Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2408/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 786/802 vta.-
2Casar parcialmente la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 771/782 vta., revocando el punto 1° de la parte dispositiva exclusivamente en cuanto a la indemnización agravada del artículo 1º de la Ley Nº 25.323.-
3Componer positivamente la litis y, en consecuencia, disponer que Meprisa S.A. deberá abonar a la parte actora el doble de la indemnización por antigüedad establecida en la sentencia de Primera Instancia, con más los intereses fijados en el considerando IV.-
4Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que ha sido motivo de agravios.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2408/20-TSJ Sentencia Nº: 763 Actor: CRUZ JOSE ARMANDO Demandada: MEPRISA Y OTROS Objeto: LABORAL Fecha: 14-10-2024 Texto: TOMO XXIV -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 763 FOLIO Nº 4696/4704 PROT. ELECT. TSS1 021 S.241
Río Gallegos, 14 de octubre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “CRUZ JOSE ARMANDO c/ MEPRISA Y OTROS s/ LABORAL”, Expte. Nº C-15.894/12 (C-2408/20-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Marta Soledad Quiroga (cfr. fs. 786/802 vta.), contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que revocó parcialmente la dictada en Primera Instancia (cfr. fs. 771/782 vta.).-
Esta última había hecho lugar parcialmente a la demanda promovida por diferencias salariales y diferencias en la liquidación final, rechazándola respecto de las indemnizaciones previstas en los artículos 1º de la Ley Nº 25.323, y 9 de la Ley Nº 24.013 y a la responsabilidad solidaria de los demandados Sres. Omar Alvarez y Lucia M. Ramos (cfr. fs. 721 vta./722).-
Por su parte, la Alzada revocó parcialmente la Sentencia referida modificándola en los siguientes términos: “…limitando las diferencias salariales a partir del mes de octubre de 2009 en el ítem art. 7 inc. 10 del CCT 122/75 limitándolo a cuatro pacientes/día por mes o sea un incremento del 40% del salario de un día por mes…” (cfr. foja 782 vta.) y confirmándola en lo demás que fuera materia de agravio.-
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso de casación acusando violación de ley y arbitrariedad (cfr. fojas 786).-
Aduce que: “…la Excma. Cámara de Apelaciones, ha incurrido en una clara violación de la ley en tanto y en cuanto dispone rechazar la procedencia de la indemnización prevista por el art. 1 de la ley 25.323, no obstante encontrarse debidamente acreditada la deficiente registración del actor…y haber confirmado la sentencia de Primera Instancia que tiene por acreditado que el actor ingresó a trabajar en calidad de enfermero el 10.03.2009 y no el 01.08.2009, como mal surge de la documentación acompañada por la contraria…” (cfr. fs. 793 y vta.).- Agrega que: “…el primer votante…de manera escueta y por ende arbitraria, resuelve rechazar la procedencia del art. 1 de la ley 25.323, haciendo referencia a la causa 'Perea c/ Sanchez s/ laboral - cobro de pesos'…violentando de esta manera el texto de la ley, pues la misma prevé expresamente los casos en que procede su aplicación… por lo cual no se entiende ni se explica que encontrándose acreditado el recaudo de rigor…arbitrariamente se rechace la misma.” (cfr. foja 793 vta.).-
Sostiene que: “…en el caso particular se dan claramente los requisitos de rigor que tornan aplicable la sanción prevista por la referida norma, en tanto y en cuanto el actor trabajó 'en negro' casi medio año, evadiéndose de esta manera el pago de aportes sociales, sindicales como así también liquidándose de manera deficitaria los haberes abonados, todo lo cual contraría abiertamente las exigencias de registración laboral y por ende el principio protectorio del trabajador de raigambre constitucional.” (cfr. foja 794).- Agrega que el texto de la ley es claro al señalar los casos en que procede la indemnización prevista por el artículo 1 de la Ley Nº 25.323 sin ninguna otra condición más que la falta de registración o registración deficiente como ha ocurrido en el caso particular (cfr. foja cit.).-
Señala además que se configura una situación de sentencia autocontradictoria. Argumenta en tal sentido que: “…si la Cámara…tiene por acreditado que el actor ingresó a trabajar efectivamente bajo las órdenes de Meprisa S.A con fecha 10.03.2009…no encuentra razonamiento atendible alguno, que luego de manera incomprensible vuelva sobre sus pasos y concluya arbitrariamente que no corresponde hacer lugar a la indemnización del art. 1 de la ley 25.323…” (cfr. foja 794 vta.).-
Efectúa un análisis de la prueba obrante en el expediente (cfr. fs. 795 vta./796) y solicita se haga lugar a este agravio con mas intereses y costas (cfr. foja 796 vta.).-
Seguidamente afirma que la Cámara de Apelaciones también incurre en violación de la ley en cuanto entiende que no corresponde aplicar lo establecido por los artículos 54, 59, 274 y 279 de la Ley de Sociedades Comerciales. Agrega que: “…a la hora de aplicar el derecho al caso particular, se ha violentado lo establecido por el art. 34 inc. 4 del CPCC de aplicación supletoria por al art. 121 de la ley 1444 […] el Juez de Cámara no se detuvo en analizar la totalidad de la prueba reunida en autos, pues, ha pasado por alto que fue la propia codemandada…quien firmó el certificado de trabajo y la certificación de servicios y remuneraciones, con lo cual no cabe dudas (sic) que la misma tenía pleno conocimiento de la administración de la sociedad y por añadidura de la registración deficitaria del actor…” (cfr. fs. 796 vta./ 797).- Refuerza su postura agregando que: “…habiéndose acreditado las irregularidades que pesaban en torno a la registración del actor y el pago deficiente de los salarios, claramente los codemandados no podían estar ajenos a los referidos manejos irregulares, pues lisa y llanamente ellos eran quienes se encontraban a cargo de la contratación del personal y del pago de los haberes del actor…” (cfr. foja 797).-
Sostiene enfáticamente que: “…no se entiende ni se explica que no se tenga por configurado el fraude laboral y un obrar ilícito por parte de los codemandados, cuando la propia Cámara A quo tiene por acreditado el actor (sic) se encontró trabajando durante casi medio año en situación de trabajador no registrado en el Hospital Privado Meprisa S.A., lo cual importa el pago en negro de los haberes y la evasión del pago de los aportes previsionales y cargas sociales…” (cfr. foja 797 vta.).-
Le imputa al fallo: “…la falta de un análisis pormenorizado y congruente entre lo planteado, las pruebas producidas en autos y lo finalmente resuelto…vulnerándose abiertamente lo establecido por el art. 34 inc. 4 del CPCC, de aplicación supletoria por el art. 121 de la ley 1444…” (cfr. fs. 797 vta./ 798).-
Reitera que: “…cae por su propio peso que al no haber registrado correctamente la relación laboral con el actor la firma demandada y los codemandados en su carácter de presidente y directora de Meprisa S.A. han incurrido en contratación de personal en negro, liquidación y pago de haberes en negro, falta de alta laboral y de esta manera fraude laboral…” (cfr. foja 798).-
Considera que: “…los fundamentos esgrimidos por el Juez a quo a la hora de rechazar la solidaridad pretendida…resultan a todas luces arbitrarios y carentes de sustento atendible […] Que la responsabilidad que le cabe a los codemandados en su calidad de integrantes de la sociedad demandada resulta inexorable pues de otra manera se estaría convalidando la infracción a las normas laborales con solo escudarse en la personalidad jurídica de la firma Meprisa S.A., la cual es manejada, dirigida y administrada por personas físicas que no están ajenas a este tipo de irregularidades.” (cfr. fs. 798 y 799 vta.).- Cita doctrina y jurisprudencia.-
Concluye que la sentencia emitida por la Cámara de Apelaciones: “…importa una clara violación a los principios protectorios que rigen nuestro Derecho Laboral, en tanto y en cuanto se realizan conclusiones estancas y arbitrarias, sin merituar (sic) la totalidad de la prueba…lesionándose de esta manera expresas garantías y derechos constitucionales tales como el derecho a la propiedad (art. 17 CN), igualdad ante la ley (art. 16 CN), derecho de defensa y debido proceso (art. 18 CN), que justifican sobradamente la casación…” (cfr. foja 801 vta.).- Finalmente solicita que se componga positivamente la litis y se condene a abonar de manera solidaria a los demandados de autos los rubros reclamados (cfr. foja 802).-
A fs. 804 y vta. la Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y en PE390828-2022 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de ese derecho solo la parte demandada a PE411598-2022.-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictamina, por las razones que esgrime y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, afirmando que: “…los agravios de la actora respecto a la procedencia de las (sic) doble indemnización deben (sic) prosperar; no así los relativos al fraude societario por lo cual debe hacerse lugar parcialmente al recurso de casación.” (cfr. PE427890-2022).-
En PE442935-2022 se llaman autos para dictar sentencia y en PE458108-2022 pasan los presentes a estudio.-
III. Que, conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria articulada por la parte actora, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo establecido en el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- por cuanto acusa violación de la ley y arbitrariedad.-
Que, para una mejor comprensión de la cuestión que nos ocupa, resulta apropiado recordar que José Armando Cruz promovió demanda laboral contra la firma Meprisa S.A. y contra Omar Raul Alvarez y Lucia Mabel Ramos en su carácter de presidente y vocal directora de dicha sociedad anónima (cfr. fs. 89 y vta.). Fundó la responsabilidad solidaria de estos últimos en los artículos 59, 157, 163, 255 y ss. de la Ley de Sociedades Comerciales (cfr. fs. 89 vta. y 98 vta.). Asimismo reclamó -entre otros rubros- la indemnización prevista en el artículo 1º de la Ley Nº 25.323 y 9º de la Ley Nº 24.013 (cfr. foja 89 vta.) practicando la correspondiente liquidación (cfr. foja 97).- El fallo de Primera Instancia -en lo que aquí interesa- resolvió rechazar parcialmente la demanda contra Meprisa S.A. en lo relativo a la indemnización prevista en el artículo 1º de la Ley Nº 25.323 y 9º de la Ley Nº 24.013 y, en todas sus partes, la interpuesta contra Alvarez y Ramos (cfr. foja 722).-
Para así decidir, el Magistrado de origen -luego de efectuar la trascripción de los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 25.323- refirió: “La norma citada establece una sanción especial en virtud del incumplimiento post-contractual en que incurre el empleador cuando, pese a la intimación fehaciente del trabajador, no abona las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la ley 20.744…y art. 6 y 7 de la ley 25.013 o las que en el futuro las reemplacen, pues en éste caso, al actor se le abonaron las indemnizaciones previstas en la norma tal como surge de la pericial contable de fs. 387/389 y del recibo de sueldo de fs. 72, más allá que la integración no haya sido completa según reclama el actor; por ende, entiendo que no corresponderá condenar al empleador a la multa […] En relación al reclamo bajo el acápite de indemnización por indebida registración del Art. 9 Ley 24013, toda vez que no surge de las constancias de autos que se haya cumplido con uno de los requisitos estipulados en el Art. 11 de la ley 24.013, esto es la remisión de copia a la AFIP durante la relación laboral por parte de la accionante, corresponderá su rechazo.” (cfr. fs. 720 vta./721).- En cuanto a la responsabilidad solidaria de los codemandados sostuvo que: “En autos se endereza la demanda también en contra de los Sres.
Omar Alvarez y Lucía Ramos, en forma solidaria, con fundamento en lo dispuesto en los Arts. 54, 59 y 274 de la ley 19.550 y los arts. 14 y 31 Ley 20.744, en cuanto los nombrados se encargaban de contratar al personal de la sociedad. Por su parte las codemandadas interponen la excepción de falta de legitimación pasiva, en atención a lo dispuesto en el Art. 2 Ley 19550 y 39 del C. Civil, en cuanto al actor mantuvo una relación laboral con Meprisa S.A, constituyendo una persona jurídica diferente a los socios y administradores, con un patrimonio social independiente […] Entiendo que la figura de 'fines extrasocietarios' mencionada en la norma en cuestión, no se encuentra presente en lo acontecido en autos, a la vez que la normativa aplicable es de derecho común, y en atención a que la solidaridad no se presume, debió el mencionado propósito acreditarse respecto a cada uno de los codemandados, en cuanto al grado de participación en el encubrimiento de la figura laboral que aquí se trata; por ende, la responsabilidad solidaria de los socios demandados en estos obrados no tendrá acogida favorable.” (cfr. fs. 721 y vta.).- Que, recurrido dicho decisorio por los litigantes (cfr. fs. 729/735 y 742/747), la Cámara de Apelaciones decidió rechazar los agravios esgrimidos y confirmar el fallo de grado en cuanto a estos puntos en conflicto (cfr. fs. 771/782 vta.).-
Para concluir en tal sentido sostuvo con relación al agravamiento indemnizatorio del artículo 1º de la Ley Nº 25.323 que: “…corresponde ingresar al exámen del primer agravio del actor en cuando (sic) hace al rechazo del reclamo de la indemnización del art. 1º de la ley 25.323. Sobre el particular se mantiene el criterio expuesto por este tribunal in re 'Perea c/ Sánchez s/ laboral cobro de pesos' en voto en primer término de la Dra. Bard y mi adhesión en segundo término sin que emitiera opinión la Dra. Naves. Por otro lado como señala la demandada no afecta la antigüedad a los fines de la indemnización del art. 245 de la LCT.” (cfr. foja 777 vta.).- Respecto a la responsabilidad solidaria de los codemandados esbozó que: “…Entiendo que en el caso de autos no nos encontramos ante una interposición de la figura de la sociedad para obtener beneficios personales al limitar la responsabilidad […] no podemos llegar a la solución que los codemandados fueran ellos (sic) los responsables de una incorrecta registración de pocos meses toda vez que implicaría presumir el dolo…debemos tener presente que la Corte Suprema de Justicia…entendió que para aplicar la norma del art. 54 de la LSC es necesario probar que nos encontramos 'en presencia de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso de derecho y con el propósito de violar la ley, que prevaliéndose de dicha personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas legales' prescindiendo de considerar que la personalidad diferenciada de la sociedad y sus socios y administradores constituye un eje sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades anónimas y que configura un régimen especial porque aquellas constituye (sic) una herramienta que el orden jurídico provee como uno de los relevantes motores de la economía…Entiendo que se debe rechazar el agravio y confirmar el punto 3 de la sentencia en este caso.
Ello sobre la base de lo expuesto y la autoridad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia mencionados, además de tratarse de una sociedad anónima creada sobre la base del que fuera hospital de YPF al momento de su privatización, (por lo que no cabe presumir que se creó para perjudicar a trabajadores, cuando mucho de sus accionistas fueron trabajadores o médicos dependientes y lo son actualmente- ver libro de 'Registro de Accionistas' fotocopiado a fs. 334/345), que impide entender que se constituyó para el fraude…” (cfr. fs. 780/781 vta.).- Aclarado esto, y de acuerdo al programa recursivo planteado por el casacionista resulta imperativo, entonces, adentrarnos al estudio de los agravios propuestos.-
La parte actora aduce que el fallo de Cámara ha incurrido en violación de ley toda vez que: “…dispone rechazar la procedencia de la indemnización prevista por el art. 1 de la ley 25.323, no obstante encontrarse debidamente acreditada la deficiente registración del actor, por parte de la demandada Meprisa S.A., y haber confirmado la sentencia de Primera Instancia que tiene por acreditado que el actor ingresó a trabajar en calidad de enfermero el 10.03.2009 y no el 01.08.2009, como mal surge de la documentación acompañada por la contraria…” (cfr. fs. 793 y vta.).- En este punto debe adelantarse la procedencia del ataque al fallo impugnado pues, como bien afirma el casacionista, se encontraban cumplidos los recaudos para la procedencia del agravamiento indemnizatorio perseguido.-
El artículo 1 de la Ley Nº 25.323 establece, en lo que concierne a los presentes, que: “Las indemnizaciones previstas por las Leyes 20.744 (texto ordenado en 1976), artículo 245 y 25.013, artículo 7°, o las que en el futuro las reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente […] El agravamiento indemnizatorio establecido en el presente artículo, no será acumulable a las indemnizaciones previstas por los artículos 8°, 9°, 10 y 15 de la Ley 24.013”.- Sobre el tema, la jurisprudencia tiene dicho que: “…la norma en cuestión se dirige a sancionar a los empleadores que al momento del distracto no hubieran cumplido con la correcta inscripción de la relación laboral. En otras palabras, penaliza la falta o la deficiente registración del contrato de trabajo, con el fin de desalentar las prácticas evasoras…” (cfr. SCBA, sum. “Pretz Sabrina Vanesa c/ Mostaza y Pan SA s/ Despido”, causa LP L 118769, S, del 24/05/2016).-
Sentado ello, cabe determinar qué debe entenderse por relación laboral deficientemente registrada. Al respecto podemos afirmar que: “Para el incremento de la indemnización, la ley no se limita a contemplar el supuesto de ausencia de registración sino que incluye los casos de registración defectuosa; ésta -en principio- debe ser entendida en referencia a los casos de los arts. 9º y 10 de la ley 24.013 (que se haya asentado una fecha de ingreso posterior o una remuneración menor a la real). Esto en la inteligencia de que el art. 1º de la ley 25.323 es complementario de los arts. 8º, 9º, 10 y 15 de la ley 24.013, tal cual surge del informe de comisión producido por el diputado Pernasetti, que afirma que este artículo viene a llenar un vacío legislativo y dar solución a aquellos casos en que el trabajador, cuya relación no estaba registrada o estaba mal registrada, era despedido sin haber intimado en los términos del art. 11 de la ley 24.013.” (cfr.
Grisolia, Julio Armando: “Régimen Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo”, 4º Edición Ampliada y Actualizada, Nova Tesis Editorial Jurídica, Rosario, 2007, pág. 425).- En igual sentido se ha dicho que: “Respecto de qué debemos entender por empleo no registrado o deficientemente registrado, el art. 1º de la ley 25.323 alude a dichos conceptos sin definirlos. Por ello debemos remitirnos a la ley 24.013, considerando una relación laboral no registrada la determinada en el art. 7° de dicha ley y relación laboral registrada 'de modo deficiente' aquella en la que se consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real (art. 9, ley 24.013), o una remuneración menor que la percibida por el trabajador (art. 10, ley 24.013)” (cfr.
Ferraro, Leonardo Pablo: “La viabilidad de las multas de la ley 25.323”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/1117/2013).- Este criterio ha sido sostenido por destacada jurisprudencia en la materia en los siguientes términos: “…'Resulta procedente otorgar el incremento indemnizatorio previsto en el art. 1° de la ley 25.323 (DT, 2000-B, 2017) a un trabajador que estuvo registrado de manera deficiente al haberse consignado en los libros laborales y recibos de haberes una fecha de ingreso posterior a la real' (cfr. sum. CNTrab, sala I, 'Cabrera, José Eugenio c. Express Oriente S.R.L.', 26/11/2007. Cita Online AR/JUR/8625/2007)…si la relación fue tardíamente registrada…le corresponde a la actora percibir la indemnización establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 25323…” (cfr.
Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 604, Folio 3465/3470).- En el caso en estudio el Sr. Juez de Primera Instancia consideró que la fecha real de inicio de la relación laboral fue el 10/03/2009 y no el 1/08/2009 como afirmaba la demandada (cfr. fs. 718 vta. y 160 vta.) lo que fue confirmado por la Cámara de Apelaciones y no fue objeto de recurso de casación. Entonces, encontrándose firme tal decisión se considera -a la luz de los conceptos señalados- que en autos se encuentran reunidos los presupuestos para la procedencia de la multa en tratamiento toda vez que, al momento de su extinción, la relación laboral se encontraba deficientemente registrada.- Por lo expuesto, corresponde revocar en este punto la sentencia de la Alzada, condenando a Meprisa S.A. a abonar a la actora el doble de la indemnización por antigüedad establecida en la sentencia de Primera Instancia (cfr. fs. 717/722), la cual se encuentra firme en lo que respecta al rubro mencionado, monto al que deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina conforme el criterio mantenido por este Alto Cuerpo (cfr.
Sentencias, Tomos XIII, Reg. 472, Folio 2565/2572; XVII, Reg. 578, Folio 3296/3302, Reg. 579, Folio 3303/3311; XXIII, Reg. 736, Folio 4453/4464, Reg. 741, Folio 4491/4500).-
V. Responsabilidad solidaria del Sr. Omar Alvarez y la Sra. Lucia Mabel Ramos.-
Conforme lo manifestado, la parte actora plantea la responsabilidad solidaria de los socios demandados en los términos del artículo 59 de la Ley de Sociedades Comerciales (cfr. fs. 89 y vta.) alegando no sólo la existencia de fraude societario (cfr. fs. 95, 743 vta., 744, 798 y vta.) sino también basándose en que ambos accionados tenían pleno conocimiento de la irregularidad laboral existente, plenas facultades para regularizar y modificar las irregularidades denunciadas y que han mantenido una conducta contraria al orden jurídico vigente (cfr. foja 94 vta.). Asimismo cita jurisprudencia en lo tocante a la responsabilidad en los términos del artículo 54 de la LSC.- El Sr. Juez de Primera Instancia, decidió la improcedencia del reclamo alegando que la figura de fines extrasocietarios no se encontraba presente y que, en atención a que la solidaridad no se presume, debió acreditarse respecto de cada uno de los codemandados, el grado de participación en el encubrimiento de la figura laboral que se trata (cfr. fs. 721 y vta.).-
Por su parte, la Cámara de Apelaciones confirmó el decisorio considerando que no se interpuso la figura de la sociedad para obtener beneficios personales al limitar la responsabilidad y que no cabía presumir que se creó para perjudicar a trabajadores lo que impedía entender que se constituyó para el fraude (cfr. fs. 780/781) Agregando que no se podía llegar a la conclusión que los demandados fueran responsables de la incorrecta registración de pocos meses toda vez que implicaría presumir el dolo (cfr. foja 781).-
Ahora bien, a fin de analizar si la Alzada ha incurrido en los vicios denunciados en el recurso en estudio es preciso efectuar algunas consideraciones.-
Primeramente se observa que los fundamentos del recurso de casación -en cuanto al tema en estudio- constituyen una reproducción prácticamente exacta de los agravios esbozados en el recurso de apelación, lo que denota una deficiente técnica recursiva (cfr. fs. 742/754).-
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “...resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reproduce similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, que ya fueron analizados y resueltos por la Cámara actuante y se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante sin lograr demostrar el error jurídico que justifique la tarea casatoria de esta Suprema Corte...” (cfr. “Alvarez Sosa, María c/ Valero, Daniel y otros s/ Simulación” y su acumulada “Alvarez Sosa, María Esther c/ Valero, Daniel Félix y otros s/ Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual (exc. estado)”, causa LP C 119.753 S, del 25/10/2017) (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3404, Folio 5726/5732) .- Así, se verifica que los planteos de la recurrente tienen como núcleo fundamental cuestionar la valoración de los medios probatorios efectuada por la Alzada, sobre si existió o no responsabilidad de los demandados. Es decir, que remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba; y son, por lo tanto, en principio, ajenos a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se ha puesto de manifiesto.-
No obstante que las consideraciones vertidas precedentemente sirven de suficiente y eficiente andamiaje jurídico para rechazar el agravio en estudio, determinadas coordenadas jurídicas deberán ser expuestas para un mayor entendimiento y fijación jurisprudencial de este Alto Cuerpo al posible caso particular.-
Como punto de partida debemos recordar que la responsabilidad de los socios, controlantes y/o directores de las sociedades comerciales se encuentran reguladas en los artículos 54 y 59 de la Ley Nº 19.550 los que, a los fines de su procedencia, presentan presupuestos diferentes. El primero de ellos regula la responsabilidad de los socios y controlantes por abuso de la figura societaria, mientras que el segundo hace lo propio con relación al desempeño de los directores y/o representantes en el ejercicio de sus funciones.- Concretamente en su parte pertinente rezan: “Artículo 54: …Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.”.-
“Artículo 59. Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión.”.-
Al respecto se ha dicho que: “…la acción intentada contra representantes de una sociedad fundada en el art. 59 de la Ley de Sociedades, se basa en la responsabilidad delictual de la persona física del órgano societario…configurando así un instituto de responsabilidad con requisitos y alcances distintos al que recepta el párrafo final del art. 54 de dicho cuerpo normativo.” (cfr. SCBA “De Luca Marcelo F. c/ Manfidan S.R.L. y otros s/ Despido”, causa LP L 95085, S, del 04/08/2010).-
Esto quiere decir que los artículos 59 y 274 (así como el 157, para las sociedades de responsabilidad limitada) de la Ley Nº 19.550 rigen la responsabilidad de los cuadros directivos de la sociedad (que no necesariamente son socios o accionistas de la misma) en ejercicio de sus funciones, mientras que el artículo 54 abarca la responsabilidad de los socios por abuso de la figura societaria. De ello se desprende que -si bien ambas normas podrían aplicarse conjuntamente en un caso de una persona física que fuese a la vez socio y director de una sociedad- contienen requisitos de procedencia disímiles (cfr. Orsini, Juan Ignacio: “Una Interpretación disvaliosa y Jurídicamente errada de la responsabilidad Solidaria de los Socios y Directores de Sociedades Comerciales en Materia Laboral”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/1307/2016).- Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de los demandados en los términos del artículo 54 de la LSC, se observa que el fallo en crisis no puede ser objeto de censura en la instancia extraordinaria de casación toda vez que el mismo deriva del análisis de la prueba producida, es producto del ejercicio de una facultad propia de los jueces de grado y cuenta con fundamentos de hecho y de derecho que dan sustento al decisorio.-
Así se observa que la Cámara de Apelaciones ha proporcionado mediante su desarrollo argumental pautas claras que permiten comprender cómo y porqué decidió en la forma en que lo hizo, exponiendo las circunstancias que permiten verificar las premisas con las que construyó su razonamiento.-
Para decidir el rechazo de la responsabilidad perseguida, la Alzada se ha guiado por la interpretación doctrinaria denominada “tesis estricta”. Esta interpretación considera, al analizar el 3º párrafo del artículo 54 de la LSC, que solo se podría aplicar tal dispositivo legal si la sociedad hubiera sido constituida con el único fin de contratar trabajadores en la más absoluta informalidad, o si la sociedad hubiera sido utilizada como una pantalla (mero recurso) para encubrir una actuación ilícita oculta (cfr. Hierrezuelo, Ricardo D., Nuñez, Pedro F.: “Responsabilidad Solidaria en el Contrato de Trabajo”, Hammurabi, Volumen 1, 2003, pág. 442).- En este sentido se ha expresado que: “…tal como señala López Mesa, en el ámbito de la justicia del trabajo se han delineado respecto a la aplicación de dicha normativa '...dos posturas definidas: 1) La de aquellos que consideran que no cabe aplicar a un caso la herramienta de la solidaridad laboral o la desestimación de la personería si no se ha probado en él que se está en presencia de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley, siendo insuficiente al efecto la acreditación de un incumplimiento legal en perjuicio del trabajador, y 2) La de quienes ante la constatación de un incumplimiento de las normas protectorias del trabajo de cierta relevancia, tal como mantener un empleado total o parcialmente en negro, levantan el velo sin exigir la prueba de la utilización de la sociedad para obtener fines extrasocietarios o incluso conjeturando la existencia de un fraude a través de un incumplimiento a las leyes protectivas...'” (cfr. cita en Gabet, Emiliano A. y Gabet, Alejandro: “Confusión en la Fundamentación de la responsabilidad laboral solidaria de quien detenta el carácter de accionista y director de una sociedad anónima” www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/3410/2009).- Como podrá observarse existen distintas posturas tanto en doctrina como en jurisprudencia sobre la cuestión que nos ocupa (cfr.
Martorell, Ernesto Eduardo, Delellis, Marisa Sandra: “Responsabilidad solidaria laboral por fraude societario”, 1º edición revisada, Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2021, pág. 278/286; Vítolo, Daniel Roque, “Sociedades Comerciales: ley 19.550 comentada: Doctrina. Jurisprudencia. Bibliografía. Jurisprudencia y Bibliografía por Miguel A. Piedecasas, 1º edición, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, Tomo I, 2007, pág. 627/669) y la adhesión a una de ellas por parte de la Cámara no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad como pretende el casacionista.- En este caso, el fallo en crisis no solo ha seguido los lineamientos doctrinarios de la tesis restrictiva sino que también aplicó antecedentes jurisprudenciales emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que más allá de la discrepancia que con la postura asumida el recurrente pudiera tener, lo cierto es que ésta se encuentra debidamente fundada y ha dado una solución razonable y equilibrada a la contienda sobre este punto en particular.-
En este contexto es dable recordar que este Tribunal Superior de Justicia reiteradamente ha señalado que: “Cuando existen distintas visiones sobre el 'thema decidendum', como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría por parte del Juzgador (aunque sea minoritaria) no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad. Siguiendo esta línea de pensamiento, ha expresado este Tribunal '...Como vemos, a favor de una y otra postura se alistan distinguidos autores, siendo por ello que no se encuentra en la adscripción por parte del juzgador de grado a una u otra teoría -en principio- fundamento bastante para agraviarse de arbitrariedad y por lo tanto, si el fallo tiene un fundamento serio basado en una postura jurídica -sea o no mayoritaria-, la circunstancia que el recurrente considere aplicable a su favor una de tales tendencias no habilita 'per se', la admisión de su queja…' (confr. Tomo XI, Sentencia, Reg. 398, Folio 2154/2157; Tomo XII, Sentencia, Reg. 418, Folio 2282/ 2288)...” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 568, Folio 3231/3237).- Asimismo que: “La postura adoptada, si bien puede ser opinable, no amerita 'per se' ser merecedora de censura en esta instancia, en la medida que se encuentra debidamente sustentada. Sobre el particular ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: '...si el fallo apelado, dictado por los jueces de la causa, es fundado y serio, aún cuando pueda discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad…' (confr. Fallos 237:69), toda vez que '...la impugnación por arbitrariedad no consiste exclusivamente en la disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto no exceden las facultades que son propias de su función…y cuyo acierto o error no incumbe al Tribunal revisar...' (confr. Fallos 237:142, cit. en Carrió, Genaro, 'El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria en la Jurisprudencia de la Corte Suprema', Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1967, págs. 29/30).” (cfr. TSJ Santa Cruz, sentencia cit.).-
Por ello es que no se observa en el fallo atacado vicio alguno que en éste punto habilite la procedencia del recurso en esta instancia.-
Idéntica suerte adversa debe asignarse a la endeble crítica ensa- yada por la recurrente en lo tocante al reclamo fundado en el artículo 59 de la Ley Nº 19.550. En este sentido se observa que la Alzada afirma que: “…no podemos llegar a la solución que los codemandados fueran ellos los responsables de una incorrecta registración de pocos meses toda vez que implicaría presumir el dolo.” (cfr. foja 781).-
Este modo de resolver también se inclina por la denominada “tesis restrictiva” que dispone: “…es preciso que el sujeto haya actuado -por acción u omisión- una conducta antijurídica que le sea atribuible a título de culpa o dolo. Si no hay tal acción no hay comunicación de responsabilidad…la atribución de responsabilidad por el solo hecho de pertenecer al órgano de administración prescinde de uno de los presupuestos de la responsabilidad civil, cual es la autoría. Este criterio encuentra respaldo en el mismo texto del art. 59 de la LSC, que atribuye responsabilidad solidaria e ilimitada a 'los que faltaren a sus obligaciones', por lo que en todos los casos será necesario acreditar que el administrador demandado ha incumplido sus obligaciones sea por acción u omisión. Por lo demás, la atribución de responsabilidad por el solo hecho de pertenecer al directorio importaría tanto como prescindir de la culpa e imponer una responsabilidad objetiva, que en manera alguna está prevista en la Ley de Sociedades Comerciales.” (cfr. Hierrezuelo, Ricardo D., Nuñez, Pedro F., ob. cit. pág. 455). En este aspecto cabe agregar que la solidaridad no se presume, siendo por ende de interpretación respectiva y la prueba a cargo de quien la invoca (cfr. aut. y ob. cit. pág. 461).- Nótese que en el tema en tratamiento -al igual que lo que ocurre con la responsabilidad derivada del artículo 54 de la Ley Nº 19.550- se aprecia la polarización de la jurisprudencia entre aquellos que sostienen la tesis amplia, para los cuales la simple acreditación de la irregularidad registral habilita la condena del directorio incluido su presidente, y los que postulan la tesis estricta, para quienes la responsabilidad no es presunta y requiere ser debidamente demostrada (cfr. aut. y ob. cit., pág. 462).-
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires también ha compartido el criterio aplicado en el fallo impugnado inclinándose por adoptar la tesis estricta. En dicha oportunidad sostuvo que: “El art. 59 de la ley 19.550 establece la responsabilidad solidaria para aquéllos '...que faltaren a sus obligaciones...'. De manera que se constituye como de cumplimiento previo para el funcionamiento de la norma el requisito indispensable de su acreditación. Es decir que para que opere la mentada solidaridad, el mal desempeño en el cargo debe quedar fehacientemente demostrado.” (cfr. sum. “Delhec S.R.L. c/Loureiro, Delfor y otros s/Acción de responsabilidad”, causa LP Ac 60659 S, del 10/03/1998).- Daniel Roque Vítolo en el comentario al artículo 59 de la Ley de Sociedades Comerciales expresa que: “…el régimen genérico de responsabilidad marcado por el artículo 59 para los administradores y representantes de sociedades comerciales es el de 'faltar a sus obligaciones'. Para poder determinar si han faltado a sus obligaciones o no lo han hecho, tomaremos como parámetro si, frente al hecho o falta que se les imputa, han actuado con la lealtad y diligencia del buen hombre de negocios […] Para que sean responsables cada uno de los administradores, miembros del órgano, es preciso que se demuestre que cada uno incumplió con sus obligaciones, sea por acción u omisión…” (cfr. aut. y ob. cits., págs. 743/744).- A la luz de estos postulados debemos sostener que, de la atenta lectura del fallo dictado por la Cámara de Apelaciones, se desprende que aquél no padece de defecto alguno que resulte incurso en los agravios invocados por el actor ello en virtud que el camino sentencial recorrido no deja de observar las normas que denotan la validez sustancial y formal del pronunciamiento que se analiza.-
En definitiva y más allá de la discrepancia con la postura asumida por la Alzada que la recurrente pudiera tener, lo cierto es que ésta se encuentra debidamente fundada en cuanto al rechazo de la responsabilidad de los directores de la sociedad demandada. El Tribunal de Alzada ha efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que no patentizan la exteriorización de la sola voluntad del juez, ya que aportan las razones del veredicto sin vislumbrarse la infracción alegada lo que obsta a la procedencia del recurso.- Se advierte, entonces, que los agravios expuestos por la recurrente sólo remiten a la consideración de circunstancias de hecho y pruebas, oportuna y adecuadamente analizadas por los jueces de grado, y ajenas por ende a la presente instancia, no exteriorizando la sentencia de marras una violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, encontrándose ajustado a derecho el resultado obtenido en las instancias anteriores (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXII, Reg. 2800, Folio 4375/ 4379; XXIII, Reg. 2853, Folio 4494/4497, entre otros), sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, “visceral”, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo II, Reg. 183, Folio 303/305; Sentencia, Tomo III, Reg. 120, Folio 561/567, entre otros).-
VI. En cuanto a la arbitrariedad que se denuncia, debemos adelantar que no se observan –salvo lo expuesto en el considerando IV-, en lo que hace al resto del pronunciamiento impugnado, ninguno de los presupuestos que la configuran.-
Dicho en otros términos, la impugnante no logra demostrar que la sentencia recurrida sea arbitraria, es decir, aquellas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Bidart Campos, Germán J.: “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino. Nueva edición ampliada y actualizada”, Ediar, Buenos Aires, Tomo II, 1995, pág. 441).- Sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión: “...'tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación'. Por lo tanto 'debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas'…” (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, 'Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios', del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, 'Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 19-VIII-78; Ac. 25.048, 'Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54).- Este Tribunal tiene dicho que: “...'la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación'...” (cfr. Interlocutorios, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
En definitiva, la recurrente no ha logrado demostrar la arbitrariedad que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso, discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba. No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con el criterio sustentado por los jueces, este se encuentra debidamente fundado.-
VII. Respecto de la alegada violación de las garantías constitucionales del derecho de propiedad, igualdad ante la ley, derecho de defensa y debido proceso (cfr. fs. 801 vta.) se constata que la recurrente se circunscribe a invocarlos sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de que manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353).-
VIII. Que de conformidad con todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 786/802 vta. y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 771/782 vta. en lo tocante a la multa dispuesta por el artículo 1 de la Ley Nº 25.323. Componer positivamente la litis y disponer que Meprisa S.A. deberá abonar a la parte actora el doble de la indemnización por antigüedad establecida en la sentencia de Primera Instancia (cfr. 717/722), la cual se encuentra firme en lo referido al rubro mencionado, monto al que deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina y confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que hubiera sido motivo de agravio.- Las costas deben imponerse en el orden causado en razón de la forma en que se resuelve (cfr. art. 68, segundo párrafo del CPCyC, aplicable al sub judice de conformidad a lo prescripto por el artículo 121 de la Ley N° 1444); difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 786/802 vta.-
2. Casar parcialmente la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 771/782 vta., revocando el punto 1° de la parte dispositiva exclusivamente en cuanto a la indemnización agravada del artículo 1º de la Ley Nº 25.323.-
3. Componer positivamente la litis y, en consecuencia, disponer que Meprisa S.A. deberá abonar a la parte actora el doble de la indemnización por antigüedad establecida en la sentencia de Primera Instancia, con más los intereses fijados en el considerando IV.-
4. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que ha sido motivo de agravios.-
6. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las instancias anteriores.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1021S.241 Tomo: XXIV Sentencia: 763 Folio N°: 4696/4704 Secretaría: 1
Fin de la sentencia