Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 27.248-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución RESOL-2023-379-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA y por ende confirmar la liquidación del cargo Nº 215/2018, sin costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-90631038-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 4 de Agosto de 2023 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, para resolver en los autos caratulados “COSENA SEGUROS S.A. c/ DGA s/RECURSO DE APELACIÓN”, Expediente N° 27.248-A, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. A fs. 103/109vta. la firma COSENA SEGUROS S.A., mediante apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2023-379-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la D.G.A. con fecha 13 de fecbrero de 2023, en las actuaciones administrativas N° 12039-2519-2005/4, por la que se resolvió rechazar “in limine” el recurso de impugnación presentado por la firma actora contra el Cargo Nº 215/18, haciéndosele saber que debía recurrir por ante este Tribunal Fiscal por la vía incidental del art. 1166 del Código Aduanero (en adelante C.A.). Expone una breve reseña de los hechos y señala que si bien con fecha 20/05/2011 se dictó sentencia modificando la resolución apelada para tener en cuenta el pago efectuado, no pretende volver a discutir el fondo de la cuestión, sino que se agravia por cuanto el servicio aduanero formuló el Cargo N° 215/18, liquidando la suma de $ 1.295.508,13 incluyendo rubros que no corresponden y luego de que operara el plazo de prescripción conforme el art. 805 del C.A.
Solicita que el Tribunal se expida sobre la cancelación total de la obligación tributaria conforme la Póliza N° 21003, en virtud del pago en concepto de tributos debidamente afectado con fecha 13/11/2009 (obrante a fs. 97 de las act. adm.), por lo que opone excepción de pago y solicita que se deje sin efecto el cargo formulado. Manifiesta que no corresponde la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (en adelante C.E.R.) ya que vulneraría el principio de legalidad consagrado en nuetra Carta Magna. Asimismo, plantea la improcedencia del reclamo de derecho adicional, de IVA adicional y Ganancias conforme la doctrina sentada por la Excma. C.S.J.N. en las causas “Frisher S.R.L.
(TF 16.236-A) c/A.N.A.”, “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/D.G.A.” y “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, respectivamente. En subsidio, resalta la prescripción del fisco para percibir tributos por haber transcurrido amplimamente el plazo de cinco (5) años establecido en el art. 803 del C.A.. Finalmente, plantea la violación del principio del debido proceso adjetivo, vulneración del derecho a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable toda vez que producto de la excesiva duración del proceso, habiendo transcurrido veintisés (26) años desde la emisión de garantía, coloca al administrado en una situación de indefensa al tener que rastrear documentos de anntigua data.
Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso, hace reserva del caso federal, y peticiona que se tenga por cancelada la totalidad de la obligación tributaria.
II. Que a fs. 115/122 la representación fiscal se presenta y contesta el traslado conferido a fs. 110. Formula una negativa genérica acerca de lo invocado por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de la demandada o surjan de las actuaciones administrativas ofrecidas como prueba. Efectúa un relato de los antecedentes administrativos. Establece que la actora garantizó la totalidad de la carga que el régimen le imponía por lo que no corresponde ahora, de manera ventajosa, pasar por alto el temperamento que surge de las propias actuaciones. En relación al planteo de un eventual plazo razonable, explica que el hecho de que el mero transcurso del tiempo no resulta suficiente a los efectos de que se produzca la conculcación del derecho involucrado ya que mientras no se cumplan los plazos de prescripción, no puede considerarse operada la garantía del plazo razonable. Agrega que la contraria es quien tiene la carga de probar el cumplimiento y ello no surge de las actuaciones administrativas. Respecto de la inaplicablidad del CER, señala que el Decreto N° 214/02 estableció las obligaciones hasta el 04/02/2002 resultando aplicable en la especie siendo que el garante responde por su propia mora, deuda contraída con anterioridad a la sanción de la Ley N° 25.561 por aplicación del art. 8 del mencionado Decreto. Agrega que para tratar la inconstitucionalidad por la aplicación de las tasas de intereses debió recurrir por la vía de la justicia en lo Contencioso Administrativo y no por ante el Tribunal Fiscal. Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso. Concluye en que resulta ajustada a derecho la aplicación del CER en la reliquidación del cargo en cuestión, por lo que solicita que se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta por la contraria, con costas.
III. Que con fecha 1/7/2023 mediante PV-2023-79338040-APN-VOCXXI#TFN se elevan las presentes actuaciones a la Sala “G” y mediante IF-2023-79337460-APN-VOCXXI#TFN se ponen autos a sentencia.
IV. Que conforme surge de las actuaciones administrativas N° 12039-2519-2005, y en lo que aquí interesa, a fs. 132 el letrado patrocinante de la actora solicita liquidación del cargo N° 215/2018 hasta el 11/9/2018, a fs. 133/135 obra dicha liquidación de deuda aduanera del cargo formulado, a fs. 140/144 (del alcance N° 12039- 2519-2005/3) obra agregada copia de la sentencia de este Tribunal Fiscal (el original de esa sentencia -que quedó firme- obra agregado a fs. 44/48 de autos), por la que se resolvió en su primer punto rechazar la excepción de prescripción opuesta por la actora con costas. En el segundo punto resolutorio, se dispuso modificar la Reolución DE PRLA N° 7778/09 fijando la responsabilidad tributaria de COSENA SEGUROS S.A. en $ 37.000, más el C.E.R. e intereses del artículo 794 del C.A.a contar desde el vencimiento del plazo de 10 días de su propia notificación del 27/08/2007, y por último tuvo en cuenta el pago efectuado por la importadora de $ 37.400,93. A fs. 146 obra copia de la sentencia de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal por la que se declaró de oficio la caducidad de instancia. Que en el Alcance N° 12039- 2519-2005/4 (agregado por cuerda a las mencionadas actuaciones) a fs. 149/150vta. la aseguradora presenta impugnación contra el Cargo N° 215/2018, relativo a la liquidación de deuda aduanera. A fs. 159/159vta. obra la Resolución RESOL-2023-379-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, en la cual se resuelve rechazar “in limine” el recurso de impugnación deducido por la firma COSENA SEGUROS S.A. contra el Cargo N° 215/18, haciéndosele saber que debería recurrir por ante este Tribunal Fiscal por la vía incidental del art. 1166 del C.A., notificado con fecha 23/02/2023 (ver fs. 161vta.).
V. Que corresponde expedirse respecto del incidente liquidatorio interpuesto por la firma Cosena Seguros S.A., en razón de que la cuestión planteada guarda relación con lo resuelto por este Tribunal en la sentencia de fecha 20 de mayo de 2011 obrante a fs. 44/48, ya que apelado dicho pronunciamiento y elevados los autos a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, la Sala II, en fecha 14 de noviembre de 2013 (fs. 84), resolvió declarar la caducidad de la instancia quedando firme el pronunciamiento de este Tribunal.
Que la cuestión traída ahora a conocimiento de este Tribunal radica, por un lado, en determinar si se encuentra prescripta o no la acción del Fisco para reclamarle a la aseguradora el pago de los tributos adeudados, y por otro, expedirse sobre la liquidación efectuada por la DGA y respecto de la cual se agravia la referida firma.
VI. Que, en cuanto a la primera de las cuestiones, cabe destacar que la sentencia dictada oportunamente por este Tribunal (en fecha 20/05/2011) ha quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.
Que con cita de Liebman, Palacio enseña que la cosa juzgada significa, en general, la irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia cuando contra ella no procede ningún recurso que permita modificarla. No constituye, pues, un efecto de la sentencia, sino una cualidad que se agrega a ella para aumentar su estabilidad y que igualmente vale para todos los posibles efectos que produzca (Palacio, Lino E., Manual de Derecho Procesal Civil, t. II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1983, pág. 30).
Una vez dictada la sentencia, el juez consuma su función y no puede ni debe inmiscuirse ya en el pleito, y que de ser apelado el pronunciamiento dictado surgirá el avocamiento de otro tribunal.
Que no obstante ello, el Tribunal Fiscal de la Nación tiene todos los poderes-deberes que componen la jurisdicción plena, salvo el de imperium o executio, es decir, no puede hacer cumplir por si mismo sus sentencias (García Vizcaíno, Catalina, El Procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación y sus Instancias Inferiores y Superiores En Homenaje a los cincuenta años del Tribunal Fiscal de la Nación, pag. 151, Segunda edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011).
Que, asimismo, en cuanto a los agravios de la actora respecto a que en el proceso se han excedido los parámetros de razonabilidad de duración de un proceso infraccional, con franca violación a la garantía constitucional del debido proceso (art. 18 C.N.), cabe señalar que es doctrina de la CSJN que cuando ocurre durante el procedimiento que se sustancia en sede administrativa una restricción de la defensa en juicio, la efectiva violación del art. 18 C.N., no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (205:549; 247:52; 267:393; 205:549).
Que, en el caso de autos, no se encuentra acreditado en el sumario aduanero una injustificada demora en la emisión del Cargo N° 215/2018, por parte del servicio aduanero, que haya perjudicado efectivamente a la actora, socavando su derecho de defensa, y vulnerándose la garantía constitucional del debido proceso (art. 18 C.N.), toda vez, que la Aduana dio cumplimiento con los procedimientos previstos en el Código Aduanero, no excediéndose de los plazos de prescripción previstos por dicho cuerpo normativo.
Que, a tenor de lo expuesto, y tratándose la prescripción planteada de una cuestión atinente a la ejecución o cumplimiento de la sentencia de este Tribunal, corresponde declarar la improcedencia formal del planteo de prescripción efectuado por la actora (ello asimismo de conformidad con lo ya resuelto por esta Sala G, en sentencia de fecha 02/09/11, dictada en la causa “BRIDGESTONE FIRESTONE ARGENTINA SAIC”, expte. Nº 25.186-A).
VII. Que, en cuanto a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 132/135 del Expte. SIGEA N° 12039-2519-2005, mediante el Cargo Nº 215/2018, corresponde señalar que deberá tenerse en cuenta que este Tribunal ya se había expedido con anterioridad en relación a la cuestión ahora planteada (ello en la sentencia de fs. 44/48 de autos), determinando expresamente la aplicación del CER más intereses del art. 794 del C.A. que devengarían desde el vencimiento del plazo de diez (10) días de su propia notificación de la corrida de vista (27/08/07), debiéndose señalar, por lo demás, que así se procedió en la consecuente liquidación practicada por la Aduana.
VIII. Que conforme lo expresado en el párrafo precedente, cabe aclarar -como fuera expuesto en la sentencia de fecha 20/05/2011- que, sobre el importe nominal de los tributos del caso, procede la aplicación de los artículos 4º y 8º del Decreto 214/02 (C.E.R.). Ello así por cuanto tratándose la de autos de deudas u obligaciones generadas por hechos anteriores a la ley 25.561 esas sumas garantizadas deben (y debieron) liquidarse conforme el art. 20 de la ley 23.905, es decir en dólares (u$s). La liquidación del caso (los tributos exigidos a la importadora y a la aseguradora) se efectuó y se notificó “después del decreto 214/02” y por eso se efectuó y se exigió en pesos ($) pero -debidamente- con la expresa reserva (al igual que en la resolución apelada) de la aplicación del C.E.R. de dicho decreto. La deuda tributaria quedó así “pesificada” por el Decreto 214/02 (con paridad 1 a 1), es decir “en virtud” de dicho decreto (y no había sido pesificada por la aduana antes de dicho decreto). Por eso no es aplicable al caso el criterio de la CSJN sentado en el caso “Editorial Perfil”, sent. del 12/08/08, y sí es aplicable el criterio de dicha Corte sentado en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica”, sent. del 17/04/07, en el sentido de que el C.E.R. es inescindible del capital adeudado.
IX. En lo que respecta a los rubros IVA Adicional y Ganancias debe señalarse que no corresponde aplicar la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)” de fecha 26 de noviembre de 2019, como así tampoco las causas “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ DGA” e “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA”, falladas el 14 de agosto de 2013, en relación al rubro de Derecho Adicional, toda vez que a la fecha de la sentencia dictada por este Tribunal a fs. 44/48, los mencionados fallos no se encontraban vigentes. Que aclarado ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1166 del C.A., y en virtud de lo expuesto, se concluye en que resulta ajustada a derecho la liquidación del cargo efectuada por el servicio aduanero y cuestionada por la actora.
X. Considero que no corresponde imponer costas (por tratarse en el caso de un incidente liquidatorio de la presente causa Nº 27.248-A).
XI. Por todo lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar la Resolución RESOL-2023-379-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA y por ende confirmar la liquidación del cargo Nº 215/2018, sin costas.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
Confirmar la Resolución RESOL-2023-379-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA y por ende confirmar la liquidación del cargo Nº 215/2018, sin costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y firme archívese. Date: 2023.08.03 19:20:02 ART Date: 2023.08.04 12:26:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.04 18:18:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.04 18:18:45 -03:00
Fin de la sentencia