Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2496/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por la parte actora mediante PE335901-2021 y, en consecuencia, confirmar la providencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, dictada el 25 de noviembre de 2021 (identificada como RDQ00000145.pdf del PE cit.), declarando bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la misma, contra la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2021, con costas a la recurrente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2496/21-TSJ Interlocutorio N°: 3663 Actor: CRNKOVIC NATALIA EUGENIA, GRACIELA VERONICA BARROS, HUGO MANUEL FRANCO, JOSE MARIA CARAMBIA Objeto: PLANTEA RECURSO JUDICIAL ART. 50 LEY N° 500 S/ RECURSO DE QUEJA -PARTE ACTORA- Fecha: 29-03-2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3663 FOLIO Nº 6429/6431 PROT. ELECT. TSS1 012 I.221
Río Gallegos, 29 de marzo de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “CRNKOVIC NATALIA EUGENIA, GRACIELA VERONICA BARROS, HUGO MANUEL FRANCO, JOSE MARIA CARAMBIA S/ PLANTEA RECURSO JUDICIAL ART. 50 LEY N° 500 S/ RECURSO DE QUEJA -PARTE ACTORA-”, Expte N° C-2496/21-TSJ; venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de queja que articulara la parte actora (cfr. PE335901-2021), contra el auto dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, el 25 de noviembre de 2021 (cfr. PE cit., RDQ00000145.pdf), mediante el cual fue rechazado el recurso de apelación que la actora interpuso contra la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2021.- El caso que motivara la iniciación de las presentes actuaciones, tramitó originalmente en el Tribunal de Cuentas Provincial (cfr. Ley Provincial Nº 500) en el cual, por no haber respondido a las intimaciones emitidas por el Organismo a fin que presentaran la rendición de cuentas que les exigía, este les impuso una multa a los actores, quienes, disconformes, recurrieron la sanción ante la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (cfr. art. 50 de la Ley 500).- Como se desprende de las constancias adjuntadas a la queja, la Cámara rechazó el recurso y confirmó la resolución del Tribunal de Cuentas. Contra esta decisión la actora presentó recurso de apelación, con el cual pretendía llegar ante este Tribunal Superior de Justicia. Dicho recurso fue rechazado, debido a que, según consideró el Tribunal de grado, no está prevista en el Código Ritual, la apelación ante la Máxima Instancia judicial de la Provincia.-
Contra esta última providencia, los actores interpusieron la queja, cuya procedencia, ahora debemos analizar.-
II. La quejosa argumenta: “…la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial fue el primer organismo judicial que intervino en el proceso de revisión por la sanción de multa aplicada por el organismo administrativo provincial…Con lo cual, ante la resolución que ese organismo judicial dicte, se debe garantizar el Derecho Constitucional a la doble conforme, y acceder en apelación a un organismo judicial de instancia superior y con miembros distintos a los que previnieron. Esto es ante el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz.” (cfr. PE cit.).-
III. Así planteada la cuestión, inicialmente, se debe advertir que -tal cual reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una instancia recursiva común. Para acceder a esta instancia, la ley procesal exige el cumplimiento de recaudos formales cuya ausencia hace caer el recurso.-
En el sub judice, la actora ha presentado, contra la sentencia de Cámara un recurso de apelación, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 243 y ss. del Código Procesal. Es decir como si fuera una apelación ordinaria dirigida a una Cámara de Apelaciones, desconociendo que el ritual prevé recaudos, tanto de fondo como de forma distintos para habilitar la competencia de este Alto Cuerpo (cfr. Sección 6º - Parágrafo 1º -Recursos ante el Tribunal Superior- Parágrafo 2º -Recurso de Casación-). Ninguno de los cuales ha cumplido la recurrente con su recurso.- Este Tribunal Superior de Justicia, carece de competencia para tratar el recurso de apelación deducido contra la sentencia de Cámara que confirmó las sanciones (multas) administrativas impuestas por el Tribunal de Cuentas porque -como se ha explicitado precedentemente- la Ley prevé que ante este Tribunal, por vía recursiva, sólo tramitan los recursos de casación y de inconstitucionalidad interpuestos contra sentencias definitivas o equiparables a ellas.-
Se advierte que de prosperar el planteo de la recurrente, se transformaría al Tribunal de Casación en uno de apelación subvirtiendo el sistema procesal instituido por nuestra ley, transformando a esta, en una instancia recursiva ordinaria.-
En su queja, la recurrente procura justificar su apartamiento de las normas procesales en que, al denegarse su apelación, se viola el derecho a una doble instancia, pues asimila el fallo de la Cámara a una primera instancia porque, dice, esa fue la primera intervención de un órgano jurisdiccional y de allí que, a su entender, esa sentencia debería ser revisada por un órgano judicial superior, en el caso, este Tribunal Superior de Justicia. Todo ello, sin plantear la inconstitucionalidad de ninguna de las normas procesales que obstruyen su pretensión impugnativa.- Si bien la Ley Provincial Nº 500 abre la posibilidad de la apelación ante un órgano judicial en el caso específico de sanciones que pueda aplicar el Tribunal de Cuentas (arts. 50, 51 y 64), de los términos de la ley se desprende claramente que dicha posibilidad recursiva ordinaria se agota ante la Cámara en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción y este Tribunal Superior de Justicia sólo podrá intervenir si se planteara un recurso de casación o inconstitucionalidad contra la sentencia definitiva dictada por la Cámara.- En consecuencia, el régimen de la Ley Nº 500 asigna facultades de naturaleza jurisdiccional a la autoridad administrativa para la aplicación de sanciones, con la posibilidad de que dichas resoluciones sean recurridas ante el organismo judicial al que atribuye competencia, cumpliendo así con el recaudo del control jurisdiccional del acto administrativo.
Ello así pues la actividad de los órganos administrativos con facultades jurisdiccionales se encuentra sometida a limitaciones de jerarquía constitucional que no es lícito transgredir, entre las que figura, ante todo, la que obliga a que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos quede sujeto a control judicial suficiente (Fallos 247:646, publicado en www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/7/1960).- La función jurisdiccional puede estar a cargo de la administración, a condición de que cuando los órganos de la administración obren en el ejercicio de tal función, haya siempre posibilidad de una instancia de revisión o recurso ante un órgano del poder judicial.
La exigencia de revisión judicial de las sanciones administrativas fue producto de una construcción pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Alto Tribunal condicionó la validez constitucional de los tribunales administrativos a la observancia de lo que denominó “control judicial suficiente”. Toda sanción, independientemente de su clase y cuantía, debe ser pasible de revisión judicial. A raíz de esa doctrina jurisprudencial, mantenida inalterada hasta la fecha, los diferentes cuerpos normativos que asignan potestades sancionatorias a la administración establecen algún tipo de recurso, a fin de que un tribunal judicial cumpla con dicha revisión. Por cierto, el contralor fue atribuido a órganos judiciales de distinto fuero y también de diferente instancia, en algunos casos el recurso habilita directamente la intervención exclusiva de las cámaras de apelaciones, mientras que en otros intervienen magistrados de primera instancia (cfr.
Bernardi, Germán: “Los recursos directos y la doble instancia judicial en materia de sanciones administrativas”. www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/ 1748/2021).- La referida Ley Provincial cumple con este requisito constitucional, toda vez que las sanciones pecuniarias impuestas en el procedimiento llevado a cabo en órbita administrativa son susceptibles de revisión por un órgano del Poder Judicial, en este caso se designa a la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial.-
Ahora bien, la cuestión que introduce la recurrente en la queja bajo análisis es que, a su entender, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que el alcance del control judicial suficiente de las decisiones de la autoridad administrativa de naturaleza jurisdiccional exige un doble conforme judicial.-
Al respecto es oportuno señalar que no son pacíficas la doctrina y la jurisprudencia respecto a que el alcance del control judicial suficiente de las decisiones de la autoridad administrativa de naturaleza jurisdiccional exija un doble conforme judicial. Más aún, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha reconocido expresamente, hasta el momento, que la garantía de la doble instancia deba ser respetada en todos aquellos procesos en los que se impugnan sanciones impuestas por la Administración (cfr. Sanguinetti, Juan Carlos: “El recurso directo como vía para la impugnación judicial de sanciones administrativas”. www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/1419/2020).- En contra del doble conforme judicial para casos como el presente, podemos citar: “Sentado lo anterior, se advierte de inicio que la ley ritual aplicable al caso en estudio -la local n° 1.217- si bien estructura el derecho del administrado a que la decisión recaída en relación a una disposición cautelar sea revisada judicialmente, nada dice -de manera directa y explícita- respecto de si este control debe ceñirse a la actividad desplegada por el Juez de grado, o si también a ella alcanza el ‘doble conforme’ [...] Llegados a este punto del análisis, cabe adelantar que -tal como consignamos en la causa ‘Fleitas’- aquella ‘revisión’ prevista -la única respecto de las decisiones emanadas del Controlador- se agota con la decisión del Magistrado de grado, frente a la cual no existe recurso alguno…” (cfr.
Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, “Incidente de clausura en causa Cruces, Silvia”, del 25/02/2008, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/2029/2008).- En igual sentido: “‘Si bien la Ley Provincial 2268/98 abre la posibilidad de un remedio judicial en el caso específico de sanciones que pueda aplicar la Secretaría de Producción y Turismo de la provincia, de los términos de la ley se desprende claramente que dicha posibilidad se agota ante el Juez Civil de Primera Instancia, careciendo esta Alzada de competencia para entender en el presente incidente’” (cfr. CCiv. Neuquén, Sala I, “Liberty Seguros Argentina S.A.”, del 08/04/2008, www.informacionlegal.com.ar.
Cita Online: AR/JUR/2033/2008).- No obstante ello, y recién al presentar su queja, la recurrente pretende su aplicación lisa y llana sin debate y sin efectuar cuestionamiento constitucional alguno a las normas locales que no habilitan el llamado doble conforme para casos como el presente.-
Lo precedentemente expuesto no lleva más que a concluir que la queja debe ser rechazada, pues la apelación presentada por la parte recurrente no cumple los recaudos exigidos por la ley ritual para habilitar esta instancia extraordinaria provincial. Más aun cuando no ha formulado un concreto planteo constitucional ni cuestionado la normativa local que no contempla que las decisiones de la autoridad administrativa de naturaleza jurisdiccional deban quedar sujetas a un doble conforme judicial.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja articulado por la parte actora mediante PE335901-2021 y, en consecuencia, confirmar la providencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, dictada el 25 de noviembre de 2021 (identificada como RDQ00000145.pdf del PE cit.), declarando bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la misma, contra la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2021, con costas a la recurrente.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1012I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3663 Folio N°: 6429/6431 Secretaría: 1
Fin de la sentencia