Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 55720015-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir la apelación, revocar la resolución apelada y, por consiguiente, dejar sin efecto las sanciones impuestas a la actora en la resolución AD CAMP 27/23; con costas de ambas instancias al Fisco vencido (arts. 1163, CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 18347/2024 “CRUCERO DEL NORTE SA (TF 55720015-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, el 5/6/24, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución AD CAMP 27/23, recaída en la actuación 17114-2168-2016, en cuanto había condenado a Crucero del Norte SA al pago de una multa de $97.500 y al comiso de la mercadería USO OFICIAL secuestrada, por la comisión de la infracción prevista en el artículo 986 del Código Aduanero; con costas (v. pp. 234/240 de la versión digital del expte. TF 55720015-A, remitida con el oficio del 25/10/24).
Para resolver como lo hizo, relató que las actuaciones se originaron porque durante un control del vehículo de transporte de pasajeros perteneciente a la actora (interno 2070 patente PEX-471) se detectaron encomiendas, identificadas como Factura-Guía nros. 1792- 00000143, 1792-00000271, 1792-00000270, 1792-00000272 y 1792-00000237, que en todos los casos consignaban en el remitente un nombre de calle sin número y sin ningún otro dato. Posteriormente, se procedió a su apertura conforme la autorización otorgada por el Juzgado Federal de Campana, constatándose que los bultos transportados contenían mercadería importada con fines comerciales que no cumplía con los requisitos legales para su ingreso en debida forma.
Mencionó que la actora pretendió eximirse de responsabilidad amparándose en un contrato de alquiler de bodegas y con el argumento de que la mercadería era transportada por otra sociedad comercial, siendo los destinatarios de las mercaderías los cocontratantes del servicio de encomiendas. Sin embargo, el tribunal desestimó su defensa al interpretar que la actora debió asegurarse de que sus servicios se prestaran de acuerdo con las regulaciones aplicables, independientemente de si la mercadería era transportada por otra sociedad.
Transcribió los términos de los artículos 986 y 987 del Código Aduanero; como así también, los de la resolución 1027/05 de la Secretaría de Transporte -vigente al momento de los hechos-, que había dispuesto la creación de un Sistema Informático de Expendio de Pasajes y Encomiendas y estipulado lo siguiente:
“Art. 8°…En todo envío de bulto o encomienda el sistema informático a que se refiere el artículo 2º de la presente resolución, deberá capturar los siguientes datos: a) Nombre y apellido del dador de la carga, b) Nacionalidad, c) Tipo y número de documento, d) Empresa operadora de transporte, e) Lugar, fecha y hora de origen, así como precio, peso, lugar, fecha y hora estimada de arribo a destino…Art. 9°…ante hechos que impidan en forma insuperable proceder conforme lo establecido en el artículo precedente, los permisionarios deberán poseer preimpresos y numerados en blanco formularios en los que se asentará la causa de su utilización, la hora y fecha, mediante los cuales se expedirán las constancias de recepción de la encomienda y completados en forma manual con los mismos datos individualizados en el precedente artículo…”.
Refirió que a fs. 11/15 de los antecedentes lucían las copias de los remitos emitidos, en los que no se consignaron los datos requeridos por la normativa vigente, por lo que concluyó que la actora había incumplido con su obligación legal.
A continuación, resaltó que todas las mercaderías halladas (pares de ojotas, unidades protectoras de pantalla para celular, juegos de cables USB, sobres con paños limpia pantalla) eran de origen extranjero, sin que mediase controversia al respecto. También destacó que la naturaleza, cantidad y valor de los efectos secuestrados -que surgían de las actas obrantes a fs. 3 y 24 de los antecedentes- eran indicativos de su destino comercial, extremo que tampoco había sido desvirtuado.
Sobre la base de lo expuesto, concluyó que no estaban dadas las condiciones para dispensar a la actora de responsabilidad conforme lo previsto por el artículo 902 del Código Aduanero, y que estaban reunidos los elementos para tener por configuradas las infracciones tipificadas por los artículos 986 y 987 del mismo cuerpo legal.
2. Que, disconforme, la actora interpuso apelación el 12/6/24, que se concedió el 14/6/24, se fundó en igual fecha y fue replicada por la contraria el 16/8/24 (v. pp. 244, 247, 258-262 y 275-278, expte. cit.).
En primer término, planteó que el organismo jurisdiccional valoró arbitrariamente los hechos y las pruebas. Insistió en que era una empresa dedicada al transporte de larga distancia de pasajeros y que trasladaba la mercadería al amparo de contratos de alquiler de bodegas suscriptos con Crucero del SUR SRL; que era quien debía responder por todo lo referido al origen de la mercadería secuestrada o la indeterminación de sus remitentes o destinatarios. Sin perjuicio de lo expuesto, también indicó que todos los bultos viajaban con sus respectivas guías a nombre de “Crucero Express” (nombre de fantasía de Crucero del Sur SRL). Por lo que, a su entender, la Aduana contaba con todos los elementos para individualizar a las partes de la compraventa y, en caso de faltarle alguno, debió requerirlo a la empresa de correos Crucero del Sur SRL.
En segundo término, argumentó que la imputación en los términos de los artículos 986 y 987 del Código Aduanero era improcedente. Precisó que esas figuras infraccionales requerían tenencia injustificada y, en el caso, estaba probado que únicamente transportó las encomiendas al amparo del contrato de alquiler de bodegas suscripto con Crucero del Sur SRL. Agregó que tampoco se cumplía el requisito de tener la mercadería “con fines comerciales o industriales”; lo que también se ponía en evidencia a partir del referido contrato y por el hecho de que su intervención se limitó a prestar un servicio de transporte público de pasajeros para larga distancia. Añadió que la venta de mercaderías no formaba parte de su objeto social.
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Por último, planteó que al no estar debidamente acreditado que se dedicase exclusivamente al servicio de encomiendas y con una finalidad comercial, correspondía su absolución por imperio de lo dispuesto en el artículo 898 del Código Aduanero. Citó jurisprudencia en sustento de esta interpretación.
3. Que, ante todo, corresponde aclarar que en virtud del principio iura novit curia, se reconoce a los jueces la facultad y el deber de suplir el derecho que las partes invocan USO OFICIAL erróneamente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen, con independencia de la fundamentación que hayan hecho los intervinientes.
Para la aplicación e interpretación de las normas, los jueces tienen potestad privativa de valerse del derecho aplicable con total prescindencia del encuadre jurídico que pudiera haber realizado la Aduana al sustanciar el sumario administrativo, motivo por el cual pueden enmendar el derecho que consideren mal aplicado; ello, claro está, en la medida en que se mantenga la identidad entre los hechos investigados y aquellos por los cuales se dispone la condena (doctr. Fallos: 300:1074; 321:2453; entre otros).
En el sumario del caso se discutió la falta de medios identificatorios en la mercadería que se secuestró al efectuar el control del vehículo de la empresa actora. Nótese que en el auto de apertura del sumario y corrida de vista se imputó la comisión de la infracción prevista en el artículo 986 del Código Aduanero, y se hizo alusión a los siguientes hechos: “al momento de la fiscalización no se aportaron comprobantes que acrediten la legítima introducción en plaza y/o tenencia de la mercadería…la misma es de origen extranjero, sin contar además con el timbre fiscal adherido…por el tipo y cantidad de mercadería, habría de presumirse que se encontraría tipificada la infracción…” (p. 147, expte. cit.). En los considerandos de la resolución AD CAMP 27/23 se hizo alusión, con cierta imprecisión, a una supuesta imputación por infracción al artículo “986/987” del Código Aduanero (íd., p. 194), mientras que, en el artículo 1°, la actora resultó condenada por la infracción prevista y penada en el artículo “986, Ap. 1, Inc. c)” (íd., p. 197) ―fruto de un evidente error de tipeo, por tratarse de una disposición inexistente―.
Finalmente, la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación tuvo “por configuradas las infracciones previstas y tipificadas por los arts. 986 y 987 del CA” (íd., p. 240). En ese contexto, para salvaguardar (a) la congruencia entre la conducta endilgada y la condena, así como (b) la limitación que surge del artículo 987 in fine del Código Aduanero (en cuanto dispone que no será aplicable cuando el hecho encuadrare simultáneamente en el artículo 986), corresponde encuadrar la conducta en esta última disposición y evaluar si están reunidos los requisitos de ese tipo infraccional.
4. Que el artículo 986 del Código Aduanero reprime al que “por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la Administración Nacional de Aduanas”.
La figura requiere la existencia de tres elementos ―y la falta de uno de ellos, lógicamente, impide reprimir con las sanciones allí establecidas―. Estos son: 1°) que el sujeto activo tenga la mercadería en su poder; 2º) que la finalidad de la tenencia sea para comercialización o industrialización; 3°) que se trate de mercaderías de origen extranjero (cfr. Sala V, causa “Balut Hnos SRL c/ EN -DGA- Resol 431/06 y 434/06 (Ex 74-150/05 y 48)”, sent. del 29/12/09).
El origen extranjero de la mercadería se encuentra probado a partir de su pie de industria y no ha sido desacreditado por prueba alguna ofrecida por la imputada. Tampoco es materia de controversia que la mercadería no tenía debidamente aplicados los medios de identificación establecidos por la reglamentación. La discusión se centra en la concurrencia de los otros dos requisitos del tipo infraccional.
En cuanto al fin de comercialización o industrialización, de la Exposición de Motivos del código se desprende que debe estar referido a la propia mercadería que ha sido presunto objeto de contrabando, pues la figura infraccional bajo examen juega como complemento de aquél.
En el caso de la actora, es claro que, por su objeto social, su finalidad comercial está relacionada con la actividad de transporte y no con la comercialización de mercaderías. Eso mismo refleja el contrato de locación acompañado como prueba, del cual surge que Crucero del Norte SA presta servicios de transporte automotor y cobra un precio por el traslado de encomiendas (v. p. 252, expte. cit.). También está acreditado, en las actas labradas, que la actora no vendía las mercaderías en ocasión de ser transportadas, sino que se encontraban en bultos cerrados (íd. pp. 97-101).
En consecuencia, en el presente caso no se reúne el fin comercial requerido para tener por configurada la infracción prevista en el artículo 986 del Código Aduanero. Las razones expuestas resultan suficientes para revocar la decisión apelada y eximen al Tribunal de analizar el carácter de la tenencia con relación a la apelante.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Admitir la apelación, revocar la resolución apelada y, por consiguiente, dejar sin efecto las sanciones impuestas a la actora en la resolución AD CAMP 27/23; con costas de ambas instancias al Fisco vencido (arts. 1163, CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, CPCCN).
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 18347/2024 “CRUCERO DEL NORTE SA (TF 55720015-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN USO OFICIAL
Fin de la sentencia