Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.113-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución (DE PRLA) n° 3212/17, dictada en la Actuación SIGEA n° 13683-103- 2012 2. Costas a las co-recurrentes.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-64398641-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 13 de Junio de 2025 DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “CSAV ARGENTINA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº 38.113-A, al que se encuentra acumulado el que lleva número 38.114-A, caratulado “SZABO INES YOLANDA c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 10/15 vta. y 28/34, se presentan, por apoderado la firma epígrafe y por derecho propio la Sra. Inés Y. SZABO, e interponen recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) n° 3212/17, recaída en el expediente administrativo n° 13683-103-2012, por la que resultaron condenadas al pago de una multa, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inciso b) del C.A., en relación a la mercadería importada mediante destinaciones n° 12 001 TB04 000017 X y 18 J. Plantean la nulidad de la resolución apelada por carecer esta de causa que la motive. Realizan un breve relato de los hechos que dieron lugar al dictado de la resolución apelada. Sostienen que no se encuentra acreditado en la causa que la declaración no coincida con lo que resulte del debido control aduanero y con mera posibilidad que la declaración inexacta produjere una transgresión de prohibición a la importación. Expresan que la carga probatoria de los mencionados elementos corresponde al servicio aduanero. Manifiestan la inexistencia de una declaración inexacta. Consideran que se declaró la misma cantidad, características y condición de mercadería que resultó. Interpretan que la falta de certificado ANMAT no configura un incumplimiento cierto, no hace a la declaración cuya inexactitud es penada por el tipo infraccional en cuestión. Hacen referencia al art. 234 inc. 2 del C.A. Consideran que la conducta punible no se agota con la mera formulación inexacta sino que debe adunar la producción de un perjuicio y en caso no se advierte que se haya configurado tal supuesto. Expresan que al tratarse de mercadería sujeta a trasbordo no podría haberse producido la importación prohibida. Manifiestan que ni siquiera se trataba de mercadería que iba a ser introducida en el país sino que estaba destinada a la República de Vietnam. Sostienen que la prohibición no económica de importación se limita solo a aquella mercadería que tenga una destinación de importación para consumo. Relatan que no se encuentra demostrado que la mercadería consolidada en los contenedores se encuentre alcanzada por la prohibición prevista en el art. 1 del Decreto n° 181/92. Subsidiariamente, solicitan la aplicación de los arts. 915 o 917 del C.A. Citan jurisprudencia. Ofrecen prueba, hacen reserva del Caso Federal y solicitan se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 50/53, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por las co-actoras que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios. Expresa que ha quedado más que acreditado que la infracción se cometió y que debe ser confirmada. Realiza consideraciones respecto del art. 954, ap. 1, inc b) del C.A. Manifiesta que en ningún momento las corecurrentes se esforzaron por desvirtuar el informe producido por el área denunciante. En cuanto a la nulidad planteada por la actora, se remite a los arts. 1104 y 1145 del C.A. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 54, se declara la causa de puro derecho. A fs. 60 se elevan los autos a la Sala “F” y quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas n° 13683-103-2012 se inician, a fs. 1, con la Nota de la División Prohibiciones No Económicas de fecha 3/8/12. A fs. 3/4, obran las destinaciones n° 12 001 TB04 000017 X y 18 J. A fs. 32/35, 66/59 y 79/80, lucen las Notas de fechas 6/8/12, 15/8/12 y 24/8/12 de la División de Prohibiciones No Económicas. A fs. 83 y 89, constan las actas de denuncia n° 8285/12 y 8305/12. A fs. 84/85, obra la liquidación de la multa. A fs. 106, se dispone la apertura de sumario. A fs. 126/126 vta., se corre vista de todo lo actuado a la firma CSAV ARGENTINA S.A. y la Despachante de Aduana Inés Y. SZABO. A fs. 127 vta. y 148 vta., se notifica a los involucrados(2/12/14 y 17/12/14). Finalmente, a fs. 158/160 vta., se dicta la Resolución (DE PRLA) n° 3212/17, aquí apelada.
V. En primer término, corresponde tratar el agravio planteado por las co-recurrentes en cuanto entienden que la resolución apelada carece de causa que la motive.
Al respecto, señala que los cargos formulados incumplen con el requisito esencial de la causa, por no advertirse las razones de hecho y derecho que llevaron al Administrador a condenarlo.
Sin embargo, la resolución cuestionada es consecuencia de un procedimiento en el cual han intervenido las áreas correspondientes y competentes y se sustenta en hechos que le sirven de causa, con la normativa aplicable al caso.
Por lo tanto, no se colige en la especie, que el acto administrativo cuya nulidad absoluta e insanable se plantea haya sido emitido sin motivación alguna. Por el contrario, la Aduana expresa sus razones, las cuales -independientemente de ser compartidas o no- dan sustento suficiente para considerar al acto válido en cuanto a sus formas y requisitos esenciales según lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549).
En suma, considero que no se constata en el sumario, error o vicio alguno, que causaren a las agraviadas indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia, por lo cual, atento a la posibilidad de la firma importadora, en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estimen convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
En virtud de ello, corresponde rechazar el pedido de nulidad efectuado.
VI. Seguidamente corresponde resolver en autos si la resolución recurrida, por la que se condena a la firma CSAV ARGENTINA S.A. y a la despachante de aduana la Sra. Inés Y. Szabo al pago de multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 ap. 1 inc. b) del C.A., se ajusta o no a derecho, para lo cual es necesario determinar si se encuentran reunidos los elementos configurativos de la infracción imputada.
De la compulsa de las actuaciones administrativas surge que mediante las destinaciones n° 12 001 TB04 000017 X y 18 J, la firma CSAV ARGENTINA S.A. documentó las operaciones de trasbordo de las mercaderías descriptas como “Elaboradas con 20% como mínimo de jugos o zumos de fruta, sus equivalentes en jugos concentrados o adicionados en forma de polvo o cristales (R.2289/92 ex-ANA) analcohólicas preparaciones de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas –Las demás PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE.” y “- Preparaciones en forma de gel, concebidas para ser utilizadas en medicina humana o veterinaria como lubricante para ciertas partes del cuerpo en operaciones quirúrgicas o exámenes médicos o como nexo entre el cuerpo y los instrumentos médicos PREPARACIONES Y ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS A QUE SE REFIERE LA NOTA 4 DE ESTE CAPÍTULO.”, que ubicó en las P.A. 2106.90.10.110F y 3006.70.00.000L, por un valor FOB total de 11.646,04 dólares estadounidenses.
El Fisco consideró que las operaciones precedentemente citadas incurrían en una declaración inexacta, en razón de que la mercadería declarada, por sus características intrínsecas -detalladas en las Notas de la División de Prohibiciones No Económicas de fechas 6/8/12, 15/8/12 y 24/8/12-, debían ser consideradas como residuos peligrosos, al efecto, dispuso la instrucción de sumario administrativo pertinente. Las co-recurrentes al contestar la vista conferida manifestaron que la comprobación del transbordo coincidió con la declaración del despachante y que, la inexactitud no se podría configurar, pues nunca pudo haberse producido la importación prohibida habiéndose oficializado un trasbordo.
Sin perjuicio de ello, la Aduana rechazó el descargo interpuesto por considerar que se encontraban acreditados los elementos del tipo infraccional endilgado, condenando a la firma recurrente y al despachante de aduana al pago de una multa en los términos del art. 954, ap. 1, inc b) del C.A.
VII. Cabe ahora pronunciarse sobre la condena impuesta en los términos del inc. b) del art. 954 del C.A., para cuya configuración se requiere que la inexactitud haya producido o podido producir “una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación”.
Puede leerse en las facturas comerciales n° 150/12 (12 001 TB04 000017 X) y 156/12 (12 001 TB04 000018 J), precisamente en la descripción de la mercadería que “se certifica que la carga se envía a Haiphong (Vietnam), con el único propósito de destrucción de las mismas, no siendo aptas para el consumo humano”.
En tales condiciones, resulta con toda claridad que la mercadería declarada debía recibir el tratamiento de residuos contemplado en el marco del Decreto n° 181/92, contrariamente a la pretensión que la apelante intenta fundar.
La norma legal referida veda el traslado e ingreso del material que se encuentra en esas condiciones, al respecto el art. 1 del decreto establece “Prohíbese el transporte, la introducción y la importación definitiva o temporal al Territorio Nacional, al Área Aduanera Especial y a las Áreas Francas creadas o por crearse incluidos sus espacios aéreos y marítimos, de todo tipo de residuo, desecho o desperdicio procedente de otros países…”; mientras el art. 3 precisa que “Se considera residuo, desecho o desperdicio a toda materia, sustancia u objeto producido en cualquier actividad y a cuya eliminación, reciclado, recuperación, reutilización y/o disposición final se proceda, se proponga proceder o se esté obligado a proceder, así como también todos aquellos que a juicio de la autoridad de aplicación sean considerados como tales.”.
Asimismo, contrariamente a lo manifestado por las co-recurrentes, la responsabilidad en la declaración de las operaciones de trasbordo se halla incluida en la infracción de declaración inexacta, véase en la Exposición de Motivos cuando se describe que “En este capítulo, bajo la denominación “Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas” se tutela el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, regulándose un régimen punitivo único que comprende todas las diferencias y declaraciones inexactas que pueden cometerse en el curso de las distintas operaciones o destinaciones aduaneras” (el resaltado me pertenece).
Por lo tanto, asiste razón al Fisco en cuanto entiende que se produjo la transgresión a una prohibición, en virtud de que el transporte e introducción del material que debiere haber declarado se encontraba prohibido.
VIII. Respecto a la responsabilidad del despachante de aduana la Sra. INES Y. SZABO -recurrente en los presentes autos-, cabe señalar que todo despachante de aduana no sólo actúa como mandante del importador-exportador, carácter que lo obliga a desenvolverse de conformidad al mandato, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con la aduana. Es justamente dicha calidad la que determina que exista un mayor deber de obrar diligentemente y una mayor responsabilidad, tanto con respecto a su mandante, como en relación al propio servicio aduanero.
De ello se desprende que el buen o mal desempeño en su actuación profesional es valorada en función del cumplimiento de los deberes que impone la legislación aduanera. Consecuentemente, ello es lo que debe tenerse presente al tiempo de valorar la actuación del citado profesional, resultando decisivo para la atribución de responsabilidad por la actuación profesional del mismo.
No obstante, y si bien -conforme inveterada jurisprudencia en la materia- el despachante de aduana no es, en principio, penalmente responsable, si no se ha apartado de las instrucciones impartidas por el importador/exportador, dicho profesional no acreditó en autos haber cumplido con las obligaciones a su cargo, como auxiliar del servicio aduanero.
Cabe destacar que, para un adecuado ejercicio de sus funciones, el despachante hubiera debido extremar los recaudos a fin de comprometer una manifestación veraz, toda vez que debió saber, debido a su profesión, el modo en que la operación de autos debía ser declarada, resultando desacertado el modo en que llevó a cabo la declaración objeto de autos.
Precisamente, la especial relación que se entabla entre el servicio aduanero y las personas que desarrollan su actividad profesional en el área del comercio exterior, torna aplicable el principio general del derecho, receptado en el actual artículo 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme al cual “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”.
Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, la operatoria aduanera está estructurada sobre la base de la confianza que el servicio aduanero deposita en los distintos sujetos que desarrollan su actividad en el área del comercio exterior, sistema que tiende a simplificar los controles para agilizar el intercambio en el comercio internacional, y que tiene como contrapartida la necesidad del autocontrol y la procedencia de una sanción ejemplificadora, al detectarse infracciones.
Por lo expuesto, cabe concluir que el despachante de aduana, frente a las circunstancias del caso, resulta responsable en forma solidaria con la firma CSAV ARGENTINA S.A. por la infracción cometida (art. 954, ap. 1, inc b) del C.A.).
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución (DE PRLA) n° 3212/17, dictada en la Actuación SIGEA n° 13683-103-2012 2.- Costas a las co-recurrentes.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Vocal Preopinante. ASÍ LO VOTO.-
Que, en virtud de los votos que anteceden, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución (DE PRLA) n° 3212/17, dictada en la Actuación SIGEA n° 13683-103- 2012 2. Costas a las co-recurrentes.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.06.11 11:11:48 ART Date: 2025.06.13 14:01:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.13 14:02:18 -03:00
Fin de la sentencia