Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 40.077-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la RESOL-2019-26-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI dictada en la Actuación Nº Nº 12502-12-2018. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-53919489-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 23 de Mayo de 2024 apelación” Expte Nro 40.077-A Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Miguel N. Licht (Vocal subrogante), Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “Crucero del Norte SA c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación” Expte Nro 40.077-A El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 8/10 se presenta la firma Crucero del Norte S.R.L e interpone recurso de apelación contra la RESOL-2019-26-E- AFIP-ADPARA#SDGOAI, dictada por la Administrador de la Aduana de Paraná en el expte. Administrativo Nro. 12502- 12-2018, por la que se la condena al pago de una multa y al comiso de la mercadería secuestrada, por la comisión de la infracción prevista en el art. 987 del C.A II.- Sostiene que la resolución apelada contiene una motivación aparente, ya que se limita a reseñar lo actuado en las actuaciones. Expone que de las guías de encomienda surge que el transporte ha sido efectuado por Crucero del Sur SRL, empresa ajena a ella. Agrega que se ha violado su derecho de defensa al dictarse una resolución sin fundamento y basada en un acta nula. Aduce que también se ha violado el artículo 17 de la C.N., ya que la resolución apelada pretende que se pague una multa sin infracción aduanera individualizada, ni basarse en hechos concretos. Se agravia de la aplicación de una multa muy superior al valor de la mercadería por contar con supuestos antecedentes infraccionales.
III. A fs. 25/29 se presenta la representante del Fisco y contesta el traslado conferido. Efectúa un breve resumen de los hechos y una negativa genérica de los dichos de la contraria. Refiere a los requisitos que el tipo infraccional exige para su encuadre en el artículo 987 del C.A y cita Jurisprudencia. Finalmente ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita que se rechace la apelación interpuesta, con costas a la actora.
IV. A fs. 30 se resuelve tratar con el fondo de la cuestión el planteo de nulidad formulado por la actora y declarar la causa de puro derecho. A fs. 36 se elevan las actuaciones a consideración de la Sala “E” y a fs. 37 se pasan los autos a sentencia.
V. Las actuaciones administrativas Nro. 12502-12-2018 se inician con el acta de de interdicción de encomiendas. A fs. 2 obra el pedido de autorización a la justicia para la apertura de las encomiendas, siendo autorizado el mismo conforme surge de fs. 4/5. A fs. 8 y vta. se glosa el Acta de apertura de las encomiendas de fecha 21/02/2018. A fs. 32/35. se instruye sumario y se corre vista de lo actuado a la firma Crucero del Norte SRL, por la presunta comisión de la infracción al art. 987 del C.A, resultando notificada el 15/08/2018. A fs. 40 se declara la rebeldía de la firma actora y a fs. 43/44 se emite el Dictamen Nro. 019/2019. A fs. 45/46 se glosa la consulta al Registro de Infractores y finalmente, a fs. 47/48 se dicta la RESOL-2019-26-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI, aquí apelada.
VI. En el caso que se presenta, la empresa en cuestión ha sido multada y sancionada por el servicio aduanero debido a que se consideró que transportó mercancías importadas con fines comerciales sin cumplir con los requisitos legales necesarios para su ingreso en debida forma. El recurrente cuestiona la legitimidad de la empresa para ser sancionada. En cuanto a la argumentación del recurrente de que los destinatarios de la mercancía son los cocontratantes del servicio de encomiendas y que la mercancía fue transportada por otra sociedad comercial, esto no exime a la empresa de su responsabilidad en el transporte de mercancías sin cumplir con las disposiciones legales aplicables. La empresa es responsable de asegurarse de que sus servicios se presten de acuerdo con las regulaciones aplicables, independientemente de si la mercancía es transportada por otra sociedad comercial o si los destinatarios son cocontratantes del servicio. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Mercedez Benz Argentina S.A. C/ DGA" (CSJN, 21/3/2013) sostuvo que la actividad de transporte de mercancías implica la asunción de una responsabilidad por parte del transportista en cuanto a la verificación del cumplimiento de las regulaciones aduaneras aplicables. Por lo tanto, si la empresa en cuestión estaba involucrada en la importación de mercancías, se encontraría sujeta a las regulaciones y sanciones aplicables.
Sin embargo, encuentro que resulta crucial para determinar la legitimidad de la sanción aplicada si la empresa realmente prestaba un servicio de encomiendas o si, por el contrario, estaba involucrada en la importación de mercancías con fines comerciales. Si se demuestra que la empresa no se dedicaba exclusivamente al servicio de encomiendas, sino que también estaba involucrada en la importación de mercancías, entonces estaría sujeta a las regulaciones y sanciones aplicables a dicha actividad.
Es que, en efecto, la figura infraccional aplicada no podría ser realizada por cualquier sujeto. Una razonable y discreta interpretación de la norma permite colegir que requiere, para poder ser autor, una específica cualificación en el agente.
VII. A mayor abundamiento procede hacer notar que el propósito comercial que tiene el transportista no es sobre la mercadería en sí, sino el transporte de la misma hacia su destino final, cobrando un monto establecido previamente por dicha operación. El mero transporte a título oneroso de la mercadería no constituye el fin comercial que la normativa exige que debe tenerse sobre la propia mercadería. Sobre este punto, queda acreditado mediante las actas labradas, que la actora no vendía las mercaderías en ocasión de ser transportadas, sino que se encontraban en bultos cerrados, individualizándose, a través de las “guías/remito” y por los datos que constan en las mismas, tanto a los remitentes como a los destinatarios.
VIII. En las condiciones indicadas, la discusión finca en si la sindicada como responsable de la infracción era la tenedora en su condición de prestador del servicio de encomienda.
IX. Al respecto, encuentro que el acto administrativo impugnado no da cuenta que la actividad de encomiendas se halla regulada en la ley 20216, cuyo art. 17 dispone que: “El envío postal pertenecerá al expedidor hasta tanto no haya sido entregado al destinatario o la persona autorizada para recibirlo”. Asimismo no puede pasar desapercibido que el art. 6 de la citada ley dispone: “La inviolabilidad de los envíos postales, importa la obligación de no abrirlos, apoderarse de ellos, suprimirlos, dañarlos o desviarlos intencionalmente de su curso, ni tratar de conocer su contenido, así como de no hacer trascender quienes mantienen relaciones entre sí o dar ocasión para que otros cometan tales infracciones. Todo empleado o persona afectada al servicio, está obligada a prestar juramento de guardar estrictamente el secreto postal.” En tal inteligencia, si bien puede considerarse plausible que se disponga un régimen de responsabilidad objetiva, ninguna regulación podría superar el test de razonabilidad si impusiere obligaciones que son de imposible cumplimiento. Es evidente que la encartada solamente podía sustraerse de la responsabilidad sancionatoria violando las normas específicas que regulan el servicio público postal.
X. Es una verdad insoslayable que todo lo que circunda la aplicación de la norma sancionatoria administrativa es significativamente diferente a los fundamentos de aplicación de las normas penales. En éste último terruño se sanciona al reo porque mediante su conducta expresa un desprecio hacia el orden general. El delincuente deja traslucir que la norma no rige para él. Por esto último es que la acción es un presupuesto condicionante de la aplicación de la sanción punitiva. Los actos voluntarios son reveladores de un modo de comportarse frente al ordenamiento jurídico. Son la expresión de una toma de postura en relación a la norma y la sociedad. Es consecuente con ese temperamento que la imputación punitiva mantenga como presupuesto la capacidad del sujeto que puede decidir él mismo acerca de su comportamiento, ya que por ese motivo es que puede ser hecho responsable por su decisión errónea (1). En sentido opuesto, el obligado no es sancionado por una suerte de reproche moral a su postura con relación al derecho. El administrado sancionado es una suerte de garante de la subordinación de una actuación específica al ordenamiento jurídico administrativo. El administrado introduce un riesgo y debe hacerse cargo de él cuando excede el límite tolerado por el legislador. Solamente el obligado puede ser el responsable del ilícito administrativo. No existe absolutamente ninguna diferenciación de las distintas formas de intervenir en el ilícito, pues rige el principio de autor único, haber cuenta de que todo quebrantamiento del deber conduce a una responsabilidad completa como autor (2).
Por ello es que, cuando se impone una sanción por desconocimiento de las regulaciones expedidas para mantener la eficacia del conjunto de competencias asignadas a la administración, se debe ser cuidadoso de no aplicar las construcciones teóricas propias del campo penal, porque su aplicación puede desconocer la finalidad misma de la infracción administrativa. De allí que las autoridades administrativas pueden encontrarse habilitadas por la legislación aplicable para adoptar medidas sancionadoras, cuando aquellos adopten conductas que resulten contrarias al orden jurídico administrativo sin que importase si la infracción se realizó de propia mano o mediante aportes cuantitativamente preferentes o de poco valor. En relación con esto último, es de interés resaltar que, la actividad sancionatoria tiene un claro raigambre administrativo, por lo que no sería menester indagar en la subjetividad de la conducta humana para que aquélla se configure.
XI. Precisamente, en esas condiciones, la culpa o dolo no constituyen elementos determinantes de la responsabilidad sancionatoria administrativa. Ello es lógico porque si las obligaciones del administrado deben ser buscadas allí donde están reguladas las obligaciones administrativas, pues allí es donde surge el deber de cumplirlas, por el otro, no puede escindirse la responsabilidad sancionatoria administrativa y condicionarla a factores exógenos como la condición psicológica de su autor.
XII. En ese orden de ideas, es oportuno aquí destacar que en relación a las infracciones administrativas, no es menester una conducta voluntaria de una persona humana como tampoco es necesario la exteriorización de un resultado. Podría ser suficiente para su consumación el incumplimiento objetivo del deber. Máxime que la enorme mayoría de ilícitos administrativos remiten a exigencias de mera forma que se imponen en concepto de deberes de colaboración para facilitar el ejercicio de la función administrativa. Por consiguiente el responsable administrativo puede ser acreedor de una sanción administrativa sin que previamente haya tenido que mover un solo músculo de su cuerpo. Más aún, si se presta debida atención se advertirá que el derecho administrativo suele castigar las omisiones de cumplimiento de las obligaciones contraídas al someterse a una actividad regida por el derecho administrativo.
XIII. Desde esa perspectiva, vuelvo a insistir respecto de la nula trascendencia jurídica que tienen los estudios relativos al dominio del hecho en el campo infraccional administrativo. Precisamente, todo el esfuerzo ha de girar en derredor del deber infringido. Comprensiblemente ese quehacer no es posible realizarlo sin descender en las características propias de cada regulación sectorial. Ello supone que para endilgar responsabilidad deberá conocerse el sentido del régimen específico y no trasladar soluciones generales a ámbitos del quehacer administrativo que son muy distintos entre sí. Lo común a todas las infracciones administrativas es que el obligado infringe un deber ínsito en una situación jurídica regida por el derecho administrativo. Por ello, siguiendo con ese lineamiento conceptual, es entendible la nula relevancia jurídica que podría llegar a tener la comprobación fáctica de si el castigado tuvo el dominio del hecho. A diferencia del campo penal, la potestad sancionadora administrativa no castiga el desprecio del imputado por el orden jurídico general. Como consecuencia de lo cual, tampoco es necesario profundizar en los elementos personales que llevaron al incumplimiento de la normativa administrativa ya que, en definitiva, lo expresado condice con el irrefutable aserto que indica que el sentido último de cualquier institución administrativa es la realización de la justicia distributiva.
XIV. En tal inteligencia cabe poner de relieve que cuando se verifica el incumplimiento de la garantía se produce un desequilibrio de las cargas administrativas en razón de la posición que tiene el administrado que debió garantizar la observancia del ordenamiento jurídico administrativo. Ello supone que, para sancionar administrativamente a una persona, no interese excluyentemente quien fue la persona que realizó la acción indebida ni los motivos que lo llevaron hacerlo. De esto resulta que el obligado por la norma administrativa debe realizarlo de conformidad a las condiciones pautadas y puede ser responsabilizado de los incumplimientos sin que resulte menester la identificación de las personas que actuaron indebidamente. Asimismo, es de advertir, que en esta ámbito es admisible la institución de un régimen de naturaleza objetiva en el que bastara la mera acreditación de la existencia de nexo causal suficiente entre un hecho y la actividad ilegítima para sucitar la responsabilidad sancionadora. En efecto, en el ámbito administrativo sancionador no corresponde juzgar la responsabilidad de acuerdo a las normas penales que establecen una responsabilidad subjetiva, en donde la idea de culpa es el factótum del castigo punitivo. En este sentido, los obligados por las normas administrativas tienen una obligación de cumplir con las condiciones específicas dispuestas por la autoridad reguladora y en caso de no hacerlo pueden ser sancionados sin entrar a juzgarse su culpabilidad.
Ahora bien, no podría escrutarse la responsabilidad de la titular de la habilitación administrativa para prestar el servicio de encomienda si no se pondera su situación a la luz del régimen administrativo y constitucional en el que se desarrolla su actividad. En este caso para examinar la aplicación de la sanción no queda otro camino que acudir a la ponderación para lograr una interpretación que supere un criterio formalista. De ahí, precisamente, que deba considerarse que la antijuridicidad supone una contradicción con el ordenamiento jurídico comprensivo éste de las leyes, las costumbres, los principios jurídicos estrictos dimanantes del sistema y hasta las reglas del orden natural. En esta formulación resulta posible que el acto que contraríe una obligación legal pero sea amparada por los principios generales del derecho. En principio la presencia de una causal de justificación borra la antijuridicidad, lo que por su parte obsta a la aplicación de la sanción.
XV. De lo expuesto se infiere que aun cuando un hecho pueda ser encuadrado en una norma sancionatoria, deberá ponderarse en cada caso particular si no existe una causa de permisión de la conducta.
XVI. En ese sentido, cabe destacar que el concepto de responsabilidad atribuida no es sinónimo de responsabilidad absolutamente desligada del obrar del agente del hecho dañoso, pues si bien no es menester efectuar una valoración moral, si corresponderá efectuar una valoración en concreto respecto de la posibilidad de evitar la infracción. Se tratará de una valoración de elementos objetivos, tales como la naturaleza de la actividad. los medios disponibles, las posibilidades de prever el incumplimiento y las circunstancias de tiempo, modo y lugar. De tal modo, para dar lugar a la responsabilidad sancionatoria no bastará acreditar el incumplimiento y su vínculo causal, de ahí que corresponda destacar la ausencia de responsabilidad cuando, a pesar de producirse el incumplimiento, si el obligado cumplió con la diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo y de lugar.
XVII. Al respecto, cabe anotar que el fundamento central sobre el que se apoya la responsabilidad sancionatoria administrativa es el deber incumplido de garantizar que la actividad reglamentada se desarrollada dentro de los riesgos permitidos por el legislador. Conforme con ello, no desconoce el legislador que, al regular una determinada actividad, su permisión podrá traer problemas de sociabilidad. Ahora bien, la regulación de una determinada actividad requiere, en cada caso, de una valoración técnica del daño o impacto negativo causado. Tal circunstancia, descarta de plano que el ordenamiento pueda condicionarla a que no se produzca ningún tipo de daño a terceros.
XVIII. De este modo, si bien suele establecerse determinados recaudos de cumplimiento obligatorio para que ello no suceda, lo que no significa que debe existir un margen de permisividad. En ese sentido, teniendo en cuenta los objetivos que persiguen las medidas sancionadoras administrativas, no todo resultado no deseado puede deparar en una sanción. Lo que sucede, en definitiva, es que el reconocimiento de la competencia sancionatoria exige para su procedencia la posibilidad razonable de imputar jurídicamente ese deber al sujeto regulado. En relación con esto último, no sería compatible con la reglamentación del derecho a la privacidad que la relación de causalidad se lleve a un extremo tal que la empresa de correos tuviere el deber de garantizar una indemnidad absoluta. No sobra agregar, al respecto, que no constituye una derivación razonada del derecho vigente interpretar que una persona pueda responsabilizársela cuando pudo evitar cometer la falta en caso de no haber realizado la actividad regulada. ¿Cabe, en verdad, concluir que el propietario de un automóvil es responsable por vicios ocultos en la fabricación?
XIX. Atento a lo expuesto, cabe consignar que siempre es imprescindible buscar soluciones justas y equilibradas. Son tan perniciosos los criterios que acarrean la impunidad para el obligado que ha infringido las obligaciones que el ordenamiento jurídico ha puesto a su cargo, como también los que conducen al exceso de punición y convierten a la responsabilidad sancionatoria en una suerte de paraguas contra todos los males que puede deparar la vida en sociedad. Entonces, como ya mencioné, para que un determinado hecho pueda imputarse al obligado, el mismo debe ser objetivamente previsible. Por ende, aquellas actividades habilitadas, aunque sean la ocasión para la introducción de un riesgo, no pueden engendrar responsabilidad.
Las razones expuestas resultan suficientes para revocar la resolución aduanera apelada.
Por ello, VOTO POR:
Revocar la RESOL-2019-26-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI dictada en la Actuación Nº 12502-12-2018. Con costas.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato efectuado en los considerandos I a VI del voto del Dr. Miguel Nathan Licht.
II. Que adhiero en lo sustancial a los argumentos y conclusiones detallados por el Vocal preopinante en el considerandos VII.
III. Aclarado ello, corresponde resolver si la Resol -2019-26-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI, por la que se condenó a la firma Crucero del Norte SRL, al pago de una multa y comiso en los términos de los art. 987 del CA., resulta ajustada a derecho.
Que el caso se circunscribe a la configuración, en autos de las infracción contemplada en el art. 987 del Código Aduanero que contemplan que:…” El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero y no probare, ante el requerimiento del servicio aduanero, que aquélla fue librada lícitamente a plaza, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza. A los efectos de la comprobación a que se refiere este artículo, sólo se admitirá la documentación aduanera habilitante de la respectiva importación. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando el hecho encuadrare en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 985 y 986…”
Que del acta de interdicción de encomienda obrante a fs. 1 de los antecedentes administrativos de fecha 23/11/2017, surge que el Escuadrón Nucleo “Entre Ríos” de la Gendarmería Nacional procedió al control del vehículo de transporte de pasajeros del firma Crucero del Norte SRL –interno 3260 patente AB 499 MP- y en este se detectan dos encomiendas, identificadas como Guía n° 00009-00263944 se consignó el remitente Mendez Emiliano y destinatario Liliana Tabarez y Guia n° 0009 -00263945 remitente Mendez Emiliano y destinatario Gabriel Cuello, en ambos casos no se consigna ningún otro dato.
Que posteriormente se procede a la apertura de las encomiendas conforme la autorización del Juzgado Federal de Paraná n° 1 de fecha 2/2/2018 obrante a fs. 4/5, del Acta de Apertura de Encomienda de fs. 8 del de fecha 21/2/2018, se procedió al aforo y liquidación de las mercaderías.
Que la Resolución 74-E/2016 (BO 27/10/2016) del Ministerio de Transporte, aprobó el Sistema de Control de Equipaje y Encomiendas, que rige en el ámbito los servicios de transporte por automotor de pasajeros por carretera que se desarrolle en el ámbito de la jurisdicción nacional de carácter interjurisdiccional, definidos por el dto. nº 958 de fecha 16/6/1992. Que en el art. 6 del Anexo de la resolución prevé que las empresas de transporte alcanzadas por el régimen, que deseen trasladar paquetes o encomiendas en el interior de los vehículos afectados al transporte de pasajeros, deberán contar con un sistema informático que reciba y almacene los siguientes datos: a) nombre y apellido del remitente de la encomienda, b) nacionalidad, c) tipo y número de documento del remitente, que deberá ser fotografiado o escaneado, d) nombre y apellido del destinatario, e) razón social de la empresa de transporte, f) lugar, fecha y hora de origen y destino, así como precio y peso del despacho, g) número de faja asignado al momento de su despacho, h) número de factura electrónica emitida, seguidamente se emiten tres constancias de recepción de encomienda, en la que deberán constar los datos consignados y una de copias debe ser adherida a la encomienda.
Que cabe resaltar que con buen criterio el Sr. Administrador de las Aduana de Paraná, previo a aperturar sumario, dispuso a fs. 28 requerir a la empresa Crucero del Norte SRL que informe los datos filiatorios del remitente de consignado en las guías de encomienda de autos, de lo cual fue notificada la firma conforme constancia de fs. 30, lo cierto es que la información no fue suministrada por la empresa, de lo que se deduce que no se encontraba en su poder cuando era su obligación poseerla.
Que conforme la normativa vigente cabe advertir que la empresa tiene la obligación de consignar datos exigidos, por lo que a tenor de tales conceptos me encuentro en condiciones de afirmar que la firma ha incumplido con su obligación legal.
Que asimismo cabe resaltar que toda la mercadería hallada son pares de zapatillas de origen extranjero, respecto de lo que no ha mediado discusión ni controversia quedando acreditado otro presupuesto material de la infracción. Que respecto de la finalidad comercial de la mercadería en cuestión entiendo que la naturaleza, cantidad y valor de los efectos secuestrados -tal como surge del acta de interdicción, fs. 1 y de las planillas de aforo y liquidación de fs. 21/22 resultan claramente indicativos de su destino comercial por no resultar compatible con el uso o consumo propio o personal, extremo que tampoco fue desvirtuado, así como que la mercadería secuestrada así como que no se ha acreditado su libramiento lícito a plaza.
Que en virtud de los extremos acreditados es que la firma no puede oponer el incumplimiento de sus deberes relacionados a la prestación de su servicio, conforme lo previsto por el art. 902 del CA, por lo tanto corresponde tener por configurada la infracción prevista y tipificada por el art. 987 del CA, con costas.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Héctor Hugo Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la RESOL-2019-26-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI dictada en la Actuación Nº Nº 12502-12-2018. Con costas. Regístrese, notifíquese a la actora en la CUIT 20-16071366-7 (Dr. Daniel Salomon Goldslager) y al fisco nacional en la CUIT 33-69345023-9, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Dr. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme Art. 1162 del C.A.).
1 Lo que sucede es que el reo mediante su conducta expresa que la norma no rige para él, que no quiere reconocerla, de modo efectivo en la configuración de su actuar, como máxima válida para él. En ese supuesto, la acción es una conducta comunicativamente reveladora, pues implica una toma de postura expresiva en relación con la norma. 2 A título ilustrativo, cabe consignar que si un buque provoca un derrame de petróleo, la investigación administrativa no deberá profundizar en quien fue el tripulante que causó el evento y las razones que lo motivaron. La transportista está obligada a garantizar la indemnidad de su travesía como condición del otorgamiento de la habilitación para navegar por los mares argentinos.
Date: 2024.05.22 13:26:50 -03:00 Date: 2024.05.22 15:43:30 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.23 17:32:58 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.23 17:32:59 -03:00
Fin de la sentencia