Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 132.628
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la defensa;
II. SUPRIMIR LA AGRAVANTE valorada por el magistrado Y REESTABLECER LAS ATENUANTES consistentes en la juventud y el buen concepto del acusado;
III. FIJAR la pena de Fabián Antonio De la Cruz en tres (3) años y un (1) mes de prisión, manteniendo intactas el resto de las declaraciones de la sentencia, sin costas.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 40, 41, 41 bis y 95 del Código Penal; 210, 371, 373, 448, 450, 454, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 132628 (IPP 1500-36339-20)
caratulada “DE LA CRUZ FABIAN ANTONIO NICOLAS S/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL-MAIDANA.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto por el defensor oficial, Dr. Luis Mariano Valentini, contra la sentencia dictada el 30 de abril de 2024 por el Dr. Javier Pablo Antonucci, juez integrante del Tribunal en lo Criminal nro. 2 de San Martín, mediante la que se condenó a Fabián Antonio de la Cruz a la pena de tres (3) años y tres (3) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor responsable del delito de homicidio en riña agravado por el uso de arma de fuego (arts. 41 bis y 95, Cód. Penal). Explica que, originariamente, De la Cruz fue declarado culpable por un tribunal de jurados como coautor del delito de homicidio en riña agravado por el uso de arma de fuego y el juez técnico que intervino en ese debate le impuso la pena de cuatro (4) años y ocho (8) meses de prisión.
Que contra esa sentencia interpuso recurso de casación y la Sala I de este TCP resolvió obliterar una serie de agravantes (entre ellos, “poner en grave riesgo la seguridad de terceros”), reenviando el caso para que se realice una nueva audiencia de cesura y se determine la sanción a imponer.
Advierte que el juez del reenvío, Dr. Javier Antonucci, determinó la nueva pena “pero agregando de manera ilegítima la agravante de grave riesgo para las personas ajenas” a la riña, que había sido obliterada por el TCP, “al tiempo que descartó las atenuantes oportunamente ponderadas en la anterior sentencia como lo era la juventud y el buen concepto vecinal del Sr. De la Cruz”, que habían quedado firmes, pues no medió -contra la primera sentencia- recurso de la acusación (pág. 2 del registro informático del recurso); configurando “un evidente caso de reformatio in peius”, prohibido en nuestro ordenamiento procesal en el art. 435 del CPP (pág. 3, recurso).
Agrega que al momento de resolver, el magistrado se limitó a justificar por qué, en su opinión, la conducta de De la Cruz “implicó un riesgo para terceras personas, o si era joven o gozaba de un buen concepto vecinal”, “razonamiento jurídico absolutamente inatingente en orden al problema de la reformatio en peius” que introdujo esa defensa (pág. 5, recurso).
Respecto de la aplicación de aquel principio en el juicio de reenvío, recuerda que CSJN resolvió definitivamente esa cuestión, pues “puede extraerse del fallo ‘Olmos’ que aún en los supuestos de reenvío la posición originariamente adquirida por el imputado no puede verse agravada en modo alguno, ya que ‘resultaría ilógico concederle al imputado la facultad de impugnación, y, al mismo tiempo, exponerlo al riesgo de que por el ejercicio de esta potestad -en ausencia de recurso de la parte acusadora- su situación procesal se vea empeorada, puesto que de esta manera se lo colocaría en la disyuntiva de correr ese riesgo o consentir una sentencia que considera injusta’” (pág. 7, recurso).
En definitiva, solicita se case el fallo recurrido y se condene a De la Cruz al mínimo de la pena de acuerdo con el delito imputado, dejándose su cumplimiento en suspenso por aplicación del art. 26 del C.P.
Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala. El Fiscal ante esta instancia, Dr. Fernando Galán, postuló el rechazo del recurso. En lo esencial, observa que se trata de una “mera reedición de los planteos” ya expuestos por la defensa y por ello, insuficientes “para impulsar la revisión de lo ya decidido” (pág. 3 del registro informático de su presentación).
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. Para una mejor comprensión del caso, conviene repasar sus antecedentes:
a) con fecha 20 de octubre de 2022, Fabián De la Cruz fue declarado culpable por los miembros del tribunal de jurados que intervino en su juzgamiento, respecto del delito de homicidio en riña agravado por el uso de arma de fuego. Realizada la cesura del juicio, el Dr. Raúl Luchelli Ramos, juez integrante del Tribunal en lo Criminal nro. 2 de San Martín, le impuso la pena de cuatro (4) años y ocho (8) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso.
b) contra la decisión del magistrado, la defensa interpuso recurso de casación, cuestionando el proceso de formación de la pena.
c) con fecha 22 de febrero de 2024, la Sala Primera de este TCP resolvió hacer lugar parcialmente al recurso y obliterar las agravantes consistentes en “la cantidad de disparos producidas por los juzgados”, poner “en grave riesgo la seguridad de terceros” y la “indefensión de la víctima”, manteniendo intactas el resto de las declaraciones de la sentencia, y dispuso remitir el caso para que un juez o jueza habilitado realice una nueva audiencia de cesura y determine la sanción a imponer a De la Cruz.
d) los antecedentes del caso llegaron a conocimiento del Dr. Javier Antonucci, juez integrante del mismo tribunal, quien realizó una nueva audiencia de cesura y dictó la resolución ahora impugnada, donde impuso a Fabián De la Cruz la pena de tres (3) años y tres (3) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso.
2. Ahora bien, la estrecha vinculación entre la valoración de las pautas que hizo el magistrado con la violación de la reformatio in peius, que erige la defensa como argumento central del recurso, obligan a examinar los alcances de esa garantía.
En efecto, el recurrente alega que en el reenvío, el juez valoró de manera ilegítima una agravante que había sido obliterada por este TCP y descartó atenuantes que llegaban firmes a la discusión, configurando de ese modo una reformatio in peius, prohibida en nuestro ordenamiento procesal. Recordó especialmente que aún en los supuestos de reenvío la situación procesal del acusado -en ausencia de recurso de la parte acusadora- no puede verse empeorada.
Sin embargo, la pena impuesta a De la Cruz en el reenvío (tres años y tres meses de prisión) es menor a la anterior (cuatro años y ocho meses de prisión). En ese sentido, la sentencia no perjudicó la situación del acusado, como lo exige la vulneración de la garantía invocada. En efecto, se afirma que reformatio in peuis, en su expresión generalizada, vive en el ámbito de los recursos y, básicamente, prohíbe al tribunal que revisa una decisión, por la interposición de un recurso, la modificación de la resolución en perjuicio del imputado, cuando ella sólo fue recurrida por él.
La CSJN puntualiza que se afecta esa garantía cuando, sin mediar recurso de la acusación, el tribunal revisor condena al imputado que fue absuelto en la sentencia recurrida, o agrava la pena impuesta, en diversos sentidos, al aumentar su monto, variar su forma de ejecución, reemplazarla por otra de calidad más grave o agrega otras penas, accesorias o principales, que no contenía el fallo recurrido (conf. Maier, Julio; Derecho Procesal Penal: fundamentos; 2da. Ed., CABA, Del Puerto, 2012, pág. 591).
En cambio, también sostuvo que “no constituye un agravio para la garantía: la mera confirmación de la condena por el tribunal de alzada, sin agravar la pena impuesta, aunque varíe el significado jurídico del comportamiento atribuida en ella al acusado (Fallo CSN, t. 239, p.484; t.242, p.234)” (Maier, ob. cit, pág. 591).
3. En definitiva, de acuerdo con la garantía examinada, la pena anterior impuesta a De la Cruz funcionaba como un límite máximo infranqueable en la nueva determinación de la pena que se debía realizar; y ese límite fue respetado por el juez del reenvío. En consecuencia, la defensa pretende que la prohibición de la reformatio in peius se aplique a un supuesto de hecho que no guarda relación con la garantía constitucional, toda vez que la pena impuesta a De la Cruz en el reenvío no redundó en un agravamiento de la anterior, requisito indispensable para invocar la afectación de la garantía, de acuerdo con la extensión que le asignó la CSJN.
4. Ahora bien, establecido lo anterior, coincido con la defensa en que el magistrado no podía valorar una agravante obliterada por este TCP, ni rechazar -al momento de determinar la nueva pena- la valoración de las atenuantes que ya habían quedado firmes.
En ese tramo, el juez del reenvío extralimitó su jurisdicción en perjuicio del acusado.
Recuerdo que la existencia de un eventual recurso provoca, en principio, el nuevo examen del caso sólo con relación al agravio (error o injusticia) expuestos en él y, de la misma manera, limita el conocimiento del tribunal revisor. Como se concibe la cosa juzgada parcial, el fallo recurrido queda firme en todo aquello que no constituye materia del agravio expuesto en el recurso. Así se logra la seguridad jurídica del recurrente pues sabe que (salvo cuando existan otros sujetos que recurran), su recurso fijará el tema a decidir y no atribuirá al tribunal del recurso una posibilidad cognoscitiva más amplia que la puesta en juego por él. Ciertamente, esto muestra la vinculación entre los límites del tribunal que decide el recurso y la prohibición de reformatio in peius, pues con esta última regla la seguridad jurídica recibo otro apoyo: el imputado sabe que por su recurso (siempre que no medie recurso de la acusación en su contra), lo peor que puede sucederle es que el fallo se confirme, pero su situación no se puede agravar (conf. Maier, ob. cit, pág. 593).
No obstante, las circunstancias concretas del caso ubican el planteo de la defensa en el ámbito de los límites de la jurisdicción en el reenvío. Ya vimos que la situación del acusado no se agravó (de acuerdo con la extensión que cabe asignar a la reformatio in peius). En ese sentido, constato que este TCP fijó un límite o parámetro al cual ajustarse en el reenvío, pues al revisar la primera sentencia obliteró la agravante consistente en poner “en grave riesgo la seguridad de terceros” (en tanto había sido introducida de oficio por el juez), y mantuvo intactas el resto de las declaraciones de la sentencia, lo que incluye las atenuantes que identifica el recurrente (consistentes en la juventud de Fabián De la Cruz al momento del hecho y su buen concepto); circunstancias que quedaron firmes, pues no formaron parte de la materia recursiva.
Con ese marco, se ordenó la realización de un nuevo juicio de cesura para discutir, con presencia de todas las partes, las pautas de mensuración de la pena.
5. Por lo demás, advierto que la propia defensa recordó la existencia de aquel límite en la jurisdicción, cuando alegó en la audiencia de cesura que la fiscalía estaba “replanteando” agravantes “que fueron tratadas y resueltas por el Tribunal de Casación” (pág. 2, audiencia de cesura); planteo que no mereció ninguna respuesta por parte del juez Antonucci.
En efecto, observo que el magistrado examinó las atenuantes y agravantes propuestas por las partes, sin introducir ninguna particularidad en su análisis y, en lo que importa destacar, afirmó “[e]ntiendo que la gran cantidad de personas presentes durante el enfrentamiento debe valorarse por conllevar mayor grado de injusto, dado -como postula la acusación- a que claramente el hecho de efectuar disparos en el marco de una riña debe considerarse agravante el riesgo de las personas ajenas a esa circunstancia” (textual, pág. 6/7 del registro informático de la sentencia). Respecto de las atenuantes, consideró que la edad del imputado no podía valorarse, pues el hecho probado “por parte del jurado popular establece acciones (para su comisión) en las que la edad no puede ser óbice para su conocimiento de ilicitud y la posibilidad de motivarse en la norma” (pág. 2/3, sentencia); y tampoco valoró el buen concepto vecinal “dado a que ello no guarda relación con los hechos probados, estableciéndose en el juicio (y con el veredicto rendido por el jurado popular), justamente la existencia de enfrentamiento vecinal, que a la postre culminara con el hecho materia de juzgamiento” (pág. 3, sentencia).
6. Por fuera de eso, advierto que el magistrado sí valoró, en favor del imputado, la ausencia de antecedentes penales (al igual que lo había hecho el juez Luchelli Ramos) y descartó el resto de las agravantes propuestas por la fiscalía (consistentes en la pluralidad de intervinientes y la cantidad de disparos realizados en contra la víctima) como por el particular damnificado (el estado de indefensión de la víctima).
7. Por las razones expuestas, entiendo que corresponde casar parcialmente la decisión recurrida, suprimir de la valoración la agravante cuestionada por el recurrente y reestablecer las atenuantes que habían llegado firmes a la discusión sobre la nueva pena.
8. Luego, constato que el Dr. Antonucci, al justificar el monto de sanción, tuvo en cuenta “la importante repercusión de la agravante valorada”, además de la “incidencia de la minorante tratada” (pág. 9, sentencia), razonamiento que impondría reabrir una nueva instancia de discusión sobre la determinación de la pena, como consecuencia de la propuesta que se hace al Acuerdo (ver punto 7).
Sin embargo, también advierto que la escala punitiva que en abstracto resulta aplicable conforme la figura penal aplicada (homicidio en riña, agravado por el uso de arma de fuego, arts. 41 bis y 95, CP), parte de un mínimo de dos (2) años y ocho (8) meses de prisión y asciende, en su máximo, a ocho (8) años de la misma especie de pena, mientras que la pena individualizada por el magistrado fue la de tres (3) años y tres (3) meses de prisión.
Con ese panorama, no puede soslayarse que la pena finalmente impuesta a De la Cruz se determinó próxima al mínimo legal, como tampoco que el magistrado redujo proporcionalmente la pena impuesta en la sentencia anterior, que había sido establecida en cuatro (4) años y ocho (8) meses de prisión, por lo que ordenar un nuevo reenvío para sustanciar y decidir la cuestión de la pena, sujeta a la interpretación delineada, constituiría una dilación que se debe evitar (art. 15 Const. Pcia y 2 CPP); en particular cuando el argumento central del recurrente en contra del proceso de formación de la pena fue la violación de la reformatio en peius, garantía que no fue afectada.
Por ello, propicio asumir competencia positiva a nivel de la sanción, considerando adecuada la fijación de la pena en tres (3) años y un (1) mes de prisión, accesorias legales y costas del proceso, manteniendo intactas el resto de las declaraciones que contiene la sentencia.
Finalmente, recuerdo que la sistemática de los arts. 40 y 41 del Código Penal no fija la incidencia que debe tener cada una de las pautas mensurativas –atenuantes y agravantes- en la composición final de la pena, ni impone a los jueces y juezas la obligación de partir necesariamente del mínimo legal posible, al imponer la sanción.
reestablecer las atenuantes consistentes en la juventud y el buen concepto del acusado; y considerando que un nuevo reenvío para que un juez o jueza habilitado sustancie y decida la cuestión de la pena, sujeta a la interpretación delineada, constituiría una dilación que debemos evitar (art. 15 Const. Pcia y 2 CPP), propicio asumir competencia positiva a nivel de la sanción, considerando adecuada la fijación de la pena en tres (3) años y un (1) mes de prisión, manteniendo intactas el resto de las declaraciones de la sentencia, sin costas (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h, CADH 15, 15 Const. pcia.; arts. 40, 41, 41 bis y 95, Cód. Penal; 210, 371, 373, 448, 450, 454, 459, 530 y 531, CPP), y a esta cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión voto en igual sentido.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Conforme el resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde: I. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso interpuesto por la defensa; II. SUPRIMIR LA AGRAVANTE valorada por el magistrado Y REESTABLECER LAS ATENUANTES consistentes en la juventud y el buen concepto del acusado; III. FIJAR la pena de Fabián Antonio De la Cruz en tres (3) años y un (1) mes de prisión, manteniendo intactas el resto de las declaraciones de la sentencia, sin costas (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h, CADH 15, 15 Const. pcia.; arts. 40, 41, 41 bis y 95 Cód. Penal; 210, 371, 373, 448, 450, 454, 459, 530 y 531, CPP). ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Que voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso interpuesto por la defensa;
II. SUPRIMIR LA AGRAVANTE valorada por el magistrado Y REESTABLECER LAS ATENUANTES consistentes en la juventud y el buen concepto del acusado;
III. FIJAR la pena de Fabián Antonio De la Cruz en tres (3) años y un (1) mes de prisión, manteniendo intactas el resto de las declaraciones de la sentencia, sin costas.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 40, 41, 41 bis y 95 del Código Penal; 210, 371, 373, 448, 450, 454, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia