Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 32464-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de la parte actora y confirmar la resolución de fs. 290/295 en cuanto fue materia de agravios; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
2Modificar la regulación de honorarios de fs. 301/302 y fijar los de esta instancia del modo en que surge del considerando 6º.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
7883/2024 “COSENA SEGUROS SA (TF 32464-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, mayo de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 290/295, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría:
(i) Confirmó parcialmente la resolución DE PRLA 5108/10, dictada en la actuación SIGEA 12041-1054-2004, en cuanto había intimado a Cosena Seguros SA al pago de tributos, en calidad de garante de la destinación suspensiva de importación temporaria 03 001 IT16000539E, y declaró que el importe adeudado ascendía a $ 91.105,09 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero devengados desde el 5/6/08 hasta la fecha de efectivo pago.
(ii) Revocó la exigencia del derecho adicional y las percepciones del IVA y el Impuesto a las Ganancias.
(iii) Impuso las costas conforme los vencimientos, los que estimó en un 43% a cargo de la actora y en un 57% a cargo del demandado.
Para resolver de tal modo, ante todo, aclaró que no existía ninguna norma legal que exigiese al Fisco Nacional verificar su crédito en el concurso del importador como requisito previo a reclamar su pago a la firma aseguradora. Citó jurisprudencia en apoyo de su interpretación. Sin perjuicio de ello, aclaró que, en el caso, el Fisco sí lo había hecho (v. fs. 123/130). Sobre esa base, desestimó las consideraciones que había efectuado la actora en punto a la supuesta falta de resguardo del crédito fiscal. Con respecto a la cuestión de fondo, destacó que no obraba documentación alguna en el expediente que resultase apta para acreditar el cumplimiento del régimen de importación temporal, por lo que la mercadería en cuestión debía reputarse importada para consumo.
A continuación, examinó la responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos resultantes (art. 274, CA), y aclaró que del artículo 462 del Código Aduanero y de las condiciones particulares de la póliza surgía que el acreedor podía optar por reclamárselas directamente, sin necesidad de esperar a que la resolución contra el importador se encontrase firme.
Con relación a la liquidación tributaria, dejó sin efecto la exigencia del derecho adicional y de las percepciones de tributos interiores con remisión a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Frisher SRL” (Fallos: 336:1182) e “IEF Latinoamericana SA”, ambas sentencias del 14/8/13; y “Cladd ITA SA”, del 26/11/19.
Precisó que la garante nunca podría responder por un importe nominal mayor a la suma máxima asegurada mediante las pólizas 46477 y 46500 ($235.000); la cual, no obstante, superaba el importe resultante de la reliquidación.
Por último, aclaró que el cálculo de los accesorios debía efectuarse desde la mora del importador, por ser anterior a la de la garante.
2. Que, disconforme con la decisión, a fs. 312 interpuso apelación la aseguradora, que se fundó a fs. 317/325, se concedió a fs. 326 y fue replicada a fs. 329/331.
Planteó los siguientes agravios:
a) El Tribunal Fiscal de la Nación debió considerar prescripta la acción del Fisco para percibir los tributos, ya que –como lo señaló el vocal Licht en su disidencia– la causal de suspensión del artículo 805, inciso a, del Código Aduanero únicamente opera cuando los procesos se cumplen conforme a la ley y en su debido tiempo; mientras que, en el caso, las garantías fueron emitidas en 2003, el cómputo de la prescripción se inició en 1/1/05 y el auto de apertura del sumario se dictó el 1/8/05 pero sin contener la liquidación de los tributos, como lo prescribe el artículo 1094 del código de la materia. En caso de reputarse válido el auto de apertura del sumario, también debería contemplarse que la resolución confirmatoria del cargo se dictó el 8/7/10 pero recién se notificó el 5/11/12; cuando habían transcurrido 8 años desde el vencimiento de la destinación temporaria. Esto, a su entender, permitiría declarar la extinción de la acción por afectación a la garantía a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (arg. art. 8.1, CADH), que se aplica a toda clase de procesos.
b) En su defecto, debería tenerse en cuenta que sólo debe responder por el límite económico de las pólizas ($235.000).
3. Que, por otro lado, a fs. 301/302 se regularon los honorarios de la representación letrada de la parte actora y del Fisco Nacional, en la proporción que había quedado a cargo de la contraria.
A fs. 308/vta. la parte actora apeló por altos los honorarios regulados a favor de la representación fiscal y, a fs. 315/vta., el letrado de la actora apeló sus honorarios por considerarlos bajos. Ambos recursos se concedieron a fs. 326.
4. Que, en lo que concierne a la extinción de la acción tendiente al cobro de los tributos –ya sea por prescripción o por afectación de la garantía a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas–, la apelación es improcedente.
Se debe reparar en que el vencimiento de la DIT tuvo lugar el 19/6/04, por lo que el plazo de prescripción de la acción tributaria comenzó a correr el 01/01/05, y hubiese vencido el 31/12/09, pero se suspendió con el dictado del acto de apertura del sumario del 1/8/05 (arg. art. 805, inc. a, CA); de manera tal que, al dictarse la resolución condenatoria, el 8/7/10, la acción del Fisco aún no había prescripto (doctr. esta Sala, causa 14530/22 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, sent. del 27/9/22, y sus citas).
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Tampoco puede prosperar el planteo de nulidad del auto de apertura del sumario por el hecho de no haber contenido la liquidación de los tributos, en tanto dicho defecto quedó subsanado a partir de la notificación de la corrida de vista, el 27/5/08; es decir, antes de que venciese del plazo original de prescripción (v. fs. 16 y 44/vta. act. adm., y fs. 14vta. de este expediente).
También se deja a salvo que este Tribunal mantiene un criterio contrario a la posibilidad de extender la doctrina relativa a la extinción de la acción penal del Fisco con sustento en la afectación de la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable, a la que aquél tiene para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera (cfr. causa 56632/15 “Iveco Argentina SA c/ DGA”, sent. del 14/4/16, y sus citas).
5. Que el agravio relativo al monto máximo garantizado en la póliza carece de sustento, toda vez que dicho límite fue contemplado en la decisión apelada y es claro que el importe nominal de la reliquidación practicada por el tribunal de origen no lo excede. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la apelación de la parte actora y confirmar la decisión de fs. 290/295 en cuanto fue materia de recurso; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
6. Que resta tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios de fs. 301/302.
En atención a los planteos formulados, se hace saber únicamente en el supuesto de labores profesionales efectuadas bajo la vigencia de la ley 27.423 corresponder incluir en la base regulatoria los intereses que se hubieren devengado durante el transcurso del pleito, porque así se encuentra expresamente previsto en el artículo 24 de la norma (cfr. esta Sala, causa 32765/99 “ENTEL (EL) c/ Telefónica de Argentina SA s/ contrato administrativo”, resol. del 22/3/22).
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, el monto discutido en el juicio, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por Hernán Leonardo Cancellieri en carácter de patrocinante y apoderado de la actora, durante las dos primeras etapas del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde CONFIRMAR –desde que sólo fueron apelados por bajos– los emolumentos fijados a su favor (arts. 6º, 7º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432); los que se encuentran a cargo del Fisco Nacional.
Por otra parte, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por el citado profesional en la defensa de la actora, durante la tercera etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde ELEVAR sus honorarios a la suma de $98.150 –equivalentes a 2 UMAS– (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 925/24); los que también se encuentran a cargo del Fisco Nacional.
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, el monto discutido en el juicio, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por la representación fiscal, durante las dos primeras etapas del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los emolumentos fijados a su favor a la suma de $13.000 (arts. 6º, 7º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432); los que se encuentran a cargo de la parte actora.
Por otra parte, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por la representación fiscal durante la tercera etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde CONFIRMAR sus honorarios –desde que sólo fueron apelados por altos– (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 925/24); los que también se encuentran a cargo de la parte actora.
Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios de la representación fiscal por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios de fs. 329/331) en la suma de $68.705 –equivalentes a la cantidad de 1,4 UMA–.
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso– deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo. Además, deberán cancelarse – en lo pertinente– de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso de la parte actora y confirmar la resolución de fs. 290/295 en cuanto fue materia de agravios; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
2. Modificar la regulación de honorarios de fs. 301/302 y fijar los de esta instancia del modo en que surge del considerando 6º.
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y pago de la tasa de justicia efectuados por la parte actora, toda vez que se configura el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia