Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de la Matanza · Causa 4892
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar en todas sus partes la sentencia apelada, debiendo en su consecuencia rechazarse la demanda instaurada por los accionantes;
2Imponer las costas generadas en ambas instancias a los actores vencidos (art. 68 segundo párrafo del C.P.C.C.);
3Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL CORTIÑAS ANTONIO HIGINIO Y OTROS C/ MICHELIN LUIS Y OTROS S/ DESALOJO
CAUSA Nro.: 4892/1 JUZ CIV Y COM Nro.: 1 RSD Nro.: 34/17 Folio Nro.: 183 En la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, a los 1 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera, del Departamento Judicial La Matanza, Doctores, Héctor Roberto Pérez Catella, Ramón Domingo Posca y José Nicolás Taraborrelli, para dictar pronunciamiento en los autos caratulados:
“CORTIÑAS ANTONIO HIGINIO Y OTROS C/ MICHELIN LUIS Y OTROS
S/ DESALOJO” (Causa nro. 4892/1), habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: TARABORRELLI- PÉREZ CATELLA - POSCA resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ª Cuestión: ¿Es justa la resolución apelada?
2ª Cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE NICOLAS
TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso.
Se trata de un caso en el cual cuatro condóminos inician una demanda de desalojo respecto de un inmueble dado en comodato a una entidad Cultural, Social y Deportiva por ocho condóminos.
II.-El recurso de apelación y sus agravios.
A fs. 479/484vta. la Sra. Juez de la Instancia de origen dictó sentencia haciendo lugar a la demanda instaurada por Antonio Higinio Cortiñas, Oscar Ramón Aguirre, Humberto Castro y Héctor Cornelli y en su consecuencia condenó a Luis Michelin, Club Social y Deportivo Defensores de La Loma e intrusos y ocupantes a desalojar el inmueble de autos.- dentro del plazo de diez días de quedar firme la sentencia, bajo apercibimiento de lanzamiento. Impuso las costas a los accionados que resultaron vencidos atento al principio objetivo de la derrota.
Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de apelación la parte demandada “Club Social, Cultural y Deportivo La Loma”, el cual fue concedido libremente a fs. 499;
Radicadas las presentes actuaciones por ante ésta Sala Primera (véase fs. 519), a fs. 520 se pusieron los Autos en Secretaría y se llamó a expresar agravios a la apelante.
A fs. 531/541vta. fundó su recurso Patricia Noemí Mayo, en representación de la demandada Club Social, Cultural y Deportivo Defensores de la Loma, girando sus agravios principalmente en torno a lo siguiente:
a) 1er Agravio: Refiere que agravia a su parte la adjunción en las presentes actuaciones de la fs. 478 pliego de posiciones a tenor del cual absolviera el demandado Luis Michelin por encontrarse - a su entender - glosado luego del llamamiento de autos para sentencia, sin fecha alguna y fuera de todo plazo para adjuntarlo. Relata que es posible que la juez de la instancia de origen plantee que en el considerando 1ª de la sentencia se manifiesta que de acuerdo a lo normado por art. 170 del CPCC el llamamiento de autos para sentencia, convalida cualquier defecto procesal pero que su parte está dentro del plazo para reclamar la nulidad de dicha fs. 478 ya que todo el expediente se encuentra glosado en forma consecutiva y - a su entender - sin ningún tipo de observación. Continua relatando que a fs. 477 obra el llamamiento de autos para sentencia y el mencionado pliego fue agregado con posterioridad, sin poder saber su parte exactamente cuándo, ya que no figura su apertura en ningún acta donde intervengan las partes. Adhiere que resulta nula la adjunción ya que la apertura de un pliego de posiciones debe constar en un acta.
Relata que en el acta de la audiencia del sistema Cícero se puede observar que nunca se ha manifestado la apertura del pliego ni la incomparecencia del Sr. Michelin. De este modo, se agregó al expediente luego del llamado de autos para sentencia un pliego de posiciones abierto sin fecha, sin acta, sin la presencia de la parte demandada violando su derecho de defensa, ya que se desconoce si es el pliego original, en fecha posterior al cierre y certificación de la prueba, en un expediente donde no constan observaciones sobre la foliatura. Entiende que estos detalles muestran una violación gravísima de procedimiento que determina que esa foja 478 debe declararse nula de nulidad absoluta y que el pedido realizado por su parte se ha hecho en tiempo y forma. Ya que el pedido de nulidad quedo subsumido dentro del de apelación en esta instancia.
b) 2do. Agravio. Agravia a su mandante, según entiende, la errónea valoración de la prueba por parte de la sentenciante y que haya fallado que la demanda de desalojo debía prosperar. Refiere que la sentenciante dice que los actores pretenden el desalojo del inmueble por haber cesado las razones que motivaron su préstamo a los demandados. Considera que las posiciones del Sr. Michelin deben ser dejadas de lado ya que su adjunción es nula. Adhiere que sin perjuicio de ello y para el caso de que V.E no lo considere así, si se evaluara la prueba en forma integral, el reconocimiento de la actora a fs. 276, la declaración del Sr. Becerra, la declaración de los testigos de la actora, la prueba adjuntada por actora y demandada dejan - a su entender - en clara evidencia que el Club se constituyó antes de la escrituración. Que el domicilio social figura en el acta nº1 en dicho domicilio incluso antes de la escritura, que la escrituración estaba a nombre de varios de los socios del club, que el predio se adquirió y construyo con dinero de todos los socios y para un objetivo claro que era el de Club, que no existió comodato alguno, que existieron actos posesorios de todas las comisiones directivas. Que su parte ha demostrado la posesión pacifica, constante, con ánimo de dueño reconociéndose como tal y con ejecución reconocida incluso de los testigos de la actora de actos posesorios concretos por lo que el desalojo no debe prosperar.
c) 3er. Agravio. Agravia a su mandante la orden de restitución que plantea la sentenciante fundamentando la misma en un comodato que considera probado y que las constancias de autos no surge en momento alguno. Que teniendo en cuenta que la actora manifiesta que le presto al Sr. Michelin, luego que este era un tenedor precario, que luego fuera intrusado el lugar, cuando posteriormente reconoce que allí estaba el Club del cual ellos eran socios fundadores junto con otras personas más. Que se remite a las pruebas mencionadas en el primer y segundo agravio. Que todo ello sin perjuicio de que a fs. 50 nada dicen los actores en relación al club y sorprendentemente a fs.275 reconocen su existencia, su constitución, la fecha en que comenzó a funcionar, el objeto y el domicilio social. Relata que ellos jamás intimaron al Club, a quien intimaron fue al Sr. Michelin diciendo a fs. 50 que se lo prestaron en forma precaria a sabiendas que ellos lo compraron para el club. Todo ello sin perjuicio que jamás existió un comodato ya que el club siempre fue el dueño del lugar a pesar de que se puso a nombre de algunos de los fundadores ya que aún no tenían personería.
d) 4to. Agravio. Agravia a su mandante la imposición de costas a su cargo ya que considera que es evidente que si se hubiera evaluado - a su entender - la prueba en forma correcta, la sentencia a dictarse resultaría en el rechazo de la demanda con costas a la actora.
e) 5to. Agravio. Agravia a su mandante que la sentenciante no haya respetado los términos del art. 2680 del Código Velezano. Que la jurisprudencia y la doctrina pacíficamente reconocen la acción de desalojo como un acto jurídico que importa el ejercicio actual e inmediato del derecho de propiedad. Que la misma actora lo reconoce cuando dice que está realizando un acto de administración de la cosa común y luego dice que actúa como gestor de negocios. Se pregunta entonces en que momento notifico al resto de los condóminos, en qué momento demostró que ellos sabían lo que estaba sucediendo, que es probable - a su entender- que si estos titulares registrales o sus herederos pudieran haberse presentado en autos, hubieran reconocido lo que dijeron los testigos (incluso los de la actora), y el deponente Sr. Becerra, el acta constitutiva y el reconocimiento de la actora de fs. 275. Relata que los gestores de negocios en ningún momento buscaron y/u obtuvieron la ratificación de sus actos por sus presuntos representados y que la sentenciante tampoco solicitó se cite a aquellos a estar a derecho teniendo en cuenta que se ventilaban situaciones referentes a su carácter de titulares de dominio y que no se le permitió ni participar ni formular la oposición del art.2680. Que por todo ello, solicita que debe dejarse sin efecto la sentencia de la instancia de origen dictada en autos.
Corrido el traslado de ley (véase fs.542), el mismo fue contestado por la actora a fs. 544/550 y a fs. 551 se llamaron los Autos para Sentencia.
LA SOLUCION
III. Del desalojo Que a fs. 49/54 los Sres. Antonio Eginio Cortiñas, Oscar Ramón Aguirre, Humberto Castro y Héctor Corneli en su calidad de condóminos del Inmueble de la calle Larrea 2571 de Lomas del Mirador, La Matanza, por intermedio de letrado apoderado, promueven demanda de desalojo contra Luis Michelin (en su carácter de tenedor precario), intrusos u ocupantes que pudieran existir en dicho inmueble. Relatan que originariamente, cuarenta años atrás, los condóminos habían destinado la adquisición del predio para lugar de encuentro y recreación de ellos, sus familiares y vecinos, realizando instalaciones a ese efecto. Agregan que con el correr del tiempo y los distintos destinos de los integrantes del grupo, alguno de ellos ya fallecidos, el lugar quedó sin un efectivo destino. A partir de ese momento, vecinos de la zona, con autorización de sus dueños fueron ocupando el lugar para distintas actividades personales, sin retribución alguna como tenedores precarios. Además agregan que quien se encontraba ocupando el lugar con autorización de los condóminos, era el Sr. Luis Michelin, a quien se le había prestado el lugar para que lo usara como delivery de comidas. Relatan que le requirieron la restitución del inmueble. En síntesis, fundan la acción de desalojo, en la causal de restitución de un comodato, verbal y sin fecha de restitución.
A fs. 105/162 contesta demanda en forma espontánea el Club Social y Deportivo Defensores de la Loma, haciéndolo su presidente, oponiendo la excepción de falta de personería y la defensa de falta de legitimación pasiva, relatando que la institución de bien público funciono durante años con la anuencia de los propietarios, y agrega que se compró el predio con fondos de todos los vecinos para ese fin (véase fs. 159). Denuncian que en el año 1972 se reúnen los vecinos del lugar y deciden comprar una propiedad, con aportes o fondos que solventan entre todos, con la premisa de fundar una entidad cultural y deportiva, acompañando acta de fundación. Agregan que como aún no se había constituido en lo que es hoy, unos pocos se titularon por todos los que intervinieron en noviembre de 1972 de buena fe.
La entidad se inscribe como de bien público ante el Municipio de La Matanza. El predio fue declarado de utilidad pública, mediante un proyecto de ley y sujeto a expropiación, en el ámbito del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. En la entidad se realizan actividades de ejercicio físico en el marco de un acuerdo con la Dirección General de Cultura y Educación. El club fue reconocido por la obra social para jubilados y pensionados, donde los mayores pueden reunirse con sus vecinos generacionales. Asimismo, se practican varios deportes, juegos de mesa, clases de baile, de idiomas, etc. A fs. 192 se tiene por presentado en forma espontánea y por contestada la demanda al Club Social y Deportivo Defensores de la Loma, ordenando la recaratulación de las presentes actuaciones como: “Cortiñas, Antonio Eginio y otros c/ Club Social y Deportivo Defensores de la Loma, Michelin Luis y otros s/ Desalojo”, tomándose nota en los libros de Receptoría y registros informáticos.
A fs. 200 se decreta que se encuentra vencido el plazo acordado al demandado Michelin para contestar demanda y comparecer a estar a derecho, sin que lo hubiere efectuado, declarándoselo rebelde, haciéndosele saber que las sucesivas providencias se tendrán por notificadas por Ministerio Ley. A fs. 227/228 se le notifica al mismo su declaración de rebeldía. A fs. 231/232 se desestiman las excepciones de falta de personería y falta de legitimación pasiva interpuestas por el Club Social y Deportivo Defensores de la Loma, con el siguiente fundamento expuesto por S.S.: “Que en el caso de autos, se han interpuesto las excepciones antes indicadas respecto del demandado Luis Michelin, cuya declaración de rebeldía de fs. 200 ha quedado firme mediante la cedula glosada a fs. 227/228 y desde que la parte accionada solo puede interponer las excepciones o defensas que hacen a su legitimación pasiva, no a la de terceros (…), cabe concluir que las mismas deben desestimarse.
Ello, sin perjuicio del eventual análisis que efectúe la suscripta en el momento procesal oportuno (art. 163 del CPCC)”.
A fs. 237/252 vta el Club Social y Deportivo La Loma denuncia un hecho nuevo, que V.S. hace lugar al mismo a fs. 266.
Producida la pruebas ofrecidas oportunamente por las partes en esta contienda judicial, la Señora Jueza colega de primera instancia a fs. 479/484 vta. dicta sentencia haciendo lugar a la demanda de desalojo contra Luis Michelin, Club Social y Deportivo Defensores de la Loma, e intrusos y ocupantes, condenándoselos a desalojar el inmueble sito en la calle Larrea 2571, Lomas del Mirador, La Matanza, en el término de diez días bajo apercibimiento de Lanzamiento, con fundamento en que procede la restitución del inmueble por la causal de extinción del comodato precario, entendiéndose que es aquel que fue celebrado sin termino fijo (art. 2285 del CC). Asimismo, S.S. a fs. 483 considera que con toda la prueba colectada la entidad demandada no ha acreditado ningún derecho para permanecer o no hallarse obligada para restituir el inmueble a sus dueños.
Ahora bien, y considerando los planteos y/o las pretensiones jurídicas sustentadas por las respectivas partes en este proceso contencioso, que desencadenó en el pronunciamiento judicial dictado por la Dra. Laura Elizabeth Mato, como Jueza de Primera Instancia, y frente al recurso de apelación deducido por los demandados con fundamento en las críticas que formulan a fs. 531/541 vta.8 de autos, poniendo los mismos unilateralmente en crisis el fallo recurrido, paso seguidamente a estudiar, y considerar los agravios expuestos por los quejosos apelantes.
IV. Consideración y resolución de los agravios fundantes del recurso Con referencia a los agravios esgrimidos por la demandada Club Social, Cultural y Deportivo Defensores de La Loma, respecto al planteo de nulidad del pliego de posiciones agregado por S.S. a fs. 478 (Primer agravio)
y considerando que con fundamento en las particulares circunstancias, características y hechos objetivos que rodean al presente caso, de conformidad y como se desprende del Acta labrada con motivo del reconocimiento judicial, que corre agregada a fs. 620/620 vta., las partes manifestaron -a la pregunta que el suscripto le formulara si el Sr. Michelin, Luis, actualmente ocupaba el inmueble- que: “ambas partes en forma conteste afirman que el mismo desocupó el inmueble en el año 2011 aproximadamente”. En consecuencia, se torna abstracto respecto de él, el presente juicio, siguiendo la misma suerte de abstracción e inoficiosidad los agravios nros. 1 y 2 expuestos por la apelante.
Respecto a las quejas efectuadas a fs. 539/541, última parte del agravio nro. 2, la articulación de actos posesorios por parte de las comisiones directivas y que demuestran la posesión pacífica, constante, con ánimo de dueño; dicha cuestión no fue propuesta a la decisión del Jueza de Primera Instancia. En tal sentido jurídico, el artículo 272 del Código Procesal veda al Tribunal de Alzada fallar sobre capítulos no propuestos a la Instancia de origen con fundamento en el art. 18 de la CN que garantiza la Defensa en juicio y el debido proceso.
V. Resolución y tratamiento de la falta de legitimación activa. Por una cuestión de ordenamiento metodológico corresponde tratar, el planteo de falta de legitimación activa o “ad causan” -es decir, que los actores condóminos no estarían habilitados para demandar la restitución del bien dado en comodato, cuyo planteo a modo de agravio formula el co-demandado Club Social, Cultural y Deportivo La Loma a fs. 531/41vta. En su consecuencia, pasaré a tratar y resolver esta cuestión y para ello me formulo la siguiente pregunta: ¿Están facultados y/o habilitados los actores para resolver el contrato de comodato y por ende solicitar la restitución del inmueble prestado?
A fs. 231/2 la Sra. Juez Colega de Primera Instancia resolvió como de previo y especial pronunciamiento, desestimar la excepciones de falta de personería y falta de legitimación activa, interpuestas por el Club social, Cultural y Deportivo La Loma, con fundamento en que se han opuesto las mismas respecto del demandado Luis Michelin , cuya declaración de rebeldía de fs. 200 ha quedado firme, desde que la parte accionada solo puede interponer las excepciones o defensas que hacen a su legitimación pasiva, no a la de terceros. Ello sin perjuicio del eventual análisis que se efectúe en el momento oportuno. A fs. 157 vta. dicha entidad opuso excepción de falta de personaría en el demandante, en el demandado o en sus representantes. A su vez interponen a fs. 158 la excepción de falta de legitimación para obrar, ambas excepciones opuestas-, con fundamento en que el accionado Michelin carece de legitimación para ser demandado en este proceso.
De manera pues, que formulada dicha aclaración, me abocaré al tratamiento y resolución de la defensa de fondo: denominada de falta de legitimación “ad causam” propuesto por la parte demandada.
Para ello, basaré este voto en la aplicación del art. 2680 del Cód. Civ. y su concordante con el art. 1990 del C.C.y C., al disponer que: “Ninguno de los condóminos puede, sin el consentimiento de todos, ejercer sobre la cosa común ni sobre la menor parte de ella, físicamente determinada, actos materiales o jurídicos que importen el ejercicio actual e inmediato del derecho de propiedad.
En el presente caso sometido a mi jurisdicción, el reclamo de la restitución del bien inmueble, mediante una acción de desalojo, proviene solamente de cuatro condóminos, entre ellos: los Sres. Cortiñas, Aguirre, Castro y Corneli, cuando según escritura traslativa de dominio obrante a fs. 64/69 y certificado de dominio de fs. 29/30 el inmueble objeto de este juicio, fue adquirido en condominio por los cuatro co-actores nombrados conjuntamente con los Sres. Diaz, Pachamé, Laje, y Gaik, aclarándose que estos últimos no integran la litis, ni han prestado su consentimiento a los efectos de la resolución del contrato de comodato y su ulterior desalojo en contra de la entidad demandada.
En efecto, la restitución del bien únicamente, por parte de cuatro condóminos -cuando los co-titulares dominiales son ocho- y con relación al Club demandado, sin prestar su consentimiento de resolución del contrato y desalojo, el resto de los condóminos, tornan inviables dichas pretensiones aquí deducidas (arts. 1.613, 2673, 2680, 2681, 2682 y ss. y cc. del Cód. Civ y sus cctes. arts. 1983 y 1990 del nuevo CCyC.).
Ahora bien, veamos este caso sometido a revisión judicial en esta Alzada. Se trata de un comodato precario –en el cual ocho condóminos otorgan en comodato a la institución demandada un inmueble de su co-propiedad, por haber quedado así trabada la Litis, con los respectivos escritos de inicio de demanda y su contestación, de los cuales se desprende textualmente que: “Originalmente, cuarenta años atrás, los condóminos habían destinado la adquisición del predio para lugar de encuentro y recreación de ellos, sus familiares y vecinos, realizando instalaciones a ese efecto. (…) Vecinos de la zona, con autorización de sus dueños fueron ocupando el lugar para distintas actividades `personales, sin retribución alguna. (…) Quien se encontraba ocupando el lugar con autorización de mis mandantes, era el Sr. Luis Michelin, (…) a quien se le había prestado el lugar para que lo usara en una actividad de Delivery de comidas que realizaba durante la tarde-noche. (…). Fundan los actores condóminos su legitimación para deducir la acción de desalojo, sin el consentimiento de los demás condóminos, en el art. 2709 del Cód. Civ. (en negrita me pertenece) (según escrito de fs. 49/54).
A fs. 157/162. contesta demanda “El Club Social y Deportivo La Loma” y que en la versión de sus hechos relata que: “en el año 1972 se reúnen los vecinos del lugar y deciden comprar una propiedad a otro vecino Sr. Alfonso Rugiero y esposa, ascendientes de colaboradores actuales, con mucho espacio y reúnen así fondos entre todos para la adquisición, con la premisa de fundar una entidad cultural y deportiva. Que de lo manifestado acompaño acta que así lo amerita. Que aún no se había constituido en lo que es hoy, unos pocos escrituran para todos los que intervinieron, en noviembre de 1972, de buena fe. (…). La entidad se inscribe como de bien público (…) el predio fue declarado como de utilidad pública mediante un proyecto de ley y sujeto a expropiación…”.
(…) En la entidad se ofrecen varios servicios a la comunidad (…) vienen alumnos de la escuela Secundaria básica nro. 57…. A realizar actividades de ejercicio físico a partir de octubre de 2.011 (…) de forma totalmente gratuita (…) La entidad ha sido reconocida por la Obra Social para Jubilados y Pensionados (PAMI) (…) donde los mayores pueden reunirse…. Con sus vecinos generacionales. Se practican en el club deportes, juegos de mesa, clases de baile, de idiomas, diferentes artes (…) a la que tienen acceso vecinos socios y no socios de todas las edades” A fs. 114/115 acompañan fotocopia del acta nº1 fundacional y que en sus parte pertinente dice: “En Lomas del Mirador (…) del día 28 de setiembre de 1972 se reúnen los Sres. cuyas firmas figuran al pie de la presente a efecto de tratar la constitución de una entidad Cultural y Deportiva, con sede social en Lomas del Mirador, a ese efecto entre los presentes se elige un presidente de oficio para presidir la reunión siendo electo el Sr.
Raúl Laje (…) Crean a partir de esta fecha el “Club Atlético, Social, Cultural Deportivo Defensores de La Loma. b) El domicilio legal será el de Larrea 2571 de Lomas del Mirador Pdo. De La Matanza”. De “elegir para Comisión Directiva a los Sres. Raúl Laje, Manuel Diaz, Carlos Pachame, Juan Severo Machado, Ángel De Francisco, Humberto Castro y Antonio H. Cortiñas (…) f) Habilitar el predio como sede social g) Construcción de un edificio para ampliar las instalaciones existentes”. Entre otros firman el acta: Carlos Pachame, León Neuman, Raúl Oscar Laje, Juan Jose Rodriguez, Mario M. Diaz, Carlos Alberto Diaz, Enrique O. Cabrera, C Di Placido, Juan S. Machado, Juan Domingo Arellano, Argentino Canziani, Jose Rojas, Alberto Aleuys, Adelina Ruggiero, Elena C. de Rodriguez, Delia Esperanza de Monteiro, Marcos A.
Ruggiero, Ángel Rosario de Francisco, Lines O. de Ruggiero, Humberto Castro, Lidia C. de Ramadan y Antonio H. Cortiñas.
A fs.107/113 se agrega fotocopia del estatuto social del Club Atlético Social, Cultural y Deportivo Defensores de La Loma del cual surge a fs. 113 que se le otorgó la personería jurídica. Asimismo, a fs. 177/183 se agrega otra fotocopia de dicho estatuto social certificado por el Sr. Actuario haciendo constar a fs. 184 que las copias de fs. 177/183 son fieles a sus originales obrantes a fs. 170/176 que para ese acto tiene ante su vista.
A fs. 116/116 vta obra fotocopia de acta constitutiva, testimonio de fundación, de fecha 3 de diciembre de 1996 con designación de las siguientes autoridades: Jose S. De Francesco (presidente), Carlos Alberto Romero (vicepresidente), Oscar Alfredo Cuppari (tesorero), Mario Manuel Diaz (vocal titular 1ro), Angel Ruggiero (vocal titular 2do), Raul Oscar Laje (vocal suplente 1ro), Miguel Pugliese (vocal suplente 2do) los cuales aceptan el desempeño de los cargos que le han sido conferidos. A su vez la Comisión Revisora de Cuentas queda conformada de la siguiente manera: Hipolito Gaido (titular 1ro), Alberto Martinez (titular 2do), Armando Corneli (titular 3ro) y Raúl Becerra (Suplente 1ro).
A fs.117 obra fotocopia en la cual consta que se deja constancia que las clases de Educación Física de las mencionada institución se están desarrollando en las instalaciones cedidas gentilmente por el Club Social, Deportivo y Cultural Lomas del Mirador ubicado en la calle Larrea Nº2571, de esta localidad.
A fs. 118/121 consta proyecto de ley que dispone “Art.1º: Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, designado catastralmente como: Circunscripción II, Sección E, Manzana 239; Parcela 9 inscripto su dominio en el Folio 4542/72 a nombre de Mario Manuel Diaz; Hector Cornelli; Carlos Alfredo Pachamé; Raul Oscar Laje; Humberto Castro; Jose Estanislao Gaik, Oscar Ramón Aguirre; Antonio Higinio Cortiñas y/o quienes resulten ser sus legítimos propietarios“ Luego fue vetada por el Poder Ejecutivo, habiendo dictaminado el Ministerio de Economía que solicitó el Veto del Proyecto de Ley, destacando que implica la creación de un nuevo gasto en la ley de presupuesto vigente, siendo que según lo previsto en el art. 103 inc. 2 de la Constitución Provincial, la iniciativa de éstos supuestos corresponde al Poder Ejecutivo. Que el mencionado Ministerio señaló además que la norma que se dicte quedaría enmarcada en las prescripciones del art. 47 de la Ley 10.189 (t.o Decreto N°4502/98), que establece la preminencia de la Ley de Presupuesto sobre toda otra Ley que autorice o disponga erogaciones (véase fs. 459/460 y fs. 461).
A fs.121 consta glosada fotocopia en la cual se visualiza una constancia de solicitud de Inscripción como entidad de Bien Público iniciada por Club Social Cultural y Deportivo de La Loma, Expediente: Matr 4074 – Año 2011 – Nro: 0014432 y con fecha de inicio 18/10/2011.
A fs. 122 consta glosado un Decreto Nº2978 en fotocopia el cual dispone “Artículo 1º Inscríbase a la Entidad denominada Club Social Cultural y Deportivo Defensores de La Loma en el Registro Municipal como Entidad de Bien Público” de fecha 30/11/2012.
A fs. 123 obra fotocopia de documental en la cual consta el Registro de asociados cuya nómina se acompaña desde fs.124/128.
A fs. 146 consta fotocopia de certificado de inscripción de la subcomisión de jubilados y pensionados.
Como puede apreciarse se observa que tanto del escrito de inicio de demanda como del escrito de contestación formulada por el Club Social Cultural y Deportivo de La Loma, cuyos escritos de inicio y su contestación de demanda fueron debidamente transcriptos “ut supra”, surge y se desprende sin hesitación, que el inmueble objeto del presente juicio de desalojo fue otorgado en comodato precario por los ocho condóminos titulares registrales a la entidad cultural y deportiva mencionada. También observo que las personas que integraron el acta fundacional que corre glosada en fotocopia a fs.114/115, algunos de ellos que integraron dicho acto jurídico, son los cotitulares dominiales de dicho inmueble entre ellos, los Sres. Mario M. Diaz, Carlos Pachamé, Raúl Oscar Laje, Humberto Castro, Jose Estanislao Gaik, Oscar Ramón Aguirre y Antonio H. Cortiñas. A su vez, a fs.116/116 vta. consta un acta en fotocopia de designación de autoridades, entre ellos, Mario Manuel Diaz (vocal titular 1ero) (condómino del bien de autos según título de propiedad de fs.65 vta) y Raúl Oscar Laje (vocal suplente 1ero) quien reviste también la calidad de condómino según escritura pública de fs. 65 vta. Ha quedado demostrado que los ocho condóminos suscribieron verbalmente con el Club Social Cultural y Deportivo de La Loma un contrato de comodato precario (art. 2285 del Código Civil) con la finalidad – “causa – fin” – de que dicha entidad desarrollara actividades culturales, sociales y deportivas y de esparcimiento para beneficio de todos sus asociados, vecinos de la zona, etc.
Decía el Dr. Guillermo Borda, que: “El vocablo “causa – final” significa el fin que las partes se propusieron al contratar (en este sentido art. 500, 501, 502, 792 y 926, etc, del Código Civil. La tutela jurídica no se brinda a una voluntad cualquiera, vacía e incolora, sino a aquella que tiene un contenido socialmente valioso. La sola voluntad escindida de un poder que la determine no es justificación suficiente de la validez de acto jurídico, puesto que no es un fin en sí misma. Quien promete, dispone, acepta, no tiene pura y simplemente a despojarse, de un bien, transmitirlo, sino que mira a alcanzar uno de las finalidades prácticas, típicas, que rigen la circulación de los bienes y la prestación de los servicios, en la vida de relación. El acto volitivo para ser fuente de derechos y obligaciones, debe estar ordenado a una finalidad útil desde el punto de vista social, en otras palabras, debe tener una causa o razón de ser suficiente. La idea de justicia toma así el lugar que le corresponde en las relaciones contractuales. Confirma diciendo el parafraseado autor, la causa es el fin inmediato y determinante que han tenido en mira las partes al contratar, es la razón directa y concreta de la celebración de un acto y precisamente por ello resulta para la contraparte que no puede ignorarlo. En los actos gratuitos, la causa será el propósito de beneficiar a un amigo o pariente, a alguien con quien se mantiene una deuda de gratitud, o simplemente a un extraño, o bien al deseo de crear una Institución Benéfica o de ayudar a las existentes. Se trata de los motivos que inspiraron, la liberalidad (Borda Guillermo, Manual de Obligaciones, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1966, paginas 25/30).
Además, Borda explicaba que el art. 953 del Código Civil, no aludiría tan solo a la materia del acto, considerada en sí misma, sino también al fin individual perseguido por las partes y al fin social del acto, que se confunde con el de causa – final (Spota, Llambias , Barcia, López, según Borda Guillermo, Opus. Cit. página 30).
Entendemos en tal sentido, que la causa está integrada por todo lo que ha sido determinante de la voluntad de los ocho condóminos – comodantes, y de la voluntad de la entidad jurídica demandada Club Social Cultural y Deportivo de La Loma, representada (la voluntad) por sus administradores y representantes, quienes acordaron que la causa – fin de las actividades que desarrollaría dicha entidad serían para beneficio de sus asociados, beneficiarios sociales terceros, pues, esa finalidad está incorporada – diríamos – en forma expresa e implícitamente al acto mismo bilateral, del contrato de comodato, como objetivo final del acto, o sea, el objeto del acto que en este contrato bilateral es “intuito personae”, queda comprendida dentro de la idea de causa, como que es el fin primario por el cual se contrata. Los móviles subjetivos que expresa e implícitamente están manifestados por la declaración de voluntad y que son reconocidos por las partes, y que atento a la circunstancias particulares que rodean el presente caso, entre ellas: a) los sujetos (personas físicas); y persona jurídica demandada (ente deportivo, cultural y social); b) el lugar en donde se desarrollan las actividades culturales, sociales y deportivas que es el bien objeto del comodato; c) los terceros socios beneficiarios del uso y goce de las instalaciones de dicho ente, como beneficiarios de dichas actividades descriptas, etc. (ello importa la causa –fin), que deben ser tenidas como fundamento de la volición o de la voluntad de las partes.
En los actos gratuitos (como el presente contrato de comodato) la causa final será el ánimo de beneficiar a los socios y a la entidad accionada, y además la razón inmediata por la cual esa concesión de uso y goce de la cosa, se hace por cortesía o como se lo llama, deseo de ayudar a otros, de contribuir a una obra benéfica o de bien público, tal está categorizada por el ayuntamiento municipal.
La causa – fin está en la naturaleza del acto y puede considerarse como causa final determinante, totalmente aprehensible en la vida del derecho.
Resulta que los terceros beneficiarios (los socios del club) son los destinatarios beneficiarios del uso y goce de sus instalaciones, cuyo inmueble en el cual funciona fue dado en comodato por los condóminos, a la entidad jurídica demandada. De manera pues, que esos terceros deberían ser oídos en sus derechos, en la presente causa, por cuanto ellos podrían verse afectados en sus derechos subjetivos (arts. 18 de la CN y 504 del CC y su concordante art. 1027 del CCyC, esto último como una estipulación a favor de terceros).
Ese grupo de socios, constituyen en su conjunto y representan intereses colectivos grupales (art 42 de la CN y art. 14 inc. b del CCyC) y que específicamente no han sido citados, en autos como terceros necesarios, (art. 94 del CPCC) para integrar la litis. En efecto, resulta que según surge de fs. 620/620 vta., preguntados que fueron por la cantidad de socios con los cuales cuenta el club, manifestó la demandada que tienen 377 socios desde el 2011, encontrándose activos al día de la fecha, aproximadamente la cantidad de 85 (véase fs. 572/606, en el cual consta el registro de asociados, en fotocopias certificadas por el Actuario -rubricado el libro en fecha 20/12/201-).
La declaración Universal de Derechos Humanos declara en el art. 24 que “toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre…”, agregando el art. 27 que la persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de la comunidad de gozar de las artes y a participar en el progreso científico y de los beneficios que de él resulten”. De ésta declaración Universal de los Derechos Humanos, surge implícitamente el Derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre y en particular a participar en la vida cultural de las instituciones (art. 33 de la Constitución Nacional y 56 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). En el preámbulo de la Carta Internacional Revisada de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte de la UNESCO, se pone énfasis en destacar: “Que la oferta de educación física, actividad física y deporte de calidad es esencial para realizar plenamente su potencial de promoción de valores como el juego limpio, la igualdad, la probidad, la excelencia, el compromiso, la valentía, el trabajo en equipo, el respeto de las normas y de las leyes, el espíritu comunitario y la solidaridad…”
Esta Carta Internacional asegura el derecho fundamental de acceder a la educación física, la actividad física y el deporte y que los programas de deporte en favor del desarrollo y la paz debería estar encaminados a la erradicación de la pobreza, así como el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, la seguridad, una cultura de paz, etc. Finalmente se indica, que la cooperación y las alianzas internacionales entre las autoridades públicas, las organizaciones deportivas y otras asociaciones no gubernamentales es decisiva para reducir las disparidades que existen actualmente entre los Estados y dentro de ellos, en el suministro de la educación física, la actividad física y el deporte.
La doctrina moderna considera a la causa como el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico, que ha sido determinante de la voluntad, también integran la causa – fin los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma y modo expreso o tácitamente si son esenciales para las partes que celebraron el acto jurídico. La causa se presume, aunque no esté expresada en el acto, mientras no se pruebe lo contrario (art .500 del CC y su ccdte. la doctrina del art. 282 del CCC).
El interés de las partes del acto, integra la estructura interna del objeto, y debe concluirse que la prestación que es el objeto de la obligación, no es solo la conducta del deudor y del acreedor, sino la conducta de estos “orientada” a satisfacer el interés del acreedor. En definitiva: conducta e interés constituyen la prestación.
Que con respecto a la cuestión esencial, de la falta de legitimación activa o ad causan, o falta de legitimación para obrar o como se decía de la falta de acción por parte de los actores peticionantes de autos, articulada dicha defensa de fondo por parte de la entidad demandada –según su escrito de agravios que luce a fs. 535/541vta., invocando el art. 2680 del Cód. Civ., y que es objeto de cuestionamiento por parte de los actores, quienes sostienen que es de aplicación el art. 2709 del Cód. Civ., al autorizar a cualquiera que administre la cosa en común, como gestor oficioso, para demandar, acto seguido procederé a resolver ésta queja. (El desalojo, sin el consentimiento de los demás condóminos (ve escrito de fs. 544/550). Para dar respuesta a este agravio –objeto de tratamiento y resoluciónadelanto desde ya, mi opinión favorable a la demandada, en el sentido jurídico, de que le asiste razón a dicha entidad, careciendo los accionantes de legitimación activa y “ad causan” para accionar, sobre la base de los fundamentos legales que seguidamente paso a desarrollar.
En materia de condominio, es principio (art. 2682 del C.C. y su ccte. art. 1990 C.C.yC.) que los condóminos no están individualmente facultados para realizar respecto de la cosa indivisa actos de disposición o administración (…); y por aplicación analógica decia Rezzonico que: "son todos los condóminos los que deben resolver demandar la devolución de la cosa lacada (…) lo que de hecho importa la rescisión del contrato de locación” (Rezzonico Luis M., Estudio de los contratos, Ed. Depalma Bs. As. 1969, pág. 411/412).
Se ha sentenciado en autos: “Dopazo Osvaldo H. c/ Montani Celia A. y/o demás ocupantes s/ desalojo”, causa 50.167, fallo de la Cam Civ y Com de Azul, pub en La Ley II-2007-193, con primer voto del Dr. Mario Galdós, con la adhesión de los Dres. Benedictis y Peralta Reyes, que: “El fundamento de las normas que rigen la cuestión –arts. 1613 y 1614 del Cód. Civ., en lo analógicamente aplicables, y arts. 2680, 2681, 2682 y 2683 del mismo cuerpo legal, radica en que se requiere del consentimiento de todos los condóminos para demandar la resolución del contrato (…) para promover el desalojo”. Agregando en otra parte de dicha sentencia que: “En suma, si bien está enlazada la voluntad de los condóminos solo durante la vigencia del contrato por lo que se requiere el concurso de todos para continuar el contrato (Doctrina citada por Kenny Héctor E., Proceso de desalojo, p. 74, nota 1212) también se requiere el concurso de todos los copropietarios para solicitar la resolución del contrato, esto es reclamar, en el caso la restitución del precario (arte. 2285 del Cód. Civ.). Es que, a esos fines, no debe perderse de vista que la facultad de pedir la devolución de la cosa prestada en “cualquier tiempo”, o “cuando quisiere” el comodante (que es lo que tipifica el comodato no sujeto a plazo) o, con más precisión, “sin tiempo convenido”; (art. 2271 y 2283 del Cód. Civ) importa, de suyo el “arbitrio de resolver el contrato” conforme Juan C. Rezzónico, citando a Segovia en Belluscio, Augusto – Zannoni, Eduardo, Código Civil, tomo 9, Pág. 1133, Nota 8).
“Es necesario el consentimiento de todos los condóminos para demandar la resolución del contrato de comodato precario y promover el desalojo (Ali Joaquín Salgado, locación comodato y desalojo, Ed. Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires, 2010, pág. 275; Beatriz Arean, Código Civil y Normas Complementarias – análisis doctrinal y jurisprudencial, Segunda Edición, Ed. Hammurabi, tomo 5 B, pág. 73. Dirección y coordinación Bueres Alberto J. – Highton Elena I.; Cámara Civil y Comercial, Azul, Sala Segunda, 19-12-2006: “Dopazo Osvaldo H. c/ Montani Celia Antonia y demás ocupantes s/ Desalojo”, LA LEY, Buenos Aires, 2007 -193).
Como puede apreciarse, no es de aplicación el art. 2709 y su reenvío al art. 2288 del Cód., Civ. pues no se trata de una cuestión urgente que autorizaría su aplicación, constituyendo un abuso de derecho (art. 1071 del Cód. Civ. y su concs. los arts. 9 y 10 del C. C. y C.), invocar y accionar en base a dicha norma legal, pues es necesario el consentimiento y acuerdo para ello de los ocho condóminos (es decir hay que oír a los otros cuatro co-propietarios restantes), toda vez que no puede pasar por alto a éste juzgador, que el contrato de comodato lleva como plazo de ejecución contractual, más de cuarenta y cinco (45) años, iniciado en el año 1972. En tal sentido, al hablar el art. 2709 de la figura de la gestión de negocios, corresponde por reenvío aplicar la doctrina legal del arts. 2288 del Cód.
Civ., al disponer que toda persona capaz de contratar, que se encarga sin mandato de la gestión de un negocio que directa o indirectamente se refiere al patrimonio de otro, se somete a todas las obligaciones que la aceptación de un mandato importa al mandatario. En la nota a dicho artículo dice Vélez Sarsfield que “Si yo hago trabajos en una cosa ajena que necesita reparaciones, hay gestión de negocios…”. De ello se desprende que para la actuación de la figura del gestor de negocios se requiere necesariamente situaciones extremas y de urgencia. Y de las características y circunstancias particulares que rodean el presente caso –descriptas precedentemente- no se vislumbra la aplicación del art. 2709, y con mayor razón cuando el contrato de comodato que une a las partes litigantes de autos lleva como plazo de ejecución de más de 45 años, y es más aún, no han invocado ningún perjuicio actual en detrimento de la propiedad de inmueble, ni de los condóminos comodantes; todo lo contrario, según se constató en el acta de inspección ocular que corre glosada a fs. 620/620 vta. y las placas fotográficas que lucen agregadas desde 607 a 619 inclusive, ilustran sobre el buen estado de conservación de la propiedad en cuestión en donde se realizan actividades culturales, sociales y deportivas, corroborado por el informe socio ambiental que corre agregado a fs. 418, 422 y 434/435 en donde se describen las características del edificio, las actividades propuestas, en la cual se concluye: “se encuentra en óptimas condiciones edilicias.
Que las actividades que se realizan en él, tanto deportivas, culturales y sociales, se encuentran al servicio de la comunidad (véase fs. 421 vta.). Para concluir que: se trata de un espacio que favorece la relación entre los miembros de la comunidad (véase fs. 422 vta.). Véase además, lo dictaminado a fs. 434/5 en cuanto a la interpretación diagnóstica y en relación al concepto de servicio de la comunidad, durante ambas visitas, se pudo observar la participación de vecinos, niños y adultos en las actividades, tanto deportivas como recreativas propuestas por el club. Dictamen al que le otorgo plena validez y fuerza probatoria (arts. 472 y 474 del C.P.C.C.).
Por esa razón el gestor no puede demandar la restitución del bien dado en comodato precario – que celebraron los condóminos con la entidad demandada- y si lo hace carece de calidad, pues el inmueble entregado en comodato no se encuentra en situación de peligro ni de deterioro, el mismo está en buen estado de uso y mantenimiento, según se comprueba implícitamente con el acta de inspección ocular que corre a fs. 620/620 vta. y de las placas fotográficas glosadas a fs. 607/619 que ilustran sobre ello, demostrándose que el objeto por el cual fue creado dicho club se encuentra en ejecución; sin haberse acreditado los extremos legales que ameritan la invocación de los arts. 2709 y 2288 del Código Civil, como para legitimar al gestor a los efectos de promover la presente acción. En la especie, la restitución del comodato ejercida por el gestor no se encuentra motivada por razones de urgencia y necesidad jurídica que justifiquen la calidad de la acción de desalojo en el carácter conservatorio de la misma ni del derecho que estaría dirigido a recuperar la cosa. La demanda entablada por alguno de los condóminos sin conocimiento de los otros, en la cual se reclama la restitución del bien, y por ende la resolución del contrato de comodato, no es un acto de administración ni conservación que pueda realizarse por algún comunero, como gestor de otro, sino un acto de disposición prohibido por los arts. 2680 y 2682 del Código Civil y su ccte. el artículo 1990 del C.C.y C. a uno solo o a algunos de los copropietarios. Además, se trata de un contrato de comodato con repercusión, transcendencia y efectos sociales, porque disfrutan de él, terceros beneficiarios del uso y goce: los socios de la institución y los vecinos de la zona. Se trata de la función económica y social del contrato.
Es un contrato con prestaciones o relaciones de cortesía. Se considera importante determinar la función económica-social de este contrato, que encuentra la propia justificación en una relación de cortesía. Razones de amistad, favor, simpatía y solidaridad, sirven para individualizar este contrato y para indicar la peculiar naturaleza de la relación, destinada en la voluntad de las partes contrayentes a vivir fuera de todo esquema jurídico, fundados principalmente sobre las normas de la buena fe, como consecuencia de aquellas relaciones de reciproca cordialidad, que han creado la oportunidad para la estipulación misma (Rezzónico Juan Carlos, en la obra Colectiva de Belluscio-Zannoni. Cód. Civ., Tº 9, Ed. Astrea, Bs. As., año 2.004, págs. 1.023/6).
En suma, como puede apreciarse judicialmente, el presente contrato de comodato precario, reviste y tiene una trascendencia social de suma importancia, porque al conceder los condóminos – comodantes el uso y goce de una cosa inmueble a favor de una entidad cultural, social y deportiva como es la codemandada, cuyos beneficiarios de ese uso y goce de la cosa son los socios de dicha entidad y los vecinos y la comunidad de la zona, entre ellos los alumnos de un colegio de la zona en donde ellos practican actividades deportivas en sus instalaciones, y demás actividades socio culturales que desarrolla el Club en beneficio de la comunidad, todos ellos serían los afectados en sus derechos subjetivos y personalísimos si se les coarta la continuidad de sus derechos. En tal sentido jurídico, opino como lo he señalado ut supra que sin perjuicio de que los condóminos accionantes no se encuentran legitimados ad causam, para rescindir o resolver el presente contrato y exigir el desahucio del bien inmueble de autos, pues es necesario el consentimiento y la conformidad de los otros cuatro condóminos titulares registrales y/o sus herederos y/o sucesores (véase posición N°8 en fs. 328, en donde el ponente reconoce al proponer la posición que “cuatro condóminos fallecieron, con aplicación del art. 409 del Cód. Proc. –arts. 1195 y 3417 del Código Civil y sus concordantes 1021, 1022 y 1024 del Código Civil y Comercial), a esos efectos, y resulta necesario también oír en este juicio a los beneficiarios del uso y goce de las instalaciones del Club, a que he hecho referencia anteriormente.
Habida cuenta de cómo se propone en éste Voto la resolución de éste caso, sujeto a revisión judicial en ésta Alzada-, considero que el resto de los agravios expuestos por la demandada quejosa apelante, resultan a mi juicio inoficiosos su tratamiento.
Finalmente, del análisis de todos los fundamentos, doctrina y jurisprudencia citada, estimo y así propongo a mis distinguidos Colegas de Sala que corresponde revocar la resolución apelada, debiendo en su consecuencia rechazarse la demanda de desalojo instaurada.
VI. Las costas de Primera y Segunda Instancia Atento al modo y forma en que se resuelve la presente contienda judicial, estimo que las costas generadas en ambas instancias deben ser impuestas a los accionantes que resultan vencidos. Ello, por estricta aplicación del criterio objetivo de la derrota (Art. 68 del C.P.C.C.). Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos fundamentos los Doctores Pérez Catella y Posca también VOTAN POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el acuerdo que antecede propongo a mis distinguidos colegas: 1°) SE REVOQUE en todas sus partes la sentencia apelada, debiendo en su consecuencia rechazarse la demanda instaurada por los accionantes; 2°) SE IMPONGAN las costas generadas en ambas instancias a los actores vencidos (art. 68 segundo párrafo del C.P.C.C.); 3°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO
Por análogas consideraciones, el Dr. Pérez Catella y el Dr. Posca adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1. REVOCAR en todas sus partes la sentencia apelada, debiendo en su consecuencia rechazarse la demanda instaurada por los accionantes; 2°) IMPONER las costas generadas en ambas instancias a los actores vencidos (art. 68 segundo párrafo del C.P.C.C.); 3°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.- Fdo: Dres: Hector R. Pérez Cataella, Ramón Domingo Posca y Jóse Nicolás Taraborrelli – Jueces- Ante mi: Dr. Gabriel E. Marot – Secretario-.
Fin de la sentencia