesto al valor agregado, esto es que “sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, cuando se reciban señas o anticipos que congelen precios, el hecho imponible se perfeccionará, respecto del importe recibido, en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos”
Para el Fisco Nacional, la apelante omitió exteriorizar el débito fiscal emergente del comprobante emitido el 6 de enero de 2015, en la declaración jurada del IVA presentada por el período fiscal 1/2015 de conformidad, ello en el entendimiento que el encuadre de las operaciones era el de "obras sobre un inmueble ajeno" (el artículo 3°, inciso a) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado) y el nacimiento del hecho imponible era el de la facturación conforme el artículo 5 inciso c) de la normativa citada.
II. A fin de dirimir la cuestión planteada estimo pertinente analizar las pautas esenciales del ya citado Contrato de obra pública celebrado el 9 de diciembre de 2014 (obrante a fs. 216/227 anexo al IF-2022-103987434-APN-DTD#JGM)
En efecto, en se desprende de la Cláusula Cuarta que:
“ANTICIPO FINANCIERO Y REGIMEN DE ACOPIO DE MATERIALES. EL COMITENTE podrá liquidar -con carácter de anticipo financiero- hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato indicado en la cláusula tercera, dentro de los treinta (30) días de solicitado por el CONTRATISTA y una vez que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos; ello, previa constitución de la garantía correspondiente por un valor equivalente al importe reconocido en concepto de anticipo, de acuerdo con lo establecido en el art. 55 de las cláusulas especiales (confr. circular aclaratoria nº 6)”.
A continuación también establece que, “El régimen de acopio de materiales, previsto en el art. 47 de las Cláusulas Especiales, conllevará en su aplicación los mismos efectos que los establecidos para el anticipo financiero en el régimen del Decreto nº 1295/02, роr lo cual ambos mantendrán fijo e inamovible el precio contrato y materiales acopiados, en la proporción que corresponda a cada uno de ellos, sin perjuicio del diez por ciento (10%) establecido en el artículo 4º del mencionado decreto (confr. art. 56 de las cláusulas especiales, circular aclaratoria n° 6)”.
Asimismo, en relación al Anticipo Financiero, la Circular Aclaratoria N° 6 (integrante del pliego de Cláusulas Especiales de la aludida licitación n° 12/2014, obrante a fs. 550/552 del cuerpo anexo al IF-2022-103988060-APN-DTD#JGM.) establece, en lo que aquí interesa: “El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente, de manera tal de completar el ciento por ciento (100%) de la deducción, cuando la obra se encuentren al setenta por ciento (70%) del avance físico”. Asimismo, surge que el anticipo financiero debía ser garantizado por el monto equivalente que recibiera el co-contratante como adelanto, pudiéndose constituirse como garantías: fianza bancaria o seguro de caución.
Que surge de la Resolución N° 1844/2018 de la Corte Suprema de Justicia de fecha 26 de junio de 2018 (fs. 550/552 del cuerpo anexo al IF- 2022-103988060-APN-DTD#JGM), la que decidió rescindir el contrato obra pública formalizado -resultando un período ajeno a la litis esta situación- que en punto al anticipo financiero, se reconoce su pago siendo que la aquí recurrente cumplió con las obligaciones impuestas para su percepción. Finalmente, al resolver la cuestión se ejecuta la garantía constituida por tal anticipo (Punto 2 b°)
III. En primer lugar, debe remarcarse que aunque la determinación de oficio practicada sea sobre una unión transitoria de empresas no puede pasarse por alto que el negocio jurídico en torno al cual se hace el ajuste, perseguía fines públicos, por tratarse de un contrato de obra de tal naturaleza sin controvertirse ello en autos, con lo cual las pautas para apreciar lo convenido no deben ser las mismas que si se tratara de un negocio llevado a cabo entre particulares (cfr. Corte Suprema de Justicia in re “Consorcio de Empresas Mendocinas Potrerillos S.A.”, sentencia del 31 de octubre de 2017).
Esta línea, el contrato se regía por lo previsto en la Ley 13.064 (B.O. 6/10/1947), la que aparte de conceptualizar a la obra pública como aquella construcción o trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación (art. 1°) establece que las condiciones de pago se establecerán también en los pliegos de condiciones generales y en los particulares para cada obra (art. 45). Es por ello que no puede soslayarse que para el desarrollo de la obra, la recurrente se encontraba limitada a las reglas fijadas por el contrato de obra pública y el pliego de bases y condiciones, y del cotejo de tales contratos se evidencia que los anticipos financieros sobre los que se discute en esta causa reflejan particularidades distintas del momento imponible previsto para trabajos sobre inmuebles de terceros en el artículo 5 inciso c) de la ley de IVA.
Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, ha dicho recientemente que las características propias del contrato de obra pública se distingue por la provisionalidad de los pagos realizados durante el proceso certificatorio, que siempre se efectúan “a cuenta” hasta la entrega de la obra y la realización de la liquidación final de la obra. Las fechas de pago pactadas en el contrato, que deben ser respetadas por las partes como todo acuerdo contractual, hacen a la oportunidad del pago pero no a su carácter o naturaleza: parcial o a cuenta; provisional o definitivo o cancelatorio. Tales pagos, pues, son realizados a cuenta de la liquidación final, que se documenta en el certificado de cierre de cuentas que se emite después de la recepción definitiva de la obra (expresado por dicha Sala, en las causas “Codi S.A. c/ EN DNV s/ proceso de conocimiento”, pronunciamiento 26 de marzo de 2025; también Sala III, causa “Petersen Thiele y Cruz SA de Construcciones y Mandatos y otro c/ EN DNV s/ proceso de conocimiento”, pronunciamiento del 24 de febrero de 2023).
Sobre la figura de anticipos financieros desarrollada por la recurrente, la doctrina ha dicho que en los hechos, y conforme con la realidad económica “los anticipos no configuran una locación anticipada de la obra, sino un mero adelanto financiero convenido en función de los objetivos planteados por las partes, por el cual se debe contratar un seguro para garantizarlo”. “La efectiva cobranza de un anticipo financiero es un pasivo para el contratista que lo recibe, y en el caso de no realizar la obra, deberá devolver dicho dinero” (Gómez, Gustavo “Impuesto al Valor Agregado. Locación de Obra Pública. Tratamiento de los anticipos financieros”, Doctrina Tributaria ERREPAR (DTE) XXIX, Junio de 2018”).
En cuanto a la aplicación del último párrafo del artículo 5 de la ley de IVA, el Dictamen DAT 70/1992 emitido por el Fisco Nacional señaló “En lo que respecta a las señas o anticipos que congelen precios, dada la naturaleza de estos pagos, la situación normal es que al momento en que los mismos se hagan efectivos, los bienes objeto de la operación no estén a disposición del comprador, e inclusive podrían llegar a no existir”.
“Es decir que la ley ha establecido un nuevo nacimiento de la obligación tributaria aplicable a los distintos hechos imponibles en forma independiente de los actos que, según el art. 5, específicamente originan esta situación en cada uno de tales hechos”.
En definitiva ello se ajusta a las constancias de la causa donde el pago del mentado anticipo fue realizado el 5 de febrero en una etapa inicial de la obra y se constató para ello la constitución de la garantía de parte de la aquí actora; luego al frustrarse la continuación de la obra la misma fue ejecutada. En tal sentido, el Fisco Nacional no cuestionó en la resolución apelada que el destino de esos anticipos haya sido desviado de la asignación específica convenida expresamente, esto es la aplicación a gastos atinentes al inicio de obra, lo que encuentra respaldo en la exposición hecha por la Corte Suprema en la Resolución N° 1844/2018 de la Corte Suprema de Justicia de fecha 26 de junio de 2018 (fs. 550/552 del cuerpo anexo al IF-2022-103988060-APN-DTD#JGM). Adicionalmente, el organismo tampoco objeto la previsión de una garantía, requisito éste que se da en el caso de los anticipos financieros.
Además, la recurrente se encontraba sujeta a las reglas fijadas por el contrato de obra pública, adendas y el pliego de bases y condiciones, y del cotejo de tales contratos se evidencia que los anticipos financieros sobre los que se discute en esta causa reflejan particularidades distintas del momento imponible previsto para trabajos sobre inmuebles de terceros en el artículo 5 inciso c) de la ley de IVA. En esta línea, corresponde priorizar a la estructura jurídica utilizada por las partes contratantes y no al encuadre efectuado por el Fisco sobre la cuestión discutida.
Así las cosas y de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 5º de la Ley de IVA, cuando se reciban señas o anticipos que congelen precios, se perfecciona el nacimiento del hecho imponible respecto del importe percibido en el momento en que aquellos se hagan efectivos, no resultando controvertido en autos que ello se concretó el 5 de febrero de 2015, exteriorizando impositivamente la recurrente en ese período la suma recibida.
Cabe señalar que similar criterio adoptó la suscripta in re “ELEPRINT SA- MARTÍNEZ DE LA FUENTE SA UTE –INTERCONEXION 132 KV”, sentencia de esta Sala “D” fechada el 20 de marzo de 2025.
Ello así, resultó ajustada a derecho la imputación efectuada por la actora, debiendo dejarse sin efecto el ajuste, con costas al Fisco Nacional. La forma en que se resuelve torna abstracto el tratamiento de los demás agravios planteados sobre esta cuestión.
Por lo expuesto, corresponde revocar la determinación practicada, con costas.
Atento al resultado de la votación que antecede, por mayoría,
1. Confirmar la Resolución N° 71/2022 respecto del capital reclamado, con costas.
2. Condonar la multa y los intereses resarcitorios intimados en la Resolución N° 71/2022 por aplicación de la ley 27.743 y sus reglam. Costas por su orden.
3. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Corsan Corviam Construcción S.A. - Teximco S.A. - II UTE, en la suma de $ $936.816, equivalente a 13,58 UMA, por la representación procesal y $2.341.350, equivalente a 33,94 UMA, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida del Expediente, teniendo en cuenta el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2025.05.27 12:22:35 -03:00 Date: 2025.05.27 13:42:02 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.27 14:25:40 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.27 14:25:41 -03:00
Fin de la sentencia