Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 40081-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso intentado y confirmar la sentencia del TFN de fecha 29/07/2024, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
438/2025 “CRUCERO DEL NORTE SRL (TF 40081-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 17 de abril de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, mediante el pronunciamiento de fecha 29/07/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del auto de apertura de sumario, y de todo lo actuado en consecuencia, incluso de la Resolución “2019-18-E-AFIP- ADPARA#SDGOAI” (AD PARANA), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12502-408-2017 - 12502-408-2017/1.
Asimismo, declaró prescripta la acción de la DGA para imponer una multa respecto de la firma actora.
Por último, impuso las costas al Fisco Nacional.
Para así decidir, precisó que, la cuestión de autos radica en determinar si la resolución aduanera apelada se ajustaba o no a derecho.
En ese sentido, recordó los antecedentes del caso e indicó que la resolución apelada fundaba su condena en el hecho de que el tipo infraccional en trato requería para su sanción la simple tenencia de la mercadería de origen extranjero con fines comerciales e industriales.
Ante tal contexto, determinó que correspondía analizar la cuestión debatida en el marco de lo dispuesto en la Sección XII, Título II, Capítulo Decimotercero, del C.A., que comprende los supuestos de "Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales e industriales".
Transcribió lo dispuesto por los artículos 986 y 987 del Código Aduanero. Por consiguiente, expuso que al tratarse de dos infracciones distintas -que tipifican conductas diferentes-; la realidad jurídica de aquellas le permitió inferir en que la Aduana de Paraná no ha seguido el procedimiento previsto por el Código citado.
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Luego de citar los artículos que estimó pertinentes y doctrina que consideró aplicable al caso, alegó que la Aduana debería haber investigado y precisado la conducta de que se trata, encuadrándola en una de las tres infracciones tipificadas (arts. 985, 986 y 987, CA) y haber corrido vista con relación a la infracción imputada.
De ese modo, señaló que, al tratarse de dos conductas diferentes, no cabe efectuar una imputación genérica mencionando las dos normas. Así mismo, preciso que la Resolución “2019-18-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI” incurre en el mismo defecto, pues condena por "la infracción a los arts. 986 y 987", como si se tratara de una sola conducta o una única infracción.
Postuló que “[…] no habiéndose imputado hecho concreto alguno en la vista conferida, ni individualizado concretamente la norma legal en la cual su conducta encuadraría, el cabal ejercicio del derecho de defensa no resulta posible para el administrado y, por ende, la garantía constitucional de la defensa en juicio ha resultado afectada”.
En efecto, declaró la nulidad de la apertura del sumario, de la vista conferida al recurrente en sede administrativa, así como de la resolución aduanera impugnada.
A su vez, al ser declarado nulo el auto indicado, estimó que éste no pudo interrumpir el curso de la prescripción para imponer multas en los términos del art. 937, inc. a), del CA.
Ello así, por cuanto alegó que “[…] respecto de la multa intimada en autos, el plazo de prescripción es de cinco años, conforme el art. 934 del C.A. y comenzó a correr el 1° de enero de 2018 (conforme el art. 935 del C.A.) y, de no mediar causales suspensivas e interruptivas, hubiese operado el 31 de diciembre del año 2022”.
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Como consecuencia de ello, determinó que, al haberse declarado la nulidad de la apertura de sumario, la acción del servicio aduanero para imponer multas se encuentra prescripta.
De todas formas, explicó que en la especie no se reúnen los requisitos para tener por configurada ni la infracción prevista en el art. 986, ni la contemplada en el art. 987.
Entendió que ambos artículos exigen -con relación a la conducta reprimidatener en su poder la mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales. Seguido ello, sostuvo que el transportista que transporta dicha mercadería no tiene fines comerciales o industrial respecto de la mercadería transportada, sino que en cumplimiento de un contrato de transporte lleva las mercaderías de un lugar a otro.
Asimismo, aludió al propósito comercial que tiene la firma actora, alegando que el transporte a título oneroso no constituye el fin comercial que la normativa exige que debe tenerse sobre la propia mercadería.
Una vez expuesto el fin comercial de las figuras infraccionales, esgrimió que la aduana tampoco llevó a cabo investigación alguna tendiente a determinar el origen extranjero de las mercaderías en cuestión. Asimismo, indicó que tampoco ha investigado si otras personas pudieran haber cometido una infracción aduanera en su carácter de remitentes de la mercadería que se sostiene que se hallaba en infracción.
Así, concluyó que tales razones son suficientes para determinar que no se han configurado las infracciones imputadas en autos. Además, agregó que “[…] la falta de una imputación de una infracción aduanera concreta en la vista conferida, luego de la apertura del sumario, ha lesionado el principio de la defensa en juicio, apartándose de las normas que en el Código Aduanero regulan el procedimiento previsto para las infracciones” (conf. esp. fs. 47/52 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
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II. Que, contra dicho pronunciamiento, con fecha 10/09/2024 interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional, expresando agravios con fecha 1/10/2024, los que no fueron contestados por la contraria (ver fs. 65 y 75/83 del hipervínculo insertado en el Considerando que antecede).
En primer lugar, la recurrente recuerda los antecedentes del caso y jurisprudencia del Máximo Tribunal.
Explica que los elementos de las infracciones son: 1) Ser tenedor de la mercadería; 2) Finalidad comercial o industrial; 3) El origen de la mercadería sea extranjera.
Respecto del primero, refiere al art. 1.910 CCyCN. Por consiguiente, entiende que el tenedor, si bien tiene la disposición física de la cosa, reconoce que la posesión se encuentra en cabeza de otra persona, en otras palabras, es un poseedor a nombre de otro.
Recuerda que […] la reglamentación en orden a la precisión de los tenedores de mercadería de origen extranjera con fines comerciales o industriales contenida en el Decreto 4531/65, en el art. 1° realizaba una enumeración considerada no taxativa, estableciendo que están obligados a probar ante la autoridad aduanera cuando a juicio de esta hubiere motivos para creer que se ha pretendido evadir impuestos o requisitos de importación, la legítima introducción de las mercaderías de origen extranjero que por cualquier titulo tengan en su poder: a) Despachante de aduana, b) los consignatarios, c) los depositarios, d) los vendedores, e) los transportistas, f) las personas o firmas dedicadas a la publicidad y/o promoción de ventas incluida la entrega y/o disposición de muestras gratis, y g) cualquier otra persona que las tenga con fines de comercio o industrialización”.
Así, alega que, sin perjuicio de la ausencia de prueba en contrario, es clara la calidad de tenedor que posee la imputada respecto de la mercadería objeto de autos. Por ello, considera que la firma actora no solo se encontraba como tenedor CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II de la mercadería, sino que incluso no ha adoptado los recaudos exigidos por el Código Civil y Comercial de la Nación respecto del transporte de cosas (art. 1.298/1.300 CCyCN).
Respecto a los fines comerciales e industriales, indicó que “del análisis jurisprudencial se puede establecer que la interpretación de este concepto se ha orientado a tener por configurado esta condición, cuando atento a la cantidad, calidad y variedad de la mercancía y el lugar y circunstancias en que se encontrare, tome incompatible que tiene un uso o consumo personal”.
Cita doctrina a modo de respaldo de sus argumentos.
En cuanto a la extranjería, explica que se trata de un elemento objetivo y que parte de la realidad y que se vincula con el origen de la mercadería y en tal sentido sirve de utilidad las normas de origen consagradas en el art. 14 del CA. Al respecto, indica la existencia de mercaderías en las cuales su condición de extranjeras surge como evidentes, como es el caso de etiquetas, constancias que detallan el lugar de fabricación, o fraccionamiento, origen, etc. Afirma que se ha sostenido entonces que se produce la inversión de la carga de la prueba en estas infracciones si existen elementos que crean la presunción del origen extranjero, invirtiendo así la carga de la prueba, la que recaerá sobre el imputado. Puntualiza que en autos no solo ello surge de las actuaciones administrativas, precisamente planilla de clasificación y foro, sino que además no se ha aportado contraparte prueba alguna que lo desvirtúe.
Delimitados tales aspectos, concluye que el imputado reunía cada uno de los elementos oportunamente citados “[…] 1) Tenedor de la mercadería extranjera secuestrada. 2) Su cantidad excedía el uso personal y por ello se presume poseía fines comerciales. 3) El origen de la mercadería era extranjera.”
Cita doctrina y jurisprudencia de la Sala I del fuero que –según entiende– avalan su postura.
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A modo de conclusión, señala que los hechos analizados configuran la infracción prevista y penada por los art. 986 y 987 del Código Aduanero, razón por la cual solicita que se confirme en su totalidad el pronunciamiento aduanero, con expresa imposición de costas a la parte actora.
III. Que, a título preliminar, debe recordarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
IV. Que el artículo 986 del Código Aduanero reprime al que “por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la Administración Nacional de Aduanas”.
La figura requiere la existencia de tres elementos y la falta de uno de ellos, lógicamente, impide tener por configurada la conducta infraccional y por ende aplicar las sanciones allí establecidas. Estos son: 1°) que el sujeto activo tenga la mercadería en su poder; 2º) que la finalidad de la tenencia sea para comercialización o industrialización; 3°) que se trate de mercaderías de origen extranjero (cfr. Sala V, causa “Balut Hnos SRL c/ EN -DGA- Resol 431/06 y 434/06 (Ex 74-150/05 y 48)”, sent. del 29/12/2009).
De lo expuesto, resulta que, para tener por configurada la infracción, el Código Aduanero requiere que se configure la tenencia de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales.
Con relación al primero de los elementos señalados, cabe poner de resalto que en el sub lite se cuestionan encomiendas, reguladas por la ley nº 20.216 de correos, en cuyo artículo 17 se establece que "…el envío postal pertenecerá al CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II expedidor hasta tanto no haya sido entregado al destinatario o a persona autorizada para recibirlo…".
A su vez, el artículo 6 de la citada ley dispone “…la inviolabilidad de los envíos postales, importa la obligación de no abrirlos, apoderarse de ellos, suprimirlos, dañarlos o desviarlos intencionalmente de su curso, ni tratar de conocer su contenido, así como de no hacer trascender quienes mantienen relaciones entre sí o dar ocasión para que otros cometan tales infracciones…”. En tales condiciones, si bien prima facie la firma actora “tenía” la mercadería en su transporte, dicha tenencia era de carácter precario, ocasional y sujeta a la obligación de su entrega al destinatario final.
Asimismo, del principio constitucional de la inviolabilidad de la correspondencia, y del texto de los artículos 6 y 17 de la ley 20.216 –y sin perjuicio de las facultades consagradas en su artículo 29–, resulta que la empresa de transporte carece de facultades para puede inspeccionar el contenido de las encomiendas cerradas, ni siquiera en el supuesto de presumir la existencia de elementos de circulación prohibida (cfr., “Balut Hnos. SRL”, cit.).
En virtud de lo expuesto, no puede válidamente afirmarse, como lo hace la demandada, que en el caso concreto se encuentre configurado el primer elemento necesario del tipo infraccional endilgado a la actora.
V. Que, sin perjuicio de que lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para sellar la suerte adversa del recurso de la recurrente, cabe señalar que, en cuanto al fin de comercialización o industrialización, de la Exposición de Motivos del Código Aduanero, se desprende que debe estar referido a la propia mercadería que ha sido presunto objeto de contrabando, pues la figura infraccional bajo examen opera como complemento de aquél.
En el caso en examen, debe tenerse presente que, la firma Crucero del Norte S.R.L., es una empresa cuya actividad comercial principal consiste en el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional y, como actividad secundaria su unidad “Crucero Express”, se dedica a logística y encomiendas. Es claro que, por su objeto social, la finalidad comercial de la firma actora se relaciona con la actividad de transporte automotor y otras actividades relacionadas con hotelería y el turismo, pero no con la comercialización de mercaderías (expte. administrativo en formato papel fs. 36). Eso mismo reflejan diversas actas e informes labrados durante el trámite del sumario, de los que surge que la mercadería se encontraba en bultos cerrados, es decir que no se vendía en ocasión de su traslado (págs. 1, 11 y 40/3 del PDF correspondiente a los antecedentes administrativos incorporados al sistema informático). De igual modo, la constancia inserta en la expresión de agravios del Fisco convalida que las restantes actividades en que se encuentra inscripta la sociedad actora frente al organismo recaudador se relacionan con el transporte automotor, servicios complementarios para el transporte, servicios empresariales, agencias de viajes y servicios inmobiliarios con inmuebles propios; no así con la comercialización de mercadería.
En virtud de ello, no resulta razonable considerar que la mercadería incautada (mayoritariamente calzado e indumentaria), conforme surge de las constancias administrativas tuviera fines “industriales o comerciales” –en los términos requeridos por el tipo infraccional–, conforme el giro comercial habitual de la accionante.
VI. Que por otra parte, no puede dejar de advertirse que, tal como surge de las actuaciones administrativas, la totalidad de los paquetes secuestrados por la Gendarmería Nacional se encontraban cerrados, por lo que la firma actora únicamente pudo conocer el contenido de los mismos una vez que los funcionarios administrativos dispusieron su apertura en los distintos procedimientos llevados a cabo, todo lo cual desvirtúa el atribuido conocimiento, por su parte, de las CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II condiciones y presunta finalidad “industrial o comercial” de la mercadería incautada.
Es que, se encuentra acreditado, mediante las actas labradas, que la actora no vendía las mercaderías en ocasión de ser transportadas, sino que se encontraban en bultos cerrados, individualizándose a través de las “guías/remito”, y por los datos -si bien escasos- que constaban en los bultos.
De lo expuesto, resulta claramente que, en el presente caso, no se reúne el fin comercial requerido para tener por configurada la infracción prevista en el artículo 986 del Código Aduanero.
En definitiva, cabe resaltar que el tipo infraccional por el cual se sanciona al apelante prevé que la tenencia de la mercadería tenga un fin comercial o industrial; circunstancia que difiere del “transporte” de dicha mercadería, por lo que no se configura en este caso la infracción prevista y penada por el art. 986 del C.A.
VII. Que finalmente y con respecto a los demás elementos requeridos por el tipo infraccional (origen extranjero de la mercadería y la ausencia de la identificación establecida por la Aduana para su identificación), cabe señalar que, tal lo manifestado por el Tribunal a quo, no se encuentra constatado en autos el origen extranjero de las mercaderías ni tampoco que la aduana haya llevado a cabo investigación alguna tendiente a determinar el origen extranjero de las mismas (v. Actas de págs. 1, 11 y 40/3, del PDF correspondiente a los antecedentes administrativo incorporados sistema informático, y planillas de aforo págs. 22, 36 y 44).
Asimismo, tampoco se ha investigado si otras personas pudieran haber cometido una infracción aduanera en su carácter de remitentes de la mercadería que la apelante sostiene que se hallaba en infracción.
En consecuencia, cabe concluir que en el caso no se reunían los requisitos para tener por configurada la infracción prevista en el art. 986 del CA, lo que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II determina el rechazo del agravio y consiguiente confirmación del decisorio recurrido (en igual sentido ver esta Sala en los autos N° 613/2025, caratulados “BALUT HERMANOS SRL (TF 33706-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, sentencia del 5 de junio de 2025).
VIII. Que, por lo expuesto, y sin perjuicio de la ausencia de agravios concretos respecto de la nulidad decretada del auto de apertura de sumario -y de todo lo actuado en consecuencia-, teniendo en cuenta lo hasta aquí decidido corresponde desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 29/07/2024.
IX. Que las costas se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso intentado y confirmar la sentencia del TFN de fecha 29/07/2024, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia