Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 43.320-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-22062827-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 1 de Marzo de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por el Dr. Armando Magallón (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el Expediente N°43.320-I, caratulado: “CROSA REMATES S.R.L. s/ recurso de apelación ”.
El Dr. Armando Magallón dijo:
I. CROSA REMATES S.R.L. interpone el recurso de apelación previsto en el inc. b) del art. 76 de la ley 11.683 contra la Resolución N° 46/2015, dictada el 14.5.2015 por la División Recursos y Revisión de la Dirección Regional Paraná de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determinó de oficio su obligación tributaria en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 01/2010 a 10/2011, que arrojó un saldo a pagar de $822.949,30, más los correspondientes intereses (art. 37, ley).
II. En su presentación ante este Tribunal, CROSA REMATES S.R.L. señala que su actividad principal es la venta de ganado como intermediario (consignatario). Explica que recibe los animales de sus comitentes, quienes le encargan venderlos a terceros y/o subastarlos. Narra que no debe confundirse la forma en la cual se lleva a cabo la actividad real de la ficción legal, ya que los consignatarios no compran a quienes les consignan para la venta para que luego los vendan a terceros.
Agrega que la ficción jurídica del art. 20 de la ley del IVA desconoce el contrato de consignación y lo asemeja a compra ventas escalonadas que nada tienen que ver con la realidad económica. Es decir, la norma impositiva considera que el consignatario compra para luego vender mediante operaciones que se realizan al mismo precio mientras que en la realidad el consignatario opera como mero intermediario. De este modo, detalla que el resultado por la intermediación jamás puede ser asimétrico; el débito fiscal siempre será igual al crédito fiscal. El consignatario recibe una comisión del precio de la venta, y esa es su ganancia, junto con lo cobrado por el servicio de caja.
Indica que si bien el comitente es considerado vendedor del ganado, está eximido de la obligación de facturar, porque se reemplaza la factura por la liquidación de ventas que hace el consignatario luego de efectuadas las ventas del ganado consignado.
Detalla que el ajuste fiscal consiste en la impugnación de créditos fiscales de dos comitentes: AGRO FEL S.A. y CARNES AGROPECUARIAS S.A..
La razón por la que el Fisco Nacional impugnó el crédito fiscal obedece a que consideró que la liquidación de ventas efectuadas es apócrifa ya que ambos comitentes negaron haber tenido vínculos con la firma. Luego, explica que el consignatario es una figura comercial surgida hace más de un siglo de la necesidad del productor de contar con un representante de confianza, que conozca el mercado comprador de animales para poder vender en precio, condiciones de mercado y con seguridad jurídica en sus operaciones. Continúa diciendo que la manera de comercializar es por dos canales. El primero de ellos es el Remate, donde se realiza una subasta enviando la mercadería al lugar donde se desarrolla el evento. El segundo de ellos es el Directo, en el que se realiza la transacción entre el comprador y el vendedor sin existir contacto entre las partes, sino solo con el intermediario. En este caso, la mercadería va directo desde el origen hasta el destino. En el caso que nos ocupa, ambos proveedores utilizaron en la mayoría de las operaciones la forma Directa, pues se trata de novillos para exportación.
Manifiesta que el animal de exportación sale del corral del comitente con un certificado veterinario, con el documento de transito animal (DTA), guía expedida por la Policía de Entre Ríos y con caravana con autorización específica del SENASA, dirigiéndose directamente al frigorífico con relación al cual el consignatario logró la venta.
Plantea que al desempeñarse como mandatario y vender el ganado por orden y cuenta de terceros, el débito fiscal coincide con el crédito fiscal de cada liquidación de venta. Así, razona que no se puede invalidar el crédito fiscal sin invalidar el débito, porque existe una simetría reglada legalmente. Es decir, según su inteligencia si al Fisco Nacional le resultan inidóneas las liquidaciones de ventas lo que corresponde es reclamar el débito fiscal a quien considera comitente y no invalidar el crédito fiscal al mensajero (consignatario).
Destaca que el Fisco Nacional impugnó el crédito por la comitente AGRO FEL S.A. con el argumento de que dicho proveedor realizó una denuncia por falsificación de instrumento público, en concurso real con estafa y evasión agravada, negando las operaciones y SENASA informó la baja de sus registros de AGRO FEL S.A. y CARNES AGROPECUARIAS S.A. por graves inconsistencias detectadas en las unidades productivas. Declara que esa denuncia nunca ha existido, sino que fue solamente la remisión de una carta documento solicitando datos de las operaciones concretadas.
Relata entonces que AGRO FEL S.A. operó a través del Sr. Silverio Giménez, quien aportó el poder general de administración, junto con la marca de ganado aprobada por la Policía de Entre Ríos y por el Departamento de Sellos de la ex Dirección General de Rentas de la Provincia de Entre Ríos. Detalla que realizó las operaciones con normalidad y que efectuó las retenciones correspondientes. Manifiesta que AGRO FEL S.A. envió el ganado a los compradores, con el documento de transito de animales (DTA) gestionado ante SENASA y junto a la guía de transporte de ganado confeccionada con intervención de la Policía, por lo que negar las operaciones es negar los controles de los organismos señalados, ya que no pudo haber circulado el ganado sin dichas autorizaciones.
Menciona que la relación laboral se llevó a cabo con el Sr. Giménez y con su yerno, el Sr. Redruello. Detalla que le pagó el Impuesto al Valor Agregado a dicho proveedor a través de su apoderado. En resumida síntesis, explica que las operaciones de CROSA REMATES S.R.L. con AGRO FEL S.A. fueron por el contacto con Hipólito Redruello, ex intendente de Villaguay y amigo de Carlos Crosa, quien presentó a su hijo Juan Redruello, que a su vez aportó un poder otorgado por la firma AGRO FEL S.A. a favor de su suegro, Silverio Giménez.
Plantea que expresar que AGRO FEL S.A. no es el comitente porque la firma lo niega es arbitrario, ya que implicaría hacerle pagar a CROSA REMATES S.R.L. nuevamente el crédito fiscal del impuesto al valor agregado que ya pagó.
Se agravia que el testimonio de Ángel Crosa no es contradictorio como indica la Resolución cuestionada en autos, pues en los casos de ambos proveedores el ganado no se subasta, va en forma directa al frigorífico, pactando el precio el Sr. Redruello (presidente de CARNES AGROPECUARIAS S.A. y yerno del Sr Giménez, apoderado de AGRO FEL S.A.).
En cuanto al servicio de caja, explica que funcionaba según las instrucciones telefónicas de los Sres. Redruello y Giménez, lo cual implicaba el pago de impuestos y servicios hasta terceros y explica que el Sr. Redruello actuó en reemplazo del Sr. Giménez cuando estuvo internado.
Ahonda sobre este tópico y narra sobre el circuito de pagos que al prestar “servicio de caja” cobrándole cheques y entregándole dinero en efectivo implica necesariamente que los recibos estén firmados por los Sres. Redruello o Giménez. Entonces, la mayoría de los cheques están endosados por ellos y no por accionistas de AGRO FEL S.A. Explica que al prestar dicho servicio, el circuito de pagos no tiene importancia para impugnar los créditos.
También, solicita que si se niega la existencia de las operaciones, el importe de las retenciones le debe ser devuelto en marco del art. 81 de la ley de rito (conocido como teoría de las compensaciones simétricas), ya que no es precedente el débito fiscal si se impugna el crédito fiscal. Agrega que el Fisco Nacional debería cobrar el débito fiscal no ingresado a los proveedores, y no a CROSA REMATES S.R.L.
Por tales argumentos, la prueba documental que aporta y la prueba informativa, testimonial y pericial contable que ofrece se produzca, solicita que se dicte sentencia revocando la Resolución, con costas.
III. Que a su turno, contesta el traslado del recurso la representación fiscal, que por las razones de hecho y de derecho que invoca, solicita se confirme la Resolución, también con costas.
IV. Que a fs. 193 se decidió hacer lugar a la prueba, admitiéndose la prueba pericial contable y la prueba testimonial ofrecida. El informe pericial contable, por su parte, se encuentra agregado a fs. 261/282. A fs. 503 se clausura el período probatorio, y a fs. 508 se elevan los autos a conocimiento de la Sala. A fs. 509 se ponen los mismos a disposición de las partes para que produzcan sus alegatos que obran agregados a fs. 514/533. Finalmente a fs. 535 se ponen los autos para el dictado de sentencia.
V. Que corresponde expedirse entonces sobre la legitimidad de la Resolución. De sus considerandos surge que en el procedimiento de fiscalización llevado a cabo a CROSA REMATES S.R.L. se detectó que realizó operaciones con dos proveedores que fueron calificados apócrifos, a saber: “Agro Fel S.A.” y “Carnes Agropecuarias S.A.”.
Dichos proveedores habrían contratado los servicios de CROSA REMATES S.R.L. para la venta de novillos para exportación.
Ello, por irregularidades encontradas cada uno en las exhaustivas tareas de fiscalización, que, en síntesis, fueron las siguientes:
- Presentaron anomalías en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en tanto no presentaron declaraciones juradas o consignaron montos muy exiguos.
- No tenían bienes registrables, cuentas bancarias a su nombre ni empleados en relación de dependencia. - No pudieron ser localizadas en sus domicilios fiscales.
- Los apoderados o representantes legales de las firmas negaron haber operado con CROSA REMATES S.R.L..
- No se pudo comprobar el beneficiario final del circuito de pagos o éste coincidía con empleados de CROSA REMATES S.R.L..
- El transporte del ganado no estaba debidamente respaldado con la documentación requerida por Senasa Regional y la Policía de Entre Ríos.
El procedimiento de inspección tiene su raíz en la denuncia formulada por el apoderado, el Sr. Eduardo Ramos Oromi (socio y presidente del Directorio) de la firma “Agro Fel S.A.” en orden a la supuesta comisión del delito de “falsificación de instrumento público en concurso real con estafa y evasión fiscal agravada” contra la firma CROSA REMATES S.R.L. Dicha causa judicial N° 2622/2011 caratulada “PAZ SEBASTIAN PRUNEDA Y OTRO s/Ley N° 24.769” tramitó en el juzgado penal tributario N°3, secretaría única. Dicha denuncia fue desestimada por no constituir un delito de los reprimidos en la ley penal tributaria, pero el fiscal concluyó “(…) a efectos de no dejar de lado el fin de garantizar la cabal protección de las arcas públicas y con la finalidad adicional de no desamparar al denunciante, que se remitan testimonios de la presente causa a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que se evalúe la misma (…)”.
El representante de “Agro Fel S.A.” niega que su representada haya trabajado con CROSA REMATES S.R.L. y agrega que su actividad comercial está exclusivamente relacionada con el sector agrícola pero nunca con la ganadería ni con la compra venta de hacienda.
El contador de “Agro Fel S.A.” recibió un llamado del Sr. Juan Redruello informando que él había participado como intermediario de tales operaciones, haciendo uso de un poder que supuestamente “Agro Fel S.A” le habría conferido a su suegro, hecho que el representante de “Agro Fel S.A” niega haber sido cierto. Luego existió otro llamado al contador de parte del Sr. Redruello en el que informaba que su suegro (Silverio Giménez) acababa de fallecer. Desde ese momento cesaron las operaciones de venta de ganado por cuenta y orden de “Agro Fel S.A.”. Además, no deja de llamar la atención de este juzgador la conexión familiar entre los supuestos representantes de ambos proveedores, ya que el Sr. Juan Redruello además de ser yerno del representante legal de “Agro Fel S.A.” también es apoderado de “Carnes Agropecuarias S.A.”.
En específica referencia al proveedor “Agro Fel S.A.” con el fin de verificar la veracidad del poder general amplio otorgado por el presidente del Directorio a favor del Sr. Silverio Giménez se consultó al escribano actuante y dijo que desconoce dicha operación ya que “(…) las partes intervinientes en la escritura exhibida no concuerdan con las partes que figuran en el libro de escrituras por año (…)”. Por lo tanto, se concluye que el poder amplio aportado por CROSA REMATES S.R.L. no es más que una escritura apócrifa.
Luego de la escritura carente de veracidad, se verificó la validez de la Marca N° 66.842, supuestamente perteneciente a “Agro Fel S.A.”. Para esto, la Dirección de Marcas y Señales de la Prov. de Entre Ríos informó que dicha marca fue inscripta por el Sr. Juan Carlos Serpa. Ahora bien, el Sr. Serpa manifestó que vive de rentas y hace gestiones de poca habitualidad, empero no conoce a la firma “Agro Fel S.A.” ni tampoco al Sr. Eduardo Ramos Oromi. Agregó que la documental necesaria para efectuar la gestión le fue enviada por el Sr. Juan Redruello el cual vive en Corrientes y se dedica a la ganadería.
Es menester añadir que para el traslado de hacienda es obligatoria la D.T.A. (Documento Transporte de Animales) emanado del SENASA y controlado por la Policía de Entre Ríos. Entonces, según la información brindada por ésta última, “AGRO FEL S.A.” remitió 673 cabezas de ganado cuando CROSA REMATES S.R.L. dice haber recibido 2258 cabezas. Otro elemento curioso es que según los datos de SENASA Regional Entre Ríos el stock máximo de cabezas vacunadas por “AGRO FEL S.A.” fue de 239 unidades.
También se solicitó a los bancos copias de los cheques para determinar los reales beneficiarios de los mismos. El Banco Nación Argentina, el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y el Banco Santander Río S.A. respondieron que la mayoría de los cheques fueron endosados y cobrados finalmente por: Juan Redruello, socios y/o empleados de CROSA REMATES S.R.L.. Es decir, los cheques son emitidos en su mayoría a nombre de sujetos distintos de las firmas proveedoras observadas y citadas en las Ordenes de Pago. Incluso, hay cheques sellados por el banco con fecha posterior a la muerte del presunto apoderado Silverio Giménez. En conclusión, el hecho de que el destino de los fondos movilizados con los cheques no sea la firma “Agro Fel S.A.” indica que el Sr. Juan Redruello utiliza el nombre de dicha firma con conocimiento de CROSA REMATES S.R.L. con el fin de blanquear operaciones de hacienda comercializada marginalmente.
En el caso de “CARNES AGROPECUARIAS S.A.” cuenta con CUIT cancelada, no operó más y no presenta declaraciones juradas del impuesto al valor agregado desde el año 2004. En el domicilio fiscal no pudo ser localizada y según los habitantes del edificio, no funciona allí empresa alguna. El domicilio alternativo de la firma es el domicilio fiscal del Sr. Redruello.
Sobre el circuito de pagos, respondieron las mismas entidades financieras mencionadas precedentemente, de lo cual se pudo concluir, entre otras cosas, que once cheques fueron cobrados por empleados de CROSA REMATES S.R.L., que solo un cheque fue emitido a nombre de “CARNES AGROPECUARIAS S.A.” y cuarenta y dos cheques fueron emitidos a nombre del Sr. Redruello.
Además, “CARNES AGROPECUARIAS S.A.” no registra indicios de actividad alguna, no posee cuentas bancarias ni bienes registrables, por lo que también es fácil concluir que es utilizada por el Sr. Juan Redruello con conocimiento de CROSA REMATES S.R.L. con el fin de blanquear operaciones de hacienda comercializada marginalmente.
La circularización a los bancos arroja que las discrepancias observadas entre las órdenes de pago y los cheques emitidos a nombre de terceros, distintos a los proveedores cuyo crédito fiscal surge de las liquidaciones emitidas por CROSA REMATES S.R.L. hace concluir que el origen de la hacienda es de proveedores ocultos, y no de “AGRO FEL S.A.” o “CARNES AGROPECUARIAS S.A.”.
Es evidente entonces que los sujetos que emitieron los comprobantes que sustentan el cómputo de los créditos fiscales no fueron realmente sus proveedores, ya que no poseían capacidad operativa, económica y financiera, ni comercial, para efectuar las operaciones registradas en las facturas.
Frente a las objeciones del Fisco Nacional al cómputo del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado, era a la contribuyente a la que le correspondía probar la real entidad de los proveedores cuestionados porque así se encuentra diseñado el proceso en la ley de procedimiento tributario, corolario del régimen de auto declaración de la obligación tributaria que rige en el orden nacional. Además, se colige de lo anterior que resulta aplicable la regla “onus probando incumbit ei qui dicit”, es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos (conforme art. 377 C.P.C.C.N.), cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su posición jurídica (Fallos: 331:881). Que es en ejercicio de su derecho de defensa que la actora debe acreditar la veracidad de sus dichos toda vez que dicha parte es la que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo, teniendo en cuenta que las inconsistencias colectadas por el Fisco poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda que fue con la proveedora impugnada con quien operó y no con terceros (cfr. “Molla, Pedro José, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007).
Crosa Remates S.R.L. no rindió ninguna prueba tendiente a desacreditar los reparos opuestos por el Fisco Nacional respecto de la capacidad de los supuestos comitentes para haber sido quienes entregarons la hacienda comercializada.
Ello, además, por aplicación del criterio evidenciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al interpretar el art. 12 de la ley del impuesto al valor agregado en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI” del 10 de marzo de 2015, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "En todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Resulta claro entonces, que la norma citada subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto de los vendedores de los bienes o prestadores de los servicios, extremos que no se cumplen en las presentes actuaciones, pues la recurrente no rindió ninguna prueba ante este Tribunal tendiente a acreditar que, a pesar de las inconsistencias detectadas a todos y cada uno de los proveedores, las operaciones si bien existieron, no fueron con éstos proveedores y por ello, tampoco los créditos fiscales cumplen con el recaudo del art. 12 de la ley y, como tales, no son legítimos para ser computados en las declaraciones juradas.
Aunque sobre decirlo, ni la sola existencia de las facturas, ni su registración, aunque sea correcta y oportuna, ni tampoco la emisión de cheques conforme a las reglamentaciones vigentes constituyen de por sí prueba suficiente a los fines antes indicados y exigidos en la jurisprudencia del Alto Tribunal antes citada. Es necesario que el contribuyente demuestre, no solo que los bienes enunciados en los comprobantes fueron efectivamente adquiridos, sino también que fueron con los proveedores identificados en la facturas. Esto último es el elemento faltante en autos, es esa la prueba que la recurrente no ha rendido, ni ha hecho esfuerzo alguno por producir, ya que en su presentación ante este Tribunal solo se ha limitado a hacer consideraciones genéricas en relación a su falta de responsabilidad en el cumplimiento fiscal de sus proveedores, que no es lo que la ley y la jurisprudencia exigen que demuestre en este tipo de ajustes.
La prueba más relevante rendida ante este Tribunal que es la prueba pericial contable tan solo da cuenta de la emisión de comprobantes fiscales y de su registración, más ello no es suficiente para probar la real existencia de las operaciones con los proveedores cuestionados, es decir, su materialidad, tal cual lo refleja la documentación de respaldo.
También surge de la pericia que los pagos efectuados se encuentran respaldados por las correspondientes órdenes de pago emitidas por CROSA REMATES S.R.L., empero nada establece esto de manera fehaciente respecto de quienes han sido los beneficiarios de las mencionadas órdenes de pago. La otra prueba que CROSA REMATES S.R.L. ofreció, la prueba testimonial, no fue producida en su totalidad. En efecto, en esta instancia CROSA REMATES S.R.L. ofreció los testimonios del Sr. Andrés Crosa (Socio Gerente de la firma inspeccionada), Sra. Olga Schierloh, Sr Elías Cepeda, Sra. Soledad Jáuregui, Sr Fabio Riveras (siendo estas últimas cuatro personas empleados de CROSA REMATES S.R.L.), Sr. Juan Redruello (yerno del apoderado de “AGRO FEL S.A.” y presunto apoderado de “CARNES AGROPECUARIAS S.A.”) y de dos empleados de SENASA, los Sres. Juan Gabilondo y Cristian Gómez.
A fs. 329 de autos la propia CROSA REMATES S.R.L. desistió de los testimonios de los Sres. Juan Gabilondo, Cristian Gómez y Soledad Jáuregui.
El Sr. Juan Redruello luego de varias citaciones no se presentó a brindar su testimonio. Por último, respecto de los testimonios de los Sres. Crosa, Schierloh, Cepeda y Riveras todos ofrecieron respuestas similares.
Expresaron que en cuanto a la forma de instrumentar y documentar el vínculo entre las firmas “AGRO FEL S.A.”, “CARNES AGROPECUARIAS S.A.” y CROSA REMATES S.R.L. fue en base a la presentación del Sr. Redruello en la cual informó que operaba a nombre de ambas empresas y para ello adjuntó el poder certificado y legalizado por escribano público. Agregaron que el vínculo era la comercialización de hacienda en pié. En cuanto al circuito de pagos, informan que prestaban “servicio de caja” ya que el Sr. Giménez era un hombre de edad y con mal estado de salud, por eso le cobraban los cheques y luego se le llevaba a su domicilio particular (en Corrientes) el recibo. Lo misma operatoria sucedía con el Sr. Redruello, atento a que tampoco vivía en Villaguay, sino en Corrientes Capital. Ahora bien, es dable destacar que los únicos testigos que brindaron testimonio sufren de parcialidad, ya que uno es Socio Gerente y el resto son empleados de CROSA REMATES S.R.L.. Sus dichos son inhábiles por sí solos para contrarrestar la abrumadora realidad de los hechos probados en las Actuaciones Administrativas.
Queda decir que no resulta aplicable en el caso lo dispuesto en el art. 81, anteúltimo párrafo, de la ley 11.683. El hecho de que CROSA REMATES S.R.L. haya ingresado las retenciones por los pagos que hizo a los proveedores cuestionados no convierte a dichas sumas en un crédito que pueda ser compensado según lo autoriza la norma invocada. Se trata, económica y jurídicamente, de pagos a cuenta que realizó como agente de retención de las obligaciones de los supuestos contribuyentes con los que se vinculó comercialmente, es decir terceros que no encuadran en el aludido precepto.
De ordinario, es de vital importancia comprender que mediante el mecanismo de la retención se desplaza la responsabilidad de ingreso al Fisco desde el vendedor hacia el comprador para asegurar, entre otros fines, el ingreso más o menos inmediatos de una porción del impuesto. De esta forma se asegura el Fisco que la operación quede parcialmente resguardada por la retención efectuada.
Por ende, corresponde rechazar la interpretación de que esa retención puede ser computada por el comprador, porque si bien el ajuste que propicia el Fisco se limita a impugnar los créditos fiscales en el IVA, en el otro extremo hay un vendedor “real” oculto que no declaró la operación y por ende el débito fiscal.
A mayor abundamiento, lejos de encontrar un enriquecimiento sin causa del Fisco Nacional, el eventual cómputo de las retenciones por parte del comprador estaría desprotegiendo el ingreso parcial que pudo lograrse mediante la retención sobre una operación que se mantuvo oculta.
Por otro lado, si este análisis se efectuara desde la óptica estrictamente jurídica y de la mecánica del IVA, bastaría oponer al reclamo de la recurrente el principio de legitimación en cuanto rechazar el cómputo de las retenciones practicadas a los proveedores impugnados e ingresadas contra el propio impuesto determinado por el comprador, atento que se trata de sumas ingresadas a nombre y con dinero de un tercero al haber efectuado la recurrente (CROSA REMATES S.R.L.) como agente de retención de los contribuyentes retenidos, ya que carece de legitimación para reclamar con relación a tales importes al no integrar la relación jurídica sustancial (Fallo TFN – Sala A – Votos de los Dres. Buitrago y Perez- Agrocentro Santa Fe S.A. Cons. XIV).
A propósito de lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia dictada el 11 de marzo de 2021 en la causa “Compañía Argentina de Granos SA c/AFIP (DGI) s/contencioso administrativo – varios” en la que la empresa inicio la repetición de las retenciones realizadas en el momento de efectuar los pagos de las operaciones objetadas, sostuvo, ante la inequívoca existencia de las operaciones, como en el presente caso, que "una solución contraria que hiciese lugar a la demanda de repetición significaría un enriquecimiento sin causa de la empresa aquí actora pues incrementaría su patrimonio en la medida de las sumas retenidas en concepto de IVA que gravaron efectivamente las transferencias onerosas de cereales a CAGSA, y cuya titularidad pertenece a los proveedores a quienes en definitiva corresponda adjudicar las respectivas ventas, se trate de los productores fictos o de los ocultos, según la tesis fiscal. Por tal motivo, carece de sustento el planteo de la actora dirigido a señalar que el eventual rechazo de su pretensión pueda conducir a una injusta falta de aprovechamiento del IVA retenido e ingresado por sujeto alguno, dando así lugar a un enriquecimiento sin causa del Estado Nacional, pues nada impediría a los referidos productores que se consideren con derecho para comparecer por la vía pertinente a fin de demostrar que son quienes efectivamente soportaron las retenciones y a quienes correspondería efectuar la imputación de su pago de acuerdo con las previsiones legales correspondientes."
Todas estas razones son por demás suficientes para confirmar la Resolución N° 46/2015, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ella que acceden y son la indemnización debida por la demora en el ingreso de sus obligaciones.
La Dra. Laura Guzmán y el Dr. Pablo Porporatto dijeron:
Que adhieren al voto del Dr. Magallón.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese. Cumplido, procédase a su impresión para ser agregada al expediente papel. Date: 2024.03.01 12:58:09 -03:00 Date: 2024.03.01 12:58:35 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.01 13:03:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.01 13:04:12 -03:00
Fin de la sentencia