Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 107970824-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Dejar sin efecto la sentencia recurrida, devolver los actuados al Tribunal Fiscal de la Nación y suspender la tramitación de la causa, en los términos y con los alcances expuestos en los considerando 6°, 7° y 8°.
2Dejar sin efecto la regulación de honorarios de la instancia anterior y declarar inoficioso expedirse sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra los emolumentos fijados por el a quo (conf. considerando 9°).
3Oficiar por DEOX al Representante del Fisco a fin de que se expida respecto a liquidación practicada y al comprobante de pago acompañado el 1°/02/24.
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48059/2023 CREDITO DIRECTO SA (TF 107970824-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, diciembre de 2024.
Los autos caratulados “Crédito Directo SA (TF 107970824-I) c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”; y
1. Que, mediante sentencia del 24/08/23, el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso por retardo de repetición intentado por la actora, a fin de obtener la devolución del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias (en adelante, “ICDB”), por la suma de $31.293.815,30 correspondiente a los períodos fiscales octubre de 2019 a diciembre de 2020, ambos inclusive. Impuso las costas a la vencida.
Para así resolver, señaló que el tema en discusión se centraba en la validez del cambio de criterio de la AFIP en cuanto había dejado sin efecto la resolución nº 41/2016 (SDG TLI) (“resolución 41”) emitida en el marco de una consulta vinculante formulada por la contribuyente en relación a su sujeción a lo previsto por el decreto 380/01. Reseñó el artículo 1º de la ley 25.413 (B.O. 26/3/01) que estableció el ICDB, cuyo objeto fue redefinido por las leyes 25.453 (B.O. 31/07/01) y 27.541 (B.O. 23/12/19). Asimismo, señaló que el artículo 2º de la primera (texto actualizado) estableció las exenciones del gravamen y facultó al Poder Ejecutivo Nacional a disponer desgravaciones totales o parciales en aquellos casos en que lo estimara pertinente. En este sentido, subrayó que el PEN dictó el decreto 380/2001, cuyo Anexo precisó que, “[c]uando se trate de entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, las mismas estarán alcanzadas por el presente impuesto, únicamente por las sumas que abonen por su cuenta y a su nombre, cualquiera sea el medio utilizado para el pago —débito en cuenta corriente bancaria, transferencia, cheque propio, movimiento de fondos, incluidos los originados en las cuentas que poseen dichas entidades en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, u otros—”, respecto de los conceptos allí mencionados (cfr. art. 7º del Anexo).
Añadió que el 10/06/14 el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) dictó la Comunicación “A” 5593 referida a la Asistencia Crediticia a Proveedores No Financieros de Crédito (“Comunicación 5593”), y extendió la aplicación de las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras a los Proveedores No Financieros de Créditos que se inscribieran en el “Registro de Otros Proveedores No Financieros de 1 Crédito” (“Registro”) con el alcance previsto en dicha comunicación. Puntualizó que el punto 1.3.1.2 in fine del Anexo de la Comunicación 5593 aclaró que la inscripción en el Registro no daba derecho al proveedor no financiero de crédito a obtener otro tipo de tratamiento preferente que el previsto expresamente por esa norma, esto es, la asistencia crediticia.
Puso de resalto que la actora se inscribió en dicho Registro y presentó ante la AFIP una consulta vinculante, a fin de dilucidar el tratamiento que le correspondía en el IDCB. Puntualizó que, en respuesta a su consulta, el organismo fiscal informó que, al haberse inscripto en el Registro instaurado por el BCRA, la actora “quedó comprendida en la Circular “A” 5593 y, en consecuencia, pasó a ser una entidad regida por la Ley de Entidades Financieras, por lo que a partir de dicho momento le resultan de aplicación los términos del tercer párrafo del artículo 7 del Decreto 380/01”. En ese contexto, puso de resalto que, conforme surge del informe del Departamento de Asesoría Legal de la AFIP: (i) la autoridad bancaria estableció que la inscripción en el Registro por parte de las entidades de crédito “… no les dará derecho (…) a obtener otro tipo de tratamiento preferente del BCRA. Sostuvo que esos sujetos no están regidos por la ley de entidades financieras, ello debido a que, si bien para continuar en el mencionado registro tienen la obligación de suministrar la información mencionada (…) tal obligación opera como un requisito para que los mismos puedan ser sujetos de créditos por parte de entidades financieras”; (ii) la Dirección de Asesoría Técnica efectuó un nuevo análisis de la cuestión de fondo y puso en conocimiento que, según lo informado por el BCRA, la extensión de la Ley de Entidades Financieras prevista en la Comunicación 5593 no implicaba considerar a los sujetos inscriptos en el Registro como entidades regidas por dicha ley; (iii) de acuerdo a lo normado por el art. 15 de la resolución general (AFIP) 4497 (“RG 4497”) el criterio vertido en la resolución 41 fue dejado sin efecto, por lo cual “Crédito Directo SA no se encuentra alcanzado por las disposiciones del tercer párrafo del art. 7 del Anexo del Decreto 380/01”; y (iv) dicho temperamento también había sido receptado por la Dirección Nacional de Impuestos en su dictamen donde concluyó que, en atención a la postura sostenida por el BCRA, se desprendía que los proveedores no financieros de crédito no verificaban la condición para acceder al tratamiento impositivo contemplado para las entidades financieras por el tercer párrafo del art. 7º del anexo del decreto 380/01, “no encontrando fundamentos que permitan apartarse de esa opinión, máxime cuando se trata del criterio emanado por parte de la autoridad emisora de las comunicaciones que forman parte del objeto de estudio de este tema”.
Indicó que el informe del BCRA expresa que: (i) la Comunicación 5593 responde a la necesidad de contar con información relativa a la actividad crediticia llevada a cabo fuera del sistema financiero, denominado “sistema bancario a la sombra” a fin de prevenir una fuente de riesgo para el sistema regulado por la Ley de Entidades CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 48059/2023 CREDITO DIRECTO SA (TF 107970824-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Financieras a través de los lazos que los conectan con las entidades financieras; (ii) la extensión de la Ley de Entidades Financieras no implica considerar a tales sujetos como entidades financieras bajo el régimen de la ley, sino como un elemento que habilita exclusivamente al BCRA a requerir información para la Central de Deudores del Sistema Financiero y aplicar una sanción en caso de incumplimiento; (iii) son considerados proveedores no financieros de crédito aquellas personas jurídicas que, sin ser entidades financieras de conformidad con la Ley de Entidades Financieras, realicen —como actividad principal o accesoria— oferta de crédito al público en general, otorgando de manera habitual financiaciones alcanzadas; (iv) se crearon dos registros según el tipo de proveedor de crédito de que se trate, uno para “empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra” y otro para “otros proveedores no financieros de crédito” ; y (v) el BCRA no regula la actividad de los proveedores no financieros de crédito, ni autoriza su funcionamiento como en el caso de las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, por lo que la inscripción en los registros habilitados al efecto no resulta obligatoria para este tipo de proveedores de crédito ni otorga derecho a obtener otro tipo de tratamiento preferente por parte de la institución.
Aludió al dictamen emitido por la Dirección Nacional de Impuestos, según el cual: (i) la norma reglamentaria procuró evitar la incidencia del tributo sobre las transacciones realizadas por las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras en virtud de la actividad de intermediación financiera; y (ii) del temperamento sostenido por el BCRA se desprende que los proveedores de crédito no financieros no verifican la condición para acceder al tratamiento impositivo descripto en el art. 1º de la ley 25.413. En ese escenario, analizó el régimen de la consulta vinculante atento al agravio de la actora conforme el cual la respuesta dada por el organismo fiscal a través de la resolución 41 vincularía y obligaría al Fisco Nacional a mantener dicho criterio.
A tal fin, reseñó el artículo sin número incorporado por la ley 26.044 (B.O. 6/07/05) a continuación del artículo 4° de la ley 11.683 y la reglamentación del procedimiento de la consulta vinculante prevista en el art. 14 de la resolución general 1948/2005, sustituido por el art. 15 de la resolución general 4497/2019 (B.O. del 30/5/19). Concluyó que lo actuado por el Fisco, específicamente su cambio de criterio respecto de la consulta vinculante, se había ajustado formalmente a derecho.
En lo atinente a la cuestión de fondo, mencionó que la Comunicación 5593 tuvo por fin contar con información relativa a la actividad crediticia llevada a cabo fuera del sistema financiero y dio lugar a que la actora tuviese la posibilidad de inscribirse en el Registro. Precisó que esa comunicación tenía por finalidad aprobar las normas sobre 3 “Asistencia crediticia a proveedores no financieros de crédito (…) extendiendo la aplicación de las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras a los proveedores no financieros de crédito que se inscriban en el ‘Registro’ (…), aclarando que ello es así ‘con el alcance previsto en esta comunicación’”. En esa misma línea, puso de resalto que el punto 1.3.1.2. de la Comunicación 5593 precisó que la inscripción en el Registro “no dará derecho al proveedor no financiero de crédito a obtener otro tipo de tratamiento que el previsto expresamente por esa normativa. Es decir, la inscripción en el registro allí previsto era un requisito para obtener asistencia crediticia, siendo que la aplicación a los proveedores no financieros de crédito tenía únicamente por finalidad el contralor a tales efectos por parte del BCRA”.
Sostuvo que el objeto de la Comunicación 5593 nunca pudo haber sido extender la aplicación de las exenciones del IDCB puesto que, de lo contrario, se vulnerarían los límites del principio constitucional de legalidad en materia tributaria.
Coligió que el hecho de que Crédito Directo S. A. estuviese inscripto en el Registro no implicaba que quedase asimilado en los términos de la ley del IDCB a las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, ni que le correspondiera el tratamiento impositivo previsto en el artículo 7º del Anexo del decreto 380/01.
2. Que, contra dicha resolución, la parte actora apeló y expresó agravios (cfr. IF-2023-115111119-APN-DTD#JGM y IF-2023-117987062-APN-DTD#JGM, respectivamente) que fueron replicados por el fisco (conf. IF-2023-140797485-APN- DTD#JGM).
Alega que el Tribunal Fiscal confundió la posibilidad que tiene la AFIP de revocar o dejar sin efecto una respuesta en el marco de una consulta vinculante, con la obligación que le impone la ley a dicho organismo, de ejercitar esa facultad “únicamente cuando se acrediten determinados supuestos fácticos y jurídicos que AQUÍ NO SE VERIFICARON”. Sostiene que la respuesta a una consulta vinculante obliga directamente al organismo fiscal y dicha vinculación sólo puede resultar quebrantada en tanto y en cuanto se verifiquen los supuestos específicos de ese régimen. En ese sentido, advierte que no se ha producido ningún tipo de variaciones en la situación de hecho y en la normativa tomada en consideración al momento del dictado de la resolución 41, circunstancia que —a su entender— impide a la AFIP dejar sin efecto la respuesta vinculante oportunamente brindada.
Añade que la consulta efectuada por la AFIP al BCRA de modo alguno implicó la exclusión de Crédito Directo S.A del citado Registro ni la suspensión de las disposiciones de la Comunicación 5593 y/o la modificación de las normas impositivas evaluadas, por lo que la revocación dispuesta por el organismo mediante la resolución 71/19 (SDG TLI) (en adelante, la “resolución 71”) es improcedente, ilegítima y contraria a la ley.
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48059/2023 CREDITO DIRECTO SA (TF 107970824-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Indica que resultaría contradictorio que el BCRA actúe como autoridad de control de las entidades inscriptas en el Registro y siga aplicando las normas de la Ley de Entidades Financieras, “cuando simultáneamente considera que las normas de la Ley de Entidades Financieras no se extienden a las mismas, como mal presupone esa Administración Federal de Ingresos Públicos en la interpretación que pretende brindarle”. En esa misma línea, pone de resalto que “unas simples notas como las citadas por el organismo fiscal en la Resolución 71/19 (SDG TLI) bajo ninguna circunstancia podrían equipararse a una comunicación o circular del BCRA —cuyo Directorio es el único facultado para definir el texto de las normativas aplicables— por lo que carece de sentido equipararlas o creer que unas pueden sustituir a las otras, sino por el contrario, reafirma que las disposiciones de la Comunicación A 5593 dispuestas por el Directorio del BCRA continúan plenamente vigentes”.
En concreto, esgrime que el criterio de la sentencia no se compatibiliza con el art. 4.1 de la ley 11.683, que plantea como requisito insoslayable el cambio de las “circunstancias antecedentes y los datos suministrados”, sin facultar al organismo “a violar a su entero capricho sus propios actos administrativos firmes y consentidos `de oficio y en cualquier momento`”.
Arguye que la consulta vinculante obliga a la AFIP también por constituir “cosa juzgada administrativa”, en el sentido de que no puede ser revocada discrecionalmente por la Administración, tras haber quedado firme y dar nacimiento a un derecho en cabeza del contribuyente que debe ser respetado. Adicionalmente, refiere a la doctrina de los actos propios.
En otro orden de argumentos, asevera que la inscripción en el Registro implica que las entidades allí incorporadas quedan bajo los efectos de la Ley de Entidades Financieras y, por ende, sometidas al contralor permanente del BCRA.
Manifiesta que si la norma tributaria prevé un tratamiento específico “cuando se trate de entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras…”, está claro que tal calificación proveniente de la autoridad de aplicación bancaria y financiera implicará el tratamiento impositivo consiguiente que le acuerda la ley impositiva al citado caso. Subraya que el decreto 380/01 no confiere un tratamiento tributario específico únicamente a las entidades financieras propiamente dichas, sino que alcanza a todas las entidades que se encuentren bajo la Ley de Entidades financieras, y a quienes el BCRA haya extendido su aplicación. Al respecto, pone de relieve que “el único extremo concreto expresado en la ley impositiva es que se trate de entidades que se encuentren regidas por la Ley de Entidades Financieras, y está comprobado que la parte actora así 5 lo está, por encontrarse inscripta desde el 4 de julio de 2016 en el Registro de Otros Proveedores No Financieros de Crédito en los términos de la Comunicación “A” 5593 y normas concordantes”.
Pone de resalto que los informes a los que aludió el Fisco para justificar su cambio de criterio no comportan un pronunciamiento vinculante del BCRA de modo que sus consideraciones de ningún modo pueden implicar la derogación tácita de los expresos términos de la resolución del Directorio del BCRA que dio lugar la Comunicación 5593, aún vigente. En apoyo a esta tesitura, postula que el Directorio del BCRA es el único órgano que puede decretar la extensión de la Ley de Entidades Financieras a otras entidades que no revistan el carácter de entidades financieras, y así deberá entenderse hasta tanto el mismo Directorio disponga lo contrario. En consecuencia, afirma que “la materia analizada en el dictado de las notas de referencia está claramente fuera de la competencia de la gerencia emisora de las notas a las cuales alude la Resolución 71/19 (SDG TLI) y que toma el Tribunal fiscal”. Sostiene que el BCRA extendió la aplicación de la Ley de Entidades Financieras exclusivamente a todos aquellos sujetos que se inscriban en el Registro (en ejercicios de las facultades otorgadas por los arts. 3º y 4º de la ley 21.526), tal como es el caso de Crédito Directo S.A., mientras que el tercer párrafo del artículo 7º del decreto 380/01 se refiere a las “entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras”.
Esgrime que el origen del cambio de criterio fiscal se encuentra en la resolución Nº IF-2019-43318972-APN-DNI#MHA del 10/05/19 en cuanto menciona a una presentación efectuada por la Asociación de Bancos Argentinos (“ADEBA”) que controvierte el criterio plasmado en la resolución 41. Precisa que, en la referida presentación, ADEBA manifestó que “en numerosos casos las empresas inscriptas en el registro no desarrollan la actividad crediticia como actividad original, sino que la misma deviene de su actividad principal, y que el hecho de que estén gozando de los beneficios previstos por la citada norma podría generar distorsiones en el impuesto y situaciones competitivas para el mercado, entendiendo que no ha sido la voluntad del Fisco otorgar una exclusión del impuesto a este tipo de empresas”. En ese escenario, aclara que no es del “tipo de empresas” a que refiere ADEBA, “ya que la actividad de crédito que desarrolla es tanto original como principal y nunca complementaria de otra, por lo que, sus consideraciones no aplican en nuestro caso y bajo ningún concepto pueden tomarse como pauta conducente al criterio sostenido en la resolución”. Advierte que la pretensión de ADEBA relativa a la aplicación restrictiva del beneficio frente al IDCB, provoca distorsiones en detrimento de la población que el BCRA se encuentra dirigido a proteger, “ya que muchos de los actores que no acceden al financiamiento por parte de dichas entidades financieras, deben recurrir a nuestra nuestro mandante” (sic). De este modo, colige que la asimetría de tratamiento deriva en desventajas competitivas de mercado que afectan fundamentalmente a los sectores más vulnerables de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 48059/2023 CREDITO DIRECTO SA (TF 107970824-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO población, que cargan así con un componente impositivo mayor que quienes se encuentran en una posición más ventajosa.
3. Que, de las constancias de la causa surge que:
El 5/05/15, la recurrente formuló al Fisco Nacional una consulta vinculante en los términos de la RG 1948, relativa al tratamiento en el IDCB a raíz de su sujeción a la Comunicación 5593 y a su inscripción en el Registro. En dicha ocasión, la actora también inquirió sobre el procedimiento de reintegro del impuesto susceptible de percepción durante el lapso transcurrido entre su incorporación al Registro y la resolución de la consulta (cfr. IF-2021-104240833-APN-SSIP#MEC);
El 4/10/16, la AFIP dictó la resolución 41, según la cual la inscripción de Crédito Directo S.A. en el Registro permitía extender la aplicación de la Ley de Entidades Financieras, de modo que como “entidad regida por la Ley” debía tributar el ICDB bajo las pautas establecidas en el artículo 7º del decreto 380/01, sin que sus cuentas abiertas en entidades financieras se encontraran incididas por dicho tributo, ya que dichos tratamientos eran mutuamente excluyentes entre sí (v. páginas 61/62 de RE- 2021-107967830-APN-SGAI#TFN);
El 7/10/19, la AFIP dictó —de oficio— la resolución 71, que dejó sin efecto la resolución 41 y comunicó a la aquí actora que: (i) “no se encuentra alcanzada por las disposiciones del tercer párrafo del Artículo 7 del Anexo del Decreto 380/01 y sus modificaciones”; (ii) el cambio de criterio surtiría efectos a partir de la notificación de la referida resolución, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del art. 14 de la RG 1948; y (iii) “de acuerdo a lo dispuesto por el artículo incorporado a continuación del Artículo 4º de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.) y por el Artículo 13 de la mencionada Resolución, contra la respuesta emitida y dentro de los diez días hábiles (10) administrativos de notificada, podrá interponer recurso de apelación fundado y al solo efecto devolutivo ante el Ministerio de Hacienda”. Como consecuencia de dicho acto, la actora aseveró que, “a partir del mes de octubre de 2019 la sociedad CRÉDITO DIRECTO S.A. ya no fue considerada como un sujeto alcanzado por las disposiciones del tercer párrafo del artículo 7º del Anexo del Dec. Nº 380/2001 y sus modificaciones, y, por lo tanto, desde ese momento, comenzó a sufrir retenciones sobre sus cuentas bancarias en concepto del Impuesto Sobre Los Créditos Y Débitos En Cuentas Bancarias Y Otras Operatorias, las cuales son ahora objeto de la presente acción de repetición” (cfr. páginas 84/85 de RE-2021-107967830-APN-SGAI#TFN y páginas 22/23 del recurso RE-2021-107967748-APN-SGAI#TFN);
7 La resolución 71 fue notificada a la actora el 11/10/19 (cfr. página 251 de IF-2021-104240833-APN-SSIP#MEC);
El 29/10/19, la actora interpuso recurso de apelación contra la resolución 71 ante el Ministerio de Hacienda, de conformidad con el artículo agregado a continuación del 4º de la ley 11.683 y de los arts. 13 y 14 de las resoluciones generales 1948 y su sucesora 4497, respectivamente (cfr. páginas 263/291 de IF-2021-104240833-
APN-SSIP#MEC);
El 29/11/19, la Subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía remitió el expediente administrativo EX-2021-01294261 -AFIP- DIATEC#SDGTLI. CRÉDITO DIRECTO S.A a la Dirección Nacional de Impuestos para su intervención (cfr. IF-2021-110600012-APN-SSIP#MEC);
Mediante dictamen del 5/02/20, la Dirección Nacional de Impuestos manifestó que “previa intervención respecto de la cuestión de fondo por parte de ésta área asesora debería darse intervención al área jurídica de este Ministerio a los fines de que tenga a bien determinar la naturaleza jurídica del acto que aquí se analiza, para lograr un adecuado encuadre legal respecto de la revisión intentada, toda vez que, si se trata de ´una nueva respuesta a la consulta vinculante` efectuada por la sociedad CREDITO DIRECTO SA en el año 2015, deberá atenderse a los requerimientos procesales establecidos en la entonces Resolución General (AFIP) Nº 1948 (actual Resolución General (AFIP) Nº 4.497), resultando pues, en consecuencia procedente la vía recursiva presentada, mientras que si se considera un `acto administrativo de alcance particular` mediante el cual se decidió revertir —de oficio— un criterio anteriormente notificado, el recurso podría ser encuadrado en las previsiones de la Ley de Procedimientos Administrativos” (conf. IF-2020- 08073615-APN-DNI#MHA);
El 16/04/21, la recurrente formuló un reclamo de repetición por $31.293.815,30 correspondiente al ICDB de los períodos fiscales octubre de 2019 a diciembre de 2020 ante la AFIP (v. presentación digital nº 202100418523 incorporada en RE-2021-107967891-APN-SGAI#TFN);
El 8/11/21, la parte actora interpuso recurso por retardo de repetición ante el a quo (cfr. RE-2021-107967748-APN-SGAI#TFN);
El 17/11/21 la Subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía remitió el expediente administrativo identificado como: EX-2021-01294261- -AFIP-DIATEC#SDGTLI. CRÉDITO DIRECTO S.A a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (cfr. PV-2021-111796010-APN-SSIP#MEC);
En oportunidad de contestar el recurso interpuesto ante el a quo, la AFIP puso de resalto que “la actora NO cuestionó a través de recurso alguno la Resolución Nro. 71/2019 de fecha 07 de octubre de 2019”. Asimismo, defendió el cambio de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 48059/2023 CREDITO DIRECTO SA (TF 107970824-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO criterio efectuado y replicó los argumentos esbozados por la actora con respecto al fondo de la cuestión controvertida (conf. página 20 de IF-2022-13207452-APN-DTD#JGM); El 3/02/23, dictaminó la Dirección de Asuntos Legislativos y Tributarios del Ministerio de Economía en el marco del expediente administrativo supra mencionado, “a los fines de determinar la naturaleza jurídica de la Resolución (SDG TLI) Nº 71/19 a los efectos de lograr un adecuado encuadre legal de la Impugnación planteada contra la misma por CREDITO DIRECTO S. A.”. Al respecto, advirtió que la aquí actora “presentó una impugnación contra la Resolución (SDG TLI) N° 71/19 (…) a la que denominó `Recurso de Apelación` por ante este Ministerio, no ya contra el acto que da respuesta a una consulta vinculante, como prevé el citado artículo agregado a continuación del 4°, sino contra el acto particular que deja sin efecto el alcance vinculante que se le brindó a la respuesta original”. En ese escenario y previo análisis de la normativa involucrada, consideró aplicable el principio del informalismo a favor del administrado y la teoría de la calificación jurídica. En concreto, concluyó que el artículo 74 del decreto reglamentario de la ley 11.683 resulta aplicable al caso, “toda vez que ni la Ley N° 11.683, t.o. en 1998 y sus modificaciones, ni la Resolución General N° 4497/19 (tampoco su antecesora N° 1948/05), prevén un procedimiento recursivo especial contra el acto que deja de oficio sin efecto la respuesta oportuna brindada por la Administración Federal de Ingresos Públicos con carácter vinculante, y el contribuyente ha manifestado su intención de impugnarla” (conf. IF-2023-13061541-
APN-DGAJ#MEC).
El 8/02/23 se remitió el expediente administrativo a la AFIP (cfr. PV- 2023-14758238-APN-SSIP#MEC) y el 12/06/23 la demandada presentó copia de las referidas actuaciones administrativas en la causa en trámite ante el Tribunal Fiscal (cfr. IF-2023-01279460-AFIP-DECONA#SDGTLI). Corrido el traslado pertinente, el 21/06/2023, la parte actora manifestó que la respuesta brindada por el organismo “resulta completa y da cumplimiento con el oficio judicial requerido por esta parte actora en el marco de estas actuaciones” (cfr. PV-2023-68155669-APN-VOCV#TFN e IF-2023-70802736-APN-DTD#JGM); y El 23/06/23 se clausuró el período probatorio y el 24/08/23 se dictó la sentencia apelada ante esta Alzada.
4. Que, en respuesta a la medida para mejor proveer dispuesta por este Tribunal, la demandada acompañó lo constancia de remisión del expediente administrativo EX-2021-01294261- AFIP-DIATEC#SDGTLI a la Subdirección General de Técnico Legal Impositiva de la AFIP el 10/06/24 (v. PV-2024-01626855-AFIP- 9 DIGEDO%SDGCTI) y un informe suscripto por la Jefa del Departamento de Asesoría Técnica sobre Impuestos Indirectos de la AFIP, según el cual ese servicio asesor “se encuentra abocado al análisis de los agravios deducidos por la contribuyente en su escrito recursivo” (conf. IF-2024-02143376-AFIP-DEATII%SDGTLI).
5. Que, de lo expuesto anteriormente se deriva que, a criterio de la recurrente, los pagos por ella repetidos serían incausados por cuanto tendrían fundamento en: (i) que la AFIP habría ejercido sus facultades de revocación de la resolución 41 en forma ilegítima; y (ii) que el criterio fijado por la resolución 41 sería correcto y el que debería prevalecer, por cuanto Credito Directo S.A. se encontraría alcanzada por las disposiciones del tercer párrafo del artículo 7º del Anexo del decreto 380/2001, tal como allí se dispuso.
Así, la cuestión sometida a decisión de esta Alzada requiere examinar esos dos puntos.
6. Que, ambos planteos –indudablemente ligados entre sí– se encuentran también bajo tratamiento y pendientes de resolución por parte de la AFIP en el expediente administrativo EX-2021-01294261-AFIP-DIATEC#SDGTL, donde tramita paralelamente el recurso administrativo interpuesto por la aquí actora contra la revocación de oficio de la resolución 41 –encuadrado por la Administración bajo los términos del art. 74 del decreto reglamentario de la ley 11.683–.
A partir de ello, corresponde dejar sin efecto la sentencia recurrida, devolver los actuados al tribunal a quo y ordenar la suspensión de la presente causa hasta tanto exista una decisión firme y consentida en el referido expediente; lo cual habilitará al dictado de un nuevo pronunciamiento por parte del Tribunal Fiscal de la Nación, previo sorteo de una nueva Sala. Ello, en tanto se debe bregar porque se resuelva en forma definitiva esa otra contienda, previo al dictado de una sentencia de mérito en el caso de marras; con el lógico objetivo de evitar pronunciamientos contradictorios, favorecer al normal funcionamiento del servicio de justicia y salvaguardar las garantías y derechos de las partes.
Es que, como puede observarse con claridad, es en ese otro procedimiento donde subyace la raíz de lo aquí controvertido, y donde se dictará una resolución que fijará un criterio que impactará no sólo en la repetición aquí analizada, sino también en todos los otros procedimientos que pudieren haberse iniciado y/o que se iniciaren en el futuro en los que se discuta la situación de la actora frente al ICDB (por ejemplo, en otras repeticiones similares a la presente que involucren períodos fiscales distintos a los aquí tratados).
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48059/2023 CREDITO DIRECTO SA (TF 107970824-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 7°) Que, en función de lo dispuesto, corresponde también ordenarle a las partes que, cada 3 (tres) meses, informen en autos acerca del estado procesal del expediente donde tramita la impugnación a la resolución 71 (EX-2021-01294261-AFIP- DIATEC#SDGTL). Ello, a efectos de que el Tribunal Fiscal de la Nación evalúe periódicamente la vigencia de la suspensión aquí ordenada, teniendo en consideración lo dispuesto en el considerando que antecede.
8. Que, atento el modo en el que se decide, no corresponde de momento distribuir las costas del proceso, por lo cabe dejar sin efecto la imposición de gastos causídicos efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación y ordenarle al a quo que, oportunamente, se pronuncie nuevamente sobre este punto.
9. Que, a partir de lo resuelto, corresponde también dejar sin efecto la regulación de honorarios del 5/10/23 (conf. INLEG-2023-118416042-APN- VOCV#TFN) y declarar inoficioso expedirse sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra los emolumentos fijados por el a quo (IF-2023-118742676-
APN-DTD#JGM).
Por las razones expuestas, SE
1. Dejar sin efecto la sentencia recurrida, devolver los actuados al Tribunal Fiscal de la Nación y suspender la tramitación de la causa, en los términos y con los alcances expuestos en los considerando 6°, 7° y 8°.
2. Dejar sin efecto la regulación de honorarios de la instancia anterior y declarar inoficioso expedirse sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra los emolumentos fijados por el a quo (conf. considerando 9°).
3. Oficiar por DEOX al Representante del Fisco a fin de que se expida respecto a liquidación practicada y al comprobante de pago acompañado el 1°/02/24.
Regístrese, notifíquese, ofíciese por DEOX al Representante del Fisco y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia