Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 19855991-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por la DGA. Con costas (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
2Reducir y regular los honorarios de la representación letrada de la actora en la forma establecida en el considerando 9º.
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV -
Exp. CAF 1053/2025/CA1: “COSENA SEGUROS S.A. (TF 19855991-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, julio de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, mediante pronunciamiento del 2/5/2024, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación —por mayoría— declaró la nulidad de la resolución DE PRLA 2867/2019, dictada en el marco de las actuaciones SIGEA 13289-959-2010, por cuyo intermedio la Dirección General de Aduanas (“DGA”) había formulado cargo a la actora —en su carácter de garante de la firma importadora Comercial Corzuela S.R.L.— en concepto de tributos adeudados por la suma de USD 1.677,74.
Para así decidir, en cuanto aquí interesa, sostuvo que el procedimiento en sede administrativa había comenzado siendo infraccional, pero que, en tanto la multa mínima que podría haberse aplicado al presunto infractor habría sido menor a la suma de $30.000, había culminado con la formulación de un cargo por tributos adeudados y el archivo de las actuaciones. Entendió que, de esa manera, el servicio aduanero había implícitamente considerado la configuración de un incumplimiento al régimen de importación temporaria.
Agregó que, una vez dispuesta la instrucción del sumario, la Aduana había considerado innecesaria la intervención del presunto infractor en el procedimiento infraccional, por lo que éste no había tenido oportunidad alguna de evacuar sus defensas y acompañar la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones resultantes del régimen de importación temporaria. En este sentido, resaltó que, conforme al análisis de las actuaciones administrativas y en contravención a lo previsto en el artículo 1101 del Código Aduanero, la DGA no había corrido vista de lo actuado y la única notificación cursada a la recurrente había sido la que tuvo por objeto poner en su conocimiento el dictado de la resolución apelada y exigir el pago de los tributos adeudados.
Finalmente, impuso las costas al Fisco.
2. Que, contra esa decisión, la Aduana interpuso recurso de apelación el 11/6/2024, el que fue fundado el 8/7/2024 y concedido el 16/9/2024 (v. páginas 261/262, 263/272 y 275, respectivamente). La empresa aseguradora contestó traslado de los agravios con fecha 7/10/2024 (v. páginas 289/301).
1 La DGA solicita la revocación del pronunciamiento recurrido sobre la base de los siguientes fundamentos:
(i) que, a partir de “una correcta exégesis de lo que implica el archivo dispuesto de la investigación infraccional [se] entendería sin dudas que ella implica, al menos, el desligue absoluto de la cuestión tributaria, la que debe seguir su curso por las vías pertinentes, en forma independiente de la cuestión infraccional (archivada)”. En esa línea de razonamiento, considera que, contrariamente a lo afirmado por el Tribunal Fiscal, corresponde el pago de los tributos adeudados ya que “ha acaecido el hecho imponible” —importación a consumo—, sin que la actora hubiera aportado prueba alguna tendiente a desvirtuar esa circunstancia. Destaca que “los tributos se deben por la producción del hecho imponible, y no por la comisión o no de una infracción, como erróneamente sostiene la sentencia recurrida”, puesto que el acaecimiento de ese hecho imponible “podría traer aparejada la comisión de una infracción, pero no necesariamente esta (la infracción) se debe cometer para que exista la obligación de abonar los tributos debidos”. Concluye que, en definitiva, “[l]a causa de la obligación tributaria es el acaecimiento del hecho imponible y no la comisión de la infracción”, por lo que “la facultad que se le otorga al Servicio Aduanero es de prescindir del procedimiento infraccional que daría lugar a una eventual multa, mas no del reclamo tributario”.
(ii) que, en la medida en que no hubo pretensión punitiva por parte de la Aduana, no correspondía correr vista de actuación alguna. Señala que, conforme al artículo 1053 del Código Aduanero, “solo escapan de la impugnación (agotamiento de la vía administrativa previa necesario para que entienda el Tribunal Fiscal) los actos por los cuales se liquidaren tributos aduaneros de una resolución aduanera que, además, debe ser ‘condenatoria’…”. Sobre esa base, indica que debió haberse declarado la incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación para entender en la controversia, puesto que no se había cumplido con el previo agotamiento de la vía administrativa mediante la interposición del mecanismo de impugnación contemplado en el artículo 1053 del aludido cuerpo legal.
(iii) que “la excepción de nulidad no puede oponerse válidamente… porque el cargo aduanero le fue notificado mediante la cédula electrónica (SICNEA) y el recurso de apelación fue interpuesto superando la cantidad de días que dispone el art. 1051 del CA para solicitar la nulidad”. Por lo tanto, entiende que el acto había quedado consentido.
(iv) que las costas deben ser distribuidas en el orden causado.
3. Que las actuaciones SIGEA 13289-959-2010 se iniciaron el 2/6/2010 a raíz del acta de denuncia 1252/2010 en el entendimiento de que Comercial Corzuela S.R.L. había incurrido, prima facie, en una infracción a lo previsto en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la DIT 070041IT6000144A (v. fs. 6). 2 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV - Exp. CAF 1053/2025/CA1: “COSENA SEGUROS S.A. (TF 19855991-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
En consecuencia, en esa misma fecha y mediante nota 4017/2010 SE PRTE, se precisó que, como resultado del control operativo efectuado, se había advertido —prima facie— una transgresión al régimen de destinación suspensiva correspondiente a la importación temporal anteriormente identificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 970 del Código Aduanero (v. fs. 9).
Sobre esa base, frente a la falta de regularización de esa situación, el 2/10/2014, la autoridad aduanera dispuso la instrucción del sumario administrativo en los términos del artículo 1090, inciso c, del Código Aduanero (v. fs. 14). El 25/4/2019, por medio de la resolución DE PRLA 2867/2019 (v.
fs. 20/21), el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros decidió: (i) archivar sin más trámite las actuaciones sumariales de conformidad con lo previsto en la instrucción general 9/2017, atento que la multa mínima reclamada no alcanzaba el importe allí establecido (conf. artículo 1º); y (ii) formular cargo a la firma Comercial Corzuela S.R.L. y a la garante Cosena Seguros S.A. por la suma de USD 1.677,74 en concepto de tributos adeudados y el monto de $5.947,44 en carácter de percepción de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, intimándolas a su cancelación (cfr. artículo 3º).
4. Que, como primera medida, es preciso destacar que, en oportunidad de contestar el traslado del recurso de apelación deducido ante el Tribunal Fiscal de la Nación, la representación de la DGA se allanó “en forma parcial y exclusivamente en relación a los conceptos de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias incluidos en la liquidación del Cargo” (v. punto VII de esa presentación, páginas 186/205 de las actuaciones administrativas). Frente a ello, el 8/9/2023, se la tuvo por allanada parcialmente respecto del reclamo formulado respecto de las percepción de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias (v. página 216), aspecto que —por ende— no es materia de controversia en estos autos.
5. Que, sentado ello, la resolución cuestionada fue dictada en el marco de actuaciones administrativas que tuvieron su causa en la presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero —incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria— y, entonces, el cargo contenido en su artículo 3º no puede sino entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones, que culminó con una condena al pago de tributos, aunque absolutoria —en rigor, con el archivo del trámite por la escasa cuantía estimada 3 de la multa— en el aspecto infraccional (conf. esta Sala, in rebus: “Gax S.A. (TF 77575105-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 46.837/2022, sentencia del 13/9/2022; y “Envases del Plata S.A. (TF 84138521-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 46.832/2022, sentencia del 20/9/2022, entre otros). Así, no se encuentra controvertido que se arribó a esa solución porque el importe de la multa no alcanzaba el mínimo previsto por la reglamentación de la DGA, pero que, al resolver de ese modo y al mismo tiempo intimar al pago de tributos presuntamente adeudados, la Aduana lo hizo sin dar previa intervención al incriminado —ni, por lo demás, a la compañía aseguradora aquí actora— para que acreditase los hechos que servían de base a la imputación y que, asimismo, condicionaban la procedencia del reclamo de los tributos (cfr., mutatis mutandi, esta Sala, in re: “Paramerica S.A. (TF 86342903-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 42.055/2023, sentencia del 22/11/2023).
Ello se ve reforzado por los términos del propio recurrente, quien sostiene —como se reseñó previamente— que la pretensión tributaria articulada por el servicio aduanero tuvo su causa en “ha acaecido el hecho imponible” —“importación a consumo”—, en tanto la empresa importadora había aportado elementos de prueba a los fines de demostrar “la efectiva reexportación de la mercadería” (v. considerando 2º, apartado (i) supra). Sin embargo, esa inobservancia —que, valga la insistencia, es invocada por la Aduana como hecho imponible— nunca fue fehacientemente determinada conforme a los procedimientos legalmente establecidos para ello, al punto que ni siquiera se le corrió vista al sujeto presuntamente obligado para que pudiese acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del aludido régimen, considerado transgredido.
Es decir, no se dio intervención a la firma importadora ni a su garante para que acreditase lo que hubiera estimado pertinente para su defensa respecto de los hechos y antecedentes que servían de base a la imputación, los que —a su vez— supeditaban la viabilidad del reclamo de los tributos, esto es, la comprobación del incumplimiento de la importación temporaria (conf. esta Cámara, Sala III, in rebus: “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A. (TF 120260476-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 11.870/2024, sentencia del 13/5/2025). En este entendimiento, deviene aplicable el criterio adoptado por esta Sala en diversos precedentes en cuanto a que la corrida de vista establecida en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la Administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes (conf. esta Sala, in re: “Cosena Seguros (TF 24583-A) c/ 4 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV - Exp. CAF 1053/2025/CA1: “COSENA SEGUROS S.A. (TF 19855991-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
DGA”, causa 29.957/2011, sentencia del 9/2/2012; “Ramírez, Horacio Omar c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 56.691/2015, sentencia del 5/4/2016; y, más recientemente, “Industrias John Deere Argentina S.A. (TF 124656721-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 3268/2025, sentencia del 3/4/2025; entre otros. En igual sentido, esta Cámara, Sala III, in rebus: “Compañía de Barcos S.A. (TF 15082537-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 1239/2024, sentencia del 20/3/2025).
6. Que, a mayor abundamiento, si se siguiese la línea argumental que propone el Fisco —en cuanto a que se trataría de una resolución que tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros—, se arribaría también a la conclusión de que el acto resulta insalvablemente nulo; en este caso, por falta de causa, toda vez que no se encuentran fehacientemente acreditadas las circunstancias que darían sustento al reclamo de los gravámenes (arg. artículos 7º, inciso b, y 14, inciso b, de la ley 19.549; y doctrina de esta Sala en las causas “Envases del Plata S.A. (TF 84138521-A) c/ DGA” y “Gax S.A.(TF 77575105-A) c/ DGA”, ya citadas; “Miquel y Costas Argentina S.A. (TF 39040- A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 4330, sentencia del 23/4/2024. Asimismo, esta Cámara, Sala III, in re: “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A. (TF 120260476-A) c/ DGA”, cit. supra).
7. Que, sobre los agravios vinculados a la falta de agotamiento de la vía administrativa previa a la interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal, su alegada incompetencia y el consentimiento que la firma actora habría incurrido respecto de la resolución impugnada, es preciso destacar que tales cuestiones y defensas no fueron oportunamente deducidas ante el tribunal a quo, lo que impide a esta Alzada pronunciarse con relación a aquéllos.
En efecto, adviértase que, al momento de contestar el traslado del recurso interpuesto por la actora ante el Tribunal Fiscal de la Nación (conf. páginas 186/205), la DGA se limitó (i) a señalar la improcedencia de la nulidad allí planteada con fundamento en la inexistencia de una afectación a su derecho de defensa; (ii) a cuestionar la invocada prescripción de la acción aduanera para la percepción de los tributos, así como la presunta violación a la garantía del plazo razonable; (iii) a destacar la independencia entre la investigación infracción y la pretensión tributaria articulada en sede administrativa; y (iv) a solicitar la desestimación de los agravios expuestos por la firma aseguradora con relación a alcance de la póliza y la tasa de interés aplicable. Pero 5 lo cierto es que en ningún momento introdujo —como pretende hacerlo ante esta instancia— planteo alguno vinculado a la inadmisibilidad de la vía impugnatoria escogida ni a la firmeza de los cargos aduaneros formulados.
Desde esta perspectiva, toda vez se tratan de cuestiones que no fueron propuestas para su consideración en su debida oportunidad, el análisis pretendido en tal sentido se encuentra vedado a esta Alzada, conforme con lo dispuesto en el artículo 277 del CPCCN, supletoriamente aplicable al caso en los términos del artículo 1182 del Código Aduanero (cfr. esta Sala, in rebus: “Ford Argentina SCA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 74783/2017, sentencia del 5/4/2018; y esta Cámara, Sala III, in re: “LVG Exportación S.R.L. (TF 33742-A/4) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 31.451/2018, sentencia del 21/3/2019). Ello, por cuanto la jurisdicción de las cámaras se encuentra limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria (Fallos: 301:925; 304:355; 327:3495; 338:552; 344:1857, entre muchos otros).
8. Que, con relación a las costas, toda vez que no se advierten razones para apartarse del principio objetivo de la derrota, entiendo que procede confirmar su imposición, por lo que deberán estar a cargo de la demandada vencida en ambas instancias (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
9. Que, por último, cabe tratar las apelaciones deducidas por las partes contra la resolución de fecha 13/9/2024, a través de la cual el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios de Hernán Cancellieri, por su actuación en carácter de letrado patrocinante y apoderado de la actora, en la cantidad de 3 U.M.A., que los recurrentes —según cada caso— consideraron altos y bajos (v. páginas 273, 278/280, 284/286 y 287, de las actuaciones administrativas remitidas vía DEOX).
Al respecto, en atención a la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado y el monto del asunto —conforme a las pautas establecidas por este Tribunal en la causa 15.539/2019, caratulada “Wintershall Energía S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 27/2/2020—; así como el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de las labores desarrolladas durante el trámite de la única etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR a la cantidad de 1,7 U.M.A. —equivalentes a la suma de $122.851— los honorarios regulados en favor de Hernán Cancellieri, quien actuó en el doble carácter de apoderado y patrocinante en defensa de la parte actora (conf. artículos 16, 19, 20, 21, 29, inciso a, 51 y concordantes de la ley 27.423; y resolución SGA 1236/2025).
Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley de arancel, por las tareas cumplidas ante esta instancia, corresponde REGULAR en la cantidad de 1 U.M.A. —equivalentes a la suma de 6 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV - Exp. CAF 1053/2025/CA1: “COSENA SEGUROS S.A. (TF 19855991-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
$72.265— los honorarios de Hernán Cancellieri, quien intervino como apoderado y patrocinante por la parte actora (cfr. contestación del 7/10/2024, v. páginas 289/301). Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. Rechazar el recurso interpuesto por la DGA. Con costas (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
2. Reducir y regular los honorarios de la representación letrada de la actora en la forma establecida en el considerando 9º.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia