Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 4721750-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDejar sin efecto lo decidido únicamente respecto del periodo fiscal 1/2023 por no haber sido objeto del amparo por mora y, en cambio, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, por consiguiente, confirmar la sentencia apelada en lo sustancial que decide. Con costas. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
6952/2025 CRESPO, FERNANDA (TF 4721750-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 10 de julio de 2025.- SH
El recurso de apelación interpuesto por la actora el 20/02/2025 (v. IF-2025-18882144-APN-DTD#JGM), contra la resolución de fecha 18/02/2025 (v. INLEG-2025 -17731274–APN–VOCV#TFN), cuyo traslado fuera contestado el 18/03/2025 (v. IF-2025-27893111-APNDTD#JGM). Y,
I. Que la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante la sentencia del 18 de febrero del año en curso, rechazó el amparo por mora interpuesto en los términos del art. 182 de la ley 11.683, por la contribuyente Fernanda Crespo, a fin de que se fije un plazo razonable para que la exAFIP-DGI complete las diligencias necesarias para la devolución de las sumas retenidas en concepto de percepciones por los períodos fiscales 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023 y 11/2023, de conformidad con el procedimiento previsto para sujetos no contribuyentes del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, establecido en la RG Nº 4815/2020 (en especial, art. 11 del Título II). Con costas.
En sustento de tal decisión, comenzó por recordar que las sentencias deben ajustarse a las circunstancias existentes en el momento en que se dictan (doctrina de Fallos: 311:787; 322:678 y 324:3948). En este orden de ideas, toda vez que el Fisco Nacional al contestar el pedido de informes señaló que el 21/03/2024 ha procedido al pago de las sumas reclamadas por la amparista respecto del período fiscal 01/2023, que la amparista no lo ha controvertido y que dicho extremo se encuentra acreditado en la IF-2025-14242126-APN -DTD#JGM corresponde rechazar el planteo efectuado con costas a la actora, atento que dicho pago es anterior a la fecha de su interposición. En cuanto a los restantes períodos, señaló que para la procedencia del recurso de amparo deben verificarse concurrentemente los siguientes requisitos o condiciones: 1) Demora en la realización de un trámite o diligencia, por parte de los empleados de los organismos recaudadores; 2) Dicha demora debe ser excesiva y 3) Debe provocar un perjuicio o perturbación en el ejercicio de una actividad o derecho. Explicó que desde el dictado de la Ley Nº 25.795 a los requisitos indicados, se agregó la solicitud de pronto despacho previo ante la autoridad administrativa, debiendo haber transcurrido un plazo de quince días sin que se hubiese resuelto su trámite. Indicó que en el caso dicha circunstancia que se encuentra cumplida.
Bajo tales premisas, expuso que en los supuestos cuyos antecedentes refieren a la misma situación fáctica por la cual se presenta este amparo, donde se desprende de la contestación efectuada por el Fisco Nacional que la restitución de los montos correspondientes ya ha sido aprobada por el Organismo fiscal, tal como surge en autos y conforme acompaña el Fisco Nacional en IF-2025-14242126 -APNDTD#JGM e IF-2025-14242222-APN-DTD#JGM, resulta evidente que la pretensión de la accionante se dirigía, en definitiva, a obtener que este Tribunal ordenara a la AFIP que acredite en su cuenta bancaria la suma cuya devolución fuera convalidada, por lo que tratándose de un amparo interpuesto en los términos del art. 182 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif.) dicha pretensión excedía el propósito de que se realice un mero trámite (Conf. Doctrina de la CSJN in re “Comatter SA”. Fallos 313:1706), y dando lugar al rechazo del amparo, con costas.
Por último, desestimó la acción de repetición planteada en subsidio por la amparista en los términos del art. 81 de la Ley 11683, puesto que en atención a que de lo informado por el Fisco Nacional y lo expresado por la propia actora en su escrito de inicio, las devoluciones solicitadas ya han sido aprobadas por el Fisco Nacional en el trámite iniciado por la amparista ante el organismo fiscal, no dándose por tanto el supuesto de procedencia de la acción de repetición que prevé dicho artículo.
II. Que, disconforme con lo así resuelto, la parte actora en su expresión de agravios manifiesta que es falso que haya incluido en su reclamo al periodo 01/2023. Sostiene que “[M]al podría haber reclamado la conclusión de un trámite que ya estaba CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 6952/2025 CRESPO, FERNANDA (TF 4721750-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO TERMINADO hace más de diez meses. De hecho, surge su pago de las propias constancias que acompañé como documental, respaldatoria de mi demanda inicial de amparo”.
Critica la falta de análisis de los hechos expuestos y del objeto del amparo. Explica que han transcurrido 110 días desde que presentó el “pronto despacho” ante el ARCA.
Se queja de la inseguridad jurídica en la que la sentencia la coloca, “ya que fueron numerosos los precedentes citados del T.F.N. y de la Cámara Federal en las cuales se hizo lugar a este tipo de reclamo, condenando al Fisco en costas y haciendo lugar al objeto de los amparos por mora”.
Manifiesta, textualmente, que el “Tribunal Fiscal, con una actitud, bastante más que fiscalista, me condena en costas, soslayando por completo que mi accionar es una consecuencia directa de la demora excesiva de la AFIP (hoy ARCA), que dispuso y dispone al día de la fecha de mis recursos, habiendo sido colocada en mora con fecha 25 DE OCTUBRE DE 2025, al momento de interponer el pronto despacho”.
Finalmente, se agravia de que no haya sido tratado el planteo subsidiario referida a la demanda de repetición.
III. Que, en primer lugar, cabe poner de relieve que en el escrito de inicio la parte actora incluyó en el objeto la solicitud tendiente a que “se fije un plazo razonable a la accionada a fin que complete las diligencias necesarias para el cumplimiento del trámite de devolución establecido en la normativa citada, en relación a las percepciones sufridas durante al año 2023” (v. p.3 del DEO 17689561, punto “1. OBJETO”).
Esta circunstancia debe ser conjugada con que, al relatar los hechos expuso que “Tal como dispone el artículo 7º de la RG 4815/2020, una vez finalizado el año calendario (2023), procedí a solicitar la devolución del gravamen en las condiciones allí establecidas mediante Formulario 1746, en fecha 28/02/2024 para el período 2023/01 , en fecha 9/10/2024 se rectificó la posición 2023/03, en fecha 01/03/2024 los períodos 2023/02, 2023/04, 2023/05, 2023/06, 2023/07, 2023/08, 2023/09, 2023/10 y 2023/12”. A su vez, cabe tener presente que la documental agregada a esta actuación inicial se refiere al periodo 03/2023 De manera que le asiste razón cuando manifiesta en su expresión de agravios que el periodo 1/2023 no fue objeto del amparo por mora, toda vez que ya había sido devuelta por el Fisco Nacional la percepción oportunamente retenida. En consecuencia, corresponde admitir la queja formulada por la amparista y dejar sin efecto lo decidido a su respecto.
IV. Que, en cuanto a los restantes periodos objeto del amparo por mora, es de advertir que el artículo 182 de la Ley 11.683 (t.v.) prescribe que “La persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, podrá ocurrir ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION mediante recurso de amparo de sus derechos”, siempre que haya interpuesto “pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa y haber transcurrido un plazo de QUINCE (15) días sin que se hubiere resuelto su trámite”. (Párrafo incorporado por art. 1°, punto XXVII de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)
Por su parte, el artículo 183 de dicha ley, precisa que el Tribunal Fiscal de la Nación “si lo juzgare procedente en atención a la naturaleza del caso, requerirá del funcionario a cargo de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS que dentro de breve plazo informe sobre la causa de la demora imputada y forma de hacerla cesar”. Fecho, podrá resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho afectado, ordenando en su caso la realización del trámite administrativo o liberando de él al particular mediante el requerimiento de la garantía que estime suficiente. De tal modo, se observa que los agravios introducidos por el recurrente, en cuanto se dirigen a que la demandada concrete la transferencia bancaria de las sumas percibidas en los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 6952/2025 CRESPO, FERNANDA (TF 4721750-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO periodos 2023/02, 2023/03, 2023/04, 2023/05, 2023/06, 2023/07, 2023/08, 2023/09, 2023/10 y 2023/12, en función de la Resolución General Nº 4815/2020, por el que estableció un régimen de percepción para sobre las operaciones alcanzadas por el “Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)”, de conformidad con el artículo 35 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, exceden el restringido marco cognoscitivo que el citado art. 183 impone para el proceso elegido por la amparista (cfr. (Conf. Doctrina de la CSJN in re “Comatter SA”, Fallos 313:1706).
En efecto, en anteriores oportunidades, este Tribunal ha puesto de resalto la ineptitud procesal de la vía de la acción de amparo por mora en supuestos similares al de autos. Ello es así, toda vez que -como se ha indicado- la vía de la acción contemplada en el art. 28 de la ley 19549 -análoga a la instituida en el ya citado art. 182 de la LPT-, sólo resulta aplicable ante la morosidad de la autoridad administrativa en emitir un dictamen o resolución; mientras que en la petición destinada a urgir un pago -más allá de su forma-, al no estar contemplada en los referidos supuestos, queda fuera de tales supuestos (conf. Sala V, “El Comercio Cía. de Seg. Aprima Fija S.A. c/ E.N. Sección Unidad de Consolidación de Deuda Pública s/amparo por mora”, del 4/10/95; “Romero Carlos H. c/ EN (Mº del Interior) s/ amparo por mora”, del 6/12/95; esta Sala, “Carlos A. Caruso y Cía SACEI y otros c/ Mº de Economía y MOSP s/amparo por mora”, del 15/3/95; en igual sentido, “Culligan Argentina SA c/ EN –STA s/ amparo por mora”, del 23/4/13; “Marini Jorge Raúl y otro c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo por mora”, del 13/6/17; “López Emiliano c/ EN -M Justicia y DDHH s/ amparo por mora”, del 27/2/18; “Duhalde Carlos María c/ EN -M Justicia DDHH- s/ amparo por mora”, del 17/5/18; expte. nro. 13183/2020 “Adeco Agropecuaria SA”, 247/11/2020, entre otros). Por consiguiente, corresponde mantener la resolución apelada.
V. Que, desde otra perspectiva, tampoco le asiste razón a la apelante en cuando afirma que el Tribunal Fiscal ha omitido expedirse respecto de la petición subsidiaria tendiente a que reencuadre el amparo por mora en una repetición.
Por el contrario, se advierte de la lectura del pronunciamiento apelado que el organismo de origen ha rechazado el punto, con fundamento en que las devoluciones ya se encuentran aprobadas en sede administrativa, lo cual excluye la procedencia de la repetición prevista en el segundo párrafo del art. 81 de la LPT (texto según ley 25.795).
VI. Que, en cuanto a las costas, no se advierten motivos suficientes para eximir a la actora de afrontarlas.
Ello es así, pues -por regla- en el amparo por mora que contempla la ley de procedimiento tributario, las costas se impondrán al vencido (conf. art. 184 de la ley 11.683), sin que -en el caso- se advierta situación de excepción alguna, habida cuenta del resultado del proceso.
En este orden de ideas, corresponde poner de relieve que -como se ha dicho en reiteradas oportunidades- no basta la simple creencia o, incluso, convicción de que se tiene derecho para litigar, sino que todo ello debe asentarse en sólidas y objetivas razones que lo avalen. Es que, la sola creencia subjetiva del litigante de la razón probable para litigar no es por sí suficiente para eximir del pago de las costas al perdidoso, pues es indudable que todo aquél que somete una cuestión a los tribunales de justicia, es porque cree tener razón de su parte, mas ello no lo exime del pago de los gastos del contrario, si el resultado del juicio no le es favorable. Y, siendo ello así, el haber activado el mecanismo jurisdiccional generó gastos al oponente obligado a litigar, los cuales, en virtud del principio de la derrota adoptado por nuestro ordenamiento procesal, deben ser soportados por el perdidoso (conf. esta Sala, “Ricci Luis María c/ ENDNRPACP s/ amparo ley 16.986”, del 11/7/17; “Pandolfi Hugo Héctor c/ Hospital de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 6952/2025 CRESPO, FERNANDA (TF 4721750-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Pediatría SAMIC “Profesor Dr. Juan P Garrahan” s/ amparo ley 16.986”, del 15/11/18; “Campagnoli José Cruz y otros c/ GCBA y otros s/ amparo ley 16.986”, del 18/7/19, entre otros).
Por idénticas razones, las costas de alzada también se imponen a la amparista sustancialmente vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Por ello, el Tribunal RESUELVE: dejar sin efecto lo decidido únicamente respecto del periodo fiscal 1/2023 por no haber sido objeto del amparo por mora y, en cambio, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, por consiguiente, confirmar la sentencia apelada en lo sustancial que decide. Con costas. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia