Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-56438469-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución nº 828/2017, dictada en las actuaciones administrativas nº 12145-122-2012, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-105263487-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 7 de Septiembre de 2023 56438469 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente n° EX-2021-56438469-APN-SGASAD#TFN La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que mediante RE-2021-56436201-APN-SGASAD se presenta, por apoderado, la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución aduanera dictada con fecha 20 de febrero de 2017, en las actuaciones administrativas nº 12145-122-2012, que le fuera notificada mediante SICNEA 21 001 NOTI 104142 H con fecha 3/6/21, mediante la cual se la condena al pago de una multa de $ 275.014,88 por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. Relata que importó mediante DI nº 12 001 IC05 006648 P, mariscos congelados, provenientes de la República de Chile. Menciona que una vez arribada la mercadería, al momento de la verificación de la destinación, se pudo observar que la misma no contaba las condiciones higiénico/sanitarias para su consumo ya que se encontraba en un estado de putrefacción por la evidente pérdida de frío del furgón en donde se transportaban (conforme surge del acta notarial N° 014942552 y acta de SENASA N° 17).
Es por ello, que se procedió a destruir la mercadería. Agrega que como la destinación no se encontraba amparada por el SENASA, la aduana instruye sumario el 29/03/12 por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. En primer término, se agravia la irrazonable duración del proceso en sede aduanera. Cita los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Losicer” (CSJN, causa L. 216. XLV, del 26/06/12) y Bossi y García S.A. (TF 5932-A) c/ DGA”. Asimismo, se agravia porque la aduana dictó resolución aduanera sin analizar la prueba ni los argumentos de la actora, lo que entiende que implica una vulneración de su derecho de defensa.
Opone prescripción penal, con fundamento en que la Resolución fue notificada cuando ya había operado la prescripción. Cita normativa y jurisprudencia a su favor. Seguidamente, sostiene que no se configura la infracción que se le imputa. Aduce que no se ha vulnerado el principio de veracidad y exactitud; destaca que lo que ocurrió es que en el camino la mercadería se hechó a perder, no siendo este hecho imputable a la actora. Invoca el art. 902 del C.A. Alega que el despacho se condecía con lo declarado. Entiende que el hecho de que la mercadería- por cuestiones ajenas a la voluntad de la actora y de fuerza mayor- se haya podrido, y por lo tanto no se haya obtenido el certificado emitido por SENASA, no significa que la aquí actora haya incurrido en la infracción que se le imputa.
Sostiene que no puede ser responsable por un hecho ajeno. En subsidio, solicita la aplicación de lo dispuesto en el art. 898 del C.A. y peticiona la atenuación de la multa en los términos del art. 916 del C.A. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución, con costas.
II. Que mediante IF-2021-85984228-APN-DTD#JGM se presenta la demandada, por apoderado, y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. En primer término, realiza un breve relato de los hechos y luego, una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. En cuanto a la noción del plazo razonable, aduce que el bien jurídico protegido es el derecho de la persona física, y no el de las personas jurídicas o de existencia ideal; por lo que entiende que la legislación internacional no resulta en modo alguno aplicable al caso de autos. Cita jurisprudencia. En cuanto al planteo de nulidad opuesto por la actora, alega que el accionar de la aduana resulta ajustado a derecho. Agrega que debido a la existencia de una etapa jurisdiccional posterior a la realizada en sede aduanera, no hay efectiva violación de derecho de defensa de la recurrente y destaca que las nulidades son subsanables. Por otro lado, y en cuanto al fondo de la cuestión debatida en autos -esto es: la configuración del inciso b) del art. 954 del C.A.-, sostiene que dada la putrefacción de la mercadería, la misma se torna prohibida para su ingreso. Por otro lado, en cuanto al planteo de la contraria vinculado a que no resulta de su responsabilidad la falla en el camión transportador, sostiene que ello no es un eximente de responsabilidad de la importadora. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Que, mediante PV-2021-88043232-APN-TFN#MEC se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido a la demandada y se la intima a acompañar las actuaciones administrativas, las que se acompañan mediante IF-2022-58528604-APN-DTD#JGM. Mediante PV-2022-61223785-APN- VOCXVIII#TFN se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas y se corre vista de las mismas a la actora. Mediante PV-2022-86664474-APN-VOCXVIII#TFN se tiene presente la prueba documental acompañada por la recurrente. Luego, se elevan los autos a la Sala “F”, y se ponen a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas n° 12145-122-2012 se inician con el Acta de Denuncia n° 2324/2012 toda vez que de la verificación documental y física de la destinación de importación n° 12 001 IC05 006648P surge que la mercadería no se encuentra amparada por SENASA, ello indicado por acta de constatación y decomiso n° 17 de fecha 23 de marzo de 2012, donde se indica la presencia de olores putefractos y mercadería en estado de putefracción resultando prima facie una infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. A fs. 2/3 obra la valoración en aduana. A fs. 4 se agrega la liquidación aduanera. A fs. 9 luce el sobre contenedor del DI referido, oficializado el 22/03/12. A fs. 10 obra el Acta de constatación y decomiso de SENASA, de donde surge que la mercadería se encontraba en estado de putrefacción, por la posible pérdida de frío, motivada por errores en el cerrado de la puerta y se procede a realizar el decomiso y posterior destrucción de la mercadería.
A fs. 11 se presenta, por apoderado, COTO a los efectos de poder trasladar la mercadería y luego destruirla, conforme fuera dispuesto por la autoridad sanitaria SENASA. A fs. 15 con fecha 29 de marzo de 2012 se instruye sumario por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. debido a que se detectó mercadería sin la debida certificación SENASA, generándose, en consecuencia, una prohibición a la importación. A fs. 20 (refoliado) obra el comprobante de recepción de garantía. Con posterioridad, se resuelve liberar en plaza la mercadería al único y sólo efecto de destruirla. A fs. 31, con fecha 12/6/12 se corre vista a la aquí actora y al despachante de aduana MASSOBRIO MARTA ANGELA por la infracción tipificada en el art. 964, ap. 1, inc. b), del C.A.
Con fecha 2/8/13 se notifica personalmente la firma COTO del auto de la corrida de vista -ver fs. 31 vta.- A fs. 32/35 contesta la vista conferida la aquí actora. A fs. 66 (refoliado) se notifica vía SICNEA la despachante de aduanas de la corrida de vista, y a fs. 67/75 (refoliado) contesta la vista conferida. A fs. 77 (refoliado) se tienen por presentados a la aquí actora y al despachante de aduanas y por contestada la vista que les fuera conferida; asimismo se tiene por agregada la prueba documental. Luego, con fecha 20/2/17 se dicta la Resolución aquí apelada, 828/17, mediante la cual se absuelve al despachante de aduanas y se condena a la aquí actora al pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A., de lo que se notifica el 3/6/21.
V. Que, en primer término, corresponde analizar el agravio de la actora vinculado a que la aduana no analizó la prueba ofrecida en sede aduanera ni sus argumentos.
Que, corresponde precisar que ello no le causa a la aquí actora indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia, dada la posibilidad de ofrecer y producir prueba con total amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna; por lo que las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que, en consecuencia, procede rechazar el planteo de nulidad.
VI. Que, seguidamente, corresponde resolver el planteo de prescripción penal opuesto por la actora. Que al respecto debe señalarse que el Código Aduanero establece en los arts. 934 y 935 del CA, que la acción del fisco para imponer penas prescribe por el transcurso de cinco (5) años, que deben comenzar a computarse desde el 1° de enero del año siguiente al que se hubiere cometido la infracción endilgada, que en el caso acaeció el 22/3/12. Siendo ello así, el plazo de prescripción comenzó a correr desde el 01/01/2013 y su vencimiento acaecería el 31/12/2017.
Que el art. 937 inc. a) del C.A. respectivamente dispone que: “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, entonces, habiéndose dictado el auto de instrucción de sumario el 29 de marzo de 2012 -fs. 15 de las actuaciones administrativas-, el mismo interrumpe el curso de la prescripción quinquenal, debiendo computarse un nuevo plazo de cinco años, que en el caso comenzó a correr el 30 de marzo de 2012 (conforme lo resuelto por la CSJN en la causa “Parquerama SA” sent. del 22-2- 94 (Fallos:308:1095) y a la fecha en que fue dictada la resolución apelada (20/02/17) aún no había vencido. Que a los fundamentos que anteceden, debe agregarse que conforme la doctrina legal del Plenario dictado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa " Hughes Tool SA" del 23/09/2003, "De acuerdo a la legislación aduanera, interrumpe el plazo de prescripción el simple dictado del acto administrativo constitutivo de la resolución condenatoria, sin que para ello se requiera la previa notificación".
Dicha doctrina no se ha modificado expresamente hasta el día de la fecha, por lo cual debe ser aplicada en la interpretación de la normativa que rige hoy en la cuestión en trato.
Que, por las razones expuestas, corresponde rechazar el planteo de prescripción.
VII. Que a lo expuesto debe adicionarse que no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial invocada por la actora referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Bossi y García” del 08/11/2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros” del 26/06/2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años y, en los presentes autos se trata de un procedimiento infraccional iniciado con fecha 23/03/12 (ver denuncia obrante a fs. 1 de las act adm) en el que dentro de los plazos prescriptivos establecidos por el CA, la Aduana ha tramitado el sumario infraccional que diera origen a la resolución apelada ante este Tribunal.
VIII. Que, sentado lo expuesto, corresponde analizar si resulta ajustada a derecho la Resolución n° 828/2017, a través de la cual se condena a la aquí actora al pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A.
Que mediante la destinación n° 12 001 IC05 006648P, oficializada el 22/03/12, se documentó la importación para consumo de 22.000 kilos de mercadería clasificada en la P.A. 1605.53.00.900W, “Los demás Mejillones, Moluscos: CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS” (item 1); y de 1.000 kilos de “Los demás –Almejas, Berberechos y arcas: MOLUSCOS: CRUSTACEOS, MOLEUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS”, mercadería que clasifica en la P.A. 1605.56.00.900G (item 2).
Que, en lo que aquí interesa, en ambos item figura en el campo “DOCUMENTOS A PRESENTAR:
Certificado de SENASA”, siendo la mercadería de origen y procedencia Chile.
Que a esta operación le fue asignado el canal de selectividad rojo y al proceder al control documental y físico de la mercadería, la Aduana detecta que la mercadería no se encuentra amparada por SENASA; razón por la que se labra acta de denuncia por la infracción prima facie al art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. Que, resulta pertinente destacar que conforme surge del Acta de constatación y decomiso de SENASA, la mercadería se encontraba en estado de putrefacción, por la posible pérdida de frío, motivada por errores en el cerrado de la puerta del furgón. Asimismo, se deja constancia que se constata la presencia de moscas y cajas con evidente pérdida de frío (chorreadas) -ver fs. 10 de las actuaciones administrativas-. Que, ante esto, se procede al decomiso de la mercadería y a su posterior destrucción y basándose en que la mercadería no estaba amparada por el SENASA, la aduana instruye sumario por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b del C.A. y le corre vista a la actora y al despachante de aduanas. Que, a fs. 32/35 de las actuaciones administrativas la importadora contesta la vista conferida y el despachante de aduanas a fs. 6/75 (refoliado)y finalmente, la aduana dicta la Resolución nº 828/17, mediante la cual condena a la actora al pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A, y absuelve al despachante de aduanas.
IX. Que, en primer término corresponde destacar que la figura del art. 954 del C.A. requiere, además de la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, que la misma sea idónea para producir alguno de los efectos previstos en los incs. a), b) o c), del ap. 1 de dicho artículo.
Que, en lo que aquí interesa, el efecto que esa diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, debe producir o haber podido producir, en caso de pasar inadvertida es la trasgresión a una prohibición.
Que de la Exposición de Motivos del C.A. se desprende que el legislador ha querido tutelar en el capítulo VII, referido a las declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas, el principio básico de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera.
Que, en el caso de autos, la aduana entiende que se ha cometido la infracción tipfiicada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. ya que no se adjuntó el certifciado del SENASA. Es decir, el servicio aduanero concluye que la mercadería requería una autorización por autoridad competente: SENASA y la actora no acompañó este certificado.
Que, conforme lo dispuesto por la Resolución ANA Nº 2012/93, modificada por Resolucíón ANA 2609/97: “(...) Con el objeto de asegurar los controles establecidos para las mercaderías consignadas en el Anexo I, el libramiento a plaza de los mismas queda sujeta a la previa autorización emitida por el S.E.N.A.S.A. y su intervención, en el caso de importación, debe practicarse en el lugar de ingreso de las mercaderías al territorio aduanero (art. 2)”
Que no se encuentra discutido en autos que la mercadería se encuentra consignada en el Anexo I. Y que, por ende, requería de este certificado.
Que la exigencia de la autorización previa, como condición indispensable para liberar a plaza la mercadería ingresada al territorio aduanero, implica que dicha importación se halla sujeta a una prohibición relativa en atención a su alcance, según se prevé en los arts. 608, inc. b), y 612 del C.A. Que, en lo que aquí interesa, compulsada la documentación obrante en sobre del DI, se comprueba que no se acompañó el Certificado del SENASA, cuando en el campo “DOCUMENTOS A PRESENTAR” se declaró Certificado de SENASA, como ya se dijo.
Que, precisamente en ello radica la inexactitud de la declaración comprometida, inexactitud que fue advertida al efectuarse la verificación documental y física de la destinación -ver acta de denuncia obrante a fs. 1 de las actuaciones administrativas y acta de constatación y decomiso nº 17 de fecha 23 de marzo de 2012-.
X. Que, resulta pertinente destacar que, el argumento de la recurrente vinculado a que la mercadería al momento de ser cargada en el medio de transporte se encontraba en óptimas condiciones tanto de calidad, como de temperatura ambiental en el furgón térmico como para ser conservada por varios días y que se descompuso por cuestiones ajenas a su voluntad y que por ello, no obtuvo el certificado del SENASA, no resulta suficiente para eximirla de responsabilidad.
Que, ello es así toda vez que conforme lo dispuesto en el art. 902, ap. 2, del C.A. la ignorancia o el error de hecho o de derecho no constituyen eximentes de sanción, salvo las excepciones expresamente previstas, que no se configuran en autos.
Que, precisamente, las circunstancias apuntadas resultan inoponibles ante el servicio aduanero, por cuanto la operatoria aduanera está estructurada sobre la base de la confianza que dicho organismo deposita en los distintos sujetos que desarrollan su actividad en el área del comercio exterior, sistema que tiende a simplificar los controles para agilizar el intercambio en el comercio internacional, y que tiene como contrapartida la necesidad del autocontrol del importador-exportador y la sanción ejemplificadora al detectar infracciones.
Que como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que la Administración Nacional de Aduanas practique las tareas de control que le están asignadas; al contrario, la sujeción a tales presupuestos tiende a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan…”(conf. sent. del 12/05/1992, in re “SUBPGA S.A.C.I.F. e I.”).
Que en este sentido, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, también sostuvo en la causa “Roussel Argentina S.A. (T.F. 16.966-A) c/ DGA”, que: “...cabe tener presente que la ley alcanza el hecho ilícito en el momento en que se efectúa la declaración aduanera ...
Por ello, al momento de la presentación del documento analizado en el sub examine quedó configurada la declaración inexacta susceptible de producir una transgresión a la importación, debiendo puntualizarse que la presentación tardía de los certificados, no eliminó la virtualidad de la declaración de producir dicha transgresión”.
Que, a mayor abundamiento, no puede dejar de señalarse que la actora omite el hecho de que manifestó en forma expresa que acompañaba el certificado, siendo que no adjuntó certificado alguno.
XI. Que, por otro lado, cabe destacar que, contrariamente a lo que argumenta la recurrente, la mercadería en trato no se convierte en prohibida porque no se acompañó el certificado exigido, sino que la misma resulta de importación prohibida salvo que se gestione el mismo, en el caso, previamente al libramiento a plaza de la mercadería.
Que el Código Aduanero contempla a las prohibiciones a la importación y a la exportación en la Sección VIII, distinguiendo entre prohibiciones económicas y no económicas, así como entre prohibiciones absolutas y relativas. En el caso, nos encontramos ante una prohibición de carácter no económico, atento su finalidad, y relativa, toda vez que permite la importación de determinada mercadería con el cumplimiento de determinados requisitos.
Que, en consecuencia, no sólo se cometió una declaración inexacta, sino que se produjo una transgresión a una prohibición a la importación, ya que al momento de la oficialización de la declaración aduanera la mercadería importada se encontraba alcanzada por una prohibición o restricción legal por cuanto no contaba con la debida autorización para su importación -esto es: no contaba con la autorización e intervención del SENASA, conforme lo dispuesto por la normativa-. Surge así que la conducta investigada en autos encuadra en el tipo descripto en el art. 954, ap 1, inc. b), del C.A.
XII. Que, sentado lo expuesto y toda vez que en el presente caso no existe duda alguna respecto de los hechos -esto es: no se obtuvo el Certificado del SENASA, que resulta una condición ineludible para importar la mercadería, por esta razón se ha configurado la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A.-. Con tal fundamento, no corresponde aplicar el principio in dubio pro reo, como lo solicita la actora.
XIII. Que, por la forma en que se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios.
Que, por ello, voto por:
Confirmar la Resolución nº 828/2017, dictada en las actuaciones administrativas nº 12145-122-2012, con costas.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
Confirmar la Resolución nº 828/2017, dictada en las actuaciones administrativas nº 12145-122-2012, con costas.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.09.04 13:26:14 -03:00 Date: 2023.09.07 12:42:18 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.07 13:40:25 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.07 13:40:26 -03:00
Fin de la sentencia