Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II Der Mar del Plata · Causa 162536
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Tener por reanudado el llamado de autos para dictar sentencia que fuera suspendido a fs. 42. II) Anular la sentencia por prematura y reenviar los autos para que, una vez sustanciada la pretensión con la demandada, por intermedio de juez hábil, se dicte un nuevo fallo que cumplimente los requisitos de validez constitucional arriba referidos (arts. 17, inc. 7° y 253 del C.P.C.);
II. Imponer las costas deben imponerse en el orden causado dada la ausencia de controversia (art 68 del CPC) III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del dec. ley 8.904/77)
REGISTRO N° 25-S FOLIO N° 128/31 EXPEDIENTE N° 162536 JUZGADO N° 10
En la ciudad de Mar del Plata, a los 21 días del mes de febrero de 2017, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "CREDIL S.R.L. C/ DAHER MARIA S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau, Ricardo D. Monterisi y Ramiro Rosales Cuello.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs.13/15?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto Loustaunau dijo:
I. En el fallo cuestionado la Sra. Juez a quo rechazó la demanda ejecutiva por considerar, en modo previo a sustanciar el reclamo con el accionado, que el pagaré objeto de autos no cumplía con los requisitos de información previstos en el art. 36 de la ley 24.240 y, con el fin de evitar dispendio jurisdiccional y garantizar el acceso a la justicia, ordenó reconducir la acción, imprimiéndole el trámite de conocimiento sumario.
II. A fs. 17 apeló el ejecutante. En el memorial obrante en 19, alegó que: a) se han violado las normas del debido proceso; b) es contraria al carácter literal y autónomo del título la presunción de que se trata de una relación de consumo; c) yerra el juez al aplicar de oficio el art 36 de la ley 24.240.
Acompañó el instrumento que contiene las condiciones generales del crédito otorgado al ejecutado, de donde surgiría el cumplimiento de los recaudos previstos por el art. 36 de la ley 24.240.
III. A mi entender, corresponde revocar la sentencia, con el alcance que a continuación propongo.
1. Lo debatido en este expediente guarda similitud con lo resuelto en la causa de este Tribunal, n° 159.957 caratulada "Banco Saenz S.A. c/ Paolini, Silvina Elizabeth s/ Cobro Ejecutivo" (RSD1 del 2-2-2016) que en lo sustancial habré de seguir.
En aquel precedente, tuve la oportunidad de referir que entre quienes admiten la integración del título ejecutivo con documentación adicional de las ejecuciones de pagarés de consumo se encuentra la Cámara de Azul (Sala II, causa n° causa Nº 58.917, del 4/11/14 "Bazar Avenida SA c. González de Castro, Alejandra Rosana s/ cobro ejecutivo", causa 59.057, sent. del 2/10/14 "Bazar Avenida S.A. c. Castro, Oscar Alfredo s/ Cobro Ejecutivo", “Banco Industrial Sociedad Anónima c. Suárez, Roque Ramón s/ cobro ejecutivo”, del 14/05/2015, en AR/JUR/24245/2015; con la opinión autoral favorable de Tambussi, Carlos “Ejecución de pagarés de consumo y diálogo de fuentes”, AR/DOC/2962/2015 y RCCyC 2015 - octubre , p. 205).
En idéntico sentido se alinea la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, llamando a una madura comprensión del carácter social y científico del tema, que trasciende al análisis exclusivamente jurídico para integrarse con los datos aportados desde el campo de la economía y la sociología para abarcar el marco social en el que se inscriben las decisiones del consumidor con vistas a un endeudamiento razonable: “no puede desconocerse la difundida práctica de instrumentar en títulos circulatorios las operaciones que las entidades bancarias y financieras celebran con los consumidores, con independencia de la formalización con que, además, usualmente se practique el negocio. Y es justamente el empleo ante el consumidor de instrumentos pensados por comerciante y para comerciantes, el que da origen a la tarea hermenéutica aquí planteada” (Cám.Nac.Com. Sala F, “Banco de Galicia y Buenos Airse S.A. c/ Dayan, Gonzalo s/ ejecutivo”; en DJ22/07/2015, 58; La Ley online:
AR/JUR/604/2015).
En ese proceder, se propone respetar la jerarquía de la Constitución Nacional en su art. 42 y la Ley de Defensa del Consumidor por sobre la normativa tanto procesal como de fondo, vinculada a los títulos cambiarios, de manera que en la tarea de armonización de las normas procesales y sustanciales prima el estatuto del consumidor (voto de. Dr. Sala, CNCom., Sala E, 26/8/2009, “Compañía Financiera Argentina SA c/ Castruccio s/ Ejecutivo, cit. por Sala F, en causa cit.).
2. Ahora bien, en la hipótesis del apelante, que proclama la admisión del pagaré complejo, no podría darse curso a la ejecución hasta se haya preparado la vía ejecutiva mediante el reconocimiento de la firma del obligado (arts. 521 inc. 2° y 523 inc. 1° del C.P.C.).
Es que, de admitir que el pagaré de consumo sea complementado mediante el contrato de mutuo, no cabría otorgar curso ejecutivo sin antes contar con la preparación de la vía, so pena de elevar la categoría de este instrumento a costo de soslayar la exigencia prevista para estos casos en el art. 521 inc. 2° del CPC.
3. En suma, corresponde revocar la sentencia apelada en el entendimiento que el pagaré de consumo puede ser completado con instrumentos de los que surjan el debido cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 36 de la ley de Defensa al Consumidor, mas reconduciendo el proceso para la citación del deudor a fin de efectuar el reconocimiento de su firma en los términos del art. 524 del C.P.C.
ASÍ LO VOTO.
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RICARDO D. MONTERISI DIJO:
Discrepo respetuosamente con la opinión vertida.
a) Tal como lo he dicho en la causa que cita el distinguido colega que abre el acuerdo, en mi modo de ver, la resolución recurrida debe anularse en razón de que ha sido dictada prematuramente.
Estimo que el Juez ha violentado el debido proceso, en razón de que se ha pronunciado sin respetar el principio de bilateralidad o contradicción, omitiendo sustanciar la pretensión ejecutiva (art. 18 CN y 8.1 CADH).
Y ello es así, en la medida que tal como lo dejé sentado a partir del caso “Carlos Giudice S.a. c/ Marezi, Mónica Beatriz s/ Cobro ejecutivo” (Sala II, causa n° 146.930, RSD 333 del 4-12-2012), el artículo 36 de la ley 24.240 reconoce en cabeza del consumidor el derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más de sus cláusulas en el caso de que el documento no contenga alguno de los datos que enumera. Esos requisitos refieren al bien o servicio adquirido, el precio, tasa de interés, costo financiero total, cantidad y monto de las cuotas -en su caso-, etcétera y la finalidad de ese conocimiento -lógicamentetiende a facilitar el control por parte del consumidor y evitar el abuso por parte del proveedor.
En tal orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que la obligación legal consagrada en el artículo 36 de la norma se limita a garantizar la transparencia en la composición de la deuda y constituye un deber calificado de información complementario del que garantiza el artículo 4 del mismo dispositivo legal (conf. Müller, Enrique C. y Saux, Edgardo I., “Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y anotada”, Picasso y Vazquez Ferreira (directores), La Ley, Buenos Aires, 2009, T. I, p. 414).
Resulta claro del texto de la ley que ante el incumplimiento de esa obligación el consumidor puede plantear la nulidad del contrato de crédito o de alguna de sus cláusulas.
En el cuerpo del reformado artículo 36 de la ley 24.240, anticipando lo establecido en el canon siguiente, se otorga al consumidor la facultad de demandar la nulidad total o las cláusulas del contrato que omitiera alguno de los requisitos enunciados. De conformidad con la interpretación pro consumidor que corresponde efectuar de esta norma, los autores citados entienden que será el consumidor quien resolverá si demanda la nulidad parcial o total (conf. ob. cit., ps. 425 y ss.). De ello concluyo que es meramente facultativo -y no obligatorio- para el consumidor peticionar la nulidad del contrato. No me parece razonable, entonces, declarar oficiosamente que el instrumento en virtud del cual se ejecuta no cumple con los requisitos que exige la ley. Tal modo de proceder importaría algo así como obligar al consumidor a someterse al régimen de protección que le brinda la ley, cuando -quizá- él advierta que no le ha sido afectado ni menoscabado ningún derecho de esa naturaleza y prefiera cumplir -voluntariamente o de modo compulsivo- con la obligación asumida; lógicamente, para esto último debe citárselo a las actuaciones y que opte por la postura a adoptar. En otros términos, estimo que debe ser el ejecutado el que denuncie que se le ha afectado algún derecho y el que por tal motivo pretenda la nulidad total o parcial del contrato.
b) Entiéndase bien, estoy de acuerdo con que la normativa que protege al consumidor goza de supremacía con relación a otras leyes -en este caso la que regula el derecho cambiario-, pero creo que esa graduación normativa corresponderá efectuarla sólo en los casos en que el demandado invoque -al menos- que es víctima de un abuso amparado por la ley 24.240.
La cuestión es muy espinosa y dista de tener soluciones genéricas y categóricas, lo que obliga inevitablemente a analizar cada caso en particular.
En autos no se da ninguno de aquellos dos supuestos.
c) Por todo lo expuesto, si mi opinión es compartida, deberá anularse por prematura la resolución apelada y reenviar los autos a primera instancia, para que, una vez sustanciada la pretensión con la demandada, por intermedio de juez hábil, se dicte un nuevo fallo que cumplimente los requisitos de validez constitucional arriba referidos (arts. 17, inc. 7° y 253 del C.P.C.).
ASÍ LO VOTO.
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RAMIRO ROSALES CUELLO DIJO:
II. Adiciono a los argumentos dados, aquellos que diera en la causa de la Sala Primera que lleva el nro. 161.349 y se caratula "Garbarino SA c/ Chalabe, Sandra Beatriz s/ Ejecución" (sentencia dictada el 06 de julio de 2016), toda vez que ante la ejecución del título ejecutivo previsto en el art. 521 inc. 5° del CPCyCPBA (pagarés cuya copia certificada obra a fs. 8 y 9), la Magistrada debió proceder sin más trámite al despacho de la presente ejecución (arts. 518, 529, 540, 542, 549 y concordantes del citado), sin perjuicio de lo que eventualmente pueda alegar la parte ejecutada y de las consideraciones que pudieran efectuarse al momento del dictado de la sentencia correspondiente.-
ASI LO VOTO.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. ROBERTO J. LOUSTAUNAU DIJO:
En orden al resultado de la votación precedente, por mayoría, corresponde anular la sentencia por prematura y reenviar los autos para que, una vez sustanciada la pretensión con la demandada, por intermedio de juez hábil, se dicte un nuevo fallo que cumplimente los requisitos de validez constitucional arriba referidos (arts. 17, inc. 7° y 253 del C.P.C.).
Las costas deben imponerse en el orden causado dada la ausencia de controversia (art 68 del CPC)
ASÍ LO VOTO.
LOS SRES. JUECES DRES. RICARDO D. MONTERISI Y RAMIRO ROSALES CUELLO VOTARON EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, por mayoría, se resuelve: I) Tener por reanudado el llamado de autos para dictar sentencia que fuera suspendido a fs. 42. II) Anular la sentencia por prematura y reenviar los autos para que, una vez sustanciada la pretensión con la demandada, por intermedio de juez hábil, se dicte un nuevo fallo que cumplimente los requisitos de validez constitucional arriba referidos (arts. 17, inc. 7° y 253 del C.P.C.); II) Imponer las costas deben imponerse en el orden causado dada la ausencia de controversia (art 68 del CPC) III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del dec. ley 8.904/77) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.). DEVUÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J.
LOUSTAUNAU RAMIRO ROSALES CUELLO
Alexis A.
Ferrairone Secretario
Fin de la sentencia