Abriendo la norma
Juzgado Correccional N.º 2 de Zárate – Campana · Causa 4271
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la nulidad de los alegatos del Sr. Agente Fiscal y Particular Damnificado vertidos en el marco del debate oral y público y, como consecuencia, DICTAR VEREDICTO ABSOLUTORIO respecto de ROBERTO CRISTIANI, cuyos datos personales constan en la causa, por el hecho calificado como amenazas simples, presuntamente acaecido el 12 de marzo de 2014 en la localidad y partido de Escobar (C.P.P., arts. 201, 203, 205 inc. 3 y 368 in fine).
II. SIN COSTAS (art. 530 del C.P.P.).
III. Regular los HONORARIOS PROFESIONALES de los Dres. Mariano Marcovecchio y Miguel Repetto, por su actuaciones durante la Instrucción Penal Preparatoria y en el marco del juicio oral, en la suma de SETENTA (70) y CINCUENTA (50) JUS respectivamente (art. 9 apartado I inc. 3 de la ley 14.967).
Sentencia N°: ...
Folio :........
Campana, 17 de agosto de 2018.-
Para dictar sentencia, en la presente causa Nº 4271 (I.P.P. 18-01-2121-14) caratulada "Cristiani, Roberto s/Amenazas", que tramita ante este Juzgado en lo Correccional Nro. 2 del Departamento Judicial Zárate - Campana a mi cargo, Secretaría a cargo de los Dres. Gimena Demarco y Adolfo Ricardo Bengochea, respecto de Roberto Cristiani, titular del D.N.I. Nº 14.223.096, argentino, nacido el 10 de marzo de 1960 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hijo de Delia Oradini y de Ardito Cristiani, domiciliado en una vivienda ubicada dentro del predio del Club de Tenis "Tenis Ranch", sito en calle Elías Regules y Rembran, Rincón del Indio, Partido de Maldonado, República Oriental del Uruguay, con prontuario N° 1.435.752 de la Sección A.P. del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en la que intervinieron en el proceso como Fiscal de Juicio el Dr. Pablo Alberto Bueri, ejerciendo la Defensa de Cristiani el Dr. Mariano Jorge Marcovecchio, y el Dr. Miguel Repetto, en su carácter de letrado patrocinante de la particular damnificada, María Camila Repetto de la que,
Que la Investigación Penal Preparatoria culmina con la requisitoria de elevación a juicio, en la que la responsable del Ministerio Público Fiscal, atribuye a Roberto Cristiani la comisión del delito de amenazas simples (art. 149 bis del Código Penal).
Luego a fs. 108/112vta. se resolvió acerca de la prueba ofrecida por las partes para utilizar en el debate (C.P.P., arts. 338 y 366).
Y
Celebrada la audiencia de debate oral y pública, las actuaciones se encuentran en estado de dictar veredicto.
Previo a dar tratamiento a las cuestiones contempladas en el art. 371 del rito, corresponde que me expida sobre la nulidad del alegato fiscal y del particular damnificado articulado por el Sr. Defensor Particular Dr. Marcovecchio, toda vez que de receptarse favorablemente dicha inquietud, torna inoficioso el abordaje de los restantes puntos de la norma procesal citada.
El Dr. Marcovecchio en su exposición, adujo que se ha visto impedido de ejercer correctamente la defensa del imputado Cristiani, ya que no logró saber cuál fue puntualmente el hecho que se le endilga a Cristiani, si habría acaecido a la mañana, o bien al mediodía. Refirió que dicha circunstancia es importante ya que Cristiani viajó a la República de Uruguay después del mediodía, y que si hubiese sabido que se le imputaba un suceso ocurrido en ese momento del día, habría requerido pruebas para acreditar tal extremo, como ser llamadas entrantes y salientes, informes de Migraciones.
Puntualizó que no requiere la nulidad por la nulidad misma, ya que la inobservancia de las partes que conforman el acuse ha vulnerado su derecho de defensa en juicio. Mencionó también que la inexactitud del tiempo en que se basa la conducta reprochada a su pupilo no es un dato menor ya que hace a la plataforma fáctica, y que según consta en la requisitoria de elevación a juicio él vino preparado para defenderse de un hecho presuntamente cometido a las 7:45 hs., es decir, en horario matutino. Que tal imprecisión entonces conlleva la nulidad de la acusación tanto del Fiscal como del Particular Damnificado.
Al correrle vista a la Fiscalía, el Dr. Pablo Bueri respondió que no compartía los argumentos defensistas, propiciando se rechace la nulidad incoada. Sostuvo que el hecho es conocido por todos, que no se leyó por celeridad procesal, y que la pretensión de la contraparte configura lo que se conoce como "una declaración de nulidad por la nulidad misma", ya que en ningún momento existió una modificación de la base fáctica. A tal fundamento adhirió el Dr. Repetto al concedérsele la palabra.
En primer lugar, es menester recordar lo que de antaño viene subrayando la Corte Suprema de Justicia respecto de que "(...) en materia criminal la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (Fallos: 125:10; 127:36; 189:34, entre muchos otros).
Véase que en ese derrotero, para llegar a la decisión jurisdiccional que ponga fin al proceso (sentencia), el paso que le sigue necesariamente a la acusación está representado por la defensa, garantía de raigambre constitucional (C.N., art. 18).
Ahora bien, para que esa defensa pueda ser ejercida correctamente y no afecte la garantía constitucional que detenta el imputado, sabiamente el legislador ha contemplado en diversas normas procedimentales la necesidad ineludible de que la materialidad infraccionaria, que a fin de cuentas conforma el objeto procesal, sea claramente descripta.
Así, y a modo ilustrativo, el art. 312 del rito establece que, al momento de prestar declaración el justiciable en los términos del art. 308 del C.P.P. (vg., primer acto de defensa), se le debe informar detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye, ello bajo sanción de nulidad.
Ya en la etapa procesal intermedia o crítica, conocida como "Control de la Imputación", el art. 335 del Digesto Adjetivo prescribe que el requerimiento fiscal deberá contener, bajo sanción de nulidad, una "(...) relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho; los fundamentos de la acusación; y la calificación legal".
Y esas exigencias que el legislador le ha impuesto al acuse para llenar de contenido la garantía de defensa en juicio y debido proceso, y ha diseminado a lo largo de las distintas etapas del proceso penal, también alcanzan necesariamente al alegato final, que justamente cierra el acto complejo de acusación, integrado con los diversos pasos procesales que llevaron a ese momento cúlmine (Tribunal de Casación Provincial, Sala II, c. nro. 35.230 del 23/6/2009).
De ello se colige que el alegato fiscal del juicio oral y público, debe contemplar una línea de congruencia con el hecho descripto al imputado en los estadíos anteriores, e incluso con el descripto en los lineamientos de apertura del debate, salvo que haya mediado una ampliación de la acusación en los términos del art. 359 del C.P.P., extremo que no ha acaecido en el caso que nos ocupa.
Luego de esta introducción, corresponde poner el foco entonces en el hecho descripto por la Fiscalía en su alegato.
Al serle concedida la palabra en tal sentido por este magistrado, el representante de la Vindicta Pública expresó que el hecho imputado ya ha sido descripto, "se conoce", y ha quedado grabado en los audios, entendiendo que la materialidad ilícita de los hechos y la autoría penalmente responsable que de los mismos le cabe a Cristiani se encuentra acreditada con la prueba producida en la audiencia de debate y con la incorporada por lectura y exhibición.
Por su lado, el Dr. Repetto refirió que se iba a limitar a determinados aspectos, porque ya había desarrollado detalladamente la Fiscalía la prueba vertida en autos.
Como es dable apreciar, ni la Fiscalía ni el Particular Damnificado han mencionado el hecho infraccionario. La justificación de que el mismo "se conoce" para no describirlo, no puede ser receptada favorablemente en este caso particular, donde se le ha impedido a la contraparte el efectivo ejercicio de su ministerio de defensa.
Ante la imprecisión aludida, la defensa ha referido que desconocía en definitiva si la presunta amenaza que se le endilga a Cristiani habría sucedido a la mañana o a la tarde. Y éste no es un dato menor, ya que mientras que la requisitoria fiscal de elevación a juicio documentó que el hecho habría sucedido a las 7:45 hs., prueba testimonial producida en el debate y valorada por la Fiscalía para acreditar la materialidad ilícita y la autoría penalmente responsable de Cristiani, como ser los dichos juramentados del ciudadano Rodrigo Mateo, ilustraba que la discusión en el marco de la cual habría el imputado proferido dichos intimidantes habría tenido lugar en horas del mediodía.
Con esto no quiero decir -que no se malinterprete- que toda descripción fáctica deba precisar exactamente el día y horario en que se habría desplegado el accionar típico del sujeto activo. Sabemos que muchas veces ello no es factible, como en los casos de abuso sexual intrafamiliar con víctimas menores, y dicha situación no conlleva perjuicio alguno mientras esté así detallada en la descripción del hecho (me refiero a la indeterminación de la circunstancia temporal).
Pero la situación aquí planteada es muy distinta. En sus alegatos, ni Fiscal ni Particular Damnificado han mencionado hecho alguno. El Máximo Tribunal de Justicia de la República, en el fallo "Mostaccio" del año 2004 (sentencia que destila no sólo doctrina sino pedagogía en sus considerandos), ha recalcado que "(...) la acusación como resguardo del debido proceso constituye el objeto del juicio alrededor de la cual se instala el debate oral y público, siendo misión del Tribunal de Juicio valorarla para absolver o condenar. Consiste en la imputación formal a una persona determinada de un hecho delictivo y singular como presupuesto ineludible de la inviolabilidad de la defensa en juicio, en cuanto permitirá al individuo conocer la imputación que se le atribuye, sin la que no podría defenderse adecuadamente".
Con ese norte, la pena estatal requerida por quien ejerce la titularidad de la acción penal pública en el marco del juicio, debe ser la consecuencia lógica de una valoración de la prueba, y ésta reposar sobre un hecho. El silencio por parte de la Fiscalía y Particular Damnificado en este aspecto al desplegar sus alegatos, cuando, repito, han valorado prueba testimonial que modifica circunstancias fácticas que hacen a la imputación exteriorizada tanto en la requisitoria de elevación a juicio como en los lineamientos introductorios (como el aspecto temporal aludido), genera un cuadro de indefensión hacia quien tiene que rebatir en el contradictorio los argumentos de la acusación. Antes de establecerse un juicio de congruencia entre la acusación y el veredicto del juez, debe existir una congruencia entre los lineamientos de apertura y el alegato final. Si en este último acto se omite describir el hecho sobre la base del "conocimiento por todos" (lo que interpreto como una remisión al suceso evocado en los lineamientos iniciales) y luego se valora prueba para apuntalar la autoría del imputado que discrepa con circunstancias temporales que hacen a la plataforma fáctica, se forja un estado de confusión que impide a la defensa comprender claramente cuándo habría ocurrido el hecho endilgado.
Uno de los derechos fundamentales de los individuos en lo que hace al ordenamiento jurídico en general y al proceso penal en particular, es la defensa de la persona sometida a proceso. El imputado ocupa una posición central en el juicio y no puede quedar desprotegido frente a los órganos estatales; pero además del rol mencionado, este derecho proviene del reconocimiento a la dignidad intrínseca del ser humano. No estamos ante la adjudicación de una garantía sino ante el reconocimiento de una preexistente, ante derechos humanos inalienables precedentes a cualquier regulación, y allí radica el valor que le otorgó la Constitución nacional al establecer en su art. 18 “es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”, como así también su expresa consagración en las normas internacionales.
Garantizar la defensa implica que el acusado tenga todas las oportunidades y herramientas para hacer valer su postura frente a la acusación que se le formula; es ponerlo en igualdad de condiciones con el titular de la vindicta pública y, de ese modo, asegurar un proceso alineado con un verdadero Estado de derecho.
Ante una violación de la ley penal, el Estado encarna la doble función de impulsar la acción mediante la acusación y, por otra parte, juzgar esa pretensión: el Ministerio Público Fiscal buscará la sanción del infractor y un juez natural e imparcial deberá comprobar el hecho delictivo, atribuir su autoría y aplicar una sanción; pero este ejercicio será el resultado del juego armónico y equivalente de la acusación y la defensa. La formalización de esta garantía se observa en los derechos del imputado a lo largo del proceso, partiendo de los esenciales, como contar con un debido proceso y una defensa técnica efectiva. Más precisamente en la etapa del debate —centro vertebral del proceso penal— las partes personifican el contradictorio al exponer sus razonamientos y los elementos probatorios reunidos en los que ese razonamiento descansa.
El reproche que nace con la imputación de un delito, debe ser mantenido por el Acusador a lo largo de todo el proceso y, con mayor importancia, en el debate. Sostiene Binder que “la lucha por el derecho se debe desarrollar en la sala de audiencia”, a la que califica de “pequeño espacio de civilidad” sin cuyo “respeto y custodia” nada tiene sentido como avance de nuestra cultura jurídica (Binder, presentación de BAYTELMAN-DUCE, Litigación Penal, juicio oral y prueba; en Chiara Díaz, C.A. [Dir.] Derecho procesal penal [2013], pág. 574, Editorial Astrea).
En esta inteligencia, el principio acusatorio debe satisfacerse durante la totalidad del proceso, permitiendo al acusado el control de la prueba que hace a su imputación, y al acabado ejercicio de su defensa, con la posibilidad real y efectiva de argumentar, presentando y produciendo pruebas en su favor.
Aquí se presenta una conexión directa con el principio de congruencia, el que impone que el reproche final aparezca como consecuencia lógica de los hechos imputados en el origen de la acusación y a lo largo de la misma: debe existir un correlato racional y preciso entre la conducta recriminada, el detalle de los hechos y los elementos que lo prueben.
Esta conexión asegura que la defensa se desarrolle en toda su plenitud al otorgarle al acusado la real posibilidad de contradecir y argumentar sobre cada punto específico que hace a la acusación en su contra; equilibrando así el interés por la justicia y la protección de los derechos naturales de todo individuo. Nótese que el Sr. Agente Fiscal en su alegato final, al hacer referencia a los elementos probatorios, valoró los dichos de la denunciante Camila Repetto, diciendo: "que el 12 de marzo de 2014 Cristiani comenzó a amenazarla, quiso agarrala del cuello, en horas tempranas, luego sintió un golpe en la ventana y había entrado Sergio Rodriguez, alías "Tuti", el jardinero, una persona que se ocupaba del jardín y otras cosas.
La señora quiere salir, Cristiani le cierra el portón a Repetto y posteriormente se lo lleva a Sixto, su hijo, al colegio. La señora va a radicar una denuncia y es seguida por el Sr. Cristiani, la señora se mete rápido en la comisaría donde formula la denuncia, atento el temor que le causaba la cercanía del Sr. Cristiani. Posteriormente retorna a su casa, al rato llega Roberto Cristiani quien le manifiesta que si no le sacaba la denuncia la iba a matar.... Al momento de la amenaza también estaba presente Rodrigo Mateo, el acompañante terapéutico de Mariano, hijo de Camila Repetto....". Luego, al hacer referencia a la declaración testimonial de Rodrigo Álvaro Mateo, dijo que "...él dice por la mañana llegó a la quinta La Tomasa a buscar a Nito, saludó al jardinero al que dicen "Tuti"...escuchó discutir a la Sra.
Repetto y al Sr. Cristiani, fue al gimnasio con Nito, volvió cerca del mediodía, Nito le dijo que no se sentía bien, por lo cual el declarante lo acuesta, llama a Camila que llega al rato, mira a Nito y luego Camila se va a otra parte de la casa, allí escucha la discusión entre Camila y Bobi, obviamente el Sr. Roberto Cristiani, Bobi le dice que le saque la denuncia o la iba a matar ...". Finalizó el Sr. Fiscal su exposición manifestando que: "ha quedado en claro que existe una situación claramente amenazante del Sr. Cristiani a la Sra. Repetto que comenzó en horas tempranas de la mañana se fue desarrollando o continuó a lo largo de los momentos que vivieron los testigos que finalmente culminó más cerca ya del mediodía con una coerción "si no me sacás la denuncia te voy a matar".
Como se aprecia, prueba producida en el debate y ponderada por la Fiscalía en su alegato final, introduce cambios sustanciales en la plataforma fáctica, como lo es el marco temporal en que se habría desarrollado la presunta conducta típica. El Dr. Marcovecchio alegó que vino al juicio a defenderse de un presunto hecho cometido a las 7:45 hs., y no uno acaecido al mediodía, ya que su asistido -según sus dichos- no habría estado en el lugar por un viaje a Uruguay, diciendo que podría haber aportado prueba sobre tal extremo.
Por eso señalo que en este caso particular, al no haberse descripto el hecho objeto del proceso en el alegato final, ni ampliado el requerimiento fiscal en los términos del art. 359 del C.P.P., se ha dejado en estado de indefensión a la contraparte.
No estoy diciendo con esto -y que quede claroque no pueda la Fiscalía remitirse al suceso relatado en los lineamientos de apertura al momento del alegato final. Pero para ello debe mediar, como lo vengo remarcando, una congruencia entre ambos, principio esencial que no se ha cumplido en el caso que nos ocupa. Siendo el alegato fiscal de la audiencia de debate el que reviste la calidad de acusación que requiere todo proceso justo, el mismo debe necesariamente contener una descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho ilícito. Si no se describe el hecho, y media por parte del Fiscal una "remisión" al suceso narrado en los lineamientos de apertura, pero de las pruebas enumeradas y valoradas en la acusación final surgen aristas que dan cuenta de un hecho distinto o circunstancias diferentes a las que ilustran la materialidad de la requisitoria de elevación a juicio o alegato de apertura, y no recurre la Fiscalía al instrumento legal que el legislador le ha otorgado en el art. 359 y 374 pár. 3ro. del Código Procesal Penal -vale subrayar que tras el alegato de la Defensa se corrió vista de la nulidad articulada al Sr. Agente Fiscal y Particular Damnificado-, entonces estamos frente a un quiebre del principio de congruencia y una afectación a la defensa en juicio y debido proceso. De cuanto vengo diciendo se deriva que, la transgresión referenciada afecta necesariamente la validez formal de ambos alegatos, vulnerándose -como ya mencionara- la garantía de defensa en juicio y debido proceso, de raigambre constitucional (C.N., art. 18), y la consecuencia inexorable de dicha inobservancia es la declaración de nulidad de ambos actos (arts. 201, 203 y 205 inc. 3 del C.P.P.), y la absolución del imputado, al no mediar acusación válida, por conducto de lo reglado en el art. 368 in fine del Código Procesal Penal. La decisión adoptada torna inoficioso el tratamiento de las cuestiones establecidas en el art. 371 del ritual.
En relación a la solicitud del Dr. Marcovecchio encaminada a que se le impongan las costas a la particular damnificada y, en tanto la querella ha tenido razón plausible para litigar, dicha pretensión no habrá de prosperar (C.P.P., art. 530).
Por último, y en lo que atañe a la petición Fiscal de que se investiguen delitos de acción pública a la luz de las imputaciones vertidas en el juicio por la Sra. Repetto contra el Sr. Cristiani por presuntos delitos cometidos por éste en extraña jurisdicción; póngase la causa y las grabaciones del debate a disposición del Representante de la Vindicta Pública para que extraiga las piezas que considere pertinentes a tal efecto.
Por lo expuesto,
I. DECLARAR LA NULIDAD de los alegatos del Sr. Agente Fiscal y Particular Damnificado vertidos en el marco del debate oral y público y, como consecuencia, DICTAR VEREDICTO ABSOLUTORIO respecto de ROBERTO CRISTIANI, cuyos datos personales constan en la causa, por el hecho calificado como amenazas simples, presuntamente acaecido el 12 de marzo de 2014 en la localidad y partido de Escobar (C.P.P., arts. 201, 203, 205 inc. 3 y 368 in fine).
II. SIN COSTAS (art. 530 del C.P.P.).
III. REGULAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES de los Dres. Mariano Marcovecchio y Miguel Repetto, por su actuaciones durante la Instrucción Penal Preparatoria y en el marco del juicio oral, en la suma de SETENTA (70) y CINCUENTA (50) JUS respectivamente (art. 9 apartado I inc. 3 de la ley 14.967).
IV. Regístrese, téngase a las partes por notificadas con la lectura del presente veredicto (art. 374 del rito), y póngase la causa y el archivo de audio del juicio a disposición del Sr. Fiscal conforme lo ordenado en el último párrafo de los considerandos de este pronunciamiento.
V. Firme que sea, líbrense las comunicaciones de rigor y cúmplase con la Acordada 2840 de la Suprema Corte de Justicia Provincial.
Fin de la sentencia