Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-19855991-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad de la resolución (DE PRLA) N°2867/19 apelada en autos, dictada en el marco de la Actuación N°13289-959-2010, con costas al Fisco.-
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-45213722-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 2 de Mayo de 2024 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Pablo A. Garbarino, Christian M. González Palazzo y Juan Manuel Soria (subrogante), para dictar sentencia en los autos caratulados “ COSENA SEGUROS SA c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, EX-2023-
19855991- -APN-SGASAD#TFN,
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que mediante RE-2023-19854573-APN-DTD#JGM se presenta por apoderado la firma COSENA SEGUROS S.A.. e interpone recurso de apelación en los términos del art. 1132 del C.A. contra la Resolución Nº 2867/19 (DE PRLA) dictada en la actuación SIGEA 13289-959-2010, mediante la cual se resolvió condenar a la firma “COMERCIAL CORZUELA S.R.L.” al pago de U$S 5.947,44 en concepto de IVA adicional y ganancias, por presunta infracción al artículo 970 de la ley 22.415. Informa se intimó a la firma al pago de tributos dentro del límite numérico y por los rubros afianzados mediante Póliza Nº 65788 (Garantía 07001006314E) emitida por la suma máxima asegurada de $124.800,00. Destaca que la primera y única notificación que se recibió es la resolución que por la presente se apelada. Solicita se declare la nulidad de todo lo actuado, ya que se ha violado flagrantemente el derecho de defensa reconocido expresamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Afirma que todo lo actuado en las actuaciones, resulta nulo de nulidad absoluta e insanable, dado que nunca se notificó a la firma una apertura de sumario por una posible infracción al artículo 970 respecto de la DIT Nº 07 001 IT16 000144 A. Opone excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos por haber transcurrido ampliamente los 5 años establecidos por el artículo 803 del Código Aduanero, manifiesta que la destinación es del año 2007, y que recién en el 2023 se recibió primera y única notificación del sumario aduanero, 16 años después. Cita jurisprudencia. Plantea violación del principio del debido proceso adjetivo. Invoca vulneración del derecho de obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable a causa de la excesiva duración del proceso, habiendo transcurrido 16 años desde la oficialización de la destinación hasta la primera notificación. Analiza la naturaleza jurídica del seguro de caución y alcance de la responsabilidad de la aseguradora. En subsidio, plantea confiscatoriedad de la tasa de interés aplicable sobre tributos aduaneros, inconstitucionalidad e ilegitimidad. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia dejando sin efecto la resolución apelada respecto de mi representada, con expresa imposición de costas.
II. Que mediante IF-2023-57943678-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas antecedentes de esta causa. Por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y derecho esgrimidas por la actora que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. Analiza los agravios relativos a la nulidad del procedimiento administrativo y el planteo efectuado por la actora con respecto a la prescripción. Se refiere al archivo de la multa por aplicación de la I.G. 09/17. Cita jurisprudencia. Se allana parcialmente solamente respecto a percepciones de IVA adicional y ganancias. Ofrece prueba. Formula reserva del Caso Federal y solicita se rechace la apelación formulada por la contraria, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA Nº 13289-959-2010 comienzan con el acta de denuncia 1252/2010. A fs. 14 se dispone la apertura del sumario en los términos del artículo 1090 inc c) del Código Aduanero. A fs. 19/20 el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros (DE PRLA) resuelve archivar sin más trámite las actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 9/17 (D.G.A.), formula cargos e íntima a la firma imputada y a la garante mediante la Resolución Nº 2867/19, aquí apelada.
IV. Habiéndose elevado los autos a la Sala F, quedan los mismos en estado de dictar sentencia.
V. Que, cabe señalar, como consideración preliminar, que en la tarea de esclarecer la inteligencia que corresponde otorgar a las normas en debate, este Tribunal no se encuentra limitado por las posiciones que asumieron los funcionarios aduaneros actuantes, ni por los planteos de la recurrente ni de la demandada, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los puntos disputados, según la interpretación que rectamente debe serle otorgada (doctrina de Fallos: 307:1457; 319:1716; 322: 2750, entre otros).
Asimismo, la interpretación judicial siempre debe establecer la visión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática, razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118).
VI. Que, bajo tales premisas, en primer término considero apropiado efectuar algunas consideraciones en torno al trámite de la cuestión sometida a examen de este Tribunal, habida cuenta lo resuelto en sede aduanera en relación al aspecto sancionatorio y lo decidido por la Vocalía de la 16° Nominación ante planteos sustancialmente análogos.
VII. Que en cuanto al archivo del trámite de la presunta infracción objeto de autos corresponde recordar que de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 y “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración al momento de instruir los procedimientos infraccionales, la DGA carece de facultades para aplicar penas de este tipo, atento la singular naturaleza jurídica de la hipotética sanción debatida en la litis (multa), de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos, por lo que todo tipo de multa debiera ser impuesta por este Tribunal Fiscal (o, en su caso, por la Justicia Federal).
En consecuencia, toda condena debiera ser fijada por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, resultando dicho efecto compatible con los demás derechos fundamentales, al preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
VIII. Que, asimismo, cabe destacar que in re “NUTRIBAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expediente Nro. 36.507-A, del 6 de marzo de 2020, el suscripto declaró, en disidencia, la inconstitucionalidad del art. 1112, apartado a), del Código Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal.
No obstante, en dichos pronunciamientos se puntualizó expresamente que el ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia penal por parte de la Administración debía quedar limitado a una labor de investigación sumarial en la faz instructoria, aunque jamás decisoria.
Por último, el carácter eminentemente penal de las multas ha sido recientemente reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 7 de marzo del 2023, en los autos caratulados “Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo”.
En efecto, la referida sanción es de carácter penal pues, “‘si bien puede existir en los casos de multas un interés de tipo fiscal en su percepción, esto no altera su naturaleza principalmente punitiva’, de donde se deriva la aplicabilidad a la materia de los principios del derecho penal, según lo prescribe el art. 4° del Código Penal” (Fallos: 288:356). Cabe añadir que ello es así pues los principios y reglas del derecho penal son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales de que se trate, por lo que corresponde estar a las disposiciones de ese cuerpo normativo (arg. de Fallos: 335:1089).
IX. Que, en tal orden de ideas, dentro de dichas facultades instructorias, que le acuerda tanto el Decreto Nro. 618/97 como la ley 22.415 y las normas dictadas en consecuencia, se encuentra la de desestimar la denuncia cuando no fuere verosímil, careciere de seriedad o bien cuando los hechos investigados no configuraren una infracción aduanera (confr. art. 1090, inc. b), del C.A.); como así también la de establecer con carácter general los límites para disponer el “archivo” de los casos de fiscalización, determinación de oficio, Iiquidación de deudas en gestión administrativa o judicial, aplicación de sanciones u otros conceptos o procedimientos a cargo del organismo, que en razón de su bajo monto o incobrabilidad no impliquen créditos de cierta, oportuna y económica concreción, en especial cuando esa decisión no causa agravio al particular, como sucede en el sub exámine, ni afecta el control aduanero.
X. Que, en efecto, las Instrucciones Generales 11/2016 (DGA) y 09/2017 (DGA) -al igual que sus antecesoras I.G. 02/2007 (DGA) y su ampliatoria I.G. 02/2008 (DGA)- dispusieron que los (mal denominados) jueces administrativos a cargo de las distintas áreas -previa evaluación de cada caso- dispondrán el archivo de las actuaciones que pueda importar la aplicación de sanciones por infracciones aduaneras, cuyos bajos montos tornen antieconómico implementar o continuar medidas tendientes a lograr su cobro con los alcances que se determinan. Y, entre la referidas sanciones, se incluyó expresamente las denuncias por infracción al artículo 970 de la ley 22.41, cuando el importe de la multa mínima no alcanzara, en el caso de la Instrucción General 9/2017 (DGA) involucrada en la litis, a la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000), siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados, por el tipo infraccional citado dentro de los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción, que en conjunto superen el monto aludido.
XI. Que, por lo tanto, toda vez que la presunta infracción sometida a análisis de este Tribunal se cometió en fecha 2/2/2009, cabe colegir que no surge de la litis que la firma importadora tuviera registrado antecedentes similares al 2 de febrero de 2008, por lo que la Aduana no podrá proceder al “desarchivo” infraccional de las presentes actuaciones ni utilizar el presente Sumario en otro proceso aduanero donde intervenga la firma COMERCIAL CORZUELA S.R.L. -quien no apeló en autos-, máxime cuando de las actuaciones administrativas que tengo a la vista NO se desprende que previo al dictado de la resolución apelada en autos existieran antecedentes en el sistema SUMARCHI de sumarios archivados en cabeza de la referida empresa (confr. fs. 16 act. adm.) que la inhiban del tratamiento previsto por la normativa de referencia, por lo que el archivo dispuesto en la causa por la DGA resulta definitivo, no causa agravios ni puede perjudicar en el futuro al particular.
XII. Que, por lo demás, no debe olvidarse que al tratarse de un procedimiento por infracciones (Sección XIV, Título II, Capítulo III, del Código Aduanero), resultan aplicables en primer término las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal (hoy Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063), según lo dispone expresamente el inc. 2, del artículo 1.017 de la ley 22.415 y la doctrina de Fallos 332:1109 -voto del Dr. Zaffaroni-, entre muchos otros.
En tales condiciones, la citada normativa de aplicación supletoria ahora contempla el denominado “principio de oportunidad” o de la disponibilidad de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal, que es regulada en los siguientes artículos: el criterio de oportunidad (art. 31), conversión de la acción (art. 33), conciliación (art. 34) y suspensión del proceso a prueba (art. 35), siendo que todos los referidos institutos figuran ahora en el código sustantivo en los artículos 59 inc. 5), 6) y 7) y art. 73 párr. 2º, que se incluyeron con posterioridad a la sanción del catálogo procesal nacional y constituyen un elenco “mínimo” de garantías que corresponde incorporar al procedimiento aduanero sancionador.
Por ende, uno de los criterios de oportunidad que posibilitan la disponibilidad de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal es aquél que hace referencia a la “Insignificancia del hecho”, debiendo interpretarse que se trata de hechos de mínima importancia, que no poseen la entidad suficiente como para poner en peligro ni lesionar el bien jurídico tutelado ni tampoco el interés público, siendo que este principio, con los matices y dentro de los límites propios de la materia aduanera, puede ser aplicado por la Dirección General de Aduanas al momento de instruir casos como el presente, a través de la aplicación de normas reglamentarias que recepten su hermenéutica y siempre que no resulten incompatibles con las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
XIII. Que, en definitiva, el archivo del Sumario implicó indudablemente una renuncia de la DGA a ejercer la potestad sancionatoria, por lo que ello impide ingresar en el examen de dicho agravio (confr. Sala I Contencioso Administrativo Federal in re “Denso Manufacturing Argentina S.A.”, del 11 de octubre de 2022), ni efectuar ningún tipo de consideración adicional.
XIV. Que, sentado ello, corresponde tratar la nulidad opuesta por la firma actora, en cuanto aduce que no fue citado en el sumario administrativo por la posible infracción al artículo 970 del Código Aduanero, respecto de la destinación suspensiva objeto de autos, en su carácter de garante; no pudiendo, en consecuencia, ejercer en debida forma su derecho de defensa.
Cabe señalar que de la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-959-2010, surge que todo el procedimiento administrativo tuvo por finalidad investigar si se había cometido la infracción prevista y penada por el artículo 970 de la ley 22.415. Ello en razón de considerar el servicio aduanero el incumplimiento de las obligaciones asumidas como condición al otorgamiento del mentado régimen, en relación a la mercadería importada temporariamente por el importador, al amparo de la Destinación nº 07 001 IT16 000144 A. Que el servicio aduanero al dictar la resolución apelada en autos ordenó el archivo de las actuaciones de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General 9/17 (DGA), reclamándole el pago de tributos con relación a la referida Destinación objeto de autos.
Que, conforme fuera mencionado supra, la mencionada Instrucción General 9/17 (DGA) fue dictada con el objeto de establecer las pautas procedimentales que habilitan a los jueces administrativos a disponer el archivo de las actuaciones sumariales en las que se investiga la presunta comisión de infracciones aduaneras cuyos montos tornen antieconómico instrumentar y continuar las medidas implementadas tendientes a lograr su cobro. Por consiguiente, determinó el archivo de las actuaciones cuando el importe de la multa mínima no alcanzara la suma de Pesos Treinta Mil ($30.000), ello siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados por el artículo 970 de la ley 22.415, dentro de los últimos doce meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción.
A su vez mediante dicha Instrucción se establecieron las áreas intervinientes en las que resulta obligatoria la aplicación de la misma, el procedimiento a seguir por las referidas aéreas y los requisitos que deben cumplirse para hacer efectivo lo dispuesto en la Instrucción, es decir, archivo provisorio de los sumarios. Que en razón de ello, el servicio aduanero dispuso en la resolución aquí apelada, el archivo de la denuncia por la presunta infracción en virtud de la liquidación efectuada a fs. 17 del expediente administrativo, que arrojo un monto de pesos cinco mil ochocientos cincuenta y uno con noventa y cinco centavos ($ 5.851,95), en concepto de multa mínima, ello con fundamento en que la firma importadora carecía de antecedentes que la inhiba de dicho tratamiento.
Que, en consecuencia, no cabe duda de que la resolución resultó condenatoria para la firma importadora y para la aseguradora, aquí recurrente, ello si se tiene en cuenta que se formuló cargo por los tributos que se consideraron adeudados, e implícitamente se tuvo por configurado el incumplimiento al régimen de importación temporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código Aduanero.
Que, a su vez, el servicio aduanero omitió correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción, de las obligaciones tributarias emergentes del DIT en cuestión, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa disponiendo el archivo del sumario en los términos de la Instrucción Gral. 9/17 y la formulación de cargo a la importadora y a la aquí recurrente por los tributos adeudados por el presunto incumplimiento del DIT n° 07 001 IT16 000144 A.
XV. Que el artículo 1101 del Código Aduanero dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Que conforme surge de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, luego del dictado de la instrucción de sumario de fs. 14 ninguna intervención se le otorgó ni a la firma importadora ni a la aseguradora garante, ya que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero. Es decir, no existió la oportunidad de acompañar, o en su caso solicitar, el agregado de la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporal.
Que a mayor abundamiento, la aquí actora recién toma conocimiento del sumario administrativo al notificarse del dictado de la Resolución DE PRLA 2867/2019, apelada en autos, sin que con anterioridad se la citara a tomar vista de los actuados a fin de poder esgrimir las defensas de que pudieran valerse, todo ello, en abierta violación de lo establecido en el referido artículo 1101 del Código.Aduanero.
XVI. Que es menester recordar que la existencia del procedimiento administrativo tiene por finalidad constituir el marco en el cual la recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia de los cargos que pretende realizar la Administración, y es en el marco del mismo donde se pretende garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Que, en consecuencia, la demandada no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), dando vista a la imputada en relación a la infracción endilgada y citando a la aseguradora por resultar, en su caso, garante de la obligación tributaria, a fin de que aporten la documentación que creyeran idónea, importando dicho procedimiento, la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Que por su parte, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, de aplicación supletoria a los procedimientos que se cumplen ante el servicio aduanero, establece en el articulo 7°, inc. d), que antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Su incumplimiento vicia el acto y así lo dispone el artículo 14 de la citada ley. Que, en consecuencia, no cabe duda que la omisión de correr vista de los actuados, desnaturaliza el procedimiento, y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada.
Que por todo lo expuesto, cabe concluir que la omisión de la corrida de vista del artículo 1101 del Código Aduanero, en el sumario que diera origen a esta causa, torna nulo el artículo 3° de la Resolución DE PRLA n° 2867/19, de fecha 25 de abril de 2019, en tanto carece de sustento legal y fáctico, al formular un cargo aduanero con basamento legal en un pretenso siniestro que se tiene por configurado, pese a la falta de elementos de prueba que acrediten el cumplimiento de la obligación, y sin que haya existido la posibilidad para la administrada de demostrar lo contrario.
Que, en consecuencia, corresponde declarar que no procede exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nace como consecuencia de un presunto incumplimiento al artículo 970 del Código Aduanero, que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
Que, por lo tanto, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable del artículo 3° de la Resolución DE PRLA n° 2867/19, de fecha 25 de abril de 2019, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero y, por ende, formula cargos a la firma aseguradora.
XVII. Que a continuación corresponde tratar el agravio formulado por la firma actora en su presentación inicial, en donde peticiona expresamente la prescripción de la acción fiscal para percibir los tributos reclamados en autos, por haber transcurrido el plazo quinquenal previsto en el Código Aduanero.
XVIII. Que, bajo tales condiciones, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es de 5 años que prescribe el artículo 803 del Código Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2010, en los términos del artículo 804, inciso “b”, del C.A. (atento a que el hecho gravado tuvo lugar en fecha 2/2/2009), debiendo haber operado el 1/1/2014, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el día 2/10/2014, fecha en que se dispuso la instrucción del sumario (vide fs. 14 de las act. adm.), el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a) del CA).
XIX. Que teniendo en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del Código Aduanero, deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ DGA s/ apelación (Expte. Nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del Dr. Garbarino-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente N° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
XX. Que, en tal sentido, y de acuerdo a lo que surge en forma palmaria de las actuaciones administrativas, de las que se desprende que la supuesta infracción endilgada por la DGA fue cometida en fecha 2/2/2009, siendo que el organismo aduanero demoró casi 3 (tres) años y 9 (meses) meses en notificar la Resolución apelada en autos –la misma fue dictada en fecha 25 de abril de 2019 y notificada a la firma recurrente el día 13 de enero de 2023, de acuerdo a lo que se desprende de modo cabal y palmario de la cédula de notificación glosada a fs. 22 de los antecedentes administrativos que tengo a la vista- cabe colegir que a la fecha el procedimiento de marras ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso aduanero, con franca violación del derecho constitucional de la actora a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (artículos 18, Constitución Nacional, y 8°, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Fallos: 329:445; 330:1369; 332:1492 y sus citas).
A lo que deberá considerarse que no se trata de la revisión de cualquier acto de gobierno, sino nada menos que de la percepción de los tributos por parte del Fisco, disciplina que, con la Carta Magna, está vinculada a los remotos orígenes del constitucionalismo y que ha sido objeto de discusiones —y de las más reñidas— en diversas asambleas constituyentes, como así también, en materia específicamente aduanera, desde el inicio de nuestra historia ha dado lugar a las luchas más sangrientas, las que han tenido lugar principalmente en relación a la potestad para fijar los derechos de aduana, siendo que la resolución de dichos conflictos constituyó la condición inexcusable para concluir en la unión e integridad nacional.
Por su parte, y conforme la doctrina sostenida por el Alto Tribunal a partir del referido caso “Losicer”, el carácter administrativo de un procedimiento sumarial -extremo que cabe extender al carácter jurisdiccional del procedimiento de marras- no puede erigirse en un óbice para la aplicación del principio reseñado, pues en el estado de derecho la vigencia de las garantías enunciadas por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos no se encuentra limitada al Poder Judicial -en el ejercicio eminente de tal función- sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales (como es el caso de este Tribunal Fiscal).
Por lo tanto, cabe concluir que la irrazonable dilación de un procedimiento, ya sea judicial, jurisdiccional o administrativo, resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el artículo 18 de la Constitución Nacional y por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por ende, el “plazo razonable” de duración del proceso al que se alude en el inciso 1, del artículo 8vo., del plexo convencional constituye, entonces, una garantía exigible en toda clase de procesos, por lo que no corresponde circunscribirla exclusivamente a la materia penal, sino que su plena aplicación debe extenderse a las extra penales (civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro carácter -como la aduanera-), de acuerdo a lo establecido expresamente en la valiosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 31/1/01, caso del “Tribunal Constitucional del Perú -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-”, considerandos 66 y ss., en especial considerandos 69”.
Asimismo, nuestra Corte Suprema en el referido precedente “Losicer” ha encomendado a los jueces la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión. Para ello, ante la ausencia de pautas temporales indicativas de esta duración razonable, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos -cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (Fallos: 318:514; 323:4130, entre otros), constituyendo una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (confr. CSJN, caso “Simón”, sentencia de 17 de junio de 2005, considerando 17)- como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -al expedirse sobre el punto 6.1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que contiene una previsión similar- han expuesto en diversos pronunciamientos ciertas pautas para su determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (casos “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, fallada el 29 de enero de 1997, párrafo 77 y “López Alvarez v. Honduras”, fallado el 1° de febrero de 2006; “Konig”, fallado el 10 de marzo de 1980 y publicado en el Boletín de Jurisprudencia Constitucional 1959- 1983 en Madrid por las Cortes Generales).
Con todo, los supuestos indicados en el párrafo anterior no excluyen otros, que deberán ser adecuadamente considerados por los jueces competentes.
XXI. Que es necesario señalar que las particulares circunstancias del caso, en el que se ha verificado un cabal menoscabo a lo dispuesto en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8°, inc. 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a la irrazonable duración del procedimiento aduanero bajo análisis de este Tribunal, ponen de manifiesto, conforme fuera supra referenciado, la imperiosa necesidad de contar con una ley nacional que regule esta trascendente materia.
En efecto, resulta indispensable que el legislador establezca, con alcance general, pautas uniformes que permitan hacer efectivo el derecho en cuestión y que aseguren la previsibilidad en su ejercicio, de modo tal de reducir posibles arbitrariedades por parte de quienes se encuentran obligados a tramitar expedientes administrativos como el de marras.
En este contexto, es indudable que para “garantizar en forma efectiva el derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas”, el Estado debe dictar urgentemente una ley que, salvaguardando los estándares internacionales en la materia y la vigencia de los principios enunciados por la corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes descriptos en los Considerandos que anteceden, regule de manera exhaustiva el modo en que las autoridades públicas deben satisfacer este derecho.
XXII. Que si bien desde dicha fecha hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 25/4/19- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del artículo 805, inciso a) del Código Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el 13/1/23, cuando el curso de la prescripción había vencido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
XXIII. Que, en efecto, toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la D.G.A. para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415.
En tal sentido, el artículo 40 del reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
Por ello, la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del Código Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
XXIV. Que, bajo los parámetros expuestos, cabe colegir que no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma ni razón alguna que autorice al Fisco a notificar una resolución administrativa casi tres años y nueve meses después de su dictado, en tanto dicho proceder resulta manifiestamente irracional y no puede ser cubierto con ningún argumento formal, pues el principio republicano (art. 1 de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos de gobierno.
XXV. Que, en relación a los tributos exigidos a la firma recurrente en la resolución apelada en autos, cabe destacar que la redacción del inciso a), del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto no fija plazo alguno a la DGA para notificar las resoluciones que determinan obligaciones en cabeza de los administrados, y autoriza a que el término prescriptivo quede suspendido sine die hasta tanto se proceda a notificar la resolución aduanera, se encuentra en colisión con la Convención Americana de Derechos Humanos ni con la Constitución Nacional, debiendo tenerse presente que este Tribunal Fiscal de la Nación, atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, goza de plenas facultades para declarar la inconvencionalidad de las leyes, conforme fuera sostenido por esta Sala al sentenciar con fecha 19/8/2015 en la causa N° 22.844-A, caratulada “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A. s/ apelación” y su acumulado, el expediente N° 27.973-A, caratulada “Pioneer Argentina S.R.L. c/ D.G.A. s/ apelación”, que tramitara por ante la Vocalía de la 17a Nominación, siendo que dicho criterio no ha sido modificado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al decidir dicha litis en fecha 22 de diciembre de 2016 (Causa Nro. 6.565/2016).
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que “cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles -condición que indudablemente reviste este Tribunal Fiscal- están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (confr. casos “Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, del 26 de noviembre de 2010, párrafo 225 y “Gelman vs. Uruguay”, del 24 de febrero de 2011, párrafo 193; entre otros).
Siendo ello así, si el intérprete u operador nacional -que en el caso sería este Tribunal Fiscal en tanto es un órgano absolutamente vinculado a la administración de justicia- debe, por imperio de la jurisprudencia supra citada, ejercer siempre el control de convencionalidad.
XXVI. Que, por las razones expuestas, no cabe duda que este Tribunal Fiscal debe realizar el control de convencionalidad de las normas de contenido tributario interno (tanto aduaneras como impositivas) que se encuentren en contradicción tanto con el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Si bien la mayoría de la rígida doctrina y jurisprudencia nacional, como así también el reciente Acuerdo Plenario de la competencia aduanera de este Tribunal celebrado en fecha 26 de abril de 2022 in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.” entienden que tanto el artículo 185 de la ley 11.683 como el artículo 1164 del Código Aduanero le impedirían al Tribunal Fiscal ejercitar el control de constitucionalidad, y sin perjuicio que la última norma precisamente ha sido declarada inconstitucional por el Dr.
Garbarino a partir del precedente caratulado “Cargill S.A.” del día 2 de noviembre de 2012, entre muchos otros por considerar que dicha restricción resultaba violatoria del artículo 18 de la Constitución Nacional y de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), lo cierto es que no existe previsión similar respecto del control de convencionalidad; siendo que tanto la Ley de Procedimiento Tributario como el Código Aduanero han sido modificados por la ley 27.430 (B.O. 29/12/2017), por lo que, de haberse considerado apropiado -máxime la existencia de numerosos fallos por parte de la Sala “F” donde se habilita al TFN a realizar dicho control-, no cabe duda que el legislador hubiera incorporado una prohibición similar, y no lo hizo; por lo que cabe concluir que no existe en nuestro ordenamiento legal norma alguna que impida al Tribunal Fiscal de la Nación ejercer el control negativo de convencionalidad.
En efecto, y a expresa diferencia de lo que ocurre en relación al “control de constitucionalidad”, no subsiste restricción normativa en el ejercicio de dicho control de convencionalidad por parte del Tribunal Fiscal de la Nación, en tanto es regla incólume e inveterada en nuestro orden legal que aquellas conductas que no se encuentran expresamente prohibidas, están jurídicamente permitidas.
XVII. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Myrna Mack Chang vs. Guatemala”, del 25 de noviembre de 2003, se pronunció expresamente por la admisibilidad del examen de convencionalidad entre las normas del Pacto de San José de Costa Rica y otras convenciones internacionales a las que nuestro país es parte, con disposiciones del derecho interno.
Asimismo, la regla interpretativa sostenidamente formulada por la referida Corte Internacional a partir del “Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú.” (del 24 de noviembre de 2006) obliga a los órganos judiciales de los países que la ratificaron a ejercer dicho examen, aún de oficio (confr.: “La Cantuta vs. Perú.” Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 173; “Boyce y otros vs. Barbados.” Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 79; “Heliodoro Portugal vs. Panamá.” Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 180; “Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos.” Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339; “Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia.” Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 208, nota 307; “Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay.” Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 311; “Fernández Ortega y Otros vs. México.” Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 234; “Rosendo Cantú y Otra vs. México.” Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 219; “Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia.” Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1º de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 202; “Vélez Loor vs. Panamá.” Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 287; “Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil.” Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 106; entre otros).
En conclusión, con base en el control de convencionalidad, es necesario que las interpretaciones judiciales y administrativas y las garantías judiciales se apliquen adecuándose a los principios establecidos por la CIDH (Casos “Atala Riffo y Niñas Vs. Chile”, sentencia del 24 de febrero de 2012 y “Fontevecchia y D´Amico v. Argentina”, sentencia del 29 de noviembre de 2011).
Por su parte, en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, del 27 de noviembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que tras la reforma constitucional de 1994 deben tenerse en cuenta las directivas que surgen del Derecho internacional de los Derechos Humanos, señalando que “La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango”. Con referencia a la interpretación auténtica y sus efectos en las jurisdicciones nacionales y locales se dijo que “…la interpretación de la CADH debe guiarse por la Jurisprudencia de la Corte IDH, que importa una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos”.
XVIII. Que, sin perjuicio de ello, en la actualidad corresponde tener en consideración que con fecha 26 de febrero de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”, por lo que el control de convencionalidad por parte del Tribunal Fiscal de la Nación sólo procede realizarlo ante peticiones de personas de existencia visible, conforme lo señalara el suscripto al votar la causa de la Sala “F” que tramitara bajo el Nro. 31.241-A, correspondiente a la carátula “Chubb Argentina de Seguros S.A.”, haciendo lo propio al votar la causa Nro. 36.950-A caratulada “ABB S.A.” de la misma Sala aduanera, entre otras.
En tal sentido, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; por lo que correspondería que el Tribunal Fiscal aplique dicha doctrina en el pleno ejercicio de su competencia recursiva.
Todo ello, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto, en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
XIX. Que, no obstante lo expuesto, la última jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia pareciera ir en sentido contrario, al sostener la existencia de un margen de apreciación a favor de las autoridades nacionales –legislativas y jurisdiccionales– respecto de la interpretación y aplicación del derecho internacional, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del máximo Tribunal argentino, en tanto no es una cuarta instancia superior a la CSJN, ya que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos funciona de manera coadyuvante.
En tal sentido, al resolver el caso “Fontevecchia”, del 14 de febrero de 2017, nuestro Tribunal Cimero sostuvo enfáticamente que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es “… una instancia ‘revisora’ o ‘casatoria’ de decisiones jurisdiccionales estatales, categoría que excede el carácter coadyuvante y complementario de la jurisdicción internacional, atributos que se desprenden del Preámbulo de la CADH (conf. arg. Corte IDH, caso ‘Perozo y otros v. Venezuela’, sentencia de 28 de enero de 2009, párrafo. 64; Corte IDH, caso ‘Genie Lacayo’, sentencia del 29 de enero de 1997, párrafo 94)”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó que “la situación de la que fue objeto la resolución de supervisión de cumplimiento de 18 de octubre de 2017 (confr. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 19 de octubre de 2017, dictada en la etapa de supervisión de cumplimiento de la referida sentencia), es decir la resolución precedente del 14 de febrero de 2017 en la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que no podía revocar su sentencia del 25 de septiembre de 2001, habría sido superada, y que la sentencia de condena civil carece en la actualidad de efectos jurídicos, en los términos del punto dispositivo de la Sentencia” de la Corte Interamericana”; añadiendo que la referida decisión de nuestro más Alto Tribunal contenía “un análisis aislado y contradictorio de la práctica de Argentina en relación con el cumplimiento de las sentencias de la […] Corte [Interamericana]” y que esa “posición del […] Estado ya habría sido rectificada con la [nueva] resolución […] emitida por la Corte Suprema de Justicia” (Se refiere al decisorio emitido en dicha litis por la CSJN con fecha 5 de diciembre de 2017, donde el Alto Tribunal destaca que “ha dado cumplimiento total a la referida medida de reparación).
XXX. Que la denominada “doctrina del margen de apreciación -que fuera por primera vez introducida por el suscripto en la faz decisoria en materia tributaria nacional in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, sentencia de esta Sala “F” del 3 de febrero de 2022- encuentra su origen como criterio hermenéutico instaurado por los organismos del sistema europeo, a fin de interpretar y aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos (...) esta doctrina puede ser entendida como un espacio de discrecionalidad que cuentan los Estados partes, para fijar el contenido y alcance de los derechos del Convenio Europeo, tomando en consideración determinadas circunstancias jurídicas, sociales y culturales” (López Alfonsín, Marcelo Alberto, “La doctrina del margen de apreciación nacional”, en Revista de Derecho Público, 2017-1, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2017, p. 126).
Por ello, dicha doctrina corresponde entenderse en términos básicos como la posibilidad de que los Estados puedan interpretar las normas convencionales de acuerdo a sus propias particularidades nacionales, debiendo tenerse en cuenta, necesariamente, la jerarquía dada por cada Estado a los instrumentos internacionales y el sistema de control de constitucionalidad adoptado por éstos. De este modo, al dirimirse controversias en el ámbito de la jurisdicción federal, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, existe un margen de apreciación judicial para interpretaciones que compatibilicen el alcance de las normas federales, nacionales y locales con las normas constitucionales y convencionales de máxima jerarquía (confr. Leandro Abel Martinez y Emilio Rosatti: “Ensayo sobre el margen de apreciación nacional y la jerarquía de las fuentes en el sistema constitucional argentino”, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 17, Nro. 1, Noviembre de 2019, págs. 135-150). En el mismo sentido, se ha sostenido que “otro desafío en el ejercicio del control de convencionalidad por parte de los tribunales internos se ciñe a la llamada doctrina del “margen de apreciación” que distingue entre un núcleo duro o esencial común para todos y otro más flexible y maleable, que admitiría ciertas modalidades secundarias de extensión y de aplicación, atendiendo las limitaciones, posibilidades y peculiaridades de cada país; su idiosincrasia y experiencias; preguntándose si la doctrina de la Corte IDH debe ser efectivizada por los jueces de todos los Estados que han aceptado la competencia de la Corte de una forma inalterable o pueden éstos adecuarla a su ordenamiento jurídico interno en virtud de la noción del margen de apreciación (Amaya, Jorge Alejandro, “Perspectivas y prospectivas del control de constitucionalidad y convencionalidad”, en www.derechoydebate.com)
En virtud de ello, es dable predicar que el denominado “margen de apreciación nacional” en cabeza de las autoridades locales en relación al alcance de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también opera, y con mayor razón, respecto de sus Opiniones Consultivas, máxime ante las particulares circunstancias de la litis, por lo que el ejercicio de dicha atribución corresponde aplicarla, sin hesitación, a los fines de resolver la situación jurídica sometida a examen de este Tribunal; por cuanto la interpretación judicial debe establecer la visión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática, razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118).
XXXI. Que, por lo demás, cabe destacar que en el orden tributario jurisdiccional-judicial local, de las siete Salas que componen el Tribunal Fiscal de la Nación, solamente la Sala “F” realiza el referido control de convencionalidad, a partir de los precedentes caratulados “La Equitativa del Plata S.A.”, del 6 de marzo de 2015, y “Zurich Argentina Cía. Argentina de Seguros S.A.”, de fecha 1/2/16 -entre muchos otros-, en los cuales se declarara la inconvencionalidad de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto resultaba violatoria del “plazo razonable” de tramitación de los procesos aduaneros, que es una norma convencional.
Y si bien la primera de las sentencias supra referenciadas fue revocada parcialmente por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en fecha 30 de agosto de 2016, merece señalarse que en ningún momento la Alzada cuestionó las facultades del Tribunal Fiscal para ejercitar el control de convencionalidad, sino que se limitó a discrepar con la interpretación realizada en sede jurisdiccional en cuanto al cómputo del plazo prescriptivo.
XXXII. Que, en este orden de ideas, corresponde dejar sentado que este Tribunal Fiscal ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas devienen sustantiva o materialmente judiciales (por ello es correcto denominarlas funciones jurisdiccionales-judiciales), en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa , y resulta ser el único Tribunal del país especializado en la materia aduanera, por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades -por ejemplo, para la declaración de inconvencionalidad de las leyes, pudiendo aplicar, al igual que los Poderes Judiciales de la Nación, CABA y provinciales, la doctrina del “margen de apreciación nacional” a los fines de prescindir de una Opinión Consultiva de la CIDH cuando no conduce a una recta y fiel realización del incólume ideal de justicia, pues resulta propio de tales situaciones la obligación de los jueces de ponderar con mayor rigor la aplicación de los principios jurídicos pertinentes, a fin de no incurrir, con daño para la consecución de dicho ideal, en una aplicación sólo mecánica de esos propios principios (confr. doctrina de Fallos 238:550 y sus citas), evitando reducir las normas jurídicas a una forma meramente abstracta, carente de contenido sustancial- que las que ostentan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia; máxime cuando inveterada jurisprudencia en la materia ha resaltado que los requisitos relativos a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, “se exhibe plenamente satisfecha por la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación” (v. CNApCAF., Sala I, sent. del 12.5.00 in re: “Colfax S.A. c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ medida cautelar (autónoma), y “Telesud S.A.”, Sala IV, sent. Del 18.4.85).
Por su parte, y al igual que la US Tax Court -que es el Tribunal que sirvió de precedente para la creación de este TFN-, “ejercita una porción del poder judicial con exclusión de cualquier otra función y de modo similar al ejercicio de los tribunales federales, con independencia de los poderes legislativo y ejecutivo” (confr. US Supreme Court in re “Freytag v. Commissioner” -1991-); siendo que no existe en nuestro ordenamiento legal norma alguna que impida a este Tribunal ejercer el control negativo de convencionalidad.
XXXIII. Que, por último, y sin perjuicio del modo en que se decide la excepción bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la resolución apelada ha sido notificada casi 3 años y 9 meses después, cuadra repetir, de haber sido dictada.
Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550-
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN- VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino).
XXXIV. Que, por lo expuesto, y bajo los parámetros esbozados, la forma en que propicio que se resuelva es la más adecuada, considerando el marco fàctico de excepción que se desprende de la litis -por lo que no procede adoptar la presente solución de modo automático y sin merituar el contexto temporal propio de cada causa a otros procesos que tramitan por ante este Tribunal-, en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc.
22 C.N.).
Que, conforme lo expuesto, VOTO por:
1. Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución n° 2867/19 (DE PRLA), de fecha 25 de abril de 2019, recaída en el expediente SIGEA nº 13289-959-2010, y notificada en fecha 13 de enero de 2023;
2. Declarar la inaplicabilidad al caso –en virtud de su inconvencionalidad- de la segunda parte del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero (confr. art. 1165 del C.A.), en virtud de los fundamentos desarrollados en los Considerandos que anteceden, en tanto la prescripción no puede quedar suspendida sine die hasta que se notifique la resolución aduanera;
3. Declarar la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la firma COSENA SEGUROS S.A. en las presentes actuaciones;
4. Imponer las costas del pleito a la DGA vencida;
5. Comunicar el presente a la Secretaria de Hacienda de la Nación, a sus efectos (confr. art. 1165 del C.A.). El Dr. González Palazzo dijo:
Que por razones de brevedad me remito al relato de los hechos que conforman el objeto procesal de la presente realizado por el Dr. Garbarino.-
En segundo lugar, habré de adelantar que disiento con la forma en que pone fin al entuerto por las razones que paso a exponer.
a) Como un estamento inicial, entiendo que, en razón de lo esbozado por mi colega de grado a lo largo de su dogmático voto, es innegable la importancia de que los fallos judiciales se expresen de manera clara y precisa, siendo fundamental en la administración de justicia.
Este requisito lingüístico no es simplemente una elección retórica, sino que responde a la necesidad imperativa de garantizar la accesibilidad, comprensión y transparencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. En la elaboración de resoluciones judiciales (o jurisdiccionales estricto sensu), abstenerse de consideraciones superfluas y adoptar una redacción concisa y perspicua son elementos esenciales para la racionalidad jurídica. La claridad en la expresión no solo contribuye a la eficiencia procesal, sino que también resguarda los principios fundamentales de certeza y seguridad jurídica. Evitar la ambigüedad interpretativa mediante una expresión rigurosa previene posibles discordias y confusiones derivadas de redacciones prolijas o llenas de digresiones jurisprudenciales irrelevantes.
b) Dicho lo anterior, en relación a lo expresado por el Vocal preopinante en distintos considerandos de su voto, debo dejar a salvo mi opinión en relación a ciertas afirmaciones efectuadas.
Ante todo y como lo he dicho desde antaño en una discusión que entendí perimida, me referiré a supuesta incompetencia de la Administración para la imposición de multas, planteada en el considerando VII del voto mencionado.
Si bien es cierto que deviene imperante adecuar legislativamente el procedimiento sumarial aduanero a los estándares exigidos en la Convención Americana de Derechos Humanos “(la) decisión no puede dictarse desatendiendo las graves consecuencias que, de modo inmediato, podrían derivar de ella...”, ya que “ninguna solución es defendible si, en lugar de asegurar el orden público, genera el riesgo de un absoluto desorden” (Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso de casación. Voto del Dr. Fayt. R. 1309. XLII)
En tal sentido puedo aseverar que con la intervención de este Tribunal de Justicia (dotado de amplia, exclusiva y especial competencia en la materia) y el eventual estadio judicial revisor ante la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, se efectúa una adecuada y efectiva tutela de los derechos y garantías del aquí recurrente, por lo que en definitiva, el procedimiento de marras no irrita -en el sentido propuesto por el Dr. Garbarino- el plexo constitucional que avale concluir en la extrema consecuencia que implica su nulidad.
Por ello, considero que en caso de autos no corresponde la declaración de nulidad realizada por el Dr. Garbarino, amén de destacar que lo introducido contradice lo sentenciado por esta Sala –al menos- en el último lustro, pues pacíficamente el Vocal ha dejado a salvo su opinión para evitar el inútil dispendio jurisdiccional como el que aquí se verifica.
c) Dicho ello, respecto a la declaración de “inaplicabilidad al caso –en virtud de su inconvencionalidad- de la segunda parte del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero” (ver punto 2. De su propuesta), debo señalar que esta Sala no ha sido pasiva ni desconoce la multiplicidad de casos en los que el accionar de la Administración evidencia una alarmante demora en la sustanciación de su labor jurisdiccional, tal como el que aquí se verifica. Para arribar a una solución justa sentada en Derecho se apeló –en la generalidad de los casos- al bloque de garantías convencionales.
Y ello parecería conformar la lógica del voto del Dr. Garbarino, quien dogmáticamente propone –sin mayor análisis del caso en particular- inaplicar la norma de referencia, dando paso así al efectivo prescriptivo que expone para dar solución al entuerto.
En este caso sometido a estudio, no advierto que la inactividad estatal pueda contemplársela como lesiva del debido proceso por exceso del plazo razonable en grado tal que evidencie una afectación al derecho del administrado a obtener un pronunciamiento sin indebidas dilaciones (art.8.1 CADDHH) que me conmine a considerar un temperamento extintivo como el propuesto, máxime, si se considera la ausencia de proactividad útil de quien, en definitiva, debiera ser un interesado central en perseguir con celo el proceso sumarial aduanero que enmarca una discusión tributaria.
Analizar los efectos derivados del efecto suspensivo previsto en el art.805 inc. a) del Código Aduanero obliga al operador a dimensionar el contexto fáctico y probatorio del casus en su totalidad, lo que incluye -claro está- la actividad desplegada por las partes en el proceso y así, ponderando los derechos en conflicto, evaluar sus consecuencias antes de adoptar un temperamento que pudiere derivar en un extremo extintivo como el aquí propuesto por mi colega.
Ello amén de mi convencimiento de que no puede operar la ceguera de quien propone la tamaña propuesta de inaplicar una norma en razón de su inconvencionalidad negando la uniforme doctrina del Superior que limita la plena competencia que debería tener –a mi modo de entender al Derecho- este Tribunal jurisdiccional en su natural cometido de tutelar los derechos del contribuyente tamizándolo con el bloque de garantías convencionales.
El operador jurisdiccional está conminado a evitar caer en la vanidosa tentación de incurrir en quijotescos debates teóricos a través de embates sistemáticos que, en definitiva, dilatan y frustran la pretensión de quien excita la competencia de este Tribunal que es la de obtener un pronunciamiento sentado en Derecho que de fin al conflicto suscitado con la Administración.
Y es por ello que disiento con la propuesta in extremis que realiza en el punto 2. el Dr. Garbarino en su voto. d) Ahora bien, corresponde dar un pronunciamiento definitivo a la cuestión debatida y para ello, habré de sentarme en la cuestión de hecho y prueba que conforman los agravios vertidos por la recurrente y delimitan el objeto de la misma, centrándonos en los planteos de nulidad y prescripción, invocados por la actora en su presentación.
Que tal como fue mencionado en el considerando precedente, las actuaciones administrativas se iniciaron por la denuncia realizada por el servicio aduanero por presunta infracción al art. 970 del C.A. Practicada la liquidación de tributos y multa, el 25 de abril de 2019 se dicta la resolución definitiva apelada en autos, conforme la cual se dispone archivar el sumario y se ordena formular cargo de tributos adeudados en concepto de I.V.A. adicional e impuesto a las ganancias e ingresar el antecedente al registro de causas archivadas.-
Para poder comprender la decisión adoptada por la administración y analizar si la misma es ajustada a derecho, considero necesario examinar cada uno de los puntos decididos.-
En cuanto al artículo 1 del citado resolutorio, se decidió archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General 9/17 (DGA), la que tuvo su origen en la IG (DGA) 1/98 reformulada por la IG n° 2/07. Las instrucciones mencionadas tuvieron como finalidad evitar el dispendio innecesario de recursos materiales y humanos de la administración, disponiendo el archivo de las actuaciones que puedan importar la aplicación de las sanciones por infracciones aduaneras, cuyos bajos montos tornaban antieconómico implementar o continuar medidas tendientes a lograr su cobro.
Para ello la administración determinó los casos comprendidos, dentro de los cuales se encontraban las denuncias por infracción al art 970 del C.A, cuando el importe de la multa mínima no alcance la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000). Asimismo se estableció que el presunto infractor no debía tener antecedentes de casos archivados durante los últimos 12 meses anteriores a la presunta infracción.-
Por su parte el artículo 3 de la resolución analizada dispuso formular cargo en concepto de tributos adeudados y percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias, e intimar su pago a la importadora, la firma “COMERCIAL CORZUELA SRL” y a la firma aquí recurrente, “COSENA SEGUROS S.A.”.-
En este orden de ideas, tenemos un procedimiento que comenzó siendo infraccional y culminó con la formulación de un cargo por tributos adeudados y el archivo de las actuaciones, motivado por el hecho de que la pena impuesta al presunto infractor, llámese la multa mínima, era inferior a los $30.000 y la inexistencia de antecedentes computables. En tal sentido, el servicio aduanero consideró implícitamente el incumplimiento al régimen de importación temporaria, según lo previsto en el art. 274 del C.A.
e) Que el art. 1101 del citado cuerpo normativo establece que: "cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder”.
Conforme lo receptado en los considerando precedentes, dispuesta la instrucción del sumario, el servicio aduanero no consideró necesaria la intervención del presunto infractor en el procedimiento infraccional incoado, motivo por el cual la parte no tuvo oportunidad alguna de evacuar sus defensas y poder acompañar, en caso de corresponder, la documentación que acreditaría el cumplimiento de las obligaciones emanadas del régimen de importación temporaria.
Como se puede observar, surge del análisis del expediente administrativo SIGEA N°136289-959-2010 que no se dispuso correr vista de lo actuado y la única notificación que se cursó a la aquí recurrente se realizó a mero efecto de poner en su conocimiento el dictado de la resolución apelada en autos y exigir el pago de los tributos que el servicio aduanero consideró adeudados. Está claro que el juzgador administrativo no tuvo en consideración lo normado en el art. 1101 del C.A.
A su vez, otra norma que debe ser citada es el art. 1012 del Código Aduanero, el cual dispone que: "sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados: a) los actos administrativos con alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites; [...] c) los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados; [...]".
Resulta indiscutible que el servicio aduanero no dio cumplimiento a los recaudos exigidos por la normativa aduanera que regula el procedimiento a seguir para las infracciones, comprendidas entre el art.1080 del C.A. y subsiguientes, al omitir correr vista de lo actuado a la firma imputada, a fin de que esta se defienda y aporte la documental que considerase idónea para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. En efecto, el servicio aduanero no sólo afectó el derecho de defensa de la recurrente, sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título 1, Capítulo Primero, "Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero").
En consecuencia, no cabe duda alguna que la omisión incurrida desnaturaliza el proceso y no puede considerarse rectificada ulteriormente con la notificación de la resolución apelada, máxime en un procedimiento que nació en el contexto de una investigación penal cuyo marco de sustanciación debe estar ceñido a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero. Lo acaecido en este sumario desnuda una desacertada interpretación y aplicación de la IG en trato, pues bifurca su norte omitiendo la corrida de vista del art 1101 del C. A., lo que torna nula la Resolución (DE PRLA) N° 2867/19 aquí recurrida, siendo que es una afrenta al principio de inocencia y consecuentemente de legalidad ya que fue dictada sin que el imputado pudiera participar en el proceso y defenderse, lo que así cabe declarar.
f) Que, en virtud de todo lo analizado y las particularidades que presenta el caso traído al conocimiento de este Tribunal, considero que las costas del proceso deben ser impuestas al Fisco.
g) Por la forma en que se resuelve el presente caso, no corresponde tratar los demás agravios vertidos por la recurrente.
Por ello, VOTO por:
Declarar la nulidad de la resolución (DE PRLA) N°2867/19 apelada en autos, dictada en el marco de la Actuación N°13289-959-2010, con costas al Fisco.-
EL Dr. Soria dijo:
Que adhiere al punto d) del voto del Dr. González Palazzo.
Por ello, por mayoría, SE
Declarar la nulidad de la resolución (DE PRLA) N°2867/19 apelada en autos, dictada en el marco de la Actuación N°13289-959-2010, con costas al Fisco.-
Regístrese. Notifíquese.
Date: 2024.05.02 17:32:24 -03:00 Date: 2024.05.02 18:28:13 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.02 22:08:57 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.02 22:08:58 -03:00
Fin de la sentencia