Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 8 de Bahía Blanca · Causa 58434
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHaciendo lugar a la acción de amparo promovida por Jorge Antonio Cortés, condenando al INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IOMA), a proveer al nombrado la cobertura al 100% de: a) Neurok inesiología, 3 sesiones semanales (según prescripción médica), a valores de mercado y a realizar por el profesional Lic. Maximiliano F. Méndez (REDES - Rehabilitación Neurológica, M.P. 3323 - M.N. 6898); b) Rehabilitación Fonoaudiológica, 2 sesiones semanales, a valores de mercado y a realizar por la profesional Fga. Elisa Fidel (M.N. 5506 - M.P. 2686); c) Terapia Ocupacional, 2 sesiones semanales a realizar en el centro asistencial IREL de Bahía Blanca; d) Terapia Cognitiva, 1 sesión semanal a realizar en el centro asistencial IREL de Bahía Blanca; e) andador ortopédico; y f) medicación consistente en Desvenlafaxina x100mg y Quetiapina x25mg, conforme considerando tercero. Con costas a la demandada (art. 19 Ley de amparo). Regúlanse los honorarios del Dr. Francisco Riesco (CUIT 20-32473771-6) en 20 IUS, con más el adicional de ley (arts. 20 bis ley 13.928 y modificatorias;14, 15, 16, de la ley 14967 y 9 ley 14442). Los honorarios de la Dra. Ayelen Antiman no se regulan en función de lo dispuesto por el art. 18 del Dec. Ley 7543/69.
Expte. Nro. 58434
En Bahía Blanca.-
Téngase presente el desistimiento formulado.-
A lo demás, estando vencido ampliamente el plazo del período de prueba, corresponde dictar sentencia, en estos autos caratulados: " CORTES JORGE ANTONIO C/ INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL IOMA S/ AMPARO " , de los que RESULTA:
PRIMERO: Que en fecha 07/set/2026 se presenta JORGE ANTONIO CORTÉS (D.N.I. N° 12.805.719 - CUD N° ARG-02-00012805719-20241007-20391007-BUE-387), afiliado al IOMA N° 211913701792, promoviendo acción de amparo contra el INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL (IOMA) a fin de que se le brinde la cobertura al 100% de: a) Neurok inesiología, 3 sesiones semanales (según prescripción médica), a valores de mercado y a realizar por el profesional Lic. Maximiliano F. Méndez (REDES - Rehabilitación Neurológica, M.P. 3323 - M.N. 6898); b) Rehabilitación Fonoaudiológica, 2 sesiones semanales, a valores de mercado y a realizar por la profesional Fga. Elisa Fidel (M.N. 5506 - M.P. 2686); c) Terapia Ocupacional, 2 sesiones semanales a realizar en el centro asistencial IREL de Bahía Blanca; d) Terapia Cognitiva, 1 sesión semanal a realizar en el centro asistencial IREL de Bahía Blanca; e) andador ortopédico; y f) medicación consistente en Desvenlafaxina x100mg y Quetiapina x25mg.-
Manifiesta el recurrente que padece un cuadro de ataxia de evolución progresiva que afecta su movilidad, equilibrio, su habla y distintas funciones cognitivas. A fin de acreditar lo expuesto, acompaña informe médico del Dr. Francisco H. Muñoz Giacomelli (M.P. 2272-M.N. 118908) del 20/ago/2025, que lo definió como una enfermedad neurodegenerativa denominada atrofia multisistémica variante cerebelosa - Discapacidad severa; informe neurocognitivo de la Lic. Paula Carolina Kraser del 10/ago/2025; y prescripción de la Dra. Marlyerling Cordobés donde indica la necesaria provisión de andador.-
Alega el amparista que las prestaciones de Neurokinesiología y Rehabilitación Fonoaudiológica nunca fueron autorizadas por la demandada; mientras que las de Terapia Ocupacional y Terapia Cognitiva sí lo estaban y que, si bien eran brindadas por IREL, fueron suspendidas; que la demandada cubre parcialmente los medicamentos requeridos; y en relación al andador, la provisión del mismo fue autorizada pero que aún no fue entregado pese a encontrarse adjudicado. Intima al IOMA por Carta Documento MD-5725267-AR, la cual no fue contestada.-
SEGUNDO: Que con fecha 18/sep/2026 se presenta la Dra. Antiman Ayelen en su calidad de representante fiscal, contestando demanda. Manifiesta que su representada ha formado el Expte Administrativo NroEX-2026-32481800- -GDEBA-FDE a IOMA y que no ha existido accionar arbitrario o ilegítimo que atente contra el derecho de salud del afiliado.-
TERCERO : Que con fecha 22/sep/2026 se abre el presente proceso a prueba y, habiendo vencido el plazo para su producción, los presentes autos se encuentran en condiciones de sentenciar (art. 13 ley 13928).-
PRIMERO : Que de la lectura de las posiciones asumidas por las partes no existe discusión sobre la enfermedad que padece el señor Jorge A. Cortes, ni sobre la conveniencia de las prestaciones solicitadas ya que depende de la colaboración de personas y elementos especiales en su diario vivir y de una medicación adecuada. La omisión que se imputa a la demandada no es otra que la falta de cobertura y provisión del 100 % de las prestaciones y medicamentos requeridos por el actor, por lo que corresponde analizar en primer lugar si dicha omisión constituye un comportamiento arbitrario o ilegítimo y manifiesto por parte de la Administración que justifique el uso de la vía excepcional del amparo por conjurar una violación a un derecho constitucionalmente protegido, análisis del que derivara la admisión o el rechazo de la pretensión propuesta.-
Los arts. 1 y 2 de la ley 13.928 indican que es procedente esta vía, en los supuestos y con los alcances del art. 20 de la Constitución Provincial, es decir que la violación (acto u omisión) por parte del órgano o agente de la administración pública, debe ser: actual o inminente y apta para lesionar, restringir, alterar o amenazar con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, cualquiera de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial. A la vez, subordina su procedencia a que no existan otros procedimientos ordinarios administrativos o judiciales que permitan obtener el mismo efecto. La Corte provincial tiene dicho que "la ilegalidad del acto lesivo debe aparecer de modo claro y manifiesto. No basta, por consiguiente, que el proceder denunciado restrinja alguna libertad constitucional. Se requiere, además, que el acto carezca del mínimo respaldo normativo tolerable para subsistir como tal; o dicho en otros términos, que haya surgido al margen del debido proceso formal, que constituye el fundamento de validez de toda norma jurídica", agregando que: "... la ilegalidad puede describirse a través de preceptos legislativos que se omiten aplicar o que se interpretan mal; mientras que la arbitrariedad exhibe un juicio especialmente negativo frente a las normas. La ilegalidad desconoce o aplica erróneamente la regla jurídica que corresponde, mientras que la arbitrariedad es la manifestación abierta y caprichosa sin principios jurídicos..." (SCBA, causa B. 58.002, "Rodríguez", 6/10/1988). En la inteligencia de los precedente citados, entiendo que la acción elegida es idónea a los fines pretendidos.-
SEGUNDO : Dicho ello, la falta de cobertura de las prestaciones y medicación, y su consecuente provisión en tiempo, esto es con la premura y urgencia que la situación demanda -conforme informe suscripto por el Dr. Francisco H. Muñoz Giacomelli con fecha 24/ago/2026 y testimonial brindada el 19/oct/26 quien en una parte de su declaración manifestó "Así que la urgencia es clarísima para esta enfermedad. Los tratamientos no se deben posponer, pero ni un día. No hay otro tipo de esquema terapéutico para esto"- para la continuidad con el tratamiento del afiliado, constituyen omisiones; entendidas éstas como el incumplimiento a un deber impuesto por una norma previa que obliga a un determinado hacer o dar, debiendo ponderarse si aquellas resultan manifiestamente ilegales o arbitrarias. La prestación y luego suspensión denunciada por el amparista de las prestaciones de terapia ocupacional que brindaba IREL quedan comprobadas con el informe brindado el 9/oct/26 por el mencionado instituto.-
La obligación asumida por la Provincia de Buenos Aires en la propia Constitución al garantizar el derecho a la salud, exige una prestación permanente entendiendo que las prestaciones solicitadas de Neurok inesiología, Rehabilitación Fonoaudiológica, Terapia Ocupacional, Terapia Cognitiva y andador como a los medicamentos son integrantes de ese derecho por su condición de bien social, (art. 36 inc. 5° de la Ley Fundamental local). Concretamente, en el caso que nos ocupa, dada la naturaleza de la enfermedad padecida por el señor Cortes, el hecho de no proveer las prestaciones y medicación en tiempo oportuno trae gravísimas consecuencias para la afectado, poniendo en riesgo su salud, indefectiblemente su calidad de vida, ello sin considerar las eventuales consecuencias para su grupo familiar. También debe consignarse que la salud y la asistencia médica constituyen el derecho a condiciones de vida adecuada (Decl. Univ. de Dchos. Humanos art. 25 inc. 1, que por ser tratado sobre derechos humanos tiene jerarquía constitucional con vigencia y fuerza supralegal -arts. 31, 75 inc. 22 y cc. de la Const. Nacional-). La Provincia de Buenos Aires, con acierto reconoce expresamente el derecho a la salud y cualquier omisión en la provisión de ese bien social, configura una violación a la Carta Fundamental Provincial.-
Tales derechos fundamentales, y principalmente, el derecho a la salud no se desarrolla como una posición jurídica fundamental en las relaciones jurídicas existentes entre particulares, sino en lo que Robert Alexy ha dado en llamar, "derecho fundamental como un todo" (Alexy, Robert, Teoría de los Derecho Fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993 p. 240), es decir que no creo, principalmente un derecho subjetivo individual, sino en deberes definitivos del Estado para la concreción del derecho iusfundamental reconocido constitucionalmente. Y en contrapartida del deber del Estado, el derecho a la salud es un derecho que se subsume constitucionalmente como un derecho iusfundamental de protección, que crea en el particular un derecho frente al Estado, no como un derecho subjetivo sino como una norma objetiva, que importa la protección estatal frente a intervenciones de terceros o del mismo Estado, en sus diferentes variantes.
La norma iusfundamental de protección al derecho a la salud, impone como deber estatal, además de otros no involucrados en el caso de autos, la provisión oportuna, sin límites de carencias de los medicamentos y prestaciones necesarias a aquellos que no pueden proveerlos por sus propios medios.- TERCERO : Que entonces, conforme lo expuesto, considero que la demandada obró con ilegalidad manifiesta al omitir proveer en tiempo oportuno las prestaciones y medicación que requería el señor Cortes, la que surge en forma palmaria, evidente, a partir del mero contraste de la normativa aplicable sobre el tema con los hechos dados. La vía del amparo elegida fue apta para el fin perseguido, ante la ostensible ilegalidad de la actuación de la accionada, que violentó en alto grado el derecho a la salud y a la vida con cierto riesgo de deterioro del amparista, dicha conducta omisiva ha conculcado sus garantías constitucionales, consagradas en los arts. 31, 75 inc. 22 y cc. de la CN; art. 25 inc. 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art.
XI Cap. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 20 inc. 2, 36 inc. 5, 12 incs. 1 y 3 y cc. de la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires y arts. 1, 2, 3, de la Ley 13.928 y arts. 1, y 2 de la Ley 14.192, por lo que debe hacerse lugar a la acción de amparo promovida y ordenar al INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL -IOMA-, a proveer al señor JORGE ANTONIO CORTÉS, afiliado al IOMA N° 211913701792, D.N.I. N° 12.805.719 - CUD N° ARG-02-00012805719-20241007-20391007-BUE-387, las prestaciones de: a) Neurok inesiología, 3 sesiones semanales (según prescripción médica), a valores de mercado y a realizar por el profesional Lic.
Maximiliano F. Méndez (REDES - Rehabilitación Neurológica, M.P. 3323 - M.N. 6898); b) Rehabilitación Fonoaudiológica, 2 sesiones semanales, a valores de mercado y a realizar por la profesional Fga. Elisa Fidel (M.N. 5506 - M.P. 2686); c) Terapia Ocupacional, 2 sesiones semanales a realizar en el centro asistencial IREL de Bahía Blanca; d) Terapia Cognitiva, 1 sesión semanal a realizar en el centro asistencial IREL de Bahía Blanca; e) andador ortopédico; y f) medicación consistente en Desvenlafaxina x100mg y Quetiapina x25mg.-
CUARTO : Las costas se imponen a la demandada, atento a no haber acreditado las circunstancias necesarias para su eximición (art. 19 segundo párrafo Ley 14.192 y 68 del CPCC).-
QUINTO : Con respecto a la medida cautelar dispuesta el 10/sep/2026, se mantiene la misma hasta tanto adquiera firmeza el presente resolutorio (arts. 202 y 166 inc. 3° del CPCC), quedando sin efecto a partir de ese momento.-
POR ELLO , y disposiciones legales citadas, FALLO: Haciendo lugar a la acción de amparo promovida por Jorge Antonio Cortés, condenando al INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IOMA), a proveer al nombrado la cobertura al 100% de: a) Neurok inesiología, 3 sesiones semanales (según prescripción médica), a valores de mercado y a realizar por el profesional Lic. Maximiliano F. Méndez (REDES - Rehabilitación Neurológica, M.P. 3323 - M.N. 6898); b) Rehabilitación Fonoaudiológica, 2 sesiones semanales, a valores de mercado y a realizar por la profesional Fga. Elisa Fidel (M.N. 5506 - M.P. 2686); c) Terapia Ocupacional, 2 sesiones semanales a realizar en el centro asistencial IREL de Bahía Blanca; d) Terapia Cognitiva, 1 sesión semanal a realizar en el centro asistencial IREL de Bahía Blanca; e) andador ortopédico; y f) medicación consistente en Desvenlafaxina x100mg y Quetiapina x25mg, conforme considerando tercero. Con costas a la demandada (art. 19 Ley de amparo). Regúlanse los honorarios del Dr. Francisco Riesco (CUIT 20-32473771-6) en 20 IUS, con más el adicional de ley (arts. 20 bis ley 13.928 y modificatorias;14, 15, 16, de la ley 14967 y 9 ley 14442). Los honorarios de la Dra. Ayelen Antiman no se regulan en función de lo dispuesto por el art. 18 del Dec. Ley 7543/69. Notifíquese de manera electrónica (art. 10 Ac. 4013 SCBA). Regístrese digitalmente (Res. SPL 921/21 SCBA).-
Firmas
Funcionario firmante: GRAZIABILE Dario Jorge - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 87-2026
Fin de la sentencia