Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 10172218-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la firma actora por desistida parcialmente de la acción y el derecho, incluido el de repetición, de conformidad con el considerando VIII e imponer las costas de conformidad con el considerando IX.
2Confirmar el pronunciamiento recurrido, según el considerando XIII, y revocarlo con arreglo al considerando XIV, con costas en proporción a los respectivos vencimientos.
3Declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos por las partes y remitir las actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación a fin de que efectúe una nueva regulación de los honorarios.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 30560/2023 COTO CENTRO INTEGRAL DE
COMERCIALIZACION SA (TF 10172218-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 25 de marzo de 2025.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La firma COTO Centro Integral de Comercialización S.A. interpuso el recurso previsto en el artículo 76, inciso 'b', de la ley 11.683, contra las resoluciones nºs 135/2021, 136/2021 y 137/2021 (DV DEOA) de la Administración Federal de Ingresos Públicos -Dirección General Impositiva (AFIP-DGI), que determinaron de oficio su obligación tributaria:
—En el impuesto al valor agregado (períodos fiscales 07/2015 a 12/2015, 02/2016 a 10/2016 y 01/2017 a 03/2017), liquidó intereses resarcitorios y aplicó una sanción de multa por infracción a los artículos 46 y 47 incisos 'a', 'b' y 'c' de la ley 11.683. —En el impuesto a las ganancias (período fiscal 2016).
—En el impuesto a las salidas no documentadas (períodos fiscales 07/2015 a 02/2016, 06/2016 y 07/2016), liquidó intereses resarcitorios y aplicó una sanción de multa por infracción a los artículos 46 y 47 incisos 'a', 'b' y 'c' de la ley 11.683.
II. El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: "1°) Revocar los ajustes efectuados al proveedor Agroamarillo Cereales S.A en el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas y el impuesto al valor agregado. 2°) Revocar el ajuste referido al proveedor Agropecuaria Pozo Pampa S.A. con relación al impuesto al valor agregado. 3°) Confirmar los ajustes practicados respecto de los proveedores Jorge Alberto Stemmer e Interseal S.A. en lo que hace a los impuestos a las ganancias, salidas no documentadas y el impuesto al valor agregado con más intereses y multas correspondientes". Impuso las costas según los respectivos vencimientos.
En lo que ahora importa, sostuvo:
(i) Es necesario examinar "la operatoria entre la actora y los proveedores Agroamarillo Cereales SA y Agropecuaria Pozo Pampa SA, -ello solo con relación al Impuesto al Valor Agregado-": —La firma Agroamarillo Cereales SA "tiene por actividad la 'venta al por mayor en comisión o consignación de cereales', registrándose comprobantes atribuidos a la misma en los meses de febrero de 2015 a septiembre de 2016 y agosto 2017 por compra de maíz y soja desactivada. [E]n diversas operaciones intervino la firma Grupo Pilar S.A. en la recepción de grandes cantidades de maíz para efectuar su correcto procesamiento. Ello así, se requirió a dicha sociedad intermediaria informe la existencia -o no- de tales bienes y detallara las recepciones de cereales y/u oleaginosas, cuyo remitente comercial hubiera sido Agroamarillo Cereales S.A. y su destinatario COTO".
—Grupo Pilar S.A. acompañó la documentación y "el área determinativa indica que [...] todos los bienes involucrados fueron recibidos por dicho intermediario, validando de esta forma la existencia de los bienes implicados y correspondiendo la admisión del costo computado por COTO en el Impuesto a las Ganancias". —Toda vez que la fiscalización no pudo "localizar a los responsables de Agroamarillo Cereales S.A. en los domicilios declarados, se procedió a citar a los integrantes de la misma a fin de que informen su vínculo comercial con COTO. [S]urge del testimonio del Sr. Guillermo Rubén Gualini que el mismo fue socio e CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 30560/2023 COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SA (TF 10172218-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO integrante del directorio de dicha sociedad hasta el año 2014, momento en que se desvinculó de la misma por decisión propia junto al Sr. Mattos. Detalla que la actividad desarrollada era el corretaje de granos en general [...]. Con respecto a los principales clientes recuerda a COTO [...]. Por otra parte, de los dichos brindados por el Sr. Martín César Mattos, en su carácter de Presidente de la misma, sostuvo que la compañía desarrolló actividad de intermediación en la comercialización de granos entre el año 2008 y septiembre de 2016 aproximadamente, recordando que los principales clientes eran COTO y Grupo Pilar S.A.".
—La actividad declarada de Agropecuaria Pozo Pampa S.A., era "la 'venta al por mayor en comisión o en consignación de ganado bovino en pie', actuando específicamente 'como intermediaria entre el productor de ganado vacuno, quien emite las guías de hacienda de traslado a nivel municipal y vende a cargo de la consignataria Agropecuaria Pozo Pampa S.A. que efectúa una liquidación de venta y el comprador que puede tratarse de un establecimiento frigorífico para faena o de otros productores destinándose entonces a invernada, emitiendo la consignataria una liquidación de compra [...]. Acerca de la operatoria comercial entre el citado proveedor y la firma recurrente se verificó que la actora registró operaciones atribuidas al referido proveedor en los meses de agosto de 2015 a febrero 2017 por compra de ganado bovino'".
—"Respecto del ganado, cuyo destino fue la Planta Faenadora Bancalari S.A., la contribuyente aportó copia de la facturación por servicios de faena realizados con el detalle de tropa, proveedores y consignatarios [...]. Cabe destacar que la apelante suele contratar de forma directa a través de consignatarios- la adquisición de novillos para faenar en establecimientos propios de la actora tales como Frigorífico de González Catán, o bien en instalaciones de terceros, como el Frigorífico Bancalari S.A.".
(vi) Con relación "al circuito de pagos, la recurrente manifiesta que las operaciones fueron canceladas mediante cheques propios". De la documentación acompañada surge "el detalle de las operaciones de compra, servicios prestados -resaltando la fecha, el número de factura, el importe, numero de cheque, por quien fue cobrado y fecha de pago-, como también copias de órdenes de compra, remitos y facturas emitidas por los proveedores".
(vii) "[E]llo se ve complementado con las respuestas brindadas por las entidades bancarias [...] a la circularización realizada por la fiscalización, oportunidad en la que informaron y aportaron copia de los cheques con los que fueron canceladas las facturas".
(viii) "De ello se desprende que no solo los montos en los mismos se condicen con el de las facturas emitidas por Agroamarillo Cereales SA y Agopecuaria Pozo Pampa SA a COTO sino que los mismos fueron emitidos a nombre de los proveedores y endosados por estos o sus representantes y, además que la mayoría de los importes fueron acreditados en las cuentas de los sujetos observados". (ix) "[N]o puede dejar de soslayarse que la fiscalización [...] no objetó la existencia formal de los proveedores antes referidos". (x) Los proveedores "se encontraban inscriptos ante la AFIP y, por lo tanto, poseían CUIT y CAI. Asimismo, cabe destacar que al momento de celebrarse la mayoría de las operaciones, los proveedores cuestionados no se encontraban incluidos en la base e -Apoc".
(xi) "En cuanto a la determinación efectuada en concepto de Salidas no Documentadas respecto a Agroamarillo Cereales SA, por CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 30560/2023 COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SA (TF 10172218-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO los argumentos expuestos [...] y toda vez que se ha acreditado quien fue el destinatario de las erogaciones efectuadas, corresponde revocar también dicho ajuste, con costas".
(xii) "[S]obre los intereses resarcitorios intimados en los actos apelados, cabe recordar que éstos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias".
(xiii) "[H]an concordado elementos suficientes para tener por configurado el ilícito previsto en el art. 46 de la ley de rito, como así también la debida utilización de las presunciones establecidas en los incisos a), b) y c) del art. 47 de la citada normativa".
La vocal Agustina O´Donell en su disidencia parcial sostuvo: "Respecto de la impugnación de los créditos fiscales por los comprobantes recibidos de Agroamarillo Cereales S.A., es el propio recurrente el que admite que en la operatoria intervino un intermediario -Grupo Pilar S.A.-, por lo que, sumado a las irregularidades detectadas al proveedor como resultado de las tareas de investigación llevadas a cabo por la fiscalización, corresponde confirmar el ajuste por este concepto ya que no es dicha firma la que ha configurado el débito fiscal en la forma exigida en el art. 12 de la ley del impuesto al valor agregado".
III. Que contra esa decisión, ambas partes apelaron y expresaron agravios que fueron contestados.
IV. Que radicada la causa en esta sala, la firma actora manifestó (ver la presentación del 24 de septiembre de 2024) que "regularizó parcialmente la obligación objeto de autos en los términos de la ley 27.743 denominada 'Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes'".
Con esa finalidad, de acuerdo con el artículo 15 de esa norma y el artículo 35 de la resolución general n° 5525/2024 adjuntó la constancia de recepción de los formularios N° 408/PD formalizando, de esta manera, el allanamiento requerido por el régimen jurídico. También acompañó "los Formularios F.408 presentados por cada impuesto, sus acuses de presentación y el plan de pagos realizado". Y manifestó con carácter de declaración jurada que no se estaba comprendida en ninguna de las causales de exclusión establecidas en el artículo 4° de la ley 27.743.
En consecuencia, solicitó que se la tenga por desistida en esos términos "continuando el expediente en tanto fuera materia de agravios planteados por el Fisco Nacional" y requirió "que al regular los honorarios de la contraparte reduzca los mismos en un 50% conforme lo previsto por el art. 9 de la ley".
V. En la presentación del 12 de noviembre de 2024, la firma actora informó que la AFIP "notificó a mi mandante el rechazo de la compensación en concepto de IVA" y que "procedió a regularizar dicha deuda mediante la generación de un plan de pagos tal y como surge de la documentación que se acompaña al presente. En tal carácter, y siendo un concepto y período fiscal vinculado al discutido en autos, mi mandante hace saber su regularización y cancelación".
VI. De esas presentaciones se confirió traslado a la AFIP, que informó:
—"[L]as rectificativas presentadas el 12/09/2024 se ajustan a la reliquidación adjunta y los montos resultantes se encuentran CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 30560/2023 COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SA (TF 10172218-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO regularizados en el Régimen de la Ley 27743 nro T569536 con modalidad pago al contado".
—"[R]especto del impuesto a las ganancias 2016, se determina una disminución en el Saldo de libre disponibilidad, el cual había sido utilizado en su totalidad. No se registra cancelación o regularización del importe objetado".
—"En cuanto a la documentación acompañada por la actora, mediante dicho correo el área ratifica la presentación de los formularios 408".
—"Consultada nuevamente la División Recaudación de Personas Jurídicas, ello en virtud de lo señalado por la actora en su segunda presentación" precisó que "[e]l saldo a favor fue utilizado para cancelar por medio de compensación, entre otras obligaciones, IVA 2016/12. Al haber disminuido dicho saldo a favor, el contribuyente procedió a regularizar la deuda generada en dicho impuesto y periodo mediante acogimiento al plan de pagos establecido por la Ley 27743, plan T 829467".
—"Del Sistema Atenea -Módulo Juicios Universales, surge que la contribuyente no posee registrados juicios universales en trámite, finalizados ni paralizados - artículo 4 inciso i) de la Ley 27.743".
—"[D]e la consulta realizada en el Sistema de Seguimiento de Causas Penales, no surgen respecto de la contribuyente causas penales con condena confirmada en segunda instancia, por alguno de los delitos previstos en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones, y/o en el título IX de la Ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario) con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.743 (inciso j), como así tampoco respecto de la causal de exclusión prevista en el inciso l) de la citada normativa".
VII. En el título I de la ley 27.743 (Boletín Oficial del 8 de julio de 2024) se creó un régimen de regularización de obligaciones tributarias, y se estableció que los contribuyentes y responsables de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos "podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones". Dicho acogimiento "podrá formularse desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta transcurridos 150 días corridos desde aquella fecha, inclusive" (artículos 1º y 2º).
Dispuso que "[q]uedan incluidas [en dicho régimen]: a)
Aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa (incluye las causas ante el Tribunal Fiscal de la Nación) o contencioso administrativa (incluye cualquier causa en trámite ante el Poder Judicial), en tanto el contribuyente se allane y/o desista, según corresponda, incondicionalmente por las obligaciones regularizadas; y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos" (artículo 3º, inciso 'a').
Estableció "con alcance general, para los sujetos que se acojan al presente régimen" la exención y/o condonación de los intereses resarcitorios y punitorios devengados "según la fecha de adhesión y la forma de pago elegida" (artículo 6). Y "[e]n los casos mencionados en los incisos 'a', 'b', 'c', 'd' y 'e' del primer párrafo del artículo 6° se condonará el cien por ciento (100%) de las multas aplicadas" (artículo 7).
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COMERCIALIZACION SA (TF 10172218-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Acordó que "[l]a adhesión al presente régimen implica la renuncia a iniciar acciones de reintegro y/o repetición por las obligaciones tributarias y aduaneras [incluidos] los intereses resarcitorios y punitorios no condonados" (artículo 15).
VIII. En el contexto de las normas reseñadas y las manifestaciones realizadas por las partes intervinientes en sus presentaciones, corresponde tener a la firma actora por desistida parcialmente de la acción y del derecho, incluido el de repetición, de conformidad con la ley 27.743 y la resolución general n° 5525/2024. La adhesión de la firma actora al régimen aludido implica la eximición parcial de los intereses y la condonación de las sanciones previstas en la ley 11.683.
Esta conclusión no impide, en modo alguno, el control que la AFIP pueda efectuar respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos en el régimen de regularización.
IX. Referentemente a las costas del desistimiento, debe realizarse algunas precisiones:
i. El artículo 3º, inciso 'a', de la ley 27.743 es claro al expresar que quedan incluidas en el régimen de regularización aquellas obligaciones que —como en el caso— se encuentran en curso de discusión judicial, en tanto el responsable "se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas; y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos".
ii. Respecto de las sanciones de multa y la eximición parcial de intereses, las costas deben ser distribuidas en el orden causado, puesto que con relación a ese rubro el proceso culminó en razón de la condonación prevista en los artículos 6 y 7 de la referida ley. En ese sentido, dado que la ley establece el beneficio de liberación de multas y eximición de intereses cuando se cumplan las diversas condiciones allí previstas, resulta claro que una vez acreditado su cumplimiento la condonación opera de pleno derecho, razón por la cual no resulta posible establecer que exista un parte vencida en el pleito, en los términos del artículo 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (esta sala, causa n° 20.293/2018 “JBS Argentina S.A. (TF 36443-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 24 de junio de 2021, y sus citas).
Un criterio idéntico fue sostenido por esta sala al examinar la forma en que correspondía distribuir las costas respecto de beneficios análogos de condonación de infracciones materiales al que aquí se halla involucrado, previstos en los regímenes de las leyes 26.476 (causas “Arre Beef” y “Recursos Humanos y Organización”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, entre otros), 27.260 (causas “Bertolini, Francisco Eugenio”, “Eventos del Campo S.A.” y “ Alpargatas SAIC”, pronunciamientos del 13 de diciembre de 2016 y del 25 de marzo 2021, entre otros) y 27.541 (causas "JBS Argentina SA", citada, y "DIGIP Soluciones Integrales SRL", pronunciamiento del 26 de mayo de 2022).
X. En atención al considerando VIII, corresponde examinar los agravios de la AFIP, que pueden ser sintetizados de la siguiente manera:
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COMERCIALIZACION SA (TF 10172218-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (i) El proveedor Agroamarillo Cereales S.A. fue "cargado en la base Apoc, no se localizó a la firma en sus domicilios declarados, los integrantes de la sociedad no aportaron libros contables ni documentación alguna que valide las operaciones, no se localizaron a sus empleados declarados, [tenía] irregularidades en su situación impositiva, declaraciones juradas incongruentes con las operaciones computadas por COTO, acreditaciones bancarias inconsistentes con el nivel de facturación registrado, [las] empresas proveedoras de la investigada [estaban] incluidas en la base de contribuyentes apócrifos, y [fue] excluida del Registro Fiscal de Operadores de Granos", por tanto concluye en que carecía de capacidad operativa para desarrollar las operaciones impugnadas.
Y agrega que el juez administrativo puntualizó "sobre lo alegado por la encartada respecto que el Sr. Mattos y el Sr. Giulani reconocieron expresamente a COTO como cliente, [...] que los integrantes societarios no aportaron libros contables ni documentación respaldatoria de las operaciones computadas por COTO en sus declaraciones juradas que permitan validarlas". (ii) El proveedor Agropecuaria Pozo Pampa S.A. fue "cargado en la base Apoc, no [fue] localizado en sus domicilios, incumplimientos de requerimientos, irregularidades en su situación impositiva y en el circuito de pagos, y declaraciones juradas incongruentes con las operaciones computadas por COTO, [que le] permitió concluir que se trata de un sujeto que no posee capacidad económica para desarrollar las operaciones impugnadas a la rubrada, en el impuesto y períodos fiscales objeto de la presente". Si bien la firma actora —añadió— informó "las personas de contacto de los proveedores con los que habría realizado las operaciones comerciales, este Organismo agotó sus capacidades de intentar recolectar pruebas que logren demostrar la real prestación de servicios y/o adquisición de bienes".
(iii) "[C]on relación a que la inclusión en la base eApoc de los proveedores referidos lo fue con posterioridad a la concreción de las operaciones cuestionadas, cabe señalar que la incorporación a dicha base fue el resultado de una tarea de investigación que comprendió necesariamente períodos anteriores a la fecha de su inclusión a la misma". Agrega que "la no inclusión en dicha base no implica un otorgamiento de validez del contenido de las operaciones realizadas por la contribuyente".
(iv) "[U]na contabilidad inobjetable no exime a la actora de la obligación de aportar otras pruebas tendientes a avalar la existencia de los actos económicos cuestionados".
(v) "[S]olicita en subsidio [...] se haga lugar a lo propiciado por la Vocal O´Donnel en su voto minoritario".
XI. Esta cámara, por sus diversas salas, ha dicho invariablemente que no corresponde apartarse de la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación de las circunstancias fácticas de la causa, dado los límites del recurso que prevé el artículo 86, inciso ‘b’, de la ley 11.683, a menos que se pruebe que aquel tribunal haya incurrido en un error en la apreciación de los hechos (esta sala, causas “ABC Maderas SA (TF 16870-I) c/ DGI” y “ Junquera, Marta Aurora”, pronunciamientos del 6 de diciembre de 2011 y del 4 de agosto de 2015, respectivamente; en igual sentido, Sala III, causa “ Ambulancias Privadas Argentinas SA ”, pronunciamiento del 23 de febrero de 2011, Sala IV, causa “L CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 30560/2023 COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SA (TF 10172218-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Guillon SA”, pronunciamiento del 27 de junio de 2024, y Sala V, causa “Granja La Loma SRL” pronunciamiento del 18 de junio de 2024).
XII. El examen de las actuaciones administrativas exhibe que en relación con el proveedor Agroamarillo Cereales S.A. los inspectores actuantes en la fiscalización dejaron asentadas diversas irregularidades:
—"Entre los años 2015 a 2017 se registraron acreditaciones bancarias por la suma de $25.914.504 ($15.636.126, $7.336.256 y $2.942.122 por los años 2015, 2016 y 2017 -respectivamente-)", sin embargo, "esas sumas de dinero superan ampliamente las ventas que declaró en el impuesto al valor agregado en esos períodos fiscales". Por otro lado, presentó la declaración jurada del impuesto a las ganancias por el período fiscal 2015 sin movimientos.
—Entre los períodos fiscales "7/2015 y 10/2016 [...] declaró menos de $150.000 como débito fiscal, monto muy por debajo del crédito fiscal computado por COTO en relación al mismo ($487.702 ,76)".
—"En el sistema de percepción de riesgo (SIPER) se encuentra en la categoría 'E' – Muy alto riesgo".
—"Se encuentra excluido del Registro Fiscal de Operadores de Granos desde el 5/12/2016".
—"Se constataron empresas proveedoras del supuesto proveedor registradas también en la base como apócrifas". —"[D]eclaró dos empleados en relación de dependencia hasta [el] 5/2016, un empleado a partir [del] 6/2016 hasta 12/2017 y ningún empleado a partir [del] 1/2018".
—"[P]osee una propiedad ubicada en la zona rural de la Provincia de Catamarca".
—"Fue cargado en la base eApoc bajo la condición 'con resistencia a la fiscalización' con fecha 30/5/2018".
—"Tanto la firma [...] como su presidente, Martín Cesar Mattos, y su vicepresidente, Guillermo Ruben Gualini" incumplieron con diversas citaciones que la AFIP efectuó "en los meses 10/2016, 09/2017, 10/2017 y 01/2008".
—"[N]o se logró localizar a la firma [...] en su domicilio fiscal [...] los días 08/08/2016, 16/08/2016".
—"El 17/10/2016 se citó al Sr. Martín César Mattos [...] para que cumplimentara requerimientos, quien 31/10/2016 se presentó, en la sede administrativa [...] solicitando prórroga para tal fin [...]. Al vencimiento del plazo otorgado no fueron cumplimentados". —La AFIP "volvió a citar al Sr. Mattos el día 20/03/2017 [...] quien acuso recibo el 28/03/2017. Nuevamente no se obtuvo respuesta".
—"[C]on fecha 01/08/2018, se citaron a empleados de la firma [...] sin obtener respuesta por haber sido devueltos los sobres por el correo con la leyenda 'plazo vencido no reclamado'".
—Los funcionarios actuantes concurrieron al domicilio que Guillermo Ruben Gualini había registrado como alternativo "[a]llí, el día 04/09/2019, luego de tocar el timbre del portero eléctrico [...] una persona de sexo masculino se acercó a la puerta ingreso del edificio, manifestó llamarse Julio Lobo y ser empleado de 'Agroamarillo Casares'. Posteriormente al ser consultado por la firma Agroamarillo Cereales S.A. y por los Sres. Guillermo Gualini y Martín Mattos, manifestó que la referida sociedad no existía más y que los socios se encontraban en el exterior del país. Además informó que en la oficina CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 30560/2023 COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SA (TF 10172218-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO no poseían teléfono y tampoco poseía el número" de teléfono de aquéllos.
—"[E]l día 06/09/2019 se concurrió al domicilio [...] alternativo de Juan Ignacio Mattos (informado como contacto por COTO). Allí, una persona de sexo masculino, que dijo ser encargado del edificio, manifestó que Juan Mattos vive en el departamento pero se encontraba de viaje y no sabía cuando volvería. Agregó que generalmente el Sr. Mattos se iba dos o tres meses y que no poseía ningún número telefónico de contacto ni otro dato".
XIII. La reseña efectuada conduce a revocar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación en este punto. Resulta claro que no fue exclusivamente el incumplimiento de los deberes fiscales de este proveedor lo que la AFIP ponderó para efectuar el ajuste fiscal.
Por el contrario, sobre la base de las tareas de fiscalización reunió indicios serios que le permitieron aseverar que la firma Agroamarillo Cereales S.A. carecía de la estructura necesaria para realizar las operaciones impugnadas.
Es sabido que no basta la mera formalidad de la tenencia de comprobantes sino que éstos deben reflejar la realidad económica de los actos que respaldan, dado que sólo de la fe que ellos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllos (artículo 33 de la ley 11.683; esta sala, causa “Inversiones Agropecuarias Sembrar SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 2 de marzo de 2017).
En este contexto está claro que la impugnación formulada por la AFIP se sustenta en la propia mecánica del impuesto. En efecto, del juego armónico de los artículos 12, 37 y 41 de la ley del impuesto al valor agregado, es posible inferir que la procedencia del cómputo del crédito fiscal está condicionada -entre otros requisitos- a que el impuesto sea facturado y discriminado en un todo de acuerdo con las normas vigentes sobre emisión de comprobantes y, como derivación lógica de ello, que el crédito fiscal responda a una operación gravada, es decir que se hubiera generado en el vendedor el respectivo hecho imponible de acuerdo con lo previsto en los artículos 5 y 6 de esa ley. Debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Feretti, Félix Eduardo” (Fallos: 338:169), sostuvo que el artículo 12 de la ley del impuesto al valor agregado subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto de los vendedores de bienes o de los prestadores del servicio.
Tampoco es admisible el argumento relativo a la fecha en que los citados proveedores fueron incluidos en la "base apoc", pues tal decisión administrativa, aun cuando haya sido posterior a la fecha de las operaciones, evidencia indudablemente la existencia de anomalías, que requirieron un proceso de investigación y que de todos modos cede ante el cúmulo de probanzas de que se valió la AFIP para fundamentar el ajuste (esta sala, causa nº 51333/2019 " Carlos Miguel Moranzoni S.A. (tf 41703-i) c/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo ", pronunciamiento del 6 de julio de 2020).
Finalmente si bien el señor Guillermo Ruben Gualini reconoció expresamente a la firma COTO como cliente de Agroamarillo Cereales SA las operaciones que aquí se discuten fueron realizadas con posterioridad a su desvinculación de esta firma.
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COMERCIALIZACION SA (TF 10172218-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por otro lado, la declaración del señor Martín Mattos tampoco aporta claridad sobre el punto pues menciona como clientes a Grupo Pilar y a COTO, toda vez que la primera, supuestamente, era intermediaria entre el proveedor y la firma actora.
XIV. Diferente es el caso del proveedor Agropecuaria Pozo Pampa S.A.
La AFIP no aportó elementos de convicción o indicios categóricos que permitan conmover el criterio seguido por el Tribunal Fiscal de la Nación.
En efecto, según surge de las actuaciones administrativas basó su impugnación únicamente en el hecho de que no pudo localizar a la persona responsable de la firma, "[n]o registró bienes a su nombre" y en que poseía "una relación débito/crédito fiscal en el IVA igual o menor a uno".
Estos elementos, a diferencia de la situación referente al proveedor Agrocereales Amarilla, no permiten llegar a una conclusión idéntica, esto es a la falta de vinculación del proveedor con las operaciones facturadas.
Así es, pues, estos incumplimientos por parte del proveedor no resultan atribuibles a la firma actora.
XV. Por tanto, corresponde confirmar el pronunciamiento de conformidad con el considerando XIII, y revocarlo con arreglo al considerando XIV, con costas en proporción a los respectivos vencimientos (artículo 68, párrafo segundo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
XVI. En función de los considerandos IX y XV, corresponde dejar sin efecto la regulación de los honorarios que se efectuó el 27 de mayo de 2024, declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos por las partes y remitir las actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación a fin de que efectúe una nueva regulación de los honorarios.
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1. Tener a la firma actora por desistida parcialmente de la acción y el derecho, incluido el de repetición, de conformidad con el considerando VIII e imponer las costas de conformidad con el considerando IX. 2. Confirmar el pronunciamiento recurrido, según el considerando XIII, y revocarlo con arreglo al considerando XIV, con costas en proporción a los respectivos vencimientos. 3. Declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos por las partes y remitir las actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación a fin de que efectúe una nueva regulación de los honorarios. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase al Tribunal Fiscal de la Nación.
Fin de la sentencia