Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 176.411
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso del 1/12/2022, con costas en el orden causado atento la existencia de razones valederas para litigar (art. 68 2da. parte del C.P.C.). II) Se hace lugar al recurso deducido en fecha 11/9/2022, con costas a la demandada vencida, y en consecuencia, revocar la sentencia del 9/9/2022 rechazando la incidencia planteada con costas a la incidentista (arts. 68 y 69 del C.P.C.). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPTE. N° 176411 Juzgado Nº 12 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: "CORTIÑAS ANA LAURA C/ BHN S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES" habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es justa la sentencia del 28/11/2022?
2. ¿Es justa la sentencia del 9/9/2022?
3. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZA DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
I. En fecha 28/11/2022 dicta sentencia la Sra. Jueza de Primera Instancia, resolviendo: 1) Desestimar el planteo de inaplicabilidad de la L.D.C. al caso de autos postulado por el apoderado de la parte accionada; 2) Desestimar la demanda por indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento contractual promovida por el Dr. Mario Emilio Jaramillo en carácter de gestor procesal de Ana Laura Cortiñas contra "BHN Vida S.A.", con costas en el orden causado; y 3) Omitir el pronunciamiento sobre los planteos de actualización, aplicación de la tasa de interés activa y publicación de la sentencia definitiva formulados por la accionante, así como de pluspetición inexcusable articulado por el apoderado de la parte accionada, por tratarse de cuestiones desplazadas.
II. Dicho pronunciamiento es apelado con fecha 1/12/2022 por el Dr. Mario Emilio Jaramillo, en representación de la parte actora, fundando su recurso con fecha 12/12/2022 con argumentos que merecieron repuesta de la contraria en fecha 21/12/2022.
III. En fecha 9/9/2022 dicta sentencia la Sra. Jueza de Primera Instancia, resolviendo declarar abstracta la cuestión traída a juzgamiento, y omitir pronunciamiento en torno a la imposición de costas.
IV. Con fecha 11/9/2022 apela el Dr. Mario Emilio Jaramillo, en representación de la parte actora, fundando su recurso en fecha 12/12/2022 con argumentos que merecieron respuesta de la contraria en fecha 21/12/2022.
V. RECURSO DEL 1/12/2022.
En primer lugar, agravia a la accionante que la sentencia resuelva tener por rescindido el seguro de vida en función de un llamado telefónico, hecho que expresamente fue desconocido por su parte y cuya carga probatoria recae sobre la demandada por ser un presupuesto de la defensa de no seguro por ella articulada.
Señala que el pronunciamiento bajo examen tuvo por perfeccionada la rescisión en base a una única prueba, la declaración de la Sra. Ramona Leguizamón, cuyo testimonio no es de peso ya que -como surge expresa y categóricamente- la testigo no estaba conforme con la relación entre la actora y la asegurada, y se suscitó un conflicto pecuniario en el marco del sucesorio de la Sra. Rosa Pugliese que concluyó en un acuerdo patrimonial donde la testigo tuvo que asumir las costas por las actitudes asumidas en contra de la actora, y su parte se tuvo que comprometer a desistir y no proseguir la causa penal IPP Nº 08-00-014968-19/00 caratulada "AMENAZAS - VICTIMA CORTIÑAS ANA LAURA - DENUNCIADO: PUGLIESE FRANCISCO JOSÉ".
Agrega que otro dato que no debe perderse de vista es que la llamada se realiza desde la casa de la testigo Sra. Ramona Leguizamón, es decir, no la hace la asegurada desde su teléfono celular, ni desde su propio domicilio como podría haberlo hecho.
Indica que la prueba pericial contable producida en el sub lite, a la cual recurre la Magistrada de Grado en la sentencia definitiva para dar cuenta de la rescisión resulta a esos fines irrelevante, pues lo único que hace el perito contador es describir en su dictamen la rescisión asentada en los libros de la aseguradora, es decir, sólo refleja lo que la demandada plasmó en sus registros, debiendo ser ello sujeto de debate y prueba para luego entrar a debatir los venideros hechos controvertidos y conducentes. Refiere en cuanto a la falta de objeción de los resúmenes de cuenta y la falta de pago de la prima, extremos a los que también hace referencia la prueba pericial contable y la sentencia, que tal circunstancia es consecuencia lógica de la errónea rescisión permitida por la accionada, por una persona que no tenía facultades para ello o en un momento por demás delicado de la asegurada, lo que a la postre fue aprovechado de mala fe por la aseguradora para evadir el pago de la indemnización comprometida. En segundo lugar, refiere que la sentencia reconoce expresamente que la rescisión se efectuó por un mecanismo no previsto por el organismo que regula la actividad de la aseguradora accionada, existiendo una notoria diferencia entre los medios autorizados para rescindir que autoriza la SSN y el ilegalmente permitido por la accionada.
Expresa que en autos no se probó que la contratación se haya producido on line como para exigir -como en el pronunciamiento- que quienes ofrezcan servicios de seguros por medios telefónicos o electrónicos deben contar con el “Botón de Baja” en sus sitios web, no obstante que dicho sistema no rige para todos los ramos del seguro, sino sólo para ”Automotores, Motovehículos, Combinados, Robo y Riesgos Similares, Cristales, Riesgos Varios y AP” (esto surge de la propia contestación de oficio por parte de la SSN).
Sostiene que no sólo se dejó de lado la reglamentación de la SSN para hacer lugar a la rescisión, sino que además se incumplió el contrato (póliza), puesto que este instrumento también prevé en igual sentido, la firma para este tipo de contrataciones.
En tercer lugar, se agravia que la sentencia haya desestimado el estado emocional de la Sra. Mabel Pugliese a la fecha en que se solicita la rescisión, como así también la falta de consideración de la omisión del deber de información por parte de la aseguradora.
Considera que sólo daría de baja a un seguro de vida -como en el caso de autos- alguien que está atravesando una situación emocional que le impide vislumbrar las consecuencias o "conveniencia" del acto, o bien alguien que no ha sido debidamente informado sobre sus derechos y al no conocerlos, adopta una decisión contraria a sus intereses.
Entiende que la sentenciante se contradice en su fallo al compartir con el psiquiatra que la contratante presentaba sus facultades alteradas al negar su enfermedad, pero no obstante ello considera que la voluntariedad fue palmaria, presumiendo la aptitud jurídica para realizar el acto de rescisión, y apartándose de lo dictaminado por el perito médico psiquiatra, quien reviste el carácter de auxiliar de justicia, tercero imparcial y experto en los puntos de pericia ofrecidos.
Manifiesta que la angustiosa y desolada situación que atravesaba la contratante Sra. Rosa Mabel Pugliese hubiese merecido un trato digno de su aseguradora, de la protección de sus intereses económicos y a una información adecuada y veraz en los términos del art. 42 de la C.N. En cuarto lugar, se agravia del sentido de la sentencia dictada en contradicción con la imposición de costas en el orden causado, al considerar que "la actora pudo creerse con motivos valederos para demandar como lo hizo, lo cual sumado a las particularidades del caso, me permiten apartarme del principio objetivo de la derrota en materia de costas" (textual). En torno a ello, expone que los art. 1094 y 1095 del CCyC edictan que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor, que en caso de duda sobre la interpretación del código o las leyes especiales prevalece la más favorable al consumidor, y que el contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor y, en caso de duda, debe adoptarse la menos gravosa.
Concluye expresando que la sentencia parece poner en disputa el principio in dubio pro consumidor, al brindar la solución más favorable para el proveedor.
VI. RECURSO DEL 11/9/2022.
Agravia al apelante que en la resolución del 9 de septiembre de 2022 se impongan las costas en el orden causado con fundamento en que "la cuestión traída a juzgamiento de la suscripta ha caído en abstracto", por considerar que de los propios considerandos del interlocutorio aludido, el medio probatorio acusado de negligencia, es decir la prueba informativa dirigida a la Superintendencia de Seguros de la Nación ofrecida por la parte actora, "ha sido producida con fecha 23/02/2022" (textual).
Señala que tal extremo fue puesto expresamente de relieve por su parte para sostener el rechazo del incidente articulado, por lo que no resulta procedente afirmar que la cuestión ha caído en abstracto, habiendo sido el incidente -desde el inicio- mal deducido.
Concluye solicitando se haga lugar al recurso oportunamente concedido con efecto diferido y se impongan las costas a la accionada.
VII. Pasaré a analizar los agravios planteados.
RECURSO DEL 1/12/2022.
La cuestión sometida a estudio de esta Alzada se centra en determinar la defensa de "no seguro" esgrimida por la parte demandada, fundada en la inexistencia de seguro vigente al momento del siniestro. Al efecto de ingresar en tal cuestión entiendo necesario precisar el marco jurídico aplicable al caso, así como las características y particularidades de la contratación que vincula a las partes.
Sobre esto último cabe precisar que, tal como lo ha considerado la a quo y no fuera controvertido, el reclamo de la actora debe entenderse fundado en una póliza de seguro de vida (póliza 114, certificado N° 303.676). Es oportuno recordar que los seguros de vida pueden asumir diversas variantes según la naturaleza del grupo y su relación con el tomador contratante originario, imponiendo los diversos matices de cada uno de ellos diferentes efectos.
En tal sentido, la doctrina especializada indica que debe diferenciarse si nos encontramos ante una cobertura voluntaria o una de naturaleza obligatoria dado que mientras que estas últimas apuntan a fines de índole preponderantemente sociales, las primeras son neutras a tal finalidad y constituyen un medio para proporcionar un seguro sobre la persona a precios reducidos y, es por ello, que en las coberturas voluntarias prevalece el carácter privado del contrato que queda sujeto a lo pactado en las cláusulas por los contratantes, salvo que éstas sean abusivas (argto. doct. Isaac Halperin, “Seguros”, Ed. Depalma, 3era. edición, Bs. As., 2001, págs. 861/862).
Respecto de los seguros de vida voluntarios y contributivos ha señalado la jurisprudencia que en éstos se establece una relación directa entre la compañía aseguradora y las personas asegurables (argto. jurisp. S.C.B.A. en la causa B. 58122 “Pérez de Angilello, María Consuelo c/ Provincia de Bs. As. s/ demanda contencioso administrativa”, sent. del 28-12-2016; S.C.B.A. en la causa L. 79840 “González, Mirta Lidia y otros c/ ESEBA S.A. s/ cobro de seguro”, sent. del 23-12-2003; Cám. 2da. de Apel. en lo Civ. y Com. de La Plata, Sala II, en la causa 117.728 “Lucchini, María Fernanda c/ Caja de Ahorro y Seguro S.A. s/ cumplimiento de contratos civiles y comerciales”, sent. del 11-04-2017). En lo que al marco legal en el que se deberá juzgar la cuestión respecta, comparto el criterio mayoritario de la doctrina, el que fue receptado también por la S.C.B.A., en cuanto sostiene que el contrato de seguro (como el de autos) constituye un contrato de consumo cuando se celebra entre un consumidor final (asegurado) y una persona jurídica (el asegurador) que actuando profesionalmente, se obliga mediante el pago de una prima, a asumir el riesgo previsto en la cobertura asegurativa: el resarcimiento del daño o el cumplimiento de la prestación convenida (argto. art. 1092, 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación; argto. doct. Farina, Juan M., "Defensa del consumidor y Usuario", 3era. Edic., Edit. Astrea Bs. As. 2004, pág. 396; Picasso-Vázquez Ferreira, "Ley de defensa del consumidor-Comentada y Anotada", La Ley T°II, pág. 439; Stiglitz, Rubén S., "Derecho de Seguros", 5ta. Ed. Act. y amp TI, LLBA, 2008-II, pág.158, 196; Edgardo López Herrera, "Tratado de la Prescripción Liberatoria", 2da. Ed., AbeledoPerrot, 2009, pág. 772; S.C.B.A. en la causa C. 107.516 “Canio, Daniel Gustavo c/ Seguro Metal Coop. de Seguros s/ cumplimiento contractual”, sent. del 11-07-2012; esta Cámara y Sala en la causa N°147.854 “Caporaletti, María Cecilia c/ Liberty Seguros Argentina S.A. s/ cumplimiento de contratos”, sent. del 06-06-2011).
Así lo ha resuelto el Máximo Tribunal Provincial, señalando que: “…cabe considerar al seguro como un contrato de consumo, por adhesión a cláusulas predispuestas por el asegurador, en el que el asegurado adhiere a un esquema rígido y uniforme, y tiene en la génesis negocial una posición de ostensible desigualdad…” (S.C.B.A. en la causa C. 119.088 “Martínez, Emir c/ Boito, Alfredo Alberto s/ daños y perjuicios” sent. del 21-02-2018). Es entonces que siendo tanto la póliza vigente al momento del hecho como el incumplimiento que la actora endilga a la demandada posteriores a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación es éste ordenamiento, junto con las disposiciones de la ley 17.418 y, en particular, el derecho del consumo el marco normativo bajo el cual deberá ser analizada la cuestión sometida a estudio de esta Alzada (arts. 724, 730, 1066, 1095 y ccdtes. del Código Civil y Comercial; arts. 4, 7, 10 bis. a), 37 y ccdtes. de la ley 24.240;arts. 153, 154 y ccdtes. de la ley 17.418)
Una vez detallado lo anterior, resulta indispensable relevar los términos y alcances de la relación asegurativa, en especial aquellos concernientes a los requisitos para tornar operativa la cobertura, así como la restante prueba obrante en la causa:
La póliza de seguro acompañada en fecha 4/12/2020 -cuyo pago se sido pactado mensualmente por la contratante mediante su tarjeta de crédito- prevé en su art. 15 que: "MORA EN EL PAGO DE LOS PREMIOS:
LA MORA SE PRODUCIRÁ POR EL MERO VENCIMIENTO DEL PLAZO DE GRACIA SIN NECESIDAD DE INTERPELACIÓN ALGUNA. LA FALTA DE PAGO DE LOS PREMIOS EN DEBIDO TIEMPO Y FORMA, PRODUCIRÁ LA CADUCIDAD AUTOMÁTICA DE LA COBERTURA, SIN NECESIDAD DE INTERPELACIÓN ALGUNA AL ASEGURADO Y/O CONTRATANTE".
A su vez, el art. 18 dispone que "EL CERTIFICADO DE CADA ASEGURADO QUEDARÁ RESCINDIDO O CADUCARÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS: A) POR SU RENUNCIA A CONTINUAR CON LA COBERTURA. B) POR RESCISIÓN O CADUCIDAD DE LA PÓLIZA (...) EN EL CASO DE LA RENUNCIA A QUE SE REFIERE EL PUNTO A) EL SEGURO QUEDARÁ RESCINDIDO DESDE LA HORA CERO (0) DEL DÍA PRIMERO DEL MES SIGUIENTE AL DÍA DE LA NOTIFICACIÓN FEHACIENTE".
Finalmente, el art. 19 reza que: "SIN PERJUICIO DE LAS DEMÁS CAUSALES DE RESCISIÓN Y CADUCIDAD YA PREVISTAS, ESTA PÓLIZA PODRÁ SER RESCINDIDA POR EL CONTRATANTE SIN EXPRESAR CAUSA, PREVIO AVISO POR ESCRITO REMITIDO CON ANTICIPACIÓN NO MENOR A UN MES (30 DÍAS) A CUALQUIER VENCIMIENTO DE PRIMAS. ASIMISMO, LA COMPAÑÍA PODRÁ NO RENOVAR LA PÓLIZA EN CADA FECHA DE FIN DE VIGENCIA, PREVIO AVISO REMITIDO POR ESCRITO AL ASEGURADO CON UN MES (30 DÍAS) DE ANTICIPACIÓN".
En fecha 22/3/2021 se acompaña constancia de baja del seguro de vida contratado por la Sra. Rosa Mabel Pugliese emitido por "Hipotecario Seguros" a partir del 20/12/2018.
Con fecha 4/5/2021 se acompaña licencia de inhumación/cremación que da cuenta que la Sra. Rosa Mabel Pugliese falleció en fecha 4/2/2019.
En fecha 23/8/2021 se adjunta oficio remitido por el "Banco Hipotecario" al que se acompañan los resúmenes de la tarjeta de crédito "Visa" a nombre de la Sra. Rosa Mabel Pugliese, los cuales dan cuenta de los débitos efectuados por la demandada "BHN" dejando de percibir dichos importes a partir del período 27/12/2018 - 31/1/2019.
En el dictamen pericial psiquiátrico se deja aclarado que "En la evaluación que se pudo realizar, no se contó con la posibilidad de evaluar a la Sra. Cortiñas Ana Laura ya que la misma ha fallecido. Se obtuvo pues información principalmente de la documental y audios aportados por la actora. Se procede a contestar los puntos de pericia ya que no se pueden realizar las evaluaciones estructuradas y semi estructuradas con el periciado" (v. dictamen pericial del 27/10/2021).
No obstante ello, el experto dictamina que "En medio de esta tortuosa realidad, podría cualquiera estar pensando en cuestiones de carácter comercial, y siguiendo esta línea de argumentos que acabo de fundamentar, la probabilidad de que la Sra. Cortiñas no haya podido comprender adecuadamente sus actos ni dirigir sus acciones a conciencia cabal, es alta".
Finalmente, en su respuesta al pedido de explicaciones de la parte demandada, el experto afirmó que: "Cualquier persona con una enfermedad terminal como es el cáncer por ejemplo, está alterada en su psiquis, sin perjuicio de ello puede realizar actos de la vida cotidiana normalmente, pero como se había dictaminado y con respecto al concepto de negación psicoanalítica hay una alta probabilidad de no comprender, por no querer asumir su condición de mortal ahora fuertemente amenazado, determinados actos relacionados con la muerte, verbigracia cancelar un seguro de vida como es el caso en debate" (v. presentación del 17/11/2021). De la prueba pericial contable agregada en fecha 30/3/2022 surge que la Compañía de Seguros asentó en sus libros la anulación de la póliza a partir del 19/1/2019, registrándose la última cobranza de la tarjeta de crédito de la contratante (débito automático) en fecha 23/11/2018.
En fecha 5/5/2022 declara la Sra. Ramona Leguizamón -madre de la Sra. Pugliese- que la contratante dio de baja a la póliza de su seguro de vida, desde la línea telefónica de su casa el día 21/12/2018 al mediodía, y reconoce la voz de su hija en los audios reproducidos.
Agrega que al momento de la baja la Sra. Pugliese se encontraba lúcida, ubicada en tiempo y espacio y con el debido conocimiento del alcance de sus actos, nunca tomó decisiones impulsivas e irracionales, y los meses previos a su fallecimiento se encontraba bien.
Concluye reconociendo que oportunamente firmó un acuerdo por $250.000 con la Sra. Cortiñas en el marco del proceso sucesorio de la Sra. Mabel Pugliese, y que no estaba conforme en la relación entre la actora y la contratante.
A su vez en dicha fecha se agrega el audio de la comunicación telefónica de quien dice ser Rosa Mabel Pugliese con un representante de la Compañía de Seguros demandada -efectuándole seis preguntas precisas y aleatorias sobre sus datos personales a los fines de verificar su identidad-, en la que manifiesta reiteradamente su expresa voluntad de dar de baja a su tarjeta de crédito del "Banco Hipotecario", seguro del hogar y seguro de vida. Por su parte, la persona que atiende el llamado responde: "quédese tranquila que están cancelados".
De la prueba informativa producida por la Superintendencia de Seguros de la Nación surge que: "El punto 25.4. Rescisión de Contrato del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) se encuentra vigente. Se transcribe seguidamente su contenido: "25.4 Rescisión de contrato. 25.4.1. Las rescisiones de contratos sólo resultan procedentes cuando exista notificación fehaciente al Tomador y/o Asegurado de tal circunstancia. En caso que la rescisión del contrato se haya originado por solicitud del Tomador y/o Asegurado, la misma sólo puede llevarse a cabo si existe un pedido expreso al efecto. A tales fines se considera admisible: a. Solicitud de rescisión firmada por el Tomador y/o Asegurado en la sede de la aseguradora. b. Solicitud de rescisión firmada por el Tomador y/o Asegurado y entregada a la aseguradora por persona que éste haya indicado en la misma. c. Nota remitida por el Tomador y/o Asegurado por vía postal, conservando la aseguradora el sobre en el que conste el domicilio del remitente. d. Nota firmada por el Tomador y/o Asegurado y enviada por fax, donde conste el número del teléfono emisor. e. Nota firmada por el Tomador y/o Asegurado y enviada por medios electrónicos, en la medida que sea desde la última dirección de correo electrónico declarada por el Tomador y/o Asegurado, sea la consignada en la propuesta u otra, en caso de informar modificaciones a lo largo de la vigencia del contrato. f. A través de página web o aplicación móvil de la aseguradora. g. Solicitud de baja a través del acceso a un link dentro de la página web o aplicación móvil de la aseguradora. Dicho link deberá ser de primer acceso e identificable fácilmente. Este mecanismo de solicitud de rescisión del contrato es de aplicación obligatoria para las pólizas que fueran contratadas a través de medios electrónicos y que correspondan a las ramas: Automotores, Motovehículos, Combinados, Robo y Riesgos Similares, Cristales, Riesgos Varios y Accidentes Personales. Para el caso de los incisos e), f) y g) el comprobante de rescisión deberá ser entregado o puesto a disposición del tomador y/o asegurado a través de los medios establecidos en el inciso c) del punto 25.3.1".
Del análisis de la prueba analizada, entiendo que -al momento del fallecimiento de la Sra. Rosa Mabel Pugliese- la póliza de seguro de vida N° 114 certificado N° 303.676 por ella contratada, ya no se encontraba vigente habiendo dejado la aseguradora de percibir los pagos mediante débito automático de la tarjeta de crédito de la contratante y, por ende, anticipo que resulta procedente la defensa esgrimida por la Compañía de Seguros demandada (v. oficio del 23/8/2021 y prueba pericial contable agregada en fecha 30/3/2022).
Cabe recordar a tal fin lo previsto por la Ley de Seguros N° 17.418: "La prima es debida desde la celebración del contrato, pero no es exigible sino contra entrega de la póliza, salvo que se haya emitido un certificado o instrumento provisorio de cobertura. En caso de duda, las primas sucesivas se deben al comenzar cada período de seguro" (art. 30); "Si el pago de la primera prima o de la prima única no se efectuara oportunamente, el asegurador no será responsable por el siniestro ocurrido antes del pago" (art. 31).
De allí que ante la falta de pago en término del pago de cuotas de la prima del seguro por parte del asegurado -por la rescisión contemplada en el art. 31 segundo párrafo de la ley 17.418-, omitiendo el asegurado ejecutar en el curso del contrato una obligación que les es impuesta, la aseguradora tendrá pleno derecho a suspender la vigencia de la cobertura hasta que se produzca el efectivo pago de la prima, retirándosele la garantía hasta el día en que se coloca nuevamente en las condiciones del seguro (argto. jurisp. SCBA Ac. 33.598, Ac. 48.903, Ac. 73.969, Ac. 97.038; Ac. 97.194; Ac. 103.615; entre muchos otros, cit. por Cám. Apel. Civ. y Com., Quilmes, Sala II, causa N° 19212 148/18 del 17/11/2018).
Tal es el criterio del Máximo Tribunal Provincial: "El no pago de la cuota de la prima del contrato de seguro pactada implica, en el caso, la exclusión de cobertura a partir de la fecha del incumplimiento, lo que equivale a un supuesto de ausencia de cobertura o no seguro" (SCBA L. 69004 del 22/11/2000, 58135 del 1/10/1996, 61729 del 12/5/1998, 39601 del 6/9/1988).
Téngase en cuenta a tal fin que las conductas de las partes seguidas respecto de la forma en que se concretó el pago de la prima del contrato de seguro que las vinculaba deben ser analizadas al influjo del standard jurídico de la "buena fe", el que si bien en nuestra legislación positiva vigente sólo encuentra normativa específica dentro del ámbito de los contratos civiles (art. 991 y ccdtes. del CCyC), es indiscutible que ocupa una función señera en la vida de todo acto jurídico y sobremanera en el campo del contrato de seguro, dada su estructura propia -de adhesión y con cláusulas predispuestas- y a la posición que en él tienen las partes (arts. 1, 3, 4, 11, 17 y concds. Ley 17.418; Cám. Apel. Civ. y Com., Lomas de Zamora, Sala I, causa N° 57709 RSD 78/4 del 30/3/2004; Cám. Apel. Civ. y Com. II, La Plata, Sala I, causa N° 92544 RSD 347/0 del 19/12/2000). En consecuencia, por tales fundamentos y no existiendo cuestión dudosa alguna que permita una interpretación favorable a la consumidora como lo esgrime la apelante, entiendo que resulta procedente la defensa de no-seguro esgrimida por la demandada (art. 3 de la L.D.C.).
A su vez, también es criterio jurisprudencial que "La ausencia de notificación fehaciente para acreditar la rescisión del contrato que contemplaba las condiciones generales, exigiendo su realización mediante telegrama, carta documento o acta notarial para oponerse a las partes y tercero en su caso, no conmueve a la anulación unilateralmente decidida por el asegurado y consignada debidamente en los libros a su requerimiento" (Cám. Apel. Civ. y Com., Sala I, Quilmes, causa N° 6570 RSD 6/5 del 28/2/2005).
De allí que entiendo que de la comunicación telefónica sostenida por la contratante, reconocida por la testigo deponente en autos, resulta elocuente en cuanto a su verdadera intención de rescindir el contrato, siendo la exigencia de una manifestación por escrito un rigorismo formal si se tiene en cuenta que la contratante se encontraba atravesando los meses finales de una enfermedad crónica que a la postre le provocó la muerte. Considero que las circunstancias esgrimidas por la apelante -acuerdo por $250.000 con la Sra. Cortiñas en el marco del proceso sucesorio de la Sra. Mabel Pugliese, y que no estaba conforme en la relación entre la actora y la contratante- en modo alguno invalidan el testimonio, debiendo concluirse que la persona que efectuó el llamado telefónico agregado en fecha 5/5/2022 es efectivamente la Sra. Rosa Mabel Pugliese, máxime cuando al inicio de la comunicación se le han formulado seis preguntas precisas y al azar sobre sus datos personales (arts. 375, 384 y 456 del C.P.C.).
A ello cabe agregar que tampoco observo conculcado el deber de información del consumidor, toda vez que el mandante de la Compañía de Seguros que respondió la comunicación telefónica brindó la información suficiente sobre los alcances de la "baja" solicitada e intentó persuadir en reiteradas oportunidades para que la usuaria del servicio reconsidere su decisión (art. 4 de la L.D.C.).
Por su parte, coincido con las conclusiones expuestas por la Sra. Jueza de Primera Instancia en cuanto al contenido del dictamen pericial médico psiquiátrico producido en la causa, por cuanto el experto interviniente no ha podido examinar a la paciente (atento su previo fallecimiento), y por ende, su dictamen presenta un probable cuadro sobre el estado psiquiátrico de la paciente, en tanto se limita al análisis de "documental y audios aportados por la actora" (v. dictamen pericial del 27/10/2021). Repárese que el dictamen concluye que "la probabilidad de que la Sra. Cortiñas no haya podido comprender adecuadamente sus actos ni dirigir sus acciones a conciencia cabal, es alta", lo que en modo alguno me persuade sobre que la contratante no era plenamente consciente de las consecuencias de sus actos, máxime luego de oir el contenido de la comunicación telefónica del 21/12/2018 (el resaltado no es de origen). En consecuencia y por todo lo dicho, no habiéndose abonado en término las cuotas del seguro de vida contratado cuyo pago se había pactado mensualmente mediante débito automático de la tarjeta de crédito "Visa" de la contratante, entiendo que la defensa de no-seguro esgrimida por la demandada resulta procedente.
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZA DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
RECURSO DEL 11/9/2022.
Como es sabido para que exista imposición de costas debe haber un vencido en la solución de un artículo (argto. jurisp. esta Sala, causas N° 144685 RSI 137/9 del 24/11/2009, 156059 RSI 55/14 del 18/02/2014, entre otras).
Y para revestir la calidad de vencido o derrotado debe existir un conflicto de intereses que se debata en el curso de un litigio judicial. Vale decir, que exista controversia –pretensión y oposición- que ocurra durante el transcurso de un proceso (conf. Osvaldo A. Gozaini, "Costas Procesales", Edit. Ediar, Tercera Edición, pág. 65 y sgts.; Roberto G. Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Edit. Astrea., pág. 53 y sgts.). Ante este panorama, las costas constituyen el reintegro de los gastos que el vencedor ha debido efectuar para obtener el reconocimiento de su derecho, derivando su imposición del principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.), el que adquiere mayor estrictez en materia incidental a la luz del art. 69 del C.P.C. (argto. jurisp. Cám. Apel. Civ. y Com. II, La Plata, Sala I, causa N° 73.950, RSD 283/92 del 25/8/1992, causa N° 80.533, RSI 202/95 del 6/7/1995; causa N° 83047, RSI 200/96 del 18/7/1996; esta Cám. Sala III, causa N° 144797 RSI-629-15 resol. del 02/07/2015, entre muchas otras).
De allí que si quién planteara un incidente resultare vencido por haberse rechazado su planteo, debe soportar las costas derivadas de su deducción (arts. 68, 69, 589 y ccdtes. del Código Procesal; argto. jurisp. causas ut supra cit.).
En el mismo sentido se ha dicho que: "Para que exista un incidente, es preciso que haya controversia, es decir, que una parte se oponga a las pretensiones de la otra; pero, a los efectos de la imposición de costas (art. 69) basta con que la conducta de una de las partes obligue a la otra a una articulación (...)" (argto. jurisp. Cám. Nac. Com., Sala B, del 15/7/76, ED, 72-279; Cám. Nac. Civ., Sala D, del 13/12/79, ED, 88/740, cit. por Roberto Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Ed. Astrea, Cdad. de Bs. As., 2000, pág. 278; esta Sala, causa N° 151907 RSI-21-14 resol. del 4/02/2014).
De esta manera, la condena en costas procede siempre que la conducta o actividad de una de las partes haya obligado a una articulación por parte de la contraria (argto. jurisp. esta Sala, causa N° 151907 antecedente cit.; Cám. Nac. Civ., Sala D, del 21/8/79, RepED, 14/265 n° 74, cit. en doct. ut supra).
Trasladados los presentes argumentos a la parcela en tratamiento, adelantamos que asiste razón al recurrente.
En efecto, la parte demandada pidió con fecha 2/6/2022 que se declare la negligencia de "la producción de prueba informativa pendiente y ofrecida a la Superintendencia de Seguros de la Nación".
En fecha 21/6/2022 la Sra. Jueza de Primera Instancia resolvió dar traslado de dicha cuestión por el término de cinco días, siendo contestado por la parte actora en fecha 25/6/2022 quien afirmó que la mentada prueba fue producida en fecha 23/2/2022.
Es decir, de los antecedentes analizados surge que efectivamente la parte actora fue la que motivó la incidencia suscitada, determinándose en la instancia de origen la abstracción de la cuestión por considerar que la mentada prueba ya había sido producida.
Ahora bien, la declaración de la abstracción de una cuestión debe darse por lo general en virtud de un suceso sobreviniente, cuestión que no se ha suscitado en autos por cuanto la prueba cuya declaración de negligencia se pretendía ya había sido producida con anterioridad al planteo de la demandada (argto. doct. Roberto G. Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Edit. Astrea., pág. 332).
En virtud de ello, considero -al igual que la apelante- que en autos medió un rechazo de la incidencia planteada ante la inexistencia de negligencia en la producción de la mentada prueba informativa y, por ende, un vencimiento de la demandada, lo que justifica que ésta cargue con las costas respecto de esta cuestión.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido el día 11/9/2022 que fuera concedido con efecto diferido.
ASÍ LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZA DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
Corresponde: I) Rechazar el recurso del 1/12/2022, con costas en el orden causado atento la existencia de razones valederas para litigar (art. 68 2da. parte del C.P.C.). II) Hacer lugar al recurso deducido en fecha 11/9/2022, y en consecuencia, revocar la sentencia del 9/9/2022 rechazando la incidencia planteada con costas a la incidentista (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso del 1/12/2022, con costas en el orden causado atento la existencia de razones valederas para litigar (art. 68 2da. parte del C.P.C.). II) Se hace lugar al recurso deducido en fecha 11/9/2022, con costas a la demandada vencida, y en consecuencia, revocar la sentencia del 9/9/2022 rechazando la incidencia planteada con costas a la incidentista (arts. 68 y 69 del C.P.C.). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). Regístrese, notifíquese de manera automatizada (conf. arts. 10, 13 y ccdtes. del anexo único del Ac. 4039 de la SCBA). Devuélvase.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975/20 de la S.C.B.A.
Fin de la sentencia