Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-123475765-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad de la Resolución N.º 6243/18 dictada el 06/09/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 17124-9212-2016, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-38199928-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 11 de Abril de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver los autos caratulados: “COSENA SEGUROS S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente EX-2022-123475765-APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el RE-2022-123473781-APN-SGASAD#TFN la firma “COSENA SEGUROS S.A.” interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 6243/18 dictada el 06/09/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 17124-9212-2016, mediante la cual resolvió archivar el sumario infraccional iniciado contra la firma en virtud del monto de la multa y conforme la Instrucción General N.º 09/2017 D.G.A., e intimar a la firma “HIBRICOM S.A.” y a la aseguradora mencionada al pago de los tributos aduaneros en relación al D.I.T. N.º 10 073 IT14 002452 F. En primer término, interpone la nulidad de las actuaciones administrativas con fundamento en la ausencia de incorporación del DIT original o de su copia certificada, así como en la omisión de la corrida de vista, en contravención de lo dispuesto en el artículo 1101 del C.A. En respaldo de su planteo, cita jurisprudencia aplicable. Asimismo, plantea la prescripción de la acción fiscal para exigir el pago de tributos, así como la violación del principio del debido proceso adjetivo y la vulneración del derecho a obtener una resolución judicial en un plazo razonable. Finalmente, analiza la naturaleza del seguro de caución y circunscribe su responsabilidad al monto fijado en la póliza. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada con expresa imposición de costas.
II. En el IF-2023-104591154-APN-DTD#JGM, la representación fiscal responde al traslado del recurso interpuesto. Tras formular la negativa genérica de rigor y exponer un breve relato de los hechos, sostiene que se encuentra plenamente vigente la acción fiscal para exigir el pago de tributos. Cita normativa y jurisprudencia en respaldo de su postura. En cuanto al planteo de nulidad destaca que, dado que la actora pudo ofrecer prueba, oponer defensas y exponer sus argumentos sin restricciones en esta instancia, las eventuales nulidades del procedimiento aduanero son relativas y subsanables. A continuación, realiza un análisis argumentando la inaplicabilidad del instituto del plazo razonable. Por último, señala que tratándose de un contrato de garantía, la actora, en su carácter de aseguradora fiadora, debe cumplir con lo pactado en la póliza y cancelar los cargos formulados, dado que se ha configurado la infracción conforme a la normativa vigente en la legislación aduanera. Hace la reserva del caso federal, ofrece como prueba el expediente administrativo y solicita que se confirme la resolución aduanera recurrido, con costas.
III. Actuaciones administrativas SIGEA N.º 17124-9212-2016 (v. IF-2023-106579975-APN-DTD#JGM): A fs. 1/2 obra el print del D.I.T. N.º 10 073 IT14 002452 F. A fs. 3 obra la Nota 7218/16 (SE OPRE). A fs. 6 se clasifica y valora la mercadería. A fs. 7 se glosa la liquidación de tributos. A fs. 9/10 obra el acta de denuncia relacionada con el D.I.T. en cuestión, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA. A fs. 14 se determina la liquidación de multa y tributos. A fs. 15, con fecha 13/11/2016, se dispone a la instrucción del sumario (sin notificar). A fs. 19 se glosa print de pantalla de la garantía. A fs. 20 se deja constancia que se ha consultado el sistema de causas SUMARCHI con resultado negativo en los términos de la Instrucción General 09/17 DGA con relación a la firma importadora. A fs. 21/vta con fecha 06/09/2018, se dicta la Resolución N. º 6243/18 apelada en autos (notificada a la importadora a fs. 22 con fecha 31/10/22 y a la aseguradora a fs. 26 con fecha 26/10/22).
IV. En la PV-2025-33876689-VOCXIX#TFN se declara la causa como de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G, que los pasa a sentencia.
V. Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
VI. En ese entendimiento, corresponde analizar el planteo de nulidad formulado por la actora, basado en la omisión de la corrida de vista del sumario administrativo en contravención de lo dispuesto en el artículo 1101 del C.A. Para una mejor comprensión, es importante hacer una breve reseña de los hechos en sede aduanera.
Así es que, del análisis de las actuaciones administrativas SIGEA N.º 17124-9212-2016, se observa que, luego del acta de denuncia por la presunta infracción al artículo 970 del C.A. contra la importadora “HIBRICOM S.A.”, se procedió a clasificar y valorar la mercadería (ver fs. 6) y a liquidar los tributos y la multa (ver fs. 7 y 14). Posteriormente, se instruyó sumario (ver fs. 15). A fs. 19 se incorporó print de pantalla de la garantía. Seguidamente, se consultó al Sistema SUMARCHI sobre los antecedentes registrados de la sumariada, constatándose la inexistencia de los mismos. A continuación, se dictó la resolución apelada en autos, mediante la cual se resolvió archivar el sumario infraccional iniciado contra la firma importadora mencionada, en virtud del monto de la multa y conforme a la Instrucción General N.º 09/2017 de la Dirección General de Aduanas. Asimismo, se intimó a la firma “HIBRICOM S.A.” y a la aseguradora “COSENA SEGUROS S.A.” -aquí actora-, al pago de los tributos aduaneros correspondientes al D.I.T. N.º 10 073 IT14 002452 F.
En tal sentido y como queda en evidencia, en el expediente administrativo no consta documentación que acredite la disposición de la corrida de vista. Este acto es de carácter obligatorio según el artículo 1101 del Código Aduanero, que establece que, una vez cumplidas las medidas dispuestas conforme al artículo 1094, el administrador debe correr vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de diez (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan pruebas y acompañen la documentación pertinente. La omisión de este procedimiento vulnera el derecho de defensa y debido proceso de los involucrados, principios fundamentales en el ámbito administrativo y constitucional. Al respecto, es importante mencionar la interpretación que la Sala II de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal realizó del artículo 1101 del Código Aduanero en un caso análogo, (…) “conviene recordar que el principio que determina la inviolabilidad de la defensa en juicio está tutelado en la Constitución Nacional (art. 18) y asegura a toda persona el derecho a participar en el proceso ejerciendo plenamente su derecho a ser oído, a probar sus dichos y a que esas defensas sean debidamente valoradas por el juez. Se concluye fácilmente, entonces, que mediante la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se pretende dar plena dimensión a la referida garantía constitucional, permitiendo al particular ejercer la defensa de sus derechos e intereses.
Sobre esa base, y en la medida en que el proceder de la Aduana impidió a la aquí actora desincriminarse en forma oportuna, se constata la situación de indefensión provocada (…). La defensa en juicio requiere indispensablemente, aun en juicios especiales, como los de faltas, que se oiga al acusado y se le dé alguna oportunidad para producir su prueba de descargo (Fallos: 198:467); ello es así por cuanto esa garantía constitucional impone que los derechos de los habitantes no sean definitivamente dilucidados sin que se oiga a sus titulares y se les permita invocar y demostrar los hechos que se consideren conducentes a su defensa. La doctrina de la subsanación judicial del acto administrativo ha de tener un campo de aplicación limitado a casos extraordinarios, pues lo contrario llevaría a los jueces a tener como función normal suplir la voluntad de la administración, exorbitando sus atribuciones, las que son de control, para transformarse en administradores con evidente violación al principio de división de poderes (Sala IV, in re: “Hsien Yuzh S.A.
(T.F. 9852-A) c/ D.G.A.”, del 19/11/99). En tales condiciones, cabe concluir que el hecho de que la Aduana no se haya ajustado a la normativa prevista en el Código Aduanero, en materia alguna puede tener el efecto de que la actora se vea imposibilitada de ejercer su derecho de defensa y que, a su vez, se vea irremediablemente condenada por un cargo que no pudo cuestionar” (Sala II, Sentencia de fecha 12/11/2019 dictada en el Expte. N° 44.039/19 caratulado “Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”).
Este razonamiento se halla en consonancia con la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha sostenido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales e infraccionales (cfr. Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre otros).
En consecuencia, la omisión de la corrida de vista en el presente caso impidió el ejercicio efectivo del derecho de defensa de la actora, transgrediendo garantías fundamentales del debido proceso consagradas en normas constitucionales y convencionales.
VII. En este estado de cosas, debe destacarse que el tratamiento de las circunstancias que configuran la nulidad no puede ser abordado de manera mecánica, sino que debe efectuarse evaluando la gravedad de la irregularidad y la posibilidad de su subsanación conforme a las circunstancias específicas de cada caso.
En efecto, si bien en otros fallos he destacado la posibilidad de subsanar las irregularidades acaecidas en el procedimiento administrativo previo cuando se trata de revisar el ejercicio de facultades regladas (cfr. Fallos: 205:549, 247:52, 267:393, entre otros). En la especie, no puedo dejar de hacer notar que no se trata de una simple irregularidad en el marco del procedimiento administrativo que es susceptible de ser subsanada en esta instancia revisora, sino que lisa y llanamente se omitió por completo el procedimiento en sí mismo, de manera que consentir una irregularidad de tal gravedad, obligaría a este tribunal a una revisión ex novo que desnaturalizaría su carácter revisor de la actuación administrativa previa. En este orden de ideas, resulta indiscutible que la omisión de la corrida de vista tanto a la presunta imputada como a la aseguradora, conforme a lo dispuesto en el artículo 1101 del C.A., ha obstaculizado el ejercicio pleno del derecho de defensa, garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Tal omisión configura un perjuicio irreparable en esta instancia, dado que afecta de manera sustancial la validez y legitimidad de todo el procedimiento administrativo.
VIII. Llegado a este punto, es necesario hacer especial énfasis que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA) dispone que, con anterioridad a la emisión del acto administrativo (en este caso, la resolución definitiva), deben cumplirse los procedimientos esenciales y aquellos que se derivan implícitamente del ordenamiento jurídico (cfr. art. 7°, inc. d), por lo que la ausencia de algunos de estos requisitos hace que el acto sea nulo de nulidad absoluta e insanable (cfr. art. 14 inc. b).
Desde esta perspectiva interpretativa, la omisión de la corrida de vista de lo actuado conforme al artículo 1101 del C.A. constituye un incumplimiento manifiesto de estos requisitos, lo que invalida en su totalidad la resolución definitiva dictada en el expediente administrativo.
IX. Con base en los fundamentos expuestos, corresponde declarar la nulidad de la resolución apelada, con costas a cargo del Fisco.
Por lo expuesto, VOTO POR:
Declarar la nulidad de la Resolución N.º 6243/18 dictada el 06/09/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 17124-9212-2016, con costas a la DGA.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
Declarar la nulidad de la Resolución N.º 6243/18 dictada el 06/09/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 17124-9212-2016, con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.04.08 20:47:57 ART Date: 2025.04.10 13:15:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.11 13:55:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.11 13:56:55 -03:00
Fin de la sentencia