Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 38.543-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución DE PRLA N° 4843/2017, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación SIGEA Nº13806-839-2012, y, por ende, el cargo VI N° 1005/2012, emitido por el ajuste de valor respecto de las mercaderías documentadas en el despacho de importación Nº 07001IC05039659E.
2Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-125351315-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 11 de Noviembre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “CREACIONES AMERICANAS S.R.L. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expediente N° 38.543-A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 4843/2017, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación SIGEA Nº13806-839-2012, mediante la cual se rechazó el recurso de impugnación interpuesto por la firma CREACIONES AMERICANAS S.R.L confirmando el cargo VI N° 1005/2012, emitido por el ajuste de valor respecto de la mercadería documentada en el despacho de importación Nº 07001IC05039659E, tramitado ante la Aduana de Buenos Aires, por la suma de U$S 20.857,99 en concepto de tributos, más los intereses del art. 794 del C.A.
II. Fundamentos del recurso: A fs. 19/41 la actora se presenta, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la referida resolución. En primer lugar, efectúa un breve relato de los hechos acaecidos en sede aduanera. Asevera que el mero hecho de que el valor de transacción fuera inferior a otros precios que puedan obrar en los registros de la Aduana no resulta suficiente para su descarte. Relata que promovió su concurso preventivo en el año 2008 y explica que no puede promoverse la preeminencia de las normas de prescripción del C.A. por sobre las de la Ley de Concursos y Quiebras. Agrega que en ningún momento se desconoció la autenticidad de la factura y demás documentación acompañada oportunamente. Puntualiza que el rechazo del valor de transacción se sustentó en afirmaciones dogmáticas, sin exteriorizar las razones o las dudas que ameritaron el ajuste. Argumenta que no puede desconocerse que, a esos fines, se empleó un único antecedente. Afirma que, al no habérsele permitido producir prueba que era atinente y pertinente en sede administrativa, se afectó el derecho de defensa y el principio de la verdad jurídica objetiva. Sostiene que el acto apelado posee vicios en sus elementos causa y motivación. Cita doctrina y jurisprudencia. Considera que el antecedente empleado por el servicio aduanero no reúne los requisitos para ser considerado “mercadería similar”. Subsidiariamente, plantea la ilegitimidad de la Resolución General AFIP N° 3271/12 y la improcedencia de los rubros de IVA e Impuesto a las Ganancias. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, conjuntamente con el cargo.
III. Contestación del traslado: A fs. 56/63 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no sean de su expreso reconocimiento o que no surjan de las actuaciones administrativas de la causa. Se explaya acerca de los alcances del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT y a las facultades en cabeza del servicio aduanero, al dudar acerca de la veracidad de los datos incluidos en la declaración. Considera que el accionar del servicio aduanero resultó legítimo, ya que la recurrente no acompañó prueba de relevancia que permita descartar el ajuste formulado. Remite a los informes de fs. 5/6 y 59/61 de las actuaciones administrativas en relación al análisis y procedencia del ajuste. Se opone a las nulidades planteadas por la actora y cita jurisprudencia. Para concluir, defiende la liquidación tributaria. Cita jurisprudencia. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA Nº 13806-839-2012 se inician a fs. 1 con la carpeta original del despacho. A fs. 2/3 se encuentra el cargo VI N° 1005/2012. A fs. 5/6 se adjunta el informe suscripto por el Valorador Ramo 4, División Control Ex Post de Importación. A fs. 12/13 se notifica el referido cargo. A fs. 23/36 la actora inicia procedimiento de impugnación. A fs. 59/61 se agrega la Nota N° 209/16 (SE ITCA). A fs. 67/69 se dicta el acto apelado. A fs. 72/73 la actora da cuenta del recurso interpuesto y adjunta formulario F4.
V. En fecha 26/03/2018 se abrió la causa a prueba por sesenta días. En fecha 29/08/2025 se certificó la prueba producida. En fecha 29/08/2025 se declaró cerrado el período probatorio y se elevó la causa a la Sala “G”. Mediante IF-2025-97837345-APN-VOCXXI#TFN se pusieron autos para alegar y en fecha 14/10/2025 pasaron a sentencia.
VI. Previo a todo, corresponde tratar la nulidad planteada por la actora en su recurso de apelación. Al respecto, considera que el cargo formulado por la aduana carece de fundamentación y que resulta nulo. Asimismo, agrega que la Aduana no habría indicado los motivos en función de los cuales el precio declarado no resulta adecuado en los términos previstos por el art. 1° del Acuerdo de Valor. Cabe señalar que el planteo de nulidad en trato se encuentra directamente vinculado con los agravios que sustentan la apelación, de modo que como lo enseña Francesco Carnelutti, “... del principio de la absorción de la invalidación en la impugnación deriva también para el proceso penal la regla formulada por los estudiosos del proceso civil en el sentido de que los vicios de la providencia impugnada se convierten en motivos de impugnación; esto quiere decir que en cuanto una providencia viciada sea impugnable, el poder de invalidación no concurre con el de impugnación, sino que en el mismo es absorbido como en la rescisión es absorbida la anulación. Tal absorción está al punto de llegada de una evolución histórica que aquí ni siquiera en sus puntos generales podría trazar; en línea muy general, indico sólo que la rescisión del acto injusto constituye un paso adelante sobre la anulación del acto viciado; en esto se manifiesta el pensamiento, lentamente formado, de que los requisitos del acto y, en particular, los requisitos formales valen no por sí sino como medios al fin de su justicia, la cual verdad, aun cuando obvia, no ha tenido un camino fácil en la historia del derecho ...” (Lecciones sobre el proceso penal. Vol. III, pág. 217. Bosch y Cía. editores. Buenos Aires. 1950).
Que, habiéndose desplegado como sustento de la nulidad impetrada fundamentos que guardan directa relación con los agravios de fondo, cabe concluir que debe rechazarse la cuestión de nulidad en cuanto a tratársela autónomamente.
Por ende, se rechaza el planteo de nulidad sin costas por su tratamiento integrativo con el fondo.
VII. Que corresponde analizar si el ajuste de valor motivo de autos ha sido efectuado sobre la base de las normas establecidas en el Acuerdo Relativo para la Aplicación del Art. VII del GATT, Ley N° 24.425, marco legal vigente en nuestro país en cuestiones de valor en importación. Que dicha ley aprueba el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las decisiones, declaraciones y el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la OMC y, entre otros, el Acuerdo relativo a la aplicación del art. VII del GATT, incorpora además la Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.
El Acuerdo Relativo a la aplicación del art. VII del GATT establece que el “valor de transacción”, tal como se define en el artículo 1, es la primera base para la determinación del valor en aduana. Dicho artículo debe considerarse en conjunción con el artículo 8 que dispone, entre otras cosas, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos, que se consideran forman parte del valor en aduana, en la medida en que corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías.
Sin embargo, si el valor en aduana no puede ser establecido por el art. 1, son aplicables los arts. 2 a 7. La Introducción General resalta que la normativa prevé consultas entre la administración aduanera y el importador para intercambiar información, con arreglo a la valoración de los arts. 2 y 3, a reserva de las limitaciones impuestas por el secreto comercial, a fin de establecer una base apropiada de valoración en aduana, considerando el valor en aduana de mercancías idénticas o similares importadas.
Subsidiariamente, los arts. 5 y 6 se refieren a otras formas de determinación: sobre la base del precio a que son vendidas las mercancías en el mismo estado en que se las importa, a un comprador no vinculado con el vendedor y en el país de importación, con ciertas deducciones -método sustractivo-, y sobre la base del valor reconstruido -método aditivo-. Estos dos métodos -por las dificultades que presentan- quedan a elección del importador cuando el servicio aduanero así lo acepta; si el importador no pide que se invierta el orden de los arts. 5 y 6, se sigue el orden de éstos.
Que el art. 7 dispone cómo hay que determinar el valor en aduana cuando no se lo puede establecer por los métodos anteriores y prohíbe que sea arbitrario o ficticio. A los efectos de aplicar los referidos criterios razonables, el valor en aduana no se basará en el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en ese país, ni en un sistema que prevea la aceptación del más alto de dos valores posibles, ni en el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador, ni en valores en aduana mínimos o valores arbitrarios o ficticios; Si lo solicita el importador, será informado por escrito del valor en aduana determinado y del método utilizado (art. 7, parte I, Acuerdo relativo a la aplicación del citado art. VII). Que el art. 17 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del art. VII del GATT, aprobado por Ley N° 24.425 dispone: “Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana”. Que, además, el párr. 6 del Anexo III de ese Acuerdo preceptúa: “El artículo 17 reconoce que, al aplicar el Acuerdo, podrá ser necesario que las Administraciones de Aduanas procedan a efectuar investigaciones sobre la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración que les sean presentados a efectos de valoración en aduana. El artículo reconoce por tanto que pueden realizarse investigaciones con objeto, por ejemplo, de comprobar si los elementos del valor declarados o presentados a las autoridades aduaneras en relación con la determinación del valor en aduana son completos y exactos. Los Miembros, con sujeción a sus leyes y procedimientos nacionales, tienen el derecho de contar con la plena cooperación de los importadores en esas investigaciones”.
VIII. Que, de la compulsa de las actuaciones administrativas surge que el servicio aduanero desestimó el valor de transacción declarado por la importadora y, si bien hizo referencia al método de valoración elegido (método de mercadería similar establecido en el art. 3 del Acuerdo de Valor del GATT) no fundamentó acabadamente el apartamiento del valor de transacción ni los motivos o las dudas que derivaron en el ajuste.
Que esta primera situación relativa a la carencia de fundamentación surge directamente de los informes que precedieron la formulación del cargo.
A fs. 5/6 el informe suscripto por el Valorador Ramo 4-División Control Ex Post de Importación-hace referencia a la Decisión 6.1 relativa a los casos en que las Administraciones de Aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. Sin embargo, en ningún momento exterioriza debidamente cuáles serían esas razones. Más aún, alude a la imposibilidad de despejar esas dudas sin aclarar previamente en qué consisten.
En efecto, lo único que surge del informe es que las operaciones del antecedente (único) allí referenciado, se encontrarían “considerablemente por encima” de los valores declarados.
Por otra parte, la Nota N° 59/61 de las actuaciones administrativas tampoco aporta elementos adicionales que puedan salvar las deficiencias de la primera. Únicamente remite al antecedente empleado (DI 07073IC04044849J) y nuevamente habla de “valores notoriamente disminuidos” que ameritan establecer una razonable igualdad como base del tributo.
Al respecto, cabe recordar que-tal como he señalado en otras oportunidades- la existencia de un único antecedente no resulta suficiente a los fines de sustentar el ajuste de valor promovido.
Incluso se ha considerado, que “… mencionar un solo antecedente no es suficiente para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. Que, asimismo, no escapa a la vista del suscripto que no obran en sede aduanera ni en autos copia del antecedente invocado por el servicio aduanero, lo que impide analizar si son referentes idóneos para su comparación. No puede saberse si se trata de la misma mercadería, mismo nivel comercial ni del mismo país de origen o procedencia. Que dicha duda inicial respecto de la veracidad de los valores declarados por el importador debió justificarse posteriormente en una investigación complementaria de valor que acredite que los utilizados no resultan arbitrarios, lo que no ocurre en autos. Que las circunstancias expuestas permiten concluir que no existen en el caso antecedentes que puedan tenerse como referentes para descartar el valor de la mercadería declarada, apareciendo el valor atribuido por el servicio aduanero como incierto. Que, ello es así, por cuanto no puede desconocerse, a la luz del actual régimen de valoración de mercaderías, la imposibilidad de la aduana de desestimar directamente el precio de transacción, sin motivar su decisión, ni recabar más que un solo antecedente para cuestionar el valor de cada ítem…”. (“Compañía de Seguros la Mercantil Andina S.A. s/ recurso de apelación” Causa Nº: 37.350-A Sent. 02/09/2021, Sala F, Voto del Dr. Licht en oportunidad de subrogar la Vocalía 18).
Más aún, en igual sentido la Sala E de este Tribunal se expidió en los siguientes términos, los cuales también comparto: “… dado que la Aduana ha tenido en cuenta a los fines del ajuste en cuestión una sola operación que no resulta suficiente a la luz del Acuerdo de Valoración del GATT para desestimar el valor declarado por la recurrente, cabe señalar que el cargo formulado no se encuentra debidamente fundado. Ello así dado que solo ha mencionado un solo antecedente de valor para desestimar el valor declarado por la recurrente, que conforme lo probado por la recurrente, es el valor de transacción de la importación. …”. (“A-Pyan Textil SRL c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Causa Nº 30.110-A, Sent. 17/10/2019, Sala E).
Que, a todas luces, el servicio aduanero no fundó adecuadamente el apartamiento del valor de transacción ni ha cuestionado la documentación que lo sustenta. Más aún, los valores incluidos en el despacho coinciden con el original de la factura incluida en el sobre del despacho-N° 07001066472P. Que, a mayor abundamiento, como ha quedado demostrado con la prueba producida en el expediente principal (fs. 91) existen diferencias entre los despachos comparados que tienen que ver con la cantidad, procedencia, marca (Corsega /Juana Bonita Hilda), vendedor (Reutter S.A. / Asian Pioneer (HK) Limited) y fechas de oficialización (14/03/2007 y 30/11/2007).
IX. Que asimismo resultan aplicables los lineamientos seguidos por la Sala V de la CNACF en cuanto a la carga de la prueba en los casos de ajustes de valor: “Es un indiscutido principio procesal -aplicable a todo litigio aun no judicial- que siempre es a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia cuando pretende fundar en él un derecho (Fallos: 217:635, entre otros muchos más; esta Sala, 13-9-2005, “Macnet SA -TF 14723-Ac/ D.G.A.”). Frente al principio establecido en el artículo 1, párrafo 1 en cuanto a que el valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, es preciso que la Aduana, a fin de impugnar dicho valor declarado, deba aportar elementos de juicio suficientes para cuestionarlo. …” (“Donati c/DGA s/Apelación”-TF 19.481-A, CNACAF Sala V, 17/03/2009).
Que, en un pronunciamiento reciente, agregó que “…Con respecto a la queja relativa a que la carga de la prueba recae en el importador en caso de dudas acerca de la veracidad del valor declarado, cabe señalar que esta Sala ha establecido que cuando las autoridades aduaneras se pronuncian por el rechazo del precio declarado como base de valoración, queda a su cargo la prueba de los argumentos que sustentan dicho cuestionamiento y que la elección de la base de valoración dispuesta por el Acuerdo vigente hace que la impugnación del valor declarado por el importador –y que surge de la documentación agregada por él– recaiga sobre la aduana, sobre quien pesa la carga de la prueba de la inexactitud de la declaración (esta Sala, in re “Textil Hasbani SRL c/ EN – DGA s/ Administración Nacional de Aduanas”, del 20/2/09 y sus citas)”. (Sala III, “MASSUH SA (TF 19868-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, 20/02/2025)
X. Que, por lo expuesto, cabe concluir que el valor atribuido por el servicio aduanero para la destinación aquí involucrada resulta arbitrario y fuera de lo estipulado por el marco legal en materia de valoración en importación (Acuerdo de Valor del GATT). Por ello, no cabe más que revocar la resolución aduanera apelada.
XI. Que por la forma en la que se resuelve la presente, no resulta necesario expedirse sobre las restantes cuestiones planteadas.
Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la vencida (conf. art. 1163 del C.A.).
Por ello, VOTO POR:
1).- REVOCAR la Resolución DE PRLA N° 4843/2017, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación SIGEA Nº13806-839-2012, y, por ende, el cargo VI N° 1005/2012, emitido por el ajuste de valor respecto de las mercaderías documentadas en el despacho de importación Nº 07001IC05039659E.
2).- Costas a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a V del voto del Dr. Segura, a los que me remito por motivos de brevedad.
II. Resulta necesario, con toda claridad, apartarse de la posición sostenida por el vocal preopinante en torno a la carga de la prueba. No es posible compartir su afirmación de que recae exclusivamente sobre el servicio aduanero, como si el proceso contencioso-aduanero se resolviera en los moldes rígidos de un viejo procedimiento inquisitivo. Tal aserto, desde mi perspectiva, desatiende los avances incorporados tanto en el derecho procesal moderno como en el propio cuerpo normativo que rige la valoración aduanera a escala internacional.
En efecto, el Acuerdo de Valoración de la OMC —heredero directo del Acuerdo del GATT— no consagra un modelo probatorio estático ni adversarial en sentido estricto. Por el contrario, propone una arquitectura dinámica, orientada por el principio de distribución funcional de las cargas, conforme a la disponibilidad, cercanía y control de la prueba por parte de cada uno de los intervinientes. No se trata, pues, de trasladar una mochila procesal de un hombro a otro, sino de entender que el peso de la prueba no se carga igual cuando quien camina lleva en sus bolsillos los documentos que el tribunal necesita para ver claro. Este esquema dinámico se despliega en varias fases concatenadas, cuya lógica no admite simplificaciones: Comienza, como es debido, con la obligación de la administración aduanera de exteriorizar de forma clara, precisa y fundada las dudas que eventualmente albergue sobre la veracidad o exactitud del valor declarado. No cualquier sospecha basta. El escepticismo no es una virtud administrativa. Es el deber de motivar lo que obliga a la autoridad a poner sus cartas sobre la mesa.
Ante ese cuestionamiento inicial, el importador —único que conoce las entrañas de la operación, que la diseñó, la ejecutó y que, por tanto, posee los contratos, las facturas, los términos comerciales y las circunstancias de la negociación— debe aportar las explicaciones pertinentes, acompañadas de los documentos que respalden la legitimidad de su declaración.
La autoridad, a su turno, no puede permanecer impasible. Si las dudas persisten tras el descargo del contribuyente, está obligada a explicitar por qué considera insatisfactorias las respuestas recibidas. Esta segunda exteriorización de incertidumbre debe realizarse nuevamente con argumentos concretos, sin caer en la cómoda vaguedad de las fórmulas preimpresas o los dictámenes genéricos.
Solo entonces la carga retorna, de forma razonada y legítima, al importador, quien deberá despejar esas últimas sombras mediante pruebas idóneas, relevantes y convincentes.
Esta arquitectura procedimental no obedece a caprichos doctrinarios, sino a exigencias de justicia material. La carga probatoria —se sabe— no es una penitencia, sino un instrumento de distribución del riesgo epistémico. La pregunta no es quién debe cargar la prueba, sino quién puede hacerlo mejor. En este marco, se vuelve ineludible introducir un elemento adicional: el estándar de prueba. Porque no basta con distribuir cargas; también hay que establecer cuánto debe pesar lo que cada parte aporta. El estándar es, en definitiva, el umbral que separa lo probado de lo meramente alegado, lo verosímil de lo insuficiente. Y al fijarlo, el derecho revela su filosofía, por cuanto opta por proteger a quien no tiene la información o por presumir que quien comercia profesionalmente debe cargar con las consecuencias de su opacidad.
La dificultad radica en que ningún proceso logra reconstruir los hechos con transparencia absoluta. La verdad judicial no es la verdad de Dios, sino la que resulta plausible a la luz de las pruebas disponibles. En este contexto, el estándar probatorio no es un detalle técnico, sino una decisión cargada de consecuencias. Exigir más o menos prueba es decidir, de forma implícita, a quién se le asigna el costo del error judicial. Por eso, la elección del estándar —ya sea uno más exigente o laxo— no puede ser reducida a una fórmula doctrinaria ni a un automatismo jurisprudencial. Debe fundarse en razones de equidad, de distribución racional del riesgo procesal y de adecuación a las circunstancias del caso. Como enseñaba Carnelutti, el derecho no puede ser ciego al sentido común, ni insensible a la justicia.
Así planteado el asunto, sostener que toda la carga recae sobre la administración equivale a despojar al proceso de su carácter dialógico. Significa pedirle al Estado que pruebe lo que desconoce y eximir al importador de demostrar lo que solo él conoce. Una inversión que no resiste el más mínimo test de razonabilidad.
III. Sentado lo que antecede, y sin perjuicio de adherir al criterio adoptado en cuanto al fondo del asunto, considero necesario formular algunas precisiones.
En primer lugar, corresponde coincidir en que no se verifica una diferencia de entidad que justifique descartar el valor de transacción declarado, es decir, apartarse de la primera regla de valoración prevista en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
Sin embargo, es oportuno aclarar que la sola existencia de antecedentes con precios distintos al declarado no constituye, por sí sola, razón suficiente para descartar dicho valor de transacción. Si bien, en principio, comparto esta afirmación, entiendo que este criterio no debe ser interpretado en términos absolutos, ya que su aplicación puede variar según la naturaleza de la mercadería involucrada.
En efecto, si bien el servicio aduanero se encuentra facultado para cuestionar el valor declarado —conforme lo autoriza el propio Acuerdo GATT— y realizar las verificaciones correspondientes a través de métodos comparativos, dicho accionar no puede ser automático ni indiscriminado. Debe necesariamente considerar las características propias de la mercadería objeto de análisis. Así, en el caso de bienes genéricos, con amplia disponibilidad de antecedentes en el comercio internacional, la existencia de un único antecedente no resulta suficiente para justificar un ajuste de valor. Por el contrario, tratándose de mercaderías poco frecuentes o con características especiales, podría ser razonable que un solo antecedente sea idóneo para fundar un cuestionamiento al valor declarado. Aplicando este criterio al caso concreto, se advierte que la mercadería en cuestión se caracteriza por ser un bien de naturaleza genérica, con amplia disponibilidad de referencias y antecedentes comerciales. Por tal motivo, no resulta procedente convalidar un ajuste de valor sustentado exclusivamente en un único antecedente, máxime cuando, como ha quedado debidamente acreditado en estas actuaciones, la diferencia observada no reviste entidad suficiente.
En consecuencia, corresponde rechazar el ajuste de valor practicado por el servicio aduanero. Por lo expuesto, VOTO POR:
1).- Revocar la Resolución DE PRLA N° 4843/2017.
2).- Costas a la DGA.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud de los votos que anteceden, SE RESUELVE:
1).- REVOCAR la Resolución DE PRLA N° 4843/2017, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación SIGEA Nº13806-839-2012, y, por ende, el cargo VI N° 1005/2012, emitido por el ajuste de valor respecto de las mercaderías documentadas en el despacho de importación Nº 07001IC05039659E.
2).- Costas a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.11.10 13:39:40 ART Date: 2025.11.11 11:08:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.11 12:03:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.11 12:04:41 -03:00
Fin de la sentencia