Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 90500915-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso intentado y confirmar la sentencia del TFN de fecha 28/02/2024, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N y 1163 del C.A.), y
2Reducir los honorarios y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando VI.
12426/2024 Cosena Seguros SA (TF 90500915-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”
Buenos Aires, 29 de octubre de 2024.-
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento del 28/02/2024, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, hizo lugar al planteo liberatorio articulado por la actora y en consecuencia, declaró prescripta la acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA n° 12197-339-2015, respecto de la mercadería ingresada temporalmente mediante la destinación “09 001 IT14 005032B”, con costas a cargo de la AFIP - DGA.
Para así resolver, sostuvo que, el Código Aduanero regulaba el instituto de la prescripción –relativo a la acción que ejerce el Fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Precisó que, en tal sentido el art. 803 del C.A establecía que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.).
Refirió que, no existía controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria, cfr. fs. 1 de las actuaciones administrativas) se habría cometido el 11/10/2010 (vencimiento de la destinación suspensiva). Y, por ende, no estaba controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trataba había comenzado a correr el 01/01/2011 y que el mismo vencía el 31/12/2015.
Adujo que, dicho plazo, se suspendió (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 13/11/2015 (ver fs. 11 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 10 meses y 12 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 1 mes y 19 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Indicó que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 13/11/2015) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”.
Aseveró que, la decisión a la que se hacía allí literal referencia no podía ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo, y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Puntualizó que, en el caso de autos, esa “decisión” (la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.) había sido, pues la decisión definitiva recaída en el sumario, es decir, la Resolución RESOL-2021 7106-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA.
Consideró que de ese modo, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se había dado entre el 13/11/2015 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 05/11/2021 (fecha del dictado de la resolución aduanera apelada).
Por lo tanto, expuso que, siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trataba, correspondía tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refería textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Postuló que, conforme lo antes expuesto, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 06/11/2021. Es decir, que desde allí comenzó a correr el plazo de 1 mes y 19 días que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Agregó que, dicho plazo (el aludido de 1 meses y 19 días) se cumplió el 25/12/2021 sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria). El único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A. Que, por lo demás, la aludida notificación se efectuó en fecha 08/08/2022 (Comunicación/Notificación N° 22001NOTI169329D) es decir, cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo A todo evento, añadió que, la notificación de la liquidación tributaria aduanera, a la que se refería el artículo 806, literal a), del Código Aduanero, como causal de interrupción en materia tributaria, comprendía tanto la notificación de un cargo suplementario, como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso), pero no así aquélla que se realizara con la notificación de la vista del artículo 1101 del Código Aduanero y/o con la citación al garante de los tributos; ello en armonía con lo dispuesto en el artículo 1103 del Código Aduanero, puesto que la suspensión de la prescripción de la acción tributaria, prevista en el artículo 805, literal a), del Código Aduanero, forzosamente le quitaba virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se producía al notificarse la corrida de vista en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, que se producía inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 18/04/2024 interpuso recurso de apelación la AFIP - DGA, expresando agravios el 7/05/2024, los que fueron replicados el 4/06/2024.
Sostiene la recurrente que, en autos, el Tribunal a quo entendió que la acción de su parte para perseguir la conducta infraccional endilgada se encontraba prescripta.
Aduce que, para ello, sostuvo que, si bien el plazo de prescripción se interrumpió de conformidad al art. 937, inc. a) del C.A. con el dictado del auto de apertura de sumario el 13/11/2015, no sucedió la interrupción del art. 937 inc. d) del C.A. con el dictado de la Resolución aduanera. Al respecto, señaló que, la acción de su parte para formular reproche por la conducta infraccional endilgada se encontraba vigente hasta el 25/12/2021, por lo que la resolución se dictó en plazo. Expone que, la interpretación que realiza el tribunal fiscal no se ajusta al texto de la norma, que expresamente dispone: “ARTICULO 937. – La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: (...) d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera Dejamos ya planteada la necesidad de aplicar el plenario dictado por esa Excma Cámara en el marco de la Causa 6078/97 - "Hughes Tool SA c/A.N.A. (T.F. 7S30.A)" (23/09/2003) en donde sostuvo que “De acuerdo a la legislación aduanera, interrumpe el plazo de prescripción el simple dictado del acto administrativo constitutivo de la resolución condenatoria, sin que para ello se requiera su previa notificación”.
Al respecto, advierte que, de otra manera, haciendo lugar a lo sostenido por el Tribunal Fiscal en la sentencia recurrida, se estaría yendo nada más y nada menos que en contra de lo establecido por esta Cámara.
Alega que, la doctrina establecida en dicho plenario no es más que el emanación de lo resuelto por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO Y OTRO s/DEMANDA CONTENCIOSA” (fallos 332:1109 ), en relación a un planteo similar en lo que refiere a la no notificación del auto de apertura de sumario, que entendió que: “(...) el artículo 937, inc. a, del código antes citado establece que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por "el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario", sin determinar que dicho acto para tener virtualidad interruptiva requiera que sea puesto en conocimiento del sumariado. Por el contrario, surge claramente de la letra de la norma que la interrupción se produce por la sola circunstancia del "dictado" del acto respectivo. W. 98. XLI. RECURSO DE HECHO Wonderland SRL c/ Aduana Rosario. -3- (...) Que si la intención del legislador hubiese sido que la interrupción se produjera con la notificación de aquel acto, o de la vista que debe conferirse de lo actuado a los presuntos responsables una vez cumplidas las medidas ordenadas en aquella resolución a fin de que éstos presenten sus defensas y ofrezcan las pruebas pertinentes (artículo 1101) así lo habría indicado en el texto legal. Una inteligencia de las normas en juego opuesta a la consignada precedentemente importaría tanto como suponer que lo establecido por la ley respecto de la interrupción de la prescripción obedeció a la imprevisión o a la falta de consecuencia del legislador, lo cual, por principio, es inadmisible (Fallos: 303:1041; 304:794, entre muchos otros). (...) Que por último cabe señalar que la eficacia del acto que dispone la apertura del sumario a los fines de interrumpir la prescripción le está dada por la directa aplicación del ya citado artículo 937 del Código Aduanero, de manera que no corresponde acudir a otros cuerpos normativos para decidir la cuestión planteada”.
En tales condiciones, solicita la aplicación en el caso del plenario dictado en el marco de la Causa 6078/97 - "Hughes Tool SA c/A.N.A.
(T.F. 7S30.A)" (23/09/2003).
Por otra parte, apunta que es innecesaria la invalidación del procedimiento ante la Aduana.
Al respecto, precisa que, en autos la contraria tuvo todas las posibilidades de desplegar en forma eficiente sus defensas, de hecho, fundó su inocencia respecto de la conducta endilgada y acompañó prueba.
Destaca que, es sabido que a los fines de la declaración de nulidad, es menester demostrar el perjuicio concreto que le ha inferido el vicio que invoca, puesto que la invalidez de los actos administrativos se condiciona al perjuicio que sufren los intereses de las partes intervinientes.
Pone de relieve que, en este sentido, si la parte pudo perfectamente desplegar sus defensas ante el Excmo. Tribunal Fiscal, su parte no encuentra motivo alguno que justifique la remisión de los antecedentes administrativos a la D.G.A. para que el juez administrativo corra una nueva vista del procedimiento infraccional incoado y que la importadora despliegue exactamente la misma defensa que presentó ante el el Tribunal Fiscal, que bien puede avocarse a resolver la cuestión simplificando el ejercicio de la administración de justicia.
Entiende que, resulta así de aplicación al caso la doctrina de la C.S.J.N. que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros fallos: 205-549 y 267-393)” (Conf. TFN Nº 18.620-A, “CURTIEMBRE PELICCE S.A. C/DGA S/APELACIÓN”, sentencia del 26/04/2006)
En definitiva, considera que esta Sala debe revocar el pronunciamiento alcanzado por el Tribunal Fiscal en cuanto es materia de agravio, declarando que la acción del Fisco Nacional para perseguir la multa reprochada se encuentra vigente y ordenando al Tribunal Fiscal que se avoque a la resolución del fondo que hace al objeto de la controversia establecida en autos.
III. Que mediante el pronunciamiento de fecha 5/03/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios profesionales del Dr. Hernán Leonardo Cancellieri por su actuación en el doble carácter de letrado apoderado y patrocinante de la actora, en 13,17 UMA equivalentes a la suma de pesos quinientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y tres ($ 534.393.-) los que quedan a cargo del Fisco Nacional.
Contra dicho pronunciamiento, interpusieron sendos recursos de apelación el fisco nacional -por altos- y el letrado de la actora -por bajos-, con fechas 11/03/2024 y 14/03/2024, respectivamente.
IV. Que el artículo 265 del CPCCN, aplicable supletoriamente a procesos como el bajo examen, establece -en lo que aquí interesa- ciertos recaudos que deben observarse por medio de este tipo de presentaciones. En este sentido, prevé que debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de sus razonamientos, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. Debe contener el análisis serio, razonado y crítico de la resolución recurrida y que sea idóneo para demostrar la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de las pruebas producidas (conf. esta Sala en autos 5900/2007 “Musso, Carlos Alberto c/EN - Mº Defensa s/personal militar y civil de las FFAA y Seg.”, sent. del 11/7/2013 y sus citas). Es que “criticar” es muy distinto a “disentir”. La crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener. En cambio, disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia (conf. en igual sentido, C. Nac. de Apel. en lo Civil, Sala A, en autos “Z., M. R. c/D. P., J. L. y otros”, resol. del 16/12/2005, publicada en La Ley, el 1/6/2006).
Señalados los recaudos que han de ser observados en toda presentación recursiva como la examinada, adviértase que el razonamiento seguido por el Tribunal Fiscal de la Nación para declarar prescripta la acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA n° 12197-339-2015, respecto de la mercadería ingresada temporalmente mediante la destinación “09 001 IT14 005032B”, con costas a cargo de la AFIP – DGA, no fue motivo de cuestionamiento concreto y fundado por parte del recurrente.
En efecto, mientras el núcleo de la decisión del Tribunal a quo para declarar la prescripción de la acción del Fisco para reclamar el cobro de tributos a Cosena Seguros, se sustentó en la aplicación al caso de lo previsto en los arts. 803, 804, 805 inc. a) y 806 inc. a) del C.A. y la interpretación que, al respecto, efectuó, para concluir que había operado el plazo de prescripción “sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre en relación a la prescripción de la acción tributaria)”; la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo resuelto, con fundamento en lo previsto en el art. 937 del C.A., solicitando la aplicación de la doctrina del precedente C.S.J.N. “Wonderland” (Fallos 332:1109), sin controvertir eficazmente el argumento de la sentencia impugnada.
En efecto, de la lectura del memorial de agravios, surge claramente que la demandada no controvierte el fundamento de la sentencia del TFN para declarar prescripta la acción tributaria sino que alude a la normativa aplicable a la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas (art. 937 del C.A.).
Es más, al efectuar la conclusión final, textualmente expresa: “En definitiva, esta representación fiscal considera que V.E. deberá revocar el pronunciamiento alcanzado por el Tribunal Fiscal en cuanto es materia de agravio, declarando que la acción de mi mandante para perseguir la multa reprochada se encuentra vigente y ordenando al Tribunal Fiscal que se avoque a la resolución del fondo que hace al objeto de la controversia establecida en autos”.
Debe añadirse por lo demás, que el argumento de la recurrente, centrado en el hecho de que al momento del dictado de la resolución que pone fin al sumario, no había transcurrido el plazo liberatorio, resulta completamente ajeno a la cuestión debatida y a los fundamentos del pronunciamiento atacado, desde que precisamente el TFN entendió que la reanudación del curso de la prescripción ocurrió a partir del dictado del acto de clausura.
En tales condiciones, y toda vez que la demandada no rebate, ni se hace cargo del verdadero fundamento de la sentencia impugnada, corresponde rechazar el recurso intentado.
V. Que dado el modo en que se resuelve, las costas de esta instancia, se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el criterio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (conf. artículo 68, primera parte del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
VI. Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII- 97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más). Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados -conf. fs. 1 (F4, Resol. -2021-7106), convertido a pesos y lo resuelto con fecha 28/02/2024 y precedentemente-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante la etapa del pleito cumplida, corresponde, reducir a la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($434.569,85) – equivalente a 7,15 UMA-, los honorarios del DR. HERNAN LEONARDO CANCELLIERI, letrado apoderado, actuante en la defensa de la actora (arts. 14, 16, 20, 21, 24, 29, 44 inc. b), 58 y ccdtes. de la ley 27.423 –Dto. 1077/17).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular en la suma PESOS CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($130.674,85) – equivalente a 2,15 UMA-, los honorarios de los DRES. HERNAN LEONARDO CANCELLIERI, letrado apoderado de la actora (arts. 14, 16, 20, 21, 29 inc. g), 30 y ccdtes. y citados de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) rechazar el recurso intentado y confirmar la sentencia del TFN de fecha 28/02/2024, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N y 1163 del C.A.), y 2°) reducir los honorarios y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando VI.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia