Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada. Costas por su orden.
2La presente es suscripta por el Dr. Jose Luis Pérez (Vocal titular de la Vocalia de la 5ta. Nominación) y por el Dr. Pablo Porporatto (Vocal titular de la Vocalía de la 6ta. Nominación) por encontrarse en uso de licencia el Dr. Armando Magallón (Vocal titular de la Vocalia de la 4ta. Nominación), conforme lo establecido en el articulo 52 del R.P.T.F.N.
I. Que mediante RE-2025-54961530-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº RESOL-2025-75-E-AFIP-DVRRMP#SDGOPII, de fecha 10/04/2024, dictada por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la A.R.C.A. – D.G.I.
El apelante impugna la mencionada resolución mediante la cual se determinó de oficio su obligación frente al Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2019 y 2020, con más intereses resarcitorios.
Explica que el acto apelado tiene como antecedente sendas acciones declarativas que presentó ante la justicia federal cuestionando las normas que impiden aplicar el mecanismo de ajuste por inflación íntegramente y la actualización de quebrantos. Detalla que la controversia originalmente abarcaba el período 2019 y el 2020, sin embargo decidió por el 2020 acogerse a los beneficios de la ley 27.743 conformando los ajustes efectuados por el Fisco Nacional pero no ha convalidado respecto de ese período el reconocimiento del sexto del ajuste por inflación impositivo por el período 2019.
Describe que, por un lado, goza de sentencia firme en la causa “COSTA MARINA SA C/ AFIP-DGI S/ ACCIÓN MERE DECLARATIVA DE DERECHO” (Expte. Nº FMP 003080/2020), donde se reconoció su derecho de aplicar íntegramente el mecanismo de ajuste por inflación, donde se debatió el quantum y fue establecido judicialmente.
Por otro lado, señala que se encuentra en trámite la causa “COSTA MARINA SA C/ AFIP-DGI S/ ACCIÓN MERE DECLARATIVA DE DERECHO” Expte: FMP 011469/2022, relativa a la posibilidad de actualizar los quebrantos.
Manifiesta que la resolución apelada es nula por contener un vicio en su motivación. Entiende que existe malicia por parte del Organismo Fiscal toda vez que le niega la producción de prueba y desatiende el pronunciamiento judicial señalado.
En ese sentido, la actora plantea la excepción de cosa juzgada en virtud de la sentencia firme que obtuvo en la causa que tramitaba ante la justicia federal. Detalla que en la causa se produjo una prueba pericial la cual fue notificada a las partes y fuera consentida por el Organismo Fiscal. El juez de primera dictó sentencia analizando exhaustivamente la pericia, siendo ella sustento de su posición favorable al contribuyente. Destaca que el Fisco luego apeló la sentencia pero tampoco cuestionó concretamente las conclusiones de la pericia. La Cámara confirmó la sentencia también con sustento en dicha prueba.
Agrega que en dicha causa se debatió amplia y bilateralmente el mecanismo de ajuste por inflación parcializado por la Ley 27.541 y su efecto confiscatorio. Expresa que la pericia contenía un anexo donde se determinó en forma completa el ajuste estático y dinámico y determinó un ajuste por inflación negativo por la suma de $12.953.791,12.
Agrega que, la misma fue iniciada el 05/06/2020 y que, la sentencia, luego de citar el precedente “Candy” señala que “... del simple cotejo de los montos arrojados en la prueba pericial contable efectuada en autos, se desprende que en el caso de aplicarse el régimen de ajuste por inflación previsto en el Título VI, arts. 97 y sstes de la Ley 20.628, el resultado impositivo para el cierre del ejercicio 2019 sería de $127.621.423,45-, arrojando un impuesto determinado de $38.286.427,04-; mientras que para el caso de aplicarse 1/6 de dicho régimen el impuesto resultante ascendería a $41.524.874,84-, determinado a partir de una utilidad de neta de $138.416.249,37.- ““... la carga fiscal se incrementa en $3.238.447.78-, en caso de aplicar 1/6 del Ajuste por Inflación impositivo...” “Considerar los resultados sin practicar el ajuste por inflación impositivo íntegramente, repercute negativamente sobre el ejercicio 2019 y los siguientes, por cuanto, el resultado determinado de esta manera no contempla el verdadero de la empresa, producto del efecto inflacionario. Esta situación provoca el pago de una suma de impuesto a las ganancias en una tasa superior al 30%, lo que resulta confiscatorio; resultados superiores que generan la posibilidad de distribuir utilidades ficticias; y como consecuencia inmediata de lo mencionado el efecto vaciamiento de la firma, lo que implica descapitalización y eventual endeudamiento...”
Señala entonces que se configura un supuesto de confiscatoriedad, toda vez que, la diferencia en palabras de la CSJN “insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor” (del fallo “Candy”).
La Cámara Federal de Mar del Plata se pronunció el 01/03/2024, y manifestó que “dicho informe pericial (con su respectiva aclaración posterior), analizado en función de la doctrina del Alto Tribunal, lleva a la conclusión de que, en este caso particular, se ha logrado acreditar -de manera categórica- que en el caso de no aplicarse el Ajuste por Inflación (solo un sexto) la alícuota es del 32,54%. Con fundamento en ello, se debe tener por acreditado que la aplicación irrestricta de la normativa reglamentaria, conlleva a que se configure un supuesto de confiscatoriedad... “ Agrega que, el Fisco interpuso recurso extraordinario, el cual fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 21/11/2024.
Señala que en el acto apelado ARCA reconoce la existencia de la sentencia favorable firme pero aduce: que dicha sentencia cae en abstracto debido a que se efectuaron ajustes al cálculo del ajuste por inflación realizado por la contribuyente, generando que se pase de un ajuste que disminuye la utilidad de $12.953.791,12, a uno que la aumenta por $46.516.421,23. Que la sentencia dispone una autorización para que la empresa confeccione la declaración jurada de ganancias aplicando el ajuste por inflación, pero ello no implica que el organismo fiscal no conserve indemnes sus facultades para impugnar la declaración.
La recurrente sostiene que las sentencias dictadas tuvieron por probada la situación de confiscatoriedad, ante la existencia de un ajuste por inflación negativo que la Ley cuestionada pretendía parcializar. Por lo que, no es que la sentencia haya caído en abstracto sino que la pretensión se trata de un claro avance sobre el principio de cosa juzgada.
Por ello entiende que corresponde se haga lugar a dicha excepción en los términos del art. 347 inciso 6 del CPCCN, en cuanto “... la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve...”. Que el acto dictado importa virtualmente desconocer los efectos directos que producen las decisiones jurisdiccionales firmes. En definitiva, ARCA intenta alterar la resolución judicial firme, ya que el nuevo cálculo propuesto no hace mas que avanzar sobre la confiscatoriedad probada y los hechos acreditados en los cuales se sostiene la sentencia judicial firme.
Expresa que, el propio acto admite que la sentencia firme no implica que el Fisco no pueda determinar otros ajustes e impugnar la declaración jurada original, sin embargo, aquí no determina otros ajustes sino que vuelve sobre el objeto ya analizado judicialmente. Alega que el aspecto controvertido en tales actuaciones judiciales fue el mecanismo de ajuste por inflación, su quantum y posible incidencia confiscatoria. Ningún acto posterior puede cambiar las conclusiones a las que se arribara en dichas cuestiones.
Aclara que el cambio de argumentación jurídica o una variante en el planteamiento, no transforma a la actual pretensión en una diferente, si se sustenta en las mismas circunstancias de hecho.
Pone de resalto que no nos encontramos ante una pretensión diferente a la ya debatida judicialmente, dado que se sustenta en las mismas circunstancias.
Por otro lado, respecto de los autos “Costa Marina SA c/ AFIP-DGI s/ Acción Mere Declarativa de Derecho” Expte: FMP 011469/2022, en donde se discute la procedencia de la actualización de quebrantos plantea que se da un supuesto de litispendencia con las presentes actuaciones.
Resalta que en la determinación efectuada se impugna la actualización de los quebrantos efectuada por la contribuyente.
Indica que a partir del dictado del Decreto PEN 824/2019 (BO 6-12-2019) se dispuso un nuevo texto ordenado de la ley del Impuesto a las Ganancias, que reemplazó el texto ordenado en 1997 y alteró la numeración del artículado. Señala que el título VI de la ley del impuesto a las ganancias, así como los restantes mecanismos de actualización, se encontraron, en la práctica, suspendidos y tampoco se encontró permitida la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas (art. 39 de la ley 24.073; arts. 70 y 10 de ley 23.928, texto según su similar 25.561), todo ello hasta la sanción de las leyes 27.430, 27.568 y 27.541.
Indica que todos los artículos referidos a actualización de costos computables y amortizaciones remitían expresamente al artículo 89 (actual 93). Sin embargo, el artículo 19 (actual 25), al regular la actualización de los quebrantos, no remitía al artículo 89 (actual 93), ni hacía referencia a las tablas a publicar por la DGI. Con rango de Ley, se estableció un mecanismo distinto.
Manifiesta que el artículo 32 del decreto reglamentario de la LIG si realizaba dicha remisión al referirse a la actualización de los quebrantos. Afirma que en marzo de 1991, se dictó la ley 23.928 de convertibilidad (B.O. 28/3/1999) que, en su artículo 10, estableció la derogación de todas las normas legales que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.
Luego, en abril de 1992, se dictó la ley 24.073 (BO: 13/4/1992), cuyo artículo 39 estableció que las tablas e índices que elabora la DGI a los fines de actualizar los distintos conceptos tributarios considerarán las variaciones "hasta marzo de 1992". Como el cociente marzo de 1992 dio como resultado uno, básicamente, las distintas actualizaciones que se basaban en las tablas publicadas por el Fisco, en particular las previstas en el artículo 89 (actual 93), quedaron suspendidas, toda vez que el índice de actualización era neutro.
Sostiene que la actualización de quebrantos, estaba contemplada en el art. 19 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Hoy dicha norma se encuentra en él art. 25. La ley 27.430 y su modificatoria, la ley 27468, restablecieron el ajuste por inflación para los ejercicios que se inicien a partir del 1/1/2018, aunque solo para contextos de “alta inflación”, y parcializándolo por tercios. De igual modo, la Ley 27.541, art. 27, volvió a parcializar el ajuste, permitiendo la imputación de sólo un sexto, para los períodos iniciados a partir del 01/01/2019 y 01/01/2020.
Entiende que la sustitución que realizó la Ley 27.430 del artículo que se refiere a los quebrantos permite actualizarlos desde los ejercicios iniciados a partir del 01/01/2018. Además, la inexistencia en dicha ley de excepciones a la vigencia sobre este tema -como si hubo sobre otros puntos de la reforma frente al impuesto a las ganancias- permiten actualizar todos los quebrantos no prescriptos, se hayan generado antes o después de la entrada en vigor de la misma. Cita el artículo 25 Manifiesta que la ARCA, en la consulta citada en el acto en traslado, pretende trasladar el mecanismo del art. 93 al articulo 25 sin considerar que se trata de regímenes distintos. El yerro de la respuesta señalada queda expuesto al recordar que existen otras actualizaciones que resultan independientes del art. 93. Tal es el caso de las deducciones personales (art. 30, LIG), que se actualizan anualmente por el coeficiente de variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Vale decir que la actualización de estos conceptos ha sido reconocida periódicamente por la propia DGI, sin que hiciera remisión alguna al art. 93 para impedirla.
Afirma que los últimos tres párrafos del artículo 32 del Decreto Reglamentario de la LIG, fueron derogados por el artículo 94 del decreto 1170/2018. En consecuencia, entiende que ese único resquicio -de dudosa legitimidad constitucional por afectar el principio de legalidad- para no aplicar la actualización ha quedado eliminado desde el 1/1/2018. Entonces el propio poder ejecutivo eliminó el único reenvío que la actualización de quebrantos tenía al mecanismo del actual artículo 93.
Manifiesta que la diferencia de actualización de quebrantos que pretende impugnar la DGI ($ 8.360.898,2), de acuerdo a la alícuota de impuesto vigente (30%), tiene una incidencia impositiva de $ 2.508.269,46. Y la misma debe ser analizada en conjunto con la normativa que impedía la aplicación íntegra del mecanismo de ajuste por inflación.
Afirma que esta actualización, al igual que los restantes ajustes de actualización de la Ley, fueron suspendidos en su aplicación al paralizarse la publicación de los índices de inflación fruto de la sanción de la ley 24.073 y la llegada de la convertibilidad y la desaparición de los elevados índices de inflación, por lo que dejaron de existir los motivos para que los ajustes se continuaran realizando. (En rigor de verdad, estuvieron vigentes pero no podían aplicarse porque el coeficiente de actualización a partir del 1/4/92 fue 1, el que quedó modificado a partir de la derogación de la convertibilidad).
Indica que esta suspensión por aplicación de la ley 24.073, ha suscitado controversias entre los contribuyentes y el Fisco que no aceptaba la variación de la situación y la inflación que viene sufriendo el país. Sostiene que con dichas actualizaciones, creadas en su momento para épocas como la actual, se pretende reflejar el verdadero estado patrimonial de las empresas, a los fines impositivos. Para ello, debe tomarse en cuenta la evolución del proceso inflacionario, ya que de lo contrario los números no reflejarán la realidad de la situación. Ofrece prueba documental, pericial contable y formula reserva del caso federal, solicitando se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, en IF-2025-87958976-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto.
Manifiesta que la recurrente interpone excepción de cosa juzgada y de litispendencia por conexidad entre las presentes actuaciones y la acción judicial declarativa de certeza relativa a la actualización de quebrantos. Señala que la recurrente ha interpuesto tres acciones declarativas de las cuales sólo una posee sentencia firme. Una acción declarativa en los términos del art. 322 del C.P.C.C.N. cuestionando la constitucionalidad del art. 194 de la Ley de Impuesto a las Ganancias de acuerdo a las modificaciones establecidas por la ley 27.541, t.o. por Decreto 824/2019 caratulada: “COSTA MARINA SA C/AFIP-DGI S/ACCION MERE DECLARATIVA DE DERECHO”, Expte. 3080/2020. En dichas actuaciones, recayó sentencia que cae en abstracto debido a que se efectuaron ajustes al cálculo del ajuste por inflación realizado por la contribuyente, generando que se pase de un ajuste que disminuye la utilidad de $12.953.791,12, a uno que la aumenta por $46.516.421,23. Aclara que “Ello no implica bajo ninguna circunstancia que el Fisco no pueda determinar otros ajustes e impugnar la declaración jurada original...”. Por ello, rechaza la excepción de cosa juzgada.
Advierte que las acciones meramente declarativas se diferencian de las acciones de condena, y tienen la particularidad de agotar su cometido en la mera declaración respecto de la existencia de una relación jurídica, de un derecho, de su eficacia o de su interpretación para un caso concreto.
Sostiene que, con respecto a las restantes acciones declarativas interpuestas por la actora, no corresponde pronunciarse sobre el tópico en tanto se encuentran en etapa probatoria, a saber: “COSTA MARINA SA C/ AFIP- DGI s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO – Expte FMP 11469/2022”, donde se discute la posibilidad de actualizar los quebrantos respecto del período fiscal 2019 y “COSTA MARINA SA C/AFIP- DGI S/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO – Expte. FMP 8250/2021”, donde se cuestiona la constitucionalidad del art. 194 de la Ley de Impuesto a las Ganancias de acuerdo a las modificaciones introducidas por la ley 27.541, t.o. por decreto 824/2019, respecto del período fiscal 2020. Asimismo, respecto de la litispendencia planteada por la actora, manifiesta que deviene improcedente, dado que se trata de procesos que tienen un objeto distinto. Señala que la excepción de litispendencia procede cuando por la misma causa, el mismo objeto y los mismos sujetos se llevan a cabo dos o más procesos. Su fundamento es evitar el dictado de sentencias contradictorias.
Indica que en el caso no se presenta la triple identidad requerida para la procedencia de la excepción en cuestión, y tampoco resulta viable por conexidad, pues el efecto de tal admisión no podría tener lugar en el diseño jurídico establecido por la Ley N° 11.683.
Advierte que, la acumulación de expedientes tiene el objeto de desplazar la competencia para que sea un solo juez quien conozca las actuaciones y dicte una única sentencia, lo que en el caso de autos sería totalmente improcedente dada las diferentes naturalezas jurídicas de las acciones en curso.
Concluye que admitir la excepción de la actora atentaría contra la normal percepción de las rentas públicas, impidiendo ilegítimamente a su mandante el normal desarrollo de su actividad recaudatoria. Rechaza asimismo la suspensión del presente proceso. Contesta los agravios de fondo y hace reserva del caso federal.
En cuanto al planteo de nulidad articulado por la actora, sostiene que alega genéricamente que adolece de vicios de motivación y fundamentación, pero sin lograr conmover la legitimidad y validez del acto en discusión. Indica que la resolución apelada por el actor cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo para ser considerada tal. Sostiene que el acto apelado es fiel a la expresión de los hechos y circunstancias que motivaron su dictado, pues basta para ello una simple lectura de sus considerandos. Sostiene que no se vislumbra en las actuaciones bajo análisis acto alguno que permita sostener con fundamento jurídico, el menoscabo del debido proceso adjetivo. Antes bien, el procedimiento fue llevado a cabo en un todo conforme al ordenamiento jurídico.
Respecto a la actualización de quebrantos manifiesta que resulta oportuno ampliar respecto a que la aplicación de mecanismos de actualización de los quebrantos trasladables de períodos anteriores y su confiscatoriedad, se entiende que la misma reviste carácter eminentemente jurídico, en atención a que giraría en torno a dilucidar si el mecanismo de actualización previsto en el Artículo 25 de la ley del gravamen puede interpretarse de forma autónoma o bien si, como lo viene sosteniendo reiteradamente el Organismo prevalecen las disposiciones del Artículo 93 de la ley referida. Postura que claramente no permite la actualización de los quebrantos impositivos de manera independiente y que la parte actora alega como aplicable.-
Afirma que si bien el undécimo párrafo del artículo 25 de la ley del tributo se encuentra plenamente vigente, el coeficiente de actualización que debe considerarse es 1 (uno), toda vez que, como se ha señalado, el artículo 93 de la ley del impuesto, salvo para las excepciones expresamente mencionadas en su segundo párrafo - entre las que no se encuentran los quebrantos-, en su primer párrafo dispone que debe estarse a lo previsto en el artículo 39 de la Ley Nº 24.073 (B.O. 13/4/1992).
Sostiene que como se viene destacando el resultado de la pericia que trae a estudio la parte actora y que se desarrolló por el ejercicio económico involucrado, de querer demostrar con relaciones (indicadores económicos y financieros) la potencial confiscatoriedad aludida por el contribuyente se sustenta en información que no representa la realidad económica pretendida, porque la aplicación de la integralidad del ajuste por inflación en los resultados (quebrantos 2021 y 2022) "no se corrigió".
Manifiesta que la contribuyente conformó los ajustes aumentando la utilidad por la incorporación de Intereses Presuntos y la impugnación del ajuste por inflación computado en su totalidad, incorporando un sexto, ambos por el período fiscal 2020; sin embargo, no ha conformado el reconocimiento del sexto del ajuste por inflación impositivo del P.F. 2019.
Con respecto a los intereses resarcitorios manfiesta que permanecen fuera de todo cuestionamiento la aplicación de los intereses resarcitorios intimados en virtud del art. 37 de la Ley N° 11.683 (t.v.) atento la inexistencia de agravios sobre su imposición.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
III. Que, en el punto 1) de la PV-2025-94187883-APN-VOCV#TFN se dispuso tratar las excepciones de cosa juzgada y de litispendencia opuestas por la recurrente como de previo y especial pronunciamiento, y en el punto 2) se elevaron los autos a consideración de la Sala “B”, la que los llamó para sentencia.
Ello así, mediante INLEG-2025-100414246-APN-VOCV#TFN se hizo lugar a la excepción de cosa juzgada planteada por la recurrente en cuanto a la determinación de oficio relativa a la aplicación del ajuste por inflación (art. 194 de la Ley de Impuesto a las Ganancias de acuerdo a las modificaciones establecidas por la ley 27.541) por el período 2019. Con costas. Asimismo se señaló que lo resuelto en el párrafo precedente, no alcanza a la determinación respecto de la procedencia o no de la actualización del quebranto, discusión que subsiste en autos, así como la determinación del período 2020.
Con relación a la excepción de litispendencia opuesta por la parte actora entre las presentes actuaciones por la actualización del quebranto (período 2019) y la causa “COSTA MARINA SA C/ AFIP- DGI s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO” Expte FMP 11469/2022”, donde se discute la posibilidad de actualizar los quebrantos respecto del período fiscal 2019 la misma fue rechazada con costas, continuando su trámite respecto de la procedencia o no de la actualización de quebrantos período 2019 y la determinación del período 2020.-
Devueltas las actuaciones a la Vocalía instructora se corre traslado a la parte actora de la oposición a la prueba efectuada por el Fisco Nacional, se requiere a las partes que manifiesten, si consideran que la audiencia prevista por el artículo 173 de la Ley 11683 deviene inoficiosa en atención a las presentaciones ya efectuadas, quedando en consecuencia este Tribunal en condiciones de resolver sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas ofrecidas. En atención a las manifestaciones de las partes el Tribunal resuelve respecto de los medios probatorios, ordenando la producción de la prueba pericial ofrecida.
Agregado el informe pericial, se clausuran los actuaciones y se elevan a la Sala B, quien pone los autos para alegar. Producidos los alegatos por las partes, se ponen los autos a dictar sentencia.
IV. Que aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto se agravia del accionar del Fisco Nacional al desestimar arbitrariamente la pericia propuesta por no considerarla ni valorarla en forma correcta.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto a las objeciones nulificantes que plantea la actora, cabe señalar que desde lo estrictamente formal, la resolución apelada en auto, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Por otra parte ha fundado su pretensión en los elementos recabados por la fiscalización.
Asimismo en lo relativo a los agravios de la recurrente referidos a la arbitrariedad alegada al sostener la misma que se ha prescindido de prueba ofrecida, cabe señalar que así como resulta cierto que el contribuyente tiene derecho a ofrecer pruebas durante el procedimiento administrativo, el juez administrativo interviniente tiene el deber de evaluar su admisibilidad procesal. Esta evaluación discrecional cae, por supuesto, dentro de la órbita jurisdiccional de este Tribunal quien juzgará, en definitiva, sobre la pertinencia o ilegitimidad de la resolución adoptada en la etapa anterior, pero para lo cual, deberá, necesariamente entrar al examen de la cuestión de fondo controvertida y como esta fue propuesta por ambas partes. Solamente dicho examen permitirá a este Tribunal evaluar, a la postre, la justeza del rechazo probatorio en sede fiscal, agravio que se torna inviable en proporción excepcional.
Que, la ponderación de la admisibilidad o pertinencia de las medidas propuestas por el contribuyente, realizada por el Juez Administrativo, resulta un aspecto del acto que se encuentra dentro de la potestad revisora de este Tribunal. Empero, aun en el caso de una “desestimación arbitraria” de las medias, tal agravio no resulta suficiente, por sí solo para ocasionar la nulidad del acto en un planteo por vía excepcional, aunque pueda originar, sin dudas, la revocación del mismo al momento de analizar el fondo de la cuestión controvertida.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que entrando a la cuestión de fondo traída a decisión de esta Sala, corresponde en primer término abordar la cuestión relativa a la procedencia o no de la actualización del quebranto.
Al respecto se plantea un conflicto en la interpretación de ciertos artículos de la ley de impuesto a las ganancias por lo que a fin de lograr una mayor claridad expositiva, cabe realizar un análisis de las normas aplicables al caso traído a decisión de este Tribunal.
Toda vez que el período involucrado es el 2022, a los efectos del análisis de la normativa aplicable al caso de autos, se hará referencia a continuación al texto ordenado por el Decreto Nº 824/2019 que aprobó un nuevo texto de la Ley de Ganancias. Las leyes 27.430, 27.468 y 27.541, introdujeron diversas modificaciones en lo que hace al mecanismo denominado “ajuste por inflación” que está expuesto en el Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias, estableciéndose el procedimiento aplicable, los valores y conceptos a computar, y los responsables que deben practicar el ajuste. Asimismo, se efectuaron modificaciones en los índices de actualización que se encuentran dispersos por la norma y su procedencia.
En lo que al ajuste por inflación se refiere, el artículo 105 del mencionado texto ordenado establece que “...los sujetos a que se refieren los incisos a) a e) del artículo 53, a los fines de determinar la ganancia neta imponible, deberán deducir o incorporar al resultado impositivo del ejercicio que se liquida, el ajuste por inflación que se obtenga por la aplicación de las normas de los artículos siguientes”.
Por su parte, el artículo 106 establece el procedimiento a seguir a los efectos de practicar el ajuste por inflación al que se refiere el artículo anterior, disponiendo en sus dos últimos párrafos lo siguiente: “El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 93, acumulado en los TREINTA Y SEIS (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al CIEN POR CIENTO (100 %)”. “Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %), un TREINTA POR CIENTO (30 %) y en un QUINCE POR CIENTO (15 %) para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente.”
Por otra el artículo 194 (texto según Ley 27541) establece: “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes.
Lo indicado en el párrafo anterior no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de impuesto a las ganancias, texto según decreto 824 del 5 de diciembre de 2019”.
En lo que hace al régimen general aplicable a los quebrantos que se compensan con las ganancias del ejercicio, el art. 25 se modificó mediante la Ley 27.430 disponiendo “(…) Los quebrantos se actualizarán teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida.”
Por su parte, la misma Ley 27.430 en su art. 59 sustituye el artículo 89 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el nuevo art. 93 que dispone: “Las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 24.073.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las actualizaciones previstas en los artículos 62 a 66, 71, 78, 87 y 88, y en los artículos 98 y 99, respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018, se realizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del índice de precios al consumidor nivel general (IPC) que suministre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, conforme las tablas que a esos fines elabore la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS”.
Reseñados los artículos involucrados, corresponde hacer una breve reseña histórica que ayudará a poner claridad sobre el texto legal en crisis.
Que el mecanismo de ajuste por inflación expuesto en el Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias, establecía el procedimiento aplicable, los valores y conceptos a computar, y los responsables que deben practicar el ajuste, entre otras cosas (arts. 94 a 98).
Sin embargo, posteriormente, la ley 24.073 (art. 39, parte pertinente) agregó: “A los fines de las actualizaciones de valores previstos en la ley 11.683, t.o. en 1978 y sus modificaciones, y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1 de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive”. Finalmente, la ley 25.561 modificó el art. 10 de la ley 23.928 manteniendo “derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.”
Ello implicó que durante muchos años de contexto inflacionario se discutiera la válidez de dichas normas. En efecto se planteó su inconstitucionalidad ya que no podían mantenerse las disposiciones del art. 39 de la ley 24.073 en el contexto económico generado a partir de enero de 2002, con el abandono de la convertibilidad, habida cuenta de que las causas que originaron su dictado desaparecieron en ese año y, por lo tanto, recobró plena vigencia y operatividad el mecanismo de ajuste por inflación.
Al respecto, debe señalar que la Sala “D” de este Tribunal sostuvo en oportunidad de expedirse en los autos “C.D.R. Comunicaciones”, “Swaco de Argentina S.A.” (ambos de fecha 22/03/2007) y “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.” (de fecha 7/10/2010) –criterio compartido por la Sala “B” in re “Cragnolino, Raúl José” del 18/04/2008-, que “la virtual derogación del sistema en forma oblicua o indirecta..., no existe, porque no basta que algunas opiniones doctrinarias... lo sugieran, sino que para que deje de regir, la abrogación debe encontrarse plasmada en norma dispositiva expresa, lo que no ha ocurrido hasta el presente, precisando así el desigual enfoque que la ley otorga a las distintas categorías de contribuyentes. El dictado posterior de otras normas legales que hacen directa referencia al mecanismo, ratifican su permanencia (vrg. Ley 24.587 – B.O. 22/11/95)”.
“Que no obsta a esas consideraciones que la aplicación del mecanismo corrector en la práctica no logre el efecto que de él se espera. Ello así, porque sin necesidad de modificar un ápice el texto legal, el sistema de actualización y de ajuste de valores ha dejado de hallarse operativo por lo dispuesto en el citado art. 39 de la ley 24.073, pues al fijar como tope las variaciones de índice hasta el mes de marzo de 1992 inclusive, ha tornado inocua su aplicación en cuanto a este aspecto se refiere, situación que subsistirá en tanto dicha norma se encuentre vigente”.
Que, en ese orden, en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” (Fallos: 328:2567), se expuso: “Desde esta perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas)”.
Más tarde en el reconocido fallo “Candy S.A.” del 3/7/2009, el Máximo Tribunal convalida la constitucionalidad de dichas normas, se reiteró la doctrina de que “no es función del Poder Judicial juzgar el mérito de las políticas económicas decididas por otros poderes del Estado, sino ponerles un límite cuando violan la Constitución y, en este caso, el derecho de propiedad”.
“Los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si éstas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152)”.
“A partir de lo señalado, puede colegirse, nítidamente, que no es competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los “principios de la ciencia económica” (Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Conforme con esta regla, el Congreso Nacional tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos 314:1293)”.
En virtud de dichos precedentes, se convalidó la normativa y se admitió su cuestionamiento en el caso en que se demuestre una lesión al derecho a la propiedad y al de igualdad traducido en el principio de capacidad contributiva, en virtud de acreditar que existió confiscatoriedad en el caso particular.
Ahora bien, volviendo a la contienda que se suscita en autos, si bien los precedentes mencionados no analizan en concreto la normativa actual, resultan de suma importancia ya que la discusión se reedita en cuanto a si el límite dispuesto en el artículo 93 -primer párrafo- el que remite al mismo art. 39 de la Ley 24.073, resulta un valladar a la aplicación de la actualización prevista en el art. 25 respecto de los quebrantos.
Es decir vuelven a coexistir, por un lado, una norma que establece un mecanismo de actualización y por otro una norma que lo limita.
En ese sentido, teniendo en cuenta los antecedentes reseñados cabe interpretar que el legislador dispuso expresamente en el segundo párrafo del art. 93 los artículos y, en consecuencia, los conceptos que se excluían del primer párrafo, es decir de la aplicación del tope del primer párrafo y no incluyó expresamente al art. 25 del texto legal, por lo cual estos juzgadores entienden que la actualización de los quebrantos en los términos de la ley no se encuentra operativa por lo dispuesto en el art. 39 de la Ley 24.073 .
Tal como ha señalado en el voto del Dr. Rosatti la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “CAF 49252/2011/1/RH1 Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva” 25/10/2022 “Que la Constitución Nacional habilita al Gobierno federal para la emisión de moneda (art. 75, inc. 6°) y fijación del valor de la moneda (art. 75, inc. 11), y para legislar sobre su falsificación (art. 75, inc. 12). Estas cláusulas de habilitación se complementan con otras de prohibición, dirigidas a las provincias, quienes no pueden "acuñar moneda" ni "emitir billetes" -prohibición que no es absoluta, en la medida en que es allanable mediante autorización del Congreso federal-; ni legislar sobre "falsificación de moneda o documentos de Estado" (art. 126).
Específicamente, la fijación del valor de la moneda prevista en el inc. 11 encuentra relación con el inc. 19, en cuanto encomienda al Congreso “(p)roveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.
Dicha norma, cuyos destinatarios son todos los poderes del Estado federal, provincial y también los particulares, no se limita a defender la autenticidad de la moneda sino que supone que su solvencia intrínseca coadyuvará al crecimiento económico con justicia social y a la productividad de la economía nacional, con generación de empleo. Y aun cuando podría ser reputada como una cláusula programática, como norma vigente hace valer la fuerza del programa que expresa en tanto: i) constituye una regla interpretativa; ii) expresa un mandato para que los poderes públicos la tornen operativa; iii) e impide que se dicte una norma o decisión contraria al programa. De allí se desprende que a la potestad constitucional de fijación del valor de la moneda como expresión de soberanía (art. 75, inc. 6°), le sigue un correlativo deber de igual carácter de promover y defender ese valor (art. 75, inc. 19).
7. Que en los términos expuestos, resulta claro que la Constitución, en cuanto prohíbe la confiscación y la percepción de tributos sin sustento en la capacidad contributiva, no mira -necesariamente- al medio o instrumento por el cual este tipo de despojos puede producirse (v.gr.: la determinación de la base imponible, la fijación de una alícuota específica, la ausencia de actualización de mecanismos como los quebrantos, cuota anual de amortizaciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles, o los costos computables –arts. 19, 58, 59, 60 LIG, 81, inc. f, 83 y 84 de la ley 20.628-), sino el resultado final efectivamente generado. Tal es el método realista que ha seguido esta Corte en el precedente “Candy” (Fallos: 332:1571), al corroborar que la absoluta falta de ponderación de la depreciación monetaria en la determinación del impuesto a las ganancias puede generar alícuotas efectivas confiscatorias y, por ende, tributaciones carentes de sustento”.
Que de acuerdo con lo expuesto y a las reseñas que anteceden, no es función de este Tribunal juzgar el mérito de las políticas económicas, correspondiendo la aplicación al caso particular del primer párrafo del art. 93 de la LIG y en consecuencia del art. 39 de la Ley 24.073.
Ello se ve ratificado con las disposiciones establecidas en la Ley 27.742 conocida como la “Ley Bases”. Justamente el espíritu de dicha norma es otorgar incentivos diferenciales a quienes adhieran al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones “RIGI” por lo que su artículo 183, segundo párrafo, inciso c) dispone lo siguiente en relación a los beneficios por adherir: “(...) Los quebrantos, al igual que el régimen general que les resulta aplicable, se actualizarán por la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. A estos efectos, se aclara que no resultará de aplicación el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (...)”. Esto último no hace más que precisar que no resultará de aplicación el art. 93 de la LIG a quienes adhieran al RIGI como beneficio diferencial respecto del resto de los contribuyentes. Al igual que la Ley 27.802 en su artículo 190 que sustituye el undécimo párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente: “Los quebrantos generados en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2025, inclusive, se actualizarán teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 93 de esta ley”. En otras palabras el legislador modifica nuevamente el índice aplicable y aclara que a partir de 1/01/2025 no será aplicable lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 93. Esa precisión del legislador en la nueva norma no hace más que confirmar que hasta entonces consideró que el mismo sí aplicaba.
VII. Sentado ello, cabe señalar que todo lo expuesto no obsta que este Tribunal analice en el caso particular conforme a los términos expuestos por la CSJN en las causas "Candy" y “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ DGI”, si en el caso particular se da un supuesto de confiscatoriedad y que la no aplicación de la actualización insuma una parte sustancial de la renta en un monto que exceda cualquier límite razonable de imposición, .
Cabe entonces pronunciarse sobre los agravios de la apelante que intentan poner en evidencia un menoscabo en su derecho de propiedad, implicando la confiscatoriedad del impuesto discutido de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación en su totalidad, en particular en este caso de la actualización de los quebrantos trasladables, como única tangente válida admitida para hacer lugar hipotéticamente, en cada caso concreto, al ajuste solicitado. Que, al respecto, se ha señalado inveteradamente que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).
Que, a fin de resolver la cuestión ventilada en estos autos, ha de estarse al criterio de la Corte Suprema, a partir del precedente "Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo", sentencia del 3/7/2009. Allí, en lo principal, el Alto Tribunal discurrió: “Que la jurisprudencia de esta Corte no ha tenido la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad en materia de impuesto a las ganancias. En razón de ello, y en atención a que las características particulares que presenta el tributo difieren de las propias de otras gabelas examinadas en anteriores fallos (vgr. impuesto sucesorio -Fallos: 234:129; 235:883-; contribución territorial -Fallos: 206:214, 247; 209:114; 210:172 y 239:157-; ahorro obligatorio -Fallos: 318:676 y 785-, en los que se fijó un 33% como tope de la presión fiscal) el criterio para la determinación del límite de afectación del derecho de propiedad en el caso no puede estar férreamente atado a los parámetros fijados en aquellos precedentes”.
Asimismo expresó “Que como ya se ha señalado, si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (confr. causa citada "Santiago Dugan Trocello"), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
“Que de acuerdo con dichas pautas, y en virtud de las conclusiones arribadas en los considerandos 8° y 9° del presente decisorio, cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por acreditado con la pericia contable- y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad”.
Que, en consecuencia, las pautas rectoras que pueden extraerse de dicho precedente para delimitar la aplicación de la doctrina de la no confiscatoriedad en el impuesto a las ganancias, son de carácter sustancial y no nominal, toda vez que el Máximo Tribunal no estableció un porcentaje concreto como límite aplicable, sino que corresponde su ponderación conforme las pruebas de la causa, en cada caso concreto, en tanto no existe una línea divisoria absoluta que permita delimitar hasta dónde resulta aceptable en este contexto que la alícuota efectiva exceda a la legal, es decir, hasta qué punto se tolera cierta distorsión inflacionaria.
A lo expuesto cabe agregar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ DGI” de fecha 25/10/2022 donde, con remisión al dictamen de la Procuración Fiscal, se señala que “Por un lado, nada encuentro en la sentencia de la causa “Candy” que permita inferir que V.E. haya consagrado al título VI de la LIG como único mecanismo de ajuste permitido para demostrar la confiscatoriedad del tributo. Por otra parte, de la lectura de la LIG se desprende que, además del mecanismo previsto en su título VI, dicha ley permitía también reflejar las variaciones de precios para el cálculo de: a) las amortizaciones impositivas de bienes muebles (art. 84, primer párrafo, inc. 2º, LIG), inmuebles (art. 83, tercer párrafo, LIG) e inmateriales (art. 84, segundo párrafo, LIG); b) los costos impositivos computables correspondientes a los bienes muebles, inmuebles, llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares enajenados (arts. 58, 59 y 60 de la LIG); y c) los quebrantos (art. 19 LIG). El estudio de tales preceptos conduce a colegir, sin hesitación, que la LIG regulaba en dichos rubros el impacto de las variaciones de precios ocurridas desde su fecha de alta hasta la correspondiente al mes de la fecha de cierre del periodo fiscal que se liquidaba y, para morigerar tales efectos, expresamente preveía la posibilidad de ajustarlos mediante los índices fijados por el INDEC (ver arts. 58 y 59, en cuanto allí remite al art. 89 de la LIG)”.
Al respecto, cabe traer a colación el voto del Dr. Rosenkrantz en la causa “SYNGENTA AGRO S.A.” del 27/12/2024, donde en relación al fallo Telefónica antes citado, ha dicho que: “…la Corte sostuvo que resulta claro que ello no importa la negativa a actualizar, en los términos del art. 19 de la ley del tributo, los quebrantos con los que ya contaba la empresa a fin de analizar la confiscatoriedad en cada uno de los períodos fiscales cuestionados, sino que solo implica la imposibilidad de reconocer nuevos créditos, o acrecentar los existentes, que puedan trasladarse a períodos fiscales futuros.”
En definitiva, la cuestión a dilucidar es si se encuentra debidamente acreditada en la presente causa la confiscatoriedad invocada por la recurrente, respecto del período fiscal 2019.
Que en el informe pericial contable producido en autos (IF-2026-29297384-APN-DTD#JGM), ambos peritos designados son contestes en que la recurrente presentó para el período fiscal 2018 un quebranto a valores históricos que ascendió a la suma de $14.305.583,38 y que dicho quebranto actualizado asciende a $22.666.481,59.
Que tal como ya lo expusiera este Tribunal al resolver la cuestión de cosa juzgada (vide INLEG-2025- 100414246-APN-VOCV#TFN), cabe estar al ajuste por inflación negativo que fuera expuesto en la pericial contable producida en sede de la Justicia Federal y que fuera conformado en las sentencias de primera y segunda instancias recaídas en dicho fuero, las que se encuentran firmes, y donde el perito de oficio efectuó sus cálculos considerando un ajuste por inflación negativo y el quebranto actualizado.
Ello así, se observa en las respuestas brindadas por el perito del Fisco en estos autos, la consideración de rubros que no corresponden, ya que habían sido fruto de la pretensión fiscal de arribar a un ajuste por inflación positivo, que resulta improcedente en atención a la existencia de una sentencia judicial firme que ya había decidido el quantum del ajuste por inflación correspondiente al período fiscal 2019, luego de sustanciarse un proceso con todas las garantías para ambas partes, habida cuenta que no puede aceptarse –por aplicación del principio de cosa juzgada– que la administración fiscal pretenda declarar abstracto dicho pronunciamiento, ni que que la misma cuestión pueda ser nuevamente juzgada sin afectar la seguridad de las relaciones jurídicas.
En definitiva, conforme surge de aquella pericia y de lo informado aquí por el perito propuesto por la actora, de conformidad con lo resuelto por la Justicia Federal y este Tribunal en la sentencia del 10/9/2025, la aplicación del ajuste por inflación integral (contemplando la actualización de quebrantos) da como resultado impositivo la suma de $ 127.621.423,45 y en ese caso un impuesto determinado de $ 38.286.168,05. Por el contrario de no aplicarse en forma íntegra (es decir, sólo 1/6 y sin actualización del quebranto) la alícuota efectiva de impuesto sobre el resultado ajustado íntegamente sería del 34,50%, implicando un incremento de impuesto del 15%. Aún el perito designado a propuesta del Fisco Nacional indica que el impuesto determinado conforme exige el Fisco aplicando 1/6 del ajuste por inflación sobre Resultado impositivo ajustado por inflación integramente y quebrantos actualizados es de 34,48%.
En efecto, las conclusiones del informe pericial presentado por los peritos contadores llevan a este Tribunal, en consonancia con lo resuelto por la Justicia Federal, a tener por demostrada respecto del período 2019 la existencia de un supuesto de confiscatoriedad según el criterio establecido en los considerandos 7° y siguientes del precedente “Candy” de la Corte, toda vez que la tasa efectiva del tributo determinado sin el ajuste íntegral -100% del ajuste por inflación y actualización de quebranto- supera la alícuota máxima prevista en la ley del gravamen para el período en cuestión -30%-.
Que de acuerdo con lo expuesto y a las conclusiones arribadas en los considerandos que anteceden, cabe concluir que la limitación de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación de manera integral, en particular contemplando la actualización de quebrantos establecida en el artículo 25 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, resulta inaplicable al caso de autos, conforme a los términos expuestos por la CSJN en la jurisprudencia analizada a lo largo del presente voto, dado que el impuesto determinado por la AFIP excede el límite razonable de imposición, configurándose de este modo un supuesto de confiscatoriedad.
En consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada en lo que fue materia de agravio en esta instancia respecto del período 2019.
VIII. Que resta tratar el ajuste fiscal respecto del período 2020.
Cabe señalar que respecto de dicho período el único ajuste que no fue conformado por la recurrente y por ende apelado ante este Tribunal, fue la aplicación en dicho período del sexto del ajuste por inflación impositivo positivo que el Fisco había proyectado para el período fiscal 2019.
Ello así, atento lo resuelto por la Justicia Federal respecto del ajuste por inflación del período fiscal 2019, siendo el ajuste conformado en dicho fuero y conforme lo resuelto por este Tribunal al resolver la cuestión de cosa juzgada, negativo; corresponde revocar la resolución apelada respecto del período 2020 en lo que ha sido materia de agravios por ante este Tribunal.
IX. Las costas se imponen por su orden en atención a las particularidades y complejidad del caso en examen. Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Revocar la resolución apelada. Costas por su orden.
2. La presente es suscripta por el Dr. Jose Luis Pérez (Vocal titular de la Vocalia de la 5ta. Nominación) y por el Dr. Pablo Porporatto (Vocal titular de la Vocalía de la 6ta. Nominación) por encontrarse en uso de licencia el Dr. Armando Magallón (Vocal titular de la Vocalia de la 4ta. Nominación), conforme lo establecido en el articulo 52 del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.05.27 11:03:56 ART Date: 2026.05.27 14:45:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.27 14:45:54 -03:00
Fin de la sentencia