Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., Confirmase la sentencia apelada en cuanto rechazó la acción ejecutiva. Impónense las costas de alzada a la actora vencida (arts. 68, 556 del C.P.C.C). Regúlense los honorarios de esta instancia a la Dra. María José González, en su carácter de apoderada de la parte actora, en la suma de pesos CIENTO OCHENTA y TRES ($ 183), con más el aporte de ley e IVA en caso de corresponder (art. 31 del Decreto/Ley 8904/77).
Causa nº: 2-58639-2013 "CREDIL S.R.L. C/ ORSETTI CLAUDIO S/COBRO EJECUTIVO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL - OLAVARRIA (EX JUZGADO DE PAZ)
Sentencia Registro nº: 55 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 29 días del mes de Mayo del año Dos Mil Catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Jorge Mario Galdós y Víctor Mario Peralta Reyes, para dictar sentencia en los autos caratulados: “CREDIL S.R.L. c/ Orsetti Claudio s/ Cobro Ejecutivo” (Causa Nº 58.639), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dres. Galdós – Peralta Reyes - Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
- C U E S T I O N E S -
1ª.- ¿Es justa la resolución de fs. 15/16?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I. Credil SRL promovió juicio ejecutivo contra Claudio Orsetti persiguiendo el cobro de $4.224 en concepto de saldo adeudado de un pagaré librado por $ 6.336, con vencimiento el 13 de Febrero de 2012, monto que resulta del descuento de los pagos parciales por $ 2.112. Solicita que la condena incluya los intereses compensatorios a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones a treinta días y los intereses punitorios (que alega fueron pactados) a la tasa del 5% mensual, desde la fecha de mora y hasta la del pago total de la deuda. Intimado de pago el ejecutado y trabado embargo sobre el sueldo del deudor, la solicitud del dictado de la sentencia de trance y remate fue denegada mediante la sentencia interlocutoria de fs. 15/ 16 que -previa declaración de la nulidad del títulodesestimó la demanda ejecutiva.
Para así decidir, y en lo sustancial, el decisorio ahora apelado por la actora resolvió que la cuestión litigiosa debía emplazarse en el ámbito de la relación de consumo, prevista por la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (L .D. C.), toda vez que el crédito reclamado consiste en una deuda de dinero instrumentada en un pagaré y que el ejecutante tiene como actividad el otorgamiento de créditos y préstamos personales para el consumo, según resulta de la consulta de su página web. Luego afirma que no obstante lo prescripto por el decreto/ley 5965/63, el pagaré no es un título ejecutable si vulnera la Ley de Defensa del Consumidor porque no puede aceptarse que la relación subyacente afecte las garantías que otorga esa norma y la Constitución Nacional a favor del consumidor. Prosigue sosteniendo que no se desnaturaliza el proceso ejecutivo si se indaga en los términos literales del documento porque, aunque el pagaré cumpla con los requisitos del decreto/ley 5965/63, no se puede ejecutar si el contrato que le sirvió de causa exige requisitos que no aparecen cumplimentados en el texto del título. Tras ello transcribe el art. 36 de la ley 24.240 que establece, bajo pena de nulidad, los presupuestos que deben contener las operaciones para el consumo (descripción del bien, precio, monto financiado, tasa de interés, sistema de amortización del capital y de los intereses, pagos a realizar, gastos extras y seguros) y afirma que en autos el título que se pretende ejecutar no cumple con los recaudos legales. Por ello concluye que el pagaré fue librado en fraude a la ley y que transgrede la buena fe que debe primar en las relaciones negociales. Seguidamente la sentencia decreta la nulidad del título y -por ende- rechaza la demanda. Impuso las costas a la actora vencida y reguló los honorarios de los letrados intervinientes. También ordenó conferir traslado al Sr Fiscal en turno y dispuso el levantamiento de la medida cautelar trabada.
Contra ese pronunciamiento la actora interpuso a fs. 19/25 recurso de revocatoria y apelación en subsidio; desestimado a fs. 26 el primero, y concedido el segundo, los autos se elevaron ante este Tribunal. A fs. 35/36 el Sr. Fiscal General reemplazante devolvió el expediente sin dictaminar ante la imposibilidad material de confirmar la existencia de una relación de consumo.
La actora recurrente en los agravios vertidos en la pieza de fs. 19/26 detalla los antecedentes del caso, puntualiza que la demandada está en rebeldía y que la carga de la prueba de la existencia de una relación de consumo recae en quién la alega. Acota que: 1) en la operatoria crediticia que vincula a las partes no hubo adquisición de ningún bien porque la ejecutante no comercializa cosas o servicios; 2) el ejecutado no adujo que con el dinero prestado procedió a comprar bienes o servicios para su uso personal o familiar; 3) Credil S.R.L. no tuvo posibilidad de saber cuál era el destino otorgado al dinero por el ejecutado, es decir cuál era el “móvil” que tuvo en miras, máxime que esa finalidad no se “causalizó” en el negocio jurídico celebrado suscribiéndose un pagaré.
En subsidio la parte apelante sostiene que cumplió acabadamente con el deber de información general que prevé la ley 24.240. Tras ello en la pieza recursiva se detalla la operatoria comercial desarrollada por Credil S.R.L. cuyo objeto social es el préstamo de dinero, sin realizar intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros, otorgando préstamos personales por sí o por medio de la prestación de servicios implementada por una red de comercios adheridos al denominado “Sistema Credil”, según lo prescripto por la ley 19.550. Afirma que no está comprendida en las previsiones de la Ley 21.526 de Entidades Financieras ni alcanzada por el contralor del Banco Central de la República Argentina.
Prosigue sosteniendo que el solicitante del crédito concurre a los locales de la firma y previa verificación de su domicilio y de la obtención de informes de riesgo crediticio se le hace entrega del dinero solicitado, suscribiéndose un pagaré respaldatorio, que expide el sistema informático de la entidad. En ese momento también se le entrega al cliente un “informe de crédito” en el que se indican los detalles de la operación comercial. Explica también que todos los pagos son efectuados por los clientes en la empresa y, luego de otras consideraciones, resume los argumentos por los que no resulta de aplicación la Ley de Defensa del Consumidor. Menciona la naturaleza abstracta del título y la imposibilidad de desvirtuar la naturaleza del pagaré discutiendo la causa del negocio.
Luego se refiere a los sujetos y al objeto de la relación de consumo y destaca que es imposible aplicar la ley 24.240 en el proceso ejecutivo, formulándose diversos interrogantes sobre el destino que pudo darle el cliente al dinero que le prestó, ya que reitera que desconoce esa finalidad. Más adelante se detiene en las prescripciones de los arts. 4 y 36 de la ley 24.240 y sostiene pormenorizadamente que Credil S.R.L. cumple con todos los requisitos propios de su deber de información, brindando un detalle minucioso de los intereses y las tasas aplicables, según cada modalidad y operatoria comercial. Explica que la documentación que se le entrega al cliente es la siguiente: un informe del crédito en el que constan las condiciones generales de suscripción y otorgamiento del préstamo; el resumen de cuenta en el que se enumeran los datos de la operación (número del crédito, datos del cliente, etc.); se suscribe un formulario de renovación del crédito cuando corresponde; se emite la constancia de entrega del dinero.
Tras ello el agravio manifiesta que el cliente es informado de modo claro, preciso y cierto sobre todas las características de la operatoria y sobre su calificación en base incluso a su “historia crediticia”. Más adelante se detiene en las características del pagaré ejecutado procediendo a enumerar los requisitos previstos por el decreto/ley 5965/63. Destaca que estos pagarés antes eran ejecutables en el juzgado interviniente, el que ahora modificó su criterio, y analiza con detenimiento los requisitos exigidos por el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor que –sostiene- se encuentran acabadamente cumplidos, insistiendo que se trata de un préstamo personal de dinero y que no ejecuta ningún bien o servicio.
Señala que la tasa de interés mensual se encuentra consignada en el pagaré. Posteriormente afirma que no es aplicable la jurisprudencia invocada en la sentencia porque ella se refiere a entidades financieras dedicadas al préstamo de dinero. Por lo expuesto y en base también a otras consideraciones, solicita se revoque el fallo apelado y se haga lugar a la pretensión ejecutiva deducida.
Firmes el proveído que dispone que la cuestión debe ser decidida con voto individual y la providencia que da cuenta el resultado del sorteo del orden de la votación (fs. 37/38) el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
II.- 1.- Anticipo mi opinión en el sentido de que el recurso, pese al esfuerzo argumental del agravio, no es procedente. Ello así porque: es posible verificar si el pagaré ejecutado instrumenta una relación de consumo; el análisis “prima facie” del negocio jurídico no es contrario a la naturaleza del proceso ejecutivo toda vez que debe prevalecer el régimen tuitivo del consumidor, que constituye un microsistema normativo específico emplazado en la constitucionalización del derecho privado y de consumo; las constancias de la causa conducen a considerar infringido el art. 36 de la ley 24.240 toda vez que el ejecutante -pudiendo hacerlo- no probó que el préstamo otorgado tenía un objetivo ajeno a la relación consumerista ni integró el título de ejecución con otras constancias probatorias.
2. No cabe dudas que, en el estadio actual de evolución de la doctrina y la jurisprudencia, corresponde acudir a la armonización de los dos regímenes legales involucrados (el de derecho común -por aplicación de las normas cambiarias y las procesales del juicio ejecutivo- y el microsistema del consumidor) confiriendo primacía –cuando corresponda- al sistema especial (arts. 42 y 43 Const. Nacional; art. 38 Const. Pcia. Bs. As., ley 24.240, T.O. ley 23.631).
En efecto, en el precedente “Cuevas” (Ac. Rc 109305 del 1/9/2010), la Suprema Corte de Buenos Aires admitió la declaración de oficio de la incompetencia territorial. Sostuvo que “mas allá de las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título, cuando la pretensión ejecutiva reconoce arraigo en una relación de financiación para el consumo, es posible y necesario interpretar la aludida regla procesal, de modo compatible con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (arts. 1, 2, 36 y 37, ley 24.240). Y ello a fin de poder arribar a la solución que proteja del modo más eficiente posible la finalidad tuitiva de grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerables, como ocurre con los usuarios y consumidores...” (cf.
S.C.B.A., Rc 109.305, 1-9-2010, “Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro René s/ Cobro ejecutivo”, Suma Juba B33839). Por ende admitió que el Juez proceda “a la constatación, mediante elementos serios y adecuadamente justificados ... de la existencia de una relación de consumo a la que se refiere el art. 36 de la ley 24.240 (conf. ley 26.361)” (cf. causa cit., con nota aprobatoria de Álvarez Larrondo, Federico M., “Nueva doctrina legal de la SCJBA en materia de juicios ejecutivos de consumo”, en La Ley, 14/09/2010, 3; LL 2010-E-227 ver también: Álvarez Larrondo, Federico M. – Rodríguez, Gonzalo M., “La extremaunción al pagaré de consumo”, en La Ley 2012-F, 671; Cám. Apel. Civ. y Com. Mar del Plata, sala II, 04/12/2012, “Carlos Giudice S.A. c.
Marezi, Mónica Beatriz s/ cobro ejecutivo”, LLBA 2013 (marzo), 433 y 72, LLBA 2013 (agosto), 724 con nota de Jorge Luis Bilbao “Inhabilidad del pagaré de consumo y un pronunciamiento que dará que hablar” y Moia, Ángel Luis, “¿Todos los pagarés instrumentan una relación de consumo?”, en La Ley 26/08/2013, 9, LL 2013-E-1 en comentario a fallo de la Cám. Nac. de Apel. en lo Comercial, Sala E, 20-03-2013 “Medinas, Francisco Enrique c. Gamarra, Fernando Adrián s/ ejecutivo”). Esta doctrina abastece y fundamenta la indagación, en el caso de autos, de la existencia de una relación de consumo en el negocio jurídico que se instrumentó en el título valor cambiario en ejecución. Esto es así toda vez que ese examen, en jurisprudencia ya consolidada en esta jurisdicción, es admitido para determinar la competencia territorial lo que –por consiguiente y por añadidura- habilita el análisis de la idoneidad del título para su cobro ejecutivo.
En tal sentido anteriormente se decidió –entre muchos otros antecedentes- que concurrían “indicios claros, precisos, concordantes y suficientes de la calidad de proveedor de la ejecutante y consumidor de la ejecutada, idóneos para establecer una relación de consumo aprehendida por la ley 24.240 –modificada por ley 26.361-; arts. 163 inc. 5° y 384 del C.P.C.C.” (esta Sala, causa nº 58.066, 04/12/13, “BBVA Banco Francés S.A. ...”, entre muchas otras).
Un fallo plenario de la Cámara Nacional Comercial decidió que “la relación de consumo no cambia su naturaleza por el hecho de haberse instrumentado mediante títulos valores; predicar lo contrario implicaría vaciar de aplicación la norma protectoria por el simple expediente de imponer al consumidor la firma de un papel de comercio. Entonces, si mediante la instrumentación por medio de un título cambiario y por medio de un juicio ejecutivo (CPCN, título 2, arts. 520 y ss.) se procura la satisfacción de una deuda contraída con el objeto de adquirir bienes para consumo, no puede dudarse de la directa aplicabilidad de las normas protectorias contenidas en la ley de Defensa del Consumidor” (cfr. voto de la mayoría, Dr.
Pablo Heredia, en la Autoconvocatoria a Plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios…” Cám. Nac. Com. –en pleno- 29/06/11 –el Dial – AA6CB4-). La doctrina, comentando favorablemente el plenario mencionado de la Cámara Nacional en lo Comercial, destacó – entre otros tópicostres aspectos relevantes del voto del Dr. Heredia que conformó la mayoría, a saber: “a) El principio de la “abstracción cambiaria” no es obstáculo para la indagación de la relación fundamental o causal cuando ello sea necesario para hacer efectiva la defensa de un derecho constitucional o de las leyes dictadas en cumplimiento o ejercicio de la Constitución Nacional”· “b) La deuda que instrumentan los pagarés que se basan en las operaciones financieras para el consumo, no es distinta de la deuda que emana de tales operaciones.
En efecto, la creación de un título cambiario no modifica la relación subyacente ni causa novación de ella. De ahí, entonces, que la causa de la obligación cartular sea la misma que la de la relación subyacente”;”c) La deuda que surge del título cambiario es la misma obligación primitiva, fortificada por la garantía que proporciona aquél. La obligación del deudor es única y la relación cautelar no es más que la vestidura transitoria del título causal”; “d) Puede haber dos acciones: la cambiaria y la causal, pero no hay dos derechos, de modo que la relación cartular tiene un contenido idéntico al del negocio fundamental.” (conf. Barreira Delfino, Eduardo “Créditos para consumo, pagarés y abstracción cambiaria.
Comentario al Plenario "Autoconvocatoria a Plenario s/Competencia del Fuero Comercial en los supuestos de Ejecución de Títulos Cambiarios" Revista de Derecho Bancario y Financiero IJ-L-208, 22/09/11; en el mismo sentido Paolantonio, Martín E, “Abstracción cambiaria, juicio ejecutivo y derecho del consumidor”, pub. En La Ley 8 – La Ley 2011-D, 421, IJ-L-208).
Incluso se acude a las normas de la conexidad contractual como sustento de la interpretación aquí propiciada al sostenerse que “la idea que se delineó ( con la reforma de la ley 26.361) básicamente consiste en permitirle al consumidor alegar sus defensas causales e invocar normas protectoras aun en un juicio ejecutivo, lo que también puede encontrar razonable apoyo en la conexión contractual ahora receptada en nuestra LDC, intentando, en definitiva, brindar al consumidor un marco de protección al utilizar instrumentos de crédito” (cf. Quiroga, Marcelo, “Los títulos de crédito frente a los derechos del consumidor y el juicio ejecutivo (a propósito de la Ley 26.361)”, en Ariza, Ariel (Coordinador), “La Reforma del Régimen de Defensa del Consumidor por Ley 26.361” cit. anteriormente).
Esta Sala resolvió que “aún con las restricciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución -que impiden debatir aspectos ajenos al título-, cuando se ejecutan instrumentos “causales” (en el caso, un contrato de mutuo) resulta posible penetrar en los antecedentes del negocio y determinar si se trata de una operación de crédito alcanzada por aquel microsistema consumerista, a fines de establecer la competencia territorial” (cf. esta Sala, causas cit. supra y nº 58.641, 22/05/14, “González, José Raúl c/ Maccarini Palay, Paula s/ Cobro Ejecutivo”).
Por consiguiente el supuesto de autos, calificado como relación de consumo, está regido por la Ley de Defensa del Consumidor (arts. 42 de la CN; art. 38 de la Constitución Provincial, arts. 1, 2, 3, 36 ley 24.240 –texto según ley 26.631 y art. 384 del CPCC; Cám. Nac. Com. –en pleno- Autoconvocatoria a Plenario s/ competencia del fuero comercial ... cit. de fecha 29/06/11 –el Dial – AA6CB4-; CNCom. Sala E, del 20/3/13 “Medinas…”; esta Sala causa nro. 55.309, del 16/6/11 “Naldo Lombardi SA c/ Cárceles, Ángela s/ juicio ejecutivo”; causa nro. 55.831, del 13/9/11 “Grupo MJB S.R.L…” y nº 57.975, del 06/11/13, “Consumo S.A. c/ González, Ana Paola s/ Cobro Ejecutivo”, entre muchas otras). Ello no supone –como se verá más adelanteel aniquilamiento o supresión del régimen procesal y cambiario de derecho común (arts.518, 521 inc. 5, 542, 547, 551 y concs. C.P.C.; arts. 1, 2, 18, 101, 102, 103 y concs. dec/ley 5965/63), sino que se debe procurar la armonización de ambos sistemas, prevaleciendo el régimen especial protectorio de los consumidores. Ello significa que la compatibilidad entre el régimen especial –que, por regla, prevaleceno excluye totalmente la aplicación (remanente o residual o en los aspectos no previstos especialmente) del sistema general de derecho común (arts. 42 y 43 Const. Nac.; art. 38 Const. Pcia. Bs. As.; arts. 3, 65 y concs. ley 24.240). Se trata, con palabras ajenas de impedir “la mutua destrucción de las diferentes normativas (Paolantonio, Martín E, “Abstracción cambiaria, juicio ejecutivo y derecho del consumidor”, pub. En La Ley 8 – La Ley 2011-D, 421).
A modo de primera conclusión:
En la ejecución cambiaria de un título de crédito es jurídicamente viable verificar si el negocio jurídico que lo determinó constituye una relación de consumo (art. 42 Const. Nac.)
3. En lo atinente al régimen legal aplicable es necesario detenerse en el análisis de la aplicación y conciliación entre las normas de derecho cambiario y las de la legislación del consumo. Para ello cabe partir de la primacía de las reglas y principio tuitivos del consumidor (arts.42 Const. Nac.; 38 Const. Pcia. Bs.As.). La relación de consumo, el derecho a la seguridad y las restantes reglas y principios consumeristas consagradas expresamente en la norma del art. 42 de la Constitución Nacional se emplazan, sin hesitación, en el actualmente llamado derecho privado constitucional, o derecho privado constitucionalizado o constitucionalización del derecho civil, con sus consiguientes implicancias: la Constitución es fuente normativa y axiológica de interpretación de esos derechos, especialmente en casos de colisión de reglas y principios; el art. 42 de la Constitución Nacional que consagra los derechos de los consumidores y usuarios en la relación de consumo y el art. 43, componen el bloque normativo adscripto al derecho civil constitucionalizado, por lo que esos derechos ostentan jerarquía supralegal, de inmediata operatividad, y con fuerza normativa constitutiva de un sistema general, protectorio del usuario y del consumidor, que se complementa con cada subsistema específico (en autos el propio régimen de la ley 24.240 –según ley 26.361). (ver Galdós, Jorge con la colaboración de Jorge Ferrari, “La relación de consumo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en Picasso, Sebastián - Vázquez Ferreira, Roberto, “Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada”, Tomo III, pág. 1, Ed. La Ley BS.
AS. 2011).
Esa doctrina ha sido aplicada por este Tribunal para resolver distintos conflictos de colisión de normas, y por ejemplo para fundar la inconstitucionalidad del art 214 del Código Civil, en cuanto establece como requisito para la obtención del divorcio vincular por separación de hecho un plazo mínimo de tres años sin voluntad de unirse y la manifestación expresa de ambos cónyuges lo que “importa una irrazonable regulación de la autonomía de la voluntad, del derecho a la autodeterminación, a la libertad y a la intimidad“ (Cám. Civ. Com. Azul, Sala II, Causas N° 56149 “Z. S. S. c. P. E. H. s/ Divorcio Vincular”, 05/06/2012, LLBA 2012 (septiembre), 883; LLBA 2012 (octubre), 966 con nota de Eduardo R.
Olivero y Yanina V. Fernández; N° 56808 sala II “T., R.M. c. G., J.M. s/ Divorcio Contradictorio”, 09/04/2013, LLBA 2013 (mayo), 410; esta Sala, Causa Nº 42882, 28/8/2001, "Leveroni, Virginia Gladys c/a. Olazábal, Ramón Darío y otros s/ Cobro Ejecutivo", para el análisis constitucional de la protección de la vivienda familiar). En efecto, y especialmente a partir de las reformas de 1994 a la Constitución Nacional y a la de la Provincia de Buenos Aires, se hace hincapié en la operatividad de las normas constitucionales y de las normas de los Tratados de Derechos Humanos que revisten esa misma jerarquía (arts. 19 y 75 inc. 22 Const. Nacional), lo que significa que los derechos y garantías que consagran rigen de manera directa e inmediata y sin necesidad de la previa mediación de las normas infraconstitucionales (CS, 7/7/92, "Ekmekjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y otros", Fallos 315:1492, LL; C.S., 24/2/2009, "Halabi" , Fallos 332:111 en reenvío a la doctrina de Fallos 239:459; C.S. 27/12/1957, "Siri, Angel", JA 1958-II-478, Fallos 241:291 y Fallos 315:1492).
Desde esta perspectiva se sostiene que "la Constitución es la fuente normativa capaz de dar fundamento y justificación al equilibrio de intereses que es imprescindible al momento de emprender una reconstrucción teórica del sistema" (Corsario, Luigi, "Culpa y responsabilidad civil: La evolución del sistema Italiano", en AAVV "Estudios sobre la Responsabilidad Civil", pág. 186). "Se han positivado los derechos fundamentales - añade otro autor- al tiempo que asistimos a la constitucionalización del derecho civil y, viceversa, a una notable influencia del derecho privado sobre el derecho constitucional", "mediante una vinculación hermenéutica de instrumentos propios del Derecho privado (como el orden público, la causa, la buena fe, o el daño injusto) con los valores constitucionalmente reconocidos por el ordenamiento" (De Lorenzo, Miguel F., "El péndulo de la autonomía de la voluntad", en "Derecho Privado.
Libro Homenaje al Dr. Alberto J. Bueres", pág. 47).
Sólo con la finalidad de enfatizar el significado de la referida constitucionalización aplicable al derecho de consumo, destaco una vez más que en el Derecho Civil Constitucional o Derecho Privado Constitucional las reglas constitucionales y las supranacionales "componen el sistema jurídico por dos caminos; si se considera que son directamente operativas, sea por mandato normativo, sea por una actitud proactiva de los tribunales o, en todo caso, por otra vía, si se considera que la reglas de la Constitución Nacional, de los Tratados de Derechos Humanos y de los Tratados de Integración tienen carácter de principios generales vinculantes" (Alterini, Atilio Aníbal, "Respuestas ante las nuevas tecnologías: sistema, principios y jueces", La Ley, 2007-F, 1338). Bidart Campos postula que "a la letra de la Constitución se la vivifique con una judiciabilidad dinámica, capaz de interpretar las normas que hay y de integrar los vacíos producidos por lo que hay, todo a favor de un estado social y democrático de derecho" (Bidart Campos, Germán J., "Lo viejo y lo nuevo en el Derecho a la salud: entre 1853 y 2003", La Ley, 2003-C, 1235). Por todo ello, "el juicio de ponderación constituye una guía fundamental para solucionar conflictos de fuentes, de normas (en el caso entre el régimen del derecho cambiario y el procesal con el derecho del consumo), o de interpretación de la ley" (CS, 22/04/2008, "Ledesma, María Leonor c/ Metrovías S.A.", Fallos: 331:819; LA LEY, CS, 09/03/10, "U.M.H. c. Transportes Metropolitanos General Roca", Fallos 333:203.,Saux, Edgardo I., "Conflicto entre derechos fundamentales", La Ley, 2004-B, 1071; Lorenzetti, Ricardo L., "Fundamento constitucional de la reparación de los daños", LA LEY, 2003-C, 1184; ésta Sala Causas 56149, 56808, y 42.882 del 28/08/2001 cit.).
De lo dicho se desprende claramente que cuando la armonización entre el régimen cambiario (y especialmente la aplicación de la abstracción cambiaria y procesal) con el sistema de consumo no es posible, prevalece la norma especial (la citada Ley de Defensa del Consumidor) por ser la norma específica y de derecho civil constitucional.
También cabe decir que en el art 36 ni ningún otro de la ley de Defensa del Consumidor contiene previsión alguna para los supuestos (de ejecución) en que en la operación de crédito para el consumo se utilicen títulos cambiarios, concretamente letras de cambio, pagarés o cheques como si lo han hecho otras legislaciones (Quiroga, Marcelo, “Los títulos de crédito frente a los derechos del consumidor y el juicio ejecutivo (a propósito de la Ley 26.361)”, en Ariza, Ariel (Coordinador), “La Reforma del Régimen de Defensa del Consumidor por Ley 26.361” ; en el mismo sentido ver Pellejero, Rodrigo, “La financiación al consumo en la reforma a la Ley de Defensa del Consumidor” en Ariza, Ariel cit pag 72). En tal caso a la ley especial (L.D.C.) resulta de aplicación para suplir el vacío normativo.
A modo de segunda conclusión:
En autos en caso de conflicto de fuentes prevalece el sistema tuitivo del consumidor, de origen constitucional y de plena operatividad (arts.42 y 43 Const. Nac. y 38 Const. Pcia. Bs.As.).
4. En autos se trata del cobro ejecutivo de un título que –como se verácontiene una relación de consumo, en el ámbito de una operación de crédito, conforme el art.36 L.D.C.
Un crédito o una financiación para el consumo –resolvió esta Sala en precedente anterior- es “aquel en el que una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad u oficio, concede o se compromete a conceder a un consumidor bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito, o cualquier otro medio equivalente de financiación, para satisfacer necesidades personales al margen de su actividad empresarial o profesional” (cfr. Laguinge, Esteban citado por Müller, Enrique C. y Saux, Edgardo I. “La Ley de Defensa del Consumidor” Picasso- Vázquez Ferreyra Dir., Tomo I Parte General, Ed. La Ley 2009, pág. 413). Se destacó además que usualmente la operación de crédito para el consumo quedará configurada, sin perjuicio de la técnica de financiación, siempre que los bienes o servicios contratados estén destinados a satisfacer necesidades personales o familiares del consumidor (aut. y ob. cit.).
Las operaciones financieras para el consumo y las de crédito para el consumo están incluidas en el subsistema protectorio del consumidor y por ende comprendidas en el específico régimen consumerista (arts. 1, 2, 3, 4, 19, 39, 37, 38, 65 y concs. Ley 24.240), conforme lo resolvió el Tribunal cuando admitió la declaración oficiosa de incompetencia territorial al decretar la ineficacia de la cláusula de prórroga en la ejecución de contrato de crédito para el consumo –art. 36 L.D.C.- (cf. esta Sala, causa nº 55.029, 19/05/2011, “Bco. de la Pcia. de Bs. As. c/ Rodríguez, Valerio Esteban G. s/ Cobro Ejecutivo”).
Señalo también, y a mayor abundamiento, que este Tribunal ya se pronunció sobre las operaciones financieras para el consumo cuando el prestamista es un banco y su consiguiente emplazamiento en la ley especial. La doctrina con relación al régimen anterior a la ley 26361, pregonaba que “no todos los clientes del banco son consumidores y por ello es necesario hacer precisiones. Se ha recurrido al distingo entre operaciones activas, pasivas y neutras para examinar la subsunción de las mismas dentro de la ley 24.240. Las operaciones activas –añadía- son aquellas en las cuales el banco concede crédito al cliente asumiendo un rol acreedor, mientras que las pasivas son las que involucran al banco como receptor de fondos de los clientes y hay funciones neutras en las que el banco presta servicios” (Lorenzetti, Ricardo Luis “Tratado de los Contratos” T. III, pág. 429). Concluía el autor citado que “en las operaciones activas se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el cliente es el destinatario final cuando se trata de créditos para consumo y están contempladas en el artículo 36 L.D.C.” (cf. Lorenzetti, Ricardo L., “Principios generales de calificación de la cláusula abusiva en la ley 24.240”, L.L., 1994-C, 918; aut.cit. “Tratamiento de las cláusulas abusivas en la ley de defensa del consumidor” en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Consumidores N°5, pág. 171; Álvarez Larrondo, Federico, “Digesto normativo y jurisprudencial de cláusulas abusivas”, en D.J. 1005-2-466; autor citado “La relación de consumo. Ámbito de aplicación del estatuto del consumidor”, pág. 63 en Lorenzetti, Ricardo Luis – Schotz, Gustavo, Coordinadores, “Defensa del consumidor”, Bs. As., pág.63; Moeremans, Daniel, “Contratación bancaria y ley de defensa de los consumidores (ley 24.240)”, “Defensa del consumidor” cit., en L.L., 1997-E, 1267; Barreira Delfino, Eduardo A., “La contratación bancaria”, en Lorenzetti-Schotz, “Defensa del consumidor” cit., pág.196).
Se concluyó que, en suma, en las operaciones activas, en las que el mutuario obtiene un crédito en el que el banco actúa como proveedor y en los que el consumidor es el destinatario final y lo afecta para beneficio propio o de su familia, se constituye una relación de consumo -emplazada en el marco de los “servicios bancarios” incluidos dentro- del microsistema consumerista (arts. 1, 5, 6, 7, 8 bis, 10 ter, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40 y concs. ley 24.240). Esa interpretación se consolida con la modificación introducida por la ley 26.361, que amplifica el ámbito subjetivo y objetivo de la relación de consumo, afianzándose la doctrina y jurisprudencia que predica la nulidad de las cláusulas de prórroga de competencia que lesionan el derecho del consumidor del servicio bancario de acceso a la jurisdicción (Lorenzetti, Ricardo L., “Consumidores”, 2ª ed. actualizada, Ed. Rubinzal, Santa Fe, 2009, p. 442 y p. 466; Müller, Enrique – Saux, Edgardo, en “Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y Anotada”, Tº II, p. 436/439 y fallo citado Cám. 1ª Civ. y Com., Santa Fe, “Asociación Mutual General San Martín c/Forgiarini, Juan C. s/ demanda ordinaria”, cit., en p. 437, Nº 1020; Müller, Enrique C., “Las cláusulas abusivas en el marco contractual de los derechos del consumidor”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2009 – 1, Consumidores, pág. 183, Cám. 1ª. de apelaciones Civ. Com. Mar del Plata, Sala II, causa “Martinelli, José c/ Banco del Buen Ayre”, 20/11/97 LLBA1998-511).
A modo de tercera conclusión:
Las operaciones financieras para el consumo y las del crédito para el consumo corresponden a una típica relación de consumo (arts. 1, 2, 19, 34, 37, 38, 39, 65 y concs. ley 24.240).
5. El meollo del tema a resolver radica en la interpretación del alcance del art. 36 de la ley 24.240, lo que -en parte- ya fue decidido por este Tribunal, en un caso anterior (cf. causa citada nº 57.975, del 06/11/13, “Consumo S.A. c/ González, Ana Paola s/ Cobro Ejecutivo”). Más aún: ese precedente se decidió conforme el texto anterior del art. 36 L.D.C., el previo al año 2008, supuesto que no es el de autos ya que el título en ejecución se libró el 15 de agosto de 2011 (conf. fs. 8), es decir durante la vigencia de la reforma de la ley 26.361.
Esta norma en el año 2008 introdujo modificaciones en el art 36 LDC relativas a los requisitos que debe contener el título y a los efectos derivados de su incumplimiento. En lo vinculado al primer aspecto estableció de manera mucho más detallada que en el régimen anterior los recaudos esenciales que deben consignarse en las operaciones financieras para el consumo y en las operaciones de crédito, todo bajo pena de nulidad (art 36 incisos a) a h). La norma previó además los efectos legales que acarrea la omisión de incluir en el documento alguno de los datos que correspondan; se prevé ahora la nulidad de todo el contrato o la nulidad de alguna de sus cláusulas, y –en ambos supuestos– la integración total o parcial del contrato por el juez; también admite la facultad del consumidor de que, en caso de omisión de la tasa de interés, acuda directamente a la tasa oficial prevista en la ley” (art. 36 de la LDC; conf. Müller-Saux “Ley de Defensa del Consumidor” comentada y anotada, Dir. Picasso-Vázquez Ferreyra, cit. pág. 425; Sáenz, Luis R. ob. cit. pág. 461).
El art. 36 en su texto originario, antes de la sanción de la ley 26.361, disponía que “en las operaciones de crédito para la adquisición de cosas o servicios deberá consignarse, bajo pena de nulidad, el precio de contado, el saldo de deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva anual, la forma de amortización de los intereses, otros gastos si los hubiere, cantidad de pagos a realizar y su periodicidad, gastos extras o adicionales si los hubiera y el monto total financiado a pagar…” (cfr. art. 36 de la Ley 24.240 –texto original-)”. El texto del art. 36 L.D.C. ahora vigente (y que – reitero- rige el caso de autos) –según la reforma de la citada ley 26.361- dice, en lo que aquí interesa, que “en las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad: a) la descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios; b) el precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios; c) el importe a desembolsar inicialmente –de existir- y el monto financiado; d) la tasa de interés efectiva anual; e) el total de los intereses a pagar o el costo financiero total; f) el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; g) la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar; h) los gatos extras, seguros o adicionales, si los hubiere. Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario. En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato.”
El pagaré de fs. 4 contiene la obligación de pago de Orsetti de $ 6.336 “en concepto de prestación de servicios recibidos a entera satisfacción”, sin especificar los intereses compensatorios ni los moratorios porque se encuentra en blanco y sin completar la fórmula preimpresa que dice que “la no cancelación a la fecha de vencimiento dará lugar a un recargo del ….% mensual en concepto de penalidad por mora”. La petición del escrito de demanda de aplicar intereses moratorios a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días y los punitorios a la tasa pactada del 5 % mensual carece de respaldo convencional de las partes (prestamista y prestatario) en la letra del instrumento. Tampoco surge del pagaré el capital originario prestado, el total de los intereses a pagar o costo financiero total, el sistema de amortización de capital y de cancelación de intereses, la cantidad, procedencia y montos de los pagos a realizar, etc. Se advierte entonces que no se cumplimentan los presupuestos requeridos por el régimen consumerista (arts. 518 y sgtes. del CPCC; arts. 46, 101 y ss. del decreto/ley 5965/63; arts. 36 y 37 de la LDC;) y por lo tanto el pagaré no es idóneo para requerir su cobro compulsivo por la vía ejecutiva, tanto por aplicación de la norma ahora vigente, como –incluso- de la anterior al año 2008 en la que -cómo lo destaqué- el art 36 era menos estricto.
Como corolario a lo dicho cabe enfatizar que la instrumentación de la relación jurídica expresada en el documento de fs. 4 –sin elemento adicional alguno que lo integre- lo torna en inhábil para el cobro ejecutivo, en la forma pretendida (art.36 L.D.C.).
La ejecutante pudo aportar elementos adicionales que permitan analizar el cumplimiento de todos los recaudos que para este tipo de operaciones de crédito para el consumo exige la Ley Defensa del Consumidor o acudir a las vías procesales de cobro que dicho instrumento permitiera de conformidad a su instrumentación (cfr. arts. 953, 954, 1198 del Cód. Civ.; arts. 3, 36, 37 a 39 de la ley 24.240; Farina, Juan M. “Defensa del consumidor y del usuario”, 3ra. Edición, Ed. Astrea, 2004, pág. 369; Sáenz, Luis R. J “Ley de Defensa del Consumidor” Dir. Picasso, Sebastián y Roberto A. Vázquez Ferreyra, Ed. La Ley, pág. 461). En ese sentido, ya existen pronunciamientos anteriores de éste Tribunal, posibilitando al ejecutante la integración del título incompleto o, en su defecto, reenviándolo a la acción de derecho común. Dijo el Tribunal que en el caso juzgado “…sería menester una integración del título incompleto, mediante la agregación de otros elementos con los que se pudiera acreditar la calidad de acreedor invocada por el actor y negada por el ejecutado” (Causa 58067, “Neiiendam Héctor D. c/ Massaro Beatríz M. s/ Cobro Ejecutivo”, del 6/11/13 con voto del Dr. Peralta Reyes). Para sustentarse esa postura se acudió al argumento de autoridad de la doctrina, que expresó que "la autonomía que caracteriza al título ejecutivo supone que la existencia de una deuda líquida y exigible emane de él, sin perjuicio de que pueda completarse con otros documentos. En este último supuesto, la vinculación entre ambos instrumentos deberá también surgir del título mismo, o bien, deben complementarse recíprocamente" (conf. Areán, en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Highton-Areán dirección, tomo 9, pág.349). Claro que ello importa la creación de un título complejo que deberá mostrarse íntegramente para perseguir hábilmente su cobro (conf. Rodríguez Saiach, ob. cit. pág.101), y que habrá de cumplimentar el trámite de preparación de la vía ejecutiva por estar en el plano del instrumento privado (arts.521 inciso 2 y 523 inciso 1 del Cód. Proc., Caua cit.).
En el otro sentido, de estimar, requerir o posibilitar a la ejecutante el repertorio jurisprudencial es más nutrido (esta Sala Causas N° 56710 “Gutierrez Silvia Iris c/ Gallo Maria Eugenia s/Cobro Ejecutivo” y N° 56711 “Gutierrez Silvia Iris c/ Lardapide Maximiliano Cesar y Otro/a s/Cobro Ejecutivo”, del 12/03/13; N° 56780 “Comunicaciones Salgu SRL c/ Lopez Carina Elizabeth s/Cobro Ejecutivo” y N° 56781 “Comunicaciones Salgu SRL c/ Trevisiol Natalia Andrea S/Cobro Ejecutivo” del 13/03/13; N° 58066 “BBVA Banco Frances SA c/ Campitelli Jorge Dario y Otro/a s/Cobro Ejecutivo”, del 17/09/13), incluso suspendiendo el llamado de autos para sentencia en la alzada (esta Sala, Causa 58710 “Gonzalez Hugo A. c/ Bongiorno Bruno B. s/ Cobro Ejecutivo”, del 23/04/14).
6. En el presente caso Credil S.R.L no integró el pagaré con documentación adicional cercenando toda posibilidad de determinar y discriminar el monto del capital originario de la operación que subyace en el título cambiario y la composición de los intereses, ya que no resulta creíble que el préstamo de dinero carezca de beneficios económicos. La sentencia –en aspecto que quedó firmedecidió que la actora “tiene como actividad la financiación del consumo a través del otorgamiento de créditos personales” (sic., fs. 25 “in fine”/25 vta.; arts 246, 260 y 261 CPC). El legislador presume que difícilmente las operaciones financieras y de crédito para el consumo son gratuitas por lo que presume su onerosidad (ver Pellejero, Rodrigo, “La financiación al consumo en la reforma a la Ley de Defensa del Consumidor” en Ariza, Ariell (Coordinador), “La Reforma del Régimen de Defensa del Consumidor por Ley 26.361” cit. anteriormente pag 72). Desde la postura de la actora resultaría que otorgó con fecha 12 de Enero de 2011 un préstamo por $ 6.336 a restituirse el día 13 de Febrero del año siguiente, sin costo alguno para el tomador del crédito y sin ganancia para la actora de lo que cabría inferir que el monto consignado en el documento incluye capital e intereses compensatorios y moratorios lo que no cumplimenta los requisitos exigidos por la LDC para este tipo de operaciones (art. 36).
El título cambiario en ejecución corresponde a la operatoria comercial de Credil S.R.L., que resulta ser proveedor o prestamista de dinero a clientes, conforme surge –nitidamente- del propio relato y admisión procesal vertido en el escrito recursivo (fs.19/25), (arts.1, 2, 7, 8, 36 y concs. L.D.C.). En efecto, allí se hace referencia a la actividad habitual de Credil quien al intervenir en “el otorgamiento de préstamos en dinero” –como se dijo- (fs.22), lo que se presume oneroso, constituye un claro negocio jurídico en el marco de la relación de consumo (conf. in extenso fs.19/25). Por ende, siendo el actor, en el caso específico, un proveedor de servicios de crédito para el consumo y enmarcado el negocio jurídico que se materializó en el pagaré en ese ámbito (arts. 42 y 43 Const. Nac.; arts.38 Const. Pcia. Bs.As., arts. 1, 2, 36 y concs. L.D.C.), incumbe a la actora la carga de demostrar que el dinero prestado tiene un destino ajeno al consumo personal o familiar del cliente.
Más aún: ese parámetro interpretativo incluso en otros supuestos es sostenido por ese tribunal, cuando señaló antes que “la carga de aportar elementos de prueba que permitan establecer o descartar una relación de consumo (conforme las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida) corresponde a la ejecutante y si luego de dicha colaboración persisten dudas, la interpretación resulta favorable al consumidor” (cfr. arts. 3 y 53 de la LDC; esta Sala, causas n° 57.975 del 06-11-13, “Consumo S.A. c/. González, Ana Paola s/. Cobro Ejecutivo” y nº 58.066 del 04/12/13 cit. supra). En ese precedente se decidió que dada la documentación acompañada por el actor por su insuficiencia “no alcanza para despejar las dudas acerca del destino que los ejecutados habrían de darle a los fondos recibidos, impidiendo de esa manera conocer con certeza si en autos subyace o no una relación de consumo y determinando, por ende, que se realice la interpretación más favorable al consumidor (esta Sala, causa n° 57.975 del 06-11-13, “Consumo S.A. c/. González, Ana Paola s/. Cobro Ejecutivo” y nº 58.066 del 04/12/13 ya mencionadas).
7. Otro argumento corroborante lo provee la decisión de la Sala Nacional en lo Comercial cuando resolvió que “debe concluirse que el pagaré que se pretende ejecutar instrumenta una relación de consumo, pues, si bien la ejecutante rechaza tal extremo debido a que no es un banco, entidad financiera ni prestamista; no aporta ningún elemento para demostrar el destino que tuvo el dinero prestado” (cf. Cám. Nac. Apel. Com., sala E, “Medinas, Francisco Enrique c. Gamarra, Fernando Adrián s/ ejecutivo” del 20/03/2013 La Ley 10; La Ley 2013-D, 299; 1). Por ello se concluyó en ese precedente que “su aplicabilidad está supeditada a que se registre alguno de los supuestos de hecho previstos en el art. 1 de la Ley de Defensa del Consumidor; esto es, en la medida en que el crédito otorgado esté destinado al consumo final del tomador –o de su grupo familiar o social-. Y, por oposición, quedará excluida de la norma la situación en que el destino de la financiación se vuelque a un proceso de producción, transformación o comercialización de bienes o servios” (cf.causa cit con reenvío Cám. Nac. Apel. en lo Com., sala E, “Cooperativa de Viv. Créd. Y Cons. Del Litoral Ltda.. c. Las Praderas S.A. s/ ejecutivo”, del 16/04/2012).
Aún antes de la reforma del año 2008 puntualiza Farina que el art. 36 L.D.C. comprendía “todas las diversas variedades de contratos de crédito que hay en el mercado” y “que toda la información del art. 36 L.D.C. debe ser brindada al consumidor cuanto éste solicita el crédito –antes de celebrar el contrato- a fin de que él pueda tomar una decisión con el debido conocimiento. Por ello la información debe ser completa, clara, fácilmente legible y, además, accesible al consumidor medio (arts. 4º, 37, 38, 39)” (cf. Farina, Juan M., “Defensa del consumidor y del usuario – Comentario exegético de la ley 24.240 y del decreto reglamentario 1798/94”, pág. 271). Esa información, reglada ahora en el art.36 L.D.C. no es suplible con las meras manifestaciones de la ejecutante sin que medie registro o constaría fehacientemente de haberse observado las prescripciones del art.36 L.D.C.
No es sobreabundante mencionar que también la Sala I de esta Cámara se pronunció en el sentido aquí propiciado. En efecto se sostuvo que “el art. 36 de la ley 24.240 en su anterior redacción, ya introducía como requisito para las operaciones de crédito la consignación, bajo pena de nulidad, de la tasa de interés efectiva anual. Dicha información resulta de trascendente importancia, pues en esta materia existen rubros de difícil apreciación por el deudor, y por ello el artículo citado prevé su discriminación para evitar que una cifra global impida un análisis de los diversos ítems que concurren a la formación del costo total del crédito otorgado. Y en particular, el consignar expresamente la tasa de interés efectiva anual, procura evitar el equívoco en que incurre frecuentemente el consumidor entre tasa nominal mensual y la verdadera tasa anual (efectiva) que termina pagando (Farina, Juan, “Defensa del consumidor y del usuario”, pág. 370 y ss., Ed. Astrea, 2004). Y si bien dicha normativa no hacía referencia a la sanción específica de la actual redacción, su incumplimiento implicaba la nulidad del instrumento o del dato faltante y la consecuente necesidad de integración del contrato (art. 37 Ley 24240)” (cf. esta Cámara, Sala I, causa nº 57.624, 30/07/13, “Consumo S.A. c/ Canteros, Marcelo Andrés s/ Cobro Ejecutivo”). En ese precedente se concluyó que “de manera que el pagaré acompañado carece de la información necesaria para poder corroborar si en la relación subyacente se han resguardado debidamente los derechos del consumidor actuando acorde a las prescripciones de su régimen protectorio, por lo que es procedente la aplicación de la sanción dispuesta por el art. 36 de la ley 24.240 con las reformas introducidas por la ley 26.361” (cf. C. Civ. Com. de Mar del Plata, Sala III, “Comafi” (SD) del 11.03.11; esta Cámara, Sala I, causa cit. supra nº 57.624, 30/07/13, “Consumo S.A. c/ Canteros, Marcelo Andrés s/ Cobro Ejecutivo”). También se registran antecedentes similares en otros tribunales bonaerenses (Cám.Civ. y Comercial de Mar del Plata, Sala II, “Carlos Giudice S.A. c/ Marezi Mónica Beatríz s/ Cobro Ejecutivo”, del 04/12/2012, pub. LLBA 2013 (agosto), 725 con nota de Jorge Luis Bilbao; voto en minoría Dr. Castro Durán, Exp.JU-5934-2010 “Naldo Lombardi S.A. c/ Caporale Sergio Daniel s/ Cobro Ejecutivo”, del 29/10/13); la mayoría la conformó un también muy destacado voto del Dr.Guardiola).
8. Recapitulando:
- Resulta compatible con el régimen legal vigente la verificación, en cada caso, si el título ejecutivo traído como sustento de la pretensión, instrumenta o no una relación de consumo, análisis que habilita el régimen microsistémico previsto en la ley 24.240, de raigambre constitucional y que debe prevalecer en caso de conflicto o colisión con las disposiciones de derecho común (arts 42 y 43 Constitución Nacional, Art 38 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts 3, 36 65 y concs Ley 24.240). La constitucionalización del derecho privado confiere sólido andamiaje normativo a ésta interpretación, conforme incluso el criterio ya consolidado en la Suprema Corte que habilita ese análisis para la determinación de la competencia judicial ( art 36 LDC).
- Si el título no reúne los requisitos legales el ejecutante puede integrarlo a fines del cobro ejecutivo sin perjuicio –claro está- de acudir en caso contrario al cobro compulsivo en base a las otras vías que permite el ordenamiento procesal. - La carga de la prueba de la inexistencia de la relación de consumo, esto es que el título no contiene una operación financiera o de crédito para el consumo incumbe al ejecutante porque median o concurren presunciones protectorias del consumidor o usuario .
9. Por lo dicho, y habiendo dictaminado el Fiscal General, corresponde la confirmación de la sentencia de fs. 15/16 en cuanto dispuso el rechazo de la vía ejecutiva para el cobro del documento de fs. 4, sin perjuicio del derecho de la actora de concurrir por la vía pertinente de cobro para ejercer su derecho (cfr. este Tribunal, Sala I, doct. de la causa nro. 57142, del 28/05/13 “Bazar Avenida…”).
En virtud de todo lo expuesto, propicio al acuerdo confirmar en lo sustancial la sentencia apelada en cuanto rechazó la acción ejecutiva. Igualmente, cabe imponer las costas de alzada a la actora vencida (arts. 68, 556 del C.P.C.C) y regular los honorarios de esta instancia, conforme lo normado por el art. 31 del Decreto/Ley 8904/77, a la Dra. María José González, en su carácter de apoderada de la parte actora, en la suma de pesos CIENTO OCHENTA y TRES ($ 183), con más el aporte de ley e IVA en caso de corresponder (cf. esta Sala, causa nº 58.641, .../05/14, “González, José Raúl c/ Maccarini Palay, Paula s/ Cobro Ejecutivo”). Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi, por los mismos argumentos, votaron en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la acción ejecutiva. Igualmente, cabe imponer las costas de alzada a la actora vencida (arts. 68, 556 del C.P.C.C) y regular los honorarios de esta instancia, conforme lo normado por el art. 31 del Decreto/Ley 8904/77, a la Dra. María José González, en su carácter de apoderada de la parte actora, en la suma de pesos CIENTO OCHENTA y TRES ($ 183), con más el aporte de ley e IVA en caso de corresponder.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi, por los mismos argumentos, votaron en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
- S E N T E N C I A -
Azul, 29 de Mayo de 2014. -
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., Confirmase la sentencia apelada en cuanto rechazó la acción ejecutiva. Impónense las costas de alzada a la actora vencida (arts. 68, 556 del C.P.C.C). Regúlense los honorarios de esta instancia a la Dra. María José González, en su carácter de apoderada de la parte actora, en la suma de pesos CIENTO OCHENTA y TRES ($ 183), con más el aporte de ley e IVA en caso de corresponder (art. 31 del Decreto/Ley 8904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE. Firmado: María Inés Longobardi - Presidente - Cám. Civ. y Com. Sala II – Jorge Mario Galdós – Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II – Víctor Mario Peralta Reyes – Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II. Ante mí: Pedro Eugenio Ribet – Auxiliar Letado – Cám. Civ. y Com. Sala II.----------------------------------------------
Fin de la sentencia