Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 117799347-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida por el Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento del 31/07/2024 dictado por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto declaró la nulidad de la resolución DE PRLA n° 620/2018, correspondiendo el reenvío de estos actuados a la instancia anterior a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la recurrente, pendientes de tratamiento; y
2Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (arts. 68, primera parte y 279 C.P.C.C.N.).
Buenos Aires, 16 de abril de 2025.
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que a fin de clarificar la cuestión suscitada, cuadra referir que las actuaciones administrativas n° 12210-4953-2009, se iniciaron a raíz del acta denuncia 438/09, por medio de la cual personal de la Aduana de Ezeiza denunció a Crilen S.A. por presunta infracción al régimen de importación temporario al que se habría acogido la mercadería involucrada en el DIT “07073IT14002927S”, resultando ello pasible de configurar la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero (fs. 1).
En este contexto, por nota 9235/096 (SE PTEZ), la Sección Procedimientos Técnicos dispuso el giro de las actuaciones a la División Verificación al fin que indicara el valor en aduana de la mercadería involucrada, alícuotas que gravan la importación a consumo y si se trata de mercadería de importación prohibida; mandas que fueron materializadas a continuación (fs.5/7).
A continuación, obra la liquidación de la multa y los tributos (fs. 10/11).
Con fecha 13/12/2013, se dispuso la apertura de sumario contra Crilen S.A., por presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado la situación de la mercadería amparada por el DIT “07073IT14002927S”, cuyo vencimiento habría operado el 5/12/2008 (fs. 13).
Asimismo, en el mismo acto, se corrió vista de las actuaciones a la importadora y se citó a la firma Chubb Argentina de Seguros S.A., en su carácter de garante de la obligación tributaria, las que no fueron notificadas (fs. 13 y vta).
En este contexto, fue dictada la resolución DE PRLA 620/2018 (fs.16/17), por medio de la cual el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros:
-dispuso el archivo de la actuación sumarial, en los términos del punto D.4 de la instrucción general DGA 9/2017; y -formuló cargo contra Crilen S.A. por los tributos adeudados que ascendían a un total de U$$ 3.918 por derechos de importación, estadística e IVA y $ 7.575 en concepto de IVA adicional y percepciones a cuenta del Impuesto a las Ganancias, e intimó a su pago a la importadora y a su garante, Chubb Argentina de Seguros S.A. (conf. su artículo 2°).
Para así decidir, la autoridad aduanera, destacó que de la planilla determinativa glosada en autos surgía que podría corresponder una multa cuyo monto resultaría de $11.612, suma que se encontraba dentro de los estándares entre los que, conforme la instrucción general DGA 9/2017, se encontraba facultado el funcionario decisor a disponer el archivo de las actuaciones (hasta $30.000 en concepto de multa, con más el hecho que el presunto infractor no registrara antecedentes de casos archivados por el tipo infraccional que, en su conjunto, superaran el monto aludido).
-Dicha resolución fue notificada a la importadora y a la aseguradora el 18/10/2022, en los siguientes términos: “se le hace saber que, desde la notificación de la presente, cuenta con el término de 15 días a los fines de cancelar los cargos formulados por multa y/o tributos, o en su defecto para interponer en forma optativa y excluyente recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante juez competente (art 1132 y sig C.A.) …” (fs. 18/19).
II. Que disconforme con lo resuelto, Crilen S.A. solicitó su revisión por parte del Tribunal Fiscal de la Nación.
Al fin de invalidar lo actuado administrativamente, la importadora, en sustancial síntesis, planteó la nulidad de las actuaciones administrativas bajo la alegación de mediar una violación de las normas de procedimiento infraccionales. Entiende que el procedimiento adoleció de graves vicios que lo descalifican y afectan el derecho de defensa en juicio. Hace referencia a la ausencia del dictado de la corrida de vista, conforme lo dispone el art. 1101 del CA. Manifiesta que surge de la compulsa de las actuaciones la falta de motivación en el dictado del acto recurrido, en tanto el mismo no exhibe los fundamentos que conllevaron a la solución. Hace mención de que si bien la IG 9/17 dispone que los jueces administrativos previa evaluación de cada caso dispondrán el archivo de las actuaciones en las que tramite la aplicación de sanciones por infracciones aduaneras cuando el importe de la multa no alcance la suma de pesos treinta mil, en este caso en particular se dispone el archivo sin más trámite. Señala que esto último afecta el derecho al debido proceso. Argumenta que la obligación pretendida por la DGA se encuentra prescripta, conforme los arts. 803, 804 y 805 del CA, y cita jurisprudencia al respecto. Subsidiariamente, para el caso de considerarse subsanable los vicios argumentados, solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Que mediante el pronunciamiento de fecha 31/07/2024, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, declaró la nulidad del art. 2 de la resolución 620/18 (DE PRLA), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana. Para así decidir, la posición mayoritaria del organismo administrativo con facultades jurisdiccionales, sostuvo que correspondía resolver los planteos de nulidad y prescripción de la recurrente. En primer lugar, se refirió a los planteos referidos a la ineficacia del acto administrativo, a fin de constatar la validez de la actuación de la Aduana.
A tal fin, ponderó que, del examen de las actuaciones administrativas surgía que labrada el acta denuncia 438/2009 de fecha 10.09.09 (v. fs. 1 act. adm.), con fecha 13/12/13 se dispuso la instrucción de sumario y se ordenó correr vista a las partes (v. fs. 13 act. adm.). Sin embargo, no había constancias de que se haya notificado de ello, ni de ningún otro acto que se haya generado en los actuados, a la recurrente. Indicó que, tampoco obraban constancias de que se hayan efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la existencia de comisión de la infracción que prima facie habría sido verificada.
Alegó que, el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme el procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por cual cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (Conf. Arts. 1080 y 1081 del CA). Postuló que, el artículo 1101 del C.A. dispone que:
“Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
En tales condiciones, entendió que, surgía evidente de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero no solo omitió correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción prima facie verificada, sino que ni siquiera instruyó sumario, limitándose a dictar la resolución apelada, disponiendo el archivo de las actuaciones de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General (DGA) 9/17 y la formulación de cargo a la recurrente.
Expuso que, de lo relatado surgía manifiesto que la recurrente había sido privada de ejercer su derecho a un debido proceso adjetivo, corolario del derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución.
Añadió que, la recurrente recién tomó conocimiento del sumario en trato al notificarse de la resolución apelada, por la cual se generó un cargo.
Por lo expuesto, consideró que, el servicio aduanero se apartó del trámite reglado por el C.A. para los procedimientos infraccionales, situación que no podía ser subsanada ante esa instancia. Precisó que, le asistía razón al recurrente al sostener que la resolución administrativa vulneraba groseramente la garantía del derecho de defensa, como así también el principio de tutela judicial efectiva que amparaba al imputado, afectando sus derechos subjetivos e intereses legítimos al privarlo de una defensa oportuna.
Manifestó que, resultaba claro que no se dio intervención al presunto imputado y responsable del incumplimiento que se endilgaba, por el que se exigía además el pago de tributos. Tampoco fue dictada la resolución en los términos de lo establecido en el artículo 1112 del C.A. Ello era así, dado que el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, si hubiese seguido el procedimiento reglado en tiempo hábil, debería haber condenado o absuelto al imputado (conf. el inc. a) del art. 1112 del C.A.) y no ordenar el archivo, sin más trámite, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General N° 9/17 (DGA). Conforme lo expuesto, entendió que, correspondía declarar la nulidad del art. 2 de la resolución 620/18 (DE PRLA) apelada, haciendo lugar al planteo formulado por la firma CRILEN SA, con costas a la Aduana.
Finalmente, señaló que, por la forma en que se resolvía el planteo de nulidad devenía inoficioso expedirse acerca de la prescripción de las acciones de la Aduana para exigir tributos y respecto al allanamiento parcial de la presentación fiscal con relación a los conceptos de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias incluidos en la liquidación del cargo.
IV. Que disconforme con lo resuelto, la AFIP - DGA interpuso recurso de apelación 12/09/2024 y expresó agravios el 4/10/2024, los que fueron replicados por la contraria con fecha 22/10/2024.
En ajustada síntesis, la recurrente, sostiene que, en autos no se discute una infracción sino un cargo, y que el cargo tiene su génesis en la importación definitiva a consumo de la mercadería objeto del DIT, no en la infracción propiamente dicha (alega, al respecto, que no hay accesoriedad de ningún tipo).
Pondera que, de las constancias acompañadas surge que la Aduana “ordenó la corrida de la vista” pero “nunca notificó dicha corrida de vista para que el administrado pueda defenderse de la imputación (el reproche de naturaleza penal)”, circunstancia que habría motivado la nulidad resuelta. Razona y se interroga, en el sentido de que el a quo no repara en que si nada se imputa ¿qué corrida de vista podría corresponder? En el procedimiento aduanero (ver art. 1101 del CA), los cargos se notifican y se corre vista de lo actuado a los presuntos responsables (presuntos responsables de una infracción). En consecuencia, deduce que si no hay una imputación penal concreta (por infracción) va de suyo que no se corre vista, solamente se formula un cargo y contra el cargo el ordenamiento prevé dos alternativas: (1°) la impugnación del art. 1053 del C.A., o (2°) el pago extintivo de la obligación y, eventualmente, y de encuadrar en determinados supuestos puntuales, la posibilidad de repetir lo pagado en demasía, obviamente de conformidad al procedimiento del art. 1069 del C.A..
Destaca que, lo que es claro es que ninguna corrida de vista corresponde efectuar en el caso sub examine debido a que el acto administrativo debe tener siempre una finalidad (art. 7 inc. f) de la ley 19.549). Y si no hay pretensión punitiva, no tiene finalidad notificar una corrida de vista, toda vez que no hay nada de lo que deba defenderse (entonces no se le notifica el inicio de un procedimiento para las infracciones, sino su archivo y la formulación de un cargo por tributos). Destaca que, la administración al no notificar la corrida de vista y disponer el archivo más la formulación de un cargo, lo que hace es, voluntariamente, optar por quitarle eficacia al acto administrativo (de la apertura y corrida de vista) con el convencimiento (implícito) que solo una vez que se notifica al interesado el acto administrado adquiere eficacia (art. 11 de la ley 19.549). Así las cosas, interpreta que debe considerarse que el procedimiento para las infracciones es inexistente para el administrado, en la medida que la Administración nunca tuvo la voluntad de inmiscuirlo en él y ha resuelto, en lo que a él le atañe, únicamente respecto de un cargo (determinación por tributos por haberse considerado nacionalizada la mercadería únicamente).
Agrega que, siguiendo esa lógica, si el acto administrativo no puede reputarse existente hasta que sea firmado, tampoco podrá serlo, para el administrado, hasta que le sea notificado. Expone que, en efecto, el art. 1132 del C.A establece que contra las resoluciones definitivas del administrador dictadas en los procedimientos de repetición y para las infracciones se podrá interponer el recurso de apelación ante el Excmo. Tribunal Fiscal, pero dicho artículo debe leerse teniendo en cuenta las disposiciones procedimentales previas, verbigracia, el art. 1053 del C.A.
Es decir, explica que el recurso de impugnación va contra “los actos” (en sentido amplio) por los cuales “se liquidaren tributos aduaneros”, siempre que la respectiva liquidación no estuviere contenida en la resolución “condenatoria” recaída en el procedimiento para las infracciones (al respecto, hace notar que exige para excluirlos de este procedimiento de impugnación que la resolución sea condenatoria). O sea, razona que solo escapan de la impugnación (agotamiento de la vía administrativa previa necesario para que entienda el Tribunal Fiscal) los actos por los cuales se liquidaren tributos aduaneros dentro de una resolución aduanera que, además, debe ser “condenatoria” (debe condenarse por una infracción). Si la resolución “no es condenatoria”, deduce que antes de ir en los términos del art. 1132 del CA, debe necesariamente agotarse la vía administrativa (método interpretativo de lógica sistémica y de prelación en orden jurídico y de los hechos, ya que el procedimiento para las impugnaciones es previo al de apelación ante el Tribunal Fiscal).
Considera que, por lo tanto, al notificarle únicamente el cargo (determinación de tributos) y -no- la mentada corrida de vista por la infracción aduanera; técnicamente, no se está frente a la sustanciación del procedimiento para las infracciones, sino ante un acto administrativo determinativo de tributos (atacable por el procedimiento de impugnación). Y, según postula, ese cargo (que determina tributos solamente) puede revisarse exclusivamente mediante el procedimiento administrativo que la normativa prevé a dichos efectos (es decir, mediante el procedimiento de impugnación del art. 1053 del C.A. o, si paga, luego por el procedimiento previsto en el art. 1068 y ss. del C.A. y no otro).
Postula que, refuerza esa tesitura que el art. 1069 del C.A. también acoge a la tesis de que para eludir el procedimiento administrativo previo hace falta resolución condenatoria, en tanto expresamente excluye los pagos efectuados a requerimiento del servicio aduanero (como este cargo), siempre que la respectiva liquidación “1) no hubiere sido objeto de revisión en el procedimiento de impugnación; o 2) no estuviere contenida en la resolución condenatoria recaída en el procedimiento para las infracciones (…)”.
Manifiesta que, lo que dispone el art. 1132 del C.A.
debe interpretarse armónicamente con lo dispuesto en los arts. 1053 y ss., 1068 y ss. del C.A. y teniendo en cuenta que hace falta agotar la vía administrativa, tanto como que el Fisco puede revisar de forma “ex post” y luego de la actividad “interadministrativa” (puertas adentro) puede (e incluso debe) notificar los cargos que considere corresponder. Estos cargos no fueron formulados en el marco de un procedimiento para las infracciones, en el cual se desentrañó si se cometió (o no) una infracción. Esa actuación administrativa fue ineficaz para el administrado y por eso no se corrió vista… en cambio se "reencausó" lo que nació como un reproche de naturaleza penal (la infracción) que sobrevivió (subsistió) como un requerimiento de pago de una obligación no penal (determinación de tributos).
Añade que, en este punto, la parte actora no puede alegar desconocimiento del proceso aplicable (art. 8 del C.C. y C.), mucho menos si se tiene en cuenta que el art. 1034 del C.A. prevé que en todas las presentaciones en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (justamente, previendo que en el marco del procedimiento administrativo aduanero hace falta la asistencia del letrado, se prevé la intervención de un profesional que entenderá no solo sobre el fondo sino también sobre las formas del debate). Puesto de otra forma, ante la notificación del cargo (acto determinativo de tributos que no requiere solemnidades), el administrado tiene patrocinio letrado (ya en sede administrativa aduanera o ante la aduana) y podrá alzarse contra el acto administrativo siempre con el asesoramiento del profesional del derecho (nótese que para ir al TFN y a la justicia también requiere asistencia letrada) utilizando la vía recursiva legalmente estipulada a dichos efectos.
Por este fundamento, el fallo debió declarar la incompetencia del TFN para adentrarse a entender en el proceso. En subsidio, solicita que se impongan las costas “por su orden”, puesto que, la Representación Fiscal tenía motivos válidos para litigar.
VI. Que evaluado lo actuado administrativamente, oportunamente reseñado en el Considerando I de la presente, a entender del Tribunal, conforme lo que a continuación se explicará, no se advierte irregularidad de tenor suficiente que justifique una decisión como la adoptada por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación.
Es que, tal como destacara el Fisco Nacional en su apelación, si bien la actuación administrativa AFIP “12210-4953-2009”, fue iniciada a efectos de investigar la posible comisión de la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero por parte de Crilen S.A., por resolución DE PRLA 620/2018, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros decidió limitar la pretensión fiscal en lo que respecta al DIT “07073IT14002729S” al reclamo tributario, disponiendo el archivo de la faceta infraccional.
Estas circunstancias explican la razón por la cual no habría sido corrida la vista pertinente, según lo dispuesto en el artículo 1101 del Código Aduanero, a los fines que la importadora y la aseguradora ejercieran su derecho de defensa.
Es decir, por aplicación de la instrucción general DGA 9/2017, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dispuso el archivo de la investigación de la conducta infraccional y, con asiento en el control de oficio llevado a cabo por el servicio aduanero la documentación colectada hasta ese entonces, los informes de la Sección Liquidaciones respecto del valor en aduana de la mercadería involucrada, su tributación al tiempo de los hechos investigados y la posibilidad de resultar de importación prohibida, sumado a la liquidación tributaria del caso; entre otros documentos), consideró incumplido el régimen de excepción, teniendo a los bienes como importados para consumo, e intimó al pago de los tributos adeudados.
Así las cosas, habiendo la importadora presentado su apelación por ante el Tribunal Fiscal de Nación, no se advierte irregularidad alguna en lo actuado que justifique la declaración de nulidad del art. 2° de la resolución aduanera DE PRLA n° 620/2018, en cuanto intima el pago de tributos.
En este entendimiento, cuadra hacer hincapié en el inapropiado enfoque con el cual fue examinado lo actuado. En la especie, según se explicara anteriormente, el Fisco Nacional, por aplicación de la instrucción general DGA 9/2017, dejó de lado el ejercicio de la potestad punitiva, limitando su pretensión al reclamo de tributos.
Este suceso, quita entidad al razonamiento expuesto en el pronunciamiento recurrido en orden al apartamiento de lo normado en el título II, capítulo III, del Código Aduanero, que regula el procedimiento para infracciones, mas no lo relativo al reclamo tributario, como el seguido por la resolución aduanera impugnada.
En definitiva, producto del archivo de la actuación a los fines de ejercer la potestad sancionatoria, la resolución aduanera impugnada, por la que se tuvo por incumplido el régimen de importación temporaria al que fuera acogida la mercadería en trato y se reclamó el pago de los tributos debidos por su importación para consumo, no luce nula en los términos planteados por la importadora y admitidos por el Tribunal Fiscal de la Nación; debiendo entenderse a lo actuado como la puesta en práctica de las potestades de la AFIP - DGA a los fines de perseguir el cobro de los impuestos debidos por la nacionalización de los bienes ingresados al territorio aduanero bajo un régimen de excepción cuya condición, a los fines de evitar su pago (su reexportación antes del vencimiento del término acordado al efecto) no se encontraría acreditada en la base de datos de la autoridad aduanera, determinando ello la intimación para regularizar la situación, bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal (conf. artículo 1122 del Código Aduanero).
VII. Que en igual sentido se ha pronunciado esta Sala, en autos 8079/2024 “Aseguradora de Caución SA Cía de Seguros - TF 120201516-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, de fecha 27/8/2024; en autos 5146/2023 “Aseguradora de Caución SA Cía de Seguros - TF 40.113-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 9/6/2023 y expte. n° 41933/23 “Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA (TF 93012288-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 8/11/2024, entre otros).
VIII. Que lo expuesto basta para concluir que el procedimiento seguido por ante el servicio aduanero no resultaría nulo en los términos resultantes del pronunciamiento apelado; debiendo -por tanto- revocarse la decisión recurrida en este sentido, y ordenar el reenvío del expediente al Tribunal Fiscal de la Nación a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la aseguradora, pendientes de tratamiento.
IX. Que de conformidad con lo decidido, corresponde imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (conf. artículos 68, primera parte y 279 del C.P.C.C.N.).
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 1°) admitir la apelación deducida por el Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento del 31/07/2024 dictado por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto declaró la nulidad de la resolución DE PRLA n° 620/2018, correspondiendo el reenvío de estos actuados a la instancia anterior a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la recurrente, pendientes de tratamiento; y 2°) imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (arts. 68, primera parte y 279 C.P.C.C.N.). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia