Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 32.464-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 5108/10 dictada en las actuaciones N° 12041-1054-2004, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por el DIT N° 03 001 IT16 000539 E, sólo hasta el límite de las pólizas, declarando que la misma adeuda por dicho concepto la suma de NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCO CON 9/100 CVOS ($ 91.105,09) en concepto de tributos más los intereses que correspondan a la fecha del efectivo pago (Art. 794 del C.A.)
2Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 43 % a cargo de la actora y en un 57 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-143067412-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 30 de Noviembre de 2023 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Dr. Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “COSENA SEGUROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 32.464-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 5108/10, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 08/07/2010, en la Actuación Nº 12041-1054-2004, en cuanto por su artículo 3º se le formula cargo en concepto de tributos adeudados a la firma COSENA SEGUROS S.A., en su calidad de garante de la importadora TRINTER S.A.C.I.F., por la suma de $ 210.589,83 con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A.
II. Fundamentos del recurso: A fs. 13/19 se presenta por apoderado COSENA SEGUROS S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Primeramente, efectúa una reseña de los hechos que originaron la presente causa. Afirma que el servicio aduanero es el responsable del resguardo de la documentación. Sostiene que tomó conocimiento de que TRINTER S.A.C.I.F cedió la mercadería importada a la empresa FORD ARGENTINA S.C.A. y que ello debió haber sido tenido en cuenta por la Aduana. Se expide en relación al estado concursal de la importadora, enfatizando que la Aduana no resguardó debidamente el crédito fiscal, sin haber tomado la intervención pertinente en el proceso. Impugna la liquidación efectuada, afirmando que no fueron discriminados en forma correcta los rubros que la integran, y que no debe ser incluido el de anticipo de Impuesto a las Ganancias. Entiende que el deber de responder se extiende únicamente al límite de la póliza. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco.
III. Contestación del traslado: A fs. 40/43 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Asevera que la actora no pudo demostrar en autos que no se haya configurado el siniestro y, como consecuencia, la extinción de la obligación a su cargo. En el mismo sentido, se expide en relación a la finalidad del seguro de caución, en relación a la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal. Cita jurisprudencia. Enfatiza que la aseguradora se constituyó en fiador, lisa, llana y principal pagadora de la deuda reclamada. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal. Solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas a la recurrente.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12041-1054-2004 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia N° 1145/04 (de fecha 12/11/2004) en relación a la destinación N° 03 001 IT16 000539 E. A fs. 4 se agrega el sobre contenedor del despacho. A fs. 7 se dispone la instrucción de sumario, en fecha 01/08/2005. A fs. 9 se encuentra el aforo de la mercadería y a fs. 10 la liquidación por multa y tributos. A fs. 16 se dispone correr vista a la importadora y citar a la aseguradora a efectos de que ejerzan su derecho de defensa (constancias de notificación a fs. 19 y 44). A fs. 27/43 se presentan la importadora y la aquí actora y contestan la vista conferida. A fs. 56/60 luce la resolución apelada y las constancias de su notificación (fs. 61 vta. 68 vta.). A fs. 69 la actora da cuenta del recurso interpuesto ante este Tribunal y acompaña formulario F4 (fs. 70)
V. Que a fs. 48, en fecha 26/10/2015, se abre la causa a prueba. A fs. 271 se certificó la prueba producida y a fs. 272 se declaró cerrado el período probatorio.
VI. Que en fecha 25/10/2023 se elevan los autos a la Sala “G”. En la misma fecha se ponen autos para alegar y finalmente, en fecha 22/11/2023 pasan a sentencia.
VII. Que corresponde resolver en autos si se encuentra ajustado a derecho el cargo formulado en la resolución aquí apelada, a la firma COSENA SEGUROS S.A., como garante de la obligación tributaria de la firma importadora TRINTER S.A.C.I.F. respecto de la destinación de importación temporaria N° 03 001 IT16 000539 E.
VIII. Que, en relación a las consideraciones efectuadas por la actora a fs. 14 y 15 del recurso de apelación, es opinión del suscripto, que en el supuesto que el importador estuviera en quiebra o concursado, ello no condiciona la responsabilidad del asegurador al cumplimiento por parte de la Aduana de una eventual presentación o verificación de su crédito en la quiebra del importador asegurado, ni sujeta el cobro del tributo a la realización de gestión alguna previa por la Aduana ante el Juez de la quiebra o concurso, sino que la finalidad es más bien, en sentido inverso al pretendido por la actora, la de asegurar a la Aduana, ante la falta de ingreso de los tributos por el importador, la posibilidad de cobro de los mismos, ante cualquier eventualidad, incluida la quiebra o concurso del importador.
Que corresponde señalar que tanto en sede administrativa como en esta instancia se lleva a cabo un proceso de determinación de una eventual deuda tributaria. Debe tenerse en cuenta al respecto que el garante puede oponer defensas y excepciones propias del garantizado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Fisco Nacional Argentino (DGI) s/inc. de verificación de créditos en autos “Cosimati, Gregorio G. S/ conc. Merc. Prev.”, en sentencia del 9-04-87, expresó que el art. 22 de la Ley N° 19551, que establece la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, es inaplicable, “toda vez que la misma debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso.” (Jurisprudencia Fiscal Anotada, Arístides H. Corti, Revista Impuestos, Tomo XLV-B, p. 1346, año 1987).-
Que en similar sentido se ha expedido la CSJN en la causa “Supercanal S.A. s/apelación”, sentencia de fecha 2/06/03, en la que se resolvió que habiéndose recurrido en relación a la determinación tributaria, como en el caso de autos, al Tribunal Fiscal de la Nación, no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que se produce el desplazamiento de la competencia judicial original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas.
Que, posteriormente, el Supremo Tribunal se ha pronunciado en la causa “Gauchat, Enrique P. c/ Dirección Gral. Impositiva” sentencia del 4/07/03, contemplando los supuestos en que la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación fuere apelada, y manteniendo la competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a ese respecto.
Que en tal sentido, más allá de que en el caso sí lo ha hecho (fs. 123/130 del expediente principal) puede afirmarse que no existe norma legal alguna, que imponga al acreedor (en el caso el Fisco Nacional), la obligación de verificar su crédito en la quiebra o concurso del importador, como requisito previo a reclamar su crédito de la firma garante o aseguradora.
IX. Que no obra en autos documentación alguna que resulte apta (permisos de embarque y CTC) para acreditar el cumplimiento de los deberes impuestos por el régimen de la importación temporal al que la importadora se acogió.
Que, por ende, respecto de la mercadería en infracción, corresponde que sea considerada como importada para consumo, habiéndose generado el hecho imponible que diera lugar a la intimación de los correspondientes tributos.
X. Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, destaco, tal como lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, que en razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. a) del CA, y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un "fiador" (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada) en el contexto de la regulación de la fianza en el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria.
En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal. (conforme art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de la Nación).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial). Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
Que, en efecto, tal como detallara, el importe nominal por el que, en el caso, debe responder la importadora ($ 210.589,83.-) es menor que el importe de las sumas garantizadas por la actora aseguradora ($215.000 + $20.000= $ 235.000.- pólizas Nros. 46.477 y 46.500, fs. 178/181 del expediente principal) conforme lo señalado; por lo tanto, es (sólo) por este último importe que debe responder la actora, y es a ese importe al que aquí se le deben adicionar los correspondientes accesorios.
Que, así las cosas, corresponderá confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, y delimitar la obligación tributaria respecto de la aseguradora al monto consignado en las pólizas por la suma de $ 235.000.
XI. Que, previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, corresponde que me expida sobre la incorporación del derecho adicional, que fuera reclamado en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas.
Al respecto, previamente a efectos de los rubros que componen los tributos, como se explicará, debe dejarse sentado que no procede el cálculo del derecho adicional.
Ello así en virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos in re “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero, y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 (en el caso la resolución 1439/96) puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (página 6, considerando 9), párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal..." (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307- 1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria –“nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Consecuentemente, debe reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 10 de las actuaciones administrativas.
XII. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar que la liquidación tributaria practicada por el servicio aduanero a fs. 10 de las actuaciones administrativas ha sido cuestionada en relación a los rubros que la integran.
Al respecto, debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 10 de las act. adm, sin incluir las percepciones de IVA y ganancias, ni el derecho adicional, (conf., a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación:
BASE TRIBUTOS V.A EN $ 201.559,94 D.A 0% 0,00 D.I 19,5% 39.304,19 T.E 0,5% 1.007,80 BASE IVA 241.871,93 IVA 21% 50.793,10 IVA ADIC 0% 0,00 IIGG 0% 0,00 TOTAL 91.105,09 TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS POR EL ITEM 1 DE LA DIT N° 03 001 IT16 000539 E SON PESOS $ 91.105,09.
XIII. Que respecto de los intereses, es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 del C. Civil y Comercial), lo que así corresponde cuando –obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
En el caso de autos, la importadora fue notificada de la corrida de vista el 22/05/2008 (ver fs. 19 vta. de act. adm.), es decir con anterioridad a la fecha de notificación de la aseguradora (véase cédula de notificación de fs. 44).
Por lo tanto los intereses corren, en el caso, para la aseguradora desde el 05/06/2008, ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Que respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 5108/10 dictada en las actuaciones N° 12041-1054-2004, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por el DIT N° 03 001 IT16 000539 E, sólo hasta el límite de las pólizas, declarando que la misma adeuda por dicho concepto la suma de NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCO CON 9/100 CVOS ($ 91.105,09) en concepto de tributos más los intereses que correspondan a la fecha del efectivo pago (Art. 794 del C.A.)
2).- Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 43 % a cargo de la actora y en un 57 % a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a VI del voto del Dr. Segura, a los que me remito por motivos de brevedad.
II. En tales condiciones, considero pertinente analizar si el auto de apertura del sumario reúne los elementos requeridos por el art. 1094 del C.A.
Cabe señalar que el art. 1094 del C.A. establece las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario en el procedimiento para las infracciones, precisa que el mismo “…determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá. a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario, b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma, c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presentaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesarios d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados” (el subrayado me pertenece).
III. En lo que respecta a la hermenéutica a tener en cuenta con la finalidad de determinar el alcance de una disposición legal, la CSJN ha tenido oportunidad de resaltar que la primera regla de interpretación consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167; 302:973; 308:1754 y 312:1098, entre otros), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796), y cuando la norma no exija esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por aquella (Fallos: 311:1042). Por otra parte, la CSJN ha sostenido que la inconsecuencia, la falta de previsión o la omisión voluntaria no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que la leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones (Fallos: 300:1080), en tanto cuando la ley emplea determinados términos u omite, en su caso concreto, hacer referencia a un aspecto, es la regla más segura de exégesis la de que esos términos o su exclusión no son superfluos, sino que se ha realizado ello con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 299:167).
IV. El Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante TFN) ya tuvo oportunidad de manifestarse sobre el alcance de lo dispuesto por el art. 1094 del C.A., declarando nulo de nulidad absoluta el acto de apertura del sumario debido a que el mencionado acto administrativo ni siquiera había descripto los hechos constitutivos de la infracción invocada, elemento exigido por el art. 1094 del C.A (TFN, Sala E, 30/11/2010, Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A., TF 27.525-A). Para justificar su decisión, haría mención a lo afirmado por la Comisión redactora de la Ley 22.415, en cuanto a la necesidad de determinar los mencionados hechos en el mismo acto de apertura. De esta manera, agregaría que, al estar viciada la causa, se encontrarían transgredidos los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional y concordantes con la profusa jurisprudencia sentada por la CSJN, donde se tuvo oportunidad de entender que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales – ora infraccionales (Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre muchos otros).
Recientemente, y en lo que aquí interesa, el TFN llegaría a la misma conclusión luego de haber afirmado, sobre la base de una interpretación textual del art. 1094 del C.A., que “[…] el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura del sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan […]” (TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/ DGA s/recurso de apelación, TF 32.232-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Kimberly Clark Argentina S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.011-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.732-A).
V. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en adelante “Cámara” o “CNACAF”), por su parte, consideraría que el auto de apertura del sumario correspondiente debía ser reputado nulo, de nulidad absoluta, por no cumplir con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. (CNACAF, 18/03/2014, Agencia Marítima Tagsa S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo, Expte. 40.306/13). En efecto, el citado acto administrativo no solo no determinaba con claridad los hechos constitutivos de la infracción, sino que tampoco contenía la liquidación de los tributos que pudieran corresponder. Así, la Cámara terminaría por aclarar que “[…] si bien el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, razón por la cual en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 327:1629 y 329:1012, entre otros), la nulidad del acto administrativo por ausencia de alguno de sus requisitos esenciales es de carácter absoluto y no puede ser soslayada (art. 14, inc. b), LNPA), pues importaría afectar el derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional” (ibidem. Ver también: CNACAF, Sala IV, 11/06/2013, Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27.435-A) c/DGA; CNACAF, Sala IV, Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA; CNACAF, Sala I, 23/02/2010, Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.).
VI. Resulta interesante recordar en esta ocasión el ejercicio hermenéutico presentado por la Cámara, en el caso Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., con relación al alcance otorgado a los términos empleados en el art. 1094 del C.A. Efectivamente, en dicha oportunidad, se llegaría a afirmar que “[…] no asiste razón a la AFIP-DGA cuando sostiene que “la liquidación de los tributos que pudieren corresponder” tienen carácter “facultativo” cuando se dispone la apertura del sumario. En efecto, el art. 1094 utiliza el vocablo imperativo “dispondrá” y no una expresión facultativa como “podrá disponer”, no dejando así lugar a interpretación alguna que le otorgue carácter opcional al acto de disponer la liquidación tributaria correspondiente. Más aún, de ser “facultativo” dicho acto, perdería sentido la parte final del inc. c) del art. 1094, que incluye, en los contenidos de la apertura sumarial, la “recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario”. […] [S]i en dicho inciso la norma aclaro específicamente que ello debía realizarse “cuando lo considere necesario”, y al mismo tiempo utilizo de forma general el vocablo “dispondrá”, debe concluirse que la liquidación de los tributos correspondientes no tenía carácter facultativo pues no utilizo la expresión “cuando lo considere necesario”, sino que era una exigencia sustancial del acto de apertura sumarial” (CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012).
VII. En tales condiciones, del análisis de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12041-1054-2004, surge que si bien en “apariencia” la instrucción de sumario, la corrida de vista y la notificación se habría realizado con anterioridad a que el plazo de prescripción venciera, lo cierto es, que para que el auto de apertura de sumario sea válido y surta sus efectos legales debe reunir los requisitos que dispone el art. 1094 del C.A.
En ese entendimiento del asunto, se puede advertir que no se le puede asignar efectos plenos a la instrucción sumarial de fs. 7, puesto que la liquidación efectuada a fs. 10 fue posterior a dicho acto. A la luz de lo esbozado, es evidente que la actuación de la Aduana fue contraria a lo estipulado en el artículo 1094 del CA, el cual establece que se debe determinar la liquidación correspondiente en el mismo auto de apertura del sumario. La obligación de cumplir con esta disposición es clara, ya que el legislador expresamente dispuso que el administrador "determinará..." y "dispondrá...", lo que significa que la liquidación pertinente es de cumplimiento obligatorio por parte del servicio aduanero.
En este orden de ideas, y sobre la base de los fundamentos expuestos, considero que el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta (crf. arts. 14 y 17 de la LNPA) por carecer de la liquidación pertinente al momento de instruir el sumario (cfr. art. 1094 inc. d) del CA).
VIII. Según lo estipulado, y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción tributaria del fisco prevista en el art. 805 inc. a) del CA.
Así las cosas, habiéndose iniciado el cómputo de la prescripción el 01/01/2005, la misma operó, no habiendo mediado causales suspensivas el 31/12/2009, es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada dictada el 08/07/2010.
Con fundamento en lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y declarar la prescripción del fisco para perseguir el cobro de tributos.
IX. Atento la forma en que se resuelve el presente, torna inoficioso el examen de las demás cuestiones planteadas.
Por todo ello, VOTO por:
1).- Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VII de la presente.
2).- Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en el expediente SIGEA Nº 12041-1054-2004.
3).- Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 5108/10 dictada en las actuaciones N° 12041-1054-2004, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por el DIT N° 03 001 IT16 000539 E, sólo hasta el límite de las pólizas, declarando que la misma adeuda por dicho concepto la suma de NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCO CON 9/100 CVOS ($ 91.105,09) en concepto de tributos más los intereses que correspondan a la fecha del efectivo pago (Art. 794 del C.A.)
2).- Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 43 % a cargo de la actora y en un 57 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2023.11.30 16:04:44 ART Date: 2023.11.30 16:05:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.30 18:39:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.30 18:39:57 -03:00
Fin de la sentencia