Abriendo la norma
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
Lo que resolvió el tribunal
I. Tener por DESISTIDO, por unanimidad, el recurso de casación de la Oficina Anticorrupción, sin costas (arts. 530, 531 in fine);
II. Rechazar, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, sin costas, y tener presente la reserva del caso federal (arts. 530 y 532 del C.P.P.N. y 14 de la ley 48).
En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes septiembre del año dos mil veinticinco, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, con la asistencia del Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 12099/1998/TO1/12/2/1/3/CFC11-RH15, caratulada “COSSIO, Ricardo Juan Alfredo y otros s/ recurso de casación”, de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de esta ciudad, mediante la sentencia del 9 de mayo de 2016, resolvió, en lo que aquí interesa “I. DECLARAR EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN la acción penal en autos respecto de Ricardo Juan Alfredo Cossio, Daniel Carlos Hurrell, Francisco Ramón Figueira, Ricardo Orfidio Martorana, Gustavo Aldolfo Soriani, Alberto Minazzoli, Eduardo Vicente D’Alessandro, Carlos Gustavo Krieger, Antonio José Altieri, Eduardo Novillo Astrada, Carlos Alerto Juni, Félix de Barrio, Juan Carlos Cattáneo, Silvana de la Rúa y Liliana Norma Almosni de Sananes y, en consecuencia, SOBRESEERLOS en orden a los delitos por los que fue elevada la causa a juicio respecto de cada uno de ellos (arts. 59, inc. 3º, 62, inc. 2º y 67 del Código Penal; 336, inc. 1º, del Código Procesal Penal de la Nación” (cfr. LEX 100, CFP 12099/2018/TO1/12/CFC8)
II. Contra la citada resolución, interpusieron recurso de casación la Fiscal General, doctora Gabriela B. 1 Registro Nº 1045/2025.4 Baigún, el 23 de mayo de 2016 y la Oficina Anticorrupción (en adelante, “O.A.”) en su calidad de querellante, el 26 de mayo de 2016.
Ambos recursos fueron concedidos por el a quo a y mantenidos en esta instancia por las partes con fecha 1° de julio de 2016.
III. El Ministerio Público Fiscal encauzó su recurso en el segundo supuesto previsto en el art. 456 del C.P.P.N..
Concretamente, sostuvo que la decisión cuestionada incumplió lo encomendado por esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de celebrar en forma urgente el debate oral y público en estas actuaciones (resolución del 20 de febrero de 2015 que revocó el sobreseimiento de Hurrel y Soriani) y de fijar nueva fecha de debate conforme lo oportunamente indicado (resolución del 23 de abril de 2015 que hizo lugar a la queja del Ministerio Público Fiscal), sin brindar argumentos que lo justifiquen.
Explicó que, si se considerara -como lo entiende el a quo- que el último acto interruptivo de la prescripción de la acción penal fue la citación a juicio del 9 de marzo de 2009 (cfr. art. 67 del C.P.-párr. 4to., inc. ‘d’-, texto según ley 25.990), la acción penal hubiera prescripto el 9 de marzo de 2015. Mientras que, a tenor de lo reglado por dicha norma, según el Ministerio Público Fiscal, el último acto procesal interruptivo computable en autos es la primera fijación de la audiencia de debate dispuesta en autos el 13 de febrero de 2014 y, correlativamente, la acción prescribiría el 13 de febrero de 2020.
Agregó que, cuando un tribunal superior revisa lo actuado por uno inferior, de modo expreso o implícito, analiza de oficio la presencia de nulidades absolutas, de inconstitucionalidades y de prescripciones. Luego, si no procede dictar una decisión en tal sentido, se debe concluir que no se verifica un supuesto de nulidad absoluta, que la acción está vigente o que la norma aplicable es constitucional y, devueltas las actuaciones, el inferior no puede revisar esas cuestiones.
Asimismo, señaló que no resultan atendibles los argumentos del a quo, relativos a la ineficacia de los decretos que habían fijado la audiencia de debate (del 13/02/2014 y del 25/02/2015) para surtir efecto jurídico alguno, por haber sido revocados. Ello, en atención a que lo significativo es que el Tribunal haya entendido que se había concluido un ciclo y que debía comenzar otro, independientemente de que el juicio haya comenzado en las fechas previstas.
En dichas circunstancias, la recurrente calificó al pronunciamiento recurrido de arbitrario, por no constituir una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas en la causa, con afectación del derecho de defensa y el debido proceso legal que también amparan al Ministerio Público Fiscal (Fallos: 299:17; 308:1557; 328:1874 y 329:5323).
Finalmente, señaló que tanto el doctor Hornos como el doctor Gemignani habían manifestado su opinión respecto del tema que nos ocupa, arribando a la conclusión de que la acción penal no se encuentra prescripta. Para el primero de los jueces nombrados, por considerar que los delitos de corrupción son imprescriptibles y, para el segundo, en atención a su posición relativa a que la fijación de la audiencia de debate interrumpe el curso de la prescripción, a tenor de lo normado por el citado art. 67, cuarto párrafo, inciso ‘d’, del C.P.
Sobre la base de los argumentos reseñados el Ministerio Público Fiscal solicitó que se case la resolución impugnada, declarando su nulidad.
Hizo reserva del caso federal.
IV. Por su parte, la O.A. invocó en su recurso de casación los dos supuestos previstos en el art. 456 del C.P.P.N.. Expresó que el tribunal a quo realizó una incorrecta interpretación del derecho aplicable (art. 67, cuarto párrafo, inc. ‘d’, del C.P., texto según ley 25.990), omitiendo considerar la parte final de dicho inciso. Por esa razón, la decisión recurrida se encuentra en pugna con el principio de razonabilidad y no se ajusta a los parámetros de justicia material.
Señaló que la estrategia de la defensa se orientó a entorpecer el avance del proceso “logrando la extinción de la pretensión punitiva por el paso del tiempo”. En ese sentido recordó, a modo de ejemplo, que la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de la parte querellante fue planteada en al menos cuarenta y cinco (45) oportunidades, a lo largo de once (11) años, abarcando la etapa de instrucción y la de juicio, con intervención del Juzgado, la Cámara de Apelaciones, el Tribunal Oral y esta Cámara Federal de Casación Penal.
Postuló que la correcta aplicación del art. 67, cuarto párrafo, inc. ‘d’, del C.P. (texto según ley 25.990), en el supuesto de autos implica considerar que la capacidad interruptiva de dicho precepto no se agota en el auto de citación a juicio, sino que la referencia a un “acto procesal equivalente”, impone considerar en la especie el auto de fijación de la audiencia de debate. Remarcó que lo relevante para la fijación de audiencia de debate es que el Tribunal ha estimado que la etapa preparatoria del debate se encuentra culminada. Por ello entiende que la fijación de audiencia para el inicio del debate implica per se la interrupción de los plazos y que, contrariamente a lo afirmado por el a quo, el hecho de que se hayan dejado sin efecto los decretos del 13 de febrero de 2014 y 25 de febrero de 2015, no le restan aptitud interruptiva.
Afirmó que la postura de la O.A. se corresponde con el deber de enjuiciar a los presuntos responsables de delitos de corrupción, que emana de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, al ratificar las convenciones de lucha contra la corrupción adoptadas por la O.E.A. y la O.N.U. (Convención Interamericana contra la Corrupción, en adelante “C.I.C.C.”, - ratificada por Ley 24.759, publicada el 17 de enero de 1997, con entrada en vigor a mediados de ese mismo año- y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en adelante “C.N.U.C.C.”, -ratificada por Ley 26.097, publicada el 9 de junio de 2006-).
Por otro lado, la parte querellante alegó la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado dado que, a su entender, existe una contradicción en los fundamentos brindados por el tribunal oral. Ello así, toda vez que el a quo aplicó al caso el art. 67 del C.P. (texto según ley 25.990) por considerarlo más benigno y, al mismo tiempo descartó la aplicación de las aludidas convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, por haber entrado en vigencia con posterioridad a los hechos investigados.
Agregó que los instrumentos internacionales referidos se encuentran atravesados por claros lineamientos dirigidos a combatir los actos de corrupción, que sirven como pauta interpretativa de las disposiciones legales que rigen la investigación y sanción de los delitos abarcados por tales convenciones.
En ese orden de ideas, la O.A. invocó el art. II.1 de la C.I.C.C. (los Estados Parte deben “promover y fortalecer el desarrollo... de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción”) y el art. 1.a. de la C.N.U.C.C. (establece como finalidad la de “promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir eficaz y eficientemente la corrupción”) y solicitó que se interpreten los preceptos legales que rigen el ejercicio de la potestad punitiva en ese sentido, con el fin último de determinar la verdad material y, si correspondiera, sancionar a los responsables.
Por último, la parte querellante solicitó que se haga lugar el recurso interpuesto e hizo reserva del caso federal.
V. Que durante el término previsto por los arts. 465, cuarto párrafo, y 466, ambos del C.P.P.N., se presentó la O.A. y, en lo medular, solicitó que se case la sentencia impugnada en base a los argumentos desarrollados en el recuro de casación (cfr. presentación del 2 de agosto de 2016).
En la misma oportunidad procesal, se presentaron los defensores particulares que asisten técnicamente a Ricardo J. A. Cossio y argumentaron que la fijación de la audiencia de debate no está contemplada taxativamente como un acto interruptivo de la prescripción en el art. 67, cuarto párrafo, inc. ‘d’ del C.P. Señalaron que la conjunción disyuntiva “o” utilizada en el texto legal impide asignar aptitud interruptiva a la citación de las partes a juicio y, de modo concurrente, a la fijación de la audiencia de debate.
Además, sostuvieron que los hechos investigados en autos no encuadran en los hechos de corrupción previstos en las convenciones internacionales invocadas por los acusadores y tenidas en cuenta por el a quo para descartar la imprescriptibilidad de la acción penal.
A su entender “es un hecho indiscutible, que ha transcurrido el término de los seis años que median entre el auto de citación a juicio (emitido el 2 de marzo de 2009) y el 2 de marzo de 2015”, sin que se haya dictado sentencia condenatoria en perjuicio de Cossio.
Finalmente, hicieron reserva del caso federal (cfr. presentación del 11 de agosto de 2016).
A su turno, la defensa particular de Alberto Minazzoli planteó la improcedencia de los recursos interpuestos por la parte querellante y el Ministerio Público Fiscal ya que no se evidencian las causales establecidas en el art. 456 del C.P.P.N., sino una mera discrepancia con lo resuelto por el a quo. Sobre esa base, solicitó el rechazo de ambos recursos (cfr. presentación del 12 de agosto de 2016).
Oportunamente, los letrados defensores de Eduardo Novillo Astrada también solicitaron el rechazo de los recursos de las partes acusadoras pues, a su entender, el tribunal de juicio realizó una correcta interpretación de la disposición legal en juego, según la ley aplicable y las circunstancias particulares del caso (cfr. art. 67, párrafo cuarto, inc. ‘d’, del C.P., texto según ley 25.990). Añadieron que las convenciones internacionales invocadas por los recurrentes no aluden a la imprescriptibilidad de estos delitos y que la posición del señor juez Gemignani es aislada en este Tribunal. Destacaron que el Código Penal contiene un régimen especial de suspensión del curso de la prescripción mientras los funcionarios imputados continúan en sus cargos (art. 67, segundo párrafo, del C.P.) y, subsidiariamente, que la duración razonable del proceso está superada en el sub examine (cfr. presentación del 12 de agosto de 2016). También se presentó el defensor particular de Eduardo Vicente D’Alessandro, quien solicitó el rechazo de ambos recursos por considerar que lo resuelto por el a quo es ajustado a derecho y a las circunstancias del caso. Por otro lado, alegó respecto de la duración irrazonable del proceso.
Hizo reserva del caso federal (cfr. presentación del 16 de agosto de 2016).
Seguidamente, la defensa particular de Félix de Barrio y Carlos Gustavo Krieger, solicitó el rechazo de los recursos en el entendimiento de que los impugnantes no lograron demostrar el yerro ni la arbitrariedad de la resolución cuestionada sino que postulan una interpretación diferente de la ley (cfr. presentación del 17 de agosto de 2016).
Por último, se presentó el Defensor Público Coadyuvante que asiste técnicamente a Liliana Almosny de Sananes, Daniel Carlos Hurrell y Gustavo Alberto Soriani. En lo sustancial, planteó la falta de legitimación de los acusadores para recurrir, en virtud de que el derecho al recurso ampara al imputado y no a los acusadores. Avaló la interpretación del art. 67 de C.P. efectuada por el tribunal oral por considerar que es constitucionalmente válida e hizo reserva del caso federal (cfr. presentación del 24 de agosto de 2016).
VI. Que en el marco de la etapa prevista por los arts. 465, último párrafo, del C.P.P.N., compareció a la audiencia el doctor Luis A. Salvador Borzone, en ejercicio de la defensa de Ricardo Juan Alberto Cossio e informó oralmente (cfr. acta del 24 de noviembre de 2016). Por su parte, presentaron breves notas los defensores de Alberto Minazzoli (cfr. presentación del 23 de noviembre de 2016), Juan Carlos Cattaneo (cfr. presentación del 24 de noviembre de 2016) Carlos Juni (cfr. presentación del 24 de noviembre de 2016), Eduardo Vicente D’Alessandro (cfr. presentación del 24 de noviembre de 2016), Félix De Barrio y Carlos Gustavo Krieger (cfr. presentación del 24 de noviembre de 2016), la Oficina Anticorrupción -parte querellante- (cfr. presentación del 24 de noviembre de 2016) y el Ministerio Público Fiscal (cfr. presentación del 24 de noviembre de 2016).
VII. Que con fecha 7 de diciembre de 2016, esta Sala IV -con una integración parcialmente diferente a la actual- resolvió, por mayoría, “HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos a fs. 160/168 por el Ministerio Público Fiscal, y a fs. 171/181 por la parte querellante, en su carácter de representantes de la Oficina Anticorrupción, y REVOCAR la resolución de fs. 135/147 vta. recurrida; debiendo remitirse el proceso al tribunal de origen para que en forma inminente continúe con su sustanciación y fije audiencia de debate oral para el presente proceso a la mayor brevedad posible. Sin costas (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.)”(Reg. Nº 1595/16.4, CFP 12099/2018/TO1/12/CFC8).
VIII. Que contra dicho decisorio, las defensas de Eduardo Novillo Astrada, Alberto Minazzoli, Ricardo Juan Alfredo Cossio, Juan Carlos Cattáneo, Carlos Alberto Juni, Félix De Barrio y Carlos Gustavo Krieger, Gustavo Adolfo Soriani y Daniel Carlos Hurrell interpusieron recurso extraordinario federal.
Los remedios federales fueron declarados inadmisibles –por mayoría- el 4 de mayo de 2017 (Reg. 453/17.4, CFP 12099/1998/TO1/12/2/1) y las defensas de Eduardo Novillo Astrada, Alberto Minazzoli, Ricardo Juan Alfredo Cossio, Juan Carlos Cattáneo, Carlos Alberto Juni, Félix De Barrio y Carlos Gustavo Krieger interpusieron recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con fecha 12 de junio de 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió “Que resultan aplicables al caso, mutatis mutandis, los fundamentos y conclusiones expresados por el Tribunal el 18 de diciembre de 2012 en la causa CSJ 141/2010 (46-E)/CS1 "Eraso, Raúl Alfredo y otro s/ causa nro. 8264", a los cuales corresponde remitir en lo pertinente. Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado”(cfr. CFP 12095/1998/TO1/12/1/6/RH6, CFP 12095/1998/TO1/12/1/2/RH7, CFP 12095/1998/TO1/12/1/3/RH8, CFP 12095/1998/TO1/12/1/4/RH9, CFP 12095/1998/TO1/12/1/5/ RH10 y CFP 12095/1998/TO1/12/1/6/RH11).
Devueltas las actuaciones a esta sede, se notificó de ello a las partes (cfr. decreto del 2 de julio de 2018) y las actuaciones quedaron en estado de dictar sentencia.
Con fecha 29 de agosto de 2018, con una integración parcialmente diferente y, por mayoría, se resolvió: “I. HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos a fs. 160/168 por el Ministerio Público Fiscal, y a fs. 171/181 por la Oficina Anticorrupción en su carácter de parte querellante, REVOCAR la resolución impugnada de fs. 135/147 vta. y REMITIR la causa al tribunal de origen para que en forma inminente continúe con su sustanciación y fije audiencia de debate oral para el presente proceso a la mayor brevedad posible. Sin costas (arts. 470, 530 y ss. del C.P.P.N.). II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada por las defensas” (cfr. Reg. 1075/18.4).
Que, contra dicho decisorio, las defensas de Alberto Minazzoli, Juan Alfredo Cossio, Eduardo Novillo Astrada, Juan Carlos Cattaneo, Félix de Barrio y Carlos Gustavo Krieger, Daniel Carlos Hurrel, Gustavo Adolfo Soriani y Liliana Almosny, y Carlos Alberto Juni interpusieron recurso extraordinario federal.
Los remedios federales fueron declarados inadmisibles –por mayoría- el 13 de diciembre de 2018 (Reg. 1968/18.4, CFP 12099/1998/TO1/12/2/1) y las defensas de De Barrio y Carlos Gustavo Krieger, Minazzoli, Cossio, Soriani, Cattaneo, Novillo Astrada y Juni, interpusieron recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es así que con fecha 17 de julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del presente legajo CFP 12099/1998/TO1/12/2/1/3/RH15 caratulado “Recurso de hecho deducido por la defensa de Félix de Barrio y Carlos Gustavo Krieger en la causa Cossio, Ricardo Juan Alfredo y otros s/ incidente de recurso extraordinario", resolvió: “1) Declarar inoficioso un pronunciamiento del Tribunal en relación con Félix de Barrio; 2) De conformidad con lo dictaminado, se hace lugar a la queja interpuesta por Carlos Gustavo Krieger, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos principales (recibidos en la queja CFP 12099/1998/TO1/12/1/1/RH13) al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a la presente. Notifíquese y cúmplase”.
En la misma fecha en el marco del legajo CFP 12099/1998/TO1/12/2/1/1/RH13, caratulado “Recurso de hecho deducido por la defensa de Alberto Minazzoli en la causa Cossio, Ricardo Juan Alfredo s/ incidente de recurso extraordinario”; del legajo CFP 12099/1998/TO1/12/2/1/2/RH14 caratulado “Recurso de hecho deducido por la defensa de Ricardo Juan Alfredo Cossio en la causa Cossio, Ricardo Juan Alfredo s/ incidente de recurso extraordinario”; del legajo CFP 12099/1998/TO1/12/2/1/4/RH16 caratulado “Recurso de hecho deducido por la defensa de Gustavo Adolfo Soriani en la causa Cossio, Ricardo Juan Alfredo s/ incidente de recurso extraordinario”; del legajo CFP 12099/1998/TO1/12/2/1/5/RH17 caratulado “Recurso de hecho deducido por la defensa de Juan Carlos Cattaneo en la causa Cossio, Ricardo Juan Alfredo y otros s/ incidente de recurso extraordinario”, del legajo CFP 12099/1998/TO1/12/2/1/7/RH20 caratulado “Recurso de hecho deducido por la defensa de Eduardo Novillo Astrada en la causa Cossio, Ricardo Juan Alfredo s/ incidente de recurso extraordinario” y ; del legajo CFP 12099/1998/TO1/12/2/1/8/RH21 caratulado “Recurso de hecho deducido por la defensa de Carlos Alberto Juni en la causa Cossio, Ricardo Juan Alfredo s/ incidente de recurso extraordinario”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió “… de conformidad con lo dictaminado, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos principales (recibidos en la queja CFP 12099/1998/TO1/12/1/1/RH13) al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a la presente. Remítase la queja. Notifíquese y cúmplase”.
Mediante el referido dictamen de fecha 1° de julio de 2021, se expresó -en lo medular- que: “En las condiciones reseñadas, cabe observar con carácter previo a lo sustancial del caso que, al igual que en la anterior intervención del Tribunal, la sentencia dictada en su consecuencia, ahora impugnada, exhibe, en cuanto a la formación de mayoría de votos, el mismo defecto que ha sido advertido por esta Procuración General en el dictamen emitido el 9 de octubre de 2020 en la causa CFP 6082/2007/TO1/35/CS1, “P,Enrique José y otros s/defraudación contra la administración pública y asociación ilícita”, a cuyos fundamentos y conclusiones remitir en beneficio de la brevedad. En atención a lo allí expuesto y sin que esto implique abrir juicio sobre el fondo de las cuestiones debatidas, opino que corresponde hacer lugar a la queja, dejar sin efecto la sentencia apelada y ordenar —con la premura que el caso y el orden público involucrado exigen— el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho”.
IX. Devueltas nuevamente a esta sede las actuaciones, por decreto del 18 de julio de 2025, se acumularon los legajos mencionados al presente y, se fijó audiencia a los fines previstos en el artículo 465, último párrafo y 468 del Código Procesal Penal de la Nación, para el día 11 de septiembre de 2025 a las 11:30 horas. A la audiencia mencionada comparecieron, los doctores Luis Alfonso Salvador Borzone y Conrado César Bergessio junto con su asistido Ricardo Juan Alfredo Cossio; el doctor Ramiro Salaber, por la defensa particular de Eduardo Novillo Astrada y; los doctores Andrea Seijas y Federico Medina Fernández, por la defensa particular de Carlos Juni.
Por su parte, los letrados defensores de Minazzoli, Cossio, Cattáneo, Altieri, Krieger, Soriani y Juni presentaron breves notas, solicitando el rechazo del recurso del Ministerio Público Fiscal.
Superada dicha etapa procesal, quedaron las actuaciones en condiciones de ser resueltas. Efectuado el sorteo de estilo, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. La presente causa se inició a raíz de la denuncia presentada el 29 de mayo de 1996 por un grupo de legisladores, mediante la cual solicitaron que se investigue la presunta contratación irregular -por la forma directa de contratación y por los elevados montos- de servicios informáticos destinados al funcionamiento de la entonces Dirección General Impositiva.
Las contrataciones que finalmente conformaron el objeto procesal de la presente causa fueron celebradas en el año 1994 y 1995, a fin de dotar a la mencionada agencia de los sistemas informáticos SIJyP y SITRIB.
Por los hechos mencionados las partes fueron citadas a juicio el 9 de marzo de 2009, declarándose luego, el 9 de mayo de 2016, la extinción de la acción penal por prescripción; decisión impugnada por las partes acusadoras.
II. Previo a ingresar al examen de la resolución recurrida, cabe señalar que con fecha 5 de abril de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de esta ciudad, declaró extinguida por muerte la acción penal respecto de Félix de Barrio (cfr. Lex 100, CFP 12099/1998/TO1/30). Por ello, los argumentos expuestos por el doctor Nuñez en cuanto ejercía la defensa conjunta de De Barrio y Krieger, deben ser entendidos -en la actualidadsólo en referencia a Krieger.
En otro orden, de acuerdo a lo informado por el tribunal oral con fecha 5 de agosto de 2025 mediante DEO N° 19464712, la causa principal no cuenta con parte querellante.
En efecto, de la compulsa de los autos principales surge que el titular de la Oficina Anticorrupción, Dr. Félix Pablo Crous, decidió desistir del rol de querellante, solicitando en consecuencia los representantes del organismo que se lo aparte del carácter oportunamente asumido (cfr. presentación del 28 de agosto de 2020).
Es así que, con fecha 1° de septiembre de 2020, el a quo tuvo a la Oficina Anticorrupción por apartada de su aquel rol, por lo que, en las actuales circunstancias procesales de la causa, corresponde tener por desistido el recurso de casación oportunamente presentado por el mencionado organismo.
III. Aclarado cuanto antecede, el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal resulta formalmente admisible toda vez que la sentencia recurrida es de aquellas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), la recurrente se encuentra legitimada en virtud de los arts. 458 y 460 del C.P.P.N., los planteos esgrimidos encuadran dentro de los motivos previstos en el art. 456 del C.P.P.N. y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación exigidos por el art. 463 del citado código ritual.
Con relación al específico cuestionamiento de la defensa pública oficial que asiste a Liliana Almosny de Sananes, Daniel Carlos Hurrell y Gustavo Alberto Soriani relativo a legitimación de la recurrente en autos, resulta necesario recordar que, conforme el texto expreso del citado art. 458 del C.P.P.N., el Ministerio Público Fiscal se encuentra facultado para recurrir un decisorio como el aquí impugnado (“autos a los que se refiere el artículo anterior”, entre los que se encuentra el sobreseimiento, ya que pone fin a la acción, cfr. art. 457 del C.P.P.N.). En ese marco, la defensa oficial no ha logrado demostrar -ni tampoco se advierte- que las facultades que la legislación procesal le asigna al Ministerio Público Fiscal, en supuestos como el de autos, resulte incompatible con las normas convencionales invocadas en el término de oficina, que garantizan el derecho al recurso del imputado. Además, no puede soslayarse que la defensa no formuló una crítica concreta de orden constitucional con respecto a las normas que rigen el caso en estudio. Por lo demás, la defensa tampoco acreditó que exista una relación de sustancial analogía entre el presente caso y los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que invoca.
En orden a lo expuesto, corresponde dar tratamiento al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal.
IV. En el presente caso no se encuentra controvertido que la ley aplicable para el análisis de la vigencia de la acción penal es el texto del art. 67 del C.P., según la reforma introducida por ley 25.990 (B.O. 11/01/2005); en atención a la concreta imputación formulada por las partes acusadoras en el sub lite.
Lo que la recurrente cuestiona es el alcance asignado por el tribunal oral al cuarto párrafo, inc. ‘d’ de dicha disposición legal, en cuanto establece que la prescripción de la acción penal se interrumpe por “El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente”. De acuerdo al criterio esgrimido por la impugnante, la expresión “acto procesal equivalente” comprende al acto de fijación de la audiencia de debate. De allí que alegue que en las presentes actuaciones no habría operado el término prescriptivo computable (6 años, cfr. arts. 62 -inc. 2º-, 173 -inc. 7º- y 174 -inc. 5º- del C.P.).
Con relación a la cuestión objeto de controversia, es pertinente destacar que la reforma introducida por la ley 25.990 al art. 67 del C.P. estableció, taxativamente, en los incisos ‘b’ al ‘d’ los actos procesales que tienen virtualidad interruptiva del curso de la prescripción, con la finalidad de dotar de contenido a la expresión “secuela de juicio” utilizada en el texto de la versión anterior de la norma. En efecto, la disposición legal, en el tramo que nos convoca, prescribe: “La prescripción se interrumpe solamente por” y seguidamente, luego de contemplar el supuesto de “comisión de otro delito” (inc. ‘a’, igual que en la redacción previa), establece un detalle de los actos procesales que revisten dicha aptitud interruptiva (incisos ‘b’ al ‘d’). Puntualmente, a tenor de lo normado por el art. 67, inc. ‘d’ del C.P. (texto según ley 25.990), la prescripción se interrumpe por “el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente”.
Por consiguiente, más allá de la naturaleza y efectos que se pueda asignar a la fijación de la audiencia de debate, lo cierto es que, por imperio del principio de legalidad (art. 18 de la C.N.), corresponde tener en cuenta que la específica redacción de la norma –en cuanto contiene la conjunción disyuntiva “o”- sólo asigna carácter interruptivo a uno de los dos actos del proceso, pero no a ambos de modo concurrente.
Asimismo, cabe señalar que, cuando el art. 67, inc. ‘d’ del C.P. (texto según ley 25.990) alude a un “acto procesal equivalente” al auto de citación a juicio como supuesto de interrupción del curso de la prescripción de la acción penal “se refiere a los procedimientos provinciales que no contemplan dicho auto” (LESCANO (h), Carlos J. Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, BAIGÚN, David y ZAFFARONI, Eugenio R. directores, Hammurabi, Bs. As., 2002, 2° edición actualizada y ampliada, T. II- B, pág. 261).
En consonancia con el criterio interpretativo aquí sustentado, en el caso “Demaría”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “los términos de la reciente ley 25.990, modificatoria del artículo 67 del Código Penal, párrafos 4 y 5, -a la que esta Corte consideró de manera explícita como más benigna (Fallos: 328:4274)- que [...] -sin eliminar la idea de la existencia de actos interruptores de la acción penal- consagra una enumeración taxativa de cuáles son los que asumen tal naturaleza, superándose así la imprecisión que la anterior ley podría presentar.
Resulta importante destacar que la nueva legislación no abandona el esfuerzo en mantener el equilibrio entre Nación y provincias -desde un código que debe regir en toda la República toda vez que además de realizar una enumeración de los actos con naturaleza interruptora de la prescripción, permite su asimilación a los institutos similares previstos en las normas locales” (Fallos: 337:354, cons. 14°).
El criterio interpretativo expuesto no resulta novedoso pues ya he tenido oportunidad de pronunciarme como juez de esta Cámara Federal de Casación Penal respecto de la taxatividad de las causales previstas en el art. 67 del C.P. (cfr., en lo pertinente y aplicable, Sala IV: causa nro. 14.281 “Carbonari, Silvio Luis s/recurso de casación”, reg. nro. 1117/12 del 3/7/12; causa nro. 12.853 “Simmermacher, Jorge Augusto Carlos s/recurso de casación”, reg. nro. 956/12 del 15/6/12; causa nro. 13.948 “Boffil, Alejandro Arturo y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 1448/12 del 28/8/12; causa nro. 14.778 “Copsel, Jorge Adolfo y otros s/recurso de casación” reg. nro. 661.4 del 7/5/13; causa nro. 16.670 “Yoma, Emir Fuad s/recurso de casación” reg. nro 1607/14.4 del 15/8/14; causa nro. 16.671 “Yoma, Alfredo Carim s/recurso de casación” reg. nro. 1606/14.4 del 15/8/14; causa CFP 16133/2007/TO1/5/CFC2 “Lynch, Santiago s/recurso de casación” reg. nro. 1021/16.4 del 22/08/16; causa FCB 71006740/2009/TO1/CFC1 “GOMEZ, Mario César s/recurso de casación" reg. nro. 1152/17.4 del 31/8/17 y causa FPO 91000023/2012/TO1/2/1/CFC1 “GONZALEZ, Francisco Ramón s/recurso de casación” reg. nro. 380/18.4 del 23/04/18. Sala I: causa nro.14.232 “María Alfredo Julio y otros s/recurso de casación” reg. nro. 19.517 del 16/5/12. Sala II: causa nro. 14.560 “Rudaeff, Juan Carlos y otros s/recurso de casación” reg. nro . 1277/16 del 15/7/2016. Sala III: causa nro. 1255/2013 “Saramaga Rodríguez, Daniel Jorge s/recurso de casación” reg. nro. 1044/14 del 13/6/14, entre muchos otros)
Y, en particular, me he pronunciado sobre la cuestión aquí debatida, esto es, la interpretación del art. 67 inc. ‘d’ del C.P. (cfr., en lo pertinente y aplicable, CFCP, Sala IV: causa N° 11.361, “FLORES, Roberto Duarte s/recurso de casación”, reg. nº 1117/12.4 del 03/07/2012; causa 13.245 “Rezola, Julio Francisco s/ recurso de casación”, reg. nº 1757/12.4 del 27/09/2012; causa CFP 2377/2012/CFC1, “HALL LLATAS, Oscar s/ recurso de casación”, reg. nº 1350/16.4 del 24/10/2016).
V. Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal alega que si el caso de autos se rige por la ley 25.990, por ser la ley más benigna (cuestión no controvertida en la instancia, según lo supra expuesto), el examen de la vigencia de la acción penal debe ser analizado tomando en consideración los principios establecidos en las convenciones de lucha contra la corrupción adoptadas por la O.E.A. y la O.N.U. (Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificadas por las leyes 24.759 y 26.097, respectivamente).
Al respecto, tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, incluyen entre sus propósitos la promoción por parte de los Estados Partes de medidas necesarias para combatir eficaz y eficientemente la corrupción y sancionar tanto los actos de corrupción realizados en el ejercicio de las funciones públicas como de los actos de corrupción específicamente vinculados (art. II.1 de la convención regional y arts. 1.a. y 60.1.a de la convención universal antes citadas).
Sin embargo, en el marco de la actividad jurisdiccional, dichos principios encuentran coto en la concreta redacción de la norma aplicable al caso en examen (art. 67 del C.P., texto según ley 25.990) y en los principios hermenéuticos que rigen su interpretación (cfr. CFCP, Sala IV, en lo pertinente y aplicable, causas nros. 1253/2013 y 783/2013, caratuladas “ALSOGARAY, María Julia s/recurso de casación”, resueltas mediante el reg. nº 667/2014.4 del 24/04/2014).
En dicho marco jurisdiccional, esta Sala IV, con una integración parcialmente diferente, desde el año 2013, encomendó en múltiples oportunidades que se celebre el debate oral y público en las presentes actuaciones con la urgencia que el caso reclamaba y ello no se cumplió. El referido exhorto al tribunal de juicio tuvo lugar en cada una de las intervenciones de esta sala IV en las cuales se resolvió revocar el sobreseimiento por prescripción por violación al plazo razonable de juzgamiento que había sido dispuesto por el a quo respecto de los imputados Novillo Astrada, Hurrell, Soriani, De Barrio, Krieger, Cossio, D’Alessandro, Altieri y Martorana (CFCP, Sala IV, 2013: causa nº 516/2013, “Novillo Astrada, Eduardo s/ recurso de casación”, reg. nº 2102/13 del 28/10/2013; causa nº 898/2013, “Hurrell, Daniel Carlos y Soriani, Gustavo Adolfo s/ recurso de casación”, reg. nº 2663/13 del 27/12/2013. 2014: causa nº 1329/2013, “De Barrio, Félix y Krieger, Carlos Gustavo s/recurso de casación”, reg. nº 1137/14 del 13/06/2014; causa nº 1882/2013, “Cossio, Ricardo Juan Alfredo s/recurso de casación”, reg. nº 1011/14 del 30/05/2014; causa nº 1490/2013, “D’Alessandro, Eduardo Vicente s/recurso de casación”, reg. nº 1010/14 del 30/05/2014; causa nº 1491/2013, “Altieri, Antonio José s/recurso de casación”, reg. nº 685/14 del 25/4/2014; causa nº 1881/2013, “Martorana, Ricardo O. s/ recurso de casación”, reg. nº 1476/14 del 11/7/2014).
En las posteriores intervenciones de esta alzada, en las cuales se revocó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal respecto de los imputados Cattaneo, De Barrio, Krieger, Hurrell, Soriani, Altieri, Juni, De la Rua, Almosni de Sananes, Minazzoli y Figueira -que había sido dictada por el a quo por considerar nulo el requerimiento de elevación a juicio de la parte querellante (O.A.)- también se encomendó que se celebre en forma urgente la realización del debate oral y público (CFCP, Sala IV, 2015: causa CFP 12099/1998/TO1/4/CFC1, “Juan Carlos CATTANEO s/recurso de casación, reg. nº 155/2015.4; causa CFP 12099/1998/TO1/6/CFC3, “Félix DE BARRIO y Carlos Gustavo KRIEGER s/recurso de casación”, reg. nº 156/2015.4: causa CFP 12099/1998/TO1/7/CFC4, “Daniel Carlos HURRELL y Gustavo Adolfo SORIANI s/recurso de casación”, reg. nº 157/2015.4; causa CFP 12099/1998/TO1/8/CFC5, “Antonio José ALTIERI, Carlos Alberto JUNI, Silvina DE LA RUA, Liliana Norma ALMOSNI DE SANANES, Alberto MINAZZOLI y Francisco Ramón FIGUEIRA s/recurso de casación”, reg. nº 158/2015.4 - todas resueltas el 20/02/2015-).
Finalmente, se reiteró la necesidad de fijar fecha de debate oral y público en el legajo CFP 12099/1998/TO1/9/RH1 (reg. nº 724/2015.4 del 23/04/2015) con motivo de la queja del Ministerio Público Fiscal frente al incumplimiento de lo reiteradamente ordenado por esta Sala IV.
VI. En atención a lo antes manifestado, y no habiendo la recurrente presentado otros agravios, cabe concluir que lo resuelto por el a quo en el decisorio impugnando resulta ajustado a derecho y a las circunstancias comprobadas del caso.
Pues, desde la fecha de la citación a juicio dispuesta en las actuaciones principales (09/03/2009, cfr. art. 354 del C.P.P.N.)hasta el presente, operó el término prescriptivo de la acción penal computable (6 años), sin que se haya constatado durante su curso algún otro acto con virtualidad interruptiva, de conformidad con lo taxativamente normado por el art. 67 del C.P. (texto según ley 25.990).
Por lo demás, no puede soslayarse que en la actualidad, la acción se encuentra prescripta incluso desde la perspectiva postulada por del Ministerio Público Fiscal en su recurso; extremo que resulta pertinente destacar, en atención a las consideraciones expuestas por mis distinguidos colegas -las que tomé conocimiento producto de la deliberación (arts. 465 bis y 469 del C.P.P.N.)-, quienes expresaron distintas opiniones en torno a si el delito de autos resultaba, o no, imprescriptible a tenor de lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Nacional.
Al respecto, he de señalar que el a quo al momento de resolver expresó: “No existe instrumento internacional alguno que declare la imprescriptibilidad de las conductas aquí investigadas, o costumbre consolidada que disponga su persecución ilimitada en el tiempo, que autoricen a dejar de lado la prohibición de aplicación retroactiva de la ley y las normas del Código Penal que regulan la prescripción como modo de extinción de la acción penal, ambas protegidas por el principio de legalidad (Fallos: 287:76); máxime cuando, desde la entrada en vigor de la ley n° 25.188 -posterior al primero de los pactos aludidos- [Convención Interamericana contra la Corrupción], el legislador estableció limitaciones especiales (suspensión) a la operatividad del instituto para los casos de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública (art.67, 2° párrafo, del CP), por lo que no es posible afirmar que no haya contemplado el supuesto en trato o, mucho menos, expresado su intención de excluirlos del régimen. Tampoco corresponde equiparar dichos delitos a los de lesa humanidad como forma de predicar su imprescriptibilidad -sí prevista en el último caso-, toda vez que ello está vedado por otra de las derivaciones del nullum crimen sine lege: la prohibición de analogía in malam partem”.
La referida argumentación no fue cuestionada por la representante del Ministerio Público Fiscal en el recurso de casación en estudio sino que, tal como señalé al comienzo de mi voto, sólo controvierte el alcance que el tribunal oral otorgó al cuarto párrafo, inc. ‘d’ de del art. 67 del C.P., según la reforma introducida por ley 25.990 (B.O. 11/01/2005) en cuanto se refiere al “… auto de citación a juicio o acto procesal equivalente”.
En efecto, en el recurso de casación, la Fiscal sostuvo que “… Siguiendo esta línea de razonamiento, la acción penal en las presentes actuaciones, prescribiría el 13 de febrero de 2020, debido a que se fijó por primera vez fecha para la audiencia de debate el día 13 de febrero del año 2014” y agregó, en orden a las convenciones internacionales que rigen la meteria, que “ …no se trata aquí de aplicar ninguna ley penal en forma reactiva. Dicho proceder, obviamente, se encuentra vedado por nuestro ordenamiento legal y constitucional. Lo que se encuentra en juego en este caso, es seguir o no los lineamientos que surgen de esas convenciones para la investigación y castigo de hechos de esa naturaleza (…) el juzgamiento de estos hechos no constituyen desgaste ni un dispendio jurisdiccional. No importa la voluminosidad del expediente, ni la cantidad de testigos o de imputados. Lo relevante es ventilar en un debate oral y público los hechos que constituyen el objeto procesal de la presente causa (…) En este punto, entiendo pertinente, reiterar que la realización del juicio es la única vía de cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el orden internacional, tanto a nivel global como regional (…) asimismo, la realización del debate constituye la única forma de cumplir con lo dispuesto con el Tribunal Superior Jerárquico, es decir por la Sala IV de la CFCP, que en reiteradas oportunidades ordenó la pronta fijación de la audiencia de juicio”.
De ello se sigue sin mayor esfuerzo que la concreta pretensión impugnaticia traída a consideración de este tribunal por la Fiscalía lleva implícita, como presupuesto necesario, la prescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Aunado a lo expuesto, en función de los motivos desarrollados en esta ponencia para rechazar el remedio casatorio impetrado por el acusador público, en razón de la interpretación del derecho común que debe efectuarse sobre el momento en que ha operado la prescripción de la acción penal en autos, va de suyo que la misma no es imprescriptible por mandato constitucional; más aún, cuando no se ha efectuado impugnación constitucional alguna contra lo normado en el artículo 67 del Código Penal.
En este sentido, cabe memorar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de señalar que las especiales características del hecho juzgado, su particular gravedad y también el carácter de funcionario público que ostentara un imputado, no autorizan a soslayar el análisis de las pautas necesarias para verificar un compromiso a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable (cfr., en lo pertinente y aplicable, C.S.J.N., in re “Menem”, Fallos: 347:1787, Consid. 9º); situación que, necesariamente presupone entonces la posibilidad de declararse la prescripción de la acción. A ello cabe aunar que, el Máximo Tribunal también ha dejado sin efecto pronunciamientos que han pretendido adjudicar el carácter de imprescriptibles a delitos que incluso calificó como aberrantes (cfr. causa CSJ 294/2011 (47-F)/CS1, “Funes, Gustavo Javier y otro s/ encubrimiento etc. - incidente de excepción por extinción de la acción penal - recurso extraordinario”, del 14/10/2014; e “Ilarraz”, Fallos: 348:611).
Por ello, comparto que es inaplicable al sub examine una tesitura que implique reputar imprescriptible la acción penal, tal como lo propicia el doctor Javier Carbajo (cfr. en lo pertinente y aplicable mi voto en CFCP, Sala IV, CFP 6082/2007/TO1/35 “ROGGENBAU, Edgardo Enrique s/ recurso de casación”, reg. 745/22.4, rta. el 10 de junio de 2022 y CFP 10247/1998/TO1/CFC7, “BERAJA, Rubén Ezra y otros s/ recurso de casación”, reg. 1255/20, rta. el 31 de julio de 2020).
VII. Por lo expuesto, propicio al Acuerdo: I.
Tener por desistido el recurso de casación de la Oficina Anticorrupción, sin costas (arts. 530, 531 in fine) y II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, sin costas, y tener presente la reserva del caso federal (arts. 530 y 532 del C.P.P.N. y 14 de la ley 48).
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. En primer término, adhiero al voto anterior en cuanto propone tener por desistido el recurso de casación oportunamente presentado por la Oficina Anticorrupción en orden a los motivos allí expresados y que comparto en lo sustancial.
II. En cuanto a los antecedentes del caso y a la admisibilidad de la impugnación interpuesta por el Ministerio Público Fiscal, me remito, en lo esencial y pertinente, a la reseña expuesta por el doctor Mariano Hernán Borinsky en el voto precedente, a fin de evitar reiteraciones innecesarias.
Considero oportuno resaltar que la señora fiscal general hizo especial hincapié en que las convenciones internacionales contra la corrupción aprobadas por el Estado argentino resultan aplicables al caso investigado y que, por ende, “lo que se encuentra en juego en este caso es seguir” los lineamientos rectores para la investigación y castigo de hechos de esta naturaleza, que de allí surgen, y que son operativos. Justamente, sostuvo, porque esos documentos han sido elaborados como consecuencia de la toma de conciencia del deterioro institucional que generan los delitos de corrupción; situación que, sin lugar a dudas, se agrava cuando quedan impunes.
En ese orden de ideas, destacó lo establecido por el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en cuanto expresa la preocupación de los Estados Parte por "los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley".
También remarcó que el preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, proclama que "...la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio" y que "...para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad...".
Insistió en que "no puede sino sopesarse que la presente investigación versa sobre episodios de suma gravedad y trascendencia institucional, circunstancia que fluye del hecho que la pesquisa apunta directamente a la presunta comisión de maniobras defraudatorias en perjuicio del erario público en cuya ejecución habrían participado funcionarios estatales, en expresa referencia a que ese escenario torna operativa -entre otros instrumentos internacionales- la Convención Interamericana contra la Corrupción, según prevé que los Estados parte deben "Promover y fortalecer el desarrollo (...) de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción" (art. I1.1), esto es que el Estado de que se trate debe agotar todos los medios a su alcance para esclarecer si "(...) un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier (llevó adelante un) acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí o para un tercero" (art, VI, inciso 1., punto "c)" (con cita del voto del juez Gemignani en el fallo dictado por esta Sala IV en la anterior oportunidad).
Entendió por ello que “la realización del juicio es la única vía de cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el orden internacional, tanto a nivel global como regional.”
III. Ahora bien, en consideración a las particulares circunstancias del caso traído a estudio, y sellada como se encuentra la suerte del recurso de casación interpuesto por la mayoría conformada por el voto de mis distinguidos colegas en cuanto proponen su rechazo, habré de pronunciar mi disidencia, de manera breve y de conformidad a lo que ya tuve oportunidad de sostener en mi anterior intervención, en lo que resulta ahora pertinente (cfr.: mi voto en el Reg. 1075/18.4 de esta Sala IV, del 29 de agosto de 2018).
Hace más de una década que en la presente causa se controvierte la prescripción de la acción penal vinculada a la investigación de una maniobra de corrupción de relevante trascendencia institucional, que, según la imputación efectuada, habría ocasionado un desfalco al Estado Nacional por decenas de millones de dólares. Este accionar se habría desarrollado en el marco del proceso de informatización de la entonces Dirección General Impositiva, con la presunta intervención conjunta de ejecutivos de la empresa multinacional I.B.M. y de funcionarios del Gobierno Argentino.
Esta Cámara Federal de Casación -como surge del raconto realizado en el primer voto- en varias oportunidades revocó -por mayoría- la declaración de prescripción de la acción penal dispuesta por el tribunal de a quo y le ordenó la fijación de la audiencia de debate oral a la mayor brevedad posible, lo que fue revocado en sendas oportunidades por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la última vez, nada menos que luego del transcurso de casi siete años desde que las defensas impugnaran aquella decisión de esta Cámara que impulsaba la continuidad de la investigación para su definición en un juicio.
En consecuencia, una vez más, corresponde ahora pronunciarse sobre la misma cuestión de prescripción de la acción penal incoada en este proceso.
El punto de partida para el análisis reclamado consiste en determinar cuál es la ley aplicable al caso concreto. La controversia suscitada a lo largo del proceso ha girado, precisamente, en torno a ese tema. En efecto, la determinación de la norma vigente y aplicable resulta ineludible, en tanto la prescripción, como modo de extinción de la acción penal, integra el derecho penal sustantivo y, por ende, se encuentra sujeta a las reglas de legalidad, temporalidad e interpretación armónica con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional (arts. 18 y 75 inc. 22, C.N.).
Para definir el marco normativo que rige el caso, cabe memorar que la ley debe interpretarse de modo integral y armónico, evitando sentidos que coloquen en conflicto sus disposiciones (Fallos: 313:1149; 327:769).
En este orden, resulta insoslayable considerar que en materia de enjuiciamiento penal debe entenderse por ley vigente a la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos y las normas nacionales pertinentes, entre ellas el Código Penal de la Nación (cfr. mis votos en esta C.F.C.P., Sala IV, en las causas Nro. 335: “SANTILLÁN, Francisco s/recurso den casación”, Reg. Nro. 585, rta. el 15/5/96; Nro. 1619: “GALVÁN, Sergio Daniel s/recusación”, Reg. Nro. 2031, rta. el 31/8/99; Nro. 2509: “MEDINA, Daniel Jorge s/recusación”, Reg. Nro. 3456, rta. el 20/6/01; en el Plenario Nro. 11: “ZICHY THYSSEN”, rto. el 23/6/06; y en las causas Nro. CCC 191/2012/CFC1: “A., J. s/recurso de casación, Reg. Nro. 316/16.4, rta. el 22/3/16; Nro. FRE 2021/2014/TO1/62/CFC15: “SALVATORE, Carla Yanina y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 106/18.4, rta. el 12/3/18; entre muchas otras).
En efecto, el Derecho Penal, en la medida en que procura contribuir al orden jurídico y a la preservación de la paz pública, debe operar de manera compatible con el ordenamiento fundamental de la Nación, del cual la Constitución Nacional constituye la norma suprema y a la que aquél se encuentra subordinado (cfr. HORNOS, Gustavo M., “El nuevo nombre de la paz”, en Violencia y Sociedad Política, Programa para el Estudio y la Difusión de la Reforma Constitucional Argentina, 1998, p. 33). Dentro de estos límites, la resolución de conflictos de creciente complejidad, propios de las relaciones humanas —sociales, económicas y políticas—, requiere que el orden jurídico contemple los valores y las nuevas necesidades del individuo y de la sociedad, integrándose de manera armónica y dinámica a dicha evolución.
Esa perspectiva constitucional es la que mejor se adecua a la tutela de los derechos individuales, pues conjuga y protege los intereses y garantías en juego, asegurando la plena vigencia de la ley aplicable. En el señalado contexto, he sostenido ya que la acción penal dirigida en orden a un “…grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento…” resulta imprescriptible, conforme lo dispuesto en el artículo 36, párrafos 3° y 5°, de la Constitución Nacional, incorporado mediante la reforma de 1994. Esta conclusión se sostiene tanto en la doctrina que ha caracterizado a estos ilícitos como “delitos constitucionales” en razón de su aptitud para socavar las instituciones de la República y menoscabar la confianza pública (Bidart Campos, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, t. VI), como en los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de lucha contra la corrupción, los cuales imponen una debida diligencia reforzada en la investigación, juzgamiento y sanción de este tipo de criminalidad. Es que, no puede ignorarse que casos como el presente, en los que se investigan graves hechos vinculados a la corrupción, que dañan la legitimidad de las instituciones públicas y atentan contra el orden moral, la justicia y el desarrollo integral de los pueblos (cfr. Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción), requieren que, en virtud de los bienes jurídicos afectados, los juzgadores actúen con un deber reforzado de debida diligencia.
El Estado debe maximizar sus esfuerzos con el objeto de cumplir con la manda constitucional vinculada con alcanzar la verdad jurídico-objetiva que represente un adecuado servicio de justicia y afiance la valoración de las instituciones dedicadas a tal tarea.
Cabe enfatizar que la investigación de un hecho de corrupción de significativa gravedad no solo constituye un deber del Estado en cumplimiento de los compromisos constitucionales e internacionales asumidos en la materia, sino que también resulta indispensable en interés de los propios imputados. Ello es así porque un examen exhaustivo y completo de los hechos permite tanto esclarecer la verdad como asegurar que quienes sostienen su inocencia cuenten con la oportunidad de ver debidamente corroboradas sus defensas, evitando decisiones prematuras o apresuradas que puedan generar incertidumbre o sospecha. De este modo, el agotamiento de la investigación se erige en una garantía fundamental tanto para la sociedad, que reclama la sanción de los responsables, como para los encausados, que tienen derecho a que se acredite con certeza si participaron o no en la conducta reprochada.
Bien puede considerarse en esta línea el señalamiento prioritario que la Corte Suprema de Justicia ha otorgado al esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, con base constitucional como exigencia del artículo 18 de la C.N. (cfr: Fallos: 247:176; 253:133; 310:2456 y 325:134; entre otros).
En ese sentido, la República Argentina se encuentra comprometida internacionalmente (v.gr. Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) a maximizar sus esfuerzos por enaltecer deberes y obligaciones en el ejercicio de la función pública, promover la probidad y la transparencia, así como también erradicar cualquier atisbo de corrupción del ámbito público (cfr. votos del suscripto en las causas de esta Sala IV: 4787: “ALSOGARAY, María Julia”, Reg. 6674.4. rta. 9/05/2005; CFP 12438/2008/CFC2 - en el que se cita de manera primaria sobre el punto, el art. 36 de la C.N.-; “DE VIDO, Julio Miguel y otra s/recurso de casación, reg. 1122.15/4, rta. el 12/6/15; CFP 9618/2001/TO1/13/RH11/CFC5: “DANERI, Gustavo Víctor s/recurso de casación”, reg. 611/17.4, rta. el 1/6/17; CFP 12099/1998/TO1/12/CFC8: COSSIO, Ricardo Juan Alfredo y otros" Reg. 1075/2018, rta. el 29/8/2018; FPA 961/2016/TO2/CFC13: “VARISCO, Sergio Fausto y otros s/recurso de casación”, reg. 2612/20, rta. el 22/12/20; CFP 6082/2007/TO1: “ROGGENBAU, Edgardo Enrique y otros s/recurso de casación”, reg. 1661/22, rta. el 1/12/22; y CCC 19888/2009/TO1/CFC5: “JOANNIER, Philippe Yves Henri y otros s/recurso de casación”, reg. 1008/2023, rta. el 14/06/23; entre muchos otros).
Concretamente, el artículo 36 de la Constitución Nacional, incorporado mediante la reforma del año 1994, dispone que:
“Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.
Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.
Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.
Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.
El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.”
Tal como lo enseña el profesor Bidart Campos, los contemplados por el artículo 36 integran el grupo de los denominados “delitos constitucionales”, junto con los previstos en los artículos 15, 22, 29 y 119 de la Ley Fundamental; y “[l]os principales problemas que plantean los delitos constitucionales son los siguientes: a) para no burlar la supremacía de la constitución, el congreso tiene obligación de adjudicar la pena; b) cuando lo hace –sea en el código penal, sea en la ley especial- no puede alterar ni modificar el tipo penal descripto en las normas de la constitución; c) la omisión del congreso en establecer la pena es inconstitucional; d) pese a tal inconstitucionalidad, si no hay ley que fije la pena, quien comete el delito no puede ser condenado, en virtud del principio rector del art. 18; e) por haber sido establecidos por el poder constituyente, estos delitos no admiten ser objeto de amnistía ni de indulto por parte de los órganos del poder constituido.” (Cfr.: Bidart Campos, Germán: Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino: nueva edición ampliada a 2002-2003, Tomo II A., Editorial Ediar, Buenos Aires 2003, P.193/194).
Entonces, de la mera lectura del texto del artículo 36 es posible advertir la presencia de tres tipos penales de carácter constitucional.
El primero de ellos, presente en el párrafo inicial, consiste en interrumpir la observancia de la Constitución por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Instruye Sagües que “…[e]n rigor de verdad, el propósito de este precepto, que apunta hacia el futuro y no hacia el pasado, fue condenar la posible repetición de golpes de Estado en la Argentina” (Cfr.: Sagües, Néstor Pedro: Manual de derecho constitucional. 2º edición actualizada y ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires 2016, P. 797).
En el tercer párrafo, el constituyente configuró como delito la conducta de quienes, como consecuencia de los actos de fuerza antes descriptos, usurpen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o de las provincias. En cuanto a la tipicidad de estas conductas, debe señalarse que cumplen con el requisito referido por Bidart Campos de que el Congreso establezca por ley las penas respectivas (cfr. artículo 227 bis del Código Penal).
Finalmente la tercer conducta prevista, que es la que posee más vigencia en estos tiempos en el que las instituciones democráticas se encuentras definitivamente consolidadas, es la de quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso en perjuicio del Estado. Entonces, cabe afirmar que del quinto párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional se desprende que quien comete un grave delito doloso contra el Estado que implique enriquecimiento atenta contra el sistema democrático.
En lo que respecta a la determinación de la tipicidad del delito constitucional mediante una ley, se advierte que los capítulos VI, VII, VIII y IX del Título XI (“Delitos contra la Administración Pública”) junto con el artículo 173, inciso 7º, en los casos en que se afecta a la Administración Pública, todos del Código Penal, receptan en sus diversas figuras los delitos dolosos cometidos contra el Estado que, en ciertos supuestos, conllevan enriquecimiento.
El constituyente empleó deliberadamente el adjetivo “grave” para circunscribir como atentados contra la democracia solo aquellas conductas delictivas que, por su magnitud o alcance, puedan afectar sus instituciones o los valores de la democracia. De allí que los graves casos de corrupción se configuren como delitos constitucionales, lo que exige precisar las consecuencias de tal categorización.
El texto del ya citado precepto constitucional para el primer supuesto delictivo previsto establece que sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Las mismas sanciones se establecen de manera puntual para quienes cometan el segundo supuesto mencionado; y agrega que las acciones respectivas serán imprescriptibles.
En estos términos no caben dudas de que las acciones civiles y penales contra quienes cometan los primeros dos delitos constitucionales previstos por el artículo 36 no son susceptibles de prescripción.
La cuestión entonces es establecer si esa disposición constitucional de imprescriptibilidad se extiende al delito constitucional del quinto párrafo. Es decir, definir si nuestra Carta Magna también prevé que las acciones contra los graves actos de corrupción no se encuentran sujetas a las reglas de prescripción del Código Penal.
Desde una interpretación gramatical del texto constitucional cobra especial relevancia el término “asimismo” escogido por la Convención Constituyente. Cuando la Constitución señala que “asimismo atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento” refiere que los graves hechos de corrupción cometidos contra el Estado que conllevan enriquecimiento atentan contra el “sistema democrático” del mismo modo en que lo hacen los otros dos supuestos. Por ello, al ser un atentado contra la democracia, y al no haberse establecido constitucionalmente diferencias sobre estos tópicos, es que necesariamente este supuesto debe tener las mismas consecuencias jurídicas que impiden la prescripción, el indulto y la conmutación de penas.
Las excepciones a esa equiparación de efectos solamente están dadas por aquellas cuestiones que la propia Constitución dispone.
Puntualmente, en los primeros dos supuestos la pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos es a perpetuidad mientras que en el quinto párrafo se aclara que será por el tiempo que determine la ley. Del mismo modo, el derecho de resistencia otorgado a todos los ciudadanos, del que trata el cuarto párrafo, está reservado únicamente contra quienes ejecuten los “actos de fuerza” mencionados en el artículo. En este punto resulta menester recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha precisado que “… la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria, y cuando la ley emplea varios términos sucesivos es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador” (Fallos: 200:165), que “…es regla de interpretación de las leyes la de que los jueces deben atenerse al texto de las mismas, cuando es claro y no da lugar a dudas…" (Fallos: 120:372), que "cuando los términos de la ley son claros no corresponde a los jueces apartarse de sus propósitos so pretexto de evitar las deficiencias reales o presuntas que podrían resultar de su aplicación" (Fallos: 211:1063) y que "cada palabra de la Constitución debe tener su fuerza y su significado propio, no debiendo suponerse que ella ha sido inútilmente usada o agregada, y rechazarse como superflua o sin sentido" (Fallos: 95:327). Debo resaltar que este análisis del artículo 36 del texto constitucional ya había sido efectuado por el juez Leopoldo Héctor Schiffrin, quien poco antes de retirarse de la magistratura señaló que “…Debemos dirigir nuestra atención a la palabra asimismo que está indicando que las acciones previstas en este párrafo son iguales al atentado que contemplan los tres primeros párrafos que están en el artículo 36 (…) Ahora bien, probado que en el caso de los tres primeros párrafos del art. 36 los delitos respectivos son imprescriptibles también habrán de serlo los que ingresen en la descripción del párrafo quinto recién transcripto” (cfr. de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sentencia dictada el 6 de octubre de 2016 en el expediente Nº FLP 3290/2005, caratulado: “M.D.M. y otros s/ 296 en función del 292, 172, 54 y 55 CP”.).
Entonces, la elección del término “asimismo” no es superflua o producto de una casualidad o un juego de palabras. Con ese término la Constitución Nacional reconoce la realidad de este tiempo en el que la corrupción atenta contra la República y sus instituciones (Art. 36, quinto párrafo C.N.); como en el siglo pasado fueron considerados los golpes de Estado (Art. 36, primer y tercer párrafo, de la C.N.) y en el anterior la adjudicación de la suma del poder público (Art. 29 de la C.N.).
Es que no podemos incurrir en una percepción ingenua ni en una mirada sesgada de la real dimensión que tienen los graves hechos de corrupción cometidos contra el Estado, considerando que, y especialmente en las naciones en vías de desarrollo, la institucionalidad y el Estado de Derecho se encuentran en crisis por la gravedad de esos actos que se llevan a cabo tanto en el sistema político como en el sector privado (Cfr. en ese sentido mi voto en causa CFP 4943/2016/19/CFC3 de la Sala I de esta Cámara, caratulada: “LÓPEZ, Cristóbal Manuel s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 314/18, Rta. 27/4/18; entre varios otros).
A su vez, en esta línea he sostenido de manera constante que no puede desconocerse la trascendencia institucional de las investigaciones judiciales que versan directamente sobre la presunta comisión de las maniobras delictivas que forman parte de una clase gravísima, cuyas consecuencias producen efectos insidiosos que trascienden a la sociedad en su conjunto (cfr.: mi voto en la causa nro. CFP 9618/2001/TO1/13/RH11 –CFC5— del registro de esta Sala IV: “DANERI, Gustavo Víctor s/recurso de casación”, Reg. Nro. 611/17.4, Rta. el 1/6/17; entre otros).
Además, puede afirmarse que este tipo de delitos, además de socavar los cimientos mismos del Estado de Derecho, afectan seriamente su orden económico y financiero. Y, que, como contracara, surge la necesidad de un trato penal más riguroso o con menos concesiones de alternativas no punitivas, tal como lo ordena la Constitución Nacional.
Es por ello que se presenta sustancial garantizar la efectividad del debilitamiento de esta amenaza, consolidando los mecanismos para investigar y reprimir, con eficacia, este tipo de delitos; contribuyendo a afianzar el orden público interno que favorece la convivencia pacífica entre los argentinos y el fortalecimiento del Estado de Derecho (cfr. mi voto en la causa “SALVATORE”, ya citada, entre varias otras).
En este sentido, desde una perspectiva trialista del Derecho, resulta fundamental la ponderación adecuada de la dimensión axiológica, que observa como valores esenciales del sistema jurídico argentino la justicia y la paz en libertad, de acuerdo al Preámbulo de la Constitución Nacional.
Finalmente, debe destacarse que esta posición es la que otorga mayor operatividad a los compromisos asumidos por el Estado Argentino en el orden internacional, con especial referencia al Preámbulo de la Convención de Las Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto destaca la preocupación de los Estados Parte “por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”; y su convencimiento acerca de que “el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley” (Cfr.: de esta Sala IV, mi voto en la causa CFP 12438/2008/CFC2: “DE VIDO, Julio Miguel y otra s/recurso de casación, Reg. 1122.15/4, rta. el 12/6/15).
Por ello, desde una mirada dinámica y flexible del derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Nacional, los graves hechos de corrupción cometidos contra el Estado que conlleven enriquecimiento, resultan imprescriptibles.
IV. Sentado ello, corresponde determinar si la imputación formulada en autos se encuentra alcanzada por las disposiciones sobre prescripción previstas en el Código Penal o si, por el contrario, encuadra en uno de los supuestos declarados imprescriptibles por el artículo 36 de la Constitución Nacional.
La acusación refiere a una maniobra de corrupción consistente en un desfalco millonario en perjuicio del Estado, en la que habrían intervenido ejecutivos de la empresa I.B.M. y funcionarios del Gobierno Argentino, involucrando al organismo federal encargado de la recaudación tributaria.
He sostenido en diversos precedentes que este tipo de maniobras —caracterizadas por una criminalidad económica organizada y la connivencia entre particulares y funcionarios— constituyen conductas de notoria gravedad, con alto impacto en el sistema democrático y en el orden institucional (cfr. mis votos en las causas “Alsogaray”, “Daneri”, “Salvatore” y “López”, ya citadas, entre otras). Entonces, en el entendimiento de que la acusación formulada a los imputados es la de la comisión de un grave delito doloso contra el Estado que conllevó enriquecimiento, se torna necesario el juzgamiento de las conductas en un juicio oral y público, de conformidad a la manda de la Constitución Nacional, que en el artículo 36 ordena su imprescriptibilidad.
En este contexto, un análisis normativo sistemático y coherente, atento a la indudable gravedad de las maniobras delictivas investigadas en la presente causa, impone concluir que el juzgamiento eficaz de los hechos imputados debe asegurarse. Ello resulta necesario para el conocimiento de la verdad, la restauración de la justicia, el restablecimiento del equilibrio y, en su caso, la recuperación para la comunidad de los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos (cfr. mis votos en las causas de esta Sala IV, Nro. 4787: “ALSOGARAY, María Julia”, Reg. 6674.4, rta. 9/05/2005, y CFP 2160/2009/37/CFC3: “VÁZQUEZ, Manuel y otros”, Reg. N° 512/16, rta. 29/04/2016).
Resulta fundamental destacar que, como se dijo al comienzo de esta ponencia, el Estado Argentino, en su Ley Fundamental, ha asumido el compromiso de actuar con la debida diligencia y por todos los medios apropiados en la prevención, investigación y eventual sanción de conductas de corrupción como la aquí imputada, además previstas por el artículo 36 de la Constitución Nacional como atentados contra el sistema democrático.
Por lo tanto, declarar la extinción de la acción penal en este caso, con fundamento en una aplicación aislada del artículo 67 del Código Penal, importaría un acto contrario a los principios fundamentales de la Constitución Nacional —Preámbulo y artículos 18, 27 y 36— (cfr.: en lo pertinente, mi voto en la causa “A., J.”, Reg. Nro. 316/16.4, rta. 22/3/16; entre otros).
En consecuencia, la investigación del caso debe proseguir hasta su agotamiento mediante la celebración de un juicio oral, público y contradictorio, que el a quo deberá llevar a cabo con la mayor celeridad posible. La solución que propongo no implica convalidar la prolongación injustificada de los procesos penales, aun en causas complejas como la presente. Tales dilaciones deben ser prevenidas y desalentadas mediante las medidas que correspondan, en armonía con el mandato imperativo del Estado de investigar con eficacia los hechos de corrupción de significativa gravedad institucional, de modo de garantizar el juzgamiento y la sanción de quienes, en su caso, resulten responsables, así como el retorno a la comunidad de los bienes apropiados o instrumentados en la realización de esas conductas socialmente lesivas.
V. En definitiva, por las razones brevemente expuestas propicio: I. TENER POR DESISTIDO el recurso de casación de la Oficina Anticorrupción, sin costas (arts. 530, 531 in fine) y II. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, REVOCAR la resolución impugnada de fs. 135/147 vta. y REMITIR la causa al tribunal de origen para que en forma inminente continúe con su sustanciación y fije audiencia de debate oral para el presente proceso a la mayor brevedad posible. Sin costas (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Comparto en lo sustancial los fundamentos y la solución propiciada por el colega que lidera el presente Acuerdo de votación.
En esa línea, respecto de las cuestiones traídas a estudio por la recurrente, en primer término, advierto que ya he tenido oportunidad de pronunciarme en los precedentes CFP 9233/1999/TO1/37/CFC5, “Bofill Alejandro Arturo y otros s/ recurso de casación”, Reg 145/20; CFP 10247/1998/TO1/CFC7, “BERAJA, Rubén Ezra y otros s/ recurso de casación”, Reg. 1255/20; FSA 71003293/2010/TO1/CFC1, “POLETTI, Alejandro Oscar y otros s/recurso de casación”, Reg. 2043/20; CFP 1725/2010/6/CFC4, “IZE, Alberto s/recurso de casación”, Reg. 444/25, entre otros, respecto de la tesis que propugna la imprescriptibilidad de los graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento, según lo normado en el art. 36 de la Constitución Nacional.
Sobre el punto, sostuve que una adecuada interpretación del citado artículo presupone distinguir, por un lado, los denominados actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático de aquellos otros ilícitos que, sin implicar aquella fuerza, puedan poner en crisis el mencionado orden y sistema.
En ese sentido, para los primeros, el constituyente ha establecido un pormenorizado régimen que abarca la imprescriptibilidad de las acciones civiles y penales, la aplicación de la pena contenida en el art. 29 de la Carta Magna, la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos, la imposibilidad de su indulto o conmutación y el expreso derecho de resistencia de la ciudadanía.
Por el contrario, en relación con los graves delitos contra el Estado que conlleven enriquecimiento no se ha reseñado un particular conjunto de consecuencias jurídicas.
Más aun, la única disposición que se ha establecido es la expresa remisión a la inhabilitación que las leyes determinen.
A mi entender, el orden que se ha adoptado al momento de redactar el art. 36 de la C.N., en particular, la utilización de diversos párrafos para distinguir distintos ilícitos y las consecuencias que se siguen de su comisión de forma diferenciada, no puede ser valorado como el seguimiento de un estilo arbitrario de redacción. Es que, “…la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador…” teniendo por demás en perspectiva “…el contexto general y los fines que las informan…” (Fallos: 341:2015).
En este escenario, estimo que no es posible aplicar extensivamente las consecuencias jurídicas reguladas específicamente para los crímenes contemplados en la primera parte del art. 36 de la C.N. para aquellos graves ilícitos patrimoniales que posteriormente se regulan, pues se observa que el constituyente ha efectuado una razonable diferenciación entre unos y otros, extremo que se deriva de la propia sistematicidad de la norma. Vale señalar que, con posterioridad a su incorporación en el texto constitucional, se sancionó la ley 25.188 de ética en la función pública, que tomando en consideración su gravedad institucional, dispuso la reforma del Código Penal, estableciendo que “(l)a prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público…”.
Por lo demás, no es ocioso recordar que la Asamblea Constituyente precisó que la referencia a los hechos de corrupción tenía un carácter hermenéutico tendiente a destacar la necesidad de consagrar un estándar ético dentro de la función pública como valor esencial del sistema democrático, sin pretensión de equiparar aquellos delitos con los denominados “actos de fuerza” considerados en la parte inicial del mentado artículo.
Es que de los debates constituyentes se verifica que se ha dado un tratamiento diferenciado a uno y otro supuesto sin procurar aplicar las consecuencias previstas para los primeros a los segundos. Observo que el miembro informante de la Comisión por la mayoría, Dr. Antonio Cafiero, destacó en oportunidad de discutirse la redacción del mentado artículo de la Carta Magna que aquel “…está dirigido a combatir un mal endémico de nuestra cultura política: el golpe de Estado. La larga y cruenta historia de los golpes en la República Argentina comienza aquel infausto día en que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, fue fusilado por Juan Lavalle, abriendo con ello un capítulo de veinticinco años de guerras civiles. Después de dictada la Constitución del 53, el país comenzó a transitar por otras vías, que también tuvieron sus "asonadas" e intentos de golpes, pero que permitieron la transmisión ordenada del poder durante varias décadas. Este proceso de legalidad y de legitimidad institucionales —discutible esta última, pero por lo menos de legalidad institucional— se interrumpió en l930. Entre l930 y l983 hemos tenido veintiséis presidentes, de los cuales trece han sido de facto; cinco fueron electos mediante el fraude o la proscripción de algunos de los partidos importantes de la República; solamente dos por procedimientos institucionales de reemplazo, y escasamente seis en elecciones libres. Sólo dos de estos veintiséis presidentes terminaron su mandato: Justo y Perón. Esto refleja una suerte de mal endémico de la política argentina. Es difícil encontrar en la historia del constitucionalismo y de la política moderna un récord de esta naturaleza: que existiendo una Constitución que determina que el mandato presidencial dura seis años, el promedio sea de dos años y un mes de gobierno por presidente de la República…” (cfr. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, orden del día nº 1, debate del dictamen de la Comisión de Redacción en los despachos 2 y 3 originados en la Comisión de Participación Democrática, pp. 1396/1397).
Ello se desprende también de la exposición del constituyente Roberto Alejandro Etchenique quién cuestionó, dentro de aquel marco, que “(e)l despacho de mayoría se compadece un poco de los corruptos —a los que se refería el señor convencional Antonio Cafiero— enriquecidos a costa del Estado, que para muchos ciudadanos somos nosotros. Al fin de cuentas, parecen un poco menos peligrosos que los sediciosos; atentan contra el sistema democrático, pero no tanto. Se dice que quedarán inhabilitados por el tiempo que las leyes determinen; pueden ser indultados; se les pueden conmutar las penas y gozan de los beneficios de la prescripción de las acciones penales y civiles…” (Cfr. Diario de Sesiones, pp. 1409/1410).
Así, es posible observar que los constituyentes de modo alguno consideraron que las consecuencias previstas para los actos de fuerza que alteren el orden institucional y el sistema democrático resulten extensivas a la categoría de “… grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento…”.
En apoyo de tal hermenéutica “…debe recordarse que las normas constitucionales deben ser analizadas como un conjunto armónico, en que cada una ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de las demás. Su interpretación debe tener en cuenta, además de la letra, el dato histórico que permite desentrañar la finalidad perseguida y la voluntad del constituyente…” (Del voto del Ministro Carlos Santiago Fayt en Fallos: 330:800).
En esa misma línea, analógicamente, también se postuló que “…las manifestaciones de los miembros informantes de las comisiones de las Honorables Cámaras del Congreso (Fallos: 33:228; 100:51; 114:298; 115:186; 328:4655) y los debates parlamentarios (Fallos: 114:298; 313:1333) constituyen una valiosa herramienta para desentrañar la interpretación auténtica de una ley” (Fallos: 342:917).
Desde esta perspectiva estimo que la previsión constitucional del art. 36 no conlleva ni sostiene la consagración de la imprescriptibilidad de las acciones penales ante la comisión de graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento.
De otro lado, una detenida lectura y análisis de los tratados internacionales suscriptos por el Estado Argentino en materia de prevención, investigación y sanción de la corrupción no permite concluir sin más la pretendida imprescriptibilidad de la acción penal ante la comprobación de esas conductas.
En efecto, la Convención Interamericana contra la corrupción, aprobada por ley 24.759, específicamente dispone que “…el hecho de que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención, no impedirá la cooperación procesal penal internacional entre los Estados Partes… (mas) en ningún caso afectará el principio de irretroactividad de la ley penal ni su aplicación interrumpirá los plazos de prescripción en curso relativos a los delitos anteriores a la fecha de la entrada en vigor de esta Convención” (art. XIX).
Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York el 31 de octubre de 2003 y aprobada en nuestro país por ley 26.097, señala que “… (c)ada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia…” (art. 29). Así las cosas, los principios que inspiran tal bloque normativo, encuentran en el caso el límite de prescripción previsto en la ley de fondo cuya aplicación al caso bajo examen no se observa irrazonable.
Es que el deber de investigar consagrado en estos instrumentos internacionales no puede traducirse en la consagración, lisa y llana, de una obligación de juzgamiento que no se articule con las garantías y derechos del acusado ni que omita contemplar las múltiples formas e institutos procesales mediante las cuales pueda concluir el proceso penal de acuerdo con la normativa vigente. La exégesis efectuada, de ningún modo, presupone infravalorar esta clase de ilícitos pues, claro está, la disposición constitucional citada y los instrumentos internacionales reseñados no dejan de resultar una valiosa pauta o directriz de acción.
Con ello, deseo remarcar que lejos estoy de tolerar que los procesos penales en lo que se juzgan actos de corrupción pública o privada no puedan resolverse en plazos normales y prescriban por el transcurso del tiempo. De todos modos, también soy un convencido de que la impunidad en esta clase de delitos no puede explicarse a través de un cuestionamiento al instituto de la prescripción, sino antes bien por la prolongada duración de las investigaciones seguidas por corrupción, cuyas causas son múltiples y complejas.
En este orden de ideas, el Alto Tribunal ha sostenido que “…el instituto de la prescripción de la acción penal tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, y que esto obedece además al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial que es el respeto debido a la dignidad del hombre, el cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona de liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito (Fallos: 272:188; 306:1688; 310:1476; 316:2063; 323:982 y 331:600, considerando 7° y sus citas, entre otros)…”. Esta doctrina ha sido reafirmada recientemente en Fallos: 342:2344.
Asimismo, tampoco cabe efectuar una analogía de los delitos aquí investigados con aquellos calificados como de lesa humanidad.
En ese sentido, el Máximo Tribunal ha recordado que aquella calificación debe ceñirse al derecho internacional consuetudinario y a las previsiones de los artículos 7.1 y 7.2 del Estatuto de Roma, aprobado por ley 25.390 e implementado por ley 26.200 (cfr. Fallos: 348:611).
Asimismo, en el citado precedente, la Corte señaló que “(n)o todo delito que afecte derechos humanos constituye, per se, una “grave violación” que, según el derecho internacional, deba ser investigado con exclusión del instituto de la prescripción de la acción penal…” y recordó que “el principio de legalidad en materia penal, una de las garantías más preciosas de la Constitución Nacional (conf. Fallos: 136:200; 237:636; 275:89; 308:2650), comprende las normas sobre la determinación legal del régimen de la prescripción de la acción penal (doctrina de Fallos: 117:22; 117:48 y 117:222; 133:216; 140:34; 156:48; 160:114; 197:569; 254:116, considerando 19; 287:76; 294:68; 328:1268, voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni; 335:1480) e incluye el principio de reserva de ley, que exige que tales normas deban estar precisadas en una ley previa y formal (doctrina de Fallos: 136:200; 237:636; 312:1920; 335:1480, entre otros)…”.
Sentado ello, en segundo lugar, respecto de la causal interruptiva de la prescripción contemplada en el inciso d) del art. 67 del C.P. y la posibilidad de afirmar que el auto que fija fecha de audiencia de debate resulta equiparable al auto de citación a juicio previsto en el artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación, vale memorar la pauta de interpretación que postula que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino uno que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769).
En adición, debe recordarse que la observancia de estas reglas generales no agota la interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad -art. 18 de la Constitución Nacional- exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico; y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal (cfr. CSJ 2148/2015/RH1, “Farina, Haydée Susana s/homicidio culposo”, del 26/12/19, Fallos: 342:2344 y sus citas).
Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 312:1484).
Sobre ese pilar incuestionable, es del caso recordar que el propio art. 67 del texto legal de fondo establece expresamente que “…la prescripción se interrumpe solamente por: (…) d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente”.
Ahora bien, a fin de resolver la cuestión traída a estudio debe tenerse en consideración que la sanción de la ley 25.990 tuvo como objeto terminar con la incertidumbre provocada por el derogado término “secuela de juicio”, que ocasionaba las más diversas interpretaciones jurisprudenciales, desde quienes lo asumían como cualquier acto procesal relevante hasta quienes entendían que se refería exclusivamente al dictado de una sentencia condenatoria (ver, por todos, Pastor, D. La casación nacional y la interrupción de la prescripción por actos del procedimiento ¿Un caso de tensión entre la ciencia y la praxis?, en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Nº 3, ps. 209/232 y Finkelstein Nappi, J. L. El eterno retorno del indescifrable enigma de la secuela de juicio desde la perspectiva de la prescripción y del plazo de duración razonable del proceso penal, en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Casación, T. 2, p. 193). En atención a ello, la nueva redacción enumera con carácter taxativo los supuestos en los que el cómputo de la prescripción puede interrumpirse.
Esto se evidencia del uso del adverbio de modo “solamente” introducido por el legislador en el 6to. párrafo del artículo citado. Desde esa perspectiva, no resultaría adecuado establecer una serie de actos interruptivos claramente determinados para, luego, reintroducir la incertidumbre que la norma citada procura erradicar.
Al utilizar el método de la enunciación taxativa de causales interruptivas de la prescripción, el legislador ha tenido como finalidad no solo la seguridad jurídica, sino también la de evitar dichas diferencias interpretativas.
Así, cuando el precepto utiliza la noción de “acto procesal equivalente”, no ha querido referir a cualquier otro acto que tenga efectos interruptivos según la interpretación que pudieran tener los jueces -o las partes, en el caso- ya que ello sería incongruente con el propósito del legislador.
Este ha querido señalar que lo que tiene efectos interruptivos es el auto de citación a juicio y utiliza la noción referida por dos razones.
La primera, para prevenir la situación que puede producirse por aplicación de los códigos procesales en que esta figura no estuviera contemplada, y en esos supuestos se deberá tomar en cuenta el acto procesal equivalente. La segunda, surge en el supuesto en que se aplicara retroactivamente, y rige para los casos en que en el proceso ya iniciado hubiera actos equivalentes a la citación a juicio. No estamos ante causas de prescripción diferentes, sino de nombres disímiles para una misma causa. Es decir, que no se trata de una lista abierta sino taxativa, y, cuando no se tratare de la causal “auto de citación a juicio”, y ella no estuviera regulada en el código de rito aplicable, o en el proceso ya iniciado, se deberá estar al “acto procesal equivalente” (cfr. disidencia parcial del Ministro Ricardo Luis Lorenzetti en Fallos: 330:5158).
Por tanto, la interpretación extensiva que postula la representante del Ministerio Público Fiscal contraría el principio de legalidad -art. 18 C.N.- que exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico en línea con las pautas ya observadas en el reciente precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes citado.
En dicho pronunciamiento y en la dirección apuntada, se hizo remisión a Fallos: 335:1480 sosteniendo que “…una interpretación que predica el efecto interruptor de la prescripción respecto de actos procesales que no integran la enumeración taxativa efectuada por el legislador en la norma aludida, importa "...una hipótesis de interpretación analógica practicada in malam partem -en la medida en que neutraliza un impedimento a la operatividad de la penalidad-, con claro perjuicio a la garantía de legalidad (artículo 18 de la Constitución Nacional)…” (Fallos: 342:2344, considerando 12).
En consecuencia, la exégesis que de la norma pregona la parte recurrente carece de apoyatura en el texto de la ley y se aparta de la finalidad perseguida por la sanción del ley 25.990, modificatoria de la referida disposición del código de fondo —a la que la CSJN consideró de manera explícita como más benigna (Fallos: 328:4274)- que fue la de “…darle al instituto de la interrupción de la prescripción de la acción penal, la expresión de máxima taxatividad y legalidad al enunciar cada uno de aquellos actos del procedimiento que poseen aptitud para hacer cesar su libre curso…” (Fallos: 337:354, considerando 14). Ello, conforme surge de los fundamentos del proyecto de reforma que culminó con la sanción de la referida ley, en especial considerandos 17, 89 y 90 (ver "Antecedentes Parlamentarios", La Ley, 2005, T. 2005-A, págs. 237 y 242) -Fallos: 342:2344-.
En consecuencia, descartada la interpretación propuesta por la impugnante y en coincidencia con el colega que lidera el Orden de votación, adhiero a la solución propuesta en orden a I. Tener por desistido el recurso de casación de la Oficina Anticorrupción, sin costas (arts. 530, 531 in fine) y II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, sin costas, y tener presente la reserva del caso federal (arts. 530 y 532 del C.P.P.N. y 14 de la ley 48).
En mérito al Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. TENER POR DESISTIDO, por unanimidad, el recurso de casación de la Oficina Anticorrupción, sin costas (arts. 530, 531 in fine);
II. RECHAZAR, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, sin costas, y tener presente la reserva del caso federal (arts. 530 y 532 del C.P.P.N. y 14 de la ley 48).
Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase la causa al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo. Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia