Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 56724282-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada; con costas.
2Elevar la regulación de honorarios practicada en la causa y fijar los correspondientes a la actuación ante la Cámara del modo dispuesto en el considerando 5°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
44352/2025 “CRILEN SA (TF 56724282-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2025.
VISTA: La elevación del expediente TF 56724282-A (v. DEOX del 26/11/25) “a fin de considerar el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 10/06/2025 (v. IF-2025-62642546-APN-DTD#JGM), concedido el 24/06/2025 (v. PV-2025-67890645- APN-VOCXIX#TFN) contra la sentencia dictada el 24/04/2025, en cuanto declara la nulidad de la Resolución Nº 9689/2018, con costas al fisco nacional (v. INLEG-2025-42875760-APN-VOCXIX#TFN). La actora contestó agravios el 07/07/2025 (v. IF-2025-73178886-APN-DTD#JGM)”. Como así también, para tratar “los recursos de apelación interpuestos por las letradas de la actora y el fisco nacional el 19/06/2025 y 23/06/2025 (v. IF-2025-66286570-APN-DTD#JGM e IF-2025-67411209-APNDTD#JGM), concedidos el 24/06/2025 (v. PV-2025-
67890645-APN-VOCXIX#TFN) contra la sentencia de regulación de honorarios dictada el 10/06/2025 (v. INLEG-2025-62781282-APN-VOCXIX#TFN)” (v. nota en la pág. 348 del expte. citado); y
1. Que, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) declaró la nulidad de la resolución 9689/18, dictada el 26/11/18 en la actuación SIGEA 12210-2694-2013, en cuanto había intimado a la actora al pago de tributos con relación a la destinación de importación temporaria 07 073 IT14 002915 P; (ii) impuso las costas a la DGA. Para resolver como lo hizo, recordó que la causa se había iniciado por la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la aludida operación.
Mencionó que la resolución 9689/18 había aplicado la instrucción general DGA 9/17 y archivado la denuncia infraccional debido a la escasa significación de la sanción determinada, sin perjuicio de lo cual formuló cargo por los tributos adeudados a la importadora.
Sostuvo, con remisión a precedentes, que tal proceder había afectado insanablemente la garantía constitucional y convencional del debido proceso y el ejercicio efectivo del derecho de defensa de la parte actora, puesto que nunca se dictó el acto de corrida de vista del sumario, tal como lo exigía el artículo 1101 del Código Aduanero, sino que directamente le fue comunicada una decisión definitiva que causaba estado.
Por consiguiente, admitió el planteo de nulidad por vicios esenciales en el procedimiento que ésta había efectuado en los términos de los artículos 7°, inciso d, y 14, inciso b, de la ley 19.549, y dejó sin efecto la exigencia tributaria. 1 2º) Que, en sus agravios, el Fisco Nacional sostuvo que la resolución 9689/18 no fue condenatoria sino que dispuso el archivo del sumario, es decir, la clausura de la investigación. Señaló que la existencia previa de una infracción aduanera no era un requisito indispensable para el nacimiento de la obligación tributaria y que, en el caso, correspondía distinguir la responsabilidad infraccional —referida a la eventual aplicación de sanciones— de la responsabilidad tributaria, que daba origen a la formulación del cargo. Precisó que el cargo apelado consistía en una liquidación de tributos basada en la configuración del hecho imponible previsto legalmente (la importación para consumo) y que, en ese contexto, la corrida de vista del sumario no hubiese cumplido ninguna finalidad. Señaló que, para acreditar la improcedencia del cargo, la contraparte debió haber promovido un procedimiento de impugnación. Por último, advirtió que se omitió considerar el principio que impide declarar la nulidad del procedimiento por la nulidad misma, toda vez que la actora pudo acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo al apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Citó jurisprudencia para robustecer su posición.
3. Que el cargo contenido en el artículo 3° de la resolución 9689/18 debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones que culminó con una resolución condenatoria al pago de tributos, aunque absolutoria en el aspecto infraccional (arg. art. 1112, incs. a y b, CA). Tal lo que se desprende del auto de apertura del sumario y de los considerandos de la resolución que le puso fin, y aquí se cuestiona (v. pp. 143 y 151/152, expte. cit.).
De manera que la liquidación de tributos allí contenida, en tanto recaída en un procedimiento para las infracciones, no era impugnable en sede aduanera y por el procedimiento reglado del artículo 1053, inciso a, del código, como sugiere el recurrente. Refuerza dicha conclusión el hecho de que en el artículo 2° de la resolución se haya ordenado ingresar el antecedente al Registro de Causas Archivadas; como así también, la circunstancia de que el propio servicio aduanero hiciese saber a la actora, al notificar la resolución en trato (en abril de 2023), que podría interponer contra aquélla, en forma optativa y excluyente, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación o demanda contenciosa, con referencia al artículo 1132, apartado 1°, del Código Aduanero (v. p. 155, expte. cit.). Por otro lado, no se discute que se arribó a esa solución porque el importe de la multa no alcanzaba el mínimo previsto por la instrucción general DGA 9/17, pero sin dar previa intervención al incriminado para que acreditase los hechos que servían de base a la imputación y que, asimismo, condicionaban el reclamo de los tributos.
En esas condiciones, deviene aplicable el criterio adoptado por esta Sala en las causas 29997/11 “Cosena Seguros SA (TF 24583-A) c/ DGA”, resol. del 9/2/12 y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 44352/2025 “CRILEN SA (TF 56724282-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
56691/15 “Ramírez, Horacio Omar c/ DGA”, resol. del 5/4/16, en las que resolvió que la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto definitivo fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes.
4. Que, a mayor abundamiento, si se siguiese la línea argumental que propone el Fisco —en cuanto a que se trataría de una resolución que tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros—, se arribaría también a la conclusión de que el acto resulta insalvablemente nulo; en tal caso, por falta de causa, toda vez que no se encuentran fehacientemente acreditadas las circunstancias que darían sustento al reclamo de los gravámenes (arg. arts. 7, inc. b, y 14, inc. b, ley 19.549, según la redacción vigente al momento de dictado del acto; y doctr. esta Sala, causas 46832/22 “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA”, sent. del 20/9/22, y 46837/22 “Gax SA (TF 77575105-A) c/ DGA”, sent. del 13/9/22, y sus citas).
Por todo lo expuesto corresponde rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada, con costas (art. 68, primer párr., del CPCCN).
5. Que resta tratar las apelaciones interpuestas contra la regulación de honorarios del 10/6/25.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por Virginia Soledad Vázquez Fourcade en carácter de patrocinante en la defensa de la parte actora, durante la única etapa que tuvo el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde ELEVAR sus honorarios a la suma de $1.384.896,9 ⸻equivalentes a la cantidad de 16,3 UMA ⸻ (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y res. CSJN SGA 3160/25).
Siguiendo idénticas pautas, corresponde ELEVAR los honorarios de Estela Beatriz Heit, por su actuación en carácter de apoderada de la actora, a la suma de $552.259,5 ⸻equivalentes a la cantidad de 6.5 UMA⸻ (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y res. CSJN SGA 3160/25). A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios de las citadas por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios) en las sumas de $416.318,7 y 3 $161.429,7 ⸻equivalentes a la cantidad de 4,9 UMA y 1,9 UMA, respectivamente ⸻.
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que, en su caso, deberá ser adicionado conforme a la situación de las profesionales intervinientes frente al citado tributo. Además, deberá cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada; con costas.
2. Elevar la regulación de honorarios practicada en la causa y fijar los correspondientes a la actuación ante la Cámara del modo dispuesto en el considerando 5°. Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 11/12/25.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia