Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 43/2007, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en las siguientes sumas:
A) Por la primera y segunda etapa procesal, $19.342 por la representación procesal y $28.355 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
B) Por la tercera etapa procesal, $20.127 equivalentes a 0,33 UMA por la representación procesal y $50.319, equivalente a 0,83 UMA por el patrocinio letrado, considerando para ello el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
3Regular los honorarios del Contador Público Angel C. Giannatasio en la suma de $27.350 por su actuación como perito designado a propuesta del Fisco Nacional, teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-13227794-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 6 de Febrero de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 29.701-I caratulado “CREFICO S.R.L. s/ recurso de apelación”. La Dra. O’Donnell dijo:
I. Crefico S.R.L. interpone el recurso de apelación previsto por el art. 76, inc. b) de ley 11.683 contra la Resolución N° 43/2007 dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2001 y se lo intima a ingresar $71.035,20, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
Asimismo, en dicho acto se le aplica una multa de defraudación de $213.105,60 (art. 46, ley, t.v.).
En su presentación ante este Tribunal, explica que el ajuste notificado en la Resolución se originó en la impugnación de la deducción de la pérdida de $211.526,52 por la venta de la cartera de créditos a Fiable S.A. por el 50% de su valor. Ello, con fundamento en que se trata de empresas vinculadas que llevaron a cabo esta operatoria comercial al sólo efecto de disminuir la utilidad de Crefico S.R.L.
Alega, en cambio, que la cesión tuvo fines distintos a los presumidos por el juez administrativo.
Dice, concretamente, que el objetivo fue transmitir créditos de dudosa cobrabilidad a una empresa especializada en el cobro de créditos morosos.
A la hora de justificar la operación, y en respuesta a los fundamentos del ajuste fiscal, invoca también que: - No hay reglas fijas para valuar la venta de una cartera de créditos, por lo que en el caso que se fijó en el 50% de su valor fue una opción razonable dados los montos involucrados y los plazos de mora.
- Los pagos se hicieron en acreditaciones globales en cuentas de Crefico S.R.L., en una cuenta corriente mercantil o de gestión, opción válida aunque no fuera la forma de pago prevista en el contrato de cesión celebrado con Fiable S.A. - Los deudores no fueron informados de la cesión para no entorpecer la cobranza.
- No es cierto que Fiable S.A. no tuviera empleados para realizar la actividad de cobranza ya que tenía un empleado. Agrega que la cobranza la hacían los estudios jurídicos contratados por dicha empresa.
- En cuanto a la vinculación de las empresas, agrega que a la fecha de las cesiones la composición societaria no era idéntica, ni tampoco las participaciones en el capital social; la actividad de las empresas era diferente y no estaban administradas por las mismas personas.
- A la fecha de las cesiones las empresas no tenían el mismo domicilio, recién lo tuvieron desde el 12 de febrero de 2004. En subsidio, sostiene que aún cuando no se admitiera la pérdida por la cesión de los créditos, el juez administrativo debía analizar su incobrabilidad en cabeza de Crefico S.R.L.; es decir, que aun en el caso que éstos hubieran permanecido en su patrimonio eran incobrables.
Se explaya a continuación sobre los índices de incobrabilidad y la procedencia de la deducción por aplicación del art. 87 de la ley del gravamen y su reglamentación; en particular, sostiene que para Crefico S.R.L. era antieconómico iniciar las acciones judiciales para su cobro.
Por último, solicita que se aplique la teoría de las correcciones simétricas del art. 81 de la ley 11.683 y que se admita también la deducción del 100% de los créditos por este mecanismo. Requiere también que en la liquidación se computen las cobranzas efectuadas por Fiable S.A.
Por todo ello, solicita que se deje sin efecto la pretensión fiscal o, en su caso, se haga lugar a los planteos en subsidio. En cuanto a la multa, invoca su improcedencia por no reunirse los elementos para su configuración y pide la nulidad de su graduación en el 80% por excesiva. Alega que la cesión fue una operación normal y habitual en su rubro. Ofrece la producción de prueba pericial contable y por todo ello, pide que se revoque la Resolución N° 243/2007, con costas.
II. A fs. 70/83 contesta el traslado del recurso de apelación la representación fiscal.
Allí explica que el ajuste se funda en la intención de la empresa de deducir una pérdida con el objetivo de disminuir utilidades mediante la simulación de la operación de cesión de créditos a Fiable S.A.
Por ello, pide que se confirme la Resolución N° 43/2007, también con costas.
III. A fs. 94 se abre la causa a prueba y se designan los peritos para la realización de la prueba pericial contable admitida. El informe pericial obra agregado a fs. 100/183. A fs. 184, es impugnado por la representación fiscal; de ello se corre traslado a Crefico S.R.L., que no lo contesta.
A fs. 195 se clausura el período de prueba.
A fs. 202 se eleva a consideración de la Sala y se ponen los autos para alegar, ejerciendo su derecho únicamente la representación fiscal. A fs. 216 quedan en estado de dictarse la sentencia.
IV. Lo que este Tribunal debe resolver es si la pérdida que declaró Crefico S.R.L. en el ejercicio fiscal cerrado el 31 de marzo de 2001 se encuentra respaldada en los contratos de cesión de derechos sobre créditos con Fiable S.A. que le da sustento o, si como sostiene el Fisco Nacional, se origina en una maniobra tendiente a disminuir la utilidad de Crefico S.A. de dicho ejercicio.
No se encuentra en discusión que Crefico S.R.L. es una empresa que tiene por actividad el otorgamiento de créditos personales y de consumo y que entre 2000 y 2001 cedió en forma onerosa la cartera de créditos a Fiable S.A. al 50% de su valor nominal. El 50% restante lo dedujo como quebranto o pérdida en la declaración jurada del impuesto a las ganancias de dicho período.
Las razones invocadas por el juez administrativo para desconocer la legitimidad de dicha operatoria fueron principalmente las siguientes:
- la vinculación de las empresas, cesionaria y cedente, a través de la identidad de las personas integrantes de los órganos de dirección: así, en los Considerandos de la Resolución se realiza un detalle de la composición de la gerencia de Crefico S.R.L. y del Directorio de Fiable S.A., así como también de las personas que tenían participaciones societarias en ambas empresas entre 1997 y 2001 que da clara cuenta que se trata de empresas integrantes de un mismo conjunto económico. Concretamente, probó el Fisco Nacional que 4 integrantes de Fiable S.A. lo fueron también de Crefico S.R.L. y que quien firmó el contrato como gerente de Crefico S.R.L. era a la misma vez Presidente de la cesionaria.
A ello se agrega que ambas empresas tenían el mismo domicilio hasta el 17 de abril de 2001, tras el cierre de ejercicio. - la inexistencia de un estudio previo de factibilidad de la cobranza sobre los créditos que se cedieron, es decir, sin tener en cuenta que la cesión se hizo sin considerar el monto, el tiempo de mora, etc. Destaca el juez administrativo que a pesar de ello en todos los casos la cesión fue por 50% de su valor residual.
- la cesionaria Fiable S.A. no realizó ningún pago ya que la operatoria se hizo a través de una cuenta corriente mercantil en la que se acreditaron los importes como debe y haber en cada una de las empresas, en forma global, sin imputación a cada contrato en particular. Es decir, destaca el juez administrativo la falta de desembolsos de fondos en ejecución del contrato lo que pone en seria duda la existencia de la operación comercial.
- la falta de notificación de la cesión a los deudores, en incumplimiento a lo dispuesto en el art. 1459 del Código Civil entonces vigente, lo que, desde el punto de vista jurídico, implica que la cesión carece de efectos.
Agrega el juez administrativo como hecho relevante que, a pesar de no estar notificados, los deudores siguieron haciendo los pagos.
- la cobranza de los créditos la siguió haciendo Crefico S.R.L. a través de sus empleados ya que Fiable S.A. no tenía empleados. Por su parte, si la gestión fue realmente encomendada a estudios jurídicos, como sostiene Crefico S.R.L., como ambas empresas compartían el domicilio en el mismo lugar es imposible saber si esa tercerización realmente existió, ni a qué empresa eventualmente prestaron los estudios sus servicios.
Concluye así el juez administrativo que la cesión fue en realidad una simulación sin contenido económico y que el quebranto computado por la recurrente a partir de la misma es improcedente. Tiene para ello en cuenta, además, que en realidad los créditos nunca salieron del patrimonio de Crefico S.R.L. por lo que desde el punto de vista económico le siguen perteneciendo a dicha firma.
A fs. 836/857 de las act. adm. obran las cesiones de créditos en copia simple, firmadas por los representantes de ambas empresas, con anexos adjuntos en los que se listan los créditos cedidos. La documentación en cuestión se encuentra sellada en la Provincia de Santa Fe.
En el caso, los elementos colectados por la fiscalización permiten razonablemente concluir que la cesión fue una operación entre empresas vinculadas, en la que no hubo movimientos de fondos sino solo asientos contables, y que se hizo con el propósito de generar la pérdida en la declaración jurada del impuesto a las ganancias de la aquí recurrente. Para ello, es relevante señalar también la falta de respaldo documental (vgr. informes, dictámenes) del valor por el que se hizo la operatoria (50% del valor de los créditos en todos los casos, es decir en forma global) y que no se notificó a los deudores quienes continuaron haciendo los pagos en el mismo domicilio sin anoticiarse de ella, es decir como si la cesión no hubiese existido.
No se encuentra discutido, además, que Crefico S.R.L. dejó de tener actividad el 31 de marzo de 2001, lo que también demuestra su interés en ceder la cartera de créditos y generar la pérdida en su propia contabilidad.
Respecto al planteo en subsidio formulado por Crefico S.R.L. para que se admita la deducción de los créditos como incobrables, asiste razón a la representación fiscal cuando se opone con fundamento en que así los debió haber tratado en su declaración jurada, pero no es lo que hizo.
Es decir, si los créditos ya estaban en condiciones de ser deducidos en el ejercicio 2001 por reunir el plazo y los índices de incobrabilidad, Crefico S.R.L. debió hacerlo en su declaración jurada en la que sostuvo se produjo la incobrabilidad sin recurrir a la operación de cesión. Debe decirse que no hay elementos en las actuaciones que permitan concretamente analizar este planteo, porque no fue la situación de los créditos lo que fue objeto de la fiscalización, sino de la validez y existencia de la cesión de éstos a otra empresa.
A ello se debe agregar que, aunque en esta instancia se produjo una prueba pericial contable, de lo que informaron los expertos no se puede extraer información suficiente para admitir la incobrabilidad, es decir, para analizar si cada crédito reunía las condiciones previstas para tal fin por el art. 87 de la ley del gravamen y el art. 136 de su reglamentación. Así lo pone de manifiesto el Cr. Giannattasio, designado por el Fisco Nacional, en el punto c) del Informe y del mismo modo la representación fiscal en ocasión de alegar en esta instancia.
Destacan allí que los créditos se encuentran contabilizados en asientos globales en ambas empresas, Crefico S.R.L. y Fiable S.A., es decir, tampoco esta última llevaba asientos de los créditos en forma individual que son los que supuestamente debía cobrar.
El recurrente pretende que se admita la deducción de los créditos en forma global, más ello no tiene sustento en las normas citadas; por el contrario, la ley condiciona la deducción a la prueba de su incobrabilidad conforme los parámetros dados en las disposiciones antes citadas.
En cuanto al planteo de compensación según el mecanismo del art. 81 de la ley 11.883, también asiste razón a la representación fiscal cuando lo rechaza en primer lugar porque la compensación solo procede cuando se trata del mismo contribuyente y porque con la cesión la cesionaria abonó el impuesto, por lo que para su análisis Crefico S.R.L. debió rectificar su declaración jurada, lo que no hizo.
Tampoco debe computarse lo cobrado por Fiable S.A. por tratarse de empresas diferentes: no existe norma que permita el cómputo de las cobranzas de dicha empresa, sin perjuicio de señalar que tampoco se acreditaron.
Por todo ello, debe confirmarse la pretensión fiscal tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ella que se devengan en forma automática (art. 37, ley).
V. En cuanto a la sanción aplicada en dicho acto, también debe ser confirmada. Tanto el encuadramiento de la conducta en el art. 46 de la ley, como su graduación resultan conforme a la conducta reprochada ya que, conforme a lo descripto en Considerandos previo, Crefico S.R.L. simuló la cesión de su cartera de créditos con el propósito de disminuir su propia carga fiscal.
Para ello se valió de contratos y de registraciones contables simuladas, que es lo que justifica la presunción de dolo invocada por el juez administrativo en el art. 47, inc. e) de la ley 11.683.
No encuentro ningún elemento que permita eliminar el dolo que el juez administrativo ha acreditado debidamente, por lo que debe confirmarse en este aspecto también la Resolución recurrida.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida en todas sus partes, con costas.
El Dr. Martín dijo:
Adhiero a la decisión por similares argumentos.
La Dra. Gómez dijo:
Adhiero al voto de la Vocal Instructora.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 43/2007, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en las siguientes sumas:
a) Por la primera y segunda etapa procesal, $19.342 por la representación procesal y $28.355 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) Por la tercera etapa procesal, $20.127 equivalentes a 0,33 UMA por la representación procesal y $50.319, equivalente a 0,83 UMA por el patrocinio letrado, considerando para ello el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
3. Regular los honorarios del Contador Público Angel C. Giannatasio en la suma de $27.350 por su actuación como perito designado a propuesta del Fisco Nacional, teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2025.02.06 13:37:15 -03:00 Date: 2025.02.06 13:40:19 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.06 14:00:25 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.06 14:00:26 -03:00
Fin de la sentencia