Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 26.234-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de prescripción opuesta por la parte actora, con costas.
2Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA n° 8241/07, en cuanto exige tributos en los términos del art. 970 del C.A. con relación a la destinación nº 98 001 IT14 005373R y revocarla respecto de la exigencia del derecho adicional, las percepciones de IVA adicional y de ganancias y del CER. Con costas conforme los mutuos vencimientos.
3Declarar que la actora COSENA SEGUROS S.A. adeuda a la AFIP-DGA la suma de pesos dieciocho mil seiscientos veinticuatro con ochenta y ocho centavos ($ 18.624,88) en concepto de tributos, con más los intereses del art. 794 devengados desde el 9.09.04 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-36313348-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 13 de Abril de 2022 En el día de la fecha, se reúnen los señores Vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Cora M. Musso (el Dr. Héctor Hugo Juárez se encuentra en uso de licencia), a fin de resolver en los autos caratulados: “COSENA SEGUROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expte. Nº 26.234-A;
El Dr. Soria dijo:
I. Que a fs. 13/25 y vta. la firma recurrente, mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución nº 8241/07 dictada por el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación n° 12034-1008- 2008 (Expte. EAAA-2001-602286), en cuanto condena a la firma ALCA SUR INTERNATIONAL S.A. al pago de multa y de tributos, con más el CER e intereses -éstos últimos conjuntamente con la aseguradora- por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., por la falta de reexportación en término de la mercadería importada mediante la destinación 98 001 IT14 005373R. En primer lugar, manifiesta que los hechos involucrados en autos fueron considerados como contrabando en sede penal.
Se refiere a la procedencia del recurso y a la oportunidad de su presentación ante esta instancia y cita jurisprudencia que habilita a la aseguradora para oponer todas las excepciones propias como las del deudor principal. En cuanto a la causa penal por presunto contrabando, señala que la misma quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 5 a cargo del Dr. Horacio Artabe, bajo el número 11.973 y que en ella se dispuso el sobreseimiento de los representantes de Cosena Seguros S.A. Sostiene que el servicio aduanero no tuvo en cuenta lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal que confirmó dicho sobreseimiento. Afirma que, en virtud de lo resuelto en la mencionada causa penal, corresponde desvincular la responsabilidad de la aseguradora.
Cita, entre otros, el precedente “De La Rosa Vallejos, Ramón s/art. 197 de la ley de aduanas” en virtud del cual la Aduana debe aguardar y acatar el pronunciamiento que recaiga en la causa judicial. Aclara que la póliza no cubre sanciones de carácter penal, por lo que la pretensión de cobrarla de la aseguradora carece de fuente legislativa y contractual. En subsidio, plantea la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas por haber operado el plazo de 5 años previsto por el art. 934 del Código Aduanero. Agrega que, mediante el seguro de caución, la aseguradora garantizó en forma exclusiva los tributos por los que tuviera que responder la importadora, por lo que su responsabilidad se limita únicamente a éstos y hasta la concurrencia de la suma máxima garantizada.
Afirma que su responsabilidad no se extiende a los derechos adicionales, ganancias e IVA adicional que pudieran corresponderle al importador. Plantea la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del régimen establecido mediante el art. 15 de la Resolución nº 72/92. Señala que mediante dicha resolución el Ministerio de Economía creó un tributo, siendo ésta una facultad exclusiva del Congreso de la Nación y cita jurisprudencia. Se agravia, asimismo, de que no se ha discriminado correctamente la fecha a partir de la cual se deben aplicar los intereses. Sostiene que la aseguradora no debe responder por la mora del importador y aclara que aquellos deben ser calculados a partir del décimo día hábil a contar desde la notificación fehaciente del reclamo por parte de la aduana.
Impugna la aplicación de las pautas de ajuste dispuestas por la ley 25.561 y el Decreto nº 214/02 toda vez que las obligaciones de la aseguradora surgen de la póliza de caución, la cual -a su criterio- no se encuentra alcanzada por el régimen de pesificación. Se refiere a las circunstancias que llevaron al dictado de las normas antes mencionadas y distingue la naturaleza jurídica del contrato de fianza y del seguro de caución. Cita jurisprudencia. Se opone a la exigencia aduanera respecto del anticipo del impuesto a las ganancias, atento a que la garantía cubre exclusivamente los tributos que debería pagar el importador para el caso de que no reexportaran los insumos industrializados en tiempo y forma y por el límite del compromiso asumido en la póliza, no así por los impuestos originados en la comercialización en el mercado interno de la misma.
Ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se deje sin efecto el cargo formulado con expresa imposición de costas.
II. Que corrido el pertinente traslado a fs. 27, la representación fiscal lo contesta a fs. 50/64 y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de la negativa genérica de rigor y de una breve reseña de los hechos, señala que la carga de la prueba del cumplimiento de la importación temporaria recae en la importadora, siendo ésta la que debe demostrar el cumplimiento fehaciente del régimen. Agrega que la falta de reexportación en término implica que se configuró el siniestro que autoriza a la aduana a reclamar a la aseguradora el pago de los tributos, por cuanto la póliza se encuentra activa. En cuanto a la causa penal, sostiene que el sobreseimiento dictado en la causa “Majertel S.A. y otro s/av. de contrabando” respecto de Cosena Seguros S.A. fue alcanzado por la nulidad decretada el 27.11.06 por la Sala “B” de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Sostiene que la presunta cosa juzgada material que implicaría la falta de responsabilidad tributaria de la aseguradora fue desvirtuada por fallos dictados por este tribunal en otras causas de igual carátula que la presente. En cuanto a la prescripción, sostiene no operó la misma en tanto que con la apertura del sumario se produjo la interrupción de la prescripción (conf. art. 937, inc. a) del C.A.) y cita jurisprudencia. Respecto del CER, afirma que corresponde la aplicación del Decreto nº 214/02 y cita el art. 8º del mismo, dado que la suma por la que se obligó la aseguradora se expresó en dólares estadounidenses. Transcribe el art. 4º de la RG AFIP nº 1528/03 referido a la aplicación del CER a las garantías expresadas en aquella moneda.
Agrega que, si bien los tributos se reclamaron en pesos, ello no implica que la Aduana haya pesificado los mismos, atento a que se liquidaron por el monto equivalente en dólares. En cuanto al límite de la póliza, cita abundante jurisprudencia referida a que al monto garantizado se debe adicionar lo que corresponda por el ajuste por el CER. Con relación al derecho adicional, solicita que se rechace la inconstitucionalidad planteada, atento a que dicho rubro no fue exigido en la liquidación de los tributos. Respecto de las percepciones de IVA adicional y de ganancias, sostiene que resultan aplicables a la importación de bienes con carácter definitivo para su comercialización en el mercado interno y que la Aduana actúa como agente de retención y/o percepción en los términos de las RG AFIP 3431/91 y 3543/92.
En cuanto a los intereses, sostiene que éstos se devengan a partir de los diez días de la notificación y que la aseguradora es responsable solidaria de su pago junto a la obligación principal, de modo que adeuda los intereses que correspondan por la mora. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita que se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Que la actuación nº 12034-1008-2008 (Expte EAAA-2001-602286) se inicia a fs. 1 con la denuncia por la presunta infracción del art. 970 del CA, respecto de la mercadería importada en forma temporaria mediante la destinación nº 98 001 IT14 005373R, cuyo vencimiento se produjo el 23.08.99. A fs. 3 obra la carpeta del despacho. A fs. 5 se practica el aforo de la mercadería y a fs. 7 obra la liquidación de tributos. A fs. 10 se instruye el sumario. A fs. 11 obra la Nota IG nº 504/02 según la cual se informa que la mercadería era de importación prohibida a la fecha de vencimiento del DIT. En virtud de lo solicitado a fs. 14, a fs. 15 la Sección C de la División Verificación aclara que la Secretaría de Comercio Exterior, como autoridad de aplicación, considera al certificado de origen como un requisito exigible a la importación a consumo y no como una prohibición. A fs. 16 se agrega el identificador de la garantía 98 001 023351Y. A fs. 19 se corre la vista a la importadora Alca Sur International S.A. y a Cosena Seguros S.A., quien se notifica el 25.08.04 (fs. 36 y vta.). A fs. 29/32 y vta. la aseguradora contesta la vista. A fs. 39 se ordena notificar por edictos a la importadora y se tiene presente la prueba documental acompañada por la aseguradora y se desestima la prueba informativa. A fs. 44 obra la publicación del edicto y a fs. 45 se declara la rebeldía de la firma importadora. A fs. 49/50 se dicta la Resolución DE PRLA nº 8241/07, que se apela en autos. A fs. 55 la aseguradora acompaña el F4 de apelación por ante este Tribunal. Mediante la actuación nº 13289-23481-2008, el letrado de la aseguradora renuncia al mandato.
IV. Que a fs. 65 de este expediente, se suspende el trámite de las actuaciones hasta tanto se reitere el oficio de fs. 303ref. del Expte. Nº 19.430-A de igual carátula que el presente en trámite por ante la Vocalía de la 13a. Nominación. A fs. 71 se libra oficio al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal nº 5 – Secretaría nº 9 a fin de que informe si la póliza 28.050 se encuentra involucrada en la causa “Majertel S.A. y otro s/av. de contrabando” (Causa nº 11.973), cuya respuesta obra a fs. 92/129. A fs. 133 se solicita a la DGA la remisión de la póliza 25.080, lo que se cumple a fs. 137/142. A fs. 68/70, 72/74, 144/147, 150/166 y vta., 177/188 y vta. y 190/196 y vta. la actora acompaña diversos pronunciamientos recaídos en causas judiciales. Con fecha 17.03.22 (PV-2022-25643938--APN-SGASAD#TFN) se declara la causa de puro derecho. Con fecha 4.04.22 se elevan los autos a la Sala “E” y pasan a sentencia.
V. Que, previo a todo, corresponde referirse a la excepción de prescripción opuesta por la actora respecto de la acción del Fisco para imponer penas en los términos de los arts. 934 y 937, inc. a) del C.A. y respecto de sus facultades para percibir los tributos conforme el art. 805 y concordantes del C.A.
Que, conforme mis votos en precedentes anteriores (e.g. “LA CARDEUSE S.A. c/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, Expte. Nº 35.693-A, entre muchos otros) considero que la acción del Fisco para imponer las penas y percibir los tributos en el marco de un sumario por la infracción del art. 970 del C.A. se encuentra prescripta en estos autos atento a la falta de notificación del acto de apertura del sumario de fecha 26.11.02. Que, sin embargo, a los fines de mantener la uniformidad de su jurisprudencia y atento a su conformación en este caso particular, se procederá infra a tratar el agravio de prescripción opuesto por la actora conforme la posición mayoritaria de esta Sala “E”.
VI. Que la infracción imputada en autos se produjo el día 23.08.99, fecha en la cual venció el plazo para reexportar la mercadería importada en forma temporaria mediante la destinación 98 001 IT14 005373R.
Que por aplicación de lo dispuesto en el art. 935 del C.A. la prescripción de la acción “... comienza a correr el 1 de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación”. Ello implica que el plazo de prescripción comenzó a computarse el 1º de enero del año 2000, venciendo el mismo el 01.01.05.
Que, sin embargo, debe tomarse en cuenta que con fecha 26.11.02 se produce el primer acto interruptivo de la prescripción, es decir, el auto de apertura de sumario (conf. art. 937, inc. a) del C.A.), por lo que el plazo quinquenal se reinicia a partir del día siguiente al de la fecha de dicho proveído (27.11.02). En consecuencia, el plazo de prescripción operaría el 27.11.07.
Que atento a que la resolución condenatoria se dictó el 15.11.07, es decir, con anterioridad al vencimiento del plazo de prescripción, no operó la misma, por lo que corresponde rechazar la excepción opuesta por la actora, con costas.
VII. Que, en cuanto a la cuestión de fondo, corresponde tratar, en primer lugar, el agravio de la aseguradora con relación a la existencia de una causa penal presuntamente vinculada a la operación de importación involucrada en autos, por lo que tratándose -a su criterio- de un delito y no de una infracción, no correspondería que el servicio aduanero le exija los tributos a la aseguradora en los términos del art. 970 del C.A.
Que, en tal sentido, la recurrente sostiene que no es responsable de los tributos que se le reclaman por cuanto un acto lícito (el contrato de seguro) en modo alguno puede garantizar un hecho ilícito (contrabando) y por haber quedado desvinculada la aseguradora del delito investigado en la causa penal, atento a que en la misma se sobreseyó a sus representantes.
Que según resulta de las constancias acompañadas por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº 5, Secretaría Nº 9, la póliza Nº 25.080 se encontraba involucrada en el marco de la causa nº 11.973, caratulada “MAJERTEL S.A. y otros s/ averiguación de contrabando”.
Que, sin embargo, de conformidad con lo dictaminado a fs. 105/115 por la Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico nº 5 con fecha 12.11.07 y con relación a la póliza nº 25.080, entre otras, enumeradas en los acápites I.1 y I.a.1 correspondientes a la firma ALCA SUR SRL, el Fiscal interviniente entendió que la denuncia formulada por la aseguradora“... de ninguna forma, habilita a esta parte a considerar seriamente que nos hallemos frente a evidencias de conductas delictuales que debieran quedar atrapadas dentro de las figuras de los arts. 863 y c.c. del C.A. como pretendiera el apoderado de la compañía de seguros”, motivo por el cual aconsejó el archivo parcial de las actuaciones por la inexistencia de delito (fs. 112 y 114 vta.).
Que, en consecuencia, con fecha 31.05.10 se dictó la sentencia en la mencionada causa “MAJERTEL S.A. y otros s/averiguación de contrabando” nº 11.973, por la cual el juez competente resolvió archivar parcialmente las actuaciones con relación a la operación efectuada por ALCA SUR SRL mediante el DIT 98 001 IT14 005373R, entre otras, por no encuadrar dentro de las figuras previstas por los arts. 863 y s.s. del C.A. (fs. 116/117 y vta.).
Que, por lo expuesto, en atención a que los hechos involucrados en autos no configuran el delito de contrabando, corresponde desestimar los argumentos esgrimidos por la recurrente en este sentido. Asimismo, cabe recordar que, como principio, el carácter delictivo o ilícito de un hecho alcanzado por normas tributarias no tiene el efecto de eximirlas del correspondiente tributo.
VIII. Que, sentado lo que antecede, corresponde resolver en autos sobre la procedencia de la multa y de los tributos reclamados a la firma importadora ALCA SUR INTERNATIONAL S.R.L. respecto de la destinación 98 001 IT14 005373R, que fue oficializada ante la Aduana de Buenos Aires y con vencimiento de fecha 23.08.98, según el acta denuncia de fs. 1 de las actuaciones administrativas.
Que la firma COSENA SEGUROS S.A. (anteriormente denominada Cosena Cooperativa de Seguros Navieros Limitada) otorgó la póliza de seguro de caución nº 28.050 (garantía nº 23351Y), cuya copia certificada obra a fs. 140 de autos, por la que se aseguró a la Dirección General de Aduanas “... el pago en efectivo de hasta la suma máxima de DOLARES TREINTA Y SEIS MIL (U$S 36.000.-), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A., que resulte obligado a efectuarle la firma ALCA SUR INTERNATIONAL S.A. ...”, como consecuencia de la destinación involucrada en autos.
Que de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas surge que la firma importadora fue declarada rebelde por su falta de comparecencia y la aseguradora no produjo prueba tendiente a demostrar el cumplimiento del régimen. Que la no regularización en término de la mercadería ingresada temporariamente configura el ilícito previsto por el art. 970 del C.A. y no una mera infracción formal, por cuanto de conformidad con lo dispuesto en el art. 972, ap. 2 del C.A., se considera que el incumplimiento de la obligación de reexportar o de importar la mercadería dentro del plazo acordado afecta la finalidad tenida en cuenta para el otorgamiento del régimen.
Que, además de la sanción prevista en el art. 970 del C.A., que prevé una multa respecto del importador, corresponde que se abonen los gravámenes que gravan la importación para consumo de la mercadería no exportada, de conformidad con lo establecido en el art. 274, ap. 1, inc. a) y ap. 2, siendo responsable de su pago también la recurrente. Que, en efecto, el importador de la mercadería bajo el régimen de importación temporaria garantizó el pago de tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento, conforme lo previsto en el art. 453, inc. c) del C.A., que prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren por la importación para consumo. Que la responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido expresamente asumido a través de la garantía o seguro de caución otorgado.
IX. Que habiendo quedado configurada la infracción prevista por el art. 970 del C.A., corresponde resolver respecto a los agravios vertidos por la actora con relación a la liquidación tributaria de fs. 7 de las actuaciones administrativas. Que la actora en su escrito de apelación afirma que su responsabilidad se limita únicamente al pago de los tributos que gravan la importación para consumo, todo ello hasta el monto máximo asegurado, excluyendo así el pago del derecho adicional previsto por la Res. Nº 72/92 y de la percepción del impuesto a las ganancias.
Que, respecto al primer agravio con relación al derecho adicional establecido por el Decreto nº 1439/96 -al amparo de la cual se registró la DIT-, corresponde aplicar el criterio sentado por la jurisprudencia de la CSJN en el fallo “FRISHER S.R.L (TF 16.236-A) c/ A.N.A” y, en consecuencia, no incluir dicho adicional al monto reclamado en concepto de tributos.
Que, en segundo lugar, respecto del agravio referido al pago del anticipo de impuesto a las ganancias, cabe señalar que en virtud de lo resuelto por la CSJN en la causa “CLADD ITA S.A. (T.F. 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas”, al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las percepciones de IVA adicional y de ganancias.
X. Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde modificar la liquidación de los tributos de fs. 7 de las actuaciones administrativas, sin la inclusión del derecho adicional ni las percepciones de IVA adicional y de ganancias:
XI. Que. habiendo quedado determinada la exigencia tributaria, corresponde referirse a los agravios de la actora respecto de la pretensión del Fisco de aplicar el CER a los tributos y del cómputo de los intereses respecto de los mismos. Que, con respecto al CER, cabe señalar que el art. 1° del decreto nº 214/02 dispuso la transformación en pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero que, existiendo a la fecha de la sanción de la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario -6.01.2002-, estuvieran expresadas en dólares estadounidenses y no se encontraren ya convertidas a pesos.
Que el art. 8º del decreto 214/02 dispone que “las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un dólar estadounidense (u$s 1)= un peso ($1).”
Que el art. 4º del mencionado decreto establece la aplicación de un Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina.
Que la obligación tributaria que nos ocupa nació el 23.08.99 (vencimiento del DIT), es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.561 y el Decreto nº 214/02.
Que en el aforo de fs. 5 y la liquidación de fs. 7, la base imponible y los tributos fueron determinados en pesos (17.05.01 y 18.12.01, respectivamente).
Que en atención a que la deuda se expresó en moneda nacional con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto nº 214/02, devienen inaplicables los arts. 4º y 8º del citado decreto, en tanto no corresponde la aplicación del CER a los tributos.
XII. Que, con respecto al cómputo de los intereses, cabe señalar que es pacífica la jurisprudencia que dispone que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir, la importadora (conf. arts. 1578 y 1580 del Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994), lo que así corresponde cuando la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante. También como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal. Es decir, que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se devengan con anterioridad a los intereses del deudor principal.
Que atento a que la aseguradora se notificó el 25.08.04 (fs. 36 y vta. de las act. adm.), es decir, con anterioridad a la tomadora, quien se notificó por edictos -fs. 44-, aquella debe los intereses por su propia mora.
Que, en conclusión, la responsabilidad de la aseguradora en virtud del seguro de caución se extiende hasta monto máximo garantizado con más los accesorios que correspondan, por lo que los tributos determinados por la liquidación precedente quedan comprendidos en el monto asegurado de U$S 36.600.- según la constancia de fs. 140 de autos.
XIII. Que, por lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde declarar que la actora COSENA SEGUROS S.A. adeuda a la AFIP-DGA la suma de pesos dieciocho mil seiscientos veinte cuatro con ochenta y ocho centavos ($ 18.624,88) en concepto de tributos, con más los intereses del art. 794 devengados desde el 9.09.04 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar la excepción de prescripción opuesta por la parte actora, con costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA n° 8241/07, en cuanto exige tributos en los términos del art. 970 del C.A. con relación a la destinación nº 98 001 IT14 005373R y revocarla respecto de la exigencia del derecho adicional, las percepciones de IVA adicional y de ganancias y del CER. Con costas conforme los mutuos vencimientos.
3. Declarar que la actora COSENA SEGUROS S.A. adeuda a la AFIP-DGA la suma de pesos dieciocho mil seiscientos veinticuatro con ochenta y ocho centavos ($ 18.624,88) en concepto de tributos, con más los intereses del art. 794 devengados desde el 9.09.04 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
La Dra. Musso dijo:
Que adhiero al voto precedente.
En virtud de la votación que antecede, SE
1. Rechazar la excepción de prescripción opuesta por la parte actora, con costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA n° 8241/07, en cuanto exige tributos en los términos del art. 970 del C.A. con relación a la destinación nº 98 001 IT14 005373R y revocarla respecto de la exigencia del derecho adicional, las percepciones de IVA adicional y de ganancias y del CER. Con costas conforme los mutuos vencimientos.
3. Declarar que la actora COSENA SEGUROS S.A. adeuda a la AFIP-DGA la suma de pesos dieciocho mil seiscientos veinticuatro con ochenta y ocho centavos ($ 18.624,88) en concepto de tributos, con más los intereses del art. 794 devengados desde el 9.09.04 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Musso por encontrarse el Dr. Juárez en uso de licencia (art. 1162 del C.A. y art. 59 del RPTFN).
Date: 2022.04.13 15:06:57 -03:00 Date: 2022.04.13 15:29:43 -03:00 Cora Marcela Musso Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.13 15:29:44 -03:00
Fin de la sentencia