Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2019-56913393-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas,
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 1.417.772 (Pesos un millón cuatrocientos diecisiete mil setecientos setenta y dos) equivalente a 31,20 (treinta y uno con 20/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 3.544.431 ( Pesos tres millones quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y uno) equivalente a 78 (setenta y ocho) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, y la Resolución Nº 626/2024 (04/04/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-43105099-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 26 de Abril de 2024 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° EX-2019-56913393- -APN-SGAI#TFN y sus acumulados EX-2019-56922701- -APN-SGAI#TFN y EX-2019-56929872- -APN-SGAI#TFN caratulados “COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN SOCIEDAD ANONIMA”. S/recurso de apelación”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que en los IF-2019-56912897-APN-DTD#JGM, IF-2019-56922370-APN-DTD#JGM, IF-2019-56929639-
APN-DTD#JGM, COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN SOCIEDAD ANONIMA (en adelante COTO C.I.C.S.A). interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones N° 36/2019, 35/2019 y 34/2019, todas ellas dictadas por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de Oficio A del Departamento Técnico de Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes de la A.F.I.P.- DGI, a través de las cuales:
a) Se determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 12/2012 a 06/2014, con más accesorios, quedando diferido el juzgamiento de la conducta en los meses diciembre 2012, enero a diciembre 2013 y enero, marzo, abril a junio de 2014 según lo ordenado en el art. 20 de ley 24.769 (hoy ley N° 27.430, TÍTULO IX - RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO art. 279). Asimismo se fijó un nuevo saldo de libre disponibilidad a favor del contribuyente por el período fiscal febrero 2014.- Resolución 36/2019, EX-2019-
56913393- -APN-SGAI#TFN-
b) Se determinó de oficio en conjunto con los intereses resarcitorios el Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas por los meses febrero a septiembre 2013, marzo a mayo y julio 2014, aplicando una multa equivalente a tres veces el tributo evadido conforme los artículos 46 y 47 inc. a), b) y c) de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones)- Resolución 35/2019, EX-2019-56922701- -APN-SGAI#TFN.-
c) Se estableció un nuevo saldo a favor en el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2013 y 2014.- Resolución 34/2019, EX-2019-56929872- -APN-SGAI#TFN - En primer lugar, a los fines de obtener una revocación del criterio fiscal plantea la nulidad de las resoluciones al considerar que las mismas carecen de causa y motivación.
Luego expone que el fundamento de los actos administrativos radica en la impugnación de las operaciones respaldadas por las facturas en concepto de compra de soja, adquisición de maíz y servicios de publicidad por parte de los proveedores Campo Cereales S.A., CF Inpoint Group S.A, Pitey S.A. y Bio Tres S.R.L, estos dos últimos bajo la intermediación de su corredor Agroamarillo Cereales S.A.; siendo todos ellos de carácter apócrifo de acuerdo a la investigación llevada a cabo. En este sentido, explica que realizó operaciones con los proveedores cuestionados y que dichos hechos fueron contabilizados y probados con la documental aportada en la etapa de inspección. Manifiesta que actuó de buena fe aportando la información solicitada, a través de la cual se desprende que las facturas observadas poseían CAI vigente, las operaciones se encontraban registradas en los libros contables de la sociedad; las empresas estaban debidamente inscriptas ante la A.F.I.P; a la fecha de las operaciones los proveedores observados no se encontraban incluidos en la Base Apoc así como tampoco poseían un riesgo alto de acuerdo a lo informado en la base AFIP- REPROWEB.
En virtud de ello, entiende que si las transacciones cumplen con todos los requisitos formales, ello es suficiente para operar con tranquilidad, ya que supone que la AFIP fiscalizó y autorizó su inscripción y emisión de facturas. En efecto, considera que el ente fiscal le imputa los incumplimientos que los terceros puedan incurrir, eximiéndose de su responsabilidad de control.
Afirma que la no localización de los proveedores en sus domicilios no es una cuestión que permita concluir que los mismos son de carácter apócrifos, máxime si se tiene en cuenta que las operaciones impugnadas se realizaron varios años antes de iniciada la inspección que efectuó el Fisco Nacional a los proveedores cuestionados. En este orden de ideas, cuestiona la procedencia de los ajustes señalando que los fundamentos que brinda el juez administrativo para impugnar las transacciones no son suficientes. Resalta que desde el punto de vista formal cumplió con la totalidad de los recaudos a su cargo, sucediendo lo mismo desde el lado material de las operaciones ya que existen facturas, remitos, pagos y efectuó retenciones en cada una de las transacciones impugnadas.
Menciona que los pagos fueron realizados con cheques cruzados y no a la orden a favor de los proveedores permitiendo de esta forma individualizar quienes participaron en las operaciones y quienes fueron sus beneficiarios. En tal sentido, destaca que las circularizaciones bancarias efectuadas en la etapa de inspección corroboran el circuito financiero descripto, sin que el Fisco Nacional haya realizado observación alguna. Aduce que los actos recurridos fueron realizados con base presunta y rechaza las afirmaciones del juez administrativo en cuanto a que las retenciones fueron hechas con la finalidad de darle un marco de validez a las operaciones. Asimismo cuestiona el rechazo de la prueba en la etapa de inspección.
Alega supuesta ausencia de tipicidad y de los elementos subjetivo y objetivo de las sanciones impuestas en los términos de los artículos 46 y 47 inc. a), b) y c).
Finalmente plantea la teoría de las correcciones simétricas y la improcedencia de los intereses aplicados al entender que no resulta imputable la mora al contribuyente.
En virtud de lo expuesto, peticiona que oportunamente se haga lugar a los recursos de apelación interpuestos, con costas. Ofrece prueba documental y pericial contable. Hace reserva del caso federal.
II. Que en los IF-2019-87162613-APN-DNTEID#JGM, IF-2019-82381484-APN-DNTEID#JGM e IF-2019-
84843398-APN-DNTEID#JGM el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos. En primer lugar, señala que las resoluciones gozan de acabado sustento fáctico y jurídico que las habilita en su validez y efectos, fueron dictadas ajustándose a la normativa vigente dentro de los parámetros de razonabilidad y legalidad, respetando el derecho de defensa del contribuyente. Explica que no existe demostración de un interés jurídico lesionado o de un perjuicio cierto e irreparable, por lo que solicita el rechazo de la nulidad opuesta por la recurrente.
Continúa refiriéndose a los agravios relativos a la cuestión de fondo. Con relación a ellos, manifiesta que la gran cantidad de irregularidades detectadas respecto de los proveedores observados lo llevó a concluir que las operaciones que se debaten en autos no fueron realizadas. En este sentido, menciona las inconsistencias que los mismos presentaban entre las cuales se destacan: no localización en sus domicilios fiscales o legales, no disposición de activos de capital necesarios para la producción y/o almacenamiento de los bienes que intentan atribuirse así como tampoco poseen capacidad económica ni operativa suficiente para realizar las operaciones observadas, no presentación de los balances generales en la Inspección General de Justicia, resistencia a la fiscalización debido a que no responden a los requerimientos solicitados, entre otros.
Resalta que la falta de capacidad económica de los proveedores impugnados no constituye un elemento menor, máxime si se tiene en cuenta el volumen de las operaciones que la actora sostiene haber realizado con dichos sujetos.
Informa que la prueba acompañada por la recurrente no logra desvirtuar la tarea de la fiscalización realizada a fin de constatar el real perfeccionamiento de las operaciones. Explica que el hecho de que las facturas cumplan con las formalidades exigidas no impide que las mismas puedan ser impugnadas por apócrifas.
Por otra parte, con relación a los pagos destaca que aunque hayan sido realizados de conformidad a la ley antievasión no prueba por si solo que las operaciones fueron efectivamente realizadas. En igual sentido opina respecto de las retenciones efectuadas, ya que considera que la simple aplicación de las mismas no demuestra la existencia de las transacciones.
Finalmente, acerca de la multa aplicada, resalta que son aplicables al caso las presunciones de dolo contenidas en los incisos a), b) y c) del art. 47 de la ley de rito, siendo debidamente merituadas las conductas desplegadas por la actora, por lo que a su entender se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo requeridos por la norma.
Por los motivos expuestos, pide que se confirmen las resoluciones apeladas con costas, se opone a las pruebas ofrecidas por la recurrente, acompaña los antecedentes administrativos y hace reserva del caso federal III.- Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Procedimiento Tributario- Apertura a Prueba- en la PV-2019-106856173-APN-VOCVIII#TFN se hizo lugar a la prueba pericial contable designándose al Dr. Juan Ignacio Estévez en representación del Fisco Nacional y al Dr. Virginio Alejandro Gentilini designado a propuesta de la actora a los fines de que los mismos presenten de manera conjunta el informe respondiendo los puntos de pericia ofrecidos en los IF-2019-56912897-APN-DTD#JGM, IF-2019-56922370-APN-DTD#JGM e IF-2019-56929639-APN-DTD#JGM pto. X.- c).
Que en efecto, luego de las prórrogas solicitadas, mediante el IF-2023-22768507-APN-DTD#JGM los peritos contadores presentan el informe solicitado, por lo que en la PV-2023-31667911-APN-VOCXII#TFN se declaró cerrado el período de instrucción.
IV. Que en la PV-2022-118367094-APN-SGAI#TFN la Secretaría General de Asuntos Impositivos procedió a acumular al expediente Nº: EX-2019-56913393- -APN-SGAI#TFN los N° EX-2019-56922701- -APN- SGAI#TFN y EX-2019-56929872- -APN-SGAI#TFN, de igual carátula, de acuerdo a lo dispuesto en la sentencias del Tribunal en Pleno obrante en el IF-2022-101330995-APN-VOCXI#TFN.
V. Que por medio de la PV-2023-101603304-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” y a través del IF-2023-105236479-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para alegar. En el IF-2023- 111722472-APN-DTD#JGM obran los alegatos del Fisco Nacional en el IF-2023-116894406-APN-DTD#JGM lucen agregados los de la actora. Finalmente en el IF-2024-40838151-APN-VOCXII#TFN se disponen los autos para sentencia.
VI. Que por una cuestión de lógica procedencia, corresponde referirse al planteo de nulidad opuesto por la recurrente.
Que en lo estrictamente formal, las resoluciones recurridas, satisfacen los requisitos estatuidos por el artículo 7° de la ley 19.549, toda vez que tanto de los actos de apertura del sumario como así también en los que se determinan de oficio se han consignado de manera concreta la causa y la motivación del procedimiento, no concurriendo así las circunstancias planteadas por el art. 14 de la citada norma, que darían lugar a las causales de nulidad absoluta. En cuanto al rechazo de la prueba ofrecida en sede de la Administración, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que la eventual restricción de la defensa en el procedimiento administrativo es subsanable en el trámite judicial subsiguiente (Fallos: 212:456; 218:535; 267:393; 273:134), por lo que tampoco se afecta la eficacia del procedimiento ni lesiona su derecho de defensa, por cuanto la posterior instancia ante este Tribunal la habilita a ofrecer los medios probatorios que considere procedentes, tal como ha sucedido en el caso de autos, todo ello sin perjuicio de las facultades que posee el juez administrativo para analizar la prueba ofrecida y decidir sobre la procedencia de ella. Que a tenor de lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por la apelante, no debiéndose imponer costas a su cargo, en virtud que tal defensa fue interpuesta como otro agravio más, sin otorgársele el carácter de previo y especial pronunciamiento.
VII. Que ello así cabe establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho, analizando los ajustes en el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias.
Que de los antecedentes administrativos y del informe final de inspección que se desprende de él surge que la actividad principal de COTO C.I.C.S.A es la venta al por menor de supermercados con predominio de productos alimentarios y bebidas, cerrando sus ejercicios económicos el 30 de junio de cada año.
Que en las presentes actuaciones se realizaron tareas tendientes a verificar las operaciones efectuadas con Campo Cereales S.A., CF Inpoint Group S.A., Pitey S.A., y Bio Tres S.R.L., estos dos últimos actuando bajo la intermediación de Agroamarillo Cereales S.A., siendo todos ellos fueron declarados como apócrifos atento a las irregularidades que presentaban. En efecto, el ente fiscal impugnó créditos fiscales computados en el Impuesto al Valor Agregado en los periodos fiscales diciembre 2012 a junio 2014 como así también el gasto deducido por el mismo origen en el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios 2013 y 2014.
Que resulta oportuno mencionar las irregularidades detectadas con relación a los proveedores impugnados: • CAMPO CEREALES S.A.: Se dedica a la venta al por mayor en comisión o consignación de cereales. Se encuentra incluido en la base e-Apoc bajo la condición “sin capacidad económica y resistencia a la fiscalización” desde el 11/06/2013 –publicado 01/04/2014-. Registra operaciones con la recurrente bajo el concepto facturado “soja” por los períodos 12/2012 a 04/2014 conforme luce en las facturas, remitos, órdenes de pago y demás comprobantes que obran en los IF-2019-82499607-APN-DNTEID#JGM, IF- 2019-82499046-APN-DNTEID#JGM e IF-2019-82500348-APN-DNTEID#JGM. En los años 2008 y 2009 registró transacciones de compra de moneda extranjera por mas de U$S 5.000.000 sin contar con un giro comercial suficiente y necesario para realizar operaciones de tal magnitud. Durante los años comprendidos entre 2010 y 2013 tuvo acreditaciones millonarias en sus cuentas bancarias, las cuales no se encuentran relacionadas con la actividad que desarrolla. El domicilio fiscal declarado consta de una vivienda particular y su ocupante manifestó desconocer a la firma. Su socio y presidente es el Sr. Moreno Juan Manuel, quien a su vez es presidente de Oleaginosa Pampeana S.A., firma también incluida en la Base Apoc. Sus principales proveedores también se encuentran incluidos en la Base Apoc. Respecto del circuito financiero utilizado, la fiscalización actuante detectó que los cheques depositados en la cuenta bancaria de Campos Cereales S.A. mayormente son emitidos y/o endosados por contribuyentes que desarrollan una actividad comercial que no se relaciona con la llevada adelante por la la sociedad encontrándose algunos de ellos con CUIT inactiva. Asimismo se observó que los cheques emitidos por la firma son cobrados por cotitulares de las cuentas.
• CF INPOINT GROUP S.A.: Prestó servicios de publicidad en el auto Fiat Linea Categoría TC 2000 durante los periodos fiscales 04/2014 a 06/2014. Fue incluido en la Base Apoc bajo la condición “desconocida por sus titulares y/o responsables” conforme surge a fs. 80 del IF-2019-82529287-APN- DNTEID#JGM el 12/04/2016. No dispone de bienes registrables, por lo que no posee capacidad operativa suficiente que justifique los volúmenes operados. Tuvo acreditaciones bancarias relevantes y las declaraciones juradas que presentó en el Impuesto al Valor Agregado fueron por importes menores a los debidos en tal gravamen. Con respecto a las autoridades la inspección localizó al Sr. Giuffrida Marcelo quien manifestó ser peluquero y haber firmado papeles a cambio de dinero ($500), sin conocer el motivo del mismo. Posteriormente los devolvió y procedió a cambiar la clave fiscal, a su vez puso en conocimiento a un abogado amigo a efectos de quedar deslindado de la firma en la cual se lo había involucrado. Respecto de los pagos, se identificó que las operaciones fueron canceladas con tres cheques diferidos no a la orden del banco HSBC Bank Argentina S.A emitidos por COTO C.I.C.S.A. De los datos obtenidos en la circularización el ente fiscal constató que dos de ellos fueron endosados y depositados en el Banco Interfinanzas S.A., siendo el cheque restante acreditado en el Banco Meredian S.A. a favor de la Asociación Mutual de Cooperación a Emprendimientos Argentinos.
• PITEY S.A.: Del informe de inspección que luce a fs. 145/157 del IF-2019-82497512-APN- DNTEID#JGM realizado a dicha sociedad se desprende que forma parte de un grupo económico junto con las firmas Corpenaike S.A, Máquinas y equipos puntanos S.A. y Brumley S.A. Uruguaya (controlante del grupo económico) el cual se dedica a la comercialización y/o procesamiento de granos, teniendo como único objetivo el blanqueo de operaciones ya que las empresas proveedoras que pertenecen al mismo grupo son insolventes y sin capacidad de adquirir o producir el cereal que Pitey S.A. vende, procesa y/o exporta. Sin embargo fue incluido en la Base Apoc bajo la condición “con irregularidades en la cadena de comercialización” el 31/03/2014. Ni la firma ni sus integrantes pudieron ser localizados. De la investigación practicada (IF-2019-82497133-APN-DNTEID#JGM) se detectó que sus proveedores blanquean el cereal adquirido de manera marginal no ingresando las retenciones correspondientes. Se encuentra en concurso preventivo y no efectúa pagos de los impuestos declarados. Registra acreditaciones bancarias significativas en los períodos 2007 a 2013. Posee máquinas y equipos pero no dispone de inmuebles ni automotores. Efectuó operaciones con la recurrente durante los meses enero a marzo 2013 por el concepto facturado “granos de maíz”, las cuales fueron facturadas por Agroamarillos Cereales S.A., en su carácter de intermediario. Sin embargo la inspección no pudo constatar dicha operatoria ya que la última firma citada no respondió el requerimiento peticionado. Respecto de los pagos las operaciones fueron canceladas mediante cheques emitidos por COTO C.I.C.S.A del HSBC Bank Argentina S.A. a nombre de Agroamarillo Cereales S.A., en su carácter de corredor intermediario. De la información brindada por dicha entidad bancaria el Fisco Nacional corroboró que los mencionados cheques fueron endosados por el Sr. Guillermo R. Giulani (vicepresidente de Agroamarillo Cereales S.A) y depositados en la cuenta corriente del Banco Santander Río S.A, perteneciente al aludido intermediario • BIO TRES S.R.L: Se dedica a la venta al por mayor en comisión o consignación de cereales.
Comercializó con la actora por los periodos fiscales abril a agosto, noviembre y diciembre 2013 bajo el concepto compra de granos de maíz. Dichas operaciones fueron facturadas por Agroamarillo Cereales S.A en su carácter de intermediario, pero no se pudo verificar las mismas ya que éste último no contestó los requerimientos que le fueron notificados. De la tarea de fiscalización, realizada el 18/12/2013 (OI 733.055) se detectó que la planta se encontraría inoperable con silos dañosos en aparente estado de abandono, inhabilitada para producir. Fue clasificada con Categoría SIPER E: Riesgo muy alto. Sus proveedores se encuentran en la Base Apoc. Las retenciones que sufrió superan altamente las practicadas por la compra de granos, habiendo presentado sus declaraciones juradas en el Impuesto al Valor Agregado en cero o con saldos a favor muy significativos. No existen presentaciones de balances en la Inspección General de Justicia. No posee bienes registrables. Registra exportación de poroto negro, desconociéndose el origen del grano comercializado, en tanto la firma acopiadora no informó al ente fiscal tales existencias por las cosechas del 2012/2013. Abierta la inspección, BioTres S.R.L no contestó los requerimientos, cuya conducta omisiva encuadró en la infracción prevista art. 39 de la ley de rito. El 11/03/2014 fue suspendida del Registro Fiscal de Operadores en la Compra y Venta de Granos y Legumbres Secas. Ni la firma ni sus integrantes pudieron ser localizados. No posee bienes de capital necesarios para la producción y/o almacenamiento de los bienes que intenta atribuirse, teniendo a su vez acreditaciones millonarias en sus cuentas bancarias por ventas cuyas existencias no habrían sido declaradas. Fue incluida en la Base Apoc el 22/10/2015 bajo la condición “sin capacidad económica” conforme surge en el IF-2019-82527784-APN- DNTEID#JGM Que frente a estas inconsistencias, la recurrente sostiene en su defensa que las facturas que instrumentan las operaciones cumplen con la normativa vigente y que ninguna norma impone a su cargo el deber de constatar el cumplimiento que los proveedores den a sus obligaciones fiscales. En esta línea de pensamiento, expone que no le resultan imputables los incumplimientos de terceros.
Asimismo señala que COTO C.I.C.S.A. contrató comercialmente con Agroamarillo Cereales S.A., quien actuó como corredor intermediario con las sociedades Pitey S.A y Bio Tres S.R.L. Estas últimas empresas sólo entregaron a la actora la mercadería que el intermediario contrató, siendo dicho circuito físico demostrado en los remitos que lucen en el IF-2019-82500823-APN-DNTEID#JGM, las facturas que Agroamarillo Cereales S.A. emitió a favor de la recurrente, las cuales obran en los IF-2019-82534155-APN-DNTEID#JGM e IF-2019- 82534760-APN-DNTEID#JGM y las cartas porte que surgen en el IF-2019-82535583-APN-DNTEID#JGM.
Que en este sentido la fiscalización actuante en los términos de la OI. 1.534.214 ( Pitey SA, Bio Tres SRL, CF Inpoint Group S.A.) , continuadora de la O.I Nº 1.438.215 (Campos Cereales S.A.) circularizó a la firma Grupo Pilar S.A. por haber intervenido en las recepciones de soja- por orden y cuenta de COTO C.I.C.S.A respecto de los proveedores observados.
Que en respuesta a los requerimientos solicitados y conforme surge en la documentación y remitos aportados en los IF-2019-82499046-APN-DNTEID#JGM, IF-2019-82500348-APN-DNTEID#JGM, IF-2019-82498558-APN- DNTEID#JGM Grupo Pilar S.A. ratificó su participación en la recepción de los productos, respecto de los proveedores Campos Cereales S.A., Pitey S.A y Bio Tres S.R.L., por lo que al existir indicios de que las operaciones fueron destinadas para la adquisición de bienes, el Fisco Nacional no propuso ajustes en el Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias-Salidas No Documentadas en virtud de lo previsto en el artículo 38 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y artículo 55 de su decreto reglamentario (t.o en 1997 y sus modificaciones). En consecuencia, el ajuste en ambos impuestos quedó reducido.
Que en efecto, cabe destacar que el argumento del organismo fiscal para impugnar el cómputo del crédito fiscal (IVA) radica en sostener que los elementos reunidos permiten cuestionar la existencia de las transacciones comerciales, al carecer los proveedores de capacidad operativa y financiera para realizar las mismas. Que por lo tanto, a continuación se menciona el circuito financiero que COTO C.I.C.S.A. utilizó a los fines de cancelar las operaciones cuestionadas:
Que acerca de las operaciones efectuadas con Campos Cereales S.A., la recurrente emitió a favor de la citada sociedad cheques diferidos y no a la orden del banco HSBC Bank Argentina S.A y Galicia. De la circularización practicada la cual luce en el IF-2019-82500348-APN-DNTEID#JGM se desprende que la totalidad de los cheques relevados fueron endosados por el presidente de la firma, el Sr. Juan Manuel Moreno y depositados en las cuentas bancarias que Campos Cereales S.A. posee en el Banco Itaú y Credicop.
En relación a las operaciones efectuadas con Pitey S.A y Bio Tres S.R.L el ente fiscal informó que del relevamiento de los cheques obtenidos de las ordenes de pago y con la información brindada por las entidades bancarias fruto de la circularización efectuada se constató que la totalidad de los cheques emitidos por la recurrente fueron endosados y depositados en el Banco Santander Rio S.A, en la cuenta perteneciente a Agroamarillo Cereales S.A., por lo que teniendo en cuenta lo descripto no es posible verificar la trazabilidad con ambos sujetos que serían los supuestos proveedores de granos.
Finalmente respecto de la cancelación por los servicios de publicidad prestados por CF Inpoint S.A la actora emitió tres cheques del banco HSBC Bank Argentina S.A, siendo dos de ellos endosados y depositados en el Banco Interfinanzas y el restante en el Banco Meredian el cual fue endosado a favor de la Asociación Mutual de Cooperación de Emprendimientos Argentinos. Sin embargo estas últimas entidades informaron que CF Inpont S.A no posee cuentas corrientes en dichos bancos. En virtud de ello, cabe señalar que ni en la etapa de inspección ni en esta instancia se acompañaron elementos probatorios tales como contratos entre las personas involucradas en la negociación, forma de prestación del servicio y/o cualquier otro elemento que permitiera evaluar en sus formas y pertinente remuneración y trazabilidad.
Que por otra parte, cabe resaltar que los agravios esgrimidos por la actora corresponden a aspectos formales, al hacer referencia únicamente a las facturas, a los recibos aportados y a los comprobantes que verifican la validez de los comprobantes, extremos que por sí solos no logran demostrar la realidad de las operaciones contenidas en dicha facturación, al no acreditar que los bienes/servicios hayan sido efectuados realmente por los proveedores cuestionados en autos. En efecto, la circunstancia de que un proveedor no se encuentre incluido en la base de datos apoc no implica que posea capacidad operativa para operar debido a que la sola inclusión no constituye por sí misma el motivo del cuestionamiento de la validez de su facturación, sino que a ello se agregan las restantes constataciones efectuadas por el personal fiscalizador, las que deben ser rebatidas por la recurrente. Por consiguiente, no resulta suficiente el cumplimiento de los recaudos formales, sino que también es necesario la consumación del aspecto material referido a la existencia de las operaciones. (Stop Car S.A. (TF 26.815-I) c/ DGI".).
Que ello así en el caso bajo trato, corresponde evaluar la prueba pericial contable producida en autos. Que en este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Que del informe pericial contable se desprende que los insumos agrícolas (maíz y soja desactivada) adquiridos por la recurrente a los proveedores Agroamarillo Cereales S.A (intermediario de Bio Tres S.R.L y Pitey S.A.) y Campos Cereales S.A, fueron destinados al almacenamiento y elaboración del alimento para pollos, en el desarrollo de la actividad avícola por parte de COTO C.I.C.S.A. Mientras que las facturas emitidas por CF Inpoint Group S.A. consistieron en publicitar un anuncio institucional en el auto en la categoría TC 2000. Asimismo los peritos contadores señalan que las operaciones fueron registradas en los libros contables de la firma los cuales se encuentran en perfecto estado y cumplen con las normas societarias que se le exigen, las facturas recibidas poseen CAI vigente y los proveedores no se encontraban incluidos en la Base Apoc a la fecha de las transacciones. Sin embargo, dichas circunstancias hacen referencia a aspectos formales de la operación, pero no demuestran de modo alguno la existencia de las mismas.
Que en consecuencia, resultan insuficientes los elementos probatorios reunidos en la instancia administrativa para demostrar la existencia y procedencia de las transacciones, así como también el informe pericial contable, producido en esta instancia, lo que evidencia la ausencia de pruebas categóricas y conducentes para desvirtuar la postura fiscal.
Que por lo tanto, teniendo en cuenta la prueba colectada, cabe concluir que la recurrente no aportó elementos de convicción que permitan descalificar las objeciones realizadas por el Fisco Nacional con relación a los proveedores impugnados, en particular respecto a la falta de capacidad económica y operativa constatada, la relación que existe entre los sujetos observados y ella , las personas involucradas en las transacciones cuestionadas, el destino que le dio a dichas operaciones, los motivos por los cuales adquirió dichos bienes/servicio, entre otros. Dicha convicción conduce a sostener que los proveedores bajo análisis no resultaban hábiles para ser generadores de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado, así como tampoco procedería la deducción íntegra del gasto en el Impuesto a las Ganancias.
Que respecto de este último ajuste cabe mencionar que en aquellas operaciones en las cuales el Grupo Pilar S.A. ratificó su participación en la recepción de los productos, respecto de los proveedores Campo Cereales S.A. Pitey S.A y Bio Tres S.R.L., tal como surge en el IF-2019-82500348-APN-DNTEID#JGM, el Fisco Nacional no propuso ajustes en el Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias-Salidas No Documentadas, atento a existir indicios de que las mismas han sido destinadas a la adquisición de bienes, tal cual lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y artículo 55 de su decreto reglamentario.
Que por otra parte, teniendo en cuenta el agravio esgrimido por la recurrente respecto de la devolución de las retenciones, cabe remitir a lo manifestado por el suscripto en la causa N° 35.573-I caratulada “Golden Peanut Argentina S.A.” sentencia dictada por la Sala “D” de este Tribunal en fecha 26/06/2018, la que se reproduce a continuación (confirmada por la Sala II de la Alzada mediante sentencia de fecha 23/05/2019).
“…lo que aquí se cuestiona es que los proveedores emisores de las facturas no tenían la capacidad operativa, económica y financiera para haber llevado adelante dichas operaciones. No obstante, el reconocimiento de que la compra…existió subyace que la operación real de venta fue realizada por otro sujeto distinto que evidentemente no la oficializó, por ende no la facturó resultando entonces, imposible la discriminación del IVA y mucho menos imaginar que las haya incluido en una declaración jurada de IVA y eventualmente pagado al fisco el saldo resultante.
Con el fin de reemplazar esta situación se habría recurrido a “proveedores apócrifos”, con facturas apócrifas, discriminación del IVA apócrifo y pagos que de ninguna manera pueden estar concluyendo una operación real. Para darle aún más visos de realidad la actora ha realizado retenciones, entre otras, sobre el Impuesto al Valor Agregado, que implican pagos a cuenta de lo que en definitiva hubiera debido ingresar el proveedor en concepto de saldo de declaración jurada. Mediante estos mecanismos se desplaza la responsabilidad de ingreso al Fisco desde el vendedor hacia el comprador para asegurar, entre otros fines, el ingreso más o menos inmediato de una porción del impuesto, sin perjuicio que el vendedor luego lo compute a cuenta, disminuyendo de este modo el lapso de tiempo entre la generación del hecho imponible y pago de la operación respecto del depósito a favor de la AFIP. De esta forma se asegura el Fisco que la operación quede parcialmente resguardada por la retención efectuada. El vendedor deberá ingresar el remanente según su propia declaración jurada frente al impuesto, en caso de corresponder.
Y esta descripción es de vital importancia para comprender y rechazar la interpretación de que esa retención en alguna instancia o supuesto pueda ser computada por el comprador, porque si bien el ajuste que propicia el Fisco se limita a impugnar los créditos fiscales en el IVA, en el otro extremo hay un vendedor “real” oculto que no declaró la operación y por ende el débito fiscal.
Si este análisis se efectuara desde la óptica estrictamente jurídica y de la mecánica del IVA, bastaría oponer al reclamo de la recurrente el principio de legitimación esgrimido por el fisco en cuanto a rechazar el cómputo de las retenciones practicadas a los proveedores impugnados e ingresadas contra el propio impuesto determinado por el comprador, atento que se trata de sumas ingresadas a nombre y con dinero de un tercero al haber actuado la recurrente como agente de retención de los contribuyentes retenidos, ya que carece de legitimación para reclamar con relación a tales importes al no integrar la relación jurídica sustancial. (Fallo TFN- Sala A - Votos de los Dres. Buitrago y Perez) Agrocentro Santa Fe S.A. Cons. XIV)
Pero el análisis debe ir más allá. Cobra relevancia recordar los mecanismos propios que contiene la ley del impuesto desde hace más de 50 años, “el cómputo del iva por las compras..., entre otros requisitos, exige su discriminación en la factura. Si esto no se produce aun cuando el impuesto esté incluido en el total de la factura inhibe al comprador a que pueda computarlo como crédito fiscal. Y sin embargo ello no libera al vendedor de ingresar el débito fiscal que se encuentre facturado, aun cuando no estuviere discriminado. Entonces la teoría del enriquecimiento sin causa por parte del fisco no puede sostenerse en el gravamen bajo análisis, porque de su propia operatoria surgen tratamientos que no resultan equivalentes para el vendedor y comprador, ante incumplimientos en los mecanismos previstos en la ley del gravamen. Menos equivalencia vamos a encontrar en una operación que no está facturada, la impugnación del crédito fiscal al comprador (en nuestro caso el recurrente) no libera al vendedor oculto de declarar la operación de venta. Este perjuicio para el fisco se ha podido atenuar, mediante la retención que se hizo sobre la operación ficticia, pero lo que realmente protege en parte al erario público es la operación real llevada a cabo por el proveedor oculto.
Por lo tanto, lejos de pensarse en un enriquecimiento sin causa, el eventual cómputo de las retenciones por parte del comprador estaría desprotegiendo el ingreso parcial que pudo lograrse mediante la retención sobre una operación que se mantuvo oculta. Por ello resulta contrario a la razón y existencia de los regímenes de retención que se intente confundir una deuda tributaria del comprador con un adelanto del vendedor, en cualquiera de sus estados, ficticio o real. Ello no implica una contradicción pues el haber desconocido la operación ficticia ello no conlleva a invalidar la retención como tal, sustentado en que perdió causa o motivación y por ende pueda incorporarse a la contabilidad fiscal del comprador. La causa o motivación es la operación real que se mantiene al margen de la tributación. A ello se suma que si en algunos de los supuestos analizados, el vendedor declaró el débito fiscal y computó las retenciones en su declaración estaríamos, sin más, ante el absurdo de permitir dos veces el cómputo de las retenciones.
Tampoco procede la interpretación que pretenda intentarse respecto que la anulación del crédito fiscal al comprador (recurrente) pueda estar representando todo el impuesto de las etapas anteriores y que ello implicaría liberar todas esas etapas del ingreso del IVA ya que ello va a contramano de lo que persigue no lo sólo la ley de iva sino la propia ley 11.683. En efecto, al regular en su artículo 18 [inc. c), c'), f), g), h)] el régimen de presunciones podemos observar que ante incrementos patrimoniales no justificados, depósitos bancarios que excedan las ventas y/o ingresos, diferencias de producción y/o físicas de inventarios, etc, el impuesto que se determine no generará ningún crédito fiscal.
Atento el análisis que se ha efectuado desde los puntos de vista, tanto fiscal como económico y jurídico, donde se tiene en cuenta la motivación de los regímenes de retención, la operación que se buscar captar y proteger, el asegurar el ingreso del impuesto al fisco en operaciones que intentan eludir el sistema de tributación y por todo lo expuesto en los párrafos que anteceden; queda de manifiesto el perjuicio que se le crearía al fisco si se permitiera confundir la deuda de la actora en concepto de créditos fiscales impugnados con un crédito por retenciones que no le es propio”.
Finalmente, debe resaltarse que no resulta aplicable la jurisprudencia citada por la recurrente (fallo Mera) ya que la violación a la ley 25.345, se encuentra complementada con la ausencia de sustancia en las operaciones involucradas.
VII. Que resta tratar el ajuste en relación al Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas. Que el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias (“t.o en 1998) Dto 649/97) establece que “cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) que se considerará definitivo”; mientras que el art. 38 de dicha ley dispone que "no se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes, b) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos -por su monto, etc,- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Que con relación a la jurisprudencia, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la causa “Red Hotelera Iberoamericana” del 26/8/2003 señaló: “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
19. Que lo aseverado se apoya en conocidos criterios, establecidos desde antiguo por el Tribunal, en el sentido de que la proscripción de la aplicación analógica o extensiva de la ley -como ocurre en el campo penal y en el tributario- no excluye la hermenéutica que cumpla el propósito legal, con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 254:362; 256:277) o, dicho en otras palabras, ‘las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación’ (Fallos: 243:204 y su cita, entre otros).
20. Que, en ese mismo sentido, debe ponerse de relieve que de acuerdo con lo prescripto por la ley 11.683 (artículos 1 y 2 en el t.o. 1998), en materia de interpretación de las leyes impositivas debe atenderse al fin de ellas y a su significación económica, lo que impide otorgar relevancia a la mera existencia de un instrumento si se demuestra que éste no refleja la realidad económica.
21. Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta - en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las “salidas no documentadas” ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente).
23. Que, por lo demás, la doctrina del precedente de Fallos: 323:3376 lleva a descartar que el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias revista el carácter de una norma sancionatoria…”
Que en igual sentido se pronunció dicho Tribunal con fecha 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” donde al remitirse al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, sostuvo en su parte pertinente que “....ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)....”, reiterando dicho criterio en la causa “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A. - TF 20958-I c/ DGI” de fecha 31 de julio de 2012.
Que ello así, a tenor de lo apuntado corresponde valorar los elementos de prueba colectados durante la fiscalización y ante esta instancia, debiendo evaluarse si se ha logrado la efectiva individualización de los beneficiarios.
Que de los antecedentes administrativos y de los relatos efectuados por la recurrente en su escrito recursivo se desprende que los pagos de la actora a los cedentes fueron realizados con cheques cruzados y no a la orden. Que de las resoluciones apeladas se desprende que respecto de la intervención de Agroamarillo Cereales S.A. en carácter de corredor interviniente en las operaciones cuestionadas con Pitey S.A. y Bio Tres S.R.L., cabe aclarar que las órdenes de pago y cheques fueron emitidos a favor de la firma corredora y depositados en la cuenta del Banco Santander Rio S.A. de su titularidad. Sin embargo la intermediaria no fue localizada en ninguno de sus domicilios declarados por lo que el ente fiscal no pudo probar su efectiva participación en las operaciones y menos aún los supuestos destinatarios finales aquí cuestionados.
Mientras que los servicios de publicidad prestados por CF Inpoint Group S.A. fueron abonados con cheques cruzados no a la orden, de los cuales dos de ellos fueron endosados y depositados a la cuenta de dicha firma en el Banco Interfinanzas S.A. y el restante descontado en la Asociación Mutual de Cooperación a Emprendimientos Argentinos. Sin embargo de las circularizaciones bancarias efectuadas en la etapa de inspección se desprende que CF Inpoint Group S.A. no tuvo cuentas abiertas en Banco Interfinanzas S.A, conforme surge a fs. 711 y 717 del Cuerpo Principal Que para aplicar el instituto de las Salidas no Documentadas, el Fisco Nacional cuestiona que las sumas no fueron percibidas por los proveedores, ya que éstos no fueron quienes llevaron a cabo las operaciones facturadas. Por lo que, de esta manera el beneficiario del pago de la operación reflejada en ese comprobante permanece oculto, generando una salida de fondos no documentada al carecer dicho instrumento de aptitud para individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
Que a ello cabe agregar, que de admitirse que el beneficiario se encuentra identificado por el hecho de que una persona humana o jurídica -distinta a la que emitió la factura- figure como perceptor en el cheque endosado, llevaría a neutralizar la aplicación de la figura de la salida no documentada.
Que por lo tanto, al verificarse el presupuesto que hace a la aplicación del impuesto previsto en el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias, es decir un beneficiario oculto, procede la confirmación de este ajuste respecto de los periodos fiscales febrero a septiembre 2013, marzo a mayo y julio 2014, con costas.
VIII. Que resta referirse a la multa aplicada con sustento 46 y 47 inc. a), b) y c) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que el artículo 46 de la citada ley dispone que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta seis (6) veces el importe del tributo evadido”. (texto vigente al momento de los hechos).
Que en relación al elemento subjetivo del ilícito, se ha interpretado que para su configuración se requiere no sólo la intención (dolo) de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima del mismo. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, "Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)", Expte. 26.495/06, sentencia del 11/03/08).
Que en el marco de la fiscalización llevada a cabo, se detectó que COTO C.I.C.S.A. declaró operaciones con los proveedores Campo Cereales S.A., CF Inpoint Group S.A, Pitey S.A y Biotres S.R.L, reputados como apócrifos, no justificando la procedencia de las facturas cuestionadas ni aportando prueba a los fines de desvirtuar el criterio fiscal. Ello pone de manifiesto la intención de la actora en ocultar su verdadera realidad comercial y una fracción significativa de las obligaciones tributarias, generando en consecuencia un perjuicio al organismo fiscal al no pagar el impuesto debido, puesto que computo más crédito fiscal que el que le corresponde. En virtud de ello, queda configurado el aspecto subjetivo de la sanción requerido por la norma.
Que asimismo, a los efectos de tratar el agravio esgrimido por la recurrente al invocar en su favor la falta de elemento subjetivo, debe destacarse que la ausencia de dolo debe ser probada; toda vez que haber incurrido en un error de hecho o de derecho es causal de absolución si el mismo es excusable. En esta línea de pensamiento y teniendo en cuenta los motivos expuestos con anterioridad, corresponde dejar sin sustento el argumento de la actora de haber procedido sin dolo, por lo que, el pedido de reencuadre de la sanción en la previsión legal del art. 45 de la ley 11.683 no resulta atendible.
Que respecto de las presunciones establecidas en el artículo 47 inciso a), b) y c) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente resultado defraudatorio. Por consiguiente corresponde, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales (Sala I, “Pereda, Francisco (TF 34.603-I) c/DGI” del 12/12/2013 y “Mora y Araujo Manuel c/EN-AFIP- DGI-R. 812/2004 (RNOR) s/DGI” del 08/04/2014).
Que teniendo en cuenta que la presentación de declaraciones juradas inexactas constituye una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible que provee la norma, corresponde confirmar el encuadre en el inciso b) del mencionado artículo. De igual forma, cabe confirmar la tipificación prevista el inciso a) del artículo 47, puesto que el accionar incurrido por la recurrente produjo una contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que obraban de sus declaraciones juradas. Finalmente cabe resaltar que la inexactitud de las declaraciones juradas resulta en disconformidad con las normas legales y reglamentarias, configurándose así el supuesto normado inciso c) del citado artículo.
IX. Que acerca de los intereses resarcitorios reclamados, cabe señalar que los mismos han sido liquidados en conformidad con lo prescripto en el art. 37 de la Ley de Procedimiento Tributario por lo que corresponde disponer su confirmación.
X.-Por los motivos enunciados en los considerandos VI a X corresponde rechazar los recursos planteados por la recurrente y en consecuencia confirmar los actos apelados, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que comparte en lo sustancial los argumentos por el Dr. Martín con relación al rechazo de la nulidad planteada, coincidiendo en que no corresponde la imposición de costas en virtud de que la defensa no fue interpuesta como de previo y especial pronunciamiento.
II. Que sobre la cuestión de fondo se desprende de las Resoluciones aquí discutidas que las operaciones cuestionadas, habrían consistido en la compraventa de soja entre la actora y el supuesto vendedor Campos Cereales S.A., con la participación en algunas operaciones de la firma Grupo Pilar S.A., como recibidor interviniente; mientras que las operaciones atribuidas por la actora a las firmas Pitey S.A. y Bio Tres SRL se corresponderían con la compra de maíz siendo Agroamarillo Cereales S.A. el intermediario, habiendo también Grupo Pilar S.A. participado en la recepción de la mayoría de los mismos por cuenta y orden de la aquí actora. Además, se impugnó la operatoria con CF- Inpoint Group, que habría facturado servicios de publicidad en un auto de competición.
Que en la resolución por la que se determina el Impuesto a las Ganancias se expone que “ corresponde entonces aclarar que respecto de las operaciones de compra de cereales de Grupo Pilar S.A. ratificó y se corroboró su participación en la recepción de los mismos, no se propusieron ajustes en el presente impuesto, en mérito a la existencia de indicios acerca de que las erogaciones habrían sido destinadas a la adquisición de bienes”. En esta línea, el mismo organismo recaudador en la resolución determinativa de IVA (fs. 3) pone de relieve que si bien en las operaciones admitidas por Grupo Pilar como recibidor interviniente, podía admitirse su existencia, se efectuaba el ajuste en IVA por no poder constatar que ello se hubiera detectado respecto a los proveedores invocados.
En efecto, se objetaron las operaciones con Campos Cereales S.A; Pitey S.A. y Bio Tres SRL, no formando parte de los ajustes en los actos relativos a Ganancias y Salidas no Documentadas únicamente aquellas operaciones en las cuales el personal auditor pudo constatar la participación de Grupo Pilar S.A., como receptora de los bienes involucrados.
III. Que, de forma preliminar, estimo pertinente recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).
Sentado ello, la pericia contable producida en autos (IF-2023-22768507-APN-DTD#JGM) arroja fundados elementos en torno a la actividad comercial de la empresa, relevantes tanto para conocer su situación fiscal como para analizar las operaciones impugnadas.
En tal sentido, los expertos coinciden en que de los registros contables de la recurrente no se desprenden operaciones con las Sociedades Pitey S.A. y/o Bio Tres SRL impugnadas por el Fisco en las presentes actuaciones, dado que COTO SA contrató comercialmente con su proveedor Agroamarillo Cereales S.A. en virtud de la modalidad “Facturación por Terceros” conforme la RG (AFIP) N° 1415, lo cual se encuentra en línea con lo expuesto por la actora en sus recursos. Así, se expresa que Pitey S.A. y Bio Tres SRL sólo entregaron a la recurrente la mercadería que Agroamarillo Cereales S.A. contrató en carácter de intermediario. En efecto, estas operaciones fueron canceladas por Coto al intermediario Agroamarillos Cereales S.A SRL.
Cabe remarcar que en el caso de Campos Cereales, no resulta controvertido que los cheques fueron depositados en cuentas de su titularidad (vg. fs. 18/19 de la resolución determinativa de Salidas no documentadas), obrando en el informe la individualización de los cheques emitidos (Anexo III)
En los actos apelados, el Fisco hace alusión a la planilla mediante la cual detalla que todos los pagos fueron realizados con cheques de los bancos HSBC Bank Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. a favor de los proveedores impugnados, señalando que “resulta pertinente a esta altura aclarar que la existencia de un cheque a nombre de una determinada persona no permite deducir la real existencia de una operatoria más allá de la propia erogación que representa, sino que solo es un hecho a evaluar juntamente con otros elementos de prueba”, para agregar posteriormente que “el hecho de que los pagos hayan sido realizados en cumplimiento de la Ley 25.345 no alcanza por sí solo para demostrar que las adquisiciones efectivamente se produjeron y que hayan sido percibidas en mérito a aquellas por el proveedor, para considerar a éste identificado como beneficiario”. Así las cosas, indicó que el pago debe relacionarse con otros elementos (contratación, transporte, entrega, capacidad del proveedor y medios con que cuenta) a fin de permitir el seguimiento el circuito desarrollado en la concreción de las operaciones comerciales (fs. 17 de la resolución determinativa de IVA).
Frente a ello, el organismo no invocó qué reglamentación es la que se habría transgredido al emitirse los cheques como tampoco cuestionó la corrección de los valores empleados para individualizar al beneficiario de sus pagos, con lo cual las apreciaciones que se pueda realizar sobre hechos posteriores y ajenos a la voluntad del actor, resultan carentes de aptitud jurídica para obligarlo a cancelar el impuesto a las ganancias que corresponde a sus proveedores (arg. Fallos: 275:83 y 323:3376, entre otros)
Ello así, se advierte la efectiva salida de los fondos de la recurrente mediante el empleo de cheques propios y, como lo validara la pericial contable producida, las correspondientes retenciones del impuesto a las ganancias y del impuesto sobre los ingresos brutos que fueron practicadas a Pitey S.A. y Bio Tres S.R.L , resaltándose allí que conforme las normas reglamentarias las mismas no pueden ser practicadas a corredores; en el caso de Campos Cereales surgen retenciones en Ingresos Brutos (vide Anexo VIII).
Por su parte, también surge del informe pericial que del análisis de los remitos y/o Códigos de Trazabilidad de Granos examinados se exteriorizó la trazabilidad de los insumos agrícolas (maíz y soja desactivada) adquiridos por los proveedores Agroamarillo Cereales S.A.y Campos Cereales S.A. con la recepción en el establecimiento agropecuario que posee la apelante en el Partido de Zarate, Pcia. De Buenos Aires. A eso debe agregarse, la admisión expresa del Fisco sobre el circuito de bienes cuando Grupo Pilar S.A. actuó como como recibidor interviniente (vide también Anexo III del informe contable).
Que necesariamente debe observarse, en virtud del criterio de la realidad económica y el orden natural de los negocios, circunstancias que resulten indicativas de la realidad de las transacciones realizadas, cuya veracidad ha sido puesta en duda, esto es que las transacciones objeto de impugnación se encuentren registradas, que las ventas consten en remitos o documentos similares que den cuenta de las entregas o del transporte de la mercadería, si existieron medios de pagos que den cuenta del efectivo pago de las mismas y a nombre de quienes se realizaron, entre otras, todo lo cual se encuentra demostrado por la recurrente en autos (conf. criterio de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re “Agropecuaria El Sauce SA” sentencia del 3 de abril de 2018).
Cabe agregar que los comprobantes que respaldan la actividad comercial no han sido impugnados por el Fisco Nacional por defectos formales, debiéndose agregar que específicamente con relación a la operatoria de Agroamarillo Cereales S.A. nada se dijo respecto a supuestos incumplimientos con relación específica a la “Facturación por Terceros” prevista por la RG (AFIP) N° 1415. En base a lo descripto, entiendo que los planteos apuntados por el ente fiscal no pueden ser atribuidos a la recurrente, quien obró diligentemente al verificar que tal empresa no se encontraba en Base APOC. En tal sentido, no resulta suficiente -para poner en duda la existencia de las operaciones- el hecho de no haberse podido dar con el paradero de Agroamarillo Cereales S.A. (vg. vide fs. 18 de la resolución determinativa de Salidas no Documentadas).
En relación a la inclusión en Base Apoc de Campos Cereales S.A., su publicación según surge del Anexo II.1. del informe contable data del 1 de abril de 2014, fecha también de la última operación objetada, es decir que razonablemente al consultar la situación del proveedor durante la relación comercial se hubiera obtenido que aquel no presentaba las inconsistencias que el Fisco invoca (cfr. voto de esta Juzgadora in re “Ing. Carlos A. Monti- Construcciones Eléctricas S.A.- Líneas Eléctricas S.A. UTE” sentencia del 1 de noviembre de 2012, confirmado por la Sala IV de la Alzada, mediante decisorio de fecha 8 de julio de 2013).
Resulta evidente que las vicisitudes experimentadas por quienes reciben cuestionamientos del Fisco Nacional, luego de transcurridos años de las operaciones observadas carecen de aptitud para generar consecuencias jurídicas a Coto CICSA, quien no estaba obligada a supervisar el comportamiento fiscal o comercial de sus proveedores una vez finalizadas las prestaciones contratadas cfr. dictamen de la Procuración General de la Nación in re “La Segunda Aseguradora de Riesgos de Trabajo SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, de fecha 7 de septiembre de 2020, cuyos fundamentos compartiera el Máximo Tribunal en sentencia del 12 de septiembre del 2023).
Respecto a la impugnación de la pericia formulada por la representación fiscal (vide adjunto al IF-2023- 112431671-APN-VOCXII#TFN) cabe señalar que el dictamen pericial comporta la necesidad de una apreciación específica del saber de los expertos, con lo cual para desvirtuarlo resulta imprescindible valorar elementos que permitan advertir fehacientemente el error o el insuficiente aprovechamiento de los conocimientos de la incumbencia profesional, lo que no sucede en el presente toda vez que las objeciones planteadas transitan por meras discrepancias con las resultas de la probanza producida (cfr. Sala IV de la Alzada in re “Tilo Pampa SA c/ EN- AFIP - DGI s/Dirección General Impositiva”, sentencia del 1 de septiembre de 2020).
Que sentado lo que antecede entiendo que se encuentra comprobado el circuito financiero, físico y documental de las operaciones cuestionadas, y por lo tanto cabe concluir que los ajustes practicados procuran sustentarse en supuestas irregularidades de los terceros -proveedores- que por vía indirecta le son atribuidas al aquí recurrente, lo que resulta inapropiado (cfr. criterio de esta Sala in re “Cereales y Servicios SRL” sentencia del 28 de diciembre de 2012, el que fuera confirmado por la Sala IV de la Alzada y por la CSJN el 11 de noviembre de 2014).
Ello así, corresponde revocar los ajustes aquí tratados. La forma en que se resuelve torna abstracto el tratamiento de los restantes agravios expuestos sobre este punto. Costas a la vencida.
IV. En cuanto a CF- Inpoint Group S.A., cabe hacer notar que los servicios que el organismo impugna respecto de ambos proveedores consisten en prestaciones publicitarias a la firma recurrente efectuadas a través de un auto de competición profesional.
Al respecto, comparto en lo sustancial los argumentos del Dr. Martín para confirmar la impugnación efectuada en los actos determinativos, agregando que la documental expuesta por la pericial contable no permite dar cuenta de la prestación del servicio invocado, como tampoco se han arrimado elementos para demostrar la efectiva campaña publicitaria (vg. existencia de cartelería).
No obstante ello, cabe pronunciarse en este punto, sobre el planteo que formula la actora en su recurso respecto del cómputo de retenciones (vg. punto IV.D.10 de IF-2019-56912897-APN-DTD#JGM), resaltando que en el caso de este proveedor aquellas existen en concepto de IVA e Impuesto a las Ganancias (vide Anexo VIII de la pericial contable), las cuales tampoco fueron desconocidas por el Fisco.
Esta juzgadora considera que procede el cómputo de aquellas retenciones debidamente ingresadas por el retenedor contra el impuesto ajustado por el Fisco, atento que la confirmación de los ajustes practicados no puede abarcar la impugnación de aquellas retenciones que han sido efectivamente realizadas y acreditadas, aún cuando no se haya justificado la operatoria a la cual refieren. Que una conclusión contraria importaría una doble percepción impositiva (parcial) del impuesto involucrado en dichas operaciones por parte del Fisco Nacional, importando, ello, un verdadero enriquecimiento sin causa de la administración (criterio expuesto por esta juzgadora in re “Golden Peanut”, sentencia del 26 de junio de 2018)
Cabe traer a colación que la Corte Suprema de Justicia señaló in re “Compañía Argentina de Granos SA c/AFIP (DGI) s/contencioso administrativo – varios”, fechado el 11 de marzo de 2021, relativo a la demanda de repetición de importes ingresados por la citada compañía al Fisco Nacional en concepto de retenciones del impuesto al valor agregado (IVA) por las compras de cereal realizadas a ciertos proveedores, que el ajuste fiscal no se fundó en la declaración de inexistencia de las operaciones sino en la impugnación del cómputo del crédito fiscal originado en ellas.
En efecto, se puntualizó que “En primer lugar, porque reconoció en su escrito de demanda que había realizado operaciones de compra de cereales a productores agropecuarios en el período 12/2001 a 12/2007 -que generaron créditos fiscales en el IVA que fueron computados en sus propias declaraciones juradas del impuesto- respecto de las cuales practicó las retenciones del citado tributo en oportunidad de pagarle a sus proveedores. En segundo orden porque no demostró que la AFIP-DGI hubiera desconocido la existencia de las operaciones observadas en la inspección. Y por último, porque tampoco desvirtuó lo afirmado por el Fisco Nacional en el sentido que la compra de los granos por parte de CAGSA había quedado acreditada mediante la comprobación del circuito físico de las mercaderías. Todo lo expuesto impide considerar que el patrimonio de CAGSA haya experimentado menoscabo alguno como consecuencia de su actuación como agente de retención pues el IVA ingresado al Fisco surgió y fue retenido del precio que oportunamente había pagado por la compra de los granos”
En definitiva se trata de un supuesto distinto al presentado en autos, en el cual el Fisco reputa las operaciones como inexistentes impugnando el cómputo del crédito fiscal y el gasto deducible.
Es dable traer a colación que, la Sala V de la Alzada in re “Cargill SACI c/ EN-AFIP-DGI-RESOL 7/12 s/Dirección General Impositiva” (sentencia del 9 de febrero de 2021) expresó que constituye un principio general del derecho que los pagos indebidos o sin causa o con causa inválida dan derecho a la devolución de lo pagado; y si la causa del pago de tales retenciones consistió en la realización de operaciones que, con posterioridad, el Fisco consideró inexistentes, no se explica cuál sería el título en virtud del cual puede pretender apropiárselo. Recientemente la Procuradora General se ha expedido en la causa citada en el párrafo precedente (dictamen del 23 de marzo de 2023), exponiendo que: “Sin embargo, al reconocerse la inexistencia de las operaciones de compra de granos entre Cargill y los proveedores cuestionados por el Fisco Nacional, las retenciones practicadas por la actora carecen de causa (cfr. arts. 1°, 2° y 5°, de la RG 1.394). Ello es claro para mí, porque el presupuesto de hecho para actuar en tal carácter -las operaciones de compra de granos- nunca existió en la realidad. “Así las cosas, pienso que resulta incongruente -por un lado- sostener que no existió la operación de compra de granos y -por otro- afirmar que nació en cabeza del pretenso adquirente de esos granos la obligación de actuar como agente de retención”.
Por lo expuesto, corresponde que el Fisco Nacional reliquide tanto el IVA como el Impuesto a las Ganancias en la medida de las operaciones impugnadas, asignando a las mentadas retenciones el carácter de ingresos a cuenta de lo determinado (cfr. TFN “Ciccone Calcográfica SA” -Sala C- del 19/12/2003). Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
V. Que sobre los intereses resarcitorios intimados relativos al ajuste que se confirma, cabe recordar que éstos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Que la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen, como en el presente, torna procedente la aplicación de este tipo de intereses. Tal consideración, basada en la literalidad de la norma -art. 37 de la ley de rito- permite descartar sin más los agravios expuestos por los recurrentes. (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005). Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Citibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor que deben ser restrictivamente resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual se descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
Que en virtud de todo lo expuesto, procede confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios obrantes en los actos de IVA y Salidas no documentadas, ello en proporción ajuste que se confirma, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
VI. Resta referirse a la multa impuesta en Salidas no Documentadas respecto a la operatoria con CF- Inpoint Group.
En cuanto a la facultad para imponer multas en concepto de Salidas No Documentadas, esta juzgadora considera que en virtud de la doctrina emanada de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (vg. entre otros Radio Emisora Cultural SA c/DGI”, del 9 de noviembre de 2000, “Red Hotelera Iberoamericana SA c/DGI”, del 26 de agosto de 2003; “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, del 27 de septiembre de 2011; “Antu Aplicaciones Industriales Integradas SA (TF 20958-I) c/DGI”, sentencia del 31 de julio de 2012) que la falencia de la documentación que respalda la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley N° 11.683.
Que para el pago del tributo en concepto de Salidas no Documentadas para los períodos determinados debe tomarse en consideración lo establecido por la Resolución General N° 893/00 (B.O. 13/10/2000), que prevé la forma y plazo para el pago de este gravamen. Que ello así, en el caso de autos no se ingresó el impuesto correspondiente, como tampoco se presentó el volante de pago, el que según la Nota Externa (AFIP) 8/2007 constituye la comunicación de pago a que hace referencia el art. 15 de la ley 11.683. Dicha norma prevé que las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte, tienen el carácter de declaración jurada, pudiendo aplicar el Fisco sanciones en concepto de Salidas no Documentadas.
En virtud de lo expuesto respecto a CF- Inpoint Group, se resolvió que la actora efectuó erogaciones de dinero, correspondientes a operaciones cuya autenticidad no probó. Por lo tanto, en relación a las mismas, el ingreso del tributo debió efectuarse siguiendo la pauta temporal consagrada en la RG 893, lo que no sucedió. Ello se traduce en la omisión de ingreso del impuesto, y justifica la aplicación de sanción (cfr. Sala III de la Alzada in re “La Fuente Combustible SRL”, sentencia del 28 de abril de 2021).
Sentado ello, cabe recordar que sobre el art. 46 de la ley de rito, la Sala IV de la Alzada in re “MG Promociones SRL” (sentencia del 9/09/2014) ha dicho que: “... la configuración del ilícito tipificado en el art. 46 de la ley 11.83 requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de los siguientes tres elementos: a- la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b- un error de la víctima del ilícito; y cla existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito.”
“De manera tal que la figura tipificada en el art. 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco” “Ese elemento intencional se debe exteriorizar en una acción antijurídica por comisión o por omisión y necesariamente se debe acompañar con un elemento material que se traduce en engaño”.
Por su parte, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales – en este caso las previstas en los incisos a, b y c- consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa.
En este caso concreto y en contraposición a lo sostenido por la recurrente, el Fisco ha demostrado que la falsedad de la operatoria invocada con CF- Inpoint Group, ello en notoria contradicción con lo dispuesto con las leyes de los gravámenes en cuestión y con el propósito de perjudicar al organismo recaudador, lo cual de no mediar actividad fiscalizadora no hubiera sido descubierto, no existiendo prueba en contrario de la cual pueda inferirse que haya existido error excusable.
En definitiva, considero que han concordado elementos suficientes para tener por configurado el ilícito previsto en el art. 46 de la ley de rito y no habiendo elementos que justifiquen una dispensa a la sanción como así tampoco para modificar la graduación dispuesta, corresponde disponer su confirmación.
VII. Por lo expuesto, voto por: 1) Revocar los ajustes practicados en los actos apelados, conforme lo expuesto en los Considerandos II y III del presente voto, con costas al Fisco Nacional; 2) Confirmar el ajuste efectuado en los actos apelados en autos con relación al proveedor a CF- Inpoint Group S.A, con más accesorios y sanciones que se aplicaran, debiéndose computar las retenciones practicadas en IVA y el Impuesto a las Ganancias que surgen del informe contable. Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos; 3) Corresponde ordenar al Fisco Nacional que en el plazo de treinta (30) días practique la liquidación de las sumas adeudadas en autos por la recurrente en concepto de impuesto, accesorios y sanciones, con los lineamientos expuestos precedentemente.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas, 2º) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 1.417.772 (Pesos un millón cuatrocientos diecisiete mil setecientos setenta y dos) equivalente a 31,20 (treinta y uno con 20/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 3.544.431 ( Pesos tres millones quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y uno) equivalente a 78 (setenta y ocho) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, y la Resolución Nº 626/2024 (04/04/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
3. Regular los honorarios del Dr. Juan Ignacio Estévez, por su actuación como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional fijándolos en la suma de $ 1.021.907 (Pesos un millón veintiún mil novecientos siete) equivalente a 22,49 ( veintidós con 49/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, y la Resolución Nº 626/2024 (04/04/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, y archívese. – Date: 2024.04.24 15:36:14 -03:00 Date: 2024.04.26 13:16:18 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.26 14:41:36 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.26 14:41:37 -03:00
Fin de la sentencia