Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-40584743-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución 073/2022 (AD PASO), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA 17428-174-2017/2, en cuanto condena a la firma CRUCERO DEL SUR SRL, aquí actora, al pago de una multa y el comiso de la mercadería, por la comisión de la infracción al art. 987 del CA.
2Costas a la DGA
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-68018730-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Julio de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Horacio Joaquín Segura, con la Presidencia del Vocal nombrado en segundo término (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), a fin de resolver en los autos caratulados “CRUCERO DEL SUR SRL c/ DGA s/ recurso de apelación”, expediente EX- 2023-40584743- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Mediante RE-2023-40582193-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma CRUCERO DEL SUR SRL e interpone recurso de apelación contra la Resolución 073/2022 (AD PASO) que la condena al pago de una multa y el comiso de la mercadería, por la comisión de la infracción al art. 987 del Código Aduanero (“CA”). Sostiene que la resolución apelada contiene una motivación aparente, ya que se limita a reseñar lo actuado en las actuaciones. Plantea la nulidad del acta de apertura de encomiendas por carecer de las firmas que dice tener. Expone que en las guías de encomienda se identificaron los remitentes y destinatarios de las encomiendas secuestradas. Afirma que es una empresa inscripta en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales, conforme la prueba que acompaña y que ha cumplido y cumple con todas las normas que rigen su actividad. Manifiesta que conforme lo establece la ley 20.216, no puede abrir las encomiendas que remiten sus clientes ni tampoco conocer su contenido, ya que ello implicaría la violación del secreto postal. Agrega que como operadora de servicios postales no detenta responsabilidad alguna en cuanto al contenido u origen de la encomienda. Sostiene que no se configura en autos la infracción imputada por el servicio aduanero. Cita jurisprudencia en apoyo de sus dichos. Agrega que se ha violado su derecho de defensa al dictarse una resolución sin fundamento y basada en un acta nula. Aduce que también se ha violado el artículo 17 de la C.A., ya que la resolución apelada pretende que se pague una multa sin infracción aduanera individualizada, ni basarse en hechos concretos. Finalmente, se agravia de la graduación de la multa impuesto en 5 veces el valor de la mercadería basada en supuestos antecedentes infraccionales que no están firmes o están prescriptos. Ofrece prueba. Efectúa reserva del caso federal.
II. Mediante IF-2023-76997554-APN-DTD#JGM se presenta el representante del Fisco y contesta el traslado conferido. Efectúa un breve resumen de los hechos y una negativa genérica de las manifestaciones y hechos sostenidos por la contraria. Manifiesta que los argumentos de la actora carecen de toda razonabilidad y sustento tanto fáctico como jurídico, correspondiendo por ende su desestimación, con costas. Agrega que accionar del personal aduanero fue controlado por el magistrado actuante, por lo que la garantía de veracidad se robustece más aún, toda vez que se trata de un documento público que ha estado a consideración y examen de un juez de la Nación. Alega que la posesión de mercadería de origen extranjero sin la documentación que acredite su legal tenencia e introducción al territorio aduanero, configura, justamente, el reproche infraccional formulado por su mandante, conforme lo dispuesto en el art. 986 del CA. Entiende que resulta palmaria la improcedencia de la nulidad que peticiona por la contraria, por lo que sería declarar la nulidad por la nulidad misma. Refiere al régimen de tenencia de mercaderías de origen extranjero en plaza concluyendo que si no cumple en presentar la documentación respectiva, se configura la infracción al art. 987 del C.A. Entiende que surge claramente de las actuaciones administrativas que la mercadería de reconocido origen extranjero no posee debidamente aplicados los medios de identificación requeridos y que la contraria no ha podido acreditar los medios o instrumentos de prueba idóneos que darían cuenta de la legítima introducción al país de la mercadería. Expone que en el caso opera la inversión de la carga probatoria, por lo que la contraria debe poseer la documentación que respalde el legal ingreso de la mercadería en trato. Ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo apelado, con costas.
III. Con fecha 06.05.26 se elevan los autos la Sala “E” y quedan en estado de dictar sentencia.
IV. La Actuación SIGEA 17428-174-2017/2 se inician con el Acta de Apertura de Encomiendas labrada por el Juzgado Federal de Paso de los Libres con fecha 05.05.17. A fs. 3/4 obra el Acta de Interdicción de Encomiendas de fecha 02.03.17. A fs. 5/7 se agregan copias de los remitos y facturas de las encomiendas. A fs. 8/9 obra el Registro de Acta de Lote Secuestro de fecha 04.04.18 y a fs. 10/11 el Acta de procedimiento 243/17 –planilla de clasificación y aforo 042003122018. A fs. 12 se agrega print de pantalla de AFIP-Sistema registral. A fs. 13/14 se instruye sumario contencioso y se corre vista, la que le es notificada a Crucero del Sur SRL con fecha 14.08.19 conforme constancias de fs. 15. A fs. 16 se presenta la firma imputada y solicita vista y a fs. 21/23 contesta vista. A fs. 25 se la tiene por presentada y se declara la causa de puro derecho. Previa consulta a AFIP-registro de infractores aduaneros (fs. 27/29), con fecha 08.02.22 se emite el dictamen jurídico 53/2022 y, finalmente, se dicta la resolución 073/2022 (AD PASO), apelada en autos.
V. Que, en primer lugar, corresponde tratar el planteo de nulidad del acta de apertura de encomienda opuesto por la recurrente, basado en que carece de las firmas que dice tener.
Dicho planteo no puede prosperar. En efecto, se advierte del acta cuestionada, que la apertura de las encomiendas fue efectuada por Gendarmería Nacional y personal de la AFIP en presencia de dos testigos, observándose que al final del acta consta la firma de todas las personas involucradas en el respectivo acto (v. fs. 3/4 de las act. adm.). Por su parte, no se advierte cuál es el perjuicio concreto alegado por la recurrente. En tal sentido, resulta de aplicación al caso la doctrina de la Corte Suprema que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros, Fallos: 205;549 y 267;393). Por lo tanto, corresponde rechazar el planteo de nulidad opuesta por la actora.
VI. A continuación, corresponde resolver si la Resolución 073/2022 (AD PASO), por la que se condenó a la firma CRUCERO DEL SUR SRL, aquí recurrente, al pago de una multa y comiso de la mercadería considerada en infracción consistente en “juegos de cubiertos y accesorios para productos electrónicos”, en los términos del art. 987 del CA, se ajusta a derecho.
Que el art. 987 del CA establece: "El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, y no probare, ante el requerimiento del servicio aduanero que aquella fue librada lícitamente a plaza, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de 1 a 5 veces su valor en plaza. A los efectos de la comprobación de la legítima introducción a que se refiere este artículo, sólo se admitirá la documentación aduanera habilitante de la respectiva importación. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando el hecho encuadrare en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 985 y 986".
VII. En el presente caso, según resulta de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, el 02.03.17, personal de la Sección Vial Paso de los Libres del Escuadrón 7 de Paso de los Libres dependiente de Gendarmería Nacional, procedieron al secuestro de 20 encomiendas, en presencia de dos testigos, que eran trasladadas por el camión dominio JNF002, perteneciente a la firma transportista CRUCERO DEL NORTE SRL, por considerar que estaba en presunta infracción a la Ley 22.415.
Antes de continuar, para aclarar posibles discrepancias en lo nombres de la aquí recurrente, se aclara que conforme documental acompañada por la imputado y lo manifestado por la misma al momento de contestar la vista en sede aduanera, se desprende que CRUCERO DEL NORTE SRL le alquila las bodegas a CRUCERO DEL SUR SRL, que a su vez esta última gira bajo el nombre de fantasías CRUCERO EXPRESS.
Posteriormente, como consecuencia de la medida judicial dispuesta por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, se procedió a la apertura de dichas encomiendas, conforme acta de apertura obrante a fs. 1/1 vta. de las act. adm., constatándose la existencia de la siguiente mercadería:
1. Una encomienda avalada por la guía 1035-00007517, que corresponde a dos bultos, que cada uno tiene en su interior 20 juegos de cubiertos de 24 piezas cada uno marca “Barichelli”.
2. Una encomienda avalada por la guía 1035-00007557, que corresponde a cinco bultos, que cada uno tiene en su interior 20 juegos de cubiertos de 24 piezas cada uno marca “Barichelli” de industria brasilera.
3. Una encomienda avalada por la guía 0009-00182116, que corresponde a cinco bultos, que cada uno tiene en su interior 20 juegos de cubiertos de 24 piezas cada uno marca “Barichelli” de industria brasilera.
4. Una encomienda avalada por la guía 1035-00007560, que corresponde a dos bultos, que cada uno tiene en su interior 20 juegos de cubiertos de 24 piezas cada uno marca “Barichelli “de industria brasilera.
5. Una encomienda avalada por la guía 0009-00182128, que corresponde a cuatro bultos, que cada uno tiene en su interior 150 cargador de celular, marca “Rapido Inova” modelo “120C” de industria china.
6. Una encomienda avalada por la guía 0009-00182137, que corresponde a dos bultos, que uno tiene en su interior 180 adaptadores universales de industria China y el otro tiene en su interior 190 adaptadores universales de industria China.
Toda la mercadería mencionada, según resulta del aforo, era de origen extranjero, nueva sin uso importada, motivo por el cual se la secuestró –por orden del Juzgado interviniente- por no poseer la documentación que avalara su legal ingreso al país (v. fs., 10/11 de las act. adm.).
VIII. Según resulta de la Exposición de Motivos del Código Aduanero, el objeto de la figura imputada en autos -que requiere la tenencia a cualquier título "con fines comerciales o industriales"- es sancionar residualmente al contrabando, "... ya que al consistir en la comercialización de la mercadería supuestamente objeto de aquél, juega necesariamente como su complemento".
Se resguarda, por ende, la legítima introducción de mercaderías de origen extranjero, sancionándose en consecuencia al tenedor de ellas que no acredite dicha legitimidad ante la inspección aduanera. Al respecto, el régimen impone el principio de la inversión de la carga de la prueba respecto de la referida legal introducción, prueba a cargo del tenedor que –en principio- consistirá, según la mercadería de que se trate y en lo que aquí interesa, en acompañar la documentación aduanera habilitante de su ingreso.
En consecuencia, corresponde analizar si en el caso se reúnen los requisitos para tener por configurada la infracción prevista en el art. 987 del C.A.
Corresponde destacar, ante todo, que la recurrente inviste la calidad de "empresa de transporte", lo cual no se encuentra discutido en autos y ha sido acreditado en autos mediante RE-2023-40584632-APN-SGASAD#TFN, acompañando la certificación expedida por la Dirección Nacional de Servicios Postales, de la que resulta que “se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales”, bajo el número 864, desde el 04.02.11.
En tal sentido, resulta claro que el transportista que lleva mercadería no tiene fines comerciales o industriales respecto de la mercadería transportada, sino que en cumplimiento de un contrato de transporte lleva las mercaderías de un lugar a otro. El propósito comercial que pueda tener para desarrollar la actividad que desempeña, es decir el transporte a título oneroso de la mercadería, no constituye el fin comercial que la normativa exige que debe tenerse sobre la propia mercadería.
Que el fin comercial de estas figuras infraccionales refiere a la “comercialización o industrialización de la mercadería” supuestamente introducida de modo ilegal y no al mero transporte de las mismas. En este punto debe recordarse que esta figura consiste (así se lo dice en la Exposición de Motivos del CA) en la “comercialización de mercadería presuntamente proveniente de contrabando”.
IX. Cabe señalar, por otra parte, que -tal como sostiene la actora-, en su calidad de empresa de transporte de encomiendas que se suponen cerradas, resulta irrazonable que se le exija –previo a su recepción para el transporte- la apertura de las mismas para verificar su contenido, lo que además no resulta exigido por normativa alguna. Es más, incluso –tal como manifiesta la recurrente- se encuentra prohibido por el art. 6 de la Ley 20.216, referido a la inviolabilidad de los envíos postales.
Que, por otro lado, surge de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero nunca imputo a los remitentes de las mercaderías para investigar la legítima tenencia o introducción de la misma, pese a estar los mismos identificados en los remitos (v. fs. 5/7 de las act. adm.) y consideró a la aquí actora como única tenedora y responsable de la mercadería (v. fs. 13/14 corrida de vista, fs. 30/31 dictamen jurídico 53/2022 y resolución 073/2022 (AD PASO de las act. adm.). En efecto, y sin perjuicio de no configurarse la infracción imputada por lo expuesto ut-supra, cabe de todos modos señalar que contrariamente a dichos fundamentos, se advierte del examen de las actuaciones administrativas, que la Aduana no efectuó una investigación completa y exhaustiva a los efectos de determinar los presuntos responsables e imputar la infracción aquí en trato conforme a derecho.
Si bien podría considerase que –en algún supuesto-, no se consignaron todos los datos detallados, lo cierto es que en todos los casos figuraban los nombres y domicilios y –en su mayoría- hasta incluso DNI de los remitentes y destinatarios; De todo lo expuesto, cabe concluir que la actora tenía la mercadería extranjera afectada al servicio de su transporte de buena fe y sin el fin comercial o industrial que requiere la infracción imputada, por lo que no se han configurado en autos los elementos constitutivos de ella, correspondiendo, en consecuencia, revocar la resolución apelada Que, por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución 073/2022 (AD PASO), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA 17428-174-2017/2, en cuanto condena a la firma CRUCERO DEL SUR SRL, aquí actora, al pago de una multa y el comiso de la mercadería, por la comisión de la infracción al art. 987 del CA.
2. Costas a la DGA El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito, por razones de brevedad, al relato de los antecedentes de la causa efectuado en los considerandos I a IV del voto del Dr. Juan Manuel Soria, sin perjuicio de las consideraciones que formularé a continuación.
II. Que, en primer término, corresponde expedirse sobre el planteo vinculado con la supuesta irregularidad del procedimiento de apertura de las encomiendas.
Al respecto, cabe señalar que de las actuaciones administrativas surge que la apertura de los bultos no fue realizada de modo unilateral por la Gendarmería Nacional ni por el servicio aduanero, sino en sede del Juzgado Federal de Paso de los Libres, ante S.S. la Señora Jueza Federal de Instrucción Subrogante Dra. Cristina Elizabeth Pozzer Penzo y el Secretario autorizante Dr. José Luis Mora Araujo, con intervención de funcionarios de Gendarmería Nacional y de la AFIP-DGA, en cumplimiento de las disposiciones del art. 235 del C.P.P.N.
En tales condiciones, el agravio fundado en la inviolabilidad de los envíos postales carece de entidad para descalificar la validez del procedimiento. La garantía prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional y en la Ley 20.216 no puede ser interpretada como una inmunidad absoluta frente al control estatal cuando existen razones objetivas para presumir la existencia de mercadería extranjera en infracción, y menos aun cuando la apertura fue practicada en sede judicial y con intervención de la autoridad jurisdiccional competente.
Debe recordarse, además, que las nulidades no proceden por la nulidad misma ni por la mera invocación genérica de defectos formales, sino cuando se acredita un perjuicio concreto y efectivo al derecho de defensa. Tal extremo no se verifica en autos.
Por ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por la recurrente.
III. Que, sentado lo anterior, corresponde determinar si la Resolución 073/2022 (AD PASO), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 17428-174-2017/2, por la cual se condenó a la firma CRUCERO DEL SUR S.R.L. al pago de una multa y al comiso de la mercadería secuestrada, por la comisión de la infracción prevista en el art. 987 del Código Aduanero, se ajusta a derecho.
El art. 987 del Código Aduanero dispone que: “El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero y no probare, ante el requerimiento del servicio aduanero, que aquélla fue librada lícitamente a plaza, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza. A los efectos de la comprobación a que se refiere este artículo, sólo se admitirá la documentación aduanera habilitante de la respectiva importación. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando el hecho encuadrare en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 985 y 986”.
De la norma transcripta se desprende que, para la configuración de la infracción, corresponde verificar: a) la tenencia, por cualquier título, de mercadería de origen extranjero; b) la finalidad comercial o industrial de dicha tenencia; c) la falta de acreditación, ante el requerimiento del servicio aduanero, de su lícito libramiento a plaza mediante la documentación aduanera habilitante.
IV. Que de las constancias administrativas surge que, con fecha 02/03/2017, personal de la Sección Vial “Paso de los Libres” del Escuadrón 7 “Paso de los Libres” de Gendarmería Nacional procedió al control de un vehículo de transporte de pasajeros identificado con dominio JNF-002, perteneciente a la firma CRUCERO DEL NORTE S.R.L., en cuya bodega se detectaron veinte bultos tipo encomienda, amparados por diversas guías, los cuales dieron lugar al procedimiento que aquí se analiza.
Que este extremo resulta relevante, pues no se trata de mercadería hallada en poder inmediato de un pasajero determinado dentro del salón del vehículo, ni de equipaje personal inequívocamente vinculado a una persona individualizada, sino de bultos transportados en la bodega del coche, documentados como encomiendas y amparados por guías.
Que, asimismo, resulta particularmente significativo lo manifestado por la propia recurrente en su presentación de fs. 22 de las actuaciones administrativas, en cuanto señaló que, desde el año 2009, y ante la existencia de espacio disponible en las bodegas de los coches, éstas fueron alquiladas a CRUCERO DEL SUR S.R.L., firma que gira bajo el nombre de fantasía “Crucero Express” y que —según sus propios dichos— se dedica exclusivamente al transporte de encomiendas. Asimismo, la actora reconoció encontrarse inscripta ante el organismo competente como empresa permisionaria prestadora de servicios postales en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales bajo el N° 864. Que tales manifestaciones, provenientes de la propia parte recurrente, permiten descartar que la vinculación de CRUCERO DEL SUR S.R.L. con los bultos secuestrados haya sido meramente ocasional, accidental o ajena a su actividad específica. Por el contrario, evidencian que la utilización de las bodegas respondía a una operatoria organizada de transporte de encomiendas, explotada profesionalmente por la firma bajo el nombre comercial “Crucero Express”. Que, en consecuencia, la circunstancia de que los bultos se encontraran en la bodega del coche no desplaza la responsabilidad hacia un pasajero indeterminado ni hacia la titularidad formal del vehículo, sino que refuerza la conclusión de que la mercadería se hallaba bajo la esfera operativa, organizativa y de custodia de la empresa recurrente. Que aun en la hipótesis de que la bodega del vehículo fuera utilizada indistintamente para equipaje de pasajeros y para encomiendas, dicha circunstancia no exime a la empresa transportista o prestadora del servicio. Por el contrario, tratándose de una actividad profesional y reglamentada, pesaba sobre ella el deber de individualizar los bultos ingresados a la bodega y vincularlos con su titular, ya fuera mediante guía, ticket, talón, sticker, marbete, faja, constancia de recepción o documento equivalente.
Que la imposibilidad posterior de identificar en forma cierta al titular de los bultos no puede operar como causal de exoneración cuando esa imposibilidad deriva, precisamente, de una deficiencia en la registración, individualización o trazabilidad de la carga transportada bajo la esfera operativa de la propia empresa.
Que, en este punto, cabe destacar un extremo que resulta particularmente relevante para la solución del caso: de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas surge que los números de documento consignados respecto de los supuestos remitentes no se corresponden con los números de documento de quienes aparecen suscribiendo las constancias respectivas, lo que impide tener por acreditada una identificación cierta y verificable del dador de la carga. A ello se suma que los domicilios indicados no resultan precisos, sino que se consignan meras localidades o referencias genéricas —incluso con errores ostensibles de escritura—, lo cual torna insuficiente la registración efectuada a los fines de asegurar la trazabilidad de los bultos transportados.
Que, por ello, la defensa de la actora fundada en que la mercadería pertenecería a remitentes o destinatarios ajenos a la empresa no resulta suficiente para excluir su responsabilidad. Si la recurrente explotaba profesionalmente un servicio de encomiendas mediante la utilización de bodegas de coches, debía contar con registros completos, consistentes y verificables que permitieran identificar al dador de la carga, al destinatario y la vinculación concreta de cada bulto con su respectiva guía o constancia de transporte.
Que, en tales condiciones, corresponde concluir que la mercadería secuestrada se encontraba bajo la tenencia material y la esfera de custodia de CRUCERO DEL SUR S.R.L., en el marco de la actividad profesional de transporte de encomiendas que la propia firma reconoce desarrollar.
V. Que esta conclusión se refuerza a la luz de la Resolución 74-E/2016 del Ministerio de Transporte, aplicable al momento de los hechos, que aprobó el Sistema de Control de Equipaje y Encomiendas para los servicios de transporte por automotor de pasajeros de jurisdicción nacional.
Que dicha normativa impone a las empresas alcanzadas por el régimen el deber de contar con mecanismos de registración e identificación de los paquetes o encomiendas transportados, incluyendo datos del remitente, destinatario, lugar de origen y destino, fecha y hora, peso, precio, identificación de la empresa transportista y demás elementos necesarios para asegurar la trazabilidad del envío.
Que la finalidad de dicho régimen no es meramente formal. Se vincula directamente con la seguridad del transporte, la trazabilidad de los bultos, la prevención de ilícitos y la posibilidad de identificar al responsable de la carga transportada. Que, en consecuencia, si la empresa recibe y transporta bultos en la bodega del vehículo, debe poder demostrar a quién pertenecen, bajo qué guía fueron admitidos, quién los remitió, quién debía recibirlos y cuáles eran los elementos documentales mínimos que permitían vincular cada bulto con su respectivo dador de carga o destinatario. Que, si no puede hacerlo de modo completo, consistente y verificable, tal incumplimiento no desplaza la responsabilidad hacia un tercero indeterminado, sino que robustece la imputación formulada respecto de quien tenía la mercadería bajo su esfera de custodia y organización.
VI. Que, en el caso concreto, conforme surge del acta de apertura de encomiendas y de las planillas de clasificación y aforo obrantes en las actuaciones administrativas, se constató la existencia de la siguiente mercadería: Una encomienda amparada por la guía N° 1035-00007517, correspondiente a dos bultos, cada uno con veinte juegos de cubiertos de veinticuatro piezas marca “Barichelli”.
Una encomienda amparada por la guía N° 1035-00007557, correspondiente a cinco bultos, cada uno con veinte juegos de cubiertos de veinticuatro piezas marca “Barichelli”, de industria brasileña.
Una encomienda amparada por la guía N° 0009-00182116, correspondiente a cinco bultos, cada uno con veinte juegos de cubiertos de veinticuatro piezas marca “Barichelli”, de industria brasileña.
Una encomienda amparada por la guía N° 1035-00007560, correspondiente a dos bultos, cada uno con veinte juegos de cubiertos de veinticuatro piezas marca “Barichelli”, de industria brasileña.
Una encomienda amparada por la guía N° 0009-00182128, correspondiente a cuatro bultos, cada uno con ciento cincuenta cargadores de celular marca “Rápido Inova”, modelo “120C”, de industria china.
Una encomienda amparada por la guía N° 0009-00182137, correspondiente a dos bultos, uno con ciento ochenta adaptadores universales de industria china y otro con ciento noventa adaptadores universales de industria china. La cantidad, variedad y naturaleza de la mercadería secuestrada resultan incompatibles con el uso o consumo personal. En efecto, no se trata de efectos aislados, ni de bienes de uso individual, sino de mercadería nueva, homogénea, en cantidades relevantes, susceptible de comercialización, consistente en juegos de cubiertos, cargadores de celular y adaptadores universales.
Ello permite tener por acreditado el elemento relativo a la finalidad comercial exigido por el art. 987 del Código Aduanero.
Asimismo, la descripción de los efectos secuestrados —en particular, mercadería de industria brasileña y china— permite tener por configurado el presupuesto relativo al origen extranjero, extremo que no fue eficazmente desvirtuado por la recurrente.
VII. Que no comparto la conclusión según la cual el transportista sólo tendría finalidad comercial respecto del servicio de transporte y nunca respecto de la mercadería transportada.
Es cierto que, en principio, la empresa transportista cobra por el traslado y no por la venta de los bienes. Sin embargo, ello no basta para excluir sin más la aplicación del art. 987 del Código Aduanero. El tipo infraccional no exige que el tenedor sea propietario de la mercadería ni que sea quien personalmente la comercialice o industrialice. La norma se refiere a quien “por cualquier título” tenga en su poder mercadería extranjera con fines comerciales o industriales. En supuestos como el presente, la finalidad comercial o industrial no debe ser examinada exclusivamente desde la intención subjetiva del transportista de revender la mercadería, sino a partir de la inserción objetiva de la mercadería en una operatoria incompatible con el uso o consumo personal.
La propia descripción efectuada por la actora respecto de su actividad permite, además, descartar que la tenencia de los bultos haya sido puramente accidental. Si la empresa alquilaba bodegas de coches para explotar un servicio específico de transporte de encomiendas bajo el nombre “Crucero Express”, la tenencia de los bultos no aparece como un hecho aislado, sino como parte del giro profesional de su actividad. Por ello, aun cuando CRUCERO DEL SUR S.R.L. no fuera la vendedora final de los bienes, su intervención resultaba funcional a la circulación y distribución de mercadería extranjera en cantidades objetivamente comerciales.
Cuando una empresa profesional transporta en la bodega de un vehículo veinte bultos tipo encomienda con mercadería extranjera nueva, homogénea y en cantidades manifiestamente comerciales, sin documentación aduanera habilitante y sin una identificación suficiente y verificable del responsable de la carga, la tenencia no puede ser considerada jurídicamente neutra.
La finalidad comercial surge, entonces, de la naturaleza, cantidad, modalidad de acondicionamiento y circunstancias del transporte, sin que resulte necesario acreditar que la empresa transportista fuera quien habría de vender en forma directa cada uno de los efectos secuestrados.
En tales condiciones, la ausencia de titularidad dominial de la mercadería o de reventa directa por parte de la transportista no excluye la tipicidad, pues el art. 987 del Código Aduanero comprende la tenencia “por cualquier título” cuando recae sobre mercadería extranjera con finalidad comercial objetiva y sin acreditación de su lícito libramiento a plaza.
VIII. Que la invocación de la Ley 20.216 tampoco resulta suficiente para excluir la responsabilidad infraccional de la recurrente.
La garantía de inviolabilidad de los envíos postales no puede ser interpretada como una inmunidad absoluta frente al control aduanero ni como un mecanismo que permita transportar mercadería extranjera sin respaldo documental. La Ley 20.216 protege el secreto postal y la regularidad del servicio, pero no neutraliza las facultades de control del servicio aduanero cuando existen elementos objetivos que permiten presumir la existencia de mercadería extranjera en infracción. En el caso, la propia constancia judicial agregada al sumario demuestra que la apertura de las encomiendas fue realizada en sede del Juzgado Federal de Paso de los Libres, ante la magistrada interviniente y el secretario autorizante, con auxilio de funcionarios de Gendarmería Nacional y de la AFIP-DGA. Por consiguiente, la invocación del secreto postal no puede operar como obstáculo para valorar las constancias obtenidas en dicho acto, ni como causal de exclusión de responsabilidad de la empresa transportista.
Máxime cuando la propia recurrente manifestó que CRUCERO DEL SUR S.R.L. se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales bajo el N° 864 desde el 4 de febrero de 2011. Por ello, no puede invocar aisladamente la inviolabilidad de los envíos postales como causal de exoneración, sin asumir simultáneamente los deberes de registración, individualización y trazabilidad inherentes a la prestación profesional del servicio postal. Por lo demás, el cumplimiento del régimen postal o de encomiendas no se agota en la prohibición de abrir bultos. También comprende la correcta identificación, registración y trazabilidad de los envíos. La actora no podía abrir arbitrariamente las encomiendas, pero sí debía registrar adecuadamente quién las remitía, quién las recibía, bajo qué guía se transportaban, qué constancia se adhería al bulto y cuáles eran los elementos mínimos que permitieran individualizar al responsable del envío.
IX. Que tampoco puede prosperar la defensa fundada en que las guías o remitos permitirían identificar a remitentes o destinatarios.
Las constancias invocadas por la recurrente no permiten tener por acreditada una identificación cierta, completa y verificable de los remitentes o responsables de la carga. En efecto, de las actuaciones surge que los números de documento consignados respecto de los supuestos remitentes no se corresponden con los números de documento de quienes aparecen suscribiendo las constancias respectivas, circunstancia que impide afirmar la existencia de una correlación documental confiable entre la persona indicada como remitente y quien efectivamente habría intervenido en el despacho de los bultos.
Asimismo, los domicilios consignados resultan insuficientes para individualizar de modo preciso al dador de la carga, pues en diversos casos se indican meras localidades o referencias genéricas (ninguna calle ni número), e incluso aparecen errores ostensibles de escritura —vgr. “PAOS DE LOS LIBRES”— que refuerzan la conclusión de que la registración efectuada carecía de la precisión mínima exigible a una empresa profesional dedicada al transporte de equipajes o encomiendas.
Sobre este aspecto, corresponde recordar que la prestación profesional de servicios postales o de encomiendas no se agota en trasladar físicamente bultos de un punto a otro. Quien desarrolla esa actividad en forma habitual y reglada asume deberes específicos de admisión, registración, individualización, rotulado, custodia y trazabilidad de los envíos. En esa inteligencia, la aceptación de bultos con datos identificatorios incompletos, inconsistentes o no verificables constituye una omisión relevante de los deberes de diligencia exigibles al operador profesional del servicio.
No se trata, entonces, de exigir a la empresa que sustituya al servicio aduanero ni que abra arbitrariamente las encomiendas, sino de requerirle el cumplimiento de los deberes documentales y de trazabilidad que son propios de la actividad que explota. La invocación de terceros remitentes o destinatarios sólo podría tener virtualidad exculpatoria si tales sujetos hubieran sido identificados en forma completa, consistente y verificable. Ello no ocurre en el caso. En consecuencia, la falta de identificación adecuada no favorece a la recurrente, sino que evidencia una deficiencia imputable a su propia organización del servicio. La empresa no puede trasladar la responsabilidad hacia remitentes o destinatarios indeterminados cuando la imposibilidad de individualizarlos deriva de la insuficiencia o inconsistencia de las constancias que ella misma debía generar, conservar o exigir en el marco de la prestación postal o de encomienda.
Por ello, las guías y remitos obrantes en autos no desvirtúan la configuración del tipo infraccional previsto en el art. 987 del Código Aduanero, sino que, por el contrario, corroboran que la mercadería extranjera fue transportada bajo la esfera operativa de la firma recurrente sin documentación aduanera habilitante y sin una trazabilidad suficiente que permita excluir su responsabilidad.
X. Que, por otra parte, se encuentra acreditado que la mercadería secuestrada era de origen extranjero. Ello surge de las constancias de clasificación y aforo obrantes en las actuaciones administrativas, así como de la descripción de los efectos: juegos de cubiertos de industria brasileña, cargadores de celular de industria china y adaptadores universales de industria china.
Frente a ese extremo, la recurrente no acompañó documentación aduanera habilitante que acreditara el lícito ingreso a plaza de la mercadería. En consecuencia, se verifica también el presupuesto relativo a la falta de acreditación del libramiento lícito, en los términos expresos del art. 987 del Código Aduanero.
XI. Que, en virtud de lo expuesto, considero que en autos se encuentran reunidos los elementos constitutivos de la infracción imputada.
La firma recurrente tenía la mercadería bajo su esfera de custodia y organización, en el marco del servicio de transporte de bultos o encomiendas; la mercadería era de origen extranjero; su cantidad y naturaleza revelaban una finalidad comercial objetiva; y no se acreditó mediante documentación aduanera habilitante su legítima introducción a plaza. La calidad de permisionaria de servicios postales N° 864 refuerza, y no debilita, la imputación efectuada, pues evidencia que la recurrente desarrollaba una actividad reglada que le imponía deberes específicos de control documental, identificación y trazabilidad de los envíos transportados bajo su esfera operativa.
La empresa no puede oponer, como defensa exculpatoria, la imposibilidad de identificar al titular real de los bultos cuando esa imposibilidad deriva del incumplimiento de los deberes reglamentarios de registración, individualización y trazabilidad que pesaban sobre ella. Máxime cuando, en el caso, la documentación invocada no sólo resulta incompleta, sino también inconsistente, en tanto los números de documento atribuidos a los supuestos remitentes no coinciden con los correspondientes a quienes aparecen firmando las constancias, y los domicilios consignados carecen de precisión suficiente para permitir una identificación real y verificable.
Por ello, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto tuvo por configurada la infracción prevista en el art. 987 del Código Aduanero.
XII. Que, finalmente, corresponde analizar el agravio relativo a la graduación de la multa.
La resolución apelada impuso a la firma CRUCERO DEL SUR S.R.L. una multa equivalente a dos veces el valor en plaza de la mercadería secuestrada, con más el comiso correspondiente, en los términos del art. 987 del Código Aduanero. Al respecto, cabe recordar que la escala prevista por dicha norma habilita la imposición de una multa de uno a cinco veces el valor en plaza de la mercadería. En consecuencia, la sanción aplicada —equivalente a dos veces dicho valor— se encuentra dentro del marco legal previsto y, en las circunstancias del caso, no luce desproporcionada. En efecto, de las actuaciones administrativas surge que, con anterioridad al dictado de la resolución apelada, se agregó consulta al Registro de Infractores correspondiente a CRUCERO DEL SUR S.R.L., CUIT 30-70781282-2. De dicha constancia se desprende, entre otros extremos, la existencia del Registro N° 1032356, relativo a una causa por tenencia injustificada de mercadería, con intervención de la Aduana de Gualeguaychú, en la que consta la Resolución Fallo N° 635/2021, firme el 01/12/2021, con multa y comiso por infracción al art. 985 del C.A.
Asimismo, surge el Registro N° 1026484, en el que figura como imputada, entre otros, CRUCERO DEL SUR S.R.L., vinculado a una causa por tenencia injustificada de mercadería, con intervención de la Aduana de San Javier, en la que consta el Fallo N° 186/2020, firme el 05/02/2021, por infracción a los arts. 985, 987 y 991 del C.A.
Tales antecedentes, por su materia y por encontrarse firmes con anterioridad al dictado de la Resolución apelada, resultan idóneos para ser ponderados a los fines de graduar la sanción dentro de la escala legal prevista por el art. 987 del Código Aduanero. En particular, corresponde destacar que uno de ellos comprende expresamente la infracción al art. 987 del C.A., lo que refuerza la razonabilidad de apartarse del mínimo legal.
A ello se suma que, en el presente caso, la mercadería involucrada presentaba cantidad, variedad y características claramente comerciales; fue transportada en bultos tipo encomienda bajo la esfera operativa de una empresa permisionaria de servicios postales; las guías y constancias acompañadas resultaron insuficientes e inconsistentes para individualizar adecuadamente a los remitentes o responsables de la carga; y no se acompañó documentación aduanera habilitante que acreditara su lícito ingreso a plaza.
En tales condiciones, la multa equivalente a dos veces el valor en plaza de la mercadería secuestrada no aparece como arbitraria ni desproporcionada, sino como una graduación moderada dentro de la escala legal, razonablemente fundada en la entidad objetiva de los hechos y en los antecedentes infraccionales firmes agregados en sede administrativa.
XIII. Que, en cuanto a las costas, atento al modo en que se resuelve, corresponde imponerlas a la actora vencida, conforme lo dispuesto por el art. 1163 del Código Aduanero.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por CRUCERO DEL SUR S.R.L. y confirmar la Resolución Fallo N° 073/2022 (AD PASO), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 17428-174-2017/2, en cuanto condenó a la firma recurrente por la comisión de la infracción prevista en el art. 987 del Código Aduanero, al pago de una multa equivalente a dos veces el valor en plaza de la mercadería secuestrada y al comiso de dicha mercadería.
2. Imponer las costas a la actora vencida, conforme art. 1163 del Código Aduanero.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución 073/2022 (AD PASO), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA 17428-174-2017/2, en cuanto condena a la firma CRUCERO DEL SUR SRL, aquí actora, al pago de una multa y el comiso de la mercadería, por la comisión de la infracción al art. 987 del CA.
2. Costas a la DGA Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Segura por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2026.07.13 16:39:38 ART Date: 2026.07.13 17:17:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.13 19:48:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.13 19:50:46 -03:00
Fin de la sentencia