Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2502/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedidos los recursos de casación interpuse-tos por la parte actora (cfr. PE315746-2021) y por la parte demandada, Asociación Centro Astuariano de Río Gallegos (cfr. PE 310843-2021) y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE387986-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2502/22-TSJ Interlocutorio N°: 3735 Actor: CORTI JUAN CARLOS Demandada: ASOCIACIÓN CENTRO ASTUARIANO DE RIO GALLEGOS Y OTROS Objeto: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO-DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 28 de febrero de 2023 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3735 FOLIO Nº 6674/6682 PROT. ELECT. TSS1 006 I.231
Río Gallegos, 28 de febrero de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “CORTI JUAN CARLOS c/ ASOCIACIÓN CENTRO ASTUARIANO DE RIO GALLEGOS Y OTROS s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO-DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº C-16.813/13 (C-2502/22-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo Tribunal Superior de Justicia, en virtud de los recursos de casación interpuestos por la parte actora, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Viviana R. Bender (cfr. PE315746-2021) y por la parte demandada, Asociación Centro Asturiano de Río Gallegos, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Alejandro Fernández (cfr. PE310843-2021), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, por cuanto declaró desierto el recurso de apelación deducido por este último y rechazó el interpuesto por la parte actora confirmando el fallo de grado (cfr. PE295927-2021).-
II. Analizando los antecedentes de la causa, observamos que la parte actora inició la presente acción reclamando una indemnización por los perjuicios que dice haber sufrido ante el incumplimiento contractual que le imputa a la parte demandada (cfr. fs. 169/179. y vta.).-
La sentencia de Primera Instancia, hizo lugar a la acción promovida contra la Asociación Centro Asturiano de Río Gallegos condenando a ésta a abonar al actor una suma de dinero con mas intereses, rechazándola respecto de los demandados José Luis Fernández González y Eduardo Fernández, los entonces presidente y secretario del club respectivamente (cfr. foja 866).-
La Cámara, por su parte, confirmó dicho pronunciamiento. Para así decidir declaró desierto el recurso de apelación deducido por la Asociación Centro Asturiano de Río Gallegos por entender que el mismo carece de una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante consideraba equivocadas y porque éste omitió analizar los argumentos explicitados por el juez de Primera Instancia. En cuanto al recurso deducido por la parte actora consideró que, más allá del esfuerzo que realizara para cuestionar la decisión del juez, no existían pruebas suficientes para establecer que el accionar de la Comisión Directiva fuera inconsulto y paralelo o temerario y malicioso. Además consideró que, con los agravios vertidos, no se ha logrado convencer sobre un inadecuado ejercicio de la facultad prevista en el artículo 166 del CPCyC (cfr. PE295927-2021).- Contra esta decisión ambas partes interponen recurso de casación.-
La parte actora solicita que se case la sentencia arbitraria y contradictoria por quebrantamiento de forma, violación de la ley e incongruencia manifiesta (cfr. PE315746-2021).-
Considera que el decisorio impugnado: “…avasalla lo preceptuado en el Art. 164 inc. 5 del CPCyC…el Art. 34 inc. 4º…las formas y solemnidades sustanciales propia, cuando ignora los agravios vertidos, analiza en forma parcial las probanzas de autos, fundamenta su decisorio en forma contradictoria, resolviendo el caso sin el estudio de las actuaciones, limitándose a referenciar frases de la sentencia de primera instancia a modo de justificación de una labor y esfuerzo intelectual que verdadera y evidentemente no surge realizado…En dicho contexto se desobedece lo preceptuado por el Art. 3 del Código Civil y Comercial…” (cfr. PE cit., pág. 9).- Sostiene que “…en la sentencia atacada, se dilucidó previamente que norma jurídica era aplicable conforme el ámbito temporal en que ocurrieron los hechos …Así concluyó en que…el conflicto aquí planteado [debía ser juzgado]…por las normas del Código Civil, toda vez que la relación jurídica entre las partes ha transcurrido íntegramente bajo el imperio de dicho ordenamiento legal…en cuanto a la confirmación del rechazo de la demanda contra los Sres. José Luis Fernández González y Eduardo Fernández, se aparta de tal principio y determina que va a utilizar lo prescripto en el Código Civil y Comercial de la Nación para señalar cómo se compone la administración de la sociedad civil…” (cfr. PE cit. pág. 10).- Agrega que a la luz de ello “…se observa una incongruencia flagrante en el decisorio, teniendo en cuenta que todo el desarrollo de la fundamentación y motivo del rechazo, fue deducido conforme las normas del nuevo ordenamiento civil y comercial, y no el vigente durante la ocurrencia de la relación jurídica entre la parte actora y las demandadas.” (cfr. PE cit. pág. 11).-
Aduce que se vislumbra la parcialidad en la valoración de las pruebas colectadas y de la argumentación vertida en los agravios (cfr. PE cit. págs. 11/12) y que: “El comportamiento de los accionados como representantes legales de las asociación civil, demostró su extralimitación en el ejercicio de su ministerio, consecuentemente en el presente caso, debe extenderse a ellos la responsabilidad civil de la misma, tal como los demandados lo afirmaran…Así las cosas, todo lleva a concluir que efectivamente corresponde hacer extensiva la responsabilidad personal y directa de los codemandados, por los daños y perjuicios ocasionados a mi mandante” (cfr. PE cit. pág. 14) Seguidamente se agravia de las costas impuestas a su parte -en virtud del principio objetivo de la derrota- por el rechazo de la demanda contra los Sres. José Luis Fernández González y Eduardo Fernández solicitando que las mismas sea impuestas en el orden causado (cfr. PE cit., págs. 14/15).-
En cuanto a la arbitrariedad de la sentencia impugnada, afirma que el ad quem confunde la pretensión de su parte y no interpreta el agravio esgrimido. Para fundar su embate agrega que: “…la queja ejercida en cuanto al monto estipulado para el rubro daño emergente no se limitó a una simple confusa disconformidad con ello, sino que se explicó y se motivó debidamente el agravio irrogado […] Es la Alzada la que equivoca o no interpreta la fundamentación dada por esta parte, al sentirse agraviada por el escaso monto dispuesto como daño emergente.” (cfr. PE cit. pág. 15).- Con relación al inicio de cómputo de los intereses, afirma que la sentencia resulta arbitraria por considerar que solo se deben intereses moratorios cuando también se deben los intereses resarcitorios. Aduce que: “Si bien, el hecho que origina tal resarcimiento es la rescisión del contrato, el monto invertido en las obras al tiempo de producida dicha circunstancia se encontraba totalmente desactualizado (sic) […] se entiende que debe casarse la sentencia recurrida, elevando el monto correspondiente al daño emergente tal como se expuso y se retrotraiga a la fecha de inicio de cómputo de los intereses dispuestos considerándolos a partir de los seis meses de suscripto el contrato de concesión, esto es, a partir del 03/08/2004…” (cfr. PE cit. págs. 17).- En lo tocante al lucro cesante, esgrime que la Alzada no analiza ni considera o contradice las argumentaciones vertidas por su parte, sino que solo reproduce la decisión del Juez de Primera Instancia sin meritar ni rebatir el fundamento de la queja. Pretende con relación a este ítem que el porcentaje de ganancia se eleve al 30 % (cfr. PE cit. págs. 17/18).-
Seguidamente también manifiesta su disconformidad con lo resuelto respecto de la pérdida de chance y daño moral. En cuanto al primero de los rubros expresa: “El rubro lucro cesante prospero (sic), y su magnitud, si bien el quo (sic) la toma como referente, no es óbice para que no se haga lugar al agravio y se aumente su monto, considerando que la perdida (sic) de la chance esta (sic) representada por la opción de renovación del contrato de concesión…”. En cuanto al segundo item sostiene que: “…la interpretación que realiza el ad quem es totalmente errónea […] se encuentra probado el dolo, por la violación al principio de buena fe y lealtad contractual, y la falta de justificación para romper la relación contractual […] el agravio al monto del daño moral, no representa una simple disconformidad, sino que obedece a que debe tenerse en cuenta, las secuelas y los efectos que éstas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su vida de relación […] se agravio (sic) esta parte por la reducción aplicada al monto reclamado, considerando que se encuentra debidamente probado por la prueba pericial psicológica, que no fue objeto de observaciones y/o impugnaciones, y más aún por las claras declaraciones, contestes, precisas y concordantes de todos los testigos como repercutió en el actor de la rescisión unilateral y dolosa del contrato de concesión.” (cfr. PE cit. págs. 18/20).- Por su parte, la accionada Asociación Centro Asturiano de Río Gallegos recurre el fallo de Cámara por violación de la ley, conforme lo dispuesto en los artículos 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Re-curso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. PE 310843-2021, pág. 1).-
Se agravia expresando que: “...este razonamiento pasa por alto el planteo principal de mi mandante al contestar la demanda, al que no le dedica ni un solo renglón, como si no existiera. Este argumento central consiste en que el contrato no fue rescindido unilateralmente por incumplimiento del concesionario, sino que se resolvió por la desaparición de su objeto o causa. Y ello, porque a partir de que el IDUV realizó las obras en la sede del Centro Asturiano, la prestación a cargo del actor se tornó imposible física y jurídicamente […] al volverse de imposible cumplimiento la prestación a cargo de Corti se alteró sustancialmente la ecuación económico-financiera del contrato y se frustró su finalidad: lo que antes era un contrato oneroso con prestaciones recíprocas pasaba a ser un contrato gratuito, pues el concesionario quedaba eximido de toda contraprestación. Por eso sostenemos que la sentencia incurre en arbitrariedad al omitir el análisis de una defensa fundamental de esta parte e insistir en el instituto de la rescisión unilateral por incumplimiento. El efecto de esa decisión es generar un enriquecimiento sin causa del actor, al reconocerle la posibilidad de lucrar con la explotación de las instalaciones del Centro Asturiano a cambio de nada…” (cfr. PE cit. págs. 2/5).- Agrega que: “…la sentencia de la Cámara resulta arbitraria y autocontradictoria también al fijar la cuantía de la reparación, ya que rechaza los recursos de las dos partes con argumentos que primero niega y afirma después […] si la carga de la prueba del monto del daño era del actor, no se entiende porque se pone esa misma carga sobre esta parte…Nos referimos a la cuantía del daño sufrido por el actor, lo que sólo él está en condiciones de demostrar […] se ha suplido la negligencia probatoria del actor con una facultad procesal que…no se puede ejercer de manera voluntarista o porque al sentenciante le parezca 'razonable' o 'prudente'…” (cfr. PE cit. págs. 6/7).- Cita jurisprudencia.-
Sostiene que cuando la resolución “…calcula el lucro cesante y la pérdida de chance, no toma en cuenta que el contrato, originalmente bilateral y de prestaciones recíprocas, a partir de la asunción de la obra por el IDUV se convirtió en gratuito (para el actor), y se limita a analizar los ingresos dejados del percibir…se convalida un enriquecimiento sin causa porque se le reconoce al actor más de lo que hubiera ganado si hubiera cumplido con la parte que le tocaba del contrato. Y, al revés, se obliga a mi mandante a indemnizar a aquel como si tuviera derecho a usar las instalaciones del Centro Asturiano sin contraprestación, lo que nunca fue objeto del contrato…” (cfr. PE cit., pág. 9).- Afirma que también es arbitraria la cuantificación del daño moral ya que no se ha demostrado que el concesionario haya sufrido un padecimiento espiritual por la finalización del contrato (cfr. PE y pág. cits.).-
Continúa sosteniendo que de la lectura del fallo de la Alzada se advierte que está sólo aparentemente fundado, pues efectúa afirmaciones dogmática sin analizar la defensa fundamental de su parte, que implica una situación jurídica sustancialmente diferente a la que se plantea en la resolución (cfr. PE, cit. pág. 11).-
Respecto a la absurda valoración de la prueba fundada en el articulo 3, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- explica que el vicio denunciado resulta de que la cuantificación de los daños con fundamento en el articulo 166 del CPCyC, se aparta de las constancias de la causa, se funda pura y exclusivamente en el voluntarismo del juez, suple la negligencia y desidia probatoria del actor, en cabeza de quién se encontraba la carga de acreditarlo (cfr. PE cit. págs. 12/13).- Manifiesta que mantiene la reserva del caso federal.-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisibles los recursos de casación interpuestos (cfr. PE387986-2022).-
Pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE266700-2022).-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad de los recursos intentados.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir, que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inadmisibilidad del planteo casatorio.-
En primer lugar se advierte que la parte actora, al precisar los motivos de su impugnación, ha querido abarcar la mayoría de las vías impugnativas previstas en las normas que rigen la casación. Así señala que “La Excma. Cámara de Apelaciones…ha quebrantado las formas, ha violado la ley aplicable y ha fallado con arbitrariedad en el resolutorio atacado, por lo que resulta procedente el recurso de casación…a tenor del Artículo 2 y 3 inciso 'a')…” (cfr. PE315746-2021, pág. 3).-
Por su parte, la accionada Asociación Centro Asturiano de Río Gallegos recurre el fallo de Cámara por violación de la ley, conforme lo dispuesto en los artículos 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Re-curso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. PE310843-2021, pág. 1)
Así las cosas, y a los fines de una mayor claridad, se tratarán los recursos deducidos de manera conjunta.-
El quebrantamiento de formas lo constituyen los vicios sustanciales de los que una sentencia pueda padecer, ya sea en sus formas o solemnidades. Este Tribunal ha considerado procedente el mentado remedio procesal, por ejemplo, en casos de ausencia total de fundamentación de una sentencia, falta de mayoría de opiniones jurídicamente válida (cfr. TSJ Sentencia, Tomo V, Reg. 166, Folio 857/859, Tomo VII, Reg. 229, Folio 1234/1238) o incongruencia palmaria por omisión total o parcial, de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomo III, Reg. 90, Folio 404/408; Tomo VII, Reg. 229, Folio 1234/1238).- En el sub lite la parte actora no intenta demostrar que la Excma. Cámara de Apelaciones haya incurrido en algunos de los vicios mencionados, al contrario, aduce de manera genérica que el fallo en crisis ha violentado las formas y solemnidades sustanciales para el procedimiento sin desarrollar un esquema argumental concreto y específico con relación a lo que es objeto de crítica.-
En particular entiende que se avasalla lo preceptuado en los artículos 164, inciso 5 y 34 inciso 4º del CPCyC, y lo establecido por el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación. Además sostiene que la decisión ignora los agravios vertidos, analiza en forma parcial las probanzas de autos, fundamenta su decisorio en forma contradictoria, resolviendo el caso sin el estudio de las actuaciones, limitándose a referenciar frases de la sentencia de primera instancia a modo de justificación de una labor y esfuerzo intelectual que no surge realizado (cfr. PE315746-2021 pág. 9) sin embargo, reitero, no logra poner de manifiesto las infracciones que aduce.- En cuanto al incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 164, inciso 5º del y 34, inciso 4º del CPCyC, se puede apreciar que la Cámara dió íntegro cumplimiento a las normas mencionadas, puesto que efectuó un análisis integral de las constancias de la causa a la luz de la normativa aplicable, plasmando el desarrollo argumental que la llevó a resolver en el sentido que lo hizo, sin surgir de su estructura el vicio denunciado.-
Lo mismo ocurre con la supuesta violación al artículo 3 del Código Civil, toda vez que la Alzada hizo referencia a dicho cuerpo normativo a fin de: “…señalar cómo se compone la administración de la sociedad civil.” (cfr. PE 295927-2021, pág. 19).-
En este caso se observa que la parte actora se ha limitado a mencionar el supuesto incumplimiento de los artículos referidos sin intentar demostrar -aunque sea mínimamente- en qué se ha equivocado la Cámara y, menos aún, fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión.-
Es que la interesada omite fundar adecuadamente su agravio toda vez que incumple con el recaudo de ser una crítica profunda, concreta y razonada de los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia atacada.-
No debe olvidarse que resulta imprescindible, a efectos de abrir la posibilidad revisora de este Alto Cuerpo, que el recurrente exponga claramente las razones que, entiende, tornan injusta la solución adoptada en la instancia anterior. Para ello, debe aportar consistentes razonamientos que demuestren la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de la prueba producida, con un desarrollo argumental que ponga al descubierto el error de juzgamiento que le atribuye a la sentencia (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3150, Folio 5171/5175 y XXVII, Reg. 3195, Folio 5256/5259); recaudos que no han sido cumplidos en la presentación en estudio.- Como es sabido, dichas exigencias no pueden tenerse por cumplidas “…con la genérica mención de las normas jurídicas denunciadas como violadas, así como tampoco con la crítica vaga e indeterminada de las valoraciones fáctico-probatorias realizadas en la sentencia…” (cfr. SCBA, “Isola Sara Beatriz c/ Jerez, Ana María y otros s/ Reivindicación”, causa C. 104.870, S del 16/12/2009).-
Continuando con el análisis del quebrantamiento de forma alegado por el Sr. Corti, debemos decir que tampoco se encuentra demostrado que la judicatura haya omitido abordar o decidir íntegramente los argumentos brindados por la recurrente en su recurso de apelación. De la íntegra lectura de la sentencia en crisis no se advierte que los jueces se hayan desentendido de las pretensiones sometidas a su decisión, ni mucho menos de las pruebas aportadas al proceso resultando, el agravio esgrimido, una mera disconformidad de la recurrente con la interpretación y solución dada por la Excma. Cámara de Apelaciones.- La casacionista no logra poner de manifiesto la infracción que aduce puesto que no indica cual de sus agravios no fue tratado por la Alzada, no especifica ni describe que medio de prueba fue evaluado en forma parcial o de manera errónea y finalmente, no individualiza cuales son las partes de la sentencia que incurren en contradicción demostrando tal extremo.-
En definitiva, no se ha intentado argumentar con éxito que la Cámara haya infringido las reglas básicas del razonamiento sentencial o incurrido en alguna omisión susceptible de configurar una transgresión al principio de congruencia, puesto que los puntos indicados por la casacionista fueron objeto de análisis, valoración y juzgamiento, resultando entonces a todas luces inconducente el planteo formulado para su tratamiento en esta instancia.-
En cuanto al recurso de casación deducido por la parte demandada se advierte que, aunque ha citado el carril impugnativo previsto en el artículo 3°, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. PE310843-2021, Pág. 1), al desarrollar sus fundamentos contra la sentencia de Cámara se refiere a la causal de quebrantamiento de forma, al expresar que se había pasado por alto el planteo principal, el cual era que el contrato no fue rescindido unilateralmente por incumplimiento del concesionario, sino que se resolvió por la desaparición de su objeto o causa. Sin embargo, este planteo -en los términos aquí realizados- no fue puesto a conocimiento de la Alzada ni objeto de crítica en la expresión de agravios deducida a fs. 896/897 de los presentes.-
En el memorial fundante del recurso de apelación sometido a la competencia de la anterior instancia, la casacionista se limitó a recurrir el fallo por entender que la interpretación de la carta documento remitida al actor, que efectuó el Sr. Juez de grado, fue errónea toda vez que -a través de ella- no se decidió rescindir o dar por extinguido el contrato suscripto por las partes (cfr. foja 896 vta.). Es en virtud de ello, que tal agravio no pudo ser objeto de debate ni de juzgamiento por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones, convirtiéndolo -en esta instancia- en una queja absolutamente novedosa y extemporánea.- No debemos olvidar que el límite del poder de decisión de la Alzada para dictar su sentencia está determinado por los agravios, estando vedado a este Alto Cuerpo ingresar al estudio de argumentos que no fueron sometidos a su estudio y consideración.-
Este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “…no corresponde en esta etapa extraordinaria adentrarnos al tratamiento de cuestiones que no han sido propuestas en segunda instancia, porque ello violaría el principio de congruencia…Corresponde reiterarlo, no se puede en esta excepcional instancia atender las reflexiones tardías de las partes, recuérdese que tal como lo explica Hitters (Recursos Extraordinarios y Casación, Ed. LEP, 2da. ed., pág. 182) en la casación hay motivos de impugnación reglados en forma expresa, se controla lo decidido en instancias ordinarias y que el recurso tiende a controlar providencias ya dictadas, de ahí entonces que resulten ajenas a este carril aquellas cuestiones que no han sido propuestas en las instancias ordinarias (pág. 613)…Si las argumentaciones que desarrolla el recurrente no fueron oportuna y suficientemente propuestas a los jueces de grado, ello impide su consideración en la instancia extraordinaria (Fallos: 313:342).” (cfr.
Sentencia, Tomo XI, Reg. 400, Folio 2165/2170).- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en situaciones similares ha sostenido que: “No puede admitirse una argumentación cuando resulta novedosa en esta sede en tanto no fue propuesta en la etapa en que debió plantearse...” (cfr. Sum. “Carranza Raúl Alberto; Farisano, Nicolás Alberto c/ Jensen Claudio Oscar “La Perseverancia del Sur S.A. Argentina de Seguros” s/ Daños y perjuicios”, causa LP Ac. 81.938 S, del 29/12/2003; sum. “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fábrica de plásticos Banfield S.A. y otros s/ Ejecución hipotecaria”, causa LP Ac. 90419 S, del 18/07/2007; sum. “Fernández Mirta Lidia c/ Pérez Néstor Fabián y otro s/ Daños y perjuicios”, causa LP C 101286 S, del 02/03/2011; “Batafarano María Teresa c/ García Rubén Oscar s/ Escrituración”, causa LP C 110382 S, del 03/07/2013).- En este sentido también ha afirmado que: “Las argumentaciones que conforman una defensa novedosa por no haber sido sometidas a decisión de los jueces de grado son inatendibles en casación.” (cfr.
Sum. “Sánchez Manuel c/ Johnson y Johnson de Argentina S.A. s/ Accidente”, causa LP L 76299 S, del 06/04/2004; sum. “Daffis Néstor Abel c/ Club Universitario de La Plata s/ Despido”, causa LP L 101407 S, del 10/11/2010; sum. “Ferrario Fernando Javier c/ Multicanal S.A. s/ Despido”, causa LP L 102935 S, del 15/06/2011; sum. “S., M.O. c/ J.B.S. y o. s/ Daños y perjuicios”, causa LP L 106365 S, del 25/04/2012).- De lo expuesto se desprende claramente que la argumentación que desarrolla la recurrente no fue oportuna y suficientemente propuesta a la Excma. Cámara de Apelaciones, lo cual la torna inaudible, ya que este Tribunal Superior de Justicia se encuentra impedido de resolver sobre capítulos no propuestos en las instancias anteriores, lo que hace devenir infundado el recurso de casación impetrado.-
En efecto, los agravios formulados por los recurrentes no logran brindar argumentos suficientes que permitan percibir el perjuicio derivado del supuesto quebrantamiento de formas que habilite la instancia extraordinaria ya que no logran poner de resalto de qué manera se produjeron los vicios que denuncian.-
Las partes recurrentes interponen sus recursos por violación de la ley, conforme lo dispuesto en los artículos 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- sin embargo debe adelantarse que el mencionado canal impugnativo tampoco resulta propicio para la apertura de la presente instancia extraordinaria.-
Y es que: “…Existe 'violación' de ley cuando, frente a una determinada situación de hecho, se prescinde de aplicar la norma que conceptualiza esa situación, eligiéndose otra norma cuyas menciones contemplan un supuesto distinto. La 'errónea aplicación' de ley significa, en cambio, que si bien la norma ha sido correctamente elegida, se le acuerda, por restricción o ampliación, un sentido incompatible con el supuesto de hecho planteado en el proceso” (confr. Palacio, Lino E., Recursos Procesales, Lexis Nº 2508/001696) (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2639, Folio 3967/3970).- Frente a este embate es dable rememorar que el recurso de casación constituye un acto procesal de alegación crítica, pues tiene por finalidad poner de resalto los errores que se atribuyen a una sentencia definitiva. De conformidad al artículo 4º, inciso a) del régimen de casación el escrito portador del recurso debe contener, en términos claros y concretos, la mención de las disposiciones violadas, erróneas o falsamente aplicadas así como la manifestación de cuál es la ley o doctrina que ha debido aplicarse al caso.-
Desde este particular cuadrante, cabe advertir que una técnica recursiva ajustada a la índole extraordinaria del andarivel de marras exige fundar sufi- cientemente la impugnación; es decir, que se requiere -entre otras cuestiones- citar las normas jurídicas presuntamente violadas. Además es imperativo ineludible del im- pugnante expresar las disposiciones a la luz de las que se debió resolver el conflicto.-
Nada de esto puede predicarse respecto a las piezas casatorias bajo examen, puesto que -como se adelantó- las partes recurrentes se limitan a sostener genéricamente que se han violado las normas aplicables sin individualizar -a lo largo de sus presentaciones- el precepto que consideran quebrantado por el acto sentencial cuestionado ni mucho menos indicar de manera clara y precisa cual disposición corresponde aplicar y de que manera.-
No podemos soslayar lo difuso de los planteos que no exponen cual sería la normativa violada, y menos como es que se ha producido esa violación. Ante contextos como los descriptos, este Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado expresando que: “...ha omitido, la recurrente, efectuar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. En efecto, no surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada, quedando los agravios reducidos a cuestiones fácticas y probatorias; de modo que los agravios del casacionista pretenden lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta ajeno -como ya hemos dicho- a esta instancia.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3079, Folio 5013/5016).- Es en virtud de lo manifestado que no puede prosperar la vía intentada máxime cuando, efectuado por este Alto Cuerpo el análisis de la sentencia de Cámara, se observa que el resultado definitivo obtenido resulta justo, equilibrado y conforme a derecho, ciñéndose el examen de dichas circunstancias a los términos de la litis con razonamiento adecuado en orden al encuadre legal aplicado, sin que se aprecie en el fallo ausencia de fundamento ni soslayo de los medios probatorios que lo hagan aparecer como ilógico en su conclusión (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 991, Folio 1206/1208; ídem, Reg. 1081, Folio 1369/1377, entre otros). En consecuencia, al no encontrarse acreditado el absurdo o la arbitrariedad, la referencia a la violación de la ley, cuando en realidad lo que se pretende es una nueva evaluación de los hechos y las pruebas, deviene inaudible por no haberse esgrimido agravios suficientes que habiliten la pérdida de eficacia del decisorio.-
Dado que ambas casacionistas han tildado al fallo de arbitrario, cabe puntualizar que ninguna de ellas logra poner de manifiesto la infracción que aduce. En las piezas recursivas no intentan demostrar que la sentencia impugnada se aparta en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezca de una carencia absoluta de fundamentación, tampoco que se funda en afirmaciones meramente dogmáticas ni que omita pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Bidart Campos Germán J., “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Nueva Edición Ampliada y Actualizada, Tomo II, “El Derecho Constitucional del Poder” Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: “...el apelante no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia ya que sólo se desprende del recurso una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho, prueba y a la interpretación asignada a normas de derecho común y procesal...” (Fallo 325:2192 -del dictamen del Procurador General al que la corte remite-).-
A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “…'...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación.' Por lo tanto 'debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas.'” (cfr. Hitters, Juan Carlos, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, 'Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios', del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, 'Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 19-VIII-78; Ac. 25.048, 'Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “...'la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación'...” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
La arbitrariedad que acusan las recurrentes comprende el análisis de cuestiones que escapan a esta instancia extraordinaria, por su indiscutible encuadramiento en circunstancias de hecho y prueba, salvo que mediare un supuesto de arbitrariedad manifiesta que invalide el acto jurisdiccional, el cual, sin embargo, contiene fundamentación suficiente como para quedar al abrigo de esa tacha. Al respecto este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “…para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'…” (cfr.
Interlocutorio, Tomo IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788).- Con relación al supuesto bajo análisis, es jurisprudencia de este Alto Cuerpo que: “…la interpretación de los contratos, de la intención, voluntad y cometido de las partes en su cumplimiento, como también lo relativo a la prueba, queda librado a la apreciación de los jueces de la instancia ordinaria, siempre que no se alegue y demuestre violación de las reglas de derecho relativas a tal interpretación y a la distribución y carga de la prueba...o absurdo o arbitrariedad, que quite al pronunciamiento el mínimo de coherencia necesaria para darle sustento…” (cfr. Interlocutorio, Tomo IX, Reg. 1285, Folio 1707/1710).- En igual sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que las cuestiones de hecho, como lo son las referidas a la selección del material probatorio, la interpretación del sentido, alcance y consecuencias jurídicas de las cláusulas del contrato, “…constituyen materia propia de las instancias ordinarias y ajena al ámbito de la casación salvo que se denuncie y demuestre acabadamente que son producto de un error grave y manifiesto en su análisis...” (cfr. sum., “Caja de Odontólogos c/ S.
K. S. Saccifa s/ Cobro Ordinario”, causa LP C 101649, del 24/06/2009).- Y además que: “…las conclusiones a las que arriban los tribunales de apelación al analizar e interpretrar los contratos, desentrañando su intención, sentido y alcance, constituyen típicas cuestiones de hecho exentas de censura salvo el supuesto excepcional de absurdo, de modo que cuando se pretende impugnarlas es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental…” (cfr. SCBA, “Lopreiato Víctor Mario c/ Gauna Andrés y otros s/ Reivindicación”, LP C 97851 S, del 28/12/2010).- Por otra parte, también es postura de este Tribunal Superior de Justicia que constituye una cuestión propia de los jueces de las instancias ordinarias y detraídas del ámbito de la casación, establecer, en función de las circunstancias de cada caso, el monto indemnizatorio debido, en tanto y en cuanto tal ejercicio no resulte irrazonable.
Consecuentemente con tal postura, se ha expresado que: “…el método empleado para llegar al monto indemnizatorio…es una cuestión que pertenece al ámbito de conocimiento y juzgamiento de los jueces de grado quedando ubicada en el espacio de la razonable discreción de éstos…” (cfr. Sentencia, Tomo VI, Reg. 217, Folio 1171/1175) y que: “…por lo tanto resulta ajena al recurso extraordinario de casación…”; (cfr. Interlocutorio, Tomo XXII, Reg. 2741, Folio 4234/4237). Conforme con ello, debe agregarse que: “…el método empleado para llegar al monto indemnizatorio, constituye una cuestión de hecho irrevisable en casación, puesto que integra una facultad privativa de los magistrados ejercitada de acuerdo a los elementos de juicio puestos a su disposición; cuestión que pertenece al ámbito de conocimiento y juzgamiento de los jueces de grado quedando ubicada en el espacio de la razonable discreción de éstos…integra la absoluta libertad de valoración y varia según las circunstancias causídicas que resultan determinantes…” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo VI, Reg. 200, Folio 1069/1072), por ello, en consecuencia “…constituye una típica cuestión de hecho irrevisable en casación, salvo la existencia de absurdo…” (cfr. TSJ Santa Cruz Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 944, Folio 1125/1127). Excepción ésta respecto de la cual no logran las recurrentes argumentar debidamente a los fines de habilitar el acceso a esta instancia.- En idéntico sentido, también se ha expresado que: “Tanto la determinación de los distintos rubros que integran la condena, como su procedencia, constituyen típicas cuestiones de hecho, ajenas por ello al conocimiento de la Corte, salvo el supuesto de absurdo.” (cfr. sum. SCBA, “Padula Francisco c/ Di Modugno, Norma Beatriz y otros s/ Daños y Perjuicios” Ac. 50510 S, del 29-12-92), respecto del cual, como se ha expresado, las recurrentes no brindan argumentos suficientes a los fines de intentar demostrarlo, que permitan superar la valla de la admisibilidad.- Se concluye entonces que los agravios expuestos por las recurrentes sólo remiten a la consideración de circunstancias de hechos y pruebas, oportuna y adecuadamente analizadas por la instancia de grado, y ajenas por ende a la presente instancia, no exteriorizando la sentencia de marras una violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, encontrándose ajustado a derecho el resultado obtenido en la instancia de grado (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorios, Tomos XXII, Reg. 2800, Folio 4375/ 4379; XXIII, Reg. 2853, Folio 4494/4497, entre otros), sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, 'visceral', concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo II, Reg. 183, Folio 303/305; Sentencia, Tomo III, Reg. 120, Folio 561/567, entre otros), y sin que se aprecie en la misma ausencia de fundamento, omisión de tratamiento de materia sujeta a juicio o desfiguración de los medios probatorios que la hagan aparecer ilógica en su conclusión (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo II, Reg. 207, Folio 347/349, entre otros).- Conforme se expuso, la vía casatoria intentada resulta insuficiente para habilitar la vía extraordinaria provincial al versar sobre cuestiones de hechos y pruebas y no intentar demostrar la arbitrariedad de la sentencia que se alega.-
VII. Finalmente la parte actora se agravia de la imposición de costas y del tipo interés aplicado.-
En lo que concierne a la condena en costas, cabe realizar algunas consideraciones.-
La mayoría de los máximos Tribunales de Provincia han establecido que las cuestiones relativas a la imposición de las costas son, en principio, extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado (conf. SCJ Mendoza, sala I, “Fema S. R. L. c/ Obras Sanitarias Mendoza”, Publicado en: La Ley 1997-D, págs. 324/325, del 22/11/1996; SCBA, “Junta Nacional de Granos c/ Sbaizero, Juan A. y otros”, publicado en: La Ley 1994-B, pág. 264, del 26/10/1993, entre otros) (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/5324).- Así, se ha sostenido que en lo atinente a la imposición de costas “…los jueces de grado son soberanos y por ende se encuentran ajenos, en principio, al recurso de casación, salvo que se demuestre absurdo o arbitrariedad (conf. Hitters, Juan Carlos 'Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación', Ed. LEP, 2a. ed., pág. 407 y 614). Al respecto, este Alto Cuerpo ha sostenido: '…se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución (confr. SCBA, AyS, 1973-II-482; ídem, 1974-I-1125; ídem, 1977-I-998; ídem, 1977-III-578 y 704; ídem, 1978-III-579; DJBA, 118-322, 121-134, 123-335, 127-257, 130-182, 132-29; TSJ Santa Cruz, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 115, Folio 189/190; ídem, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 104, Folio 169/170; ídem, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 149, Folio 241/242; ídem, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994; ídem, Tomo II, Sentencia, Reg. 85, Folio 375/378)…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3161, Folio 5187/5192).- En efecto, el intento recursivo no puede prosperar ya que esta vía extraordinaria está vedada, en principio, al planteo sobre imposición de costas. Las impugnaciones que se susciten en estos casos, no pueden sino fenecer en los Tribunales ordinarios salvo absurdo o arbitrariedad tal como se expresó en los fallos citados. Circunstancia que no se advierte en autos.-
Idéntica suerte adversa ocurre con relación al agravio respecto de los intereses, pues mas allá de que la fijación de los mismos es una típica cuestión de hecho privativa de las instancias ordinarias y, en principio, exenta de revisión en sede extraordinaria salvo supuesto de absurdo (cfr. SCBA “Dominguez Crivaro Ramiro c/ Guerrero Juan Carlos s/Consignación judicial. Cumplimiento de contrato”, LP C 97588 S, del 02/07/2010), de las constancias obrantes en autos se aprecia que este planteo no fue puesto a consideración de la anterior instancia.- A fin de ilustrar lo expuesto debemos decir que de la atenta lectura del escrito de expresión de agravios obrante a fs. 898/908 vta. surge que la parte actora interpuso recurso de apelación respecto de la fecha de inicio del cómputo de los intereses sin cuestionar la sentencia de grado en cuanto al tipo de interés aplicado. Es en virtud de ello -y remitiéndonos a los fundamentos desarrollados en el considerando IV-, que este Alto Cuerpo se encuentra impedido de resolver sobre dicho capitulo no propuesto en la instancia anterior siendo inadmisible dicho planteo.-
VIII. En definitiva los términos de ambos recursos traslucen que, no obstante invocarse que la casación se sustenta en quebrantamiento de forma, violación de la ley y arbitrariedad, en realidad lo cuestionado es la valoración que han efectuado los jueces de las instancias ordinarias respecto de los hechos y pruebas aportadas a la causa cuestiones que, como se dijo, se encuentran ajenas al ámbito casatorio.-
De este modo la enunciación de reproches de los impugnantes sólo trasunta su mera disconformidad acerca de lo decidido por la Cámara, invocación que por sí sola no basta en el ámbito casatorio dada la limitación extraordinaria de la instancia desentendiéndose de los fundamentos del fallo atacado en relación a la materia en discusión.-
En definitiva, los fundamentos recursivos articulados no resultan suficientes a fines de lograr el acceso a la presente instancia extraordinaria provincial.-
IX. Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, los recursos de casación articulados por la parte actora (cfr. PE315746-2021) y por la demandada Asociación Centro Asturiano de Río Gallegos (cfr. PE 310843-2021), no han logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlos mal concedidos, y en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE387986-2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Re-curso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedidos los recursos de casación interpuse-tos por la parte actora (cfr. PE315746-2021) y por la parte demandada, Asociación Centro Astuariano de Río Gallegos (cfr. PE 310843-2021) y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE387986-2022.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1006I.231 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3735 Folio N°: 6674/6682 Secretaría: 1
Fin de la sentencia