Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 170.778
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación de la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCBA);
II. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); III)
Expte. Nº 170778 - Juzgado Civil y Comercial N°9 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “CREGO, RUBÉN E. (H), CREGO PAULA Y CREGO GUSTAVO Y OT. S.H. C/ PLANTEL S.A. S/ COBRO DE SUMAS DE DINERO”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Rodrigo H. Cataldo, El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 13 de agosto de 2025?
3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 13 de agosto de 2025 el juez de primera instancia dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda de cobro de pesos promovida por Rubén Efraín (h) Crego, Paula Crego, Gustavo Alejandro Crego y otros S.H. contra Plantel S.A. y condenó a esta última a abonarle a la actora $237.453,15 más intereses y costas.
Para así decidirlo, el magistrado señaló que la demandada, pese a controvertir la narrativa de los actores, reconoció sus premisas centrales. Esto es, que requirió los trabajos de la escribanía para celebrar una escritura de cesión de créditos y para certificar las firmas de un instrumento privado. La accionada alegó que los honorarios de la escribanía debían ser abonados por Garantizar SGR, que es quien solicitó tal servicio. Explicó el magistrado que «(…) frente a la actora, es cierto lo afirmado por la demandada, en tanto, en principio, todos los intervinientes en dicha operación, tendrían una obligación solidaria, sin perjuicio de lo cual, a pesar de requerir, la citación de ambos garantes como terceros y traerlos a juicio, fue el propio accionado, quien luego desistió de los mismos». Seguidamente, juzgó necesario evaluar la prueba para definir la cuantía de la deuda. Citó el dictamen de la contadora Tangherlini, quien señaló que existe una deuda facturada e impaga por $237.453,15. El juez consideró tales montos acordes a la normativa aplicable a la labor notarial. Explicó que la demandada no puede desvirtuar el reclamo, tanto en su cuantía como en los conceptos incluidos, pues tal defensa exigía una labor probatoria que no desarrolló. Quedó demostrado que a la escribanía le fue requerida la confección de la escritura de cesión n° 38 y la confección de contrato privado de cesión con sus respectivas certificación de firmas. También se demostró la emisión de la factura a nombre de la demandada (No. 0002-00004027) y la intimación de pago mediante carta documento (n°989953583).
En lo tocante a la aplicación del fallo “Barrios” de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, indicó que el propio precedente señala que es labor del acreedor demostrar la “brecha lesiva”; esto es, una diferencia notablemente perjudicial entre el crédito reconocido, comprensivo de capital e intereses, y el resultado de la actualización por índices. Juzgó que en el caso no se encuentra acreditada la necesidad de declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928 pues «los intereses, a una tasa adecuada, alcanzan para cubrir en forma satisfactoria los intereses del actor».
En cuanto a los accesorios por mora, fijó la tasa activa por descubierto en cuenta corriente del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II. El recurso de la parte actora El apoderado de los actores apeló el 25 de agosto de 2025 y fundó su recurso el 3 de octubre de 2025. Su único agravio se refiere a la tasa de interés aplicable y a la decisión adoptada en torno al fallo “Barrios”. Afirma que la tasa fijada en el fallo no refleja la evolución real de los precios de la economía, sino solo el costo financiero de una operación bancaria puntual. Agrega que el criterio elegido no guarda relación con el objetivo de mantener incólume el poder adquisitivo del crédito, principio reiteradamente reconocido por la jurisprudencia.
La tasa de interés, dice, viola los principios de reparación integral y tutela judicial efectiva. Compara el valor del crédito aplicando el interés fijado en el fallo con el valor nominal del capital actualizado por el índice de precios al consumidor que difunde el INDEC. Este último, dice, es el criterio de actualización que juzga adecuado para su crédito.
Cita jurisprudencia de esta Sala y otros tribunales con relación a la aplicación del fallo “Barrios”, denuncia enriquecimiento sin causa del demandado y cuestiona la justicia del fallo por desentenderse de la pérdida de valor de la moneda.
Pide se revoque parcialmente la sentencia y se ordene la actualización del crédito utilizando el índice IPC, desde la mora hasta la fecha de pago.
III. Tratamiento de los agravios i. El recurso no prospera.
Ha dicho este Tribunal, en consonancia con una amplia jurisprudencia bonaerense, que mediante el recurso de apelación no pueden someterse a conocimiento de la Alzada defensas o cuestiones que no fueron articuladas oportunamente ante el juez o jueza de primera instancia, importando su tratamiento por parte de este Tribunal la violación de los arts. 34 inc. 4to., 163 inc. 6to., 266 y 272 del Código Procesal (Sala II, c. 165165 -"Massacesi..."- del 05/04/2018, c. 163997 -"Boca..."- del 08/03/2018, c. 165597 -"Goicochea..."- del 11/12/2018, entre muchos otros).
Si en la expresión de agravios se introduce una cuestión que no fue debidamente planteada en la instancia de origen y sobre la cual no pudo pronunciarse el magistrado, ello encuentra el obstáculo que regula el art. 272 del ordenamiento procesal, pues en el sistema de la doble instancia —informada por el principio dispositivo— no es dable introducir capítulos no propuestos a la decisión del juez de origen (fallos cit.).
La veda al tratamiento de planteos tardíos tiene directa vinculación con el debido respeto al principio de congruencia, postulado central de raigambre constitucional (Fallos: 313:915, 322:2525, 324:1234, 329:349 y 341:1091) en cuya virtud el juez debe guardar una estricta conformidad entre la decisión contenida en su sentencia y las pretensiones y defensas que formularon las partes (art. 34 y 163 del CPCCBA).
La actora nunca reclamó en su demanda la indexación de su crédito ni la declaración de inconstitucionalidad de las normas que impiden acceder a este tipo de actualización, motivo por el cual su planteo y los argumentos en los que se sustenta resultan tardíos e insusceptibles de ser abordados en instancia recursiva.
Por el contrario, en aquella oportunidad la reclamante requirió explícitamente que al capital nominal facturado se le adiciones una tasa de interés activa (v. punto «III» de la demanda; fs. 39/vta). El escrito inaugural del proceso fue interpuesto en el segundo semestre de 2019, momento en el cual la evolución de la inflación de ese año y del año anterior, debidamente contrastada con la evolución de las tasas bancarias, ya le permitían a la actora anticipar el resultado económico de la estrategia asumida (o, lo que es lo mismo, ya le permitían formular los planteos constitucionales que hubiere estimado pertinentes para lograr otro tipo de protección de su crédito).
Encuentro por ello no solo tardía, sino contradictoria la estrategia de la actora de pedir el ajuste por índices de un capital al cual, en la demanda, solo requirió que se actualice de modo oblicuo por medio de una tasa de interés bancaria.
Al respecto, la Corte Suprema, invocando la doctrina de los actos propios, ha sostenido en reiteradas oportunidades que el sometimiento voluntario a un régimen jurídico, sin expresa reserva, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional (Fallos: 149:137; 170:12; 175:262; 184:361; 202:284; 205:165; 241:162; 271:183; 279:350; 297:236, 300:147; 304:1180; 316:1802; 322:523; 325:1922, 344:1539, entre muchos otros). Ello es así «toda vez que no puede ejercerse una pretensión judicial manifiestamente contradictoria e incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz» (Fallos: 327:2905). En la causa “Esmoris” (Sala II, c. 180954, del 11/03/2025) señalé que la relación entre la potestad de la judicatura de declarar la invalidez constitucional de una norma y el principio de congruencia ha sido destacada en reiteradas oportunidades —muchas de ellas, recientes— por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el caso “Raco, Marco Nicolás”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reprobó la decisión de la Cámara que había declarado la inconstitucionalidad de una norma que siquiera había sido mencionada por los actores en su demanda. Se dijo allí que "el planteo de inconstitucionalidad de la norma citada no formaba parte del reclamo de los actores. De modo tal que al resolver de ese modo los jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defensa en juicio” (Fallos: 344:3230, consid. 9°). Tampoco lo ha admitido bajo el ropaje del postulado del iura novit curia, dado que ello no habilita al decisor a apartarse de los términos en que fue conformada la materia debatida en los escritos postulatorios (Fallos: 306:1271) ni otorgar condenas que reflejen un resultado económico más amplio que el pedido en la demanda (Fallos: 329:5903).
En el caso “Perret”, la Corte ahondó en esa tesitura al señalar que incluso el control de constitucionalidad de oficio debe ser ejercido «siempre y cuando se respete el principio de congruencia” (Fallos: 347:178). Sobre este último punto, Safi explica que el “período permisivo” del control de constitucionalidad oficioso ha sido ya abandonado por la Corte Federal, dando inicio a un criterio mucho más condicionado, marcada por una línea jurisprudencial en la que se ha enfatizado que los jueces no pueden arrogarse materias que fueron objeto de una marginación expresa por decisión de las partes ni violar el principio de congruencia, las reglas del debido proceso y el derecho de defensa (Safi, Leandro K., Límites a la declaración de inconstitucionalidad de oficio, La Ley 22/01/2018,1).
ii. No soy ajeno a que el juez de primera instancia analizó un pedido de la actora en torno al fallo “Barrios” y dedicó un considerando de su sentencia a ese tema (considerando «V» de la sentencia de primera instancia). Pero creo que este punto no debió ser motivo de análisis en la decisión sometida a recurso. Principalmente por dos motivos: primero, porque —como ya dije— la actora no introdujo en su demanda un pedido de indexación o un planteo constitucional con relación a las normas que le impiden acceder al reajuste pretendido. El tema, por ello, no formaba parte del thema decidendum sometido a decisión jurisdiccional (art. 34.4 y 163.6 del CPCCBA).
Segundo, porque la lacónica presentación de la actora del 25/05/2025 no contiene un pedido de inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928, sino una aislada mención al fallo “Barrios” luego de requerir que los autos pasen a sentencia.
Finalmente, en tercer lugar, aun si se aceptase —al menos por hipótesis— que ese escrito constituyó un pedido de actualización por índices del crédito, lo cierto es que tal solicitud nunca fue bilateralizada con la contraria, por lo que cualquier decisión adoptada sobre este punto resultaba violatoria del principio de congruencia y del derecho de defensa en juicio (arts. 18 CN, 34.4 y 163.6 del CPCCBA).
En suma, la voluntad de la accionante de que se actualice por índices su crédito es extemporánea (arts. 155, 272, 331, 481 y cctes. del CPCCBA) y contraria a los términos en los que fue postulada la demanda (art. 330 inc. 3 del CPCCBA), motivo por el cual resulta inadmisible.
iii. Al margen de lo anterior, que es de por sí suficiente para dar respuesta al recurso, creo conveniente agregar que la aplicación de los criterios que emergen del fallo “Barrios” debe estar signada por la prudencia y la razonabilidad. La invocación de ese precedente —o, para el caso, la mención de cualquier fallo de la Casación— no puede ser realizada en forma parcelada o realizando recortes argumentales selectivos que pretenden darle a la sentencia un alcance que no tiene, o forzando una interpretación que no es la que emerge de su lectura.
Del mismo modo, no puede un precedente invocarse en forma aislada y genérica, como si de él emergiese una doctrina aplicable a todo tipo conflicto, sin una consideración precisa de los hechos allí juzgados y la naturaleza de la controversia dada a conocimiento de la Casación. Los argumentos de la Corte son razones definidas en función de las características del debate allí dirimido y de la especial posición que cada parte tenía con relación a esa controversia en particular. No es posible hallar en esos fundamentos una regla de derecho aplicable a todo o nada y en cualquier tipo de crédito sometido a litigio judicial (Sala II, "Mercado", causa 184.336, sent. del 13/2/2026).
Esto último es importante de señalar porque son patentes las diferencias entre el conflicto dirimido en el caso “Barrios” y lo que en este pleito es materia de juzgamiento, todo lo cual justifica que lo dicho en el primero no sea automáticamente aplicable en el segundo.
El fallo “Barrios” se trató de un caso de responsabilidad civil extracontractual motivada por un accidente de tránsito; aquí, en cambio, las partes tienen un diferendo por una deuda cuya causa fuente es un contrato de servicios notariales. Más aún, y con esto vuelvo al tema de la congruencia: los Sres. Héctor Barrios y Miriam Susana Núñez formularon expresamente un planteo de inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928 en su demanda incoada en el año 2013 y lo defendieron en todas las instancias recursivas subsiguientes. Aquí, como dije, nunca se formuló pedido alguno en torno a la validez constitucional de dicha norma, sino que se hizo una aislada mención a un fallo de la Casación en una oportunidad impropia y sin que de ese pedido haya sido bilateralizado con la contraria. Siguiendo esta línea de razonamiento, no concuerdo con los argumentos en los que la actora invoca la reparación integral o cita precedentes de esta Sala en la que se evaluaron alternativas para cuantificar indemnizaciones por daños generados en accidentes de tránsito.
Reitero: la actora no es víctima de un ilícito extracontractual, sino locadora de un servicio profesional impago. Carece por ese motivo de un derecho de naturaleza indemnizatoria cuya cuantía deba guardar correlación o proporción con algún daño, sea patrimonial o extrapatrimonial. Las reglas que definen la extensión económica de su crédito son las que rigen el vínculo contractual con sus clientes, incluyendo las normas arancelarias de derecho provincial (Ley 6925 y sus complementarias) y las de derecho común que rigen las obligaciones de dar sumas de dinero, dentro de las cuales quedan comprendidas las reglas —aún vigentes y aquí no controvertidas— que determinan el contenido patrimonial del débito con base en el principio nominalista (art. 765 del CCyC y 7 de la Ley 23.928).
Igualmente impropia es la cita del fallo “Barragán” de esta Sala (c. 179507, del 18/10/2024) dado que allí también se abordó la cuantificación de daños en un juicio de responsabilidad civil extracontractual y la decisión se orientó no a indexar un capital, sino a diferir a etapa ejecutoria la cuantificación de un daño sufrido por la víctima (v. punto «IV.2.» del voto del Dr. Loustaunau, al cual adherí).
iv. Por último, memoro que esta Sala ha enfatizado reiteradamente que la admisión de cuestionamientos vinculados al impacto que la inflación tiene sobre el crédito sometido a debate no resulta admisible si no surge prístina la actividad procesal del acreedor en realizar con prontitud actos tendientes a satisfacer su interés y evitar el perjuicio que el tiempo genera en el poder adquisitivo del capital que le es debido (Sala II, causa n° 175211 -"Zavala Rodríguez, Jimena..."- del 17/08/2023; mi voto en causas n° 177084 “Diana Ana Lía...”, del 30/11/2023, n° 137687, "Cabassi, Roberto..." del 07/05/2020). Máxime si se está en presencia de un derecho patrimonial disponible, lo que motoriza el principio dispositivo como postulado central del proceso civil y comercial (SCBA, Ac. 81746 -"Bisarccia, Emilia..."- sent. del 05/03/2003; art. 17 CN).
Tal requisito, en el caso, no se ve satisfecho, lo que ahonda en razones por las cuales resulta inadmisible la adopción de una decisión excepcional como la que la accionante exige en su recurso.
Al margen de la tardía postulación en instancia recursiva del pedido de reajuste mediante índices del crédito sometido a debate (art. 272 del CPCCBA), la actora no ha sido ajena al aletargado trámite que ha tenido este expediente, considerando las numerosas oportunidades en que la causa no reportó avance durante extensos períodos de tiempo. Fueron también numerosos los reclamos de la perito contadora para que se intime a las partes a realizar actividad procesal útil en atención a la paralización constante del pleito (v. escrito del 20/09/2023 e intimación del juez de la misma fecha; pedido de desparalización del 19/08/2024 y segunda intimación del juez del 21/08/2024). Las normas procesales que asignan facultades y poderes a la judicatura no tienen la virtualidad de eliminar la vigencia del principio dispositivo, postulado en cuya virtud son las partes —y sobre todo: el actor— quienes tienen la carga de impulsar y activar el avance del proceso encaminándolo a la solución final del diferendo. Esta prerrogativa permite, además, darle a la causa un trámite dinámico que lo coloque lo más rápido posible en estado de ser sentenciado, evitando de ese modo que la inflación acumulada afecte el poder adquisitivo de la deuda, tal como se invoca ahora en el tardío pedido de indexación.
Por todo lo dicho en párrafos precedentes propondré a mi colega desestimar el recurso y confirmar la sentencia en lo que ha sido materia de agravio (arts. 242, 272 y cctes. del CPCCBA).
ASÍ LO VOTO
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Rodrigo H. Cataldo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Monterisi, conforme el criterio sentado en la causa n° 181669 de la Sala Primera (en autos "Díaz, Santiago Damián M. c/ Purasal SRL y ot. s/ Daños y Perjuicios", sent. del 07/11/2024), entre otros.
ASÍ LO VOTO
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación de la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCBA); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
El Sr. Juez Dr. Rodrigo H. Cataldo votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación de la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCBA); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); III) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE a las partes en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
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Fin de la sentencia