Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 108847563-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia2Imponer las costas de esta instancia a cargo de la recurrente vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN);
3Confirmar la regulación de honorarios practicada por el Tribunal Fiscal de la Nación, y regular los correspondientes a esta instancia en la cantidad de 5,30 UMAs, conforme a lo expuesto en el considerando VI de este pronunciamiento.
Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 9753/2025 “CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL (TF 108847563-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de marzo de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fojas 257/262 -de las actuaciones administrativas en soporte digital-, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del auto de apertura de sumario dictado en las actuaciones SIGEA nº 13289-22237-2010, y prescripta la acción del Fisco Nacional para percibir tributos e imponer sanciones respecto de la firma CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL. En consecuencia, revocó la RESOL-2022-7288-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada en dicho procedimiento infraccional, mediante la cual se había impuesto a la firma una multa de $78.521,58, con más la suma de U$S 15.607,52 en concepto de tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del CA. Impuso las costas a cargo del Fisco Nacional.
Para así decidir, señaló que de la compulsa de las actuaciones administrativas no surgía agregado el despacho de importación temporaria N° 10001IT16000262S -objeto de la controversia suscitada- y que, además, la resolución aduanera aquí apelada se había fundado en copias simples e incompletas. Asimismo, destacó que la importadora había advertido al servicio aduanero acerca de la falta de la documentación original de la destinación, sin que éste formulara manifestación al respecto ni realizara diligencias para procurar su incorporación. Por el contrario, continuó con el trámite del procedimiento y dictó la resolución condenatoria cuestionada.
En ese contexto, indicó que la ausencia de la carpeta original de la DIT impedía verificar la fecha de su oficialización, corroborar su vencimiento, o determinar si se ha concedido una prórroga para la regularización del régimen. Asimismo, impedía constatar la Alta en sistema: 20/03/2026 descripción de la mercadería importada y la cantidad que fue objeto de la operación.
Puso de resalto que, al no contarse con la DIT original o copias completas de la misma al momento de la apertura de sumario -y con mayor razón, al momento de dictarse la resolución condenatoria- se evidenciaba la existencia de un vicio en la causa fuente de la imputación y del acto que la recepta, esto es, el auto de instrucción de sumario. En tales condiciones, declaró la nulidad del procedimiento sumarial. Por otro lado, indicó que “[…] desde la fecha del vencimiento de la DIT, esto es, 28/02/2011, a la fecha de la notificación de la corrida de vista, 11/02/2022 (conforme surge de la cédula de notificación electrónica SICNEA n.° 22001NOTI029333Z a fs. 21), habían transcurrido los diez (10) años que establecía el art. 67 del ahora derogado Código de Comercio -vigente al momento de la oficialización de la destinación-, y del plazo genérico de conservación fijado por el art. 328 del Código Civil y Comercial de la Nación […]”. En razón de ello, consideró que para cuando la actora tomó conocimiento del sumario instruido ya habían vencido los plazos de conservación establecidos por la normativa vigente al momento de registrarse la operación. Sobre esa base, toda vez que el vencimiento de la operación habría operado el 28/02/2011, habiéndose superado ampliamente el plazo quinquenal previsto en la normativa aplicable, y atento a que no se verificó ninguna causal de suspensión e interrupción de la prescripción -en virtud de la nulidad declarada respecto del auto de apertura del sumario- declaró prescripta la acción del Fisco para percibir tributos e imponer sanciones en los términos de los artículos 803 y 934 del CA.
II. Que contra esa decisión, el Fisco Nacional interpuso un recurso de apelación a fojas 266, y expresó agravios a fojas 278/300, los que fueron replicados por su contraria a fojas 313/316 -de las actuaciones administrativas en soporte digital-.
Alta en sistema: 20/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V En su presentación, luego de recordar los antecedentes del caso, se agravió de que el a quo hubiera declarado la nulidad del auto de apertura del sumario. Señaló que, contrariamente a lo resuelto, las actuaciones administrativas contenían la documentación necesaria para sustentar la instrucción del procedimiento y el dictado de la resolución sancionatoria. Añadió que, en todo caso, pesaba sobre la actora la carga de aportar las carpetas correspondientes a la operación cuestionada.
Por otro lado, cuestionó que se hubiera declarado la prescripción de las acciones del Fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos. Explicó que el vencimiento de la destinación temporaria Nº 10001IT16000262S había operado el fecha 28/02/11 y que, conforme a lo previsto en los artículos 934 y 935 del CA, el curso de la prescripción había comenzado a correr el 01/01/2012, por lo que habría fenecido -en principio- el 31/12/2016.
Agregó que el artículo 937, inciso a) del CA establece que la prescripción de la acción se interrumpe por el dictado del auto que ordena la apertura del sumario. En ese sentido, indicó que la apertura se produjo el 12/12/2016, circunstancia que interrumpió el curso de la prescripción, y comenzó a correr un nuevo plazo a partir del día siguiente a esa fecha.
III. Que a fojas 319 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios del Dr. Cancellieri -en su doble carácter de apoderado y patrocinante de la actora- en la cantidad de 17,76 UMAs.
El Fisco Nacional apeló dicha regulación por considerar elevada la suma allí dispuesta, y el letrado de la parte actora hizo lo propio, al considerar escasa la suma regulada por dicho concepto (v. fs. 323 y 329/330 de las actuaciones administrativas en soporte digital).
IV. Que a fojas 3/5 de las presentes actuaciones obra el dictamen del Fiscal General de Cámara, a cuyos fundamentos cabe remitirse por razones de brevedad.
Alta en sistema: 20/03/2026 V.- Que en este estado de las actuaciones, corresponde examinar en primer lugar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional contra la resolución de fondo.
V.1. Cabe recordar que esta Cámara ha señalado el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 1180 inciso b) del Código Aduanero de modo tal que cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados. Tal principio, sin embargo, puede ceder no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (esta Sala in re: Expte. N°14519/2022 “Alea y CIA SA (TF 49745061-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 14/07/2022; Expte. N° 4255/2022 “Viluco SA (TF 60680128-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 01/09/2022; Expte. N° 45860/2022 “ Viluco SA (63483899-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 09/04/2024, entre otros).
V.2. No se advierte en el caso que la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal -en particular, a la luz de las normas reseñadas en el considerando precedente- haya sido arbitraria o irrazonable, de modo tal que justifique desechar las conclusiones vertidas sobre el punto en el pronunciamiento apelado. Ello es así, en tanto que en su escrito recursivo la apelante no ha controvertido el hecho de que todo el sumario se tramitó sin que el servicio aduanero contara con la destinación original y la documentación complementaria, que debieron servir inexorablemente de antecedente al acto cuestionado.
V.3. Sin perjuicio de lo anterior, las críticas del Fisco Nacional al pronunciamiento apelado -vinculadas con la falta de agregación de los expedientes originales de la destinación temporaria- no demuestran el desacierto de la decisión apelada y deben ser desestimadas.
Alta en sistema: 20/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V En efecto, esta Sala ha señalado que para la comprobación de la infracción del artículo 970 resulta indispensable contar con las destinaciones y su documentación complementaria, en la medida en que la falta de la carpeta original de la DIT impide, entre otras cosas, verificar la fecha de su oficialización, corroborar su vencimiento, determinar si por el mismo se ha concedido o no prórroga a los fines de la regularización del régimen y, si la recurrente cumplió en definitiva con la obligación de reexportar la mercadería involucrada (esta Sala, causa n° 10.156/2024 “Fianzas y Créditos SA Compañía de Seguros (TF 15481439-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 18/03/2025; n° 10585/2025 “Aceitera General Deheza SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 12/08/2025; conf. en el mismo sentido, Sala III, causas nº 3063/2020 “Sancor Cooperativa de Seguros Limitada TF 40026-A c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/03/2021;y nº 1304/2018 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA TF 31725-A c/ Administración Nacional De Aduanas S/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 07/02/2019; Sala II, causa nº 74812/17 “Ferrero Argentina S.A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 28/12/17; Sala I, causa nº 74.954/2018, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 29846-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19/09/2019; entre otros).
En esa misma lógica, la redeterminación realizada por el Fisco Nacional de los derechos de exportación a abonar por la actora, basada en la supuesta diferencia de relación insumo temporalmente importado-producto exportado, hacía necesario contar con las destinaciones de la mercadería importada temporalmente para perfeccionamiento (Decreto N° 1330/2004).
En aquellos precedentes, esta Sala reconoció también -en consonancia con lo indicado en la resolución apelada- que la obligación de producir esa documentación recaía sobre el servicio aduanero, lo cual se ve reforzado en este caso por el tiempo transcurrido entre la oficialización de las importaciones originales y el dictado del acto cuestionado.
Alta en sistema: 20/03/2026 Por tales los fundamentos, corresponde desestimar el agravio de la demandada en cuanto a este punto, y confirmar la resolución apelada en cuanto declaró la nulidad del procedimiento.
V.4. Atento a lo expuesto precedentemente, corresponde también confirmar la declaración de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos e imponer sanciones en los términos de los artículos 803 y 934 del CA. Ello así, toda vez que el vencimiento de la operación habría operado el 28/02/2011 y, en el caso, se superó ampliamente el plazo quinquenal previsto en la normativa aplicable atento a que no se verificó ninguna causal de suspensión e interrupción de la prescripción.
En efecto, el agravio de la demandada en cuanto a este punto se fundó -en lo sustancial- en que la apertura del sumario habría interrumpido el curso de la prescripción. Sin embargo, al haberse declarado la nulidad del procedimiento en cuanto a dicho acto, tal circunstancia no puede producir efectos interruptivos. Por ello, corresponde desestimar también el presente agravio.
VI. Que resuelto lo anterior, corresponde analizar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada por el Tribunal a quo.
En función de la naturaleza, del resultado obtenido y de la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por la representación legal de la parte actora ante el Tribunal Fiscal de la Nación, correspondería confirmar la regulación allí fijada, toda vez que resulta ajustada a derecho (arts. 16, 20, 21, 24, 29 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA 235/2026).
Asimismo, por el trabajo cumplido ante esta Alzada, se regulan los honorarios del Dr. Hernán Cancellieri, en su carácter de apoderado y patrocinante de la actora, en la cantidad de 5,30 UMAs equivalentes -a la fecha del presente pronunciamiento- a la suma de $476.337 (arts. 16, 20, 21, 24, 29 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA 235/2026).
Alta en sistema: 20/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Cabe dejar aclarado que en el importe establecido precedentemente no se encuentra incluida suma alguna en concepto de Impuesto al Valor Agregado, por lo que -frente a la acreditación de la condición de responsable inscripto en dicho tributo que oportunamente realice el beneficiario-, la obligada respecto de dichos emolumentos deberá depositar el importe correspondiente a ese tributo, juntamente con el monto del honorario.
Por lo expuesto, correspondería: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada, 2) Imponer las costas de esta instancia a cargo de la recurrente vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN); 3) Confirmar la regulación de honorarios practicada por el Tribunal Fiscal de la Nación, y regular los correspondientes a esta instancia en la cantidad de 5,30 UMAs, conforme a lo expuesto en el considerando VI de este pronunciamiento.
Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.
Se deja constancia de que la Vocalía N° 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 20/03/2026 Alta en sistema: 20/03/2026
Fin de la sentencia