Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 59024987-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso intentado y confirmar la sentencia del TFN de fecha 7/02/2024, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.), y
2Confirmar los honorarios regulados con fecha 25/03/2024, en favor del DR. DANIEL SALOMON GOLDSLAGE y fijar los de alzada de conformidad con lo establecido en el considerando IX.
13164/2024 “Crucero del Norte SA (TF 59024987 -A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”
Buenos Aires, 18 de octubre de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 7/02/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó el fallo Nro. 17/19 (AD CLOR), que condenó a la firma Crucero del Norte S.R.L., al pago de una multa y tributos como así también al comiso de la mercadería, por la comisión de la infracción al art. 987 del C.A. Impuso las costas a la D.G.A.
Para así decidir, en primer lugar, consideró que, correspondía tratar el planteo de nulidad del acta de apertura de encomienda, opuesto por la recurrente, basado en que carecía de las firmas que decía tener.
Al respecto, indicó que, dicho planteo no podía prosperar. En efecto, se advertía de las actas cuestionadas, que la apertura de las encomiendas había sido efectuada por Gendarmería Nacional en presencia de dos testigos, observándose que al final de cada una de las actas constaba la firma de todas las personas involucradas en los respectivos actos. Señaló que –en el caso- debido a la investigación que se encontraba llevando a cabo el Juzgado Federal n° 2 de Formosa, el personal de Gendarmería contaba con autorización de dicho Juzgado para proceder a la apertura de las encomiendas en trato, sin perjuicio de las facultades propias que las leyes le acordaban para controlar que la mercadería extranjera cumpla con las disposiciones legales previstas para su ingreso. Adujo que, la actora también sostenía que el transporte no fue efectuado por ella, sino por una empresa que le era ajena, por lo que la resolución debía ser revocada.
Con relación a ello, argumentó que, de las actas de procedimiento obrantes en las actuaciones administrativas, se desprendía claramente que la empresa que transportaba la mercadería era la recurrente, no obrando en dicha actuaciones acto alguno que permitiera sostener lo contrario.
En consecuencia, consideró que, no le asistía razón a la firma transportista en su planteo, correspondiendo por ende su rechazo.
Sentado lo anterior, puntualizó que, correspondía resolver si el fallo Nro. 17/19 (AD CLOR), por el que se condenó a la firma Crucero del Norte S.R.L., al pago de una multa y comiso de la mercadería considerada en infracción, como también reclamo por tributos, consistente en “celulares y accesorios de celulares”, en los términos del art. 987 del C.A., se ajustaba a derecho.
En dicho contexto, refirió que, según resultaba de las actas de apertura de encomiendas (actas y boletas de interdicción de mercadería Nros. 124/15, 125/15, 126/15 y 127/15), obrantes a fs. 5/16 vta. de las act. adm, el 28/05/15, la Sección Núcleo del Escuadrón 16 “CLORINDA” de Gendarmería Nacional, procedió a la apertura de varias encomiendas, amparadas por las Cartas de Porte Nros. 0009-00009188, 0009-00009189, 0009-00009191 y 0009-
00009197, en presencia de dos testigos, que eran trasladas por la firma Crucero del Norte SRL, resultando lo siguiente: Encomienda amparada por la carta de porte 0009-00009188, cuyo supuesto remitente era el Sr. Juan Miranda, domiciliado en Clorinda y figuraba como destinatario el Sr. Javier Jolivet, domiciliado en Rosario. En su interior se constató la existencia de 17 fundas plásticas para teléfonos celulares, 4 celulares “IPRÓ”, cada uno con accesorios y en sus respectivas cajas; • Encomienda amparada por la carta de porte 0009- 00009189, cuyo supuesto remitente era la Sra. Mónica Fleitas, domiciliada en Clorinda y figuraba como destinatario el Sr. Guido Rossi, domiciliado en Rosario. En su interior se constató la existencia de 11 fundas plásticas para teléfonos celulares, 5 manuales de instrucción, 3 cargadores para celular, 4 cables tipo USB, dos auriculares, una batería para teléfono celular y 4 celulares “IPRÓ”. • Encomienda amparada por la carta de porte 0009-00009191, cuyo supuesto remitente era el Sr. Juan C. Fernández, domiciliado en Clorinda y figuraba como destinatario el Sr. Fredy Gómez, domiciliado en Córdoba Bvard Per, Córdoba. En su interior se constató la existencia de 16 celulares “IPRÓ” sin accesorios. • Finalmente, la encomienda amparada por la carta de porte 0009-00009197, cuyo supuesto remitente era el Sr. Jorge Loto, domiciliado en Clorinda y figuraba como destinataria la Sra. Nélida Ocampo, domiciliada en Córdoba Bvard Per, Córdoba. En su interior se constató la existencia de 7 display de pantalla para teléfonos celulares, un auricular, 5 baterías para teléfono celular, un cargador para teléfono celular y una caja conteniendo en su interior un teléfono celular. • Toda la mercadería mencionada, era de supuesto origen extranjero, lo que de todas formas no se encuentra controvertido en autos, motivo por el cual se la secuestró –por orden del Juzgado interviniente- por no poseer la documentación que avalara su legal ingreso al país.
Postuló que, el art. 987 del C.A. establecía: "El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, y no probare, ante el requerimiento del servicio aduanero que aquella fue librada lícitamente a plaza, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de 1 a 5 veces su valor en plaza. A los efectos de la comprobación de la legítima introducción a que se refiere este artículo, sólo se admitirá la documentación aduanera habilitante de la respectiva importación. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando el hecho encuadrare en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 985 y 986". Señaló que, el objeto de la figura imputada en autos -que requería la tenencia a cualquier título "con fines comerciales o industriales"- era sancionar residualmente al contrabando, “... ya que al consistir en la comercialización de la mercadería supuestamente objeto de aquél, juega necesariamente como su complemento" (ver en la Exposición de Motivos del C.A.).
Adujo que, se resguardaba, la legítima introducción de mercaderías de origen extranjero, sancionándose en consecuencia al tenedor de ellas que no acredite dicha legitimidad ante la inspección aduanera.
Afirmó que, al respecto el régimen imponía el principio de la inversión de la carga de la prueba respecto de la referida legal introducción, prueba a cargo del tenedor que –en principio- consistirá, según la mercadería de que se trate y en lo que aquí interesa, en acompañar la documentación aduanera habilitante de su ingreso.
En tales condiciones, entendió que, correspondía analizar si en el caso se reunían los requisitos para tener por configurada la infracción prevista en el art. 987 del C.A.
Ante todo, indicó que, la firma actora investía la calidad de "empresa de transportes", lo cual no se encontraba discutido en autos y había sido acreditado en las actuaciones administrativas con la documentación aportada por el propio servicio aduanero (ver fs. 17/19 act. adm.).
En tal sentido, expuso que, resultaba claro que el transportista que transportaba mercadería no tenía fines comerciales o industriales respecto de la mercadería transportada, sino que en cumplimiento de un contrato de transporte llevaba las mercaderías de un lugar a otro. El propósito comercial que podía tener para desarrollar la actividad que desempeñaba, el transporte a título oneroso de la mercadería, no constituía el fin comercial que la normativa exigía que debía tenerse sobre la propia mercadería.
Destacó que, el fin comercial de esas figuras infraccionales refería a la “comercialización o industrialización de la mercadería” supuestamente introducida de modo ilegal y no al mero transporte de las mismas. En este punto recordó que esas figuras consistían (así lo decía en la Exposición de Motivos del C.A.) en la “comercialización de mercadería presuntamente proveniente de contrabando”.
Agregó que, por otra parte, en su calidad de transporte de encomiendas que se suponen cerradas, resultaba irrazonable que se le exija – previo a su recepción para el transporte- la apertura de las mismas para verificar su contenido, lo que por su parte tampoco resultaba exigido por normativa alguna. Ponderó que, asimismo, se advertía del análisis de las actuaciones correspondientes a la causa, que la Aduana no efectuó una investigación completa y exhaustiva a los efectos de determinar los presuntos responsables e imputar la infracción aquí en trato conforme a derecho.
Puso de relieve que, en efecto, según resultaba del acta de procedimiento, en las cartas de porte se encontraban consignados los nombres, apellidos, DNI como así también los domicilios de los supuestos destinatarios, radicados en Rosario y Córdoba, no obstante lo cual no surge de las actuaciones acto alguno por parte del servicio aduanero, tendiente a verificar o investigar –o al menos intentarlo- la información con la que contaba.
De todo lo expuesto, consideró que, cabía concluir que la actora tenía la mercadería extranjera afectada al servicio de su transporte por cuenta de terceros de buena fe y sin el fin comercial o industrial que requería la infracción imputada, por lo que no se habían configurado en autos los elementos constitutivos de la misma, correspondiendo, en consecuencia, revocar la resolución apelada.
II. Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 8/04/2024 interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional, expresando agravios con fecha 29/04/2024, los que fueron contestados por la contraria el 19/05/2024.
III. Que mediante el pronunciamiento de fecha 25/03/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios del Dr. Daniel Salomon Goldslager, por su actuación profesional en el doble carácter, en la suma de pesos ciento veintiún mil setecientos trece ($121.713) -equivalentes a 3 UMA a dicha fecha- los que se encuentran a cargo de la parte demandada. Se agregó que en caso de revestir el citado profesional la condición de responsable inscripto frente al IVA, a dicha suma deberá adicionársele la correspondiente a este impuesto. Contra dicho pronunciamiento, con fecha 10/04/2024 interpuso recurso de apelación y expresó agravios la demandada, los que fueron replicados el 18/04/2024, por la contraria.
IV. Apelación de la demandada:
Sostiene la recurrente que el TFN incurrió en un error al momento de valorar los hechos y las constancias agregadas en las actuaciones administrativas. Los argumentos para sentenciar son difusos, errados e insuficientes, incurriendo en una arbitrariedad manifiesta como así también al no tratar las defensas interpuestas por su parte.
Se agravia de la forma de decidir del TFN por carecer de los atributos necesarios para ser estimado un acto jurisdiccional válido. Aduce que, si bien en autos se encuentra comprobado y no se controvirtió que la mercadería secuestrada es de origen extranjero y no se poseyó ni aportó la documentación que avalara su legal ingreso al país, tal como fuera sostenido por el a quo, dicho Tribunal se inclinó, sin embargo, por revocar la Resolución Aduanera.
Considera que, pese a realizar un razonamiento lógico cronológico, el TFN se inclina por sostener que no hay exigencia alguna que se le pueda realizar a la firma por la tenencia de mercadería en infracción y que no se dan los elementos constitutivos que prevé el artículo 987 del Código Aduanero. De esta manera queda expuesto el desentendimiento del Tribunal de los argumentos apuntados por su parte al momento de contestar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, en lo que se refiere a la concurrencia en autos de los elementos constitutivos de la infracción.
Indica que allí, su parte sostuvo que: 1) La imputada se encontraba como tenedora de la mercadería transportando en el interior de una de sus unidades la misma. Ello en los términos del artículo 1910 del Código Civil y Comercial. 2) La cantidad de mercadería secuestrada y en tenencia de la recurrente es incompatible con el uso o consumo particular. 3) La extranjería de la mercadería no está controvertida en autos y surge de la planilla de clasificación y aforo. Contrariamente al entendimiento del TFN, a la actora se le debe exigir actuar con diligencia y responsabilidad considerando el artículo 902 del Código Aduanero sin que sea necesario aperturar las encomiendas para verificar su contenido previo al despacho.
Destaca que, ello no ocurrió, ya que: 1) Transportó mercadería en condiciones defectuosas al no haber individualizado correctamente a los remitentes y destinatarios de la misma tal como lo establece el Decreto N° 4531/1965. Por ende, no identifica la persona con la que podría haber pactado un contrato de transporte. 2) No se presentó ante el servicio aduanero a ejercer su legal derecho a la defensa en juicio, se la declaró rebelde y no aportó prueba que acredite que le pertenezca a un tercero ni que desvirtúe el accionar aduanero. Al respecto, el artículo 9 del citado Decreto reza:
“Sin perjuicio de lo establecido en las demás disposiciones del presente Título y a fin de poder determinar en cualquier momento su legítima introducción al país y correcto uso o utilización, toda operación comercial con mercaderías de origen extranjero debe· efectuarse mediante el otorgamiento a favor de quien reciba las mercaderías por cualquier título, de una factura, recibo, remito u otro documento donde conste, con prescindencia de otras, las siguientes especificaciones con caracteres indelebles: a) Lugar y fecha; b) Razón social o nombres de quien entrega las mercaderías y número del documento de identidad cuando no exista comercio establecido; c) Razón social o nombre de quien recibe las mercaderías; d) Cantidad, especie, calidad y origen de las mercaderías y toda otra característica tendiente a su mejor identificación, como ser: numeración, serie, modelo, color, etc; e) Número, año y aduana que expidió el despacho o póliza por la cual se nacionalizó la mercadería o número de boleta, aduana o banco rematador, en caso de provenir de subastas de aduana; f) Uso o utilización de la mercadería, si éste hubiera sido determinado al efectuarse el despacho a plaza”.
Al respecto, resalta que, en autos, no están individualizados los remitentes o destinatarios con sus respectivos números de DNI, por lo que no basta con la indicación de nombres o apellidos que pueden ser ficticios. Es decir que, no sólo se encontraba como tenedor de la mercadería, sino que incluso la imputada no ha adoptado los recaudos exigidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.
Afirma que, la infracción queda configurada por la sola tenencia de la mercadería. Cabe recordar el carácter objetivo de la figura infraccional (arts. 985, 986 y 987 del C.A.) que determina la inversión de la carga de la prueba, la que se configura en cabeza del imputado, el que debe demostrar que cumplió con su obligación.
Alega que, si la documentación no cumple con el requisito establecido, tal omisión configura la comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 986 y 987 del C.A., y ello es lo ocurrido en autos. Surge claramente de las actuaciones administrativas que la mercadería de reconocido origen extranjero no posee los debidamente aplicados los medios de identificación requeridos y que la contraria no ha podido acreditar los medios o instrumentos de prueba idóneos que darían cuenta de la legítima introducción al país de ésta. En este contexto, recuerda que la recurrente prefirió oponer defensas dilatorias que no hacen al fondo de la cuestión y deshonrar el proceder aduanero, las cuales fueron desestimadas por el TFN correctamente.
Finalmente, considera que, en razón de lo antedicho en los puntos anteriores, resulta que, el TFN ha incurrido en una manifiesta arbitrariedad en su sentencia, pues, resolvió la demanda interpuesta de manera irrazonable y contraria a las propias normas imperantes que rigen la materia en trato, haciendo un análisis erróneo de los hechos y de los antecedentes de la causa, omitiendo y sin considerar los dichos de su parte.
V. Que el artículo 265 del CPCCN, aplicable supletoriamente a procesos como el bajo examen, establece -en lo que aquí interesa- ciertos recaudos que deben observarse por medio de este tipo de presentaciones. En este sentido, prevé que debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de sus razonamientos, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. Debe contener el análisis serio, razonado y crítico de la resolución recurrida y que sea idóneo para demostrar la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de las pruebas producidas (conf. esta Sala en autos 5900/2007 “Musso, Carlos Alberto c/EN - Mº Defensa s/personal militar y civil de las FFAA y Seg.”, sent. del 11/7/2013 y sus citas). Es que “criticar” es muy distinto a “disentir”. La crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener. En cambio, disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia (conf. en igual sentido, C. Nac. de Apel. en lo Civil, Sala A, en autos “Z., M. R. c/D. P., J. L. y otros”, resol. del 16/12/2005, publicada en La Ley, el 1/6/2006).
Señalados los recaudos que han de ser observados en toda presentación recursiva como la examinada, adviértase que el razonamiento seguido por el Tribunal Fiscal de la Nación para revocar la Resolución de marras, no fue motivo de cuestionamiento suficiente para enervar lo decidido. En efecto, mientras el núcleo de la decisión del Tribunal a quo para revocar la resolución aduanera 17/19 (AD CLOR), se sustentó en que no se habían configurado en autos los elementos constitutivos de la infracción prevista en el artículo 987 del C.A., toda vez que la mercadería extranjera se encontraba - respecto de la actora- afectada al servicio de su transporte por cuenta de terceros de buena fe y sin el fin comercial o industrial que requería la infracción imputada; la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo decidido sin rebatir adecuadamente el fundamento de la decisión impugnada.
En este sentido cuadra destacar que el Fisco omitió por completo hacerse cargo de tal argumento dirimente que sustenta la decisión apelada, prescindiendo además de los extremos de hecho que dieron lugar a la adopción de tal temperamento.
En consecuencia, corresponde rechazar la apelación intentada.
VI. Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que, el art. 987 del C.A. establece que: "El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, y no probare, ante el requerimiento del servicio aduanero que aquella fue librada lícitamente a plaza, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de 1 a 5 veces su valor en plaza. A los efectos de la comprobación de la legítima introducción a que se refiere este artículo, sólo se admitirá la documentación aduanera habilitante de la respectiva importación. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando el hecho encuadrare en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 985 y 986".
De lo expuesto, resulta que, para tener por configurada la infracción, el Código Aduanero requiere que se configure la tenencia injustificada con fines comerciales o industriales.
En el sub examine, se encuentra probado y además, no está controvertido por las partes que, Crucero del Norte S.R.L. es una empresa prestataria de servicio de transporte de pasajeros de larga distancia, no siendo su objeto social la venta de mercaderías.
Es decir que, el transportista no tenía fines comerciales o industriales respecto de la mercadería transportada, sino que llevaba las mercadería de un lugar a otro, en cumplimiento de un contrato de transporte.
En este contexto, cabe advertir que, el mero transporte a título oneroso de la mercadería no constituye el fin comercial que la normativa exige que debe tenerse sobre la propia mercadería. Sobre este punto, se encuentra acreditado, mediante las actas labradas, que la actora no vendía las mercaderías en ocasión de ser transportadas, sino que se encontraban en bultos cerrados, individualizándose a través de las “guías/remito” tanto a los remitentes como a los destinatarios.
Asimismo, cabe añadir que, la recepción de mercadería en bultos cerrados impide al receptor apreciar las características intrínsecas de la mercadería a transportar.
Al respecto, conviene recordar que, las empresas de transporte se encuentran sujetas a las disposiciones de la Ley de Correos N°20216 y sus modificatorias, a través de la cual se establece la inviolabilidad de los envíos postales en su art. 6: “La inviolabilidad de los envíos postales, importa la obligación de no abrirlos, apoderarse de ellos, suprimirlos, dañarlos o desviarlos intencionalmente de su curso, ni tratar de conocer su contenido, así como de no hacer trascender quienes mantienen relaciones entre sí o dar ocasión para que otros cometan tales infracciones. Todo empleado o persona afectada al servicio, está obligada a prestar juramento de guardar estrictamente el secreto postal”. En definitiva, cabe resaltar que el tipo infraccional por el cual se sanciona al apelante prevé que la tenencia de la mercadería tenga un fin comercial o industrial; circunstancia que difiere del “transporte” de dicha mercadería, por lo que no se configura en este caso la infracción prevista y penada por el art. 987 del C.A.
VII. Que asimismo, y tal como lo señaló el TFN en su sentencia, las encomiendas transportadas por Crucero del Norte SRL fueron así recibidas y conducidas al amparo de sus respectivas Cartas de Porte (guía de cada encomienda), indicándose en todos los casos los domicilios del remitente y del destinatario, y además, en todos los casos, se consignó el teléfono de los destinatarios.
A mayor abundamiento, cabe señalar que, del “Acta de Interdicción”
punto 6 surge que: “Que al solicitarse al chofer de la unidad la carta de porte de las mencionadas encomiendas, el mismo exhibe CINCO (5) CARTAS DE PORTE Nros. 0009-00009188, 0009-00009189, 0009-00009191, 0009-00009192, 0009- 00009197 pertenecientes a la empresa Crucero Express -Encomiendas- Crucero del Dur SRL, boletería Clorinda - Av. España N° 1221 tel 03718-422867, con fecha 06/05/2015 y 07/05/2015 (…)” (fs. 30).
Dichas circunstancias demuestran -por lo demás- que la Aduana contaba con elementos para investigar y determinar los presuntos responsables e imputar la infracción aquí en trato conforme a derecho.
VIII. Que las costas se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota, del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
IX. Que a fin de tratar el recurso interpuesto; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 - XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional. Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados - conf. fallo Nro. 17/19 (AD CLOR), lo resuelto con fecha 07/02/2024 y precedentemente-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante las etapas del pleito cumplidas, corresponde confirmar los honorarios regulados con fecha 25/03/2024, en favor del DR. DANIEL SALOMON GOLDSLAGE, letrado apoderado, actuante en la defensa de la actora (arts.16, 20, 21, 24, 29, 44 inc. b) , 58 y ccdtes. y citados de la ley 27.423).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido y el modo en que se impusieron las costas, corresponde regular en la suma de PESOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE ($60.779) - equivalente a 1 UMA-; los emolumentos del DR. DANIEL SALOMON GOLDSLAGE, por la actuación en el carácter de letrado apoderado de la actora (arts. 20, 21, 24, 29, 30, y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el recurso intentado y confirmar la sentencia del TFN de fecha 7/02/2024, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.), y 2º) confirmar los honorarios regulados con fecha 25/03/2024, en favor del DR. DANIEL SALOMON GOLDSLAGE y fijar los de alzada de conformidad con lo establecido en el considerando IX.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia