Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 39493-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada, con costas (art. 68, primer párr., del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 30379/2023 COSMETICOS AVON SACI (TF 39493-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, abril de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 230/232, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución DE PRLA 4003/18, recaída en la actuación SIGEA 13681-7-2013/9, en cuanto había sido materia de agravio, con costas a cargo del Fisco Nacional.
Por consiguiente, dejó sin efecto la porción que se mantenía impugnada del cargo 222/15, resultante del ajuste de valor practicado sobre determinadas destinaciones de importación registradas por Cosméticos Avon SACI entre 2010 y 2012, que la propia actora había individualizado durante el procedimiento de investigación del valor (v. esp. fs. 11, punto VII.3, act. adm.).
Para resolver como lo hizo, recordó que el ajuste en cuestión se había efectuado en los términos del artículo 8º, apartado 1º, inciso c, del Acuerdo relativo a la Aplicación del Art. VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (“Acuerdo de Valoración”), por la no inclusión en el precio documentado de las sumas de dinero devengadas al amparo de los contratos de (i) “licencia de uso de fórmulas y métodos de fabricación”, (ii) “licencia de marca” y (iii) “servicios de asistencia técnica para la distribución y venta de los productos licenciados en el territorio nacional”, suscriptos entre la importadora argentina y la licenciante del exterior Avon Products Inc. de EEUU, con quien se encontraba vinculada en los términos del artículo 15.4 del Acuerdo de Valoración. Aclaró que, mediante las operaciones en trato, Cosméticos Avon SACI había documentado la importación de insumos con destino a la fabricación local de cosméticos y de productos terminados del mismo ramo para su reventa directa.
Señaló que, inicialmente, la diferencia de tributos se había reclamado mediante los cargos 222/15 (por los conceptos derechos de importación, tasa de estadística e IVA) y 223/15 (por las percepciones de IVA y del Impuesto a las Ganancias) –v. fs. 16 y 17, act. adm.–. Sin embargo, en sede aduanera la actora optó por cancelar el IVA, las percepciones de tributos interiores y una parte de los derechos de importación y de la tasa de estadística (v. fs. 30/40vta., 52/54, 56/vta., 59, 121, 159 y 162, act. adm.), de manera que la impugnación únicamente subsistía con respecto al cargo 222/15, por el saldo adeudado de derechos y tasa de estadística (USD 322.605,65, según fue determinado a fs. 162 de los antecedentes).
Destacó que no era materia de controversia la celebración de los referidos contratos, ni que, por su intermedio, se había otorgado una licencia exclusiva para el uso de fórmulas y métodos de fabricación, la marca y los servicios de asistencia técnica de la licenciante, obligándose a cambio de ello Cosméticos Avon SACI a abonar las siguientes regalías, calculadas sobre la base de las ventas netas de los productos licenciados dentro del territorio de la República Argentina: (i) el 1% por la licencia del uso de fórmulas y métodos de fabricación, (ii) el 3% por la licencia de la marca, y (iii) el 2% por el servicio de asistencia técnica.
Explicó que el servicio aduanero había ratificado el ajuste de valor y confirmado el importe impugnado del cargo 222/15 con fundamento en que: a) el canon era siempre una condición de venta porque, de no mediar su pago, los bienes no se hubiesen vendido o no se lo hubiese hecho al precio acordado; b) las regalías tenían relación directa con aquellos productos importados bajo la marca “Avon” para su posterior reventa, mientras que, en el caso de los insumos provistos por firmas vinculadas y no vinculadas, destinados a la fabricación de productos licenciados, debía considerarse que la relación era indirecta.
Frente a esto, el TFN transcribió las previsiones de los artículos 1º y 8º del Acuerdo de Valoración, y destacó que el ajuste por el concepto “cánones y derechos de licencia” requería tres cuestiones simultáneas: a) que dichos cánones o derechos estén relacionados con las mercaderías que se valoran; b) que su pago constituya una condición para la venta de las mercaderías; y c) que su importe no esté incluido en el precio pagado o por pagar por aquéllas.
A su vez, hizo hincapié en que los cánones y derechos de licencia debían ser tomados como parte del valor de transacción de modo objetivo y cuantificable, y no basarse en estimaciones, apreciaciones o presunciones (arg. nota interpretativa al art. 8º del Acuerdo de Valoración).
Sobre esa base, advirtió que resultaba imposible cuantificar los cánones relacionados al momento del ingreso de las mercaderías, ya que las regalías se habían pactado como un porcentaje sobre las ventas de todos los productos licenciados dentro del territorio de la República Argentina, dentro de los cuales había algunos fabricados, que a su vez podían estar conformados con insumos de otros proveedores, tanto nacionales como extranjeros.
En adición a lo expuesto, mencionó que la estimación del servicio aduanero tampoco podía corroborarse porque no estaban individualizadas las destinaciones correspondientes y no era posible distinguir los bienes que se habían importado para reventa de aquellos otros que lo fueron para ser sometidos a un proceso de producción.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso apelación a fs. 238, que se concedió a fs. 239, se fundó a fs. 240/244 y fue replicada a fs. 251/260.
En primer término, cuestionó la decisión apelada porque, a su entender, había revocado la resolución aduanera en su totalidad, sin atender al hecho de que la contraria había desistido parcialmente de su impugnación y que la controversia se circunscribía a determinadas sumas reclamadas mediante el cargo 222/15. Consideró que, de tal modo, se CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 30379/2023 COSMETICOS AVON SACI (TF 39493-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO había afectado el principio procesal de congruencia, receptado en el artículo 1143 del Código Aduanero.
En segundo término, cuestionó que el tribunal hubiese hecho pesar la circunstancia de no tener a la vista determinados elementos —como las copias de dos contratos, o el detalle de las destinaciones involucradas en el ajuste— cuando lo cierto es que aquéllos obraban en el alcance nro. 4 de la actuación 13681-7-2013, que pudo ser requerido como medida para mejor proveer (arg. art. 1156, CA).
En tercer y último término, efectuó consideraciones generales sobre la protección que recibe en el marco del Acuerdo de Valoración la licencia de uso de marcas, por la función que esta forma de propiedad intelectual desempeña. Afirmó “para el circuito comercial que ofrece el impugnante, es preciso entonces, observar la protección de la causa eficiente (que ha hecho posible la cosa) así como la causa formal (marcas como es la cosa misma)” (fs. 242). Citó jurisprudencia para sostener que el pago de las regalías había sido condición de venta de las mercaderías importadas, en especial, teniendo en cuenta “el control que el licenciante ejerce sobre la venta de las mercaderías importadas” (fs. 243). Concluyó así que, sin importar cuál hubiese sido el proveedor, la importadora no pudo haber adquirido ningún producto para venderlo bajo la marca Avon sin haber procurado previamente el derecho de usar dicha marca; lo que probaba la condición de venta.
3. Que, ante todo, cabe recordar que, en el procedimiento de ajuste de valor, el que afirma el hecho que origina el conflicto es el servicio aduanero: quien, por lo tanto, debe probar la veracidad de su cuestionamiento y, sólo en caso de lograrlo, transfiere al importador o exportador la obligación de demostrar la legitimidad de su declaración. Es decir que, mientras aquél no produzca prueba eficiente respecto de la necesidad de un ajuste, ninguna carga pesa sobre el particular (doctr. esta Sala, causa “Macnet SA (TF 14723-A) c/ DGA”, sent. del 13/9/05, entre otras).
4. Que los ajustes de valor en materia de importación deben seguir los lineamientos del ya referido Acuerdo de Valoración, incorporado al Código Aduanero por medio de la ley 23.311 (BO 15/07/86).
Allí se establece como principio general en materia de valoración la preeminencia del “valor de transacción”; es decir que éste, tal como es definido en su artículo 1º (el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación), es la primera base para determinar el valor en aduana (cfr. Introducción General), quedando excluido el empleo de valores ficticios o arbitrarios, e instaurándose una noción positiva de valor.
En la Introducción General del Acuerdo se expresa también que el artículo 1º debe considerarse en conjunción con el artículo 8º, que dispone el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos —que, se considera, forman parte del valor en aduana— corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio.
En lo que interesa al caso bajo examen, el artículo 8º, apartado 1º, establece: “[p]ara determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas: …c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercaderías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar…” (énfasis agregado).
Como correctamente lo señaló el organismo jurisdiccional, el Acuerdo asume que la venta de mercadería en ocasiones comprende la transferencia de creaciones de la mente protegidas por la legislación, y prevé que las sumas de dinero abonadas en retribución del derecho a usarlas formen parte del valor en aduana junto con el precio estipulado por los bienes, siempre que concurran, simultáneamente, tres condiciones: a) que existan cánones o derechos de licencia no incluidos en el precio; b) que haya relación entre esos cánones o derechos de licencia y las mercaderías importadas; y c) que su pago sea una condición de venta de las mercaderías importadas (cfr. LASCANO, Juan Carlos, El valor en Aduana de las Mercaderías Importadas, Ed. Osmar D. Buyatti, Buenos Aires, 2007, p. 213).
5. Que, en lo que respecta al segundo requisito —esto es, que el canon o derecho de licencia guarde relación con las mercaderías importadas—, esta Sala ha tenido oportunidad de señalar, sobre la base de lo que expresan el apartado 3°, del artículo 8° del Acuerdo y su nota interpretativa, que esa relación debe poder determinarse mediante datos objetivos y cuantificables. Por lo que, en caso de importarse partes o un insumo constitutivo del producto autorizado por el licenciante, el canon abonado sobre el producto de la venta podría estar total o parcialmente relacionado, o no tener relación alguna con las mercaderías importadas (cfr. causas 30053/23 “Distrinando SA (TF 38078-A) c/ DGA”, sent. del 4/4/24; 8106/15 “Nestlé Argentina SA c/ ANA”, sent. del 10/5/18; 10056/15 “World Sport SA c/ DGA”, sent. del 15/9/15, y sus citas; en especial, Sala III, causa “Neumáticos Goodyear SA c/ DGA”, sent. del 30/4/01).
6. Que, una lectura atenta del pronunciamiento apelado permite ver que el principal argumento en virtud del cual se revocó el ajuste de valor fue, precisamente, por la imposibilidad de discernir qué parte de las regalías giradas al dueño de los derechos de propiedad intelectual se relacionaba con las mercaderías importadas, teniendo en cuenta que aquéllas se calculaban sobre el total de las ventas netas de los productos licenciados, los cuales estaban conformados por insumos provenientes de distintos proveedores, tanto nacionales como extranjeros.
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Ese argumento —que, con independencia del alcance que tuviera la controversia, era oponible a las regalías provenientes de todos los contratos— no mereció comentario alguno del recurrente.
Por otra parte, no está en discusión que, por lo menos una parte de las mercaderías, se comercializaban después de ser objeto de un proceso de transformación, sin que se hallase claramente determinado el porcentaje de insumos importados.
En esas condiciones, debe concluirse que el recurso no cumple con la carga de rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones y, por lo tanto, no puede prosperar (doctr. Fallos: 323:1261 y su cita, entre muchos otros).
7. Que, más allá de lo expuesto, los planteos que hizo el recurrente tampoco resultan atendibles.
En lo que respecta al primer agravio, el pronunciamiento de fs. 230/232 fue suficientemente claro al revocar la resolución recaída en la actuación SIGEA 13681-7- 2013/9 “en cuanto ha sido materia de agravio”. Y se encuentra fuera de discusión que la contienda había quedado circunscripta, como resultado de los pagos parciales efectuados en sede aduanera, a una porción del cargo 222/15 (USD 322.605,65), equivalente al ajuste por regalías devengadas al amparo del contrato de servicios de asistencia técnica para la distribución y venta de los productos licenciados en el territorio nacional.
Nótese que la propia resolución DE PRLA 4003/18 refirió en los considerandos a los pagos efectuados por la actora y, en concreto, confirmó el cargó 222/15 “por el saldo nominal adeudado de…USD 322.605,65…más intereses”, al tiempo que tuvo por cancelado el cargo 223/15 (fs. 164/166, act. adm.).
A su vez, la actora hizo una clara delimitación del objeto de la apelación interpuesta ante el Tribunal Fiscal de la Nación, sin que ello suscitase objeciones de la contraria. En especial, cabe reparar en el monto que aquélla consignó en el formulario F.4 (fs. 1) y en la explicación que proporcionó a fs. 109/vta. —conteste con la que había dado a fs. 114 de la actuación administrativa—, donde pormenorizó que se había allanado con respecto al ajuste por regalías correspondientes al uso de la marca, fórmulas y métodos de fabricación, tanto en lo que respecta a importaciones de empresas vinculadas como independientes, mientras que mantenía su pretensión impugnativa por las regalías devengadas al amparo del contrato de servicio de asistencia técnica.
El Fisco, por su parte, no cuestionó esa imputación de los pagos. Por el contrario, se centró en replicar los argumentos vinculados con el contrato de asistencia técnica (v. esp. fs. 130vta.), así como los planteos subsidiarios, relativos a la metodología de cálculo de las regalías relacionadas según el tipo de producto importado (v. fs. 129/136vta., esp. fs. 130vta.).
Todo esto deja sin sustento el cuestionamiento del recurrente y, al mismo tiempo, permite clarificar la cuestión en debate.
8. Que, se desprende de lo dicho que el tercer agravio del Fisco tampoco puede prosperar, en tanto se relaciona con el ajuste por regalías provenientes del contrato de licencia de uso de marca, que había sido consentido por la contraria.
9. Que, con relación al segundo agravio, deben efectuarse estas aclaraciones: -La copia del contrato de “servicios de asistencia técnica para la distribución y venta de los productos licenciados en el territorio nacional” (único sobre el cual versa esta controversia) se encuentra agregada a fs. 33/37vta. y esa circunstancia fue debidamente advertida en el considerando VII de la decisión apelada. (Esto sin perjuicio de señalar que el tribunal de origen también ponderó que las partes no discutían la existencia ni los términos de los restantes contratos; lo que demuestra que, el hecho de no haberlos tenido a la vista no influyó en la decisión).
-La aparente falta de detalle de las destinaciones involucradas en el ajuste (que en realidad no es tal, porque se encuentra en el CD ensobrado a fs. 18 de los antecedentes administrativos) no fue el argumento dirimente de la decisión.
Más allá de que fuese posible inferir cuáles operaciones versaban sobre insumos importados para fabricación local y cuáles sobre productos importados para reventa, se mantiene en pie la objeción que hiciera el Tribunal Fiscal de Nación en punto a la imposibilidad de determinar qué parte de las regalías se relacionaba con las mercaderías importadas.
10. Que, por último, no es ocioso señalar que el contrato de servicios de asistencia técnica comprendía la provisión de información relacionada con: técnicas y procedimientos de comercialización: técnicas y procedimientos de ventas y promoción; procedimientos contables y administrativos (v. fs. 32vta. y 95/96, act. adm.).
El convenio estaba referido, entre otras cuestiones, a quién, cómo y dónde debía ofrecer los productos de la compañía a las potenciales clientas, a la modalidad de distribución y actividades administrativas posteriores a la venta, con el propósito de proteger un “modelo comercial” o “sistema de ventas”; tal como lo reconoció el propio servicio aduanero en la nota DV EVIN 20/17, mediante la cual se respondieron las impugnaciones de la actora y se ampliaron las conclusiones del estudio de valor (v. esp. fs. 102/103, act. adm.).
Es decir, que ese canon constituía una contraprestación por la transferencia de un know how o conjunto de conocimientos prácticos que no estaba relacionada con las mercaderías en los términos exigidos por el artículo 8º, apartado 1º, inciso c del Acuerdo de Valoración, sino con la forma en que los productos eran vendidos.
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Esta situación se asemeja, más bien, a la de los cánones pagados en virtud del contrato de franquicia del artículo 1512 del Código Civil y Comercial de la Nación, que no deben añadirse al precio realmente pagado o por pagar conforme a la opinión consultiva 4.17 del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas (recopilada en ZOLEZZI, Daniel, Valor en aduana (Código universal de la OMC), La Ley, Buenos Aires, 2022, pp. 272-274 y 340-341).
Todo lo dicho conduce al rechazo de la apelación y a la confirmación de lo resuelto, en tanto no se advierte que haya mediado arbitrariedad en la apreciación de los hechos probados, ni un error de magnitud suficiente como para apartarse de lo decidido (arg. art. 1180, ap. b, del CA).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada, con costas (art. 68, primer párr., del CPCCN). Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por el demandado (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia