Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al planteo de nulidad incoado por la actora y, en consecuencia, declarar la nulidad de todo lo actuado en las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-3287-2014 con relación al D.I.T. 08001IT16001252C. Con costas a la DGA.-
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-52579599-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 21 de Mayo de 2024 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término a fin de resolver en los autos caratulados “CRILEN S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° EX-2023-133358815 -APN-SGASAD#TFN El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante el IF-2023-133358699-APN-DTD#JGM se presenta la firma “CRILEN S.A.” e interpone recurso de apelación contra la Resolución 2864/2019 dictada el 25/04/2019 recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12197-3287-2014, en la cual se resolvió archivar el sumario infraccional, conforme la Instrucción General Nº 09/2017 (D.G.A.) y formular cargo contra la firma aquí recurrente y la Aseguradora CHUBB Argentina Cia. de Seguros, intimando el pago de u$s 6.925,66 en concepto de tributos adeudados y $24.483,78 en concepto de percepción de IVA Adicional e impuesto a las ganancias.- Plantea la nulidad absoluta de todo lo actuado por el servicio aduanero y la prescripción de la acción para percibir tributos e imponer penas. Al respecto, manifiesta que se han incumplido las exigencias establecidas por el art. 1094 inc. d) del CA y en consecuencia, expresa que el auto de apertura de sumario carece del efecto suspensivo e interruptivo de la prescripción de las acciones fiscales.- Asimismo, plantea la nulidad del procedimiento al no obrar constancia del auto de corrida de vista, por tal motivo solicita que se declare la inaplicabilidad del artículo 805, inciso a), del C.A. y la prescripción de la acción del Fisco Nacional para percibir los tributos, con costas.
II. Por medio del IF-2024-28796250-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. Rechaza los planteos formulados por la actora y manifiesta que, el solo dictado del auto de apertura de sumario produce efectos para interrumpir o suspender el plazo de prescripción de la acción penal y tributaria respectivamente. Asimismo, afirma que el Servicio Aduanero no omitió correr vista de lo actuado, sino que decidió dejar sin efecto las actuaciones sumariales antes de llegar a ese estadio del proceso, y procedió exclusivamente a reclamar los tributos por el presunto vencimiento del plazo para reexportar la mercadería. Finalmente, solicita que se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas.
III. Las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-3287-2014 cuya acta de denuncia obra a fs.96 en relación con el D.I.T. 08001IT16001252C, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA y la carpeta del DIT en trato obra a fs.95 (Acompañada mediante documento IF-2024-28758741- APN-DTD#JGM). A fs.1/94 obran copias del despacho objeto de autos, CTIT y los permisos de embarque correspondientes.- A fs. 98 se dispone la instrucción del sumario y a fs. 100 y fs. 104 se practica el aforo de la mercadería y la liquidación de la mercadería, respectivamente. A fs. 107 se informa la consulta, con resultado negativo, del sistema de causas archivables (SUMARCHI). A fs. 108 con fecha 25/04/2019, se dicta la Resolución DE PRLA Nº 2864/19 apelada en autos, notificada el 23/10/2023, conforme constancia obrante a fs.111.-
IV. Mediante PV-2024-42502825-APN-VOCXIX#TFN se resuelve tratar las excepciones de prescripción y nulidad planteadas por la actora y mediante documentos: PV-2024-47481018-APN-VOCXIX#TFN e IF- 2024-49687534-APN-VOCXIX#TFN, se elevan los autos a la Sala “E” y se los pasa a sentencia, respectivamente.-
Primera Cuestión V.- Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
VI. En este orden de ideas, cabe señalar que del análisis de las constancias de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12197-3287-2014 surge que el curso de la prescripción de la infracción endilgada comenzó a correr a partir del 01/01/2010 dado que el DIT 08001IT16001252C venció el 18/09/2009, que el acto administrativo que ordenó la instrucción del sumario data del 31/10/2014 (v. fs. 98) y que se notificó recién de todo lo actuado el 23/10/2023, al recibir la notificación de la resolución apelada.
En tales condiciones, no puedo dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-
70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma –como es el caso de la notificación–, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate –de alcance general y particular–.
VII. En consecuencia, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 31/10/2014 sin dictar la corrida de vista y no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para exigir el pago de tributos (art. 805 inc. a) del CA).
Habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2010 –en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 18/09/2009– la misma operó el 31/12/2014, no habiendo mediado, en lo que aquí importa, causales interruptivas y/o suspensivas (cfme. arts. 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada dictada el 25/04/2019 (notificada a la importadora y a la aseguradora a fs. 110 y 111, ambas el 23/10/2023). A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondientes a la causa:
ACTO FECHA
Oficialización. 22/09/2008 DIT 08001IT16001252C 18/09/2009 (Venc.)
Acta de denuncia (fs.96) 28/08/2014 Apertura de sumario (fs.98) 31/10/2014 Resolución Apelada (fs.108) 25/04/2019 Notificación de la Resolución (fs.110/111) 23/10/2023 Plazo de prescripción 01/01/2010 - 31/12/2014 En adición a lo expuesto y conforme queda evidenciado en el detalle realizado, no solo, no se notificó la instrucción de sumario, sino que tampoco se dictó la corrida de vista establecida en el art. 1101 del C.A. Por si fuera poco, la resolución dictada el 25/04/2019 fue notificada el 23/10/2023 a la aquí actora, es decir, aproximadamente cuatro años y medio después de su dictado, sin que se advierta en el expediente administrativo razones que justifiquen la demora excesiva de una notificación oportuna.
En virtud de los motivos señalados, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos con relación al D.I.T. 08001IT16001252C.-
Segunda Cuestión VIII. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de este Tribunal, corresponde analizar el planteo de nulidad efectuado por la actora respecto a la tramitación del sumario.
En tales condiciones, cabe recordar lo dispuesto en el art. 1101 del C.A.: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (...)”.
En ese entendimiento del asunto y conforme surge del cotejo de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12197-3287-2014, no hay constancia que luego del dictado de la apertura de sumario de fs. 98, se le haya dado intervención a la importadora y a la aseguradora.- Así es que los actos procesales cumplidos –posteriormente– fueron realizados exclusivamente por el servicio aduanero. En virtud de ello, tanto la importadora como la aseguradora recién tomaron conocimiento del sumario, con la notificación del dictado de la resolución apelada, sin haber tenido la posibilidad –con anterioridad– de tomar intervención en los actuados con el fin de esgrimir las defensas de las que pudieran valerse.
En este contexto, resulta evidente que la aduana no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la normativa aduanera vigente en el procedimiento reglado para las infracciones (crf. arts. 1080 a 1117 del C.A.), el cual dispone que luego de la apertura de sumario se le debe correr vista a la imputada -respecto a la infracción endilgada- y citar a la aseguradora con la finalidad de que ambas partes puedan proporcionar las pruebas que consideren pertinentes e idóneas. Esta etapa procesal es crucial para demostrar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
En ese sentido, dado que el servicio aduanero no brindó al administrado la posibilidad de demostrar que cumplió con las obligaciones que el régimen prevé, no ha podido establecer bajo ningún punto de vista –de manera fehaciente– la existencia de la infracción atribuida a la importadora. Por esta razón, considero que la aduana carece de facultad para imponer penas –indudablemente menos aún de disponer su archivo por monto reducido–. Vale decir que por los mismos motivos, tampoco procede la exigencia tributaria, debido a que su reclamo se sustenta y origina una vez que se haya acreditado la infracción al art. 970 del C.A., pero como ya he señalado en el caso, eso no sucedió, dado que la tramitación del procedimiento no se ajustó a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
De lo descripto surge, sin esfuerzo de interpretación alguna, que la actora no tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa, vulnerando las garantías elementales del debido proceso y el derecho de defensa con raigambre constitucional y convencional, concordantes con la profusa jurisprudencia sentada por la CSJN, donde ha sostenido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales e infraccionales (Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre muchos otros).
Llegado a este punto, es preciso hacer hincapié en que el análisis de las circunstancias en relación a la nulidad, no puede efectuarse en forma mecánica, sino sopesando la gravedad de la irregularidad y la posibilidad de su subsanación en cada caso en concreto.
En efecto, si bien en otros precedentes he advertido la posibilidad de subsanar las irregularidades acaecidas en el procedimiento administrativo previo cuando se trata de revisar el ejercicio de facultades regladas (cfr. Fallos: 205:549, 247:52, 267:393, entre otros). En la especie, no puedo dejar de hacer notar que no se trata de una simple irregularidad en el marco del procedimiento administrativo que es susceptible de ser subsanada en esta instancia revisora, sino que lisa y llanamente se omitió por completo el procedimiento en sí mismo, de manera que consentir una irregularidad de tal gravedad, obligaría a este tribunal a una revisión ex novo que desnaturalizaría su carácter revisor de la actuación administrativa previa.
En esa inteligencia del asunto, resulta claro que el hecho de no haberse notificado el auto de instrucción de sumario y de corrida de vista a la presunta imputada y a la aseguradora a fin de que pudieran ejercer plenamente su derecho de defensa (crf. art 18 CN), es un perjuicio que no es susceptible de ser subsanado en esta instancia.
En ese estado de las cosas y en una interpretación armónica con la L.N.P.A., cabe agregar que la omisión de la corrida de vista -del sumario que dio origen a esta causa- torna nulos todos los actos procesales posteriores a la apertura de sumario, en consecuencia, la Resolución DE PRLA Nº 2864/19 –aquí apelada– es nula de nulidad absoluta e insanable por carecer de los requisitos exigidos por los arts. 7 y 14 de la ley 19.549.
Sobre la base de lo expuesto, corresponde hacer lugar al planteo de nulidad incoado por la actora y, en consecuencia, declarar la nulidad de todo lo actuado en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12197- 3287-2014.-
IX. Por el modo en que se resuelve la presente, se torna inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en autos.
Por ello, VOTO POR:
Hacer lugar al planteo de nulidad incoado por la actora y, en consecuencia, declarar la nulidad de todo lo actuado en las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-3287-2014 con relación al D.I.T. 08001IT16001252C. Con costas a la DGA.-
El Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato efectuado en los considerandos I a IV del voto del Dr. Licht.-
II. Que formulada la denuncia por presunta infracción del art.970 del C.A., el 28/05/2014, posteriormente luce aforo, liquidación de tributos, seguidamente se dispone la instrucción de sumario el 31/10/2014. En tales condiciones, previa a una nueva liquidación y constancia de la inexistencia de antecedentes infraccionales de la sumariada, se dictó la resolución ahora apelada.-
Que en efecto, la disposición aduanera atacada, fue dictada en cumplimiento de la IG N° 9/17 de la D.G.A. y modificatorias por la cual, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional, ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que el servicio aduanero ha omitido la consideración de que el archivo de la denuncia revestía carácter provisorio hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo. Por tal motivo la resolución DE PRLA n° 2864/2019 no puede considerarse definitiva y sólo puede reconocérsele efectos de intimación al pago de tributos.
Que, en tal sentido, devienen nulas la notificación cuya constancia luce a fs. 116de las actuaciones, en las que incorrectamente se indica que contra tal acto administrativo procedía la interposición del recurso de apelación previsto en el art. 1132 del C.A.
Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 2864/19 dirigida a la aseguradora, con costas a la demandada.
III. Que, asimismo considero necesario expedirme respecto del planteo de prescripción opuesto por la actora, respecto de la acción del Fisco para percibir tributos, toda vez que el mismo incide en la continuidad de las actuaciones conforme se resuelve.
Que conforme lo establecido en los arts. 934 y 803 del C.A., la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras y la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, respectivamente, prescriben por el transcurso de cinco años, los que en el caso comenzaron a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que hubiera cometido la infracción (art.935 del C.A.), que constituye el hecho gravado (804 del C.A.). Es decir que, la que, en el caso de autos ambas acciones aduaneras comenzaron a correr el 1º de enero de 2010.
Que teniendo en consideración la fecha de configuración del hecho gravado (18/09/2009), de acuerdo al art.804 inc.b) del C.A., el plazo de prescripción comenzó a correr el 1° de enero de 2010 y teniendo presente la fecha en que se dicta el auto de instrucción de sumario (31/10/2014), se concluye que no se constata en el caso la pretendida prescripción de la acción aduanera para perseguir a la importadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., por cuanto el dictado del auto que ordenó la apertura del sumario ha interrumpido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo establece el art.937, inc.a), C.A., sin exigirse la notificación del referido auto.
Tampoco se constata la prescripción de la acción del Fisco para percibir el cobro de los tributos aduaneros, por cuanto la apertura del sumario ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art.805, inc, a), del C.A.; cabe aclarar que dicha norma tampoco exige que el auto de apertura del sumario sea notificada a la parte.-
Que, por los motivos expuestos, corresponde desestimar los planteos de prescripción opuestos por la actora, con costas.-
IV. Que el artículo 1104 del Código Aduanero dispone que dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo.
Que por lo tanto, corresponde devolver las actuaciones a la DGA y disponer que la División Secretaría de Actuación n° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, subsanando las irregularidades incurridas, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el art. 1101 del CA.
Que en la forma en que se resuelve, no corresponde el tratamiento del resto de los planteos realizados.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 2864/2018 dirigida a la firma CRILEN S.A., con costas al fisco.-
2. Rechazar los planteos de prescripción opuesto por la actora, con costas.
3. Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1101 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.-
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Hacer lugar al planteo de nulidad incoado por la actora y, en consecuencia, declarar la nulidad de todo lo actuado en las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-3287-2014 con relación al D.I.T. 08001IT16001252C. Con costas a la DGA.-
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Suscriben la presente los Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal subrogante de la Vocalía de la 14 Nominación), Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria.-
Date: 2024.05.20 12:56:58 -03:00 Date: 2024.05.20 19:05:48 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.21 11:59:34 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.21 11:59:35 -03:00
Fin de la sentencia