Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar lo resuelto por la Resolución DE PRLA n° 6838/2014, dictada por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 10 de octubre de 2014.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-55202415-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 23 de Mayo de 2025 Reunidos los señores Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “CORVALAN, CARLOS ALBERTO c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 35.334-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 6838/2014 dictada en la Actuación N° 10023-2734-2009, en cuanto condena a CARLOS ALBERTO CORVALAN por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 incisos a), b) y c) del C.A. al pago de una multa por la suma de $ 3.857.583,50, y al comiso de la mercadería en relación a la destinación aduanera N° 06 001 EC01 071482 X. Asimismo, lo condena por la comisión de la infracción prevista en el art. 994 incisos a) y c) del C.A., al pago de una multa de $500, a la vez que se ordena proceder a la destrucción de la mercadería secuestrada y se absuelve al despachante. Hago mención que atento a que el número de resolución inserto en la propia resolución aduanera no resulta del todo legible, y dado que la recurrente toma como válido el número referido en la cédula de notificación de la misma, se toma efectivamente como número de resolución aduanera apelada el 6838/2014, tal como también surge del Dictamen N° 1595/14 (DV DSAD), de la Resol. de aprobación N° 1337/14 (SDG TLA) y de la notificación SICNEA N° 14001NOTI060159S, obrantes respectivamente a fs.78/79, 80/82 y 84 de las act. adm.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 16/31vta. se presenta Carlos Alberto Corvalán, por derecho propio y con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación contra la antes referida resolución. En primer lugar, efectúa una breve reseña de los antecedentes de la cuestión. Plantea la prescripción de la acción punitiva del fisco y alude a la notificación del auto de apertura de sumario. Cita doctrina y jurisprudencia al respecto. Relaciona el instituto de la prescripción con la garantía del plazo razonable. Cita jurisprudencia. Manifiesta que la resolución apelada es violatoria del principio non bis in ídem. Aduce que fue absuelto en sede penal del delito de contrabando así como también en sede aduanera de la infracción administrativa de contrabando. Cita jurisprudencia y doctrina relativa al tema. Refiere a los requisitos de identidad de sujeto, de objeto y de causa de persecución. Vuelve a citar jurisprudencia. Considera que la Aduana, al dictar resolución absolutoria, delimitó la pretensión punitiva infraccional del Estado y la inexistencia de infracción, no pudiendo ampliarla con posterioridad, en ausencia de hechos nuevos. Entiende que en este caso no se trata de hechos nuevos sino de una interpretación diversa sobre hechos que ya obraban en las actuaciones al momento de dictarse su absolución. Vuelve a citar jurisprudencia. Sostiene que al haberse establecido en sede judicial la absoluta falta de intención, conocimiento y dominio del hecho de su parte, no se puede pretender endilgar una declaración inexacta, ya que ello importaría contradecir la cosa juzgada material. Considera que la forzada interpretación efectuada por el servicio aduanero de los elementos típicos del art. 954 del C.A., colisiona con el principio de prohibición por analogía. Cita el texto del art. 895 del C.A. Sostiene que debe asimismo desecharse la imputación en los términos del art. 994 del C.A. Finalmente, ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución aduanera apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 39/45 se presenta la representante del fisco, y contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora, acompañando las actuaciones administrativas. En primer lugar, efectúa un breve relato de los hechos y prosigue con la negativa genérica de rigor, negando todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Tras citar el articulado pertinente, sostiene que la acción del fisco para imponer sanciones no se encuentra prescripta. Alude al plazo razonable citando doctrina y manifiesta que en materia infraccional aduanera no debería utilizarse la misma vara que se utiliza en los procesos donde hay un acusado privado de su libertad.
Considera que no fue conculcado el instituto del non bis in ídem por cuanto en el caso se trata del juzgamiento de la comisión –o no- de una infracción aduanera legalmente tipificada en la Ley 22.415, lo cual resulta –a su entender- independiente a la existencia de conductas que corresponden al entendimiento de otros órganos. Alude al art. 954 incs. a), b) y c) del C.A. Sostiene que en el caso no fue declarada parte de la mercadería exportada y que lo declarado en la destinación aduanera difería del resultado de la verificación física y documental efectuada por el servicio aduanero. Alude al concepto de perjuicio fiscal. Agrega que de haber pasado inadvertido, se hubiese dado la posibilidad de que se despachara a plaza mercadería de carácter prohibido.
Distingue entre prohibiciones absolutas y relativas. Asegura que de la omisión de declarar parte de la carga resulta la diferencia del egreso de divisas respecto del que efectivamente correspondía. Cita jurisprudencia. Sostiene que la recurrente reconoció en sede judicial su carácter de exportador declarado en la destinación aduanera aunque aduce haberlo hecho por cuenta de un tercero, y que también brindó el depósito de la mercadería , se la entregó al transportista, le encomendó al despachante la confección de la declaración aduanera y confeccionó la lista de empaque. Cita el texto del art. 902 del C.A. Aduce que basta un mínimo de culpa a los fines de tener por configurada una infracción, ya que no se exige el grado de subjetividad relativo a la intención.
Cita el texto del art. 994 del C.A. y asegura que el accionar de la recurrente entorpeció la acción del servicio aduanero. Finalmente, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución recurrida, con costas.
IV. Las actuaciones administrativas 10023-4734-2009 se inician a fs. 1/2 con la Nota (Div. Oficios) N° 2553/2009 Disposición 624 N° 110422 de fecha 22/05/09 que acompaña la remisión del oficio del poder judicial (Jdo. Penal Económico N° 7, Sec. 14) informando, en fecha 07/05/09, el sobreseimiento de “… Pedro Corvalán DNI N° 27.283.494, con relación al delito de contrabando de estupefaciente, en grado de tentativa, previsto por el art. 864, inc. d), 866, 2do. Supuesto 871 del Código Aduanero…”. A fs. 3 luce Nota N° 1207/09 (SE REIN) de fecha 10/06/09. A fs. 4 luce la Nota N° 3299/09 (SE SP78) de fecha 18/06/09. Seguidamente luce la Actuación N° 10023-4735-2009, la cual respeta la foliatura correlativa.
Así, a fs. 5/6 luce Nota (Div. Oficios) N° 2551/2009 Disposición 624 N° 110420 de fecha 22/05/09 que acompaña la remisión del oficio del poder judicial (Jdo. Penal Económico N° 7, Sec. 14) informando, en fecha 07/05/09, el sobreseimiento de “… Carlos Alberto Corvalán DNI N° 7.702.049, con relación al delito de contrabando de estupefaciente, en grado de tentativa, previsto por el art. 864, inc. d), 866, 2do. Supuesto 871 del Código Aduanero…” y la confirmación de dicho pronunciamiento por parte de la Cámara respectiva. A fs. 7 luce Nota N° 1208/09 (SE REIN) de fecha 10/06/09. A fs. 8 luce la Nota N° 3298/09 (SE SP78) de fecha 18/06/09. Seguidamente luce la Actuación N° 10023-4733-2009, la cual respeta la foliatura correlativa.
Así, a fs. 9/10 luce Nota (Div. Oficios) N° 2552/2009 Disposición 624 N° 110421 de fecha 22/05/09 que acompaña la remisión del oficio del poder judicial (Jdo. Penal Económico N° 7, Sec. 14) remitiendo los testimonios de la Causa N° 6064 “Corvalán, Carlos Alberto y Otros s/contrabando de estupefaciente”. Seguidamente luce la Actuación N° 10023-4732-2009, la cual respeta la foliatura correlativa. Así, a fs. 11/12 luce Nota (Div. Oficios) N° 2554/2009 Disposición 624 N° 110423 de fecha 22/05/09 que acompaña la remisión del oficio del poder judicial (Jdo. Penal Económico N° 7, Sec. 14) informando, en fecha 07/05/09, el sobreseimiento de “… Elio Enrique Ciaffoni DNI N° 20.576.126, con relación al delito de contrabando de estupefaciente, en grado de tentativa, previsto por el art. 864, inc. d), 866, 2do.
Supuesto 871 del Código Aduanero…” y la confirmación de dicho pronunciamiento por parte de la Cámara respectiva. A fs. 13 luce Nota N° 1206/09 (SE REIN) de fecha 10/06/09. A fs. 14 luce la Nota N° 3300/09 (SE SP78) de fecha 18/06/09. A fs. 15/21 luce copia autenticada de sentencia judicial del Jdo. Penal Económico N° 7, Sec. 14, de fecha 21/08/08, mediante la cual se resuelve absolver a Carlos Alberto Corvalán, Pedro Corvalán y Elio Enrique Ciaffoni, con relación al delito de contrabando de estupefacientes, en grado de tentativa, previsto por el art. 864, inc. d), 866, 2do. Supuesto y 871 del Código Aduanero, a la vez que se resuelve remitir testimonio a la AFIP- DGA a fin de que investigue la presunta infracción aduanera que podría haberse cometido.
A fs. 22/25vta. luce copia autenticada de sentencia judicial de Cámara de fecha 31/10/08, mediante la cual se confirma el sobreseimiento. A fs. 26/27 luce resolución DE PLA N° 6912 de fecha 14/10/09 mediante la cual se resuelve: desestimar la denuncia en los términos del art. 1090 inc. b) del Código Aduanero, con relación al delito tipificado en los arts. 864 inc. d), 866 2do supuesto y 871 del C.A.; elevar en aprobación; y disponer la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A.; a la vez que ordena remitir las actuaciones a la Secretaría de Actuación N° 2 a fin de que se investigue una posible infracción al Artículo 947 del C.A. A fs. 29/30 obra el dictamen N° 514/09 (DI ASLA) de fecha 09/12/09.
A fs. 33/35 luce la Resolución N° 81/2010 (SDG TLA) mediante la cual se resuelve aprobar la Resolución DE PLA N° 6912 de fecha 14/10/09. A fs. 36, con fecha 03/03/10 se remiten las actuaciones a la Sec. N° 2. A fs. 37, con fecha 19/07/13, se deja registrada recepción por la Sec N° 2. A fs. 38 con fecha 26/08/14 se solicita a la División Verificación Sección Ramo “B” informe el valor en aduana y régimen tributario aplicable. A fs. 39, con fecha 01/09/14, se procede a determinar el valor en aduana de la mercadería. A fs. 40/42 lucen prints de pantalla del SIM en relación al PE N° 06 001 EC01 071482X. A fs. 43 luce la corrida de vista a Carlos Alberto Corvalan y al despachante en fecha 05/09/14.
A fs. 44 y vta. luce constancia de notificación a C.A. Corvalan en fecha 08/09/14. A fs. 45 y vta. luce constancia de notificación al despachante en fecha 08/09/14. A fs. 50/52 contesta la vista el despachante en fecha 17/09/14. A fs. 53 se tuvo por presentado al despachante y por contestada la vista. A fs. 54/65vta. obra la contestación de vista presentada por C.A. Corvalán en fecha 22/09/14. A fs. 66 se tuvo por presentado a C.A. Corvalán y por contestada la vista, a la vez que no se hace lugar a la prueba ofrecida. A fs. 68/70 luce print de pantalla tras la consulta al registro de infractores. A fs. 71/76 luce la Resolución DE PRLA N° 888900 de fecha 10/10/14, apelada en autos. A fs. 78/82 lucen el Dictamen N° 1595/14 (DV DSAD) y la Res.
N° 1337/14 (SDG TLA).
Seguidamente luce el Alcance N° 10023-4734-2009/2, el cual se inicia a fs. 1/8 con el Acta inicial de fecha 18/07/06 de la División Drogas del Departamento Inspecciones Aduaneras. A fs. 9/12 obran sendas Actas de requisa personal en relación a C.A. Corvalán y al despachante. A fs. 17/22 lucen copias de diversa documentación. A fs. 23/26vta. luce la declaración indagatoria presentada ante la justicia por C.A. Corvalán. A fs. 29/34 luce la declaración indagatoria presentada ante la justicia por Pedro Corvalán. A fs. 35/36 lucen declaraciones testimoniales. A fs.37/59 luce diversa documentación relativa al trámite de la Causa judicial. A fs. 60/75vta. luce sentencia de fecha 26/07/06 mediante la cual se ordena el procesamiento y se decreta la prisión preventiva de C.A. Corvalán y Pedro Corvalán, a la vez que se les traba embargo. A fs. 76/77 y 84/85vta. lucen declaraciones testimoniales. A fs. 88/112 lucen resultados de pericia. A fs. 113 y vta. luce declaración testimonial. A fs. 114/134 luce documentación que arroja el pedido de informes realizado por el Área de Gestión única de Movimientos y Aptitud Migratoria de la Dirección de Control Migratorio. A fs. 135/136 luce respuesta de Interpol Madrid. A fs. 142/144 luce examen médico forense a Pedro Corvalán. A fs. 161/164 luce la ampliación de indagatoria por parte de Pedro Corvalán. A fs. 165/168 luce la ampliación de indagatoria por parte de C.A. Corvalán. A fs. 169 y vta. luce declaración testimonial. A fs. 170/171 luce sentencia de fecha 07/09/06 mediante la cual se confirma el procesamiento con prisión preventiva de C.A. Corvalán y Pedro Corvalán y se modifica el monto del embargo dispuesto. A fs. 172 y vta. luce declaración testimonial. A fs. 173/175vta., fs. 177 y vta., fs. 179/238 lucen informes periciales. A fs. 240/249 lucen constancias relativas al ingreso de paquetes secuestrados en bóveda de seguridad de la DGA. A fs. 251/260 lucen constancias relativas al ingreso de “partes de sillones” secuestrados en bóveda de seguridad de la DGA. A fs. 262/345 lucen constancias relativas al secuestro solicitado en sede judicial y sumario aduanero (por presunta inf. Art. 970 C.A.) iniciado en relación a vehículo MITSUBISHI de titularidad de C.A. Corvalán. A fs. 353/355 lucen respuestas de oficios librados a entidades bancarias. A fs. 361/392 lucen copias de la Actuación N° 12201-203-2005. A fs. 394/397 lucen respuestas de oficios librados a entidades bancarias. A fs. 398/400 luce informe de Migraciones.
Seguidamente luce Alcance N° 10023-4734-2009/2, en el cual se continúa el orden de foliatura. A fs. 401/407vta. luce la sentencia de fecha 21/08/08 mediante la cual la justicia de 1ª. Instancia resuelve sobreseer totalmente a Carlos A. Corvalán, Pedro Corvalán y Elio E. Ciaffoni, con relación al delito de contrabando de estupefacientes, en grado de tentativa, previsto por el art. 864, inc. d), 866, 2do. Supuesto y 871 del C.A, a la vez que se ordena la remisión de testimonios de las partes pertinentes de la causa a la AFIP-DGA, a fin de que se investigue la presunta infracción aduanera que podría haberse cometido en relación a la operación de exportación documentada bajo el PE N° 06-001 EC01 071482X (art. 951 del C.A.). A fs. 408/441vta. luce la sentencia de 2da instancia de fecha 31/10/08 mediante la cual la Sala A resuelve confirmar el sobreseimiento dispuesto con relación a Carlos A. Corvalán, Pedro Corvalán y Elio E. Ciaffoni.
V. Que, preliminarmente, considero oportuno reseñar brevemente los hechos antecedentes de la cuestión a dilucidar en estos autos.
Que, conforme surge de las actuaciones administrativas acompañadas a la presente causa, en oportunidad de la verificación física y documental de la mercadería declarada en el PE N° 06 001 EC01 071482X (sillones), se detectó la existencia de 141.750 gramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la misma.
Que, a raíz de dicho hecho, se inició la causa judicial N° 6064, que tramitara por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7, Secretaría N° 14, caratulada “CORVALAN, CARLOS ALBERTO y otro s/contrabando de estupefacientes”, en la cual se dictó sentencia con fecha 21/08/08 y se resolvió –en cuanto aquí interesa- “… 1) SOBRESEER TOTALMENTE en la presente causa y respecto de Carlos Alberto Corvalán (…) en relación al delito de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa, previsto por el art. 864 inc. d), 866 2d supuesto y 871 del Código Aduanero…”.
Que mediante dicha sentencia, la cual fuera confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y quedara firme, también se resolvió “… 2) Remitir testimonios de las partes pertinentes de la presente causa, previa certificación de la Sra. Actuaria, a la AFIP-DGA, a fin de que se investigue la presunta infracción aduanera que podría haberse cometido en relación a la operación de exportación intentada respecto de los dos juegos de sillones secuestrados en autos, operación documentada bajo el Permiso de Embarque N° 06- 001 EC 071482X (art. 951 del C.A.) …”. (ver fs. 15/25vta. de las act. adm.)
Que, remitidas las partes pertinentes a la Secretaría aduanera actuante, se resolvió desestimar la denuncia en los términos del art. 1090 inc. b) del C.A. con relación al delito tipificado en los arts. 864 inc. d), 866 2do supuesto y 871 del Código Aduanero, a la vez que se dispuso la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del referido cuerpo legal. (ver Res. DE PLA N° 6912/09 obrante a fs. 26 y vta. de las act. adm.) Que, en oportunidad de corrérsele la vista respectiva, se le imputó a la aquí recurrente la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 954 incisos a) b) y c) del C.A. “… en relación a la mercadería sin declarar que resultó de la verificación de la destinación aduanera …” y del art. 994 del mismo cuerpo legal “… por suministrar informes inexactos y entorpecer el control del servicio aduanero …”. (ver fs. 43 de las act. adm.) Que, finalmente, mediante la resolución aquí apelada se condenó a Carlos Alberto Corvalán por las infracciones antes descriptas. (ver fs. 71/76 de las act. adm.)
VI. Que, en cuanto al planteo de prescripción efectuado por la recurrente, considero que, si bien la cuestión de la prescripción es de orden público, y en el particular se advierten elementos que permitirían la adopción de dicho remedio procesal, cierto es que en aquellos casos en que la imputación o la condena, cuya revisión es sometida a esta instancia, resulta de una manifiesta ajenidad respecto de la actora; debe optarse por resolver el fondo de la cuestión a efectos de dejar a salvo el buen nombre y honor del sometido al proceso.
VII. Que en lo que respecta al fondo de la cuestión, debemos recordar que el Código Aduanero dispone que, en caso de multiplicidad de sanciones sobre una misma conducta, debe estarse por aquella calificación que prevea una sanción más gravosa (art. 913 C.A.).
Que, en el particular, pretender encausar a Carlos Alberto Corvalán bajo las previsiones del art. 954 a), b) y c) del C.A., por no haber declarado 141.750 gramos de clorhidrato de cocaína, resulta inadmisible no sólo por encontrar sanción en los arts. 864 inc. d), 866 2do supuesto y 871 del Código Aduanero, sino porque implicaría, además, una recalificación subsidiaria de un hecho respecto del cual el juez en lo penal económico ya determinó su ajenidad (confrontar lo dicho con la sentencia obrante a fs. 15/21 de las act. adm.)
Que, por tal motivo, excepcionalmente optaré por disponer la revocatoria de la resolución aduanera aquí apelada, antes que la evidente prescripción del accionar punitivo con motivo de la invalidez de la apertura de sumario. No por la falta de notificación de dicho acto como lo sostiene la actora (ya que de la propia letra del artículo 937 del C.A. sólo se requiere su “dictado” a los fines de otorgar el efecto interruptivo), sino por el incumplimiento de los requisitos previstos en el art. 1094 del C.A, lo cual le hace perder el mentado efecto interruptivo de la acción prescriptiva, quedando así la resolución aduanera fuera del plazo quinquenal.
VIII. Que, corresponde aludir primeramente a la “doble jurisdicción” que rige en materia de delitos aduaneros, a través del criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Que el fallo de la CSJN "De la Rosa Vallejos" (Fallos 305:246) trajo luz sobre la doble jurisdicción en el juzgamiento del delito de contrabando. En tal sentido, sostuvo entonces que la facultad de la Aduana para la aplicación de penas emanadas del contrabando, es siempre accesoria de la comprobación del delito en sede Judicial y que, de esta manera, la Aduana no puede juzgar sobre la materialidad del ilícito porque tal calificación sólo puede ser hecha por el Poder Judicial. Llama la atención en tal sentido que la sentencia judicial pese a concluir que “…el hecho investigado no constituye el delito de contrabando, correspondiendo el sobreseimiento de los imputados. …”, igualmente ordenara remitir testimonios de las partes pertinentes de la causa a la DGA en los términos de los arts. 947 y 951 del C.A. Así dispone que “…deben ponderarse las previsiones del art. 947 del C.A., en cuanto dispone que “En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865 inciso g), 871 y 873, cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menos de PESOS CIEN MIL ($100.000), el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando menor…”.- …” (ver considerandos XVII y XVIII de la sentencia obrante a fs. 15/21 de las act. adm.). Incluso, la propia Aduana desestimó la denuncia en los términos del art. 1090 inc. b) del C.A. con relación al delito tipificado en los arts. 864 inc. d), 866 2do supuesto y 871 del Código Aduanero. Fundó tal decisión en “… la doctrina sentada en el fallo “De la Rosa Vallejos, Ramón s/contrabando” (C.S.J.N. 09/08/83 según el cual las facultades de esta instancia en materia de contrabando se limitan a imponer las sanciones accesorias cuando el tribunal ha verificado la existencia del delito…”. (ver Res. DE PLA N° 6912/09 obrante a fs. 26 y vta. de las act. adm.). Posteriormente, el Dictamen N° 514/09 señala que, tras lo resuelto en sede judicial, “… corresponde en el caso, la aplicación del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa: “DE LA ROSA VALLEJOS Ramón s/Contrabando”, que impone seguir en sede administrativa idéntico temperamento al adoptado en la Justicia. …” (ver fs. 29/30 de las act. adm.)
Que, en un fallo más reciente, la CSJN en el caso “Roldán, Luis Adrián y otros s/ recurso directo - Código Aduanero – ley 22.415”, FRE 10162/2014/1/RH1, Sent. del 20/09/22, compartiendo los términos del dictamen del Procurador General (a excepción de lo expresado en el segundo párrafo de su punto II) sostuvo en primer lugar, haciendo referencia al precedente “De La Rosa Vallejos”, que “… la atribución de competencia al organismo aduanero respecto de las sanciones previstas en los incs. a, b, c, f y g del art. 191 de la Ley de Aduana -entonces vigente- no responde a su jurisdicción en materia de infracciones “sino a su facultad administrativa de imponer ciertas consecuencias accesorias de la condena penal”. En esa inteligencia, caracterizó a tales sanciones como “accesorias de la [pena] privativa de la libertad y, en consecuencia, dependientes de la existencia de aquélla”; y puntualizó que la administración carecía de autonomía para juzgar sobre la materialidad del hecho ilícito y la individualización de sus responsables. Por lo tanto, de acuerdo con la doctrina del mencionado precedente, el organismo aduanero no se encuentra habilitado para la aplicación de las aludidas sanciones hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la causa penal por contrabando. …”. Y, remitiendo a lo expuesto por el Procurador, sentenció que en aplicación de lo previamente resuelto en el fallo “Zanandrea” (Fallos 321:1848) las acciones previstas en la infracción aduanera (en el caso se trataba de tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales) “…son diferenciables de las comprendidas en las normas que reprimen el delito de contrabando y su encubrimiento, por lo que no se trata de infracciones que se excluyan entre sí, ni del juzgamiento doble de una conducta única, sino de hechos diversos que, por ello mismo, son susceptibles de ser sometidos a distintas jurisdicciones…”. Sin embargo, la Corte excluyó expresamente de su fallo lo dispuesto por el Sr. Procurador en el segundo párrafo del punto II de su dictamen donde se refiere a la aplicación de la regla del art. 913, a la que aludí más arriba.
IX. Que, sentado lo antes expuesto, al momento de proceder al análisis de la figura infraccional de declaración inexacta prevista en el art. 954 incisos a), b) y c) del C.A., bajo la cual -recordemos- la resolución aduanera condenara en primer término a la aquí recurrente, reviste en este caso la particularidad de no poder escindir dicho análisis de lo sentenciado en sede judicial al resolver respecto de la comisión del delito de contrabando y su tentativa, aparejando tal situación la posible afectación de los principios de non bis in idem y de cosa juzgada material.
Que tal solución no empece la jurisprudencia reseñada supra, sino que obedece a la casuística de lo sometido a análisis en autos.
Que, de tal modo, y pese a que desde el punto de vista infraccional, ha existido una diferencia entre lo declarado (sillones) y el resultado de la comprobación (sillones y clorhidrato de cocaína), reitero que, en este caso en particular, resulta inescindible el análisis de los supuestos previstos en los incisos a), b) y c) del art. 954 del C.A. (a los fines de tener por configurada la infracción) del sobreseimiento dictado en sede judicial respecto de la comisión del delito de contrabando y su tentativa por parte de la aquí recurrente. Lo mismo sucede respecto de la imputación de la infracción formal prevista en el art. 994 del C.A. La sentencia acaecida en sede judicial propugnando la ajenidad en el delito de contrabando respecto del mismo sujeto que fuera condenado en sede aduanera por la infracción de declaración inexacta, controvierte los principios de non bis in idem y cosa juzgada material.
Que no se puede desconocer que ambos procesos (el judicial y el administrativo) tienen en este caso puntos de contacto estrechos, lo que conlleva que la cosa juzgada material vede la posibilidad de una revisión –al menos del fondo- en otra vía jurisdiccional, y tal es el aspecto que conlleva el principio de non bis in ídem en tanto prohibición. La Aduana no pudo dejar de lado los elementos fáctico-probatorios tenidos en cuenta en sede judicial a los fines de resolver en sede aduanera.
Que, en consecuencia, corresponde revocar la resolución aduanera apelada, e imponer las costas a la vencida. Por lo expuesto VOTO por:
1. Revocar la resolución aduanera DE PRLA N° 6838/2014 dictada en la Actuación N° 10023-2734-2009.
2. Costas al fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Por estrictas razones de economía procesal, previo a adentrarme en los fundamentos de mi voto, me remito y hago parte del presente la descripción efectuada por el vocal preopinante con relación al objeto del proceso, los fundamentos de la apelación y la contestación del traslado (considerandos I, II y III). Por otra parte, si bien estimo que también corresponde en la presente litis revocar la Resolución DE PRLA n° 6838/2014, dictada por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 10 de octubre de 2014, aquella se debe llevar a cabo sobre la base de argumentos diferentes. En este sentido, a los fines de desarrollar mi posición al respecto, considero oportuno presentar, en primer lugar, una descripción sucinta de los hechos involucrados y de lo decido oportunamente por el fuero penal económico, para luego adentrarme en el análisis tanto de las cuestiones preliminares como de aquellas vinculadas con las imputación, al exportador, de las infracciones tipificadas mediante los arts. 954, ap. 1, incs. a), b), c), y 994, incs. a) y c), del C.A.
II. El sub examine tiene su origen en la verificación física y documental, llevada a cabo oportunamente por el servicio aduanero, de la mercadería declarada mediante el PE n° 06 001 EC01 071482X (sillones), con el objetivo de ser exportada al Reino de España. Como resultado de la mencionada verificación, los funcionarios aduaneros descubrieron, en el interior de los sillones declarados, un total aproximado de 141.750 gramos de clorhidrato de cocaína (es decir, 141 kilogramos de la referida sustancia). En virtud de dichos hechos, se inició la correspondiente causa judicial (n° 6064) ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 7, Secretaría n° 14, con el objetivo de determinar si lo señores Pedro Corvalán, Alberto Corvalán (exportadores) y Elio Enrique Ciafoni (despachante de aduana) habían finalmente incurrido en el delito de tentativa de contrabando agravado por la calidad de estupefaciente de la sustancia, según lo estipulado por los arts. 864, inc. d), 866, 2do. supuesto, 871, 863 y 865, inc. f), del C.A.
Mediante su sentencia del 21 de agosto de 2008, el Sr. Juez de primera instancia en lo Penal Económico decidió “…sobreseer totalmente en la presente causa…” a los tres individuos citados con anterioridad por la totalidad de los delitos imputados oportunamente (a fs. 15/21 vta. de las actuaciones administrativas n° 10023-4734-2009). Para llegar a dicha conclusión consideró, en primer lugar que, sobre la base de lo afirmado en las declaraciones indagatorias correspondientes, y estimando a su vez no haberse presentado elemento de prueba alguno que llegara a probar lo contrario, los tres imputados habían sido “…víctimas de un engaño por un tercero que les encomendó la gestión de envío…”. En segundo lugar, remarcó la total perplejidad manifestada oportunamente por aquellos al momento de hallarse la sustancia estupefaciente oculta en la estructura de los sillones objeto de la operación de exportación.
De esta manera, el Sr. Juez Alejandro Catania se vió imposibilitado de acreditar el elemento subjetivo requerido para la figura prevista por los arts. 864, inc. d), 866, 2do. supuesto, y 871. En cuanto a la imputación del tipo penal compuesto de los arts. 863 y 865, inc. f), del C.A., aquel afirmó que, “…si bien se había podido confirmar la hipótesis del Ministerio Público Fiscal en cuanto a la existencia de una factura apócrifa relacionada con los sillones aludidos […], lo cierto es que la no presentación de aquel documento ante el servicio aduanero impide que el hecho…” en cuestión pueda ser finalmente subsumido en el tipo penal mencionado. La Sala “A” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, por su parte, mediante su sentencia del 31 de octubre de 2008, terminó por confirmar por mayoría lo decidido en primera instancia, con relación particularmente a los exportadores (a fs. 22/25 vta. ibid.).
Desde esta perspectiva, adquiere relevancia la postura expresada por la disidencia, especialmente en lo que atañe a la imputación del delito de contrabando de estupefacientes atribuida a los señores Carlos y Pedro Corvalán. Al respecto, el doctor Repetto sostuvo enfáticamente que los argumentos defensivos presentados por los acusados, relativos a haber sido víctimas del engaño por parte del sujeto que solicitó el envío, resultaban inverosímiles. Habida cuenta de que no es habitual ni razonable que quienes ejercen profesionalmente el transporte internacional de mercaderías acepten gestionar envíos al extranjero sin tomar las más mínimas precauciones respecto de la identidad o ubicación posterior del solicitante, parece claro que tal conducta no puede calificarse sino como imprudente o, en el peor de los casos, como dolosamente sospechosa.
Por ello, y sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva del suceso ni de nuevas evidencias que pudieran sumarse a la causa, resulta indudable —insistió el magistrado— que los elementos reunidos hasta el momento permiten presumir razonablemente la participación dolosa de Carlos Alberto Corvalán y Pedro Corvalán en los hechos que aquí se les imputan.
En función de lo actuado en sede judicial, el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la Resolución DE PLA Nº 6912 del 14 de octubre de 2009, dispuso remitir las actuaciones a la Secretaría de Actuación N° 2 para investigar la eventual comisión de una infracción al artículo 947 del Código Aduanero. Asimismo, decidió, por un lado, desestimar la denuncia en los términos del artículo 1090, inciso b), del mismo cuerpo normativo, respecto de los ilícitos previstos en los artículos 864 inciso d), 866 segundo supuesto y 871; por otro lado, ordenó la instrucción del sumario correspondiente conforme lo dispuesto en el artículo 1090 inciso c) del citado plexo normativo (fs. 26/27 vta. ibíd.). Por su parte, ante la necesidad de establecer una valoración precisa de la mercadería secuestrada—141.750 gramos de cocaína base—y determinar el régimen tributario aplicable, el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros solicitó un informe técnico a la División Verificación – Sección Ramo "B"; este último indicó que, al no existir antecedentes específicos sobre el valor aduanero de la cocaína base, correspondía adoptar como referencia el valor de su derivado clorhídrico, es decir, cocaína clorhidrato (fs. 39 ibíd.). En consecuencia, la mercadería quedó clasificada en la Posición Estadística 2939.91.11.000L (Derechos de Importación: 2%, Tasa de Estadística: 0,5%), y se estableció su valor en aduana en U$S 1.127.948,409, tomando como base una operación de importación registrada en el sistema NOSIS y declarada oportunamente durante el año 1999.
Sin embargo, mediante el auto del 5 de septiembre de 2014 (fs. 43 ibid.), el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dispuso correr vista de las actuaciones labradas hasta ese momento a los señores Carlos Alberto Corvalán, en calidad de exportador, y Elio Enrique Ciaffoni, despachante de aduana, imputándoseles la comisión de las infracciones previstas en el artículo 954, incisos a), b) y c) del Código Aduanero, con relación a la mercadería no declarada y detectada durante la verificación correspondiente a la destinación aduanera Nº 06 001 EC01 071482 X, así como la infracción contemplada en el artículo 994 del mismo plexo normativo, habida cuenta de haber suministrado información inexacta y obstaculizado el debido control del servicio aduanero, conforme surge claramente de la declaración indagatoria efectuada por Corvalán en sede judicial. A fs. 50/52 y 54/65 vta. constan las respectivas contestaciones formuladas oportunamente por el despachante de aduana y el exportador imputados. Posteriormente, a fs. 71/76 obra la Resolución DE PRLA Nº 6838 del 10 de octubre de 2014—acto administrativo que constituye el objeto de la presente apelación—en virtud del cual se resolvió, por una parte, absolver al despachante de aduana Elio Enrique Ciaffoni respecto de las infracciones contempladas por los artículos 954, apartado 1, incisos a), b) y c), y 994 del Código Aduanero; y, por la otra, condenar al exportador Carlos Alberto Corvalán, en orden a los mismos artículos, al pago de una multa cuyo monto total asciende a la suma de $3.858.083,50, integrada del siguiente modo: $3.857.583,50 en razón de lo dispuesto por el artículo 954, apartado 1, incisos a), b) y c), del Código Aduanero; y $500 por aplicación del artículo 994 del mismo cuerpo legal.
Mediante Dictamen Nº 1595/14 (DV DSAD) del 14 de octubre de 2014, la División Dictámenes en Sumarios Aduaneros convalidó la absolución precedentemente mencionada, puntualizando—entre sus consideraciones—que, del análisis exhaustivo de las constancias obrantes en autos, no se trataría de un simple faltante o sobrante de mercadería ni tampoco de diferencias en la calidad del producto declarado, sino, antes bien, de la presencia efectiva en la verificación de otra mercadería (clorhidrato de cocaína), oculta deliberadamente entre los restantes bienes declarados y cuya importación se encuentra categóricamente prohibida, configurándose así una conducta delictiva que oportunamente fue objeto de investigación penal.
Finalmente, mediante Resolución Nº 1337/14 (SDG TLA) del 14 de octubre de 2014, el Subdirector General de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera resolvió aprobar en todos sus términos la Resolución DE PRLA Nº 6838/14 mencionada precedentemente.
III. Una vez expuestos sucintamente los hechos que integran la litis y lo actuado oportunamente en sede administrativa, corresponde analizar las dos cuestiones preliminares planteadas por la parte apelante, a saber: i) la presunta violación al principio constitucional non bis in idem, y ii) la alegada prescripción de la acción para imponer penas.
En relación con la primera cuestión, el apelante manifestó expresamente en su escrito inicial haber sido sometido indebidamente a una triple persecución punitiva, habida cuenta de que, por idéntico hecho histórico—esto es, el presunto contrabando instrumentado mediante documentación vinculada con una operación de exportación—, habría sido previamente absuelto tanto en sede penal como en sede infraccional aduanera. Así las cosas, según afirma, resultaría manifiestamente arbitrario que mediante una forzada recalificación jurídica de su conducta, se lo someta nuevamente a juzgamiento, esta vez en los términos de los artículos 954, apartado 1, incisos a), b) y c), y 994, inciso c), del Código Aduanero. Luego de invocar jurisprudencia pertinente en la materia, el apelante concluye señalando que tal proceder administrativo vulnera ostensiblemente la garantía constitucional del non bis in idem.
Frente a tales afirmaciones, resulta necesario recordar, en primer término, que según doctrina reiterada por nuestro máximo Tribunal, la garantía del non bis in idem se configura únicamente cuando concurren de manera simultánea las tres identidades clásicas que la fundamentan: eadem persona (identidad del sujeto perseguido), eadem res (identidad objetiva del hecho atribuido) y eadem causa petendi (identidad de fundamento jurídico de la persecución) (Fallos: 345:440; asimismo, voto de los jueces Fayt y López en Fallos: 326:2805). Dichos requisitos esenciales encuentran razón de ser en la necesidad de resguardar a la persona frente al riesgo de que el Estado reitere indebidamente la pretensión punitiva por hechos ya juzgados o sometidos previamente a persecución. En este mismo orden de ideas, es oportuno recordar que el artículo 1026 del Código Aduanero establece de manera expresa una doble jurisdicción para el juzgamiento de ciertos delitos aduaneros como el contrabando, distinguiendo claramente la competencia del Poder Judicial—que abarca las penas privativas de libertad previstas en su inciso a), así como las contempladas en los artículos 868, 869 y 876, apartado 1, incisos d), e), h) e i), y en el inciso f) respecto exclusivamente de fuerzas de seguridad—, de aquella del juez administrativo aduanero, cuya competencia se limita a aplicar las penas establecidas en los incisos a), b), c) y g) del artículo 876, así como en el inciso f), excepto respecto de dichas fuerzas de seguridad.
En virtud de lo expuesto, cabe concluir que si bien el juez administrativo aduanero carece de atribuciones para juzgar el delito de contrabando en sí mismo—limitado por la jurisdicción penal—, conserva sin embargo plena competencia para decidir acerca de la eventual comisión de las infracciones aduaneras, cuyo juzgamiento no se encuentra impedido por la existencia previa de una absolución en sede penal respecto del delito contravencional. En efecto, la correcta aplicación del principio non bis in idem exige la presencia simultánea de tres identidades: persona, objeto y causa. Si bien en el presente caso es evidente que concurren la identidad de persona y de objeto, no sucede lo mismo respecto a la identidad de causa. Ello es así, habida cuenta de que en sede penal se investigó específicamente la comisión del delito de contrabando, proceso que culminó con la absolución de la parte actora; mientras que en sede administrativa aduanera se tramitó un procedimiento dirigido a determinar la existencia de una infracción autónoma consistente en la declaración inexacta, conducta tipificada en el Código Aduanero. Esta diferencia sustancial en cuanto a la “causa” habilita legítimamente el inicio y posterior culminación con condena del procedimiento infraccional, conforme sucedió en autos, y es plenamente congruente con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "de la Rosa Vallejos, Ramón".
Cabe recordar, en este sentido, que no se configura identidad de causa cuando los tribunales penales económicos o federales carecen de competencia originaria para investigar y sancionar las infracciones aduaneras, cuya jurisdicción corresponde en forma específica y exclusiva al juez administrativo aduanero. Distinto sería el supuesto en que hubiese mediado una condena firme en sede penal por idénticos hechos e idénticas personas; en tal hipótesis, efectivamente, resultaría improcedente iniciar posteriormente un procedimiento administrativo fundado en las infracciones contempladas en el Título II de la Sección XIV del Código Aduanero.
Por lo expuesto, no corresponde sostener que en el presente caso se haya vulnerado la garantía constitucional del non bis in idem. En consecuencia, al no existir identidad de causa, el sobreseimiento dictado a favor de la actora en sede penal mediante sentencia del 21 de agosto de 2008, lejos de obstar, habilita plenamente la instrucción y eventual condena en el procedimiento administrativo aduanero seguido por la infracción de declaración inexacta, debiendo rechazarse, por ende, la excepción planteada por la parte recurrente.
IV. En cuanto a la segunda cuestión presentada por el apelante, vinculada con la prescripción de la acción para imponer penas, resulta pertinente recordar lo estipulado por los arts. 934, 935 y 937 del C.A. En virtud de las primeras dos disposiciones citadas, la acción del fisco para imponer penas, frente a la comisión de una infracción aduanera, prescribe a los 5 años, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. El art. 937 del C.A., por su parte, detalla las cuatro circunstancias que pueden traer como resultado la interrupción del mencionado plazo prescriptivo. Entre ellas, se especifica el “…dictado del auto por el cual se ordena la apertura del sumario…” pertinente (art. 937, inc. a), del C.A.).
Con relación a la hermenéutica a tener en cuenta para la determinación del alcance de cada una de estas disposiciones, ya tuve oportunidad de manifestarme con respecto a la importancia que presenta la notificación de aquellos actos administrativos que poseen un efecto interruptivo de la prescripción liberatoria (causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”). Allí sostuve, con relación específicamente al auto de apertura del sumario, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificarlo; y que la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación.
Ello, en tanto no puede hablarse de un acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida en que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación -, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración. No cabe duda, a mi entender, que estamos hablando de algo más que de la mera “eficacia”; estamos haciendo referencia a su entidad jurídica, es decir, de su “validez”. Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, este debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En este sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “[…] [s]i el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho […]” (Corte Constitucional - Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados; es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate, de alcance general y particular.
Al retornar sobre los hechos que animan esta controversia, salta a la vista que el despacho de importación cuestionado vio la luz en el transcurso del año 2006. En consecuencia, y conforme a las disposiciones que ya han sido mencionadas, la aguja inexorable del tiempo comenzó su recorrido hacia la prescripción quinquenal el primer día de enero de 2007, culminando irremediablemente el 31 de diciembre de 2011. Ahora bien, ante semejante panorama, no puede soslayarse que, si bien el auto administrativo que abrió el sumario sancionador se dictó oportunamente el 14 de octubre de 2009 (fs. 26/27 vta. ibid.), su notificación efectiva al interesado se llevó a cabo recién el 8 de septiembre de 2014 (fs. 44/45 vta. ibid.).
En efecto, aun cuando es verdad que según el criterio predominante en esta Sala el auto de apertura del sumario tiene la virtud procesal de interrumpir la prescripción desde su dictado —más allá del momento concreto en que dicho acto se notifique—, no puedo pasar por alto que entre el dictado del acto administrativo en cuestión y su comunicación formal transcurrieron nada menos que cuatro años y once meses, es decir, una eternidad procesal equivalente a 1790 días. ¡Casi cinco años durmiendo en un limbo burocrático inadmisible!
Habida cuenta de ello, no puedo sino concluir que el procedimiento administrativo sancionador, atrapado en la telaraña invisible del tiempo, se sustanció en plazos manifiestamente irrazonables, vulnerando los principios más elementales de justicia y debido proceso.
V. Como bien fue mencionado con anterioridad, lo sostenido en el considerando IV ut supra representa la posición minoritaria de la presente Sala. Por este motivo, corresponde a continuación pasar a examinar la cuestión de fondo involucrada en la presente litis; es decir, resulta pertinente determinar si el Sr. Carlos Alberto CORVALAN, en virtud de los hechos involucrados en el sub examine, puede ser pasible de las infracciones tipificadas mediante los arts. 954, ap. 1, incs. a), b) y c), y 994, incs. a) y c), del C.A., según lo oportunamente dispuesto por los arts. 3 y 4 de la parte resolutiva de la Resolución DE PRLA n° 6838/2014.
En lo atinente a la imputación de una declaración inexacta, según lo estipulado por art. 954, ap. 1, incs. a), b) y c), del C.A., ciertas observaciones concernientes al alcance de la citada disposición deben ser previamente presentadas. Según lo estipulado por los términos invocados de la disposición menciona “[e]l que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, […]; b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación […]; c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere […]”. En lo que respecta a la hermenéutica a tener en cuenta para la determinación del alcance de la disposición bajo examen, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante “CSJN”) ha tenido oportunidad de resaltar que las leyes deben ser interpretadas de forma tal que se evite darles un sentido que coloque en pugna sus disposiciones, y se adopte finalmente como pertinente aquél que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 304:794; 315:929; 315:942, entre muchos otros). A esta primera observación, habitualmente se le añade que el alcance de las leyes tributarias deba determinarse computando la totalidad de las normas que la integran, para que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con las reglas de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 307:871; 315:929; 315:942).
A su vez, en cuanto al bien jurídico finalmente tutelado por la disposición bajo análisis, la CSJN ha llegado a señalar que el art. 954 del C.A. “[…] da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante – salvo los supuestos previstos en la propia ley – o del control que pueda efectuar el servicio aduanero. Ello se traduce en que, por principio, en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que la Administración Nacional de Aduanas practique las tareas de control que le están asignadas; al contrario, la sujeción a tales presupuestos tienden a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen y perviertan” (Fallos: 315:942). No obstante, la configuración del tipo definido por el art. 954 del C.A. no solo presupone la constatación de una declaración inexacta, sino que a su vez la mencionada falsedad debe acarrear la producción o potencialidad de producir, de pasar inadvertida, alguna de las consecuencias perjudiciales finalmente mencionadas a través de sus incisos a), b) o c). En este sentido, la CSJN ha remarcado en su oportunidad que la conducta declarada punible a través de la disposición bajo análisis no se agota con la sola formulación inexacta de la declaración respectiva ante la autoridad aduanera, ya que la norma requiere que a la transgresión de los ya mencionados principios de veracidad y exactitud de las declaraciones, se le sume la existencia o la posibilidad de producir un daño (Caso Ferry Líneas Argentinas SA, CSJN, 17/6/1986).
De esta manera, para que una conducta en particular pueda ser finalmente sancionada sobre la base de lo dispuesto por el art. 954 ap. 1, incs. a), b) y c), del C.A., los siguientes elementos del tipo infraccional deben ser claramente identificados: a) se debe estar en presencia de una declaración que difiera con lo resultante de la comprobación efectuada por el servicio aduanero y; b) la mencionada diferencia, en caso de pasar inadvertida, deba producir, o tenga la potencialidad de producir, i) un perjuicio fiscal, ii) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación o, iii) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere. La efectiva aplicación de la sanción estipulada por el art. 954 del C.A. sin la constatación de alguno de los elementos mencionados con anterioridad implicaría una clara violación del principio de legalidad, piedra angular del esquema infraccional aduanero.
Una vez asentadas las pautas generales que orientan el análisis, resulta imperioso abordar ahora el primer elemento que compone el tipo infraccional bajo examen; esto es, la existencia concreta de una diferencia efectiva entre lo declarado oportunamente por el exportador y aquello que finalmente constató el servicio aduanero. En esta línea, conviene recordar que, según la jurisprudencia reiterada del Tribunal Fiscal de la Nación, dicha discrepancia puede emerger tanto de la revisión documental como de la verificación física practicada sobre la mercadería involucrada (ver, por ejemplo, sentencia del TFN en autos "Papelera Tucumán S.A. v. D.G.A.", expte. 24.383-A, sentencia del 15/4/2009).
Así las cosas, como ya se describió previamente al relatar los hechos que dieron vida a la presente controversia, la operación aduanera aquí cuestionada (oficializada mediante el permiso de embarque nº 06 001 EC01 071482X), cuyo propósito declarado consistía simplemente en la exportación hacia España de una partida de sillones, quedó finalmente sometida al estricto régimen de control conocido como "canal rojo". Por tal razón, no solo se verificó la documentación aportada, sino que además se realizó la pertinente comprobación física de la mercadería ¡Qué sorpresa mayúscula aguardaba en el interior de aquellos sillones aparentemente inocentes! Es que, producto de dicha verificación, emergió oculta entre los acolchados nada menos que una cantidad aproximada de 141.750 gramos de clorhidrato de cocaína—casi 142 kilos de aquella sustancia cuyo comercio está absoluta e irremediablemente vedado por razones de salud pública.
De esta manera, mientras lo declarado por el exportador aludía a una sencilla operación internacional de venta de muebles, lo que el riguroso control aduanero reveló fue una mercadería muy diferente—oculta, ilícita y prohibida—, cuya sola existencia bastó para configurar de manera inequívoca la diferencia exigida por la norma infraccional ¡Cuán clara resulta así la distancia abismal entre lo declarado y lo verificado en autos! Configurado el primer elemento del tipo infraccional, procede a continuación indagar si tal diferencia entre lo declarado y lo constatado produjo, o al menos pudo haber producido, alguna de las consecuencias previstas puntualmente en los incisos a), b) y c) del apartado primero del artículo 954 del Código Aduanero. En lo que respecta al primero de estos supuestos—esto es, la producción efectiva o potencial de un perjuicio fiscal (art. 954, ap. 1, inc. a), C.A.)—, no está de más recordar brevemente lo que la propia legislación aduanera entiende por tal perjuicio. A tal efecto, el artículo 956, inciso b) del Código Aduanero define como perjuicio fiscal la falta de ingreso al servicio aduanero de los tributos cuya percepción tiene encomendada, o bien, el ingreso de un importe inferior al que correspondía, así como el pago indebido por parte del Fisco en concepto de estímulos a la exportación.
Sin embargo, ¡qué inútil resulta pretender aplicar esta definición al presente caso! Pues es evidente que el Estado jamás podría legítimamente exigir tributo alguno respecto de una sustancia cuya comercialización se encuentra absolutamente prohibida por razones fundamentales de orden público y protección sanitaria. En efecto, al tratarse la sustancia descubierta de un estupefaciente, cuya circulación y comercio están excluidos de todo marco legal, carece necesariamente de legitimidad y sentido cualquier pretensión tributaria basada en un supuesto valor o precio asignado a dicha sustancia ilícita.
A mayor abundamiento, corresponde también señalar que la operación de exportación encubierta, por sus propias características ilícitas, jamás pudo haberse materializado legítimamente como tal. Dicho de otro modo, el hecho imponible que justificaría la obligación tributaria no llegó jamás a configurarse, quedando automáticamente frustrado por la ilicitud intrínseca de la sustancia hallada. Por consiguiente, bajo estas circunstancias, es materialmente imposible identificar un perjuicio fiscal genuino.
Las consideraciones anteriores también resultan concluyentes a la hora de descartar tajantemente la posible configuración del tercer supuesto contemplado por la norma bajo examen, esto es, la eventual producción del ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar diferente del que correspondía efectivamente ¡Qué absurdo sería imaginar que pueda existir una cifra legítima y válida para sustentar la obligación aduanera en el caso de un estupefaciente prohibido!
En definitiva, la diferencia verificada entre la declaración y lo realmente comprobado permite concluir categóricamente la existencia de una declaración inexacta; sin embargo, tal circunstancia no puede implicar, por las razones antes expuestas, la producción efectiva ni potencial de un perjuicio fiscal o la alteración de un importe lícitamente negociado.
En efecto, las normas jurídicas no son piedras muertas, frías, silenciosas; antes bien, son seres palpitantes que deben interpretarse con inteligencia y sensibilidad. Pretender encerrarlas en el cerco estrecho de su literalidad —transformándolas en un juego mecánico de mera subsunción— es reducirlas al absurdo, desnaturalizar su esencia, privarlas de su propósito último. Porque el derecho, al igual que la vida misma, exige sentido común y prudencia ¡Qué grotesco resultaría exigir que quien está obligado a colaborar lealmente con el servicio aduanero declare con transparencia absoluta estar exportando cocaína! ¿Acaso la sensatez jurídica podría admitir semejante disparate? De ningún modo. Avalar una interpretación literal en tales circunstancias implicaría hacer de las normas sancionatorias una masa informe, maleable y arbitraria como la plastilina, perdiendo así cualquier posibilidad de brindar certeza y justicia.
Sucede que, en rigor de verdad, el intérprete prudente y sensato jamás podría respaldar una lectura rígidamente textual, cuando ella suponga legitimar lo imposible o justificar lo irracional. Porque la razonabilidad, esa virtud luminosa y discreta que rige la interpretación jurídica, es precisamente lo que nos preserva de caer en absurdos como este, asegurando que la ley continúe sirviendo a su auténtica razón de ser: custodiar el bien común y preservar la justicia.
En lo que respecta al supuesto del inciso b) del primer apartado del art. 954 del C.A., la situación se presenta en el mismo sentido. Ya que, en efecto, al adentrarse en la cuestión relativa a la interpretación y aplicación del artículo 954 del Código Aduanero, específicamente en cuanto a la posible imputación de una declaración inexacta en la exportación de cocaína, es preciso efectuar ciertas reflexiones profundas sobre la finalidad que inspira a la norma en cuestión y su razonable aplicación jurídica. En este sentido, cabe recordar que nuestra CSJN ha sostenido reiteradamente que, al interpretar una disposición normativa, cualquiera sea su naturaleza, resulta primordial considerar el propósito último perseguido por el legislador, evitando ceñirse a un rígido formalismo gramatical que desnaturalice su intención o conduzca a absurdos manifiestos (Fallos: 305:1262; 322:1090; 330:2192; 344:1810). La Corte ha insistido en la necesidad de privilegiar siempre la interpretación que facilite la efectiva realización de los fines queridos por la ley, antes que aquella que pudiera frustrarlos o distorsionarlos (Fallos: 326:3679; 330:2093; 344:223; 344:2513).
Asimismo, el Alto Tribunal ha subrayado con claridad meridiana que el espíritu de la ley no debe subordinarse nunca a la rigidez literal de sus palabras, sino que estas deben adaptarse a la finalidad profunda que las nutre, particularmente cuando dicha finalidad se encuentra enraizada en principios constitucionales superiores (Fallos: 323:212). Tal inteligencia normativa busca evitar resultados claramente disvaliosos, que afectarían la justicia material, el debido proceso y la racionalidad jurídica, preservando así la verdad objetiva (Fallos: 325:1845). Así las cosas, llevar al extremo literal el texto del artículo 954 del Código Aduanero—el cual establece la infracción consistente en la declaración inexacta ante la autoridad aduanera—al punto de exigir que quien está obligado a colaborar con el servicio aduanero declare abiertamente que está exportando una sustancia ilícita como cocaína, implicaría caer en un absurdo jurídico evidente. Tal exigencia, lejos de honrar la finalidad última de la norma—que es proteger el régimen aduanero contra la falsedad y el fraude—, conduciría irremediablemente a resultados incompatibles con la lógica más elemental y la racionalidad del sistema sancionatorio. La Corte ha alertado sobre los peligros de una interpretación formalista, advirtiendo que tal método no siempre es recomendable, especialmente cuando puede conducir a un “formalismo paralizante” que impida una aplicación justa y efectiva del derecho (Fallos: 326:2095; 329:3666; 330:2093; 344:223). En este orden, ha enfatizado que la verdadera tarea interpretativa debe orientarse a desentrañar, no lo que las palabras de la ley parecen decir literalmente, sino aquello que jurídicamente significan en función del propósito profundo del precepto (Fallos: 294:29; 344:2591). De este modo, y siguiendo esta doctrina jurisprudencial consolidada, no puede admitirse como racional ni jurídica la pretensión de imputar una declaración inexacta en aquellos supuestos donde la sustancia involucrada—cocaína en el presente caso—no admite ni remotamente una posibilidad lícita de declaración. Exigir semejante conducta a quien se encuentra obligado a colaborar con el control aduanero significaría desvirtuar absolutamente la esencia del deber normativamente previsto, transformando las disposiciones sancionatorias en meras figuras absurdas y arbitrarias, verdaderamente "de plastilina", estiradas al límite de lo racionalmente tolerable.
En definitiva, resulta claro—conforme a la mejor doctrina de nuestro máximo tribunal—que una interpretación coherente y razonable del artículo 954 del Código Aduanero exige respetar su espíritu y finalidad, que no es otro que asegurar la integridad y veracidad del sistema aduanero frente a fraudes posibles y razonablemente prevenibles. Por consiguiente, la conducta que se imputa debe evaluarse dentro de los límites del sentido común jurídico, rechazando cualquier interpretación literalista y absurda que contradiga el propósito último del legislador y desnaturalice las propias bases éticas y racionales del sistema jurídico en su conjunto.
En efecto, si bien es cierto que la verificación aduanera constató una notoria discrepancia entre lo declarado originalmente por el exportador—una simple operación comercial destinada al envío de sillones—y lo efectivamente comprobado por la autoridad aduanera, no es posible avanzar en una conclusión precipitada, sino efectuar una cuidadosa reflexión sobre el espíritu y finalidad profunda que anima las disposiciones en juego. Es que, como se detalló minuciosamente, las prohibiciones aduaneras establecidas en el Capítulo I de la Sección VIII del Código Aduanero (arts. 608 a 612), se clasifican según sus finalidades—económicas o no económicas—y de acuerdo con su alcance—absolutas o relativas. Indudablemente, dentro de aquellas prohibiciones de carácter no económico, figura la relacionada con la protección de la salud pública, prevista expresamente por el artículo 610, inciso e) del Código Aduanero.
Indudablemente, desde el punto de vista estricto y literal, cabría afirmar que la sustancia involucrada (141 kilogramos de clorhidrato de cocaína) representa la transgresión evidente a una prohibición absoluta establecida en el artículo 611 del mismo cuerpo normativo, dado que, por su cantidad y calidad, dicha mercadería está absolutamente vedada para cualquier operación de comercio internacional. Sin embargo, sostener que ello automáticamente configura la infracción prevista por el artículo 954, apartado 1, inciso b), en cuanto al deber de declarar verazmente ante el servicio aduanero, implicaría olvidar todo lo señalado anteriormente respecto de la interpretación racional y razonable de la norma, tal como lo exige reiteradamente nuestra Corte Suprema (Fallos: 305:1262; 322:1090; 330:2192; 344:1810).
En rigor, nadie en su sano juicio podría declarar ante la autoridad aduanera que está exportando cocaína, sustancia cuya circulación y comercialización está absolutamente prohibida, precisamente por razones fundamentales vinculadas a la salud pública y al orden social. Pretender exigir una declaración veraz y explícita sobre una sustancia ilegal representaría una distorsión grotesca del verdadero deber de colaboración, desnaturalizando completamente el espíritu que inspira la disposición normativa. Tal lectura literal convertiría el derecho sancionador en una herramienta absurda, flexible al punto del ridículo, una especie de "plastilina jurídica" que permitiría estirar y deformar su sentido más allá de lo racionalmente tolerable.
La jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, como bien hemos reseñado, enseña que la interpretación jurídica no puede limitarse a la literalidad formal del texto normativo, sino que debe atender siempre a la ratio legis y a los fines fundamentales que nutren cada disposición (Fallos: 326:3679; 330:2093; 344:223; 344:2513). De tal manera, una interpretación acorde al propósito de las disposiciones del Código Aduanero exige necesariamente rechazar cualquier intento de sancionar una supuesta "declaración inexacta" cuando la propia naturaleza ilícita de la mercadería involucrada hace imposible la existencia de una declaración sincera o legítima.
Por todo ello, aun constatando la existencia evidente de una prohibición absoluta y la discrepancia entre lo declarado y lo verificado, la imputación de una declaración inexacta en los términos estrictamente literales del artículo 954 del Código Aduanero no puede prosperar, pues hacerlo implicaría contravenir frontalmente el criterio interpretativo que con lucidez ha trazado reiteradamente nuestra Corte Suprema, priorizando la racionalidad jurídica y los principios fundamentales que deben regir siempre el derecho sancionatorio.
VI. Finalmente resta determinar si el exportador, Sr. Carlos Alberto Corvalán, incurrió en la infracción tipificada mediante el art. 994, incs. a) y c), del C.A. Según lo estipulado por la mencionada disposición, “[s]in perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que pudieren corresponder, será sancionado con una multa de pesos quinientos a pesos diez mil el que: a) [s]uministrare informes inexactos o falsos al servicio aduanero; […] c) [i]mpidiere o entorpeciere la acción del servicio aduanero”. La Exposición de Motivos, por su parte, manifiesta, con relación a esta disposición, que “[s]e contempla […] una figura autonoma que reprime distintos supuestos en los que se afecta el accionar del servicio aduanero, que no constituyan o resulten aprehendidos en el tipo penal de alguna de las infracciones previstas especi camente en el codigo”. Así, los diferentes supuestos tenidos en cuenta por el art. 994 del C.A. no deben superponerse con aquellos estipulados por el art. 954 del C.A. En efecto, si este último (art. 954 del C.A.) comprende las diferencias que se puedan encontrar entre lo declarado y lo verificado, el primero (art. 994 del C.A.) tiene en cuenta aquellas situaciones que representen un perjuicio al servicio aduanero cuando éste último, luego de iniciar una investigación sobre una operación de exportación o importación oportunamente oficializada, solicite la colaboración de los operadores involucrados. En el presente caso, el exportador ni tuvo oportunidad de entregar documentación falta o inexacta con posterioridad a la verificación fîsica de la mecadería, ni, mediante su comportamiento, entorpeció en alguna medida el accionar del servicio aduanero. De esta manera, resulta irrezonable imputarle al exportador la infracción emergente del art. 994, incs. a) y c) del C.A.
En virtud de lo expuesto, voto por:
1. Revocar lo resuelto por la Resolución DE PRLA n° 6838/2014, dictada por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 10 de octubre de 2014.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
1. Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
2. No obstante ello, interpreto que la indiscutible conducta disvaliosa que emerge de las circunstancias descriptas por mis distinguidos colegas, sumado a las particularidades que pudieron razonablemente llevar al Fisco a litigar, son fundamentos suficientemente contundentes para imponer las costas de este pleito en el orden causado. Así lo voto.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar lo resuelto por la Resolución DE PRLA n° 6838/2014, dictada por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 10 de octubre de 2014.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.05.22 16:00:19 ART Date: 2025.05.22 19:40:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.23 13:50:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.23 13:51:01 -03:00
Fin de la sentencia