Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial, Sala II de Mar del Plata.embargo de Haberes de Empleado Público
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación articulado por el ejecutado a fs. 90 y, en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 89/90. Las costas de alzada se imponen a la vencida (art. 68 del CPC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904)..
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA REGISTRO NRO. 6-R FOLIO NRO. 6/7 EXPEDIENTE NRO.152939. JUZGADO NRO. 1 “CRESPO MARÍA SOLEDAD C/ ALBARENGUE MARCELO ALEXIS S/ COBRO EJECUTIVO”
Mar del Plata, 13 de febrero de 2012
Los presentes autos caratulados: “CRESPO MARÍA SOLEDAD C/ ALBARENGUE MARCELO ALEXIS S/ COBRO EJECUTIVO”, vienen a conocimiento de este Tribunal para resolver el recurso de apelación deducido por el demandado a fs. 91, contra la resolución de fs. 89/90. La fundamentación del recurso y el responde de la contraria obran a fs. 93/94 vta. y 98/107, respectivamente.
I. En el pronunciamiento cuestionado el a quo rechazó el pedido de levantamiento del embargo trabado sobre los haberes que el ejecutado percibe en su carácter de empleado público, pues del documento ejecutado no surge ninguno de los presupuestos de la excepción contemplados por el decreto 6754/43, en razón de no constar en él la causa de la obligación.
II. La queja del recurrente gira en torno a tal rechazo. Afirma que por haberse acreditado su condición de empleado público es procedente el requerimiento formulado.
Manifiesta su disconformidad, también, con la falta de aplicación de la doctrina y jurisprudencia vigente en la materia, que indica que frente a un título ejecutivo donde no se ha expresado la causa de la obligación debe entenderse que, como en este caso, fue suscripto por un préstamo de dinero, y ello surge de la cláusula inserta en el pagaré que expresa: “por igual valor recibido”.
Finalmente, señala que el accionante no cumplió con los recaudos exigidos por la norma para hacer viable la obtención de la medida precautoria, solicitando, por lo expuesto, que se revoque el fallo apelado y se ordene la liberación de los fondos embargados y depositados en la cuenta de autos a su favor.
III. El recurso no puede prosperar.
1. Es preciso mencionar que el Decreto 6754/43, ratificado por ley 13.894, dispone la inembargabilidad relativa de sueldos, pensiones, salarios y jubilaciones de empleados y obreros de la Administración Pública, tratándose de obligaciones emergentes de préstamos de dinero o de compra de mercaderías cuando no se ha cumplido con las exigencias previstas en dicho ordenamiento (art. 2 apart. "b"), y no media sentencia de condena firme dictada en juicio ordinario (art. 11 Dec. cit.).
De esta manera, la inembargabilidad en cuestión sólo se limita a los supuestos de obligaciones emergentes de prestamos en dinero o de compra de mercaderías, y en razón de la calidad limitativa de tal beneficio, no debe extenderse a obligaciones que respondan a otra causa u origen (esta Cám., Sala 1, en causa N° 122.664 RSI-332-2 del 5/11/2002; 124.441 RSI 446-777 del 22/4/2003).
2. Si bien cuando en el título no consta la causa de la obligación se presume, de acuerdos a usos y costumbres comerciales, que ha sido instrumentado por un préstamo en dinero, lo cierto es que dicha presunción opera en casos en que el ejecutante es una entidad financiera cuya actividad principal consiste en el otorgamiento de tales préstamos, situación que aquí no se ha planteado. Esta protección también se hace extensiva a supuestos en los que dicha circunstancia se encuentra plasmada en el texto expreso del título y, por ello, si el ejecutante no acredita el cumplimiento de los recaudos exigidos por la citada norma, los haberes de los empleados públicos resultan inembargables.
3. Ahora bien, del análisis de las actuaciones se desprende que, en este caso particular, no se encuentran reunidos los requisitos que permitan presumir que el instrumento en ejecución -fs. 5- responde a un mutuo dinerario. Ello, pues no existe constancia que acredite que el acreedor sea una entidad financiera, ni del texto del pagaré surge la causa de la obligación.
Se trata aquí de un supuesto entre particulares y, desde esta óptica, la causa del libramiento del pagaré puede obedecer a múltiples razones, y resulta carga del afectado acreditar -en casos como el presenteque encuadra en las situaciones de excepción al principio de que el patrimonio es prenda común de los acreedores (argto. art. 219, inc. 3° del CPC).
Así, en el subexámine, en virtud del limitado ámbito cognoscitivo que caracteriza al proceso ejecutivo no cabe aquella presunción, así como tampoco indagar la causa de la obligación. Teniendo en cuenta, entonces, que en la cuestión debatida no se evidencian los supuestos de procedencia para la aplicación del decreto ley 6754/43, ratificado por ley 13.894, corresponde confirmar la resolución que rechazó el levantamiento del embargo trabado sobre los haberes del accionado.
Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas y lo normado por el dec. ley 6754/43, ratificado por ley 13.894; y los arts. 34, 36, 161, 242 inc. 3°, y concds. del CPC RESOLVEMOS:
I. Rechazar el recurso de apelación articulado por el ejecutado a fs. 90 y, en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 89/90. Las costas de alzada se imponen a la vencida (art. 68 del CPC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904)..
III. Transcurrido el plazo previsto por el art. 267 del CPC, devuélvanse los autos al juzgado de origen.
ROBERTO J. LOUSTAUNAU RICARDO D. MONTERISI
Alexis A. Ferrairone Secretario
Fin de la sentencia