Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 63.079
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedidos los recursos de apelación deducidos por la citada en garantía “La Perseverancia Seguros S.A.”, los cuales se detallan a continuación: a fs. 228, contra la resolución dictada a fs. 221/223 de la Causa “Cruz” (expediente n° 61.048, numeración de Primera Instancia); a fs. 190, contra la resolución dictada a fs. 188/189 de la Causa “Alfano” (expte. n° 61.828 numeración de Primera Instancia) y a fs. 200, contra la resolución dictada a fs. 195/196 y aclaratoria de fs. 199, Causa “Provincia” (expediente n° 62.302, numeración de Primera Instancia), sin costas en los tres procesos mencionados (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.);
2Confirmar en lo sustancial la sentencia única dictada en autos, revocándola y modificándola en lo siguiente: 1º) elevar el daño patrimonial de los legitimados activos por el fallecimiento de Jonathan Esteban Omar Acosta del siguiente modo.
Para la conviviente Sra. Lucía Cecilia Alfano $700.000; para la hija Yessica Jamín Alfano $450.000 y para la madre María Elizabeth Cruz se confirma en $260.000, admitiendo parcialmente la pretensión recursiva de la parte actora en las causas “Cruz” y “Alfano”; 3) elevar a la suma de $1.000.000 el límite de cobertura vigente para el caso muerte que deberá afrontar la citada en garantía “La Perseverancia del Sur S.A.”, haciendo lugar parcialmente a la pretensión de la parte actora en las causas “Cruz”, “Alfano” y “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.”; 4) disponer que la citada en …
Causa nº: 2-63079-2018 "CRUZ MARIA ELIZABETHC/ MARILU HIPOLITO SALUSTIANO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) "
Causa nº: 2-63080-2018 "ALFANO LUCIA CECILIA C/ MARILU HIPOLITO S. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
Causa nº: 2-63081-2018 "PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. C/ MARILU HIPOLITO S. Y OTROS S/ COBRO SUMARIO"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - AZUL
Sentencia Registro nº: 23 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintisiete días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Cruz, María Elizabeth c/ Marilú Hipólito S. y Otros s/ Daños y Perj.” (Causa Nº 63.079), “Alfano, Lucía Cecilia c/ Marilú Hipólito S. y Otro s/ Daños y Perjuicios” (Causa Nº 63.080) y “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. c/ Marilú Hipólito S. y Otros s/ Cobro Sumario” (Causa Nº 63.081), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dr. Peralta Reyes - Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Son justas las sentencias interlocutorias dictadas a fs. 221/223 de la causa nº 63.079 “Cruz”, a fs. 188/189 de la causa nº 63.080 “Alfano”, a fs. 195/196 y aclaratoria de fs. 199 de la causa nº 63.081 “Provincia”? 2ª.- ¿Es justa la sentencia única dictada a fs. 598/619 de la causa nº 63.079, fs. 550/569 de la causa nº 63.080 y fs. 337/357 de la causa nº 63.081?.
3ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I. Causa “Cruz” (expediente n° 61.048, numeración de Primera Instancia).
1. En la resolución dictada a fs. 221/223 el Sr. Juez de Grado resolvió: “1) desestimar el acuse de negligencia impetrado por la actora respecto de la prueba pericial médica ofrecida por la demandada y citada en garantía (arts. 382 C.P.C.C.); 2) Sin perjuicio de ello, y atento a que es una prueba común, se hace saber a las partes (actora, demandada y citada) que en el término de diez días de notificadas de la presente deberán producir actividad útil respecto de la pericia médica, bajo apercibimiento de tener a la actora, demandada y citada en garantía por desistidas de dicha prueba; notifíquese; 3) Declarar la negligencia de la prueba confesional ofrecida por la demandada y citada en garantía, dándoles por decaído el derecho que han dejado de usar (art. 382 C.P.C.C.); 4) Imponer las costas de la siguiente forma: A) por su orden, respecto del acuse de negligencia de la prueba pericial médica impetrada por la actora contra la demandada y citada en garantía, atento al principio del vencimiento parcial y mutuo (arts. 68, 69, 71 C.P.C.C.); B) a las demandada y citada en garantía, por el acuse de negligencia de la prueba confesional, atento el principio de la derrota (arts. 68 y 69 C.P.C.C.); 5) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad …” (sic., fs. cit.).
Contra dicho pronunciamiento, a fs. 228 el letrado apoderado de la citada en garantía interpone recurso de apelación, el que es concedido a fs. 232 en relación y con efecto diferido, habiendo sido fundado en la expresión de agravios glosada a fs. 660/664 vta. (cf. específicamente fs. 663 vta. “in fine” punto IV/664).
Las quejas del recurrente se centran, en esencia, en la imposición de costas que efectuó el “iudex a-quo” en cuanto las impuso por su orden respecto del acuse de negligencia de la prueba pericial médica impetrada por la actora contra la demandada y la citada en garantía. Considera que el yerro del sentenciante de la instancia de origen, radica en que impuso las costas por su orden, a pesar de que su mandante resultó vencedora en el planteo, por lo que el magistrado no debió apartarse de lo preceptuado por la regla de los arts. 68 y 69 del Código de rito, debiendo resultar condenada en costas la parte actora. Expresa que media error en considerar que respecto al acuse de negligencia hay un vencimiento parcial y mutuo cuando, en realidad, por las razones que esgrimió en su resolución al pronunciarse sobre la cuestión, la única vencida resulta ser la accionante. Por lo expuesto, solicita se revoque esa parcela de la interlocutoria apelada.
2. Corresponde abocarse al tratamiento del recurso.
En primer término ha de señalarse que la resolución –rechazo de acuse de negligencia- objeto de la imposición de costas apelada, resulta irrecurrible (doct. art. 383 C.P.C.C.), por tal razón nace el interrogante respecto de la suerte que ha de correr la apelación de las costas impuestas en una resolución cuya cuestión de fondo resulta inapelable. La doctrina y jurisprudencia mayoritaria han expresado respecto de la posibilidad de cuestionar la imposición de costas efectuada mediante un auto que, en cuanto al fondo de lo que decide, resulta irrecurrible o inapelable. Así, han señalado que existen dos posturas: una que sostiene que las costas siguen la suerte del principal y, por lo tanto, serían irrevisables por el tribunal de alzada, y la otra en la que se encolumnan quienes sostienen que “la inapelabilidad del art. 379 no comprende las costas y honorarios, por lo que debe concederse su apelación con efecto diferido (art. 69, CPCCN)”(Quadri, Gabriel H., “La prueba en el proceso civil y comercial. Teoría General”, Tomo I, pág. 273; cf. Loutayf Ranea, Roberto G., “El recurso ordinario …”, cit., t. I, p. 385)
Ahora bien, reseñadas las dos posturas, cabe señalar que este Tribunal, como se adelantara, adhiere a la primera de ellas.
Así, ha decidido que “en el caso que la resolución no sea susceptible de apelación en virtud de alguna disposición legal, tal inapelabilidad alcanza tanto a lo decidido en forma principal como a la condena secundaria de costas. No se puede determinar la justicia de la decisión sobre costas sin revisar lo resuelto sobre la materia que es inimpugnable para establecer el carácter de vencido” (cf. Morello, Augusto Mario – Sosa, Gualberto - Berizonce, Roberto, “Códigos ...”, Tº III, pág. 168; esta Sala, causas nº 40.884 del 16/11/1999, “Andicochea ...”; nº 50.279 del 05/10/06, “Vidal ...” y nº 50.766, 27/03/07, “Labra …”, entre otras).
De todo lo expuesto se desprende entonces que resultando inapelable la resolución sobre la declaración de negligencia de prueba (art. 383 del C.P.C.), la condena en costas allí establecida, corre idéntica suerte dado su carácter accesorio.
Consecuentemente, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación deducido a fs. 228, sin costas atento la forma en que se generó y se resuelve la cuestión (arts. 68 y 69 C.P.C.C.).
II. Causa “Alfano” (expte. n° 61.828 numeración de Primera Instancia).
1. En la sentencia interlocutoria dictada a fs. 188/189 el Sr. Juez de Primera Instancia resolvió: “1) Desestimar el acuse de negligencia impetrado por la parte demandada contra la citada en garantía (art. 383 C.P.C.C.), respecto de las pruebas pericial médica, informativa a ART y Colegio de Psicólogos, e instrumental e informativa; quedando pendiente de resolución la negligencia impetrada por la demandada contra la actora, por los motivos expuestos en el punto 1; 2) Imponer las costas de esta incidencia a la citada en garantía (arts. 69, 70 y cctes. C.P.C.C.); 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad …” (sic., fs. cit.).
Contra el decisorio transcripto precedentemente, a fs. 190 el apoderado de la citada en garantía (“La Perseverancia Seguros S.A.”) deduce recurso de apelación, el que es concedido a fs. 191 en relación y con efecto diferido, obrando la fundamentación del mismo en la expresión de agravios agregada a fs. 628/632 vta. (cf. puntualmente fs. 631 vta. “in fine” punto IV/632).
Las quejas del apelante radican, esencialmente, en la imposición de costas que le atribuyó el sentenciante a la citada en garantía al resolver el acuse de negligencia formulado por la accionada contra dicha parte respecto de las pruebas pericial médica, informativa a ART y Colegio de Psicólogos, como así también instrumental e informativa. Manifiesta que el yerro del magistrado de la instancia inferior consiste en que le impuso las costas, a pesar de que resultó vencedora en el planteo formulado por la demandada, por lo que el Sr. Juez no debió apartarse de lo preceptuado por la clara regla del art. 68 y concs. del Código ritual, debiendo resultar condenados en costas los accionados. Añade que conforme surge de autos la conducta desplegada por la compañía de seguros fue de colaboración adecuada en la resolución de la litis y produjo la prueba ofrecida en el momento procesal pertinente.
Por lo expuesto, solicita se revoque la imposición de costas efectuada en la sentencia interlocutoria atacada.
2. Adentrándonos ahora en el meollo de la cuestión traída a conocimiento del Tribunal, tratándose de una cuestión análoga a la planteada en los autos “Cruz”, por razones de economía y celeridad procesal (art. 34 inc. 5º ap. e del C.P.C.C.), corresponde, por los mismos fundamentos, remitirse a lo expuesto al respecto en la citada causa. Consecuentemente, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 190, sin costas atento la forma en que se generó y se resuelve la cuestión (arts. 68 y 69 C.P.C.C.).
III. Causa “Provincia” (expediente n° 62.302, numeración de Primera Instancia).
1. En la interlocutoria dictada a fs. 195/196 el Sr. Juez de Primera Instancia resolvió: “1) Rechazar el acuse de negligencia de la prueba Informativa y Documental en poder de una de las partes ofrecida por la citada en garantía; 2) Imponer las costas a la citada en garantía en cuanto a la manifiesta inactividad de la parte en el proceso es la que generó el planteo de negligencia, y atento el principio de la derrota (arts. 68 y 69 C.P.C.C.); 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad …” (sic., fs. cit.). A fs. 199, el Juez de Grado dictó sentencia aclaratoria respecto de lo decidido a fs. 195/196, resolviendo: “ … de conformidad con lo prescripto por los arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial, aclárese que en el punto dos de la parte dispositiva de fs. 196 donde dice "... y atento el principio de la derrota ...", no debe leerse, dejándolo sin efecto lo que así se declara. En razón de ello, el punto 2) de la parte dispositiva de la sentencia interlocutoria de fs. 196 debe leerse "2) Imponer las costas a la citada en garantía en cuanto a la manifiesta inactividad de la parte en el proceso es la que generó el planteo de negligencia (arts. 68 y 69 C.P.C.C.) …” (sic., fs. cit.).
Contra las resoluciones transcriptas precedentemente, a fs. 200 el apoderado de “La Perseverancia Seguros S.A.” articula recurso de apelación, el que es concedido a fs. 201 en relación y con efecto diferido, obrando la fundamentación que da sustento al mismo en la expresión de agravios agregada a fs. 387/391vta. (cf. fs. 390 vta. “in fine” punto IV/391). Las quejas del apoderado de la citada en garantía, se centran –únicamenteen la imposición de costas efectuada a dicha parte por el sentenciante de grado al resolver el acuse de negligencia impetrado por la actora contra “La Perseverancia Seguros S.A.” respecto de las pruebas informativa y documental en poder de una de las partes. Manifiesta que el yerro del magistrado de la instancia inferior, consiste en que le impuso las costas, a pesar de que resultó vencedora en el planteo formulado por la actora, por lo que el Sr. Juez no debió apartarse de lo preceptuado por la clara regla del art. 68 del C.P.C.C., debiendo resultar condenada en costas la accionante. Explica que conforme surge de autos la conducta desplegada por la compañía de seguros fue de colaboración adecuada en la resolución de la Litis y produjo la prueba ofrecida en el momento procesal oportuno. Por lo expuesto, solicita se revoque la imposición de costas efectuada en la sentencias interlocutorias en crisis (fs. 195/195 y aclaratoria de fs. 199).
2. Adentrándonos ahora en el análisis de la cuestión traída a conocimiento del Tribunal, tratándose de una cuestión análoga a la planteada en los autos “Cruz” y “Alfano”, por razones de economía y celeridad procesal (art. 34 inc. 5º ap. e del C.P.C.C.), corresponde, por idénticos fundamentos, remitirse a lo expuesto al respecto en la citadas causas.
Consecuentemente, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 200, sin costas atento la forma en que se generó y se resuelve la cuestión (arts. 68 y 69 C.P.C.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi, por los mismos argumentos votaron en idéntico sentido. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I. El siniestro vial.
El 20 de Septiembre de 2011 se produjo un grave siniestro vial, en la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 401,5 protagonizado por Hipólito Salustriano Marilú –quien circulaba a bordo del vehículo Ford Falcon, dominio QWB-739- y Jonathan Esteban Omar Acosta, quien manejaba su motocicleta Guerrero 110, desplazándose por la mencionada Ruta Nacional. El hecho ocurrió en ocasión en que el vehículo automotor Ford Falcon, que transitaba por la perpendicular del camino de tierra de la planta suburbana de Bolívar, e intentó ingresar y cruzar la Ruta 226 y embistió la mencionada motocicleta que conducía Acosta. Reitero que Acosta iba por la ruta, en sentido cardinal-nominal Sureste-Noroeste, de Olavarría hacia la Ruta 65. Como consecuencia de las graves lesiones que sufrió el Sr. Acosta falleció el día 27 de Septiembre de 2011.
A raíz de ello se sustanciaron tres expedientes. Lucía Cecilia Alfano, conviviente de Acosta, por sí y en representación de la hija menor del fallecido Acosta, Yessica Jazmín Alfano, demandó a Hipólito Salustiano Marilú, en su carácter de conductor del automóvil Ford Falcon, dominio WQB-739 y a Ariel Hipólito Marilú como propietario del referido vehículo, citando en garantía a “La Perseverancia Seguros S.A.”, reclamando daños patrimoniales y morales.
Por su lado la Señora María Elizabeth Cruz –madre de Jonathan E. O. Acosta-, demandó a los mencionados Señores Marilú y también citó en garantía a la misma compañía aseguradora. Reclamó el resarcimiento de los daños patrimoniales y morales derivados del fallecimiento de su hijo. Finalmente “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.”, dedujo demanda por cobro de $1.001.943,75, contra los Señores Hipólito S. y Ariel H. Marilú, trayendo a juicio a la “La Perseverancia Seguros S.A.”. Adujo que el monto reclamado es la suma que abonó a “Agronomía El Amanecer S.R.L.”, empleadora del Sr. Acosta, en cumplimiento del pago de las prestaciones médicas e indemnizaciones que impone la Ley de Riesgo del Trabajo 24.557. Añade que al haber sufrido el Señor Acosta un accidente in itinere, esa parte debió afrontar el pago de la suma referida precedentemente, tal como se desprende del acuerdo homologado en el expediente que tramitó por ante el Tribunal del Trabajo Nº 1 de Olavarría caratulada “Alfano, Lucía Cecilia por sí y en representación de su hija Yessica Jazmín Alfano c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente in intinere” (causa 2595/2012).
Como se anticipó se sustanciaron tres expedientes en los que se dictó sentencia única. Dichas actuaciones son las siguientes:
II. Causa n° 61.828 (numeración de Primera Instancia) caratulada "Alfano, Lucía Cecilia c/ Marilú, Hipólito S. y Otro s/ Daños y Perjuicios” (numeración de Alzada nº 2-63080-2018), en adelante causa nº 61.828 o, “Alfano …”, indistintamente.
Como ya se dijo Lucía Cecilia Alfano y Yessica Jazmín Alfano, en su carácter de conviviente e hija del occiso solicitaron los siguientes rubros resarcitorios: valor vida, incapacidad psicológica, tratamiento psicológico y daño moral.
III. Causa n° 61.048 (numeración de Primera Instancia) caratulada "Cruz, María Elizabeth c/ Marilú, Hipólito S. s/ Daños y Perj.” (numeración de Alzada nº 2-63079-2018) en adelante causa nº 63.079 o, “Cruz …”, indistintamente.
La madre del joven Acosta solicitó se indemnicen sus daños patrimoniales y morales derivados de: valor vida-pérdida de chance; incapacidad psicológica, tratamiento psicológico y daño moral.
IV. Causa n° 62.302 (numeración de Primera Instancia) caratulada “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo c/ Marilú, Hipólito S. y Otros s/ Cobro Sumario” (numeración de Alzada nº 2-63081-2018) en adelante causa nº 63.081 o, “Provincia …”, indistintamente.
La actora “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo” solicitó la restitución de las suma abonada de $1.001.943,75 en concepto del cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo ya que la víctima Acosta era empleado de “Agronomía El Amanecer S.R.L.” al momento de producirse el siniestro vial.
V. La sentencia única dictada en autos.
Sustanciados los tres procesos, la sentencia de grado hizo lugar, en lo sustancial, a las tres pretensiones condenando a los accionados los Sres. Marilú, la que hizo extensiva a la aseguradora “La Perseverancia Seguros S.A.” en los términos del art. 118 de la Ley de Seguros 17.418. Para así decidir, y en lo que resulta de interés conforme los límites y alcances de los respectivos agravios, la sentencia de grado tuvo por acreditada la responsabilidad civil del conductor del automotor Ford Falcon, dominio QWB-739-, Hipólito Salustiano Marilú, conforme se desprende de la sentencia penal condenatoria dictada en la causa nº 380/2013 caratulada “Marilú, Hipólito Salustiano – Homicidio Culposo Agravado”. En tal sentido tuvo en cuenta la autoridad de cosa juzgada que emana del art. 1102 del Código Civil y que la causa del accidente le es atribuible exclusivamente al Sr. Marilú. Tras ello descarta que hayan concurrido los dos hechos alegados como defensa por los accionados consistente en que Acosta se desplazara a excesiva velocidad sin llevar casco protector. El Sr. Juez de Grado descartó ambas circunstancias para lo que ponderó las pruebas periciales practicadas en autos y el acta de constatación de fs. 6/8 de la causa penal y la pericia accidentológica de fs. 153/157. También tuvo en cuenta que en la causa “Cruz” el dictamen pericial de fs. 584/587 sostuvo que no se podía determinar si el conductor de la moto portaba o no el casco protector. Con relación a la excesiva velocidad valoró que la motocicleta se desplazaba a una velocidad mínima de 40 km/h como se desprende de la pericia de fs. 186 del expediente “Cruz”, quien por su parte se remite también a la pericia accidentológica practicada en la causa penal la que coincide con aquélla velocidad. En consecuencia condenó a los codemandados Hipólito Salustiano Marilú y a Ariel Hipólito Marilú en su condición de conductor y dueño del vehículo Ford Falcon. Paso seguido procedió a analizar la procedencia y cuantificación de los daños reclamados.
VI. Causa “Alfano” (expte. n° 61.828 numeración de Primera Instancia).
En dicho expediente, como se anticipó, las actoras son Lucía Cecilia Alfano y su hija Yessica Jazmín Alfano, conviviente e hijas del Señor Jonathan E. O. Acosta. Con relación al denominado valor vida por su fallecimiento otorgó para Lucía la suma de $170.000 y para Yessica $340.000. Argumentó que para cuantificar ese daño material no corresponde acudir a fórmulas matemáticas y que la vida humana no tiene valor en sí misma sino sobre la base de lo que produce para terceros. Consideró aplicable los arts. 1079, 1084 y 1085 del Código Civil y tuvo particularmente en cuenta que a la fecha del accidente (20/09/11) Acosta tenía 21 años de edad, vivía en concubinato con Lucía Cecilia Alfano, que de dicha unión esperaban una hija que naciera el 14 de Enero de 2012 (cf. fs. 9 del expte. nº OL2595/2012 del Tribunal del Trabajo de Olavarría), y que se desempeñaba como empleado de “Agronomía El Amanecer S.R.L.”
percibiendo un sueldo neto de $3.859,49 y que su pareja, que se encontraba embarazada tenía 27 años de edad. Luego, y al abordar el rubro daño psicológico afirmó que la afección no tenía grado de patología constitutiva de dicho daño resarcible. Para ello valoró la pericia psicológica obrante a fs. 304/308, la que da cuenta del dolor, angustia y ansiedad que el fallecimiento de su compañero le produjo a Lucía Alfano, pero la conclusión final de la experta es que al momento de la evaluación no presenta psicopatología codificable. Del mismo modo consideró que la prueba pericial no detectó existencia de daño psicológico en la menor. Finalmente el sentenciante agregó que la alteración de orden psicológico de Lucía Alfano sería también tenida en cuenta al cuantificar el daño moral. Más adelante otorgó para ella, es decir la conviviente, la suma de $8.040 en concepto de tratamiento psicológico, según lo sugirió la perito psicóloga interviniente proponiendo, a fines de atender la afección emocional de la coactora, 24 sesiones terapéuticas con una frecuencia semanal a un costo de $170 aproximadamente por sesión. En lo relativo al daño moral otorgó para la hija $280.000 y para Lucía C. Alfano $340.000, comprensivos del reclamo por daño psicológico, teniendo en cuenta, las circunstancias personales de las actoras y la prueba producida en autos a la que hizo referencia. Para concluir el juez de Grado dispuso que al momento de practicarse liquidación definitiva en la etapa de ejecución de sentencia correspondía deducir la suma percibida por las coactoras de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo por la indemnización por la muerte de Acosta. En lo tocante a los intereses ordenó que desde la fecha del hecho (20/09/11) el capital de condena devengará la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta su efectivo pago.
VII. Causa “Cruz” (expediente n° 61.048, numeración de Primera Instancia).
María Isabel Cruz, madre del fallecido joven Jonathan Esteban Omar Acosta, y como reiteradamente se manifestó anteriormente, reclamó los daños patrimoniales y morales derivados de la muerte de su hijo. La sentencia utilizando los mismos argumentos dogmáticos que los vertidos para fundar la procedencia de idéntico daño reclamado en la causa “Alfano”, confirió $260.000 a la progenitora. Añadió que el daño material por la muerte del hijo lo constituye la pérdida de chance por la ayuda económica futura en caso de necesidad. Afirmó que arribó a dicho monto atendiendo a la totalidad de las circunstancias personales de la actora y de la prueba rendida en autos. Tras ello aclaró que en el momento de practicarse la liquidación definitiva deberá descontarse el monto abonado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Más adelante desestimó el daño psicológico y acogió el tratamiento psicoterapéutico, que lo estimó en $11.900, conforme el dictamen pericial psicológico que indicaba la necesidad de asistencia de tratamiento psicológico y psiquiátrico por dos años y según los costos de honorarios de $2.400 por consulta psicológica y $9.500 por tratamiento psiquiátrico y medicación. Para desestimar el rubro daño psicológico tuvo en cuenta que si bien la pericia de fs. 496/499 y explicaciones de fs. 508 indican un trastorno depresivo de la actora, con porcentuales estimados de deterioro de su estado psicológico, lo cierto es que posteriormente se estabilizó la estructura psíquica de la Sra. Cruz. Finalmente, y con relación al daño moral lo cuantificó en $340.000 teniendo en cuenta que la actora tenía 38 años de edad, era viuda y se desempeñaba como ama de casa. En el daño extrapatrimonial –cuyas bases conceptuales fueron expuestas- incluyó también las repercusiones derivadas de la afección psicológica. Para concluir fijó los intereses a la misma tasa que la dispuesta en la causa “Alfano”.
VIII. Causa “Provincia” (expediente n° 62.302, numeración de Primera Instancia).
La sentencia de grado admitió la pretensión deducida por “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.” y dictó un fallo de condena por la suma de $1.001.943,75 derivados de los pagos efectuados por la actora en la causa tramitada por ante el Tribunal del Trabajo de Olavarría, según resulta de fs. 83/84, 94/97, 103, 106, 108, 110 y 122 (causa “Alfano, Lucía Cecilia por sí y en representación de su hija Yessica Jazmín Alfano c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente in intinere”). Ese monto corresponde a todos los rubros pagados en la citada causa laboral según acuerdo celebrado en el precitado Tribunal del Trabajo abonados por la actora, en concepto de prestaciones laborales, a los derechohabientes de Jonathan Acosta, Lucía C. Alfano y Yessica Jazmín Alfano. En un último rubro la sentencia analiza la defensa esgrimida en las tres causas por la aseguradora del vehículo del demandado, “La Perseverancia Seguros S.A.”, en la que invoca el límite de la cobertura pactada en la póliza y que corresponde a los siguientes rubros:
“responsabilidad civil hacia terceros: límites por muerte o incapacidad, total y permanente $90.000 … límite por acontecimiento $180.000 … daños materiales a cosas $ 30.000 …” (sic., fs. 354 vta./356 vta.). El decisorio de Primera Instancia acoge esa pretensión sosteniendo que los términos del contrato de seguro son oponibles a los terceros ya que las compañías aseguradoras responden en la medida de dichos referidos contratos conforme el art. 118 de la Ley 17.418. La compañía debe pagar hasta el límite contractual que se fijó en la respectiva póliza. A partir de ello admitió la “exclusión de cobertura” invocada por la citada en garantía, y la condenó a pagar en la medida del contrato celebrado con el tomador del seguro y por las indemnizaciones convenidas. Así y de acuerdo a la póliza de fs. 46/54 estableció como “máximo por acontecimiento $180.000” además de lo consignado para daños materiales de $30.000. Finalmente impuso las costas de los tres procesos a los demandados vencidos haciéndola extensiva a la aseguradora citada en garantía quien responderá en los términos del contrato celebrado y también con los límites restantes de la póliza.
Resumiendo, y por todo lo expuesto, la sentencia única de fs. 550/569 de la causa “Alfano”, fs. 598/619 de la causa “Cruz” y fs. 337/357 de la causa “Provincia”, y resolvió lo siguiente: hizo lugar a la demanda promovida por Lucía Cecilia Alfano y Yessica Jazmín Alfano, y condenó a los accionados Hipólito Salustiano Marilú y Ariel Hipólito Marilú, a abonar la suma de pesos quinientos dieciocho mil cuarenta ($518.040) y seiscientos veinte mil ($620.000), con más los intereses a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la fecha del siniestro (20/09/2011) y hasta su efectivo pago; admitió la demanda incoada por María Elizabeth Cruz, y condenó a Hipólito Salustiano Marilú y Ariel Hipólito Marilú, a abonar la suma de pesos seiscientos once mil novecientos ($611.900), con más los intereses a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la fecha del siniestro (20/09/2011) y hasta su efectivo pago; acogió la demanda promovida por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y condenó a Hipólito Salustiano Marilú y Ariel Hipólito Marilú a pagar la suma de pesos un millón un mil novecientos cuarenta y tres con setenta y cinco centavos ($1.001.943,75) con más los intereses a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la fecha del siniestro (20/09/2011) y hasta su efectivo pago; las tres condenas mencionadas precedentemente se hicieron extensivas a la citada en garantía "La Perseverancia Seguros S.A.", la cual deberá responder en la medida del contrato de seguro celebrado (art. 118 de la ley 17.418); Impuso las costas en los tres procesos mencionados a los accionados que resultan vencidos, e hizo extensiva la condena a "La Perseverancia Seguros S.A.", la que responderá en la medida del contrato celebrado y difirió la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 51 del decreto ley 8904/77” (sic., cf. sentencia fs. 550/569 de la causa “Alfano”, fs. 598/619 de la causa “Cruz” y fs. 337/357 de la causa “Provincia”).
Contra dicho pronunciamiento, se dedujeron los recursos de apelación que se detallarán en los considerandos donde se aborde el tratamiento en particular de cada proceso.
IX. Causa “Alfano”.
A fs. 579 apeló la parte actora, recurso concedido a fs. 580 y a fs. 581 recurrió la citada en garantía, recurso concedido a fs. 582.
A fs. 612/626 vta. expresó agravios la actora y a fs. 628/632 vta. obran los agravios de la citada en garantía. A fs. 634/634 vta. se agregó la contestación de la parte actora y a fs. 635/641 la propia de la citada en garantía. A fs. 644 se glosó el dictamen de la Asesora de Incapaces. A fs. 612 expresó agravios el actor quien introdujo las siguientes impugnaciones: apeló por bajo el monto establecido en concepto de valor vida; se quejó por el rechazo del cuestionamiento del límite de cobertura esgrimido por la citada en garantía; cuestionó la inclusión de gastos y costas dentro del citado límite y atacó la aplicación de la tasa pasiva en concepto de interés. Con relación al primer agravio efectuó distintas consideraciones con relación al criterio para cuantificar el daño material derivado de la muerte del conviviente y padre de las dos coactoras, sosteniendo que no se tuvieron en cuenta aspectos esenciales para decidir (por ej.: la víctima tenía 21 años) y que Acosta trabajaba en la empresa “Agronomía El Amanecer S.R.L.” en categoría de Auxiliar.
Añade que la aplicación de las fórmulas matemáticas omitidas considerar en la sentencia atacada constituyen un parámetro muy valioso y que si se computara la edad de la víctima (21 años) y el salario actual de $22.000 en la categoría Auxiliar de la U.A.T.R.E. el valor vida estaría en $6.000.000. En el segundo agravio cuestiona que se haya admitido el límite de cobertura invocado por la aseguradora “La Perseverancia Seguros S.A.”. Sostiene –en síntesis- que el seguro obligatorio de responsabilidad civil hacia terceros, conforme lo dispone el artículo 68 de la Ley 24.449, tiene por finalidad la protección de las víctimas de accidentes de tránsito y que la cláusula de la póliza que limita unilateralmente el monto de la suma asegurada, sin dar a conocer fehacientemente esta situación al asegurado, resulta abusiva máxime que se trata de un contrato de adhesión, cuyo contenido desnaturaliza por completo la cobertura.
Acota que “en el caso de autos, la inserción de un monto tan bajo por parte de la aseguradora, importa una cláusula abusiva, y como tal afecta inequitativamente al consumidor o usuario en el cotejo entre los derechos y obligaciones de ambas partes (art. 37 dec. 1798/94), y por lo tanto, debe tenerse por no convenida dicha cláusula por desnaturalizar las obligaciones (art. 37 inc. A).- Está claro, que determinar como suma máxima asegurada por responsabilidad civil pesos doscientos diez mil ($210.000), desnaturaliza las obligaciones y afecta el derecho del usuario”. Consecuentemente, solicitó que el límite de cobertura a los efectos de la garantía de la aseguradora, sea el fijado conforme la Resolución N° 39927/2016 de la Superintendencia de Seguros de la Nación –con vigencia a partir del 1/9/16-, en la suma de $6.000.000” (sic., fs. 620).
Tras ello invoca la doctrina de la Suprema Corte recaída en la causa “Martínez …” (Ac. 119.088, del 21/02/2018) en la que se resolvió que la condena a la aseguradora debe incluir la cobertura básica vigente al momento de la valuación final del daño contenida en la sentencia definitiva. Más adelante, en lo que denomina tercer agravio, impugna que el límite de cobertura de la aseguradora comprenda los gastos y costas derivados de la sustanciación de este proceso. Señala que se trata de un hecho ocurrido el 20 de Septiembre de 2011, que hasta siete años después los actores no percibieron ninguna suma y que de la interpretación razonable y coherente de los arts. 109, 110 inc. a y 111 de la Ley de Seguro 17.418 se desprende que la citada en garantía debe asumir las costas y gastos devengados a fines de mantener la indemnidad plena del asegurado.
Cita en apoyo de su postura la causa de la Suprema Corte “Labaronnie …” que –afirma- se pronunció en el sentido propuesto por el recurrente. Finalmente y en el cuarto agravio controvierte la tasa de interés fijada en la sentencia sosteniendo que la misma resulta insuficiente e inequitativa atento el proceso inflacionario existente. Añade que se está incentivando el incumplimiento del pago, que la realidad económica actual ha variado sustancialmente, por lo que la tasa pasiva más alta fijada vulnera el principio de la reparación plena del daño y su derecho de propiedad. Cita jurisprudencia de las Cámaras Nacionales en lo Civil y luego de otras consideraciones solicita “se aplique una tasa de interés acorde con el momento actual del país”.
Por todo lo expuesto pide se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a todas sus pretensiones.
A fs. 628/632 expresa agravios la citada en garantía “La Perseverancia Seguros S.A.”. La apelante impugna la omisión de la sentencia toda vez que además de los límites receptados ($180.000 por acontecimiento y $30.000 por daños materiales) se debe tener en cuenta que en la póliza se encuentra fijado también el límite por persona de $90.000. En tal sentido hace expresa referencia a dicha cláusula contractual destacando que en las condiciones generales establece “… para la ‘Responsabilidad civil hacia terceros: Límites por muerte o incapacidad total y permanente $90.000 … Límite por acontecimiento $180.000 … Daños materiales a cosas $30.000’”, la sentencia omitió que el tope del resarcimiento por muerte o incapacidad total y permanente es de $90.000” (sic., fs. 628/629).
En consecuencia se agravia de tal punto y destaca que la pericia contable practicada a fs. 364 y vta. y fs. 459 y vta. de los autos “Cruz …” dictaminó que los límites por muerte o incapacidad era de $90.000, el límite por acontecimiento de $180.000, y por daños materiales $30.000. En conclusión, y con relación a este primer agravio, solicitó la modificación de la sentencia y se limite el monto de condena con el alcance expresado. Más adelante, y ya en otro agravio, controvierte que la imposición de costas a los accionados se haga extensiva a dicha aseguradora en la medida del contrato celebrado toda vez que –sostienedebe resolverse que la extensión de la condena a “La Perseverancia Seguros S.A.”, lo será dentro de los límites de la póliza contratada respecto de las costas y honorarios.
En efecto aduce que, tal como se expuso al contestar la demanda, los límites de la póliza alcanzan no sólo al capital de condena sino también a las costas y los honorarios profesionales los que deberán ser abonados en forma proporcional y a prorrata del monto de capital. Destaca que la obligación de indemnidad de la aseguradora se proyecta a las costas judiciales pero sólo en proporción al seguro. Formula distintas consideraciones, cita jurisprudencia –incluso de la Corte Supremaacerca de la oponibilidad a la víctima de los límites económicos a la cobertura pactadas en el contrato de seguro, analiza el concepto de la condena “en la medida del seguro” que prevé el art. 118 de la Ley 17.418 y concluye resaltando que la aseguradora sólo debe responder por el capital de condena hasta la suma asegurada conforme los límites y condiciones de la póliza de seguros contratada con más la incidencia proporcional de la misma en las costas judiciales devengadas.
Esa es la doctrina de la Suprema Corte adoptada en la causa C 96.946 en la causa “Labaronnie …”. Incluso hace referencia también a jurisprudencia de este Tribunal. Finalmente y por aplicación del art. 68 del C.P.C. solicita que las costas de la incidencia resuelta a fs. 188/191, que se le impusieron a la citada en garantía sea revocada. En efecto aduce que las cuestiones planteadas con relación al acuse de negligencia de prueba deben ser soportadas por el vencido y no por esa parte que resulta vencedora. Por eso pide que se revoque la imposición de costas ordenadas en la resolución de fs. 188/189.
X. Causa “Cruz” (expediente n° 61.048, numeración de Primera Instancia).
A fs. 620 apeló la parte actora, recurso concedido a fs. 621 y a fs. 622 recurre la citada en garantía, recurso concedido a fs. 623.
A fs. 644/658 vta. expresó agravios la actora y a fs. 660/664 vta. obran los de la citada en garantía. A fs. 666/666 vta. contesta la parte demandante y a fs. 667/673 se agregó la respuesta de la citada en garantía. A fs. 644/658 vta. expresó agravios la parte actora y a fs. 660/664 vta. hace lo propio la aseguradora citada en garantía. Este último escrito impugnativo es de idéntico tenor al presentado en la causa mencionada “Alfano …”. En consecuencia, y por razones de economía y celeridad procesal, además de resultar innecesario, me remito a lo allí expuesto. A su vez la expresión de agravios de la parte actora de fs. 644/658 vta., también, en lo sustancial, es de idéntico tenor a la presentada en la causa “Alfano …”. Sólo difiere en lo relativo a la cuantificación y también en este caso califica de “bajos los montos indemnizatorios establecidos en concepto de (valor vida-pérdida de chance)”. En efecto, y más allá de que dicha expresión de agravios tiene muchos puntos en común con la anterior, aquí se hace hincapié en la procedencia de la pérdida de chance de ayuda futura a favor de los padres y como consecuencia de la muerte de los hijos prevista en el actual art. 1745 CCCN. Afirma que la Sra. María Elizabeth Cruz ha visto cercenado su derecho de que en el futuro pueda recibir ayuda material y espiritual de su propio hijo, el Sr. Jonathan E. O. Acosta fallecido en el siniestro vial. Continúa manifestando que de ordinario los hijos devuelven los esfuerzos de los progenitores en ayuda y sostén durante la vejez, con mayor razón, si se trata –como en este caso- de personas de condición humilde.
XI. Causa “Provincia” (expediente n° 62.302, numeración de Primera Instancia).
A fs. 358 apeló la citada en garantía, recurso concedido a fs. 359 y a fs. 360 recurre la actora, recurso concedido a fs. 361.
A fs. 367/372 vta. expresa agravios la actora y a fs. 387/391 vta. hace lo propio la citada en garantía. A fs. 400/404 vta. contesta la parte citada en garantía.
A fs. 387/398 la citada en garantía replica el contenido y alcance de los agravios esgrimidos en las otras dos causas ya referidas.
A fs. 367/372 vta. expresa agravios la actora “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.”.
El cuestionamiento a la sentencia impugnada se desglosa en dos agravios: en la admisión de la cláusula de la póliza que establece un límite de cobertura y en la tasa de interés aplicable. En lo atinente al primer agravio plantea que es abusiva, ilegítima, inconstitucional e inoponible a terceros la cláusula de la póliza contratada por el demandado con “La Perseverancia Seguros S.A.” que fija un límite cuantitativo, el que fue receptado en la instancia de origen. Destaca que la suma de $180.000 para cubrir las condenas de ambos juicios resulta notoriamente irrisoria y pone de manifiesto por sí misma su inequidad teniendo en cuenta que la condena asciende a $1.001.943,75. Formula distintas consideraciones y cita jurisprudencia de la Cámara Nacional que recepta su pretensión recursiva enfatizando que en el caso de autos se afecta la reparación plena de los perjuicios ocasionados y la protección de la víctima. Más adelante desarrolla otros fundamentos y, como lo resolvió el precedente jurisprudencial que menciona, solicita que se declare abusiva la cláusula que dispone el límite de cobertura con sustento en el art. 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Por ende pide que se la tenga por no escrita. Tras ello peticiona que se revoque la sentencia y se disponga el pago del monto total de condena dejando sin efecto la cláusula que fija el límite de cobertura. Llamados autos para sentencia a fs. 645 de los autos “Alfano” (expte. n° 61.828 numeración de Primera Instancia), a fs. 676 de los autos “Cruz” (expediente n° 61.048, numeración de Primera Instancia) y a fs. 407 de los autos “Provincia” (expediente n° 62.302, numeración de Primera Instancia) y firme el proveído que hizo saber el orden de la votación a fs. 646 de los autos “Alfano” (expte. n° 61.828), a fs. 677 de los autos “Cruz” (expediente n° 61.048) y a fs. 408 de los autos “Provincia” (expediente n° 62.302), los expedientes se encuentran en condiciones de ser resueltos.
XII.- 1.- El daño material por el fallecimiento de Jonathan Esteban Omar Acosta.
Iniciaré el análisis conjunto de los agravios comunes en las causas “Alfano” y “Cruz” que versan sobre la cuantificación del daño material, el denominado valor vida (del joven Jonathan Esteban Omar Acosta), que beneficia a la conviviente e hija de la víctima, Lucía Cecilia Alfano y Yessica Jazmín Alfano, respectivamente, a las que la sentencia les confirió $170.000 y $340.000 y fueron apeladas por bajas por la actora (causa “Alfano”). Igualmente la suma de $260.000 concedida a la progenitora (María Elizabeth Cruz), también en concepto de daño material y cómo perdida de chance de ayuda material futura, fue recurrida por baja (causa “Cruz”).
Ambos agravios deben prosperar y por consiguiente aumentarse los montos de condena. Si bien no existen diferencias sustanciales en torno a los aspectos dogmáticos del daño resarcible admitido, la impugnación será atendida parcialmente en lo relativo al método de cuantificación y al resultado final.
2. No obstante ello, debe recordarse a fines de fundar este decisorio (art. 3 CCCN), que tratándose del fallecimiento de esposos, convivientes o hijos, el daño material es presumido como se desprende del actual art. 1745 CCCN. Los arts. 1084 y 1085 del Código Civil derogado, y según la interpretación doctrinaria y jurisprudencial prevaleciente, comprendían lo necesario para la “subsistencia de la viuda e hijos del muerto” (lo que se ha denominado gastos alimentarios, es decir lo que el causante destinaba para la asistencia material y económica de sus familiares más directos) pero alcanzaba sólo “al cónyuge sobreviviente y a los herederos forzosos”. Empero ello no quita que por vía del art. 1079 CC se admita el resarcimiento del daño patrimonial de otros legitimados, como en el caso en autos de la conviviente, que a diferencia de los anteriores tiene que acreditar la existencia del daño (Zavala de González, Matilde, “Tratado de los daños a las personas. Perjuicios económicos por muerte”, Tomo 2, págs. 26, 159 y concs.). Reitero, porque ello resulta de gravitación especialmente en materia probatoria, que el régimen actual también incluye a la conviviente dentro del daño presumido (art. 1745 CCCN), lo que como argumento interpretativo debe ser tenido en cuenta para decidir y aplicar el régimen derogado (art. 7 CCCN).
Explica Zavala de González que “la muerte de uno de los integrantes de la pareja acarrea, normalmente, repercusiones económicas disvaliosas para el sobreviviente, en razón de la privación de asistencia que el muerto brindaba, por vía de aporte dinerarios, o de algún otro género de esfuerzo mancomunado para el desenvolvimiento de la existencia, tanto más necesario cuando hay hijos comunes a los que sostener y educar” (cf. Zavala de González, Matilde, “Tratado de daños a las personas. Perjuicios económicos por muerte”, Tº 2, pág. 158). La inveterada doctrina legal de la Casación Bonaerense –receptada por este Tribunal- señala que en caso de daño patrimonial por la muerte del concubino media un daño cierto que se presenta “todas las veces que se acredita la ayuda que recibía de la víctima con carácter estable y no accidental y en virtud de una razón de orden lícito y moral” (S.C.B.A.
Ac. 54867, 15/12/98 “Butalla”; Ac.82356, 01/04/04 “Ojeda”). La estabilidad en la convivencia, sumada a la apariencia de matrimonio permiten conceder derechos o bien hacer cesar derechos otorgados por el ordenamiento jurídico” (Azpiri, Jorge O. “Uniones de hecho” pág. 64; Novellino, Norberto J., “La pareja no casada. Derechos y obligaciones” pág. 39/40; conf. esta Sala, causas nº 55.340, 13/03/12, “Perotti ...”; nº 58.857, 18/11/14, “Miñana c/ Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda. s/ Daños y Perjuicios” y nº 55.340, 13/03/12, “P., C. y otros c/ A., A. R. s/ Daños y Perjuicios”). Además la protección del interés jurídicamente relevante del conviviente, aunque no constituya un derecho subjetivo en el sentido de tener expreso reconocimiento legal (ello en el régimen del Código derogado), habilita para reclamar el resarcimiento por daño patrimonial por la muerte de su pareja, ya anticipado anteriormente.
El art. 1079 CC protege no sólo los derechos subjetivos sino también todo interés jurídico no contrario a derecho, criterio ratificado por el Código Civil y Comercial que concibe al daño, para lo que aquí interesa, como la lesión a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona y que produzca consecuencias patrimoniales o no patrimoniales (arts. 1737, 1738 y 1741 y concs. CCCN). En la relación convivencial no existe ninguna ilicitud que excluya la protección del interés de la pareja supérstite, lo que ahora está totalmente superado porque, como se dijo, el nuevo art. 1745 inc. b CCCN incluye en la presunción de daño a la conviviente ampliando los anteriores arts. 1084 y 1085 CC (esta Sala, causa nº 60.557, 20/10/2016, “Córdoba Valenzuela, Héctor Manuel y Otros c/ Canova, Néstor Andres y Otros s/ Daños y Perj.
Autom. c/ Les. o Muerte (Exc. Estado)”. El hijo menor, como lo dicen los arts. 1084 y 1085 CC y el actual 1745 CCCN se encuentra en la misma situación fáctica y jurídica ya que es obvio que el progenitor destina parte de sus ingresos para la asistencia alimentaria de sus descendientes.
3. En lo que respecta a la madre, la Sra. Cruz, y como lo recordara en otro decisorio, “existe coincidencia en la doctrina y jurisprudencia en que el daño patrimonial por la muerte del hijo es el daño cierto consistente en la pérdida de chance de ayuda futura de que los padres en la vejez serán asistidos económica y espiritualmente por sus hijos, en caso de necesidad. Este Tribunal resolvió reiteradamente que “cuando se trata de la muerte de los hijos, especialmente menores o incapaces o solteros y sin descendencia, se presume a favor de los padres la existencia de un daño material, cierto y actual, que consiste en la pérdida de una chance. Esta consiste en la razonable expectativa y probabilidad que de vivir el hijo en la ancianidad de sus progenitores o en su estado de necesidad, éste contribuiría a su asistencia material y moral, perjuicio cierto y no meramente hipotético” (esta Sala, causa nº 39.345, 11/8/98, "Saloiña”, causa nº 39.541, 8/9/98, “Luján” y causa nº 47.221, 17/12/04, “Giacoboni”).
De modo que el daño resarcible es la pérdida misma de la chance y no el valor intrínseco de la vida humana ni para sí ni para terceros (arts. 1066, 1067, 1079, 1083, 1084, 1085 y concs. Cód. Civ.), ya que “cuando muere un menor los padres ven tronchada una esperanza económica” (Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, T. 2 b, pág. 242; esta Sala, causa nº 37.517, 7/4/97, “Cabrera de Quin”). La chance es la probabilidad objetiva y cierta –y no la mera posibilidad- de obtener una ganancia o de evitar una pérdida, a condición de que esa probabilidad -que no es certeza- sea “suficiente”. La probabilidad debe superar el terreno de la conjetura o hipótesis y el requisito de la certidumbre del daño –actual o futuro- se configura en base al acontecer regular de los hechos –el llamado “principio de regularidad”- es decir lo que sucede “según el curso natural y ordinario de las cosas”, como lo expresó Vélez Sarsfield en el art.901 del Código Civil (Orgaz, Alfredo, "El daño resarcible" p.97; S.C.B.A., Ac.6957, 29/6/65 “Minutta”, voto de la mayoría, A. y S., 1965-II-324, L.L., 119-394; Cazeaux, Néstor P., "Daño actual.
Daño futuro. Daño eventual o hipotético. Pérdida de chance" en "Temas de responsabilidad civil". En Homenaje a Augusto M. Morello, p.28; Piaggio, Aníbal N., "Azar y certeza en el derecho de daños", E.D., 152-812 (cap.IV); Iribarne, Héctor P., "De los daños a las personas", p.128; esta Sala, causas N° 42469, 26/6/2001, “Cerdeiro”; N°51084, 06/11/2007 “E.R.D. c/E.R.D. s/ Ds. y Pjs.” E.D.228-417). Añado que “es inherente a la condición humana, y por ende marcadamente probable, que el hijo asista económicamente a sus padres, no sólo en sus necesidades materiales futuras de la vejez, sino también en el cuidado personal que también tiene contenido económico. Se conectan e interrelacionan la sobrevivencia del hijo a los padres, la necesidad de ayuda de los progenitores, la posibilidad del hijo de prestarla y su concreción efectiva, lo que se encuentra comprendido en lo que puede rotularse como “standard de buen hijo” (arts.901 y 906 Cód.Civ. y 384 C.P.C.).
“Lo reparable no es el beneficio esperado sino la probabilidad perdida” (Mayo Jorge A. “La pérdida de ‘chance’ como daño resarcible” L.L.1989-B-106) que, en el fondo, trasunta un criterio cuantitativo y no cualitativo de ponderación (conf. “in extenso” Piaggio Anibal “Azar y certeza en el derecho de daños” cit. E.D.152-815; causas Nº48.073, 12/5/2005 “Zarza”; 42.976, 6/9/2001 “Testa”). En síntesis, es suficiente la probabilidad objetiva de asistencia material futura” (esta Sala causa cit. N°51084 “E.R.D.”; causa N°55340, 13/03/12 “P.,C. y otros c/ A., A.R.”; R.C.y S.2012-V, 181 con nota de Edgardo López Herrera “Sobre la responsabilidad civil del autor de homicidio en estado de emoción violenta”; L.L.B.A. 2012 pág, 401 con nota de Marcos Giles “Acerca del resarcimiento por pérdida de chance de ayuda económica futura por la muerte de un hijo”; esta Sala, causas nº 2-57090- 2012, 27/3/2013, “Pérez, Nicolás y Otros c/ Zoffranieri, Salvador y Otro s/ Daños y Perjuicios”; nº 60.557, 20/10/2016, “Córdoba Valenzuela, Héctor Manuel y Otros c/ Canova, Néstor Andres y Otros s/ Daños y Perj.
Autom. c/ Les. o Muerte (Exc. Estado)”; nº 63.458, 28/2/2019, "González María Elena y Otro/a c/ Balistreri, Diego Osvaldo y Ots. s/ Daños y Perjuicios",voto Dra. Longobardi).
4.- 1.- Ahora bien, y con relación a la determinación del monto resarcitorio, y recurriendo a la inveterada doctrina judicial del Tribunal, en primer lugar debe puntualizarse que para cuantificar el daño patrimonial por incapacidad o muerte (causas “Alfano” y “Cruz”), deviene necesario identificar la fórmula empleada, pues ello constituye el mecanismo que permite al justiciable y a las instancias judiciales superiores verificar la existencia de una decisión jurisdiccional sustancialmente válida en los términos de la exigencia consagrada en los arts. 1, 2, 3 y 1746, Código Civil y Comercial (art. 3, Código Civil y Comercial). S.C.B.A., Ac. 94556, 07/04/2010, "Schmidt, José Alberto c/ S.A.E.S. Línea 5 s/ Enfermedad Profesional"; S.C.B.A. Ac. C106323, 19/09/12 "V., N. B. c/ Durisotti Rodolfo. Daños y Perjuicios"; conf. esta Sala, causa nº 57.090, 27/03/2013, "Pérez..."). En otro pronunciamiento el Dr. de Lázzari argumentó que "sólo la propia experiencia vital, el mantener la congruencia con anteriores pronunciamientos, el conocimiento concreto de la situación general de nuestra sociedad, las particulares circunstancias acreditadas en la causa y una buena dosis de sentido común, pueden resultar una guía en este momento" (cf. S.C.B.A., causa C 188085; esta Sala, causa nº 60.631, 27/09/16, "Mutuberría...", cit.).
El art. 1746 CCCN, para el daño por incapacidad, pero también aplicable al art 1745 CCCN por muerte, ha traído una innovación sustancial pues prescribe el 'deber' de aplicar fórmulas matemáticas tendientes a calcular el valor presente de una renta futura no perpetua. A fines de cuantificar el daño patrimonial por incapacidad psicofísica (lo que también - reitero- es aplicable al daño por muerte del art. 1745 CCCN) las referidas fórmulas se erigen como un parámetro orientativo que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de estimar los daños personales por lesiones o incapacidad física o psíquica o por muerte. Empero, es necesario puntualizar que la utilización obligatoria de las denominadas fórmulas matemáticas no conlleva la aplicación mecánica y automática del resultado numérico al que se arribe; por ende el referido imperativo legal debe ser interpretado como una herramienta de evaluación ineludible para el juez, pero que en modo alguno excluye la apreciación de otros parámetros aconsejados por la sana crítica en su dialéctica relación con las circunstancias del caso. En este contexto se ha acudido, con los alcances que expuse, a las fórmulas polinómicas como herramientas valiosas, especialmente para cuantificar la incapacidad sobreviviente, las que pueden enunciarse del modo siguiente: C= A x (1+i )n -1 i (1+i)n. Donde "C" es el capital que se mandará pagar; "A" es la ganancia anual perdida, "n" el número de años faltantes para llegar a la edad productiva de la víctima e "i" el interés anual que se presume devengará el capital mandado a pagar. Dentro de las fórmulas existentes la denominada "Vuotto” se caracteriza por utilizar un ingreso anual constante, consignar una tasa de descuento del 6 % y fijar en 65 años la fecha límite del individuo de su capacidad de producción de ingresos. La fórmula descripta anteriormente (para la incapacidad) fue modificada por la denominada "Méndez" que introduce cambios: el ingreso se recompone -para no utilizar un salario constante a través de los añosmediante del siguiente mecanismo: el ingreso que tenía la víctima al momento de hecho se multiplica por un coeficiente de ajuste que surge de dividir 60 por la edad de la víctima al momento del hecho y se multiplica por trece meses, para obtener el ingreso anual; la tasa de descuento se fija en el 4 % y la edad jubilatoria de la víctima se eleva a 75 años".
Sobre la base de lo expuesto, aplicaré como parámetro orientativo la siguiente fórmula de cálculo de renta constante no perpetua:
Donde "C" es el capital a determinar, "A" la ganancia afectada para cada período anual, "i" la tasa descuento anual (aplicaré el 4%), y "n" el número de períodos indemnizatorios restantes .
Ello sin perjuicio de que conforme el criterio sentado por esta Sala, para determinar la justicia del monto arrojado por la fórmula matemática aplicada, su resultado sea confrontado con los datos de la realidad económica actual, los antecedentes de este Tribunal y, además, el parámetro orientativo general –así considerado por la Corte Suprema en el reciente fallo “Ontiveros, Stella Maris …”, CSJ 85/2014, del 10/08/17- proveniente de los montos indemnizatorios mínimos previstos en el sistema de riesgos del trabajo (montos provenientes de la Res. 387/16 de la Sec. de Seg. Social; actualizados acorde el último índice RIPTE –junio de 2017- informado por esa Secretaría, como lo autoriza la Suprema Corte en la causa L118.532, “Godon, Pablo David …”, del 05/04/17). Es que, como lo he hecho notar en la causa “Duhalde” (causa n° 61149, “Duhalde, Juan Marcelo...”, del 05/09/17), la relevancia de la consideración como parámetro adicional de los montos mínimos emanados del sistema de riesgos del trabajo, fue destacada por la Corte Suprema en el citado fallo “Ontiveros”, en el que concluyó que “resulta inconcebible que una indemnización civil, que debe ser integral, ni siquiera alcance a las prestaciones mínimas que el sistema especial de reparación de los accidentes laborales asegura a todo trabajador con independencia de su nivel de ingreso salarial” (conf. CSJN, CSJ 85/2014 (50-0) /CS1, 10/08/2017, "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A. y otros s/ accidente - inc. y cas.", voto de la mayoría; esta Sala, Causa nº 2-62051- 2017, 03/10/17, "Lucio, María Paula c/ Toscani, Daniel Fabián y Otro/a s/ Daños y Perj. Autom. c/ Les. o Muerte (Exc. Estado)”).
4.- 2.- En conclusión, tomando como salario actual de Acosta la suma de $12.500 (que es el equivalente al Salario Mínimo Vital actual), procederé a analizar el daño patrimonial sufrido por las actoras. Respecto de Yessica Jazmín Alfano (hija de la víctima, por nacer al momento del fallecimiento), presumiendo que su padre le habría destinado el 20% de sus ingresos mensuales ($2.500 más SAC proporcional) hasta que alcanzara los 21 años (edad hasta la que se extiende, como regla, la obligación alimentaria de los progenitores; art. 658 CCCN), resulta procedente fijar en su favor una indemnización por daño patrimonial de $450.000.
Por su parte, respecto de la Sra. Lucía Cecilia Alfano, que convivía con Jonathan al momento de su deceso y contaba con 37 años de edad, considerando 44 períodos indemnizatorios (es decir, hasta que la víctima, de 21 años al fallecimiento, alcanzara los 65 años estimados como fin de su edad laboral), y un aporte estimado del 20% de sus ingresos mensuales ($2.500 más SAC proporcional), corresponde fijar una suma indemnizatoria equivalente a $700.000.
Finalmente, en lo concerniente a la Sra. María Elizabeth Cruz (madre de la víctima), de 38 años de edad al momento de su fallecimiento, estimo razonable confirmar la indemnización por pérdida de chance en $260.000, presumiendo para ello que su hijo podría haberle destinado hasta el fin de su edad laboral (44 períodos indemnizatorios) el 15% de sus ingresos mensuales ($1.875 mensuales más SAC proporcional), con una probabilidad del 50%.
Me detengo brevemente en un aspecto: el ingreso de la víctima, carga que incumbe acreditar a la actora. El ingreso acreditado de Acosta era de $3.546,60 mensuales, al mes de Septiembre de 2011, como Auxiliar de “Agronomía El Amanecer”, denunciado en la causa laboral, que significan $2.837,17 netos (fs. 23 del expte. nº OL2595/2012, “Alfano Lucía Cecilia por sí y en representación de su hija Yessica Jazmín Alfano c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente in-intinere” de trámite ante el Tribunal del Trabajo Nº 2 de Olavarría; recibo fs. 19, causa “Alfano”). La referencia de la actora en el agravio a fs. 615 de la causa “Alfano” a la categoría Auxiliar de la U.A.T.R.E. no sólo es tardía sino que carece de apoyo probatorio. En conclusión, y en ausencia de otros medios probatorios, corresponde computar como base salarial el valor actual del salario mínimo vital y móvil ($12.500; arts. 163 inc. 5, 375 y 384 C.P.C.).
Por todo lo expuesto la sentencia recurrida debe revocarse y elevarse los montos de condena por daño material, del que se descontará para la conviviente y la hija las sumas pagadas por la Aseguradora de Riesgo del Trabajo en el expediente laboral sustanciado y agregado por cuerda, tal como se decidió en la sentencia de Primera Instancia, firme en este aspecto. Las sumas de condena son las siguientes: para la conviviente Lucía Cecilia Alfano $700.000, para la hija Yessica Jazmín Alfano $450.000 y para la madre del occiso María Elizabeth Cruz $260.000.
XIII.- 1.- El límite cuantitativo de la cobertura.
Me abocaré al análisis de los agravios de los actores en las tres causas “Cruz”, ”Alfano” y “Provincia Aseguradora” relativos a la impugnación por “abusiva, inconstitucional y arbitraria” de la cláusula que impone un límite cuantitativo a los daños cubiertos por “La Perseverancia Seguros S.A.”, aseguradora del automóvil Ford Falcon, dominio WQB-739 Propiedad de Ariel Hipólito Marilú. Anticipo mi opinión en el sentido de que esos agravios deben prosperar parcialmente, de acuerdo a la doctrina legal de la Suprema Corte, lo que también supone decidir que debe rechazarse, por añadidura, el agravio de la citada en garantía de que medió omisión en la sentencia en la inclusión de algunos rubros entre los límites cuantitativos (del contrato de seguro).
En este sentido señalo que la póliza expedida por La Perseverancia Seguros nº 4336748/9, glosada a fs. 351/364, vigente al momento del hecho y celebrada con relación al automóvil del demandado establece: “Cobertura (a) Responsabilidad Civil Exclusivamente. Vehículo: Automóvil Ford Falcón … patente WOB-739, modelo 1973... Responsabilidad Civil hacia terceros. Límite por muerte o incapacidad total y permanente $90.000 … Límite por acontecimiento $180.000. Daños materiales a cosas $30.000 …” (sic., fs. 354). En el Anexo L (fs. 359/360) y con relación al seguro obligatorio de responsabilidad civil previsto en el art 68 Ley 24.449 y según Resolución nº 34211 SSN, se reitera el límite por muerte de $ 90.000 por persona, y se añade que rige “un límite por acontecimiento en caso de producirse pluralidad de reclamos igual al doble del previsto para el caso de muerte…” . El límite, en el caso, y de acuerdo a la situación fáctica y jurídica expresada (“Póliza citada, Límite de responsabilidad, punto 3”) es de $90.000 por persona y no $180.000, cómo podría entenderse si se interpreta en una primera visión, que medió pluralidad de reclamos en un único acontecimiento.
En otro precedente parecido, esta Sala interpretando una cláusula análoga, entendió que “un acontecimiento”, alude a un único evento dañoso, accidente de tránsito, accidente de automotores o siniestro vial, y que la “pluralidad de reclamos” importa el cómputo de las víctimas directas o inmediatas (en el sub lite el Sr. Jonathan Esteban Omar Acosta) y no la sumatoria de todos los actores o legitimados activos directos e indirectos. En el caso se advierte que concurren la conviviente, la hija de Acosta y su madre. “La pluralidad de reclamos” comprende la cantidad de víctimas directas, lo que -de ordinario- podrá determinar un número mayor de víctimas si se computan las indirectas. En suma y repitiendo: la existencia de pluralidad de reclamos está definida por la pluralidad de víctimas o damnificados directos (en el sub lite el Sr. Acosta) del acontecimiento único, más allá de que ese número pueda o no coincidir con la cantidad de legitimados activos (en el caso, tres personas: la conviviente, la hija y la madre de Acosta). Por ello en autos el límite estaría dado por la suma de $90.000 y no $180.000, cuestión ésta que de todos modos queda superada a raíz de la inoponibilidad relativa de la póliza a los terceros (esta Sala, causa n° 63.089, 29/11/18, “Latú, Patricia Araceli y Otro c/ Corradi, Débora Soledad y Otro s/ Daños y Perjuicios (Sumario)”).
Resulta aquí de aplicación, acogiendo los agravios de los actores de los tres procesos, la doctrina del precedente de la Suprema Corte que modificó su jurisprudencia vinculante anterior y, apartándose del criterio de la Corte Suprema, resolvió que “la condena a la aseguradora debe incluir la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva” (SCJBA, Ac. 119088, 21/02/2018, Martínez, Emir vs. Boito, Alfredo Alberto s. Daños y perjuicios por mayoría voto Dr. Pettigiani al que adhirieron los Dres. Soria, Genoud y Kogan). En ese antecedente se decidió que “la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho (cobertura básica obligatoria), no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, “contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora” (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y cc., Constitución Nacional; arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1037, 1068, 1069, 1071, 1077, 1079, 1109, 1137, 1167, 1197, 1198 y cc., Código Civil; art. 68 y cc., Ley 24449; arts. 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y cc., Ley 20091; arts. 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y cc., Ley 17418; arts. 3, 37 y cc., Ley 24240; arts. 217, 218 y cc., Código de Comercio; arts. 47, 92 y cc., Ley 11430 de la Provincia de Buenos Aires; SCJBA, Ac. 119088, 21/02/2018, “Martínez, Emir vs. Boito, Alfredo Alberto s. Daños y perjuicios”, voto del Dr. Pettigiani, que hizo mayoría, al que adhirieron los Dres. Soria, Genoud y Kogan).
Además de lo expuesto, transcribo otros argumentos medulares del fallo del voto del Dr. Pettigiani:
- “El seguro obligatorio -que no se agota en la relación jurídica que vincula al asegurado con el asegurador- también obedece a una necesidad y función socializadora y colectivizadora de los riesgos, apunta primordialmente a la protección de la víctima a través de la efectiva reparación de sus daños; de modo que una razonable aplicación de las cláusulas del contrato, ponderadas a la luz de la tutela reglamentaria de la Superintendencia de Seguros de la Nación y del principio de reparación integral de los damnificados, debe llevar a extender la garantía contratada incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, sustituyendo dicho componente en su valor histórico, y sin perjuicio del mayor valor pactado por encima de dicho mínimo obligatorio y las demás prestaciones o riesgos convencionalmente comprometidos por la aseguradora …”.
- “El contrato de seguro se caracteriza por ser de consumo, por adhesión a cláusulas predispuestas por el asegurador, en el que el asegurado adhiere a un esquema rígido y uniforme, y tiene en la génesis negocial una posición de ostensible desigualdad, cuya tutela de sus derechos es ejercida por la autoridad de contralor, quien debe aprobar previamente el clausulado del contrato. Si bien las cláusulas de delimitación del riesgo asumido por la compañía no pueden ser consideradas ab initio abusivas, en tanto implican una limitación del riesgo por encima o debajo de la cual se carece de cobertura, es posible de todos modos que considerando la situación global del contrato- su aplicación frente a ciertas situaciones sobrevinientes pueda resultarlo, como consecuencia de provocar un desequilibrio en los derechos y obligaciones, reduciendo sustancialmente las cargas de una de las partes en perjuicio de la otra (conf. arts. 42, Const. nac.; 3, 37 y concs., ley 24.240 y dec. 1.798/94), volviendo irrisoria la medida del seguro inicialmente contratado ("pacta sunt servanda rebus sic stantibus”).
- “La evolución del monto mínimo del seguro obligatorio a lo largo de los años, junto a una valuación actualizada de los perjuicios derivados del siniestro, vuelve evidente la modificación en la extensión de las prestaciones oportunamente acordadas (conf. art. 163, inc. 6, 2do. párr., CPCC). El transcurso del tiempo, el diferimiento del cumplimiento de la obligación de garantía a cargo de la aseguradora y la valuación judicial actual del daño ocasionado han provocado la desnaturalización del vínculo contractual por la sobreviniente disminución de la incidencia de la cobertura contratada en la cuantía de la indemnización finalmente resultante” (cf. SCBA, del 21/2/2018, causa “Martínez …” cit.).
Por lo expuesto, y dado que las sumas se determinan, a la fecha, a valores actuales por daño material por muerte, es aplicable la Resolución 2018-1162 de la Superintendencia de Seguros de la Nación que aumentó a $ 1.000.000 por persona el límite de cobertura por muerte o incapacidad total y permanente (Cláusula 2ª Límite de responsabilidad punto 1). Por ello corresponde -siguiendo la doctrina de la causa citada “Martínez” (21/2/2018)- disponer que la condena a “La Perseverancia Seguros S.A.” debe incluir la cobertura básica vigente, en la actualidad (no la pactada originariamente y que sobrevino notoriamente insuficiente) extendiendo la garantía para el caso de muerte a $1.000.000, manteniendo la suma pactada por daños materiales a cosas de $30.000.
XIV. El alcance de la imposición de costas.
La actora de las causas “Alfano” y “Cruz” y la citada en garantía discrepan acerca del alcance de la condena en costas que en Primera Instancia se ordenó se efectivizara con el alcance de la “medida del seguro”. En ello asiste parcial razón a La Perseverancia Seguros S. A. conforme la doctrina legal de la mayoría de la Corte Provincial vertida en la causa “Labaronnie” (SCBA, C 96946, 04/11/2009, voto de la mayoría del Dr. Pettiginai, ”Labaronnie, Osvaldo Pedro y otra c/ Madeo, Leonardo y otros s/ Daños y perjuicios). Añado que esa doctrina fue ratificada por la mayoría en el citado precedente “Martínez” (Ac. 119088 del 21/02/2018).
Si bien esa doctrina se elaboró para el supuesto de la imposición de costas cuando el asegurado concurre a juicio con su propio letrado, lo cierto que el argumento del fallo es aplicable con relación a terceros. Por ello la citada en garantía debe responder en la medida del seguro (con el alcance que se vio acerca de la cuantía del límite vigente en la actualidad - $1.000.000 como máximo de cobertura por muerte-) pero igualmente “La Perseverancia S.A.” debe afrontar complementariamente y en forma proporcional los mayores costos por intereses, costas y costas judiciales y extrajudiciales del proceso (causas ”Labaronnie” y “Martínez”).
En efecto en la causa citada en primer lugar se resolvió del modo señalado y en doctrina que puede sintetizarse así: “El seguro de responsabilidad civil tiene por finalidad "mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato (art. 109, ley 17.418) y la garantía del asegurador no sólo comprende el monto de la indemnización que el asegurado deba pagar al tercero damnificado, sino también los gastos y costas judiciales a que pueda dar lugar la acción promovida por dicho tercero (art. 110, inc. a) en la medida que fuesen necesarios (art. 111)” (cf. SCBA, causa C 96946, 04/11/2009, “Labaronnie, Osvaldo Pedro y otra c/ Madeo, Leonardo y otros s/ Daños y perjuicios”, Sumario Juba B32062). De allí se sigue, conforme el voto de la mayoría, que “el límite contenido en la póliza de seguros respectiva no puede incluir las sumas que deban abonarse como gastos y costas judiciales por el proceso (arts. 61, 62, 109, 110, 111, 118 y ccdtes., ley 17.418)” pero que su alcance está determinado proporcionalmente por el total que debe afrontar. Por resultar claro y preciso reitero el parámetro fijado por el Superior: “la aseguradora será responsable por el capital de condena hasta la suma asegurada conforme los límites y condiciones de la póliza de seguros contratada (en el caso según los valores actuales del límite de la póliza de $1.000.000 por muerte), con más la incidencia proporcional de la misma en los gastos (intereses) y costas judiciales devengados (arts. 61, 62, 109, 110, 111, 118 y ccdtes., ley 17.418; 279, 289, 2° párr., 384 y ccdtes., C.P.C.C.)” (cf. SCBA, causa C 96946, 04/11/2009, “Labaronnie …”, cit. precedentemente).
Esta doctrina, y como lo hizo notar la citada en garantía, fue seguida por esta Sala al decidir que “las costas del proceso serán asumidas por el demandado y la citada en garantía, en forma proporcional a la cobertura, no advirtiéndose de parte de esta última una defensa manifiestamente injustificada o dilatoria (cfr. arts. 110 y 111 de la Ley 17418; cfr. Zunino “Régimen de seguros”, Ed. Astrea, Bs. As. 1994, págs. 175/176; Stiglitz “Derecho de Seguros”, 5ª edición, Tomo II, Ed. La Ley, pág. 418). La Suprema Corte provincial ha expresado en el precedente referido que “… la participación del propio letrado del asegurado resulta un costo derivado del siniestro cubierto y no puede recibir un tratamiento disímil al resto de los gastos y costas derivados del proceso, debiéndose observar la regla de la proporcionalidad establecida en el art. 111 de la ley 17.418” (cfr. S.C.B.A, C 96.946, del 4/11/09, “Labaronnie …”). En virtud de lo expuesto, la aseguradora será responsable por el capital de condena hasta el límite de la suma asegurada conforme a valores actuales según lo dispuesto en el apartado XIII, con más la incidencia proporcional de la misma en los gastos y costas judiciales devengadas (cfr. arts. 61, 62, 109, 110, 111, 118 de la Ley 17.418; art. 384 del C.P.C.C.; esta Sala, causa nº 55.275, 11/08/2011, “Tedesco, Amelia y otros c/ Álvarez, María Hebe y otros s/ Daños y Perjuicios”).
XV. Los intereses aplicables.
Con relación a la apelación de la parte actora en las causas “Alfano” y “Cruz” y en la causa “Provincia Aseguradora” en la que se pide, con algunos matices, la elevación o modificación de la tasa de interés otorgada (“tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires”) por una más alta, estos agravios deben ser desestimados. Ello, a la luz de la doctrina legal vinculante de la Suprema Corte que, incluso, abandonó ahora el criterio receptado en el fallo impugnado (doctrina SCBA, causas “Ubertalli Carbonino, Silvia c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa”, causa B. 62.488, del 18/5/16 y “Cabrera, Pablo David contra Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjuicios” (C. 119.176 del 15/6/2016). Ahora, y a partir de las causas “Vera” y “Nidera” (“Vera, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios”, C. 120.536, del 18/04/18 y “Nidera S.A. c/ Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios”, C. 121.134, del 03/05/18), la Suprema Corte modificó su doctrina legal, determinando que cuando sea pertinente el ajuste por índices, o cuando se fije un quantum indemnizatorio a valores actuales (como en este caso, fijados a la fecha de la sentencia), los intereses moratorios deben calcularse a la tasa pura del 6% anual desde el hecho dañoso hasta la sentencia, y de allí en adelante, en caso de mora en el pago, a la tasa pasiva digital en cuanto tasa pasiva más alta, que surge de las causas del Máximo Tribunal Provincial C. 101.774, "Ponce, Manuel Lorenzo y otra c/ Sangalli, Orlando Bautista y otros s/ Daños y perjuicios”, 21/10/2009; L. 94.446, "Ginossi, Juan Carlos c/ Asociación Mutual U.T.A. s/ Despido”, 21/10/2009 y C. 119.176, "Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjuicios”, 15/6/2016. Lo expuesto conlleva el rechazo de los agravios, y no mediando otro recurso, a la confirmación de la tasa de interés fijada en la sentencia impugnada.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi, por los mismos argumentos votaron en idéntico sentido. A LA TERCERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento a lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) declarar mal concedidos los recursos de apelación deducidos por la citada en garantía “La Perseverancia Seguros S.A.”, los cuales se detallan a continuación: a fs. 228, contra la resolución dictada a fs. 221/223 de la Causa “Cruz” (expediente n° 61.048, numeración de Primera Instancia); a fs. 190, contra la resolución dictada a fs. 188/189 de la Causa “Alfano” (expte. n° 61.828 numeración de Primera Instancia) y a fs. 200, contra la resolución dictada a fs. 195/196 y aclaratoria de fs. 199, Causa “Provincia” (expediente n° 62.302, numeración de Primera Instancia), sin costas en los tres procesos mencionados (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.); 2) confirmar en lo sustancial la sentencia única dictada en autos, revocándola y modificándola en lo siguiente: 1º) elevar el daño patrimonial de los legitimados activos por el fallecimiento de Jonathan Esteban Omar Acosta del siguiente modo.
Para la conviviente Sra. Lucía Cecilia Alfano $700.000; para la hija Yessica Jamín Alfano $450.000 y para la madre María Elizabeth Cruz se confirma en $260.000, admitiendo parcialmente la pretensión recursiva de la parte actora en las causas “Cruz” y “Alfano”; 3) elevar a la suma de $1.000.000 el límite de cobertura vigente para el caso muerte que deberá afrontar la citada en garantía “La Perseverancia del Sur S.A.”, haciendo lugar parcialmente a la pretensión de la parte actora en las causas “Cruz”, “Alfano” y “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.”; 4) disponer que la citada en garantía “La Perseverancia del Sur S.A.” será responsable por el pago del capital de condena, con los alcances y en la forma dispuesta precedentemente, con más la incidencia proporcional de la misma en los gastos y costas judiciales devengadas, haciendo lugar parcialmente a la pretensión recursiva de la citada en garantía; 5) confirmar la tasa de interés fijada en la sentencia de grado, desestimando el recurso de las tres partes actoras en las causas “Cruz”, “Alfano” y “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.”; 6) imponer las costas de la Alzada en un 80% a la citada en garantía “La Perseverancia del Sur S.A.”, en atención al progreso de las respectivas pretensiones recursivas de las tres partes actoras en las causas “Cruz”, “Alfano” y “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.” y de la citada en garantía “La Perseverancia Seguros S.A.”; 7) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967); 8) Glosar copia de esta sentencia en cada uno de los procesos acumulados.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi, por los mismos argumentos votaron en idéntico sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
- S E N T E N C I A -
Azul, de Marzo de 2019.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) declarar mal concedidos los recursos de apelación deducidos por la citada en garantía “La Perseverancia Seguros S.A.”, los cuales se detallan a continuación: a fs. 228, contra la resolución dictada a fs. 221/223 de la Causa “Cruz” (expediente n° 61.048, numeración de Primera Instancia); a fs. 190, contra la resolución dictada a fs. 188/189 de la Causa “Alfano” (expte. n° 61.828 numeración de Primera Instancia) y a fs. 200, contra la resolución dictada a fs. 195/196 y aclaratoria de fs. 199, Causa “Provincia” (expediente n° 62.302, numeración de Primera Instancia), sin costas en los tres procesos mencionados (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.); 2) confirmar en lo sustancial la sentencia única dictada en autos, revocándola y modificándola en lo siguiente: 1º) elevar el daño patrimonial de los legitimados activos por el fallecimiento de Jonathan Esteban Omar Acosta del siguiente modo.
Para la conviviente Sra. Lucía Cecilia Alfano $700.000; para la hija Yessica Jamín Alfano $450.000 y para la madre María Elizabeth Cruz se confirma en $260.000, admitiendo parcialmente la pretensión recursiva de la parte actora en las causas “Cruz” y “Alfano”; 3) elevar a la suma de $1.000.000 el límite de cobertura vigente para el caso muerte que deberá afrontar la citada en garantía “La Perseverancia del Sur S.A.”, haciendo lugar parcialmente a la pretensión de la parte actora en las causas “Cruz”, “Alfano” y “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.”; 4) disponer que la citada en garantía “La Perseverancia del Sur S.A.” será responsable por el pago del capital de condena, con los alcances y en la forma dispuesta precedentemente, con más la incidencia proporcional de la misma en los gastos y costas judiciales devengadas, haciendo lugar parcialmente a la pretensión recursiva de la citada en garantía; 5) confirmar la tasa de interés fijada en la sentencia de grado, desestimando el recurso de las tres partes actoras en las causas “Cruz”, “Alfano” y “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.”; 6) imponer las costas de la Alzada en un 80% a la citada en garantía “La Perseverancia del Sur S.A.”, en atención al progreso de las respectivas pretensiones recursivas de las tres partes actoras en las causas “Cruz”, “Alfano” y “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.” y de la citada en garantía “La Perseverancia Seguros S.A.”; 7) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967); 8) Glosar copia de esta sentencia en cada uno de los procesos acumulados. 9) Regístrese.
Notifíquese por Secretaría y Devuélvase.
MARÍA INÉS LONGOBARDI PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II VICTOR MARIO PERALTA REYES JORGE MARIO GALDÓS JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia