Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-66146022-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del artículo 2° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 5646/2018, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 12210-2689-2013 en fecha 16 de agosto de 2018 y notificada a la recurrente en fecha 5 de junio de 2023.
2Costas a cargo del Fisco Nacional (DGA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-46088716-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 8 de Mayo de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “CRILEN SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, EX-2023-66146022- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que mediante se presenta la firma CRILEN S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 5646 de fecha 16/8/2018, notificada el día 5/6/2023, en el marco de la actuaciones SIGEA N° 12210- 2689-2013, en la cual se formula cargo en concepto de tributos por la suma de U$S 3.347,48.- con más la suma de $ 7.204,32.- correspondiente a percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero, todo ello en relación con la destinación de importación temporaria DIT Nº 07073IT14002927S. Plantea la nulidad de las actuaciones administrativas por violación de las normas del procedimiento infraccional, toda vez que fue dictada sin haberse corrido vista de la infracción imputada a la importadora, impidiendole ejercer su derecho de defensa en juicio, de raigambre constitucional, afectando el derecho al debido proceso, puesto que ni siquiera tuvo la posibilidad de oponer la defensa respecto de la presunto incumplimiento de la temporal, siendo que lo que constituye la causa de los tributos exigidos es la producción del hecho imponible, es decir la comprobación del incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria.
Afirma que el juez administrativo dicta la resolución definitiva, a través de la cual, ordena el archivo de la multa y exige el pago de la supuesta deuda tributaria 9 años, 8 meses y 11 días desde la comisión de la infracción y 4 años, 7 meses y 14 días más tarde desde la apertura de sumario, sin mediar más trámite, omitiendo notificar la corrida de vista de lo actuado en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero.
Asimismo, destaca expresamente la ausencia de motivación del acto administrativo en crisis. Opone la prescripción del Fisco para percibir tributos e imponer penal, atento que la aplicación literal del inciso a) del artículo 805 de la ley 22.415 se encuentra en contravención al principio de “plazo razonable”. Arguye la reexportación total de la mercadería objeto de autos. Impugna la liquidación efectuada por el servicio aduanero al tiempo de notificarse la resolución. Cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia revocando la resolución recurrida, con costas.
II. Que corrido el traslado de ley, la representación del Fisco contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Niega todos y cada uno de los hechos en los que la actora sustenta su libelo apelatorio, que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte, o que surjan de las constancias de las actuaciones administrativas. Describe los hechos del caso. Rechaza que en la litis haya operado la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, de conformidad con los lineamientos establecidos en la materia por el Código Aduanero. En cuanto a la cuestión de fondo, aclara que el archivo de las actuaciones de ninguna manera obsta a la formulación de cargo por tributos que la Aduana considerase que pudieren corresponder. Afirma, respecto al régimen especial de importación temporal, que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al mismo, recae sobre la importadora, quien debe demostrar fehacientemente y con la documentación aduanera pertinente, que ha cumplido total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado, lo que no hizo. Por lo demás, enfatiza que los tributos se deben por la producción del hecho imponible, y no por la comisión o no de una infracción, como erróneamente sostiene la firma recurrente. Cita jurisprudencia que respalda tu tesitura. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución objeto de apelación, con costas a la parte actora.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-2689-2013 se inician a fs. 1 con el Acta de Denuncia N° 302/13 de fecha 2/07/2013, en la que se deja constancia que la firma “CRILEN S.A.” se encontraría incursa en la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero, toda vez que no habría reexportado o importado a consumo la mercadería importada temporariamente, cuyo vencimiento habría operado el 5/12/2008. A fs. 3 se agrega el sobre contenedor de la DIT 07073IT14002926R, la cual contiene copia del OM 1993 SIM, factura comercial N° 3093027527 y la declaración jurada de la empresa informando los productos a exportar, los consumos del insumo y los CTC aplicables. A fs. 5 se encuentran la Nota 5591/09 (SE PTEZ). A fs. 6 obra informe aduanero. A fs. 7 se practica la liquidación tributaria que arroja un total de U$S. 8.395,39. A fs. 9 se remiten las actuaciones a la Sección Procedimientos Técnicos. A fs. 10 se remiten las actuaciones al Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, bajo la Nota 4232/13, siendo recibida el 30/12/13. Asimismo, en dicha oportunidad se le giran las actuaciones al Sumariante interviniente Dr. Juan C. Castro. A fs. 11 obra una nueva determinación de multa y tributos en pesos. A fs. 12 obra una nueva determinación de multa y tributos en dólares. A fs. 13, con fecha 30/12/2013, se dispone la apertura del sumario y la corrida de vista de los actuados, estableciendo que la multa mínima ascendía a $ 11.611,84 y los tributos adeudados ascendían a U$D 8.441,55. A fs. 14, con fecha 13/01/14, se efectúa la consulta sobre la garantía afectada a la destinación. A fs. 15 obra otra determinación de multa y tributos, estableciendo que la multa asciende a $ 11.548,79 y los tributos adeudados ascendían a U$D 3.347,48, en concepto de Derechos, IVA y Estadística, y $ 7.204,32, en concepto de Derechos, IVA y Estadística. A fs. 16 se deja constancia que la firma importadora no tiene antecedentes de sumarios archivados en el sistema SUMARCHI. A fs. 21/22, con fecha 16/08/2018, se dicta la Resolución (DE PRLA) N° 5646/18, a pelada en la especie. A fs. 27 fue notificada la firma importadora el 05/06/2023 mediante el SICNEA 23001NOTI119769H. A fs. 28 (7/6/2023) obra constancia de notificación a la compañía aseguradora interviniente.
IV. Que habiendose elevado los autos a la Sala “F”, los mismos se encuentran en condiciones de dictar sentencia.
V. Que se le imputa a la firma importadora la presunta comisión de la infracción al régimen de importación temporaria, tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, por no cumplir en tiempo y forma con la reexportación o, en su defecto, la importación a consumo de la mercadería amparada por la DIT 07073IT14002927S.
Que, bajo tales premisas, corresponde -en primer lugar- tratar la nulidad de la resolución apelada opuesta por la firma actora, con fundamento en que el servicio aduanero dispuso sin más el archivo del sumario y la intimó al pago de tributos, sin posibilidad alguna de defensa al respecto, al no haberle notificado la corrida la vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero, lo que vulnera la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso legal.
En tal sentido, cabe recordar que la referida norma dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
VI. Que de la plataforma fáctica de la litis se desprende que la Aduana omitió notificar la corrida vista de lo actuado, al presunto responsable de la infracción prima facie verificada y, concretamente, de las obligaciones tributarias emergentes de la destinación involucrada en la especie, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa, disponiendo el archivo del sumario en los términos de la Instrucción General 9/17 (DGA) y la formulación de cargo a la aquí recurrente y a la empresa garante, por los tributos adeudados por el presunto incumplimiento de la destinación de importación temporal Nro. 07073IT14002927S.
Por ende, cabe colegir que, en el caso, la Aduana se apartó del procedimiento reglado por el Código Aduanero para las infracciones, habida cuenta que, luego del dictado de la instrucción de sumario, ninguna intervención se le otorgó a la firma recurrente, siendo que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero. Es decir, no existió la oportunidad de acompañar o, en su defecto, solicitar el agregado de la documentación que pudiera acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria.
Por lo demás, tampoco debe perderse de vista que la apelante recién pudo tomar conocimiento fehaciente de la existencia del sumario en trato al notificarse del dictado de la resolución apelada en autos, recién con fecha 5/6/2023 (confr. fs. 27 act. adm.), donde se le reclama el pago de los tributos que corresponderían por el incumplimiento del DIT en cuestión.
VII. Que la existencia del procedimiento administrativo tiene por finalidad constituir el marco en el cual la recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia del reclamo tributario que pretende percibir la Administración y es en el marco del mismo, donde se debe garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado primordialmente en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Asimismo, es dable señalar que el procedimiento para las infracciones resulta ser la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la beneficiaria del régimen, por lo que no cabe duda que la omisión de notificar la corrida de vista de los presentes actuados, desnaturaliza el procedimiento bajo análisis y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada en autos.
En consecuencia, y toda vez que la omisión de notificar la corrida de vista a la empresa recurrente, le impidió ejercer debidamente su derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, causándole un perjuicio que no es susceptible de ser subsanado en esta instancia, vulnerándose así elementales principios de jerarquía constitucional, el derecho a ser oído y derecho al debido proceso, en cuanto se exige el pago de tributos por la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 de la ley 22.415 sin haberse verificado ni constatado la misma, cabe concluir en que no procede exigencia tributaria alguna en relación a MAGALCUER S.A. en las presentes actuaciones, en tanto la DGA no ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero, por lo que resulta ajustado a derecho declarar la nulidad del artículo 2° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 5646/18.
VIII. Que, sentado ello, corresponde entender en el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos. Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 16/08/2018 y notificada recién el 5 de junio de 2023, por lo que los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva en la presente causa encuentra adecuada respuesta en los fundamentos de los votos emitidos por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
En efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2009, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 5/12/2008), debiendo haber fenecido el 1/1/2014, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario en fecha 30 de diciembre de 2013 -fs. 13 act. adm.-, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
IX. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del Código Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Cabe destacar que, si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (30/12/2013) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 16 de agosto de 2018- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el día 5 de junio de 2023 (confr. fs. 27 act. adm.), es decir, casi cuatro años y diez meses después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
X. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
XI. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
XII. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide el agravio bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la DIT en trato ha vencido en fecha 5 de diciembre de 2008 y la resolución apelada ha sido notificada el 5 de junio de 2023, casi 4 (cuatro) años y 10 (diez) meses después, cuadra repetir, de haber sido dictada (16/08/2018). Por consiguiente, se concluye que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, incluso aun si se tuvieran en consideración las causales de suspensión establecidas en los artículos 17 de las leyes 26.840 (B.O. 3/6/2013) y 27.572 (B.O. 26/8/2020) en materia tributaria, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto consitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
XIII. Que, por último, corresponde puntualizar que en la especie el servicio aduanero ha procedido –cabe precisar que sólo en materia infraccional, pues también ha formulado un cargo aduanero a la empresa importadora y a la compañía aseguradora interviniente- , al “archivo”, sin más trámite, de las presentes actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 9/17 de la DGA (art. 1° Resol. -DE PRLA- n° 5646/2018). Por lo tanto, y en la medida en que el suscripto considera que dicha decisión aduanera se ha tornado definitiva e irrevocable, no corresponde pronunciarse sobre dicho extremo, al no existir en la litis un planteo concreto de la interesada en relación a ello, màxime cuando la jurisdicción de este Tribunal se encuentra en este supuesto limitada por los términos del escrito en recurso (confr. doctrina de Fallos: 296:291; 302:283; entre muchos otros). Asimismo, el archivo del presente Sumario en la faz infraccional implicó indudablemente una renuncia de la DGA a ejercer la potestad sancionatoria, por lo que ello impide ingresar en el examen de dicho agravio (confr. Sala I Contencioso Administrativo Federal in re “Denso Manufacturing Argentina S.A.”, del 11 de octubre de 2022).
XIV. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
XV. Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813. Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
XVI. Que, asimismo, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la nulidad del artículo 2° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 5646/2018, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 12210-2689-2013 en fecha 16 de agosto de 2018 y notificada a la recurrente en fecha 5 de junio de 2023.
2. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma CRILEN S.A. en las presentes actuaciones.
3. Costas a cargo del Fisco Nacional (DGA).
El Dr. González Palazzo dijo:
Que, en razón de los fundamentos desarrollados por el Sr. Vocal instructor para dar sustento a la nulidad que postula – y comparto –, entendiendo que la ponzoña esparcida desde la omisión en disponer de la corrida de vista abarca – claro está – la resolución que se recurre, entiendo que no corresponde adentrarse en la suerte de la acción del Fisco para percibir tributos en el sentido propuesto por el Dr. Garbarino, y por ello, sólo cabe como respuesta definitiva a la cuestión la declaración de nulidad del acto resolutivo por el que se excitó esta jurisdicción, con costas a la perdidosa.
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere al punto 1 del voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad del artículo 2° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 5646/2018, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 12210-2689-2013 en fecha 16 de agosto de 2018 y notificada a la recurrente en fecha 5 de junio de 2023.
2. Costas a cargo del Fisco Nacional (DGA).
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, archívese.
Date: 2026.05.06 18:09:30 ART Date: 2026.05.06 18:42:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.08 07:32:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.08 07:33:08 -03:00
Fin de la sentencia