Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-691/10-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 26/29 vta. por el Sr. Alberto José Coto en contra del Estado Provincial y la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: C-691/10-TSJ Sentencia N°: 1017 Actor: COTO ALBERTO JOSE Demandado: ESTADO PROVINCIAL Y CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 05/07/16 Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1017 FOLIO Nº 3151/3154 PROT. ELECT. TSS1 017 C.161
Río Gallegos, 5 de julio de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “COTO ALBERTO JOSE C/ ESTADO PROVINCIAL Y CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. N° C-691/10, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a este Alto Cuerpo, a fin que se expida sobre la admisibilidad de la acción, conforme lo normado por el artículo 60 del CPCA -Ley Nº 2600-.-
Inicia estas actuaciones a fs. 26/29 vta., el Sr. Alberto José Coto, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo V. Ortiz de Zárate, solicitando se “... declare la nulidad del Decreto 2377/01 y se ordene al Estado que reestablezca el pago del adicional otorgado por el Art. 11 de la Ley 1.327, denominado SCD, y que en los recibos de haberes aparecía identificado como ‘Código 215 Adicional Sistema Computación de Datos’, reajustando el haber mensual jubilatorio, con más el pago de las sumas retroactivas que por tal concepto se le adeudan e intereses conforme tasa activa desde que cada suma fue deducida y hasta la fecha” (cfr. fs. 26).- Afirma, que “Con fecha 23 de marzo del año 2000 se me concedió el beneficio de la jubilación ordinaria, junto con la cual continué percibiendo el adicional antes mencionado ya que el mismo tenía carácter remunerativo.
Así fue como durante un tiempo, percibí tal beneficio en forma íntegra, hasta que el día 18 de Diciembre de 2001, el Poder Ejecutivo Provincial dictó el Decreto 2377/01 suprimiendo a partir del 1° Diciembre de 2001 dicho adicional, dejándose en consecuencia de abonar tal concepto y afectando de esta manera derechos adquiridos” (cfr. fs. cit.).- Expresa, “Que esta parte entiende y sostiene que el (sic) quien obtiene un beneficio salarial al amparo de un régimen específico, adquirió un derecho que quedó incorporado a su patrimonio que como tal no puede ser modificado con posterioridad sin agravio a la garantía constitucional consagrada en el artículo 17 de nuestra Carta Magna... Es que una vez concedido el beneficio previsional éste pasa a integrar el patrimonio de la persona siendo su CARÁCTER ALIMENTARIO y, en consecuencia, goza de la misma protección constitucional del derecho de propiedad, el cual por la propia Carta Magna es inviolable” (cfr. fs. 27).- Finalmente, resalta que “El menoscabo patrimonial producido en los ingresos de los jubilados al suprimir de sus ingresos suplementos que forman parte de su haber es evidente y no debe ser convalidado, pues tiene origen en una norma que no se atuvo a las reglas de proporcionalidad y tergiversó el sentido y la finalidad que la ley que (sic) pretendió al delegar en el reglamento, al punto de volver inoperantes las garantías que tutelan la propiedad y los beneficios de la seguridad social con carácter de integral e irrenunciable.
Cuando la ley ha sido quien ha previsto un suplemento para hacerse efectivo dentro de los haberes de los pasivos, este no puede ser modificado sino por otra ley que establezca las nuevas pautas que deben regir para los beneficiarios. Es inadmisible que una norma de inferior jerarquía, como es el Decreto 2377/01, pueda alterar las condiciones fijadas por la legislatura provincial, toda vez que esa situación contradice principios fundamentales de la organización de gobierno” (cfr. fs. 29).-
II. Que, corrido traslado de la demanda, es contestada en forma extemporánea por la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz (conf. fs. 112 y vta.).-
A fs. 109/111 vta., contesta demanda el Estado Provincial, representado por la Dra. María Daniela Vázquez, solicitando su rechazo con costas.-
Afirma, que la demanda resulta improcedente “...debido a que la actora cuenta con el procedimiento propio de la instancia administrativa para perseguir el reconocimiento de su reclamo, para luego de agotada dicha instancia, sea por resolución expresa o por aplicación del silencio de la administración, instar en la instancia judicial ordinaria los recursos previstos a tal fin. Por lo tanto, la actora no puede actuar subvirtiendo el orden y tramitación del proceso administrativo, para sustituir a la autoridad competente, suplantando todos los procedimientos o remedios propios de cada ámbito del derecho” (cfr. fs. 109 vta.).- Indica que “…el acto administrativo cuestionado no tiene prima facie vicios que impliquen su nulidad, ya que fue dictado por autoridad competente, en el marco de las atribuciones conferidas por el inciso 2 y 3 del artículo 119 de la Constitución Provincial.
Ahora bien, nuestro derecho público provincial, otorga al Poder Ejecutivo a través de la Ley N° 1327 la potestad discrecional para otorgar adicionales particulares, aspecto que corresponder (sic) al ámbito de competencia propia y exclusiva del poder estatal, el cual se encuentra excluido del control judicial, salvo aquellos casos en los que, entre otros supuestos, se cuestione la actividad administrativa con fundamento en la existencia de arbitrariedad fáctica o normativa, exceso o abuso de poder” (cfr. fs. 110).- Finalmente, sostiene que “...no media lesión a la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional, cuando como en el caso, por razones de interés público, los montos de las remuneraciones de los agentes estatales son disminuidos para el futuro sin ocasionar una alteración sustancial en la medida en que la quita no resultó confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada, de modo tal que se afecte el núcleo esencial del derecho previsional adquirido por el actor” (cfr. fs. 111).- A fs. 114 se corre vista al Sr.
Agente Fiscal ante este Tribunal, a efectos de que se expida sobre la admisibilidad formal de la demanda y materia de la litis; quien dictamina sosteniendo que “...el Decreto N° 2377/01 dictado por el Sr. Gobernador de la Provincia, que suprimió a partir del 01/12/01 el adicional particular (SCD) previsto en el art. 11 de la ley 1327, es el que resulta ser objeto de impugnación en esta demanda, por haber afectado derechos adquiridos del demandante. Asimismo, y como consecuencia de lo expuesto, el Sr. Coto interpuso diversos reclamos en conjunto con otros afectados y dirigidos a distintas autoridades de las que no obtuvo respuesta alguna (v., fs. 7/25), los cuales también vale aclarar, fueron presentados en el período comprendido entre el año 2003 y 2009.
En este caso corresponde verificar si la presente demanda resulta inadmisible por no haberse agotado la vía administrativa y como consecuencia de ello haberse consentido el acto impugnado, o por el contrario admisible atento a encontrarnos ante el dictado de un acto administrativo emanado de la máxima autoridad. Analizados que fueran estos requisitos se puede detectar que el reclamante no ha agotado la vía administrativa, pues si bien el decreto impugnado fue dictado por la máxima autoridad a mi criterio no ha cuestionado en término el Decreto N° 2377/01, consintiendo en consecuencia el instrumento legal referido, ello en virtud de lo dispuesto en la normativa vigente…” (cfr. fs. 115 y vta.).
Es por ello, que el Sr. Agente Fiscal entiende que no se encuentra formalmente habilitada la vía contencioso administrativa.- A fs. 116, pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Luego de reseñada, brevemente, la cuestión que suscitara la promoción de estas actuaciones, cabe analizar la admisibilidad formal de la acción entablada. En tal sentido, y atendiendo a lo normado por el artículo 60º del CPCA -Ley Nº 2600- deben examinarse si se encuentran reunidos los requisitos que habiliten esta instancia judicial (conf. arts. 23, 40 y 47 del CPCA -Ley 2600).-
El mentado artículo 60 del CPCA -Ley Nº 2600- prevé un examen formal de admisibilidad, que constituye un juicio preliminar tendiente a rechazar ‘in limine’ las demandas que adolezcan de patente inadmisibilidad formal (conf. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 864, Folio 2487/2490).-
La facultad de evaluar la admisibilidad formal de la acción viene siendo pacíficamente ejercida por este Tribunal al remarcar -a través de sus precedentes- la conveniencia de expedirse, al inicio, sobre la procedencia de la demanda contencioso administrativa, pues ello redundaría en beneficio de los litigantes al evitarse dilaciones y gastos de un litigio que podría eventualmente concluir con el rechazo de la demanda por improcedente (conf. Contencioso Administrativo, Tomos IV, Reg. 307, Folio 687/689 y XII, Reg. 786, Folio 2222/2227).-
Por ello, es que llegan los presentes al Acuerdo con la finalidad de expedirse sobre si la vía judicial se encuentra formalmente habilitada y corresponde la declaración de admisibilidad a su respecto o, por el contrario, se impone la declaración de inadmisibilidad por no contener los recaudos impuestos por la ley adjetiva para su procedencia.-
En los presentes actuados el actor peticiona la nulidad del Decreto 2377/01 y que se ordene al Estado Provincial, como consecuencia, que restablezca el pago del adicional otorgado por el artículo 11 de la Ley Nº 1327, denominado “SCD”.-
Así, de la documental obrante a fs. 7/24, surge que el actor presentó, junto a otras personas, numerosas notas a diversos organismos y en las cuales se expone su reclamo. Así tenemos: Nota a la Ministra de Asuntos Sociales, del 28 de febrero de 2003; al Sr. Gobernador Dr. Héctor Icazuriaga, del 28 de junio de 2003; al Sr. Gobernador Sergio Acevedo, del 20 de noviembre de 2003; al Sr. Vicegobernador Sr. Carlos Sancho, del 29 de diciembre de 2003; al Sr. Presidente de la República Argentina, del 26 de mayo de 2004; al Vocal de los Pasivos de la Caja de Previsión Social -Sr. Miguel Pascual-, del 20 de julio y 21 de diciembre de 2004; a la Diputada Provincial -Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda- Lic. Judit Forstmann, del 2 de mayo de 2005; a la Vocal de los Activos de la Caja de Previsión Social -Sra. Susana Ruiz-, del 30 de marzo de 2007; al Sr. Presidente de la Caja de Previsión Social, del 11 de septiembre de 2009.- Cabe precisar que la demanda -conforme a su objeto, expresado por el accionante-, se enmarca en los términos del art. 40 inc. a) de la Ley Nº 2.600 (impugnación de un acto de alcance general). Sentado ello, debe determinarse si la acción ha sido promovida en tiempo oportuno.-
Este Tribunal Superior ha expresado en repetidas oportunidades, que la existencia de plazos de caducidad para demandar a los órganos del Estado se justifica en la necesidad de dar seguridad jurídica y estabilidad a los actos administrativos pues, de lo contrario, se afectaría el principio constitucional de seguridad jurídica y el interés público si tales actos quedan sujetos a impugnación por largos períodos (conf. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XII Reg. 831, Folio 2358/2360).- Al respecto, el artículo 61 del CPCA, en su inciso b), dispone que se declarará inadmisible la demanda por haberse interpuesto la acción después de estar vencido el plazo para hacerlo. En cuanto a dicho plazo, el artículo 23 del CPCA edicta (en lo que para el caso interesa): “La acción que tenga por objeto las pretensiones establecidas en el Artículo 40 Incisos a), b) y c) caduca en el plazo de noventa (90) días. El plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa, o en los casos de denegación tácita, desde el día siguiente del vencimiento del plazo establecido en el Artículo 8...”. Este último, vale señalarlo, dispone: “Podrán interponerse igualmente las acciones reguladas en éste Código en caso de inactividad o silencio administrativo. Se entenderá que hay denegación tácita cuando, formulada alguna petición, no se resolviera definitivamente dentro de los noventa (90) días de estar el expediente en estado de ser resuelto...”. (confr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIV, Reg. 899, Folio 2633/2635).- En base a tales premisas, se observa que el actor presentó diversas notas dirigidas a numerosos organismos y poderes del Estado. En particular, el plazo debe contarse a partir de la nota dirigida al entonces Gobernador Héctor Icazuriaga (recibida en la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación el 30/07/03 -fs. 8-); por estar dirigida a la autoridad (Poder Ejecutivo Provincial), que emitiera el acto atacado (Decreto Nº 2377/01, que suprimiera el adicional reclamado a partir del 1º de diciembre de 2001).- El Sr. Coto no recibió respuesta alguna a su petición por parte del Poder Ejecutivo, por lo que se configuró el llamado silencio administrativo o denegación tácita de su reclamo.-
En razón que la Administración no ha dictado resolución alguna; debemos ubicarnos en el supuesto del artículo 8 del CPCA, Ley Nº 2600, que prevé que la denegación tácita que habilita la promoción de la acción contencioso administrativa, se produce cuando transcurridos 90 días de estar el expediente en estado de ser resuelto, la administración no lo hace. A partir de allí, se dispone del plazo previsto en el artículo 23, primer párrafo “in fine” de la norma citada, que concede un plazo de 90 días para interponer la demanda, el cual comenzó a correr desde el día siguiente al vencimiento del establecido en el citado artículo 8 (90 días) (conf. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XII, Reg. 786, Folio 2222/2227; XIV, Reg. 899, Folio 2633/2635 y XV, Reg. 973, Folio 2943/2945).- Ello así, permite concluir que desde la fecha de presentación de la nota referida (30 de julio de 2003), hasta el momento de interponerse la presente demanda (24 de noviembre de 2010) ya había fenecido el plazo que el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo -Ley Nº 2600- otorga al efecto (conf. artículos supra citados). Consecuentemente, el vencimiento del término legal previsto a tal fin, produce la caducidad del plazo para promover la acción, obstando la apertura del proceso.- No obstante lo expuesto, adviértase que aún tomando como referencia para los efectos del cómputo del plazo referido, la nota dirigida al entonces Gobernador Sergio Acevedo -con constancia de recepción del 05/01/04- obrante a fs. 10/11, se encuentra asimismo fenecido el plazo a los efectos indicados precedentemente.-
En virtud de lo señalado, debe declararse formalmente inadmisible la demanda, por extemporánea, con costas en el orden causado (art. 90 Ley Nº 2600), y difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la actora- hasta tanto den cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).-
Por todo lo expuesto y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 26/29 vta. por el Sr. Alberto José Coto en contra del Estado Provincial y la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
3. Difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la actora-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes .-
4. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1017C.161 Tomo: XVI Sentencia: 1017 Folio N°: 3151/3154 Secretaría: 1
Fin de la sentencia